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Maduro responde ante recompensa de 15 mdd. Ofrecida por EE.UU. en su contra

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EP New York/agencias

Miami/El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró desafiante ante la recompense de 15 millones de dólares de Estados Unidos para que enfrente cargos por narcotráfico, calificó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de “cowboy racista” y advirtió que está listo para pelear con todos los medios necesarios si Washington y la vecina Colombia se atreven a invadir territorio venezolano.

Las combativas declaraciones de Maduro el jueves en la noche se produjeron horas después de que Estados Unidos anunció varios cargos contra el líder socialista y varios miembros de su círculo más cercano por convertir supuestamente a Venezuela en una empresa criminal al servicio de narcotraficantes y grupos terroristas.

Una de las imputaciones presentada por fiscales en Nueva York acusa a Maduro y a Diosdado Cabello, jefe del Partido Socialista y presidente de la Asamblea Constituyente, de asociarse con rebeldes colombianos y miembros del ejército “para inundar a Estados Unidos con cocaína” y utilizar el narcotráfico como “un arma en contra de Estados Unidos”.

Maduro, un exconductor de autobús reconvertido en icono de la izquierda latinoamericana, alegó que las acusaciones tenían motivaciones políticas. Dijo que ignoran el papel de Colombia, aliada de Washington, como la principal fuente de cocaína del mundo y el rol de Caracas facilitando las conversaciones de paz entre el gobierno de Bogotá y los rebeldes de ese país durante la última década.

“Eres un miserable, Donald Trump”, afirmó el mandatario venezolano durante un discurso televisado. “Él maneja las relaciones internacionales como un extorsionador de las mafias neoyorquinas que el dirigió como jefe de la empresa inmobiliaria”.

En sus declaraciones más duras contra Trump hasta la fecha, Maduro incluyó una amenaza para usar la fuerza militar: “Si un día el imperialismo y la oligarquía colombiana se atrevieran a tocarnos un pelo, prepárense para la furia bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ustedes”.

Antes en el día, el fiscal general de Venezuela anunció una investigación contra el líder opositor Juan Guaidó por tramar presuntamente un golpe de Estado con el general retirado Cliver Alcalá, quien tras ser nombrado en las acusaciones estadounidenses, dijo que había almacenado armas de asalto en Colombia para una incursión transfronteriza. Sin ofrecer evidencias, Maduro dio que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos estaba detrás de un plan de Alcalá para asesinarlo a él y a otros líderes políticos.

Las sorpresivas acusaciones en contra de un jefe de Estado en activo son sumamente raras y sin duda incrementarán las tensiones entre Washington y Caracas en momentos en que el brote de coronavirus amenaza con hacer colapsar el sistema de salud de Venezuela y a su economía petrolera, ya en una crisis por años de corrupción y por las sanciones de Washington. Maduro ha ordenado a los venezolanos que permanezcan en casa para contener la propagación del virus que, de acuerdo con las autoridades, ha infectado a 107 personas y se cobró su primera víctima mortal el jueves.

Los actos criminales relacionados a la confabulación de drogas y armas, que se remontan al inicio de la revolución comandada por Hugo Chávez en 1999, ocurrieron en lugares tan remotos como Siria, México, Honduras e Irán, de acuerdo con la acusación formal. Barr calculó que el plan ayudó a contrabandear hasta 250 toneladas de cocaína al año provenientes de Sudamérica.

“El régimen de Maduro está repleto de corrupción y delincuencia”, dijo el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, en una conferencia de prensa en línea desde Washington. “Mientras el pueblo venezolano sufre, estas personas se llenan los bolsillos con dinero del narcotráfico y con el producto de su corrupción. Y esto debe terminar”.

La difusión coordinada de acusaciones formales contra 14 funcionarios y personas vinculadas al gobierno, así como recompensas por 55 millones de dólares por Maduro y otras cuatro personas, atacaron todos los pilares de lo que Barr describió como el “corrupto régimen venezolano”, incluyendo las poderosas fuerzas armadas y el poder judicial, que están bajo el dominio del presidente.

En Miami, fiscales anunciaron cargos contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano Maikel Moreno por lavar en Estados Unidos al menos 3 millones de dólares obtenidos ilegalmente mediante el arreglo de casos en Venezuela, incluyendo uno sobre una planta de General Motors. Gran parte de ese dinero lo gastó en un avión privado, relojes de lujo y compras en Prada, aseguran los fiscales.

