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Lenin Moreno deroga decreto en Ecuador , ante protestas y presión de indígenas

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Breaking News/EP New York

QUITO — El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, derogó el domingo un polémico decreto con reformas económicas que generó una importante alza a los precios de los combustibles y anunció junto con líderes indígenas la suspensión de las protestas que virtualmente paralizaron a buena parte del país durante 10 días.

La decisión, adoptada tras una mesa de diálogo entre el mandatario y líderes indígenas, también dispone la instalación inmediata de una comisión de ambas partes y otros sectores sociales para elaborar un nuevo decreto que permita equilibrar la economía estatal.

“Hemos tenido un acuerdo, que como bien se ha manifestado de lado y lado ha significado sin duda alguna, sacrificio de cada una de las partes, porque eso es precisamente un acuerdo”, dijo Moreno. “No significa ganarlo todo”.

El convenio se logró con el apoyo y la mediación de las Naciones Unidas, la iglesia católica y rectores de universidades estatales y privadas.

El decreto se mantuvo en vigencia desde el 1 de octubre y durante 12 días, pero la presión y las insistentes manifestaciones callejeras diarias en todo el país por parte de distintos sectores, especialmente indígenas, lograron echar abajo la decisión que, según el gobierno, buscaba estabilizar las finanzas fiscales y reducir sustancialmente un abultado déficit.

“Creo que ha sido importante este acercamiento, hace tiempo queríamos conversar de estos procesos, quisiéramos también de corazón y decir que los pueblos y nacionales nos hemos levantado en busca de la libertad”, dijo el máximo dirigente indígena, Jaime Vargas.

Horas antes de este anuncio, decenas de uniformados ingresaron al parque El Arbolito, precedidos de nubes de gases lacrimógenos y comenzaron a ahuyentar a cientos de manifestantes. Una hora más tarde cumplieron su cometido expulsándolos hacia un sector cercano.

Las protestas sociales empezaron poco después de que Moreno decretara a inicios de octubre un duro paquete económico, aunque lo que más enardeció a la población fue el incremento del precio de la gasolina de 1,85 a 2,30 dólares por galón y del diésel, de 1,03 a 2,30 dólares.

Las manifestaciones adquirieron el sábado una violencia inusitada con escenas de saqueos y actos vandálicos en la capital propiciadas por bandas de encapuchados que quemaron la Contraloría y atacaron un canal de televisión y un diario. Esos grupos sometieron a la capital a bloqueos y desmanes y a otras escenas de terror.

Para controlar tales actos, el gobierno decretó estado de excepción y un toque de queda, y desplegó militares a las calles para el cumplimiento de tales disposiciones, que impidió el libre tránsito. El domingo se hizo una pausa de nueve horas a la restricción de movilidad.

La Defensoría del Pueblo informó que por las manifestaciones han muerto siete personas, hay 1.340 heridos y 1.152 detenidos.

Los manifestantes no sólo se han concentrado en las ciudades para evidenciar su inconformidad, sino que, principalmente indígenas de la Amazonía, impidieron la producción de petróleo, la principal exportación del país.

Antes de las jornadas de protesta, los pozos de la Amazonía producían unos 430.000 barriles de petróleo, pero la producción ha caído a 176.029 barriles, según cifras entregadas el sábado por una fuente de Petroamazonas, que pidió el anonimato porque no está autorizado a dar esos datos. Eso significa pérdidas por casi 14 millones de dólares diarios.

Lenin Moreno responsabilizó de la violencia a grupos de narcotraficantes, al presidente venezolano Nicolás Maduro y a seguidores del exmandatario Rafael Correa (2007-2017), algunos de cuyos más altos colaboradores están acusados y procesados por hechos de corrupción con fondos públicos. (AP)

Agencias

Por qué el modelo “Bukele” no puede aplicarse a otros países de A.L.

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EP New York. | Latinoamérica | El Salvador

Por qué el modelo Bukele no va a funcionar en otros países de América Latina

Aunque todavía se están contando los votos, el presidente Nayib Bukele se adjudicó una victoria aplastante las elecciones y afirmó que ganó con más del 85 por ciento de los votos. Si esos resultados se mantienen cuando se anuncie el conteo oficial, ni siquiera los presidentes populistas más conocidos de América Latina, como el presidente venezolano Hugo Chávez o el boliviano Evo Morales, habrán estado cerca de ganar unas elecciones con esos márgenes.

El ascenso sin precedentes de Bukele se explica debido a un factor: el sorprendente descenso en la tasa de delincuencia de El Salvador. Desde que asumió la presidencia en 2019, la tasa de homicidios intencionales ha bajado del 38 por cada 100.000 ese año a 7,8 en 2022, muy por debajo del promedio en América Latina del 16,4 para el mismo año.

