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Agencias

Corte Suprema de EE.UU. pone fin a TPS para venezolanos

Francisco

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EP NEW YORK | FL NEWS | TPS

El 19 de mayo , la Corte Suprema permitió al gobierno de Donald Trump retirar, por el momento, la protección a casi 350.000 migrantes venezolanos a los que se había permitido permanecer en Estados Unidos sin riesgo de deportación en virtud de un programa conocido como Estatus de Protección Temporal.

La escueta orden de la corte no estaba firmada ni explicaba sus razones, algo habitual cuando los jueces se pronuncian sobre solicitudes de emergencia. No se incluyó el conteo de votos, aunque la jueza Ketanji Brown Jackson señaló que habría denegado la solicitud del gobierno.

Los jueces anunciaron que permitirían que el gobierno de Trump pusiera fin a las protecciones hasta que se apelara el caso, lo que potencialmente podría permitirle continuar con las deportaciones. Sin embargo, los jueces también aclararon que mantendrían la capacidad de los migrantes de presentar recursos legales en algunas instancias, como si el gobierno intentaba cancelar sus permisos de trabajo.

En un caso distinto, los jueces criticaron el viernes al gobierno de Trump por tratar de dar solo un día de notificación a un grupo diferente de migrantes venezolanos en Texas que había estado tratando de deportar con los poderes expansivos de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra del siglo XVIII. La gestión de Trump ha acusado a ese grupo de migrantes de ser miembros de la violenta banda Tren de Aragua.

La orden del lunes afecta a un grupo mucho más amplio de venezolanos que viven actualmente en Estados Unidos de forma legal bajo los términos de un programa de la era Biden.

La corte ha visto inundada con solicitudes derivadas del bombardeo de órdenes ejecutivas del presidente Trump, muchas de ellas buscando suspender o limitar fallos de tribunales que bloquean la agresiva agenda del gobierno, especialmente en materia de migración.

Ahilan Arulanantham, un abogado que representa a los migrantes que desafían al gobierno de Trump, calificó la decisión de la corte de “en verdad terrible”, especialmente porque fue anunciada “en una orden de dos párrafos sin ningún razonamiento”.

“Se trata de la mayor acción individual de privación de la condición de migrante a un grupo de no ciudadanos en la historia moderna de Estados Unidos”, dijo Arulanantham. “El impacto humanitario y económico de la decisión de la corte se sentirá de inmediato, y repercutirá por generaciones”.
<span;>Este caso comenzó en febrero, cuando Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, puso fin a una prórroga de 18 meses del Estatus de Protección Temporal que el gobierno de Joe Biden había concedido a los venezolanos. Las personas afectadas por el cambio presentaron una demanda, alegando que la medida violaba los procedimientos administrativos y estaba motivada por prejuicios raciales.

En marzo, el juez Edward M. Chen, del Tribunal Federal de Distrito de San Francisco, bloqueó los esfuerzos del gobierno por eliminar las protecciones mientras el caso avanzaba. Dijo que los demandantes habían demostrado que tenían probabilidades de éxito al demostrar que las acciones de Noem “no estaban autorizadas por la ley, eran arbitrarias y veleidosas, y estaban motivadas por una animadversión inconstitucional”.

Chen consideró que poner fin a la iniciativa causaría daños irreparables “a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia resultarían gravemente trastornados, costaría a Estados Unidos miles de millones en actividad económica y perjudicaría la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó la petición del gobierno de suspender el fallo de Chen.

El programa de Estatus de Protección Temporal, promulgado por el Congreso y convertido en ley por el presidente George H. W. Bush, permite a los migrantes de naciones que han sufrido desastres nacionales, conflictos armados u otras inestabilidades extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Trump ha intentado poner fin a las protecciones del programa, en un intento de cumplir su promesa electoral de deportar a millones de migrantes. Sus esfuerzos pretendían cancelar las protecciones para casi 350.000 personas a principios de abril, y para cientos de miles más a finales de este año.

En la solicitud de emergencia hecha por el gobierno, D. John Sauer, el procurador general, escribió que la ley por la que se creó el programa prohibía expresamente que los tribunales cuestionaran las decisiones del poder ejecutivo. Una disposición de la ley decía que no había “revisión judicial de ninguna determinación” relativa a “la designación o la terminación o prórroga de una designación de un Estado extranjero”.

Los abogados de los impugnadores respondieron que la ley que creó el programa limitaba estrictamente las terminaciones anticipadas de las protecciones, y añadieron que la acción de Noem no estaba autorizada por la ley. “En ninguna parte de la ley se concede a la secretaria autoridad para anular o rescindir una prórroga”, escribieron.
Añadieron que el planteamiento de Sauer “dejaría a los tribunales federales sin poder para detener incluso acciones flagrante e ilegalmente arbitrarias de las agencias, ya sea para restringir el Estatus de Protección Temporal o para ampliarlo”.

La Corte Suprema ha recibido otras solicitudes de emergencia relacionadas con las políticas migratorias de Trump. En una de ellas, el gobierno pidió a los jueces que le permitieran seguir adelante con un plan para revocar las protecciones contra la deportación de migrantes de cuatro países en crisis, en virtud de un programa conocido como libertad condicional humanitaria.

En otra, la corte ordenó al gobierno que facilitara el regreso de Kilmar Armando Abrego Garcia, quien había sido enviado por error a El Salvador, donde aún permanece.

Agencias

 

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Agencias

Entre fricciones políticas Nueva York conmemora 25 años del 9/11

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS | 9/11 , 25 AÑOS

Nueva York comenzó a conmemorar este viernes los 25 años de los peores atentados jamás perpetrados en suelo estadounidense, sin el presidente Donald Trump, y en medio del rechazo de conservadores a la presencia en la ceremonia del primer alcalde musulmán de la ciudad.

Trump optó por asistir a otra ceremonia, en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa y también blanco del ataque de 2001, en lugar de estar presente en la denominada “Zona Cero” de Nueva York, donde se encontraban las Torres Gemelas derribadas por dos aviones de línea secuestrados por la organización yihadista Al Qaeda.

A la ceremonia en el sur de Manhattan asisten el vicepresidente JD Vance y cuatro exmandatarios estadounidenses: Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton, los tres demócratas, así como el republicano George W. Bush, quien gobernaba el día en que los ataques causaron la muerte de casi 3.000 personas.

Junto a ellos ocupa un lugar destacado Zohran Mamdani, de 34 años, perteneciente al ala izquierda del Partido Demócrata y primer alcalde de la ciudad en prestar juramento sobre el Corán.

Los familiares de las víctimas comenzaron a leer la larga lista de nombres de los fallecidos en medio de una fuerte vigilancia policial.

“Cada año es un periodo muy difícil para nosotros, y este año aún más porque llegamos al hito de los 25 años”, declaró a la AFP John Fila, un bombero presente a unos cientos de metros durante otra ceremonia en Manhattan.

El disgusto de Giuliani

Tras los atentados, los actos antimusulmanes se dispararon en Nueva York y en el resto de Estados Unidos. La policía también reforzó la vigilancia de las comunidades musulmanas en nombre de la lucha contra el islamismo, a través de un programa que posteriormente fue abandonado.

En 2001, “por supuesto ya había una población musulmana en Nueva York, pero era menos numerosa y prácticamente no tenía peso político. Desde entonces, la situación ha cambiado considerablemente, tanto en la ciudad como a escala nacional”, señala a la AFP el politólogo Lincoln Mitchell.

Pese a ello, algunas voces conservadoras pidieron que Mamdani no asistiese a las conmemoraciones, entre ellas la de Rudy Giuliani, alcalde de Nueva York en el momento de los atentados y quien luego fue abogado de Donald Trump.

Giuliani se declaró ofendido por la presencia del joven mandatario en la “Zona Cero”. Con más de 100.000 firmas de respaldo, una petición lo acusa de estar asociado con personas “desdeñosas con las instituciones estadounidenses o insuficientemente críticas hacia las ideologías extremistas”, sin precisar cuáles.

Miembro de la pequeña formación Socialistas Democráticos, Mamdani es un militante comprometido con la causa palestina y muy crítico con Israel, al que acusa de haber perpetrado un “genocidio” en Gaza. Esta semana anunció la publicación de decenas de miles de documentos que revelan, según él, que la ciudad ocultó información sobre la toxicidad del aire tras los atentados contra el World Trade Center.

Además de las 2.977 personas fallecidas en Estados Unidos el día de los atentados, principalmente en Nueva York, más de 9.400 han muerto posteriormente a causa de enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas, según el programa federal de seguimiento médico.

“La gente enfermó porque los dirigentes en quienes confiaba le mintieron al asegurarle que podía respirar sin peligro un aire tóxico”, dijo Mamdani.

Entre quienes podrían ser señalados figuran Rudy Giuliani y Michael Bloomberg, elegido alcalde en noviembre de 2001.

Un recuerdo que se desvanece

Según SITE Intelligence Group, organismo especializado en la vigilancia de páginas web islamistas, Al Qaeda ha publicado imágenes de su jefe en el momento de los atentados, Osama bin Laden, y de su hijo Hamza, con motivo del aniversario.

Bin Laden fue abatido en 2011 en una operación estadounidense; su hijo, en 2019, de acuerdo con Trump.

Un cuarto de siglo después de los atentados, hay unos “100 millones de estadounidenses que aún no habían nacido o eran demasiado pequeños para recordarlos”, destaca Beth Hillman, presidenta del Museo y Memorial del 11 de Septiembre.

Enfocada por mucho tiempo en el “deber de la memoria”, la institución que dirige centra ahora sus esfuerzos en la transmisión y la educación, con testigos capacitados para hablar ante públicos que sólo conocieron los hechos por sus padres o en la escuela.

Agencias.

 

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Agencias

De la Espriella y Rubio firman “los acuerdos de Barranquilla”

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS | COLOMBIA

Barranquilla (Colombia), – El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dieron este martes un nuevo impulso a la relación bilateral con la lucha contra el narcoterrorismo y la reconstrucción del país tras el terremoto del mes pasado como base.

La reunión se llevó a cabo en la ciudad caribeña de Barranquilla, sede alterna de la Presidencia colombiana, y supuso la primera visita de un alto cargo de la Administración del presidente Donald Trump tras la investidura de De la Espriella el pasado 7 de agosto.

La visita simboliza la renovada sintonía entre las dos capitales y su alineamiento en estos asuntos claves.

Rubio dijo en una declaración que este encuentro augura una “época dorada” entre su país y Colombia, una “nueva etapa de cooperación que no tiene precedente”.

El secretario de Estado se mostró a favor de “restaurar las relaciones naturales” entre EE.UU. y Colombia tras la “distancia” de los cuatro años del izquierdista Gustavo Petro en la presidencia colombiana, que calificó de “desastre” para el país suramericano.

Durante la jornada, Colombia y Estados Unidos firmaron dos memorandos de entendimiento en el que expresaron su voluntad de cooperar en el desarrollo de energía nuclear de uso estrictamente civil y en el procesamiento de minerales críticos y tierras raras.

Ambos memorandos son parte de una estrategia de la Administración Trump, enfocada en potenciar el “renacimiento” de la energía nuclear civil y asegurar las reservas de minerales críticos para Washington ante la fuerte competencia en este ámbito con China.

‘Acuerdos de Barranquilla’

Durante su comparecencia, el presidente colombiano anunció los “acuerdos de Barranquilla”, una hoja de ruta bilateral con la que busca, con el apoyo de Estados Unidos, reconstruir el país tras el terremoto del pasado 10 de agosto y recuperar la economía. “De esta reunión ha surgido una hoja de ruta que hemos denominado ‘los Acuerdos de Barranquilla’, alrededor de tres grandes temas que resultan de sustantiva importancia para nuestro país y el hemisferio: reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”, expresó De la Espriella.

Esta iniciativa, añadió el mandatario, supone la atención de “enormes desafíos en vivienda, hospitales, colegios, carreteras, puentes, servicios públicos y capacidad productiva” provocado por el sismo, que deja hasta el momento 331 muertos y 4.505 heridos.

Por esa razón le propuso a Rubio trabajar “en mecanismos de cooperación, inversión y financiación, incluyendo a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (de Estados Unidos), a otras agencias y al sector privado”.

Además de los estragos causados por el terremoto, el nuevo Gobierno colombiano recibió el pasado 7 de agosto una economía con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del PIB en 2025 y una deuda pública que alcanzó un récord de 1.167 billones de pesos (unos 369.000 millones de dólares) al cierre del primer semestre, cifra equivalente al 60,5 % del producto interno bruto (PIB).

“Queremos traer inversión hacia los temas que tenemos de infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva. Colombia también hará su parte y haremos lo que tenemos que hacer frente a la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto, la seguridad jurídica y mejores condiciones para la inversión”, señaló De la Espriella.

Papel de Colombia en Venezuela

El presidente colombiano también prometió a Rubio que su Gobierno participará “responsablemente” en los esfuerzos para garantizar la estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza con Venezuela.

Esta es la primera declaración que hace el mandatario sobre Venezuela desde que asumió el cargo el pasado 7 de agosto, aunque en la campaña presidencial afirmó a EFE que un eventual Gobierno suyo no tendría ningún contacto con la Administración venezolana y todo lo relacionado con ese país se haría directamente con Estados Unidos.

“Colombia participará con los Estados Unidos responsablemente en los esfuerzos dirigidos a garantizar la estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza, en materia migratoria y de seguridad”, dijo De la Espriella este martes.

El mandatario precisó que para Colombia la realidad de Venezuela “no es un asunto distante”, al señalar que ambos países comparten una frontera de más de 2.000 kilómetros.

“Por supuesto, todo lo que pasa en Venezuela tiene consecuencias directas en Colombia en materia de seguridad, migración, narcotráfico, contrabando, organizaciones armadas y también energía”, concluyó el presidente.

AGENCIAS

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Agencias

De La Espriella toma posesión como presidente de Colombia en cantón militar de Cali

Francisco

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EP FLORIDA NEWS | posesión presidencial | Colombia

De la Espriella  promete recuperación del orden y lucha contra el crimen

El nuevo presidente de Colombia habla de “regeneración” y lucha contra el crimen. Discurso de posesión ante el batallón Pichincha de Cali.

El nuevo presidente colombiano, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, anunció este viernes megacárceles, lucha frontal contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales, fumigación a los cultivos ilícitos, fracking y protección a la fuerza pública, al advertir que su gobierno será de “regeneración”. “Le imparto desde aquí a las fuerzas militares y de policía la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales, sus integrantes, los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo que tienen dos caminos, someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública”, advirtió de la Espriella.

El Presidente habló desde el cantón militar Pichincha, en Cali, frente a los militares y luego de juramentarse en un acto político que se llevó a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. “Que no se equivoquen, El Tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano”, aseguró el mandatario.

De la Espriella sostuvo que “ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad” y, en ese orden, habló de la necesidad de dar inicio a un proceso de “regeneración”, una idea que en Colombia recuerda a un presidente conservador de finales del siglo XIX, que llevó al país al conservadurismo, la violencia política y la entrega a las creencias religiosas.

“Colombia reclama una regeneración moral en el ejercicio del poder, una regeneración institucional que devuelva fortaleza y autoridad al Estado, una regeneración administrativa que haga de la eficiencia y de la transparencia, de la transparencia, reglas inquebrantables del servicio público”, aseguró. El mensaje del mandatario se centró en el sentido de la “autoridad” y la “seguridad”, al sostener que “en mi gobierno se construirán megacárceles destinadas a recluir a quienes representan la mayor amenaza para la seguridad del pueblo”.

Al tiempo que les anunció a las tropas y a la Policía que su administración “los protegerá como se debe hacer con los héroes de Colombia” y les ofreció “todas las garantías jurídicas para que no sean perseguidos por cuenta del cumplimiento de su deber”. En ese punto, dirigió sus cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado en el acuerdo de paz con las extintas Farc en 2016 y donde se ha revelado, mediante testimonios, la participación de militares en asesinatos extrajudiciales, entre otros hechos.

“Respetaré el orden jurídico vigente sin que ello signifique renunciar al deber de revisar con absoluto rigor la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació desconociendo la voluntad popular. La reconciliación no se edifica sobre el olvido ni sobre la absolución ilegítima de la violencia”, afirmó de la Espriella sobre la JEP. Frente a la lucha contra el narcotráfico, mencionó que implementará “la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana”.

La erradicación de cultivos ilícitos mediante el uso de aspersión aérea fue condicionada por la Corte Constitucional, que exige una serie de requisitos que incluye la protección de la salud humana y del medioambiente. El mandatario entrante anunció además que implementará el fracking para elevar las reservas petroleras, un tema que genera debate político y que seguramente será asunto de disputa política con partidos de oposición y protectores del medio ambiente.

Aseguró que perseguirá a quienes cometieron delitos de corrupción, no solo mediante la denuncia ante los tribunales nacionales, sino que acudirá a la justicia internacional. Advirtió que erradicará la supuesta enseñanza en las aulas del país que no sea acorde con valores católicos y conservadores, al tiempo que habló de una “batalla cultural para recuperar el valor de la familia, la disciplina y la creencia en Dios”. “Prometo que trabajaré sin descanso para que al concluir este mandato Colombia pueda afirmar orgullosamente que la autoridad volvió a sentirse en cada rincón de la patria”, afirmó de la Espriella en su mensaje.

Con información de ANSA.

 

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