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Luisa Ortega , una fiscal con temple constitucional

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Luisa Ortega ha sorprendido a Venezuela por sus recientes declaraciones y es ahora una férrea oponente del régimen deMaduro al denunciar la represión de las protestas y al exigir que los manifestantes encarcelados sean juzgados en tribunales civiles, no militares , como ordenó el presidente.

Hace un mes sorprendió a todos alertando sobre la ruptura del orden constitucional y rechazando la Asamblea Constituyente convocada por el gobierno de Nicolás Maduro.

En esa oportunidad, también confirmó la muerte de un manifestante a manos de las fuerzas de seguridad y se convirtió en el primer funcionario público de importancia en reconocer el descontento social por la escasez de productos básicos.

Y este miércoles la fiscal general Luisa Ortega, volvió a chocar frontalmente con el gobierno venezolano, denunciando la existencia de “terrorismo de Estado” y declarándose dispuesta a dar la vida para defender la constitución que el actual mandatario pretende reformar.Pero no está claro por cuanto tiempo más Ortega podrá seguir siendo esa rara avis en la Venezuela de hoy día: una voz disidente al frente de una de las principales instituciones estatales del país.

Esta postura ha convertido a Ortega en la más destacada de las voces que critican a Maduro desde el propio chavismo. Pero el mismo miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia -denunciado como “ilegítimo” por la fiscal- ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias y le prohibió la salida del país “por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”.

Poco antes, el mismo tribunal también había emitido dos polémicas sentencias aparentemente destinadas a minar el poder de la fiscalía y preparar el camino para una eventual destitución de Ortega.Una situación que muy pocos seguramente imaginaban cuando, al liderar la acción penal contra el líder opositor Leopoldo López, que derivó en su arresto, Ortega se confirmó como una leal seguidora de Hugo Chávez, a quien todavía acostumbra citar.

“Chavismo crítico”

Por lo pronto, la fiscal, de 59 años, se ha convertido en una suerte de ídolo de la oposición, que desde hace tres meses celebra manifestaciones en contra del presidente Nicolás Maduro, al que acusan de una deriva autoritaria. En ese tiempo se han registrado más de 80 muertos, y la fiscal fue la primera en suministrar cifras oficiales contradiciendo el discurso del gobierno en medio del actual escenario de confrontación.

ILa fiscal se ha ido separando de la postura oficial del gobierno de Nicolás Maduro.Foto: @VillegasPoljak

 

A tenor de sus palabras y de la independencia que ha mostrado, Ortega forma parte del chavismo crítico con el gobierno de Nicolás Maduro. Llegó al puesto de fiscal con el aval de Hugo Chávez en 2007 y vivió el funeral del fallecido presidente en 2013 desde primera fila. “Estuvo muy comprometida con el presidente Chávez. Por su formación de izquierdas nadie desde el gobierno puede juzgarle como una traidora ni decir que está pagada por la CIA”, le dijo en mayo a BBC Mundo el politólogo Nícmer Evans, también crítico con el gobierno desde la izquierda. Y, según Evans, su giro no responde a un viraje ideológico, pues se trata de una persona de firme convicción de izquierdas, casada con un diputado oficialista y leal al proceso revolucionario, pero también firme defensora de la Constitución de 1999.

Esa es la Carta Magna de Chávez que ahora el gobierno de Maduro desea cambiar con una Asamblea Constituyente y la que Ortega juró defender con su vida. “Es una combinación de activista política y mujer de leyes”, explicó Evans, quien conoce a la fiscal y también formó parte del gobierno de Chávez.

“Una válvula de escape”

Aunque desde el oficialismo se acusa a Ortega de traidora, sus posturas también han sido elogiadas por ser independientes.

“Es una posición muy valiente y demuestra su nivel de compromiso con el país, con la Constitución, y permite generar un debate y una válvula de escape”, le dijo en su momento a BBC Mundo Olly Millán, quien fue ministra de Economía Popular con Chávez y ahora es crítica con el gobierno.

En ese entonces Millán se refería a las declaraciones de finales de marzo en las que Ortega calificó de “ruptura del orden Constitucional” dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían poderes al Parlamento, controlado por la oposición. Poco después las dos sentencias, que fueron el detonante de la actual ola de protestas, se rectificaron parcialmente. Pero el momento marcó un antes y un después en la relación entre Ortega y el gobierno. Y, en esa misma conferencia, la fiscal aseguró que el Ministerio Público había constatado una tasa de 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir,21.752 homicidios intencionales o dolosos, confirmando así uno de los grandes problemas de Venezuela: la violencia.

Meses antes había criticado las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), el plan de seguridad del Estado contra el crimen que ha generado denuncias de asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.

Pero Ortega no se quedó allí. En una poco habitual entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal calificó la Constitución actual como “insuperable” y en medio del enfrentamiento entre gobierno y oposición, afirmó: “No podemos pedir un comportamiento legal y pacífico a los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo a la ley”. También mostró su “preocupación” por que haya civiles que estén siendo juzgados por tribunales militares.

Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionLa fiscal leyó las instrucciones de una bomba lacrimógena para dejar claro que no debe ser disparada de forma directa contra manifestantes.

“Incluso en los estados de excepción, el debido proceso es uno de los pocos derechos que no se puede suspender”, dijo Ortega el 25 de abril citando el artículo 337 de la Constitución venezolana. Y en una carta al presidente de la comisión presidencial para la Asamblea Constituyente mostró su desacuerdo con esta y su lealtad a la actual Carta Magna. “Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución”, escribió. Y por esos días también admitió la existencia de un profundo descontento por culpa de la escasez de productos básicos, algo que no ha reconocido el gobierno pese a la grave crisis económica que sufre el país.

“Represión”

En la conferencia ofrecida en marzo, con el simple gesto de leer este miércoles las instrucciones de una bomba lacrimógena, Ortega también dejó claro que las fuerzas del orden no las pueden usar para disparar directamente sobre manifestantes, tal y como ha denunciado la oposición.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionEl caso de la muerte de Juan Pernaleta ha sido el símbolo de los fallecidos en más de 50 días de protestas.

En esa oportunidad, usó la palabra “represión”, criticada por el gobierno, y anunció que la investigación sobre la muerte del joven manifestante Juan Pernalete confirmó que la causa del deceso fue el impacto de una bomba lacrimógena. (El gobierno defiende la tesis de que murió por el disparo de una pistola de perno, algo que supuestamente quedaba claro en un video mostrado a los medios). Y en sus declaraciones de este 28 de junio Ortega fue mucho más allá al denunciar “un terrorismo de Estado” por parte de la actual administración.

“Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar”, declaró.

“Se han producido sentencias del TSJ que además de romper el orden constitucional, ya muy maltratado, le entregan la investigación de los derechos humanos posiblemente a quienes violen los derechos humanos“, dijo de la decisión judicial que le dio a la Defensoría del Pueblo la posibilidad de hacer investigaciones penales, hasta entonces monopolio del Ministerio Público.

“Cayó en las redes de los antirrevolucionarios”

En un inicio, los miembros más altos del gobierno prefirieron eludir una crítica formal, aunque en su momento el ministro del Interior, Néstor Reverol, criticó el proceder de la fiscalía. “No ha garantizado la aplicación de la justicia”, denunció ya a finales de mayo, citando como ejemplo la liberación de unos implicados en el ataque a un domicilio en Mérida, en el oeste del país.

“Lo que profundiza la crisis política son posiciones como la de ella”, dijo también en esa oportunidad su mentor y antecesor como fiscal general, Isaías Rodríguez en una entrevista con la televisión estatal. “Le tengo mucho afecto, pero cayó en las redes de los antirrevolucionarios”, aseguró Rodríguez. “La fiscalía está ardiendo por dentro. La fiscalía no es una institución para jugar a la candelita”, dijo el exfiscal y exvicepresidente.

En esos días el diputado oficialista Pedro Carreño también la atacó en twitter. “Pena ajena da ver a Luisa Ortega nerviosa, dubitativa y llena de contradicciones, leyendo libreto no hecho por ella. JUSTIFICANDO VIOLENCIA”, escribió en mayúsculas.