En una denuncia interpuesta en mayo de 2019 y desprecintada en Washington, se acusó al ministro de Defensa de Maduro, el general Vladimir Padrino, de asociación delictuosa para contrabandear narcóticos.

“Este anuncio es un importante revés para Maduro, quien ha estado manejando Venezuela como un estado mafioso, con una corrupción descontrolada, atrocidades generalizadas y absoluta impunidad”, dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. “Con esta acusación podría perder su aura de invencibilidad, de estar completamente por encima de la ley, lo cual es una muy buena noticia”.

Pero se desconoce cómo acercarían a Venezuela a poner fin a un enfrentamiento de 15 meses entre Maduro _quien cuenta con el apoyo de Rusia y China_ y Guaidó, quien es respaldado por Estados Unidos. También podría fragmentar la coalición que encabeza el gobierno estadounidense en contra de Maduro en caso de que sus aliados en Europa y Latinoamérica piensen que es un exceso por parte de Trump. Se estima que cinco millones de venezolanos salieron del país en los últimos años escapando de la hiperinflación y de la escasez generalizada de alimentos y fármacos.

“Redoblar la ofensiva contra el régimen de Maduro es una apuesta increíblemente peligrosa cuando la prioridad debería ser apuntar el decadente sistema de salud y evitar un éxodo migratorio aún peor”, señaló Ivan Briscoe, director de Crisis Group para América Latina. “Estos cargos de EEUU podrían significar un desastre para cualquier acercamiento, exponer a Guaidó a graves riesgos y parecer indiferentes al sufrimiento inmediato del pueblo de Venezuela”.

Maduro lleva años acusando al “imperio” estadounidense de buscar cualquier excusa para asumir el control de las mayores reservas petroleras del mundo, y ha comparado su conspiración con la invasión a Panamá en 1989 para derrocar al general Manuel Antonio Noriega y que enfrentara cargos por tráfico de drogas en Florida.

Barr y Elliott Abrams, enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, comandan la rígida postura estadounidense contra Maduro, de manera muy similar a como propugnaron por el derrocamiento de Noriega a finales de la década de 1980: Barr siendo un alto funcionario del Departamento de Justicia y Abrams en su papel de subsecretario de Estado para Latinoamérica.

Funcionarios estadounidenses también ven otras similitudes. Noriega transformó a Panamá en un paraíso para los violentos cárteles del narcotráfico internacional, mientras que el gobierno de Trump ha acusado a Maduro y a sus aliados de las fuerzas armadas de albergar a narcotraficantes, guerrilleros colombianos e incluso al Hezbollah, el cual ha sido designado grupo terrorista.

También han acusado a funcionarios gubernamentales y a empresarios bien relacionados de robar cientos de miles de millones de dólares de las arcas estatales, en su mayoría de la petrolera estatal PDVSA, que registra su producción más baja en siete décadas.

De cualquier forma, acusar a Maduro no fue sencillo. Por lo general, los líderes extranjeros en funciones gozan de inmunidad judicial de acuerdo con las leyes estadounidenses y las normas internacionales.

Pero Estados Unidos es uno de 60 países que ya no considera que Maduro sea jefe de Estado, a pesar de que permanece en el poder. En su lugar, reconoce a Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, como el mandatario legítimo de Venezuela después de que la reelección del socialista en 2018 se vio manchada por acusaciones de fraude y por un boicot opositor.

Investigadores en Miami, Nueva York, Houston y Washington recabaron la evidencia contra Maduro a lo largo de varios años, y fueron ellos quienes presentaron los cargos por narcotráfico, soborno internacional y lavado de dinero en contra de altos funcionarios venezolanos, miembros de las fuerzas armadas y empresarios vinculados al gobierno.

Para sorpresa de muchos, Maduro, quien fue elegido personalmente por Chávez como su sucesor, se ha aferrado obstinadamente al poder, resistiendo meses de manifestaciones callejeras el año pasado e incluso un levantamiento militar respaldado por Estados Unidos.

Por otra parte, Barr priorizó las investigaciones al círculo de allegados del presidente venezolano, según dos personas que hablaron bajo condición de anonimato a fin de revelar las discusiones internas del Departamento de Justicia.

La presión por actuar, según las fuentes, se desbordó más o menos al mismo tiempo que Guaidó visitó Washington en febrero pasado, cuando Trump lo elogió en el discurso del Estado de la Unión al llamarlo “un hombre muy valiente, que lleva consigo las esperanzas, sueños y aspiraciones de todos los venezolanos”.

Frank Mora, un exfuncionario del Pentágono, dijo que Estados Unidos está en lo correcto por condenar a Maduro y a otras personas por reprimir al pueblo, robar de las arcas del gobierno y convertir a Venezuela en un estado criminal.

Pero le preocupa que el objetivo de las acusaciones sea más el llegar a los votantes latinos en Florida que ayudar a atender la devastadora crisis en el país sudamericano.

“No vamos a ir allá a capturarlo”, dijo Mora, quien actualmente encabeza el instituto de estudios sobre Latinoamérica de la Universidad Internacional de Florida. “Esto no es sobre un cambio de régimen o restaurar la democracia en Venezuela. Es sobre política electoral”.


 

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Agencias

Entre fricciones políticas Nueva York conmemora 25 años del 9/11

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS | 9/11 , 25 AÑOS

Nueva York comenzó a conmemorar este viernes los 25 años de los peores atentados jamás perpetrados en suelo estadounidense, sin el presidente Donald Trump, y en medio del rechazo de conservadores a la presencia en la ceremonia del primer alcalde musulmán de la ciudad.

Trump optó por asistir a otra ceremonia, en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa y también blanco del ataque de 2001, en lugar de estar presente en la denominada “Zona Cero” de Nueva York, donde se encontraban las Torres Gemelas derribadas por dos aviones de línea secuestrados por la organización yihadista Al Qaeda.

A la ceremonia en el sur de Manhattan asisten el vicepresidente JD Vance y cuatro exmandatarios estadounidenses: Joe Biden, Barack Obama y Bill Clinton, los tres demócratas, así como el republicano George W. Bush, quien gobernaba el día en que los ataques causaron la muerte de casi 3.000 personas.

Junto a ellos ocupa un lugar destacado Zohran Mamdani, de 34 años, perteneciente al ala izquierda del Partido Demócrata y primer alcalde de la ciudad en prestar juramento sobre el Corán.

Los familiares de las víctimas comenzaron a leer la larga lista de nombres de los fallecidos en medio de una fuerte vigilancia policial.

“Cada año es un periodo muy difícil para nosotros, y este año aún más porque llegamos al hito de los 25 años”, declaró a la AFP John Fila, un bombero presente a unos cientos de metros durante otra ceremonia en Manhattan.

El disgusto de Giuliani

Tras los atentados, los actos antimusulmanes se dispararon en Nueva York y en el resto de Estados Unidos. La policía también reforzó la vigilancia de las comunidades musulmanas en nombre de la lucha contra el islamismo, a través de un programa que posteriormente fue abandonado.

En 2001, “por supuesto ya había una población musulmana en Nueva York, pero era menos numerosa y prácticamente no tenía peso político. Desde entonces, la situación ha cambiado considerablemente, tanto en la ciudad como a escala nacional”, señala a la AFP el politólogo Lincoln Mitchell.

Pese a ello, algunas voces conservadoras pidieron que Mamdani no asistiese a las conmemoraciones, entre ellas la de Rudy Giuliani, alcalde de Nueva York en el momento de los atentados y quien luego fue abogado de Donald Trump.

Giuliani se declaró ofendido por la presencia del joven mandatario en la “Zona Cero”. Con más de 100.000 firmas de respaldo, una petición lo acusa de estar asociado con personas “desdeñosas con las instituciones estadounidenses o insuficientemente críticas hacia las ideologías extremistas”, sin precisar cuáles.

Miembro de la pequeña formación Socialistas Democráticos, Mamdani es un militante comprometido con la causa palestina y muy crítico con Israel, al que acusa de haber perpetrado un “genocidio” en Gaza. Esta semana anunció la publicación de decenas de miles de documentos que revelan, según él, que la ciudad ocultó información sobre la toxicidad del aire tras los atentados contra el World Trade Center.

Además de las 2.977 personas fallecidas en Estados Unidos el día de los atentados, principalmente en Nueva York, más de 9.400 han muerto posteriormente a causa de enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas, según el programa federal de seguimiento médico.

“La gente enfermó porque los dirigentes en quienes confiaba le mintieron al asegurarle que podía respirar sin peligro un aire tóxico”, dijo Mamdani.

Entre quienes podrían ser señalados figuran Rudy Giuliani y Michael Bloomberg, elegido alcalde en noviembre de 2001.

Un recuerdo que se desvanece

Según SITE Intelligence Group, organismo especializado en la vigilancia de páginas web islamistas, Al Qaeda ha publicado imágenes de su jefe en el momento de los atentados, Osama bin Laden, y de su hijo Hamza, con motivo del aniversario.

Bin Laden fue abatido en 2011 en una operación estadounidense; su hijo, en 2019, de acuerdo con Trump.

Un cuarto de siglo después de los atentados, hay unos “100 millones de estadounidenses que aún no habían nacido o eran demasiado pequeños para recordarlos”, destaca Beth Hillman, presidenta del Museo y Memorial del 11 de Septiembre.

Enfocada por mucho tiempo en el “deber de la memoria”, la institución que dirige centra ahora sus esfuerzos en la transmisión y la educación, con testigos capacitados para hablar ante públicos que sólo conocieron los hechos por sus padres o en la escuela.

Agencias.

 

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Agencias

De la Espriella y Rubio firman “los acuerdos de Barranquilla”

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS | COLOMBIA

Barranquilla (Colombia), – El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dieron este martes un nuevo impulso a la relación bilateral con la lucha contra el narcoterrorismo y la reconstrucción del país tras el terremoto del mes pasado como base.

La reunión se llevó a cabo en la ciudad caribeña de Barranquilla, sede alterna de la Presidencia colombiana, y supuso la primera visita de un alto cargo de la Administración del presidente Donald Trump tras la investidura de De la Espriella el pasado 7 de agosto.

La visita simboliza la renovada sintonía entre las dos capitales y su alineamiento en estos asuntos claves.

Rubio dijo en una declaración que este encuentro augura una “época dorada” entre su país y Colombia, una “nueva etapa de cooperación que no tiene precedente”.

El secretario de Estado se mostró a favor de “restaurar las relaciones naturales” entre EE.UU. y Colombia tras la “distancia” de los cuatro años del izquierdista Gustavo Petro en la presidencia colombiana, que calificó de “desastre” para el país suramericano.

Durante la jornada, Colombia y Estados Unidos firmaron dos memorandos de entendimiento en el que expresaron su voluntad de cooperar en el desarrollo de energía nuclear de uso estrictamente civil y en el procesamiento de minerales críticos y tierras raras.

Ambos memorandos son parte de una estrategia de la Administración Trump, enfocada en potenciar el “renacimiento” de la energía nuclear civil y asegurar las reservas de minerales críticos para Washington ante la fuerte competencia en este ámbito con China.

‘Acuerdos de Barranquilla’

Durante su comparecencia, el presidente colombiano anunció los “acuerdos de Barranquilla”, una hoja de ruta bilateral con la que busca, con el apoyo de Estados Unidos, reconstruir el país tras el terremoto del pasado 10 de agosto y recuperar la economía. “De esta reunión ha surgido una hoja de ruta que hemos denominado ‘los Acuerdos de Barranquilla’, alrededor de tres grandes temas que resultan de sustantiva importancia para nuestro país y el hemisferio: reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”, expresó De la Espriella.

Esta iniciativa, añadió el mandatario, supone la atención de “enormes desafíos en vivienda, hospitales, colegios, carreteras, puentes, servicios públicos y capacidad productiva” provocado por el sismo, que deja hasta el momento 331 muertos y 4.505 heridos.

Por esa razón le propuso a Rubio trabajar “en mecanismos de cooperación, inversión y financiación, incluyendo a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (de Estados Unidos), a otras agencias y al sector privado”.

Además de los estragos causados por el terremoto, el nuevo Gobierno colombiano recibió el pasado 7 de agosto una economía con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del PIB en 2025 y una deuda pública que alcanzó un récord de 1.167 billones de pesos (unos 369.000 millones de dólares) al cierre del primer semestre, cifra equivalente al 60,5 % del producto interno bruto (PIB).

“Queremos traer inversión hacia los temas que tenemos de infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva. Colombia también hará su parte y haremos lo que tenemos que hacer frente a la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto, la seguridad jurídica y mejores condiciones para la inversión”, señaló De la Espriella.

Papel de Colombia en Venezuela

El presidente colombiano también prometió a Rubio que su Gobierno participará “responsablemente” en los esfuerzos para garantizar la estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza con Venezuela.

Esta es la primera declaración que hace el mandatario sobre Venezuela desde que asumió el cargo el pasado 7 de agosto, aunque en la campaña presidencial afirmó a EFE que un eventual Gobierno suyo no tendría ningún contacto con la Administración venezolana y todo lo relacionado con ese país se haría directamente con Estados Unidos.

“Colombia participará con los Estados Unidos responsablemente en los esfuerzos dirigidos a garantizar la estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza, en materia migratoria y de seguridad”, dijo De la Espriella este martes.

El mandatario precisó que para Colombia la realidad de Venezuela “no es un asunto distante”, al señalar que ambos países comparten una frontera de más de 2.000 kilómetros.

“Por supuesto, todo lo que pasa en Venezuela tiene consecuencias directas en Colombia en materia de seguridad, migración, narcotráfico, contrabando, organizaciones armadas y también energía”, concluyó el presidente.

AGENCIAS

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Agencias

De La Espriella toma posesión como presidente de Colombia en cantón militar de Cali

Francisco

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EP FLORIDA NEWS | posesión presidencial | Colombia

De la Espriella  promete recuperación del orden y lucha contra el crimen

El nuevo presidente de Colombia habla de “regeneración” y lucha contra el crimen. Discurso de posesión ante el batallón Pichincha de Cali.

El nuevo presidente colombiano, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, anunció este viernes megacárceles, lucha frontal contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales, fumigación a los cultivos ilícitos, fracking y protección a la fuerza pública, al advertir que su gobierno será de “regeneración”. “Le imparto desde aquí a las fuerzas militares y de policía la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales, sus integrantes, los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo que tienen dos caminos, someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública”, advirtió de la Espriella.

El Presidente habló desde el cantón militar Pichincha, en Cali, frente a los militares y luego de juramentarse en un acto político que se llevó a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. “Que no se equivoquen, El Tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano”, aseguró el mandatario.

De la Espriella sostuvo que “ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad” y, en ese orden, habló de la necesidad de dar inicio a un proceso de “regeneración”, una idea que en Colombia recuerda a un presidente conservador de finales del siglo XIX, que llevó al país al conservadurismo, la violencia política y la entrega a las creencias religiosas.

“Colombia reclama una regeneración moral en el ejercicio del poder, una regeneración institucional que devuelva fortaleza y autoridad al Estado, una regeneración administrativa que haga de la eficiencia y de la transparencia, de la transparencia, reglas inquebrantables del servicio público”, aseguró. El mensaje del mandatario se centró en el sentido de la “autoridad” y la “seguridad”, al sostener que “en mi gobierno se construirán megacárceles destinadas a recluir a quienes representan la mayor amenaza para la seguridad del pueblo”.

Al tiempo que les anunció a las tropas y a la Policía que su administración “los protegerá como se debe hacer con los héroes de Colombia” y les ofreció “todas las garantías jurídicas para que no sean perseguidos por cuenta del cumplimiento de su deber”. En ese punto, dirigió sus cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado en el acuerdo de paz con las extintas Farc en 2016 y donde se ha revelado, mediante testimonios, la participación de militares en asesinatos extrajudiciales, entre otros hechos.

“Respetaré el orden jurídico vigente sin que ello signifique renunciar al deber de revisar con absoluto rigor la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació desconociendo la voluntad popular. La reconciliación no se edifica sobre el olvido ni sobre la absolución ilegítima de la violencia”, afirmó de la Espriella sobre la JEP. Frente a la lucha contra el narcotráfico, mencionó que implementará “la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana”.

La erradicación de cultivos ilícitos mediante el uso de aspersión aérea fue condicionada por la Corte Constitucional, que exige una serie de requisitos que incluye la protección de la salud humana y del medioambiente. El mandatario entrante anunció además que implementará el fracking para elevar las reservas petroleras, un tema que genera debate político y que seguramente será asunto de disputa política con partidos de oposición y protectores del medio ambiente.

Aseguró que perseguirá a quienes cometieron delitos de corrupción, no solo mediante la denuncia ante los tribunales nacionales, sino que acudirá a la justicia internacional. Advirtió que erradicará la supuesta enseñanza en las aulas del país que no sea acorde con valores católicos y conservadores, al tiempo que habló de una “batalla cultural para recuperar el valor de la familia, la disciplina y la creencia en Dios”. “Prometo que trabajaré sin descanso para que al concluir este mandato Colombia pueda afirmar orgullosamente que la autoridad volvió a sentirse en cada rincón de la patria”, afirmó de la Espriella en su mensaje.

Con información de ANSA.

 

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