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Conversaciones privadas entre EE.UU y Diosdado Cabello estarían negociando salida del régimen socialista

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EP New York/ agencias

BOGOTÁ/ De acuerdo a incestigaciones de la agencia de prensa AP , Estados Unidos ha iniciado comunicaciones secretas con el líder socialista Diosdado Cabello mientras funcionarios cercanos al presidente Nicolás Maduro intentan obtener garantías de que no sufrirán represalias si ceden a las crecientes demandas para que deje el poder, dijo un alto funcionario gubernamental estadounidense a The Associated Press.

Cabello, considerado el hombre más poderoso de Venezuela después de Maduro, se reunió el mes pasado en Caracas con una persona que está en contacto cercano con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, señaló el funcionario. Se está organizando una segunda reunión, pero aún no se ha llevado a cabo.

La AP no está revelando el nombre del intermediario ni los detalles sobre el encuentro con Cabello por temores a que esa persona pudiera sufrir represalias. El funcionario estadounidense habló a condición de guardar el anonimato porque no está autorizado a declarar sobre los contactos, que aún son preliminares. Se desconoce si Maduro aprobó dichos contactos o no.

Cabello ejerce mucho poder dentro de Venezuela, y su influencia en el gobierno y en las fuerzas de seguridad ha aumentado a medida que el poder de Maduro se ha debilitado. Pero las autoridades estadounidenses también han acusado a Cabello de estar detrás de enormes actos de corrupción, narcotráfico e incluso amenazas de muerte hacia un senador estadounidense en funciones.

El funcionario estadounidense dijo que bajo ninguna circunstancia Washington intenta promover a Cabello ni facilitar el camino para que sustituya a Maduro. En lugar de eso, la meta del contacto es incrementar la presión sobre el régimen al contribuir con la lucha que Estados Unidos cree está ocurriendo tras bambalinas entre círculos de poder rivales dentro del partido gobernante.

Se están llevando a cabo contactos similares con otros altos funcionarios venezolanos, señaló el funcionario estadounidense, y la Casa Blanca está limitándose a escuchar qué se requeriría para que traicionen a Maduro y respalden un plan de transición.

Cabello no respondió a una solicitud de comentarios.

Sin embargo, un asesor de Cabello dijo que Estados Unidos ha estado realizando crecientes y desesperados intentos por contactarlo. El asesor rechazó la idea de que el dirigente socialista estuviera traicionando a Maduro de alguna forma, y dijo que Cabello sólo se reuniría con estadounidenses contando con el permiso del presidente y si ello contribuye a que Washington cancele las sanciones que él responsabiliza de doblegar a la economía venezolana, fuertemente dependiente del petróleo. El asesor habló a condición de guardar el anonimato porque carece de autorización para declarar públicamente sobre asuntos políticos.

Una persona al tanto del encuentro en julio dijo que Cabello parecía tener amplios conocimientos y llegó bien preparado a la reunión con el enviado respaldado por Estados Unidos, con una comprensión clara de los problemas políticos de Venezuela. La persona también habló a condición de guardar el anonimato porque no tiene autorización para declarar sobre el asunto.

A medida que la crisis de Venezuela se alarga, ha surgido un patrón predecible en el que Juan Guaidó, al que Estados Unidos y docenas de otros países reconocen como presidente legítimo de Venezuela, no ha logrado granjearse el respaldo de las fuerzas armadas y con ello ascender al poder. A la vez Maduro carece de fuerza suficiente para aprehender a su rival o rescatar la maltrecha economía en medio de sanciones estadounidenses cada vez más intensas. Este mes, Washington aplicó una nueva ronda de sanciones que incauta todos los activos del gobierno de Maduro en Estados Unidos y amenaza con penalizar a compañías de terceros países que continúen realizando negocios con él.

Las conversaciones patrocinadas por Noruega entre la oposición y el gobierno han avanzado lentamente y fueron suspendidas este mes por Maduro, que acusó a Guaidó de celebrar el “bloqueo brutal” de Estados Unidos. Ni Cabello, ni las fuerzas armadas venezolanas ni la Casa Blanca están participando en esas conversaciones.