Fue precisamente Carreño quien el 16 de junio le solicitó al Tribunal Supremo iniciar el proceso de remoción de la fiscal general, por “la comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”, así como las medidas cautelares aprobadas el miércoles. Poco antes, el diputado oficialista también le había solicitado al TSJ una evaluación del estado mental de Ortega, a la que acusó de “no estar en sus cabales”. Y en los últimos días las descalificaciones en contra de la funcionaria se han multiplicado entre los representantes del oficialismo.

“Veo como una vulgaridad el extremismo en que ha caído el Ministerio Público y llamo a la señora Luisa Ortega, que la veo muy nerviosa y desesperada, a que vuelva al equilibrio”, declaró el pasado 22 de junio.

“Si se quiere meter en la diatriba política porque tiene aspiraciones de ser candidata presidencial de la (alianza opositora) MUD (…) tiene todos los derechos para hacerlo, pero no se puede utilizar una institución tan delicada” acusó en esa oportunidad el mandatario.

Esperanza para la oposición

Mientras sucede todo esto, la oposición jalea su postura institucional e independiente del resto de los poderes del Estados, todos afines al oficialismo excepto el Parlamento.

“Con las declaraciones de la fiscal el gobierno debe salir a pedir perdón”, dijo en mayo el líder opositor Henrique Capriles.

“Este es el verdadero golpe de Estado… ¡y sin helicóptero!”, fue, por su parte, la reacción de Jesús “Chúo” Torrealba al anuncio de las sentencias del TSJ contra la Fiscalía.

Ortega, sin embargo, no siempre fue objeto de devoción por parte de la oposición. Ella estaba al mando de la fiscalía que lideró las controvertidas acusaciones en 2014 -tras una oleada de fuertes protestas- contra estudiantes y contra el líder opositor Leopoldo López, condenado a 14 años de prisión por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir. Pero ahora la esperanza que tienen muchos es que no sea la única voz disidente dentro del monolítico oficialismo. Aunque negros nubarrones penden sobre su futuro.

En teoría, la destitución de la fiscal sólo sería posible a través de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, pero esta fue declarada en desacato por el TSJ en otra polémica sentencia. Y el poder judicial ya fijó para el próximo 4 de julio la audiencia sobre la solicitud de antejuicio de Ortega, por lo que no está garantizado que esta vaya a poder completar su mandato, que expira en 2021.

“El papel de ella es sacar al país del bochinche de ‘estás conmigo o contra mí’ en un momento en el que se necesita que las instituciones respondan a sus objetivos”, le dijo Nícmer Evans a BBC Mundo en mayo, cuando Ortega empezaba a convertirse en una importante actriz política en la crisis de Venezuela. Pero queda por verse si lo conseguirá o, en el caso de una eventual destitución, si se convertirá en una víctima más de la convulsa política venezolana o el detonante que por fin la solucione.

Línea

(*) Este artículo del corresponsal de BBC Mundo en Venezuela, Daniel García, fue publicado originalmente el 25 de mayo de 2017 y actualizado el 29 de junio para incluir los recientes fallos del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la fiscal Ortega así como su reacción a los mismos.

Agencias

Ibagué celebra el 51° aniversario del folclor colombiano

Francisco

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  • EP NEW YORK | CULTURA / ENTRETENIMIENTO

Por Gustavo Lugo |  Colombia

51 FESTIVAL DEL FOLCLOR COLOMBIANO (IBAGUE TOLIMA)

Por mas de cinco décadas la capital musical de Colombia celebró su 51 versión del Festival Folclòrico Colombiano, “Mi casa esta de fiesta”, una frase que se escuchó en todos los rincones de la ciudad.

Del 12 al 30 de junio del 2025, la Capital Musical de Colombia fue el lugar de una las celebraciones más importantes del folclor nacional.

El 51° Festival Folclórico Colombiano, es una celebración que exalta la riqueza cultural y las tradiciones del Tolima, a lo largo y ancho de la ciudad de Ibagué
con una amplia variedad de actos programados que incluyeron más de 60 eventos artísticos y culturales.

El festival, que se llevó a cabo del 12 al 30 de junio, contó con actividades en escenarios emblemáticos como el Teatro Tolima, el parque Murillo Toro, el Patio de Banderas y las piscinas del Complejo Acuático de la 42. El 12 de junio, fecha en la que se dio la apertura oficial a las festividades.

A partir del 19 de junio, los ibaguereños, visitantes y turistas disfrutaron del encuentro municipal con la presentación de 20 embajadoras culturales locales, y 16 representantes departamentales al reinado nacional del folclor.

Entre los eventos más importantes se destacaron el tradicional desfile de San Juan, que se realizó  el 22 de junio y el desfile de San Pedro el dia 29 que llenaron de música, color y danza las calles de Ibagué.

Las festividades incluyeron días temáticos como el domingo 22 de junio que celebró el Día del Aguardiente Tapa Roja; el lunes 23, el Día del Sombrero Tolimense; el martes 24, el Día del Tamal; el miércoles 25, el Día de la Achira; el viernes 27, el Día de la Chicha; y el sábado 28 de junio, el Desfile y encuentro de vehiculos clásicos, también el Día de la Lechona escogido como uno de los mejores platos del mundo.

Los diferentes certamenes destacaron la belleza de la mujer colombiana y Tolimense, en los encuentros municipales, departamentales y nacionales de folclor, mediante la autenticidad, la expresión artística, el manejo escénico y las raíces culturales.

Laura Cortés , fue elegida como embajadora  municipal y departamental del Tolima, y  Laura Ximena Ramos, representante del departamento del Casanare se corono como embajadora nacional del folclor colombiano.

Cada jornada fue  una oportunidad para resaltar las tradiciones y sabores que representan a Ibague y el departamento del Tolima.

De esta manera finalizó el 51 Festival Folclórico Colombiano en Ibagué Tolima, con una participación aproximada de más de 3.200  artistas, 50 carrozas, 600 voluntarios, 380 operarios logísticos, 32 coordinadores y 25 productores, además de 1.100 oficiales de policia, Ejército Nacional, Defensa Civil y La Cruz Roja.

HISTORIA

Es llamada La Capital Musical de Colombia, título que le otorgó el francés Conde de Gabriac en sus crónicas de viaje publicadas en Europa hacia 1886, quien quedó sorprendido con el ambiente musical en la ciudad, sus coloridos murales de los edificios del centro y el Conservatorio del Tolima, considerado como una de las escuelas de música más importantes del país. Desde 1959 la ciudad es sede del Festival Folclórico Colombiano en el mes de junio, una de las muestras culturales más importantes de Colombia. Monumentos alusivos a la música se encuentran dispersos en la ciudad, plazoletas, eventos, conciertos y teatros que hacen de la ciudad una “Capital Musical”.

UBICACIÓN

Ibagué es un municipio colombiano ubicado en el centro-occidente de Colombia, sobre la Cordillera Central de los Andes entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena, en cercanías del Nevado del Tolima. Es la capital del departamento de Tolima.

Se encuentra a una altitud de 1285 metros sobre el nivel del mar caracterizándose por un clima agradable. es una de las ciudades más antiguas de América, alberga la Gobernación del Tolima, el Palacio de Justicia, el Palacio Municipal, la Asamblea Departamental, la Fiscalía General de la Nación, entre otros, y es el principal epicentro político, industrial, comercial, cultural, financiero y turístico del departamento.

Enfoque periodístico, agradece a la gobernación del Tolima en liderazgo de Adriana Magali Matiz, y la alcaldesa Johana Ximena Aranda, Cristian Torres jefe de comunicaciones, Daniela Uribe y Stephania Rodriguez de la Alcaldía de Ibagué. Al Staff, medios de comunicación y el cuerpo oficial de la policia  metropolitana de Ibagué bajo la derección del Coronel Diego Edixon mora, que velaron por la seguridad  de todos durante el festival.

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Agencias

Corte Suprema de EE.UU. otorga poderes a Trump para anular ciudadanía por nacimiento

Francisco

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EP NEW YORK | CONSTITUCIÓN Y CIUDADANÍA

WASHINGTON  — El panorama en tanto a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump con propósito de eliminar el derecho a la ciudadanía luce, temporalmente, a favor del mandatario después de una decisión por la Corte Suprema de EEUU este viernes 27 de junio.

En una decisión 6-3, el tribunal mayor de los Estados Unidos determinó que los tribunales menores han excedido autoridad con sus restricciones impuestas a nivel nacional ante la orden de Trump. Ellos dijeron que las retenciones deben limitarse para no permitir más alivio del necesario. 

Sin embargo , la batalla jurídica sobre el intento del presidente estadounidense Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento está lejos de terminar, a pesar de la gran victoria del gobierno del republicano el viernes después de que la Corte Suprema limitó los mandamientos judiciales a nivel nacional.

Los defensores de los inmigrantes prometen luchar para asegurar que la ciudadanía por nacimiento siga siendo la ley, en un momento en que el presidente intenta eliminar más de un siglo de jurisprudencia.

El fallo del máximo tribunal devuelve a los tribunales inferiores los casos que impugnan la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, el destino final de la política del mandatario sigue siendo incierto.

Aquí presentamos un vistazo a la ciudadanía por nacimiento, el fallo de la Corte Suprema y lo que sucederá a continuación.

¿Qué significa la ciudadanía por nacimiento?

La ciudadanía por nacimiento convierte a cualquier persona nacida en Estados Unidos en ciudadano estadounidense, incluidos los niños nacidos de madres que están en el país sin autorización.

La práctica se remonta a poco después de la Guerra Civil, cuando el Congreso ratificó la 14ª Enmienda de la Constitución, en parte para asegurar que las personas negras —incluidas las que solían ser esclavos— tuvieran ciudadanía.

“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”, establece la enmienda.

Treinta años después, Wong Kim Ark, un hombre nacido en Estados Unidos de padres chinos, fue rechazado al intentar reingresar al país después de viajar al extranjero. La demanda que interpuso llevó a la Corte Suprema a dictaminar explícitamente que la enmienda otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus legal de sus padres.

Desde entonces se ha considerado parte intrínseca de la ley estadounidense, con sólo un puñado de excepciones, tales como los casos de hijos nacidos en Estados Unidos de diplomáticos extranjeros.

Trump ha dicho desde hace tiempo que quiere eliminar la ciudadanía por nacimiento.

La orden ejecutiva de Trump, firmada en enero, pretende negar la ciudadanía a los niños nacidos de personas que están viviendo en Estados Unidos ilegalmente o temporalmente. Forma parte de las medidas enérgicas contra la inmigración por parte del presidente, quien ha dicho que la ciudadanía por nacimiento es un “imán para la inmigración ilegal”.

Trump y sus simpatizantes se centran en una frase de la enmienda —”sujeta a su jurisdicción”—, diciendo que significa que Estados Unidos puede negar la ciudadanía a los bebés nacidos de mujeres que están en el país ilegalmente.

Varios jueces federales han dicho que eso no es cierto, y han emitido mandamientos judiciales a nivel nacional que impiden que su orden entre en vigor.

“He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No puedo recordar otro caso en el que la pregunta presentada fuera tan clara como esta. Esta es una orden flagrantemente inconstitucional”, declaró el juez federal de distrito John Coughenour en una audiencia este año en su corte de Seattle.

En Greenbelt, Maryland, un suburbio de Washington, la jueza federal de distrito Deborah Boardman escribió: “la Corte Suprema ha rechazado rotundamente y ningún tribunal en el país ha respaldado nunca” la interpretación de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento.

¿Es constitucional la orden de Trump?

Los magistrados no lo dijeron
El fallo del máximo tribunal fue una gran victoria para el gobierno de Trump, en el sentido de que limitó la autoridad de un juez individual para emitir mandatos judiciales válidos a nivel nacional. El gobierno celebró el fallo, considerándolo un control monumental sobre los poderes de los jueces individuales de los tribunales de distrito, quienes, según los partidarios de Trump, quieren usurpar la autoridad del presidente con fallos que bloquean sus prioridades en torno a la inmigración y otros asuntos.

Pero la Corte Suprema no abordó los méritos de la propuesta de Trump para hacer cumplir su orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento.