Las medidas enérgicas que Bukele ha encabezado para combatir el crimen organizado prácticamente han desmantelado a las pandillas que aterrorizaron a la población durante décadas. También ha cobrado un precio oneroso a los derechos humanos, las libertades civiles y la democracia de los salvadoreños. Desde marzo de 2022, cuando Bukele declaró un estado de excepción que dejó suspendidas algunas libertades civiles básicas, las fuerzas de seguridad han encarcelado aproximadamente a 75.000 personas. Uno de cada 45 adultos en el país está en prisión.

Ante esta situación, otros líderes de la región han debatido la posibilidad de adoptar muchas de las mismas medidas drásticas para combatir la violencia delictiva en su país. Sin embargo, aunque estuvieran dispuestos a hacer los mismos compromisos que ha hecho el gobierno de Bukele —calles más seguras empleando métodos diametralmente opuestos a la democracia— quizá no conseguirían los mismos resultados. Las condiciones que hicieron posible el éxito de Bukele y su notoriedad política son únicas de El Salvador y no son exportables.

En nuestro recorrido por las calles de la capital, San Salvador, en los días anteriores a las elecciones, vimos cómo las familias han regresado a los parques. Ahora, las personas pueden atravesar las fronteras entre distintos barrios que antes estaban controlados por pandillas y eran imposibles cruzar. El centro de la ciudad, que por años quedaba casi vacío al atardecer, ahora está activo hasta altas horas de la noche.

El problema es que El Salvador, que emprendió una transición hacia la democracia en la década de 1990, se ha desviado de esa ruta. Bukele tiene control en los poderes del gobierno. La nación de 6,4 millones de habitantes funciona como un Estado policial: no es inusual que soldados y policías retiren a los ciudadanos de las calles y los encarcelen de manera indefinida sin ninguna razón y sin darles acceso a un abogado. Hay noticias creíbles de que los reclusos han sido torturados. Varios críticos del gobierno comentaron que los han amenazado con presentar acusaciones en su contra, además de que se han empleado programas espía para monitorear a algunos periodistas. Incluso la votación del domingo pasado se encuentra bajo el microscopio porque el sistema de transmisión de los resultados de la votación preliminar dejó de funcionar de manera muy inusual.

Como politólogos, con experiencia en el estudio de la política latinoamericana, le hemos dado seguimiento al creciente grupo de seguidores de Bukele en la región. En el vecino Honduras, la presidenta de izquierda, Xiomara Castro, declaró una “la guerra a la extorsión” contra las pandillas a finales de 2022. Al igual que en El Salvador, Castro decretó un estado de excepción, pero, aunque la tasa de homicidios ha bajado, las pandillas todavía conservan mucho poder.

Más al sur, Ecuador se tambalea por su propio brote de violencia de las bandas. Cuando uno de nosotros fue de visita el año pasado, varias personas entrevistadas señalaron que les encantaría que “alguien como Bukele” llegara a poner orden. Incluso en Chile, que históricamente ha sido una democracia más sólida y un país más seguro que El Salvador, pero en donde la criminalidad va en aumento, Bukele cuenta con un porcentaje de aprobación del 78 por ciento.

No es ningún misterio por qué el modelo de medidas estrictas contra el crimen de Bukele es tan atractivo en América Latina. En 2021, según un grupo de investigación mexicano, en la región se encontraban 38 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. En un año típico, esta región en la que ahora vive solo el ocho por ciento de la población mundial, sufre alrededor de un tercio del número total de asesinatos.

Pero quienes copian las medidas de Bukele y aquellos que creen que su modelo puede replicarse en cualquier lugar no han considerado un punto clave: no es probable que las condiciones que le permitieron controlar a las pandillas en El Salvador se presenten en otras partes de América Latina.

Las pandillas de El Salvador son únicas y están lejos de ser como las organizaciones criminales más sólidas de la región. Durante décadas, unas cuantas pandillas se enfrentaron entre sí para conseguir el control de territorios y ganaron poder social y político. Pero, a diferencia de los cárteles en México, Colombia y Brasil, las pandillas de El Salvador no han sido actores importantes en el comercio global de drogas y habían estado más bien enfocadas en la extorsión. En comparación con estos otros grupos, contaban con finanzas limitadas y no tenían tanto armamento.

Bukele comenzó a desactivar a las pandillas mediante negociaciones con sus líderes, según algunos reportes periodísticos de investigación salvadoreños y una investigación criminal encabezada por un antiguo fiscal general (algo que el gobierno niega). Después, cuando Bukele comenzó a detener a sus soldados de a pie en redadas masivas que llevaron a muchas personas inocentes a las prisiones, las pandillas colapsaron.

La historia no sería tan sencilla en otras partes de América Latina, donde las organizaciones criminales tienen más dinero, tienen más conexiones internacionales y están mucho mejor armadas de lo que estaban las pandillas de El Salvador. Cuando otros gobiernos de la región han intentado acabar con los líderes de pandillas y cárteles, estos grupos no se han desmoronado. Han contraatacado, o bien han surgido nuevos grupos delictivos para llenar rápidamente el vacío, interesados en los enormes ingresos que ofrece el comercio de drogas. La guerra de Pablo Escobar contra el Estado en las décadas de 1980 y 1990 en Colombia, la reacción violenta de los cárteles a las acciones de las autoridades mexicanas desde mediados de la década de los 2000 y la respuesta violenta a las recientes medidas del gobierno de Ecuador contra las pandillas son solo unos cuantos ejemplos.

Además, El Salvador tenía fuerzas de seguridad más profesionales, que se comprometieron a acabar con las pandillas cuando Bukele las convocó, en comparación con algunos de sus vecinos. Un ejemplo es Honduras, donde, se ha reportado, la corrupción propiciada por las pandillas entre las fuerzas de seguridad es un problema muy profundo. Esta situación contribuyó al fracaso, desde un principio, de las acciones inspiradas en Bukele emprendidas por Castro. En otros países, como México, también se dice que los grupos delictivos han logrado cooptar a miembros de alto rango del ejército y la policía. En Venezuela, se ha informado que algunos funcionarios militares han tenido su propia operación de tráfico de drogas. Incluso si los mandatarios enviaran soldados y policías a realizar redadas masivas como las de Bukele, es posible que las fuerzas de seguridad no estén preparadas o tengan incentivos para socavar la misión.

Por último, Bukele enfrenta una oposición política muy disminuida, pues los dos partidos políticos tradicionales del país se han debilitado significativamente desde 2019 y, por lo tanto, no son capaces de contener las acciones del nuevo presidente para establecer control sobre las instituciones públicas. En muchos otros países de América Latina hay partidos políticos más sólidos o existen fuerzas de oposición que ayudarían a exigir una rendición de cuentas a un poder ejecutivo que pretendiera extender su control.

Si otros Bukeles en potencia intentan copiar lo que él ha hecho, es más probable que solo imiten el lado sombrío del modelo de El Salvador y no sus logros.

Los gobiernos podrían verse sumidos en el caos si se multiplican los grupos delictivos o contraatacan con violencia. Además, en el proceso podrían quitarle espacios a la sociedad civil y a la prensa, reducir la transparencia del gobierno, llenar con más detenidos las prisiones, que ya están abarrotadas, y debilitar a los tribunales. Históricamente, los presidentes de América Latina que no tienen un compromiso absoluto con la democracia ya han dado algunos de estos pasos, o todos ellos, para su beneficio político de cualquier manera. Combatir el crimen es la excusa perfecta.

A pesar de su éxito en la reducción de la delincuencia, el modelo de Bukele tiene un costo muy importante. Los imitadores deben tener cuidado: seguir el modelo de El Salvador no solo no funcionará, sino que, en el camino, intentar hacerlo podría causarle daños perdurables a la democracia.

Publicado en New York Times

 

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Agencias

Kremlin confirma muerte de líder opositor ruso Alexei Navalny

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EP New York | Política Mundial

MOSCOW, 16 de febrero  – El líder de la oposición más destacado de Rusia Alexei Navalny colapsó y murió el viernes después de un paseo en la colonia criminal ártica “Polar Wolf” donde estaba sirviendo a una larga duración de la cárcel, el Servicio penitenciario ruso dijo.

Navalny, un ex abogado de 47 años, se hizo un lugar de prominent hace más de una década con blogs sobre lo que dijo que era una gran corrupción y opulencia entre los “crooks y ladrones” de la élite de Rusia.

El Servicio Penitenciario Federal del Distrito Autónoma de Yamalo-Nenets dijo en un comunicado que Navalny se sintió mal después de un paseo en la colonia penal de IK-3 en Kharp, a unos 1.900 km (1.200 millas) al noreste de Moscú hacia el Círculo Ártico.

Él perdió la conciencia casi de inmediato, dijo. “Todas las medidas de reanificación necesarias se llevaron a cabo, que no dieron resultados positivos”, dijo el servicio penitenciario, añadiendo que se estaban estableciendo causas de muerte.

El Kremlin dijo que el presidente Vladimir Putin fue informado de la muerte, que trajo un torrente de indignación del oeste, algunos diciendo que el líder ruso tenía responsabilidad.

Los partidarios de Navalny dijeron que no podían confirmar que estaba muerto, pero que si lo era entonces creían que había sido asesinado.

Con información de Reuters

 

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Agencias

Putin exhorta a EE.UU. a que presione a Ucrania a mesa de diálogo

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EP New York. | Entrevista a Vladimir Putin | agencias

Putin exhorta a EEUU a que impulse a Ucrania a la mesa de diálogo

El presidente ruso Vladímir Putin aprovechó una entrevista con Tucker Carlson, expresentador de Fox News, para exhortar a Washington a reconocer los intereses de Moscú y persuadir a Ucrania de acudir a la mesa de negociaciones.

Putin también señaló que Rusia está dispuesta a negociar un posible intercambio de prisioneros en el que quedaría en libertad el reportero del Wall Street Journal Evan Gershkovich, quien fue detenido en marzo pasado por cargos de espionaje que él niega. También dejó entrever que Moscú quiere que uno de sus agentes detenido en Alemania sea excarcelado.

La mayor parte de la entrevista, dada a conocer el jueves, giró en torno a Ucrania, donde la guerra está a punto de cumplir dos años. Putin repitió sus afirmaciones de que su invasión a ese país —que Kiev y sus aliados consideran un acto de agresión no provocado— era necesaria para proteger a la población rusoparlante en Ucrania y evitar que esa nación se convirtiera en una amenaza para Rusia al unirse a la OTAN.

Putin se refirió al rechazo del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a negociar con el Kremlin. Alegó que depende de Washington dejar de suministrar armas a Ucrania y convencer a Kiev —al que llamó “satélite” de Estados Unidos— de sentarse a negociar.

“Nunca hemos rechazado negociar”, declaró Putin. “Le deberían decir al actual gobierno ucraniano que se detenga y acuda a la mesa de negociaciones”.

Putin advirtió que Occidente jamás tendrá éxito en infligir un “revés estratégico” a Rusia en Ucrania, y rechazó las acusaciones de que Moscú esté tramando planes para atacar a Polonia y otras naciones de la OTAN.

Fue la primera entrevista que Putin concede a una figura de la prensa occidental desde el inicio de su invasión a gran escala a Ucrania hace dos años.

El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, trató de minimizar el impacto de la entrevista de Carlson antes de que fuera transmitida: “Recuerden, están escuchando a Vladímir Putin. Y cualquier cosa que tenga que decir debe tomarse con un grano de sal”.

Putin ha limitado en gran medida su contacto con los medios internacionales desde que ordenó la invasión a Ucrania en febrero de 2022. Las autoridades rusas han restringido a la prensa independiente, obligando a que algunos medios rusos dejen de operar, bloqueando a otros y ordenando la salida del país de varios reporteros extranjeros. Dos periodistas de organizaciones noticiosas estadounidenses —Gershkovich de The Wall Street Journal y Alsu Kurmasheva de Radio Free Europe/Radio Liberty— se encuentran encarcelados.

Cuando Carlson le preguntó si Rusia liberaría a Gershkovich, Putin dijo que Moscú está abierto a las negociaciones, pero reiteró que el reportero se encuentra acusado de espionaje, cargo que Gershkovich ha negado.

“Fue detenido en flagrancia cuando estaba obteniendo secretamente información confidencial”, dijo Putin sobre Gershkovich, y aladió que no descarta que el reportero pudiese volver a su país.

“No existe un tabú para resolver el asunto”, dijo. “Estamos listos para resolverlo, pero existen ciertas condiciones que se discuten en estos momentos entre los servicios especiales. Pienso que se puede llegar a un acuerdo”.

Mencionó a un hombre que se encuentra encarcelado en un “país aliado de Estados Unidos” por “liquidar a un bandido” que mató a soldados rusos durante los combates en el Cáucaso: “Puso sobre un camino a nuestros soldados que habían sido tomados como prisioneros y luego condujo un vehículo sobre sus cabezas. Hubo un patriota que lo liquidó en una de las capitales europeas”.

Putin no mencionó nombres, pero parecía referirse a Vadim Krasikov, un ruso que cumple cadena perpetua en Alemania después de ser declarado culpable de asesinar a plena luz del día a Zelimkhan “Tornike” Khangoshvili, un ciudadano georgiano de etnia chechena en 2019.

Los jueces alemanes que condenaron a Krasikov dijeron que había actuado por órdenes de las autoridades federales rusas, quienes le dieron una identidad y pasaporte falsos y los recursos para llevar a cabo el ataque.

El Wall Street Journal reiteró en un comunicado que Gershkovich “es un periodista, y el periodismo no es un crimen”, añadiendo que “cualquier caracterización de lo contrario es ficción absoluta”.

“Nos entusiasma ver el deseo de Rusia de llegar a un acuerdo que traiga a Evan a casa, y esperamos que esto conduzca a su rápida liberación y regreso con su familia y a nuestra redacción”, indicó el periódico.

Con información de AP noticias.

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