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Daños a la democracia, corrupción y narcotráfico, legados de Santos en Colombia
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7 years agoon
Entrevista a Rafael Nieto Loaiza
RAFAEL NIETO LOAIZA, ¿PRÓXIMO PRESIDENTE DE COLOMBIA?
por Ricardo Angoso
“El daño que le hizo Santos a la democracia y a la República tardará muchos años en sanar, eso en primer lugar, y, en segundo lugar pero no menos importante, dejó un estado de corrupción inmenso que cada vez indigna más a los ciudadanos”
“La consolidación definitiva del Centro Democrático pasa,necesariamente, por una buena y exitosa gestión del presidente Duque. Así lo debe de entender el partido, con todas sus fuerzas, y también, claro, el mismo presidente Duque”
“Nunca en la historia se había producido y traficado con tanta coca en Colombia, ese es el trágico legado del presidente Santos”
“Mientras que Colombia no sea exitosa en la lucha contra el narcotráfico, seguirán subsistiendo grupos armados con capacidad de ejercer la violencia y trastocar el ejercicio del poder público y la vida ciudadana, pero especialmente en aquellas zonas del país donde hay narcocultivos”
Abogado, experto en derecho internacional y con una gran vocación política, que le llevó a ocupar importantes responsabilidades en los gobiernos de Pastrana y Uribe, Rafael Nieto Loaiza es, a sus 47 años, una joven promesa en alza dentro del uribismo. Habiendo sido candidato presidencial en las primarias del Centro Democrático y director de la “orquesta” en varias campañas electorales de esta formación, coronadas, todo hay que decirlo, con éxito, podría ser un buen candidato para las elecciones del 2022, algo que no descarta y que nadie bien informado debería perder de vista. Buen orador, agudo analista, intachable presencia y, por si fuera poco, culto y suficientemente preparado, ¿alguien da más?
Ricardo Angoso:¿Y ahora, tras la campaña electoral y tanta actividad, a qué se va a dedicar?
Rafael Nieto: Hasta hace unas semanas, en plena campaña electoral, yo no tenía empleo pero tenía oficio, pues estaba dedicado en pleno a las campañas electorales que he organizado y en las que he trabajado de mi partido, el Centro Democrático.Fueron muchas campañas pero al día siguiente de la segunda vuelta del presidente, Iván Duque, estaba sin oficio ni empleo. Ahora estoy, sin embargo, concentrado para comenzar a trabajar en las elecciones regionales de 2019, que van a ser muy importantes para el país y van a tener un impacto sustantivo, ya que se celebrarán con la vista puesta en las elecciones cruciales del 2022. Se van a disputar gobernaciones y alcaldías, también los consejos y las asambleas departamentales, eso por un lado, y, por el otro lado, estoy impulsando un centro de pensamiento que promueva los planes, las ideas, doctrinas y programas que debería tener el Centro Democrático. Ese centro de pensamiento, por una parte, debería servir de “alimento” a la presidencia de Duque y preparar el terreno, en términos programáticos, para la próxima administración del 2022 al 2026, sirviendo de plataforma y fermento ideológico al partido.
R.A.:¿Qué balance hace del presidente saliente, Juan Manuel Santos, ya que el crecimiento está estancado en todos los ámbitos?
R.N.:Hago un balance muy negativo de la presidencia de Santos, muy malo en términos generales. Santos hizo muchos daños al país pero creo que el principal que le dejó fue el no respetar la voluntad popular y, como daño colateral, la desconfianza de la sociedad hacia la figura del Presidente de la República. Santos, por una parte, se hace elegir con unas banderas y unos principios para después gobernar con otros completamente opuestos. Engañó descaradamente al electorado para después convocar un plebiscito, que se sacó de la chistera, cambiando las reglas de juego para favorecer la posición de gobierno, y aún así pierde y, en lugar de aceptar el resultado, termina imponiendo lo que los ciudadanos le habían negado en las urnas. Y, finalmente, también pasa por alto la autonomía del Congreso de la República y de la Corte Constitucional a través de un conjunto de maniobras desafortunadas, poniendo en peligro el debido sistema de equilibrios y de la necesaria autonomía de las instituciones en una democracia.
El daño que le hizo Santos a la democracia y a la República tardará muchos años en sanar, eso en primer lugar, y, en segundo lugar pero no menos importante, dejó un estado de corrupción inmenso que cada vez indigna más a los ciudadanos. Ese estado de cosas explica el voto que obtuvo el candidato Gustavo Petro, que no recibió un voto estrictamente de izquierdas, sino que era un voto de hastío por la corrupción a la que habíamos llegado y también de cansancio con respecto al sistema. Había una percepción de que el sistema estaba corrompido y que había que hacer cambios radicales. Yo no defiendo la posición de Petro, que tenía posiciones e ideas peores que las de Santos, claro está, pero trató de explicar porqué se produjo esa fuerza y afluencia que recibió Petro en las urnas. Finalmente, Santos deja una crisis fiscal terrible y una deuda externa que casi alcanza los 130.000 millones de dólares. Así, este gobierno recibe una herencia muy nefasta, con un presupuesto desfondado, y con el objetivo urgente de aplicar una mínima ortodoxia económica para generar un crecimiento económico que permita rápidamente crear empleo y sacar de la pobreza a millones de colombianos.
LOS RETOS DEL PRESIDENTE IVÁN DUQUE
R.A.:¿Cuál es el principal reto que tiene ante sí el presidente Iván Duque?
R.N.:El primer reto es la gobernabilidad. Duque ha cambiado la forma de relación con el legislativo, de tal forma que pretende evitar lo que se llamó aquí durante años como la “mermelada”. También ya se ha anunciado una reforma tributaria que se será, a todas luces, impopular y esas medidas anunciadas han erosionado, lógicamente, su base popular, de tal forma que hoy tiene ante sí la falta de apoyos en el legislativo para llevar a cabo sus reformas y tampoco cuenta con el necesario apoyo en la opinión pública. Y, precisamente, la gobernabilidad se construye con la fuerza de las alianzas en el legislativo o con el respaldo ciudadano, o idealmente con ambas cosas, algo con lo que no cuenta Duque en estos momentos. Ese es, para mí, el gran desafío del presidente Duque: construir gobernabilidad, y si no lo logra hacer, quedará en entredicho su gobierno. Y también su legado, claramente.
R.A.:¿Cree que el movimiento que fundara en su momento el presidente Alvaro Uribe, el Centro Democrático, tiene futuro y se consolidará como una fuerza política potente en el sistema colombiano?
R.N.:Debería consolidarse. Ocho años de desierto, ocho años de oposición, ocho años de persecución política, junto con los medios de comunicación desafectos controlados por Santos y un aparato judicial absolutamente politizado y adverso, deberían servir como acicate para que ese movimiento siga adelante y se mantenga cohesionado. A pesar de todo, ese partido ganó el plebiscito del 2016 y después ganamos las elecciones presidenciales del 2108 sin dejar de destacar que en las elecciones legislativas fue la fuerza más votada en el Congreso de la República. Creo que, por tanto, hay que destacar que el Centro Democrático ha sabido pasar por las más duras y ha sobrevivido, pero sin perder de vista que ahora tiene ante sí un gran reto: es más difícil hacer política en el gobierno que en la oposición, eso está claro. El gran desafío del uribismo está en el gobierno. La consolidación definitiva del Centro Democrático pasa, necesariamente, por una buena y exitosa gestión del presidente Duque. Así lo debe de entender el partido, con todas sus fuerzas, y también, claro, el mismo presidente Duque.
EL FLAGELO DEL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA
R.A.:Luego está el terrible problema del narcotráfico, que inunda el país y ya llega las 300.000 hectáreas, ¿qué piensa de este asunto?
R.N.:Podríamos estar horas hablando del terrible legado que deja el presidente Santos, de la forma desastrosa en que dirigió el país y a los resultados a los que nos condujo con sus políticas erróneas. Tenemos más hectáreas de coca en la actualidad que en ningún momento de nuestra historia. Nunca en la historia se había producido y traficado con tanta coca en Colombia, ese es el trágico legado del presidente Santos. Y siempre que en nuestro país hubo un aumento en el tráfico de coca necesariamente hubo más violencia y mayor criminalidad en nuestras calles. Por ese motivo, se han revertido los indicadores de la tasa de homicidios y otros relativos a la criminalidad en el país. Los homicidios, en el primer semestre de este año, crecieron un 7% con respecto al mismo semestre del año anterior. Esa reversión en esos datos está claramente ligada al aumento en las hectáreas de coca, así como el hecho de la actividad de las llamadas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que cada una de ellas está ligada a negocios ilícitos, bien sea la minería ilegal o el narcotráfico. Mientras que Colombia no sea exitosa en la lucha contra el narcotráfico, seguirán subsistiendo grupos armados con capacidad de ejercer la violencia y trastocar el ejercicio del poder público y la vida ciudadana, pero especialmente en aquellas zonas del país donde hay narcocultivos.
R.A.:¿Por qué el proceso de paz no tuvo ninguna influencia en una merma en los indicadores de violencia en el país?
R.N.:La respuesta es sencilla, es que no hubo paz. Se hicieron una serie de concesiones políticas, jurídicas y económicas pero no se terminó el conflicto armado. El conflicto perdura y la violencia continúa. Luego sigue vivo el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, según los últimos datos, ya contarían con más de 4.000 hombres. Entonces, según mi opinión, el Estado hizo unas concesiones pero el conflicto no terminó y mientras allá fuentes de economía ilícita, como el narcotráfico y la minería ilegal, difícilmente terminaremos con el conflicto armado. La persistencia del negocio del narcotráfico está asociada a la violencia y asegura la continuidad del conflicto armado, en tanto y cuanto contribuye a la financiación de los grupos ilegales y criminales. Esta es la gran tragedia de Colombia que, a pesar del gran éxito internacional del supuesto proceso de paz, los datos no reflejan la existencia de esa paz de la que se habla porque no existe y el conflicto perdura.
Ese es otro de los grandes daños que nos deja el presidente Santos, al que le añadiría otro adicional en nuestras relaciones internacionales, ya que tenemos ahora sobre la mesa serios problemas con Nicaragua y con Venezuela con unos problemas limítrofes con ambos no resueltos. Y con una amenaza real porque ambos países fomentan la inestabilidad en nuestro país, al que acusan de estar apoyando la resistencia interna que existe en estos dos casos. Y quiere señalar algo, en el sentido de que creo que una buena parte de los problemas que ocurren en estos dos casos son también responsabilidad del presidente Santos y de su canciller, Holguín, que no solamente miraron para otro lado cuando se produjo la brutal represión de derechos y libertades en ambos casos sino que maniobraron para que los dos regímenes se quedaran en el poder, ya que consideraban que los dos eran necesarios para llevar a buen puerto las negociaciones con los terroristas de las FARC. Además, al descuidar el asunto del narcotráfico y permitir el auge de los cultivos de coca, permitieron que las relaciones con los Estados Unidos se volvieran a narcotizar. La única diplomacia que auspiciaba Santos era aquella que pasaba porque los acuerdos con las FARC acabaran teniendo éxito y se firmaran los mismos como sea sin tener en cuenta los costes para Colombia, que finalmente han sido muy altos. Eso fue un grave error y el mismo ha tenido un alto coste también en las relaciones internacionales para Colombia.
LA CRISIS DE VENEZUELA
R.A.:¿Qué opinión tiene de la crisis venezolana y del éxodo que ha provocado?
R.N.:En Europa se quejan de que casi 800.000 refugiados entran al año a través de sus fronteras, mientras que aquí, en Colombia, en menos de dos años hemos recibido un millón de venezolanos o quizá más. Mas lo que viene o está por venir que será sustantivo y que añadirá más problemas aparte de los que ya padecemos en estos momentos. Ahora tenemos que curarnos de la posibilidad de que surjan brotes racistas contra los venezolanos, que pueden surgir, y teniendo en cuenta que esos nuevos ciudadanos recién llegados demandan servicios públicos, generan problemas de salud, porque muchas veces portan enfermedades que se encontraban erradicadas en el territorio colombiano, compiten en puestos de trabajo por menor salario que los ciudadanos colombianos y, en algunos casos, y son la excepción y no la regla, crean problemas de seguridad porque cometen delitos. Pero el problema de la migración venezolana no es sólo un problema de Colombia, sino que es un problema internacional que, como en el caso de lo que ha ocurrido con otras crisis migratorias, requiere una respuesta internacional. Colombia necesita de la ayuda de la cooperación del exterior para hacer frente a esta crisis, a esa auténtica tragedia que significa ese gran éxodo venezolano que se está produciendo en estos momentos, pero sin perder de vista que la solución a esta grave crisis pasa por un cambio político en Venezuela. Mientras siga existiendo una dictadura que al tiempo que reprime genera hambre, miseria y pobreza, seguiremos teniendo ese flujo migratorio hacia Colombia y otros países de la región de gente que huye de un régimen abyecto, brutal y terrible.
R.A.:¿Cree que realmente Donald Trump está interesado en los problemas de América Latina?
R.N.:Yo no puedo asegurar que esta administración tiene el mismo interés en América Latina que en otras partes del mundo pero sí creo que esta administración está interesada en que no siga aumentando el narcotráfico, en que avance la democracia en países totalitarios como Cuba y Venezuela y, definitivamente, en que el continente mejore significativamente en términos de seguridad, estabilidad y prosperidad. Creo, sinceramente, que esa es la voluntad de la actual administración norteamericana.
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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS
ELECCIONES ECUADOR
Noboa gana la reelección en un Ecuador sacudido por la violencia En una campaña muy divisiva, el actual presidente prometió orden y Estado de derecho. Su oponente, Luisa González, de inmediato disputó los resultados.
El presidente de Ecuador, quien subió en las encuestas para asegurarse un mandato acortado en 2023, fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales con una ventaja decisiva el domingo en una contienda que mostró la fe de los votantes en sus promesas de abordar la crisis de seguridad con mano férrea.
Daniel Noboa, de 37 años, derrotó a Luisa González, de 47, la elegida del expresidente Rafael Correa.
Ambos candidatos acusaron al otro de cometer infracciones electorales durante la temporada electoral y González, en un discurso desde la sede de su partido, Revolución Ciudadana, dijo que no reconocería los resultados de las elecciones.
“Quiero ser muy clara y enfática: la Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota en las últimas elecciones cuando así lo han demostrado las encuestas, el tracking y las estadísticas”, dijo González. “Hoy, no reconocemos los resultados”.
Noboa celebró su victoria desde la ciudad costera de Olón “Esta jornada ha sido histórica”, dijo. “No queda ninguna duda de quién es el ganador”.
El día antes de las elecciones, Noboa declaró el estado de emergencia en siete estados, la mayoría de ellos bastiones de González, lo que suscitó el temor de que estuviera tratando de reprimir el voto entre los partidarios de González. La medida restringe las actividades sociales y permite a la policía y al ejército entrar en los hogares sin permiso.
Noboa se ha posicionado como un presidente del orden público, pero hasta ahora ha logrado resultados mínimos en la lucha contra la persistente violencia del narcotráfico y el desempleo en el país.
En los últimos cinco años, Ecuador ha experimentado una explosión de violencia vinculada al narcotráfico. Un sistema judicial plagado de hacinamiento en las cárceles, corrupción y falta de financiación se ha convertido en un terreno fértil para las bandas carcelarias aliadas con poderosos cárteles internacionales de la droga.
Agencias
Agencias
En riesgo miles de proyectos en el mundo por cierre de USAID

Published
2 months agoon
March 1, 2025By
FranciscoEP NEW YORK | FLORIDA NEWS
Washington | A partir del miércoles por la tarde, el Departamento de Estado en Washington envió una oleada de correos electrónicos a todo el mundo, los cuales llegaron a las bandejas de entrada de campos de refugiados, clínicas de tuberculosis, proyectos de vacunación contra la polio y miles de otras organizaciones que recibían financiación crucial de Estados Unidos para salvar vidas.
“Se da fin a esta adjudicación por conveniencia e interés del gobierno estadounidense”, comenzaban.
Las escuetas notas ponían fin a la financiación de unos 5800 proyectos que habían sido financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) , lo que indicó que había terminado el tumultuoso periodo en el que el gobierno de Trump dijo que estaba congelando proyectos para someterlos a una aparente revisión, y que se había terminado cualquier débil esperanza de que la ayuda estadounidense pudiera continuar.
Muchos eran proyectos que habían recibido una exención de la congelación porque el Departamento de Estado había identificado previamente su labor como esencial y salvadora de vidas.
“Morirá gente”, dijo Catherine Kyobutungi, directora ejecutiva del Centro Africano de Investigaciones sobre Población y Salud, “pero nunca lo sabremos, porque se han cortado incluso los programas para contar a los muertos”.
Entre los proyectos suprimidos figuran programas de tratamiento del VIH que habían servido a millones de personas, los principales programas de control de la malaria en los países africanos más afectados y los esfuerzos mundiales para erradicar la poliomielitis.
Estos son algunos de los proyectos que The New York Times ha confirmado que se han cancelado:
• Una subvención de 131 millones de dólares al programa de inmunización contra la polio de UNICEF, que pagaba la planificación, la logística y la entrega de vacunas a millones de niños.
• Un contrato de 90 millones de dólares con la empresa Chemonics para mosquiteros, pruebas y tratamientos contra la malaria que habrían protegido a 53 millones de personas.
• Un proyecto en la República Democrática del Congo que explota la única fuente de agua para 250.000 personas en campos de desplazados situados en el centro del violento conflicto al este del país.
• Todos los costos de funcionamiento y el 10 por ciento del presupuesto para medicamentos del Servicio Farmacéutico Mundial, el principal canal de suministro de medicamentos contra la tuberculosis, que el año pasado proporcionó tratamiento contra la tuberculosis a casi tres millones de personas, incluidos 300.000 niños.
• Proyectos de atención y tratamiento del VIH dirigidos por la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, que proporcionaban medicamentos vitales a 350.000 personas en Lesoto, Tanzania y Esuatini, incluidos 10.000 niños y 10.000 mujeres embarazadas que recibían atención para no transmitir el virus a sus bebés al nacer.
• Un proyecto en Uganda para rastrear los contactos de las personas con ébola, llevar a cabo la vigilancia y enterrar a quienes murieron a causa del virus.
• Un contrato para gestionar y distribuir en Kenia suministros médicos por valor de 34 millones de dólares, incluidos 2,5 millones de tratamientos mensuales contra el VIH, 750.000 pruebas del VIH, 500.000 tratamientos contra la malaria, 6,5 millones de pruebas de malaria y 315.000 mosquiteros antipalúdicos.
• Ochenta y siete refugios que atendieron a 33.000 mujeres víctimas de violación y violencia doméstica en Sudáfrica.
• Un proyecto dirigido por FHI 360 que apoyó los esfuerzos de los trabajadores de salud de la comunidad para ir puerta por puerta en busca de niños desnutridos en Yemen. Recientemente descubrió que uno de cada cinco niños tenía un peso críticamente inferior al normal debido a la guerra civil del país.
• Servicios de salud prenatales y postnatales para 3,9 millones de niños y 5,7 millones de mujeres en Nepal.
• Un proyecto dirigido por la organización Helen Keller Intl en seis países de África occidental que el año pasado proporcionó a más de 35 millones de personas medicamentos para prevenir y tratar enfermedades tropicales desatendidas, como el tracoma, la filariasis linfática, la esquistosomiasis y la oncocercosis.
• Un proyecto en Nigeria que proporciona a 5,6 millones de niños y 1,7 millones de mujeres tratamiento para la desnutrición grave y aguda. La interrupción supone que 77 centros de salud han dejado de tratar por completo a los niños con desnutrición aguda grave, lo que pone a 60.000 niños menores de 5 años en riesgo inmediato de muerte.
• Un proyecto en Sudán que gestiona las únicas clínicas de salud operativas en una de las mayores zonas de la región de Kordofán, lo que interrumpe todos los servicios de salud.
• Un proyecto que atiende a más de 144.000 personas en Bangladés y que proporciona alimentos a mujeres embarazadas desnutridas y vitamina A a los niños.
• Un programa dirigido por la agencia de ayuda PATH, denominado REACH Malaria, que protegió de la enfermedad a más de 20 millones de personas en 10 países de África. Proporcionaba medicamentos contra la malaria a los niños al comienzo de la estación de lluvias.
• Un proyecto dirigido por Plan International que proporcionó medicamentos y otros suministros médicos, atención a la salud, tratamiento de programas de desnutrición, así como agua y saneamiento a 115.000 desplazados o afectados por el conflicto del norte de Etiopía.
• Más de 80 millones de dólares para ONUSIDA, la agencia de las Naciones Unidas, que financió trabajos para ayudar a los países a mejorar el tratamiento del VIH, incluida la recopilación de datos y programas de vigilancia de la prestación de servicios.
• El programa de la Iniciativa Presidencial contra la Malaria, denominado Evolve, que se encargó del control de mosquitos en 21 países mediante métodos que incluyen el aerosol de insecticida en el interior de las viviendas (protegiendo a 12,5 millones de personas el año pasado) y el tratamiento de los lugares de reproducción para matar las larvas.
• Un proyecto que proporciona tratamiento contra el VIH y la tuberculosis a 46.000 personas en Uganda, dirigido por la Fundación Infantil del Baylor College of Medicine, Uganda.
• Smart4TB, el principal consorcio de investigación que trabaja en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis.
• Las Encuestas Demográficas y de Salud, un proyecto de recogida de datos en 90 países que fueron fuentes cruciales, y en ocasiones las únicas, de información sobre salud y mortalidad materno-infantil, nutrición, salud reproductiva e infecciones por VIH, entre otros muchos indicadores de salud. El proyecto fue también la base de presupuestos y planificación.
Publicado en N.YT.
Stephanie Nolen es reportera de salud global para el Times.
EP NEW YORK | EE.UU.
No te distraigas. No te agobies. No te paralices ni te dejes arrastrar por el caos que el presidente Trump y sus aliados están creando a propósito con el volumen y la velocidad de las órdenes ejecutivas; el esfuerzo por desmantelar el gobierno federal; los ataques performativos contra los migrantes, las personas trans y el concepto de diversidad; las exigencias de que otros países acepten a los estadounidenses como sus nuevos soberanos y la vertiginosa sensación de que la Casa Blanca podría hacer o decir cualquier cosa en cualquier momento. Todo ello pretende mantener a Estados Unidos en vilo para que el presidente Trump pueda avanzar a toda velocidad en su afán por conseguir el máximo poder ejecutivo, para que nadie pueda detener la agenda osada, mal concebida y a menudo ilegal que impulsa su gobierno. Por favor, no te desconectes.
Hay que seguirle la pista a las acciones de esta presidencia y, cuando traspasen los límites morales o legales, hay que cuestionarlas, con valentía y reflexión, con la confianza de que el sistema de controles y equilibrios de la nación estará a la altura de las circunstancias. Hay motivos de preocupación en ese frente, por supuesto. El Congreso, controlado por los republicanos, hasta ahora ha abdicado de su papel como rama coigualitaria del gobierno, desde permitir que sus leyes y directivas de gasto sean sistemáticamente desechadas hasta consentir temerosamente que el presidente llene su gabinete de personajes leales, erráticos y no cualificados. Gran parte de la sociedad civil —desde la comunidad empresarial hasta las universidades, pasando por una parte de los medios de comunicación corporativos— ha permanecido inquietantemente callada, incluso condescendiente.
Pero también hay signos alentadores. Los tribunales, el control más importante sobre un presidente que pretende ampliar sus poderes legalmente autorizados y eliminar cualquier barrera de protección, han resistido hasta ahora y han bloqueado varias iniciativas de Trump. Los estados también han tomado medidas, pues varios fiscales generales demócratas han iniciado demandas contra los intentos de Trump de congelar la financiación de subvenciones federales y terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y han prometido luchar contra el acceso del equipo de Elon Musk a los sistemas de pago federales que contienen información personal.
Los funcionarios estatales o locales también están defendiendo sus leyes frente a las redadas federales contra la migración y luchando contra la orden ejecutiva de Trump que prohíbe la atención médica de afirmación de género a los niños trans. Y las organizaciones periodísticas de mentalidad independiente han seguido informando de forma excelente sobre la inundación de excesos de estos primeros días, aportando información esencial al público.
Nada de esto quiere decir que Trump no deba tener la oportunidad de gobernar. Setenta y siete millones de estadounidenses votaron para que Trump volviera a la Casa Blanca, y el Partido Republicano, ahora totalmente rehecho al servicio del movimiento MAGA, tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso. Las elecciones, se suele decir, tienen consecuencias. Pero ¿esta revisión inconstitucional del gobierno estadounidense —mucho más amplia, descuidada y cruel que todo aquello por lo que hizo campaña— es realmente lo que los votantes querían? ¿Poner en peligro el sistema estadounidense de controles y equilibrios, sus alianzas y su seguridad nacional? Porque, más allá de las bravatas, eso es lo que Trump, Musk y sus partidarios están haciendo.
Transcurridas tres semanas del segundo mandato de Trump, aquí ofrecemos un puñado de las cosas a las que los estadounidenses no pueden ignorar:
El dominio ejecutivo de Elon Musk.
El problema no es que Musk no haya sido elegido, sino que está infringiendo la ley. Sin ser siquiera un funcionario a tiempo completo, está intentando cerrar o desmantelar unilateralmente agencias y departamentos federales enteros, ignorando los mandatos del Congreso, lo que está prohibido por la Constitución. Él y su equipo están detrás de las ofertas de indemnización anunciadas para millones de funcionarios —incluida toda la plantilla de la CIA— y han forzado de manera efectiva la salida de altos funcionarios a los que no tienen poder para despedir.
Ha emprendido la misión de arrasar los sistemas de pago confidenciales del gobierno con el regocijo de un anarquista, decidiendo por su cuenta qué aspectos del gasto federal son legítimos y sustituyendo cualquier esfuerzo por comprender las funciones gubernamentales que está debilitando por su instintiva adopción de teorías de la conspiración.
Tanto el presidente como Musk parecen disfrutar el hecho de que la mayoría de sus acciones sean evidentemente ilegales, con lo que desafían a los tribunales a intervenir y detenerlas, basándose en la teoría de que, para empezar, esas leyes están equivocadas. Al mismo tiempo, la persona que está dirigiendo este esfuerzo es el hombre más rico del mundo, quien sigue teniendo intereses en sus empresas privadas, que el gobierno federal regula y con las que hace negocios por un valor de miles de millones de dólares. Es un nivel de conflicto de intereses como no hemos visto en la era moderna.
El gobierno contra los funcionarios públicos (también conocidos como los enemigos de Trump). Además del despido de más de una decena de miembros de la fiscalía de Washington que habían trabajado en casos relacionados con los disturbios del 6 de enero de 2021, el gobierno de Trump empezó a recopilar los nombres de miles de miembros del FBI que ayudaron a investigar delitos relacionados con el ataque al Capitolio. Varios funcionarios de alto rango de la agencia ya han sido despedidos.
La medida ofreció un primer atisbo de cómo Trump y su nominado para dirigir el FBI, Kash Patel —quien publicó una lista literal de enemigos de los miembros del “Estado profundo del poder ejecutivo”— podrían utilizar las fuerzas de seguridad federales contra los oponentes políticos del presidente. En lo que quizá sea la advertencia más inquietante a quien se le ocurra cuestionarlo o desafiarlo, Trump despojó a varios de sus antiguos asesores de la protección de seguridad que se consideraba necesaria dadas las amenazas creíbles del gobierno iraní de asesinarlos por acciones que llevaron a cabo bajo su orden directa.
Los desplantes imperiales del presidente y los ataques a nuestros aliados. Trump ha pasado semanas sugiriendo evasivamente que Estados Unidos está a punto de apoderarse ilegalmente de territorios en tres continentes, dejando a su paso diversas olas de consternación. Luego están sus aranceles, planeados desde hace tiempo y aparentemente legales, aunque extremadamente desaconsejados.
Todas las amenazas e insultos le han valido a Trump algunas concesiones a corto plazo, pero es probable que ninguna de ellas fortalezca la economía de Estados Unidos ni le dé al país más seguridad en el escenario mundial. Pisotear alianzas centenarias perjudicará a los países afectados, pero también podría comprometer la seguridad nacional, elevar el precio de productos, alterar el comercio mundial y beneficiar a adversarios como China y Rusia, deseosos de llenar el vacío de unos Estados Unidos cada vez menos confiable.
La salud pública en peligro.
Robert F. Kennedy Jr., quien abiertamente es un escéptico de las vacunas, aún no ha sido confirmado como secretario de Salud y Servicios Humanos de Trump. Pero el gobierno ya está tomando medidas para debilitar y derribar las protecciones de la salud pública y mundial. El jueves, el Times informó que el gobierno planea reducir la plantilla de más de 10.000 estadounidenses de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) a solo unas 300 personas, y cancelar casi 800 adjudicaciones y contratos que la agencia administraba. El presidente —y mucho menos Musk— no puede cerrar una agencia federal sin el voto del Congreso.
Hacerlo también es ilegal de acuerdo a la Constitución. Más de la mitad del gasto de la USAID en 2023 se destinó a programas de salud que buscaban detener la propagación de enfermedades como la poliomielitis, el ébola, la tuberculosis, el VIH/sida y la malaria, o a la ayuda humanitaria para responder a emergencias y contribuir a estabilizar regiones asoladas por la guerra. Si te preocupa prevenir la próxima pandemia o las presiones de la migración mundial, USAID es una inversión que deberías desear que Estados Unidos haga.
El bombardeo del presidente contra los derechos civiles.
Trump ha emitido una avalancha de órdenes ejecutivas y pronunciamientos que hacen retroceder décadas de progreso en materia de derechos civiles y a menudo desafían abiertamente la Constitución. Ha puesto en el punto de mira especialmente a los estadounidenses trans y ha amenazado la financiación federal de las escuelas públicas que no se adhieran a la ideología de derecha sobre cómo se debe hablar sobre la historia y cuestiones raciales.
También, casi a diario, ha encontrado excusas para arremeter contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión e incluso llegó a culpar a la DEI del accidente aéreo del 29 de enero en Washington e insinuando enérgicamente que cualquier controlador aéreo que sea mujer o no sea blanco es inferior y se le ha dado trabajo por razones equivocadas. Y la nueva fiscal general, Pam Bondi, anunció el miércoles que las empresas privadas que decidan mantener sus propias políticas de diversidad e inclusión podrían ser objeto de “investigaciones criminales”.
Estados Unidos se enfrenta a una nueva realidad, y exige sabiduría, resistencia y valentía. Estados Unidos está dirigido por un presidente que parece dispuesto a pasar por encima de cualquier persona, ley, estatuto del Congreso o país que se interponga en su camino. Se deja llevar por los impulsos y no tiene interés por las normas, la historia o la realidad.
La forma en que los estadounidenses y el mundo traten a un presidente así determinará gran parte de los próximos cuatro años, y nos exigirá mucho a todos nosotros. Debemos estar a la altura del momento. Trump ganó las elecciones limpiamente, pero su posición es la de presidente, no la de rey o Dios emperador. Cada vez que el Congreso le permite sobrepasar su función constitucional, fomenta un comportamiento más antidemocrático y debilita la capacidad del poder legislativo para frenar una mayor erosión de las normas y valores que han contribuido a hacer de esta nación la más libre, rica y fuerte del mundo.
Publicado en NYT


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