“El gobierno de Trump tomó una decisión estratégica, que creo claramente dio sus frutos, de que iban a impugnar no las decisiones de los jueces sobre los méritos, sino sobre el alcance del alivio”, explicó Jessica Levinson, profesora de la Facultad de Derecho de Loyola.

La secretaria de Justicia Pam Bondi les dijo a periodistas en la Casa Blanca que el gobierno está “muy confiado” en que la Corte Suprema finalmente se pondrá de su lado en cuanto a los méritos del caso.

Hay interrogantes e incertidumbre en torno a los próximos pasos. Los jueces devolvieron los casos que impugnan la política de ciudadanía por nacimiento a los tribunales inferiores, donde los jueces tendrán que decidir cómo adaptar sus mandamientos para cumplir con el nuevo fallo. La orden ejecutiva sigue bloqueada al menos por 30 días, lo que les da tiempo a los tribunales inferiores y a las partes interesadas para dilucidar los próximos pasos a seguir.

El fallo de la Corte Suprema deja abierta la posibilidad de que los grupos que impugnan la política aún puedan obtener remedio a nivel nacional a través de demandas colectivas, e intentar obtener la certificación de que se trata de una demanda colectiva a nivel nacional. Dentro de las horas posteriores al fallo, se habían presentado dos demandas colectivas en Maryland y Nueva Hampshire con las que se pretende bloquear la orden de Trump.

La ciudadanía por nacimiento ha sido una ley constitucional establecida durante más de un siglo”, manifestó Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y directora general de Global Refuge, una organización sin fines de lucro que apoya a refugiados y migrantes. “Al negar a los tribunales inferiores la capacidad de hacer cumplir ese derecho de manera uniforme, la Corte ha invitado al caos, la desigualdad y el miedo”.

Agencias.

 

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Agencias

EE.UU. ataca y destruye principales bases nucleares de Irán

Francisco

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EP NEW YORK | EE.UU. VS IRÁN

Teherán, 22 jun (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este sábado en un comunicado citado en medios que sabe el lugar desde donde salieron los aviones estadounidenses que bombardearon anoche varias instalaciones nucleares en Irán y aseguró que el ataque estadounidense tendrá “duras repercusiones”.

La Guardia Revolucionaria calificó el ataque de esta madrugada de “un crimen sin precedentes que viola el derecho internacional” y consideró que Estados Unidos sigue “repitiendo errores del pasado, mostrando incompetencia estratégica e ignorancia de la realidad regional”, según el comunicado publicado en la agencia Tasnim, vinculada con este organismo iraní.

“En lugar de aprender de sus repetidos fracasos, Washington se colocó en la primera línea de la agresión al atacar directamente instalaciones pacíficas”, dice el comunicado, en el que aseguran que las fuerzas armadas iraníes “han identificado y monitoreado” las ubicaciones desde donde salieron los aviones que bombardearon.

Como respuesta, la Guardia Revolucionaria aseguró que la operación que ya desarrolla contra Israel en represalia por los ataques lanzados el 13 de julio y que ha supuesto lanzamientos diarios de misiles de uno y otro lado “continuará de manera precisa, decidida y feroz”.

Y además, contra Estados Unidos, en “legítima defensa”, va a usar “respuestas que escapan a la comprensión y a los cálculos ilusorios del frente agresor”, por lo que advirtió a Washington de “duras repercusiones”.

Estados Unidos entró este sábado de manera abrupta en la guerra de Israel contra Irán al bombardear las tres principales instalaciones del programa nuclear iraní, mientras que el presidente Donald Trump amenazó al régimen de Teherán con más ataques si “la paz no llega rápido”.

En un mensaje a la nación dos horas después, Trump instó a Teherán a no responder militarmente y optar por la paz. “Irán, el matón de Oriente Medio, ahora debe hacer la paz. Si no lo hacen, los futuros ataques serán mucho más grandes y más fáciles”.

El Ministerio de Exteriores iraní afirmó este domingo que Estados Unidos ha lanzado una “peligrosa guerra” contra Irán tras los ataques estadounidenses contra tres instalaciones nucleares del país.

Agencias

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