A fin de salir del estancamiento, algunos conspiradores pretenden que Estados Unidos conciba un plan que proteja de un eventual enjuiciamiento a los miembros del gobierno que le den la espalda a Maduro. Washington ha reiterado que ofrecería alivio de sanciones a altos miembros del gobierno socialista si toman “medidas concretas y significativas” para poner fin al régimen de Maduro. En mayo pasado, levantó rápidamente las penalizaciones al exjefe de espionaje de Maduro, el general Manuel Cristopher Figuera, después de que desertó durante un fallido levantamiento militar.

Como jefe de la Asamblea Nacional Constituyente, Cabello tiene la autoridad para destituir a Maduro, un cargo que podría ser útil en cualquier transición negociada. Pero hasta el momento ha dirigido a la institución, a la que Estados Unidos considera ilegítima, como una herramienta para frenar automáticamente las iniciativas del Congreso de mayoría opositora, y sin dar muestra de una posible deserción.

No está claro quién inició contactos con Cabello. Pero un funcionario estadounidense señaló que el dirigente socialista está hablando a espaldas del asediado Maduro a pesar de sus despliegues casi diarios de lealtad y sus frecuentes arengas en contra de Trump.

Un político opositor al que se le informó del contacto dijo que el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino, y el ministro del Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, son algunos de los funcionarios que han tenido contacto indirecto con los estadounidenses, resaltando el grado al que Maduro está rodeado de conspiradores incluso después de que un levantamiento militar orquestado por la oposición en abril pasado fue sofocado fácilmente. El político habló a condición de guardar el anonimato debido a que no está autorizado a declarar sobre el tema. La AP no pudo verificar de manera independiente la versión del político opositor.

Cabello, de 56 años, ha sido percibido desde hace tiempo como rival de Maduro, alguien que cuenta con posturas económicas más pragmáticas y cuya ideología no están tan apegada con la de la Cuba comunista. Se sentó a la derecha de Hugo Chávez cuando el difunto mandatario socialista designó a Maduro, sentado a su izquierda, como su sucesor en su última aparición pública antes de morir a consecuencia de un cáncer en 2013.

Al parecer, Cabello no formó parte de los funcionarios de alto rango que participaron en la conspiración para destituir a Maduro en abril, cuando Guaidó y su mentor Leopoldo López aparecieron en un puente del este de Caracas rodeados de un pequeño contingente militar. Desde el fallido levantamiento, la influencia del ex teniente del ejército sobre el gobierno y las fuerzas armadas ha ido en aumento, con la designación de aliados cercanos al frente del ejército y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la temida policía política.

Además sigue siendo popular entre la base chavista, luego de que en los últimos cinco años ha llegado a todo el país con un programa en la televisión estatal que goza de una elevada audiencia y a través del cual arremete contra la oposición y Estados Unidos.

“Saludo solidario al hermano presidente”, dijo en su más reciente transmisión, en la que Maduro participó vía telefónica como invitado especial. “Aquí nosotros no tenemos ni secretos ni tenemos mentiras, cada vez que vamos haciendo algo se lo vamos informando a nuestro pueblo, nuestro pueblo es un pueblo consciente, informado, que toma decisiones y fija posiciones”.

No es la primera vez que Estados Unidos intenta negociar con Cabello. En 2015, Thomas Shannon, que en ese entonces fungía como asesor del secretario de Estado John Kerry, se reunió con Cabello en Haití para allanar el camino a las elecciones legislativas, en las que la oposición se impuso por amplio margen.

Pero hasta ahora, el gobierno de Trump ha demostrado un profundo desdén hacia Cabello, imponiéndole sanciones el año pasado por supuestamente organizar el trasiego de drogas y dirigir una enorme red de sobornos a través de la cual se malversaron fondos estatales, e invertir los fondos robados en bienes raíces en Florida. Estados Unidos también cree que Cabello analizó un plan para asesinar al senador republicano por Florida, Marco Rubio, quien lo llamó el “Pablo Escobar de Venezuela”.

“Cabello es uno de los peores entre los peores dentro de Venezuela”, dijo Fernando Cutz, exasesor de seguridad nacional en Latinoamérica en los gobiernos de Barack Obama y Trump. “Si la estrategia es intentar negociar con el jefe de la mafia, tienen al tipo indicado. Pero esa estrategia conlleva grandes riesgos”.

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Goodman está en Twitter como: https://twitter.com/APjoshgoodman

 

 

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Pedro Castillo proclamado oficialmente presidente de Perú

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EP New York/agencias

LIMA — Pedro Castillo, profesor izquierdista de una escuela rural, ganó el lunes la presidencia de Perú tras el más prolongado conteo electoral en 40 años y por apenas 44.000 votos sobre la derechista Keiko Fujimori, quien recibió el apoyo de los empresarios y los medios de comunicación.

Las autoridades electorales proclamaron su triunfo un mes y medio después de los comicios del 6 de junio, luego de que se desecharan las acusaciones de fraude impulsadas por Fujimori. Tras el conteo del 100% de los sufragios, Castillo se ubicó primero con 50.126%, por encima de Fujimori, quien obtuvo 49.874%. El presidente electo asumirá el puesto el 28 de julio, en que se celebra el Bicentenario de Perú.

“Ha llegado el momento de llamar a todos los sectores de la sociedad para construir unidos, en este Bicentenario, un Perú inclusivo, un Perú justo, un Perú Libre. Sin discriminación y por los derechos y todos y todas”, dijo Castillo en su cuenta de Twitter.

Dirigió también su convocatoria a “los pueblos afro, costeños, andinos y amazónicos, a la clase trabajadora y sus gremios, a las comunidades nativas, campesinas y a toda la sociedad para hacer de esta patria hermosa. Hoy, hermanas y hermanos, inicia una nueva etapa en nuestra historia”.

Empuñando un lápiz del tamaño de un bastón, símbolo de su partido marxista Perú Libre, popularizó una frase atractiva —“no más pobres en un país rico”— entre los empobrecidos del país con la mayor tasa global de mortalidad per cápita por coronavirus y segundo productor mundial de cobre.

Castillo promete usar los ingresos de la minería y los hidrocarburos para mejorar los servicios públicos, entre ellos la salud y la educación, luego de que la pandemia puso al descubierto su pésima calidad y dejó en la pobreza a unas 10 millones de personas, casi la tercera parte de los habitantes del país, haciendo retroceder los avances de una década.

“Los que no tienen carro al menos una bicicleta deben llegar a tener”, dijo Castillo, de 51 años, a The Associated Press a mediados de abril en su casa de adobe en Anguía, el tercer distrito más pobre de Perú, en una de las escasas entrevistas otorgadas a medios internacionales.

Desde mayo moderó sus primeras propuestas sobre nacionalizar multinacionales mineras y de gas natural. Su asesor económico, Pedro Francke, afirmó en julio que evalúan subir los impuestos a las ganancias debido a los altos precios del cobre, que superan los 10.000 dólares la tonelada.

Los historiadores dicen que es el primer campesino que llega a la presidencia en 200 años de independencia en un país que fue colonia de España de 1542 a 1821 y donde hasta ahora los indígenas reciben casi siempre lo peor de los deficientes servicios públicos, a pesar de que la nación se jactó de ser la estrella económica de América Latina en las primeras dos décadas del siglo XXI.

“No existen casos de una persona desvinculada con las élites profesionales, militares o económicas que llegue a la presidencia”, dijo Cecilia Méndez, historiadora peruana especializada en el papel del campesinado y profesora de la Universidad de California-Santa Bárbara, en declaraciones a Ideeleradio.

Castillo ganó con los empresarios en contra. Roque Benavides, empresario minero, dijo a la televisora Latina que los mensajes del presidente electo han sido erráticos, “un día diciendo una cosa y otro día otra cosa”. El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, declaró que el presidente electo “representa la desaparición de la democracia y la libertad en el Perú”.

Militares jubilados enviaron una carta al jefe de las Fuerzas Armadas pidiéndole no respetar el triunfo del izquierdista, y Fujimori dijo horas antes que aceptará la victoria de Castillo, pero que es “ilegítima” porque ganó con “fraude”. No pudo probar dicha acusación, pero ésta frenó la designación luego que Fujimori pidiera anular miles de votos favorables al profesor, sobre todo en comunidades indígenas y pobres de los Andes que sufragaron de forma abrumadora por él.

“Invoco… a la señora Fujimori a que no pongamos… más obstáculos para sacar adelante al país”, le pidió Castillo poco después de ser declarado presidente electo frente a cientos de seguidores en su sede de campaña en el centro de Lima.

Estados Unidos, la Unión Europea y 14 misiones electorales determinaron que las elecciones fueron limpias. Washington consideró a los comicios un “modelo de democracia” para la región.

Steven Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard, dijo a radio Exitosa que Castillo llega “muy débil” y en algún sentido es “muy parecido” a Salvador Allende cuando accedió al poder en Chile en 1970, así como a Joao Goulart, quien llegó a la presidencia de Brasil en 1961. “Tiene casi todo el establishment de Lima en su contra”, indicó el experto en política latinoamericana.

Levitsky añadió que, si Castillo intenta cambiar la Constitución de Perú –promulgada en 1993 por el encarcelado expresidente Alberto Fujimori, padre de Keiko Fujimori, y defendida por empresarios y políticos de derecha– “sin construir un consenso, (sin) alianzas con partidos de centro, sería muy peligroso porque sería una justificación para un golpe” de Estado.

Castillo reafirmó el sábado que su gestión impulsará un cambio en la Constitución para “terminar con la histórica discriminación que sufren nuestros pueblos andinos, amazónicos, afrodescendientes y nuestras poblaciones vulnerables a la violencia machista, clasista y racista”.

Según los expertos, a Castillo no le será fácil lograr reescribir la Constitución porque necesitaría un fuerte respaldo en el Congreso unicameral, pero no cuenta con los votos suficientes para abrir la primera llave, la cual consiste en modificar un artículo de la actual carta magna para incluir que ésta puede ser cambiada mediante una Asamblea Constituyente.

Cientos de peruanos de diversas regiones acamparon desde hace más de un mes frente al Tribunal Electoral en Lima para esperar la proclamación de Castillo. Muchos vienen con su propio dinero y no pertenecen al partido del profesor, pero confían en él porque “no será como los otros políticos que no han cumplido sus promesas y no defienden a los pobres”, dijo Maruja Inquilla, activista ambiental que llegó desde un pueblo cercano al Titicaca, el lago mítico de los incas.

El presidente electo trabajó los últimos 25 años como maestro de primaria en su natal San Luis de Puña, una remota aldea de Cajamarca, región norteña donde en 1533 el último líder inca, Atahualpa, ofreció a cambio de su libertad dos cuartos repletos de plata y uno de oro a sus secuestradores españoles, que incumplieron el pacto y lo asesinaron.

“Cajamarca es el lugar donde se ha pagado el precio más caro por la libertad”, reflexionó Castillo en abril mientras recogía camotes de su huerta. Usaba sandalias de caucho y sombrero de ala ancha, como los campesinos de su comunidad donde el 40% de los niños padecen desnutrición crónica y más de la mitad apenas tiene educación primaria.

A diferencia de otros sindicalistas que antes de llegar a la presidencia fueron diputados, como Evo Morales en Bolivia o Luiz Inácio Lula da Silva, que se postuló tres veces antes de gobernar Brasil, Castillo alcanzó el máximo cargo en su primera apuesta, sin haber ejercido cargos públicos.

En 2017 lideró la mayor huelga de maestros en 30 años en busca de mejores sueldos y, aunque no logró mejoras sustanciales, se sentó a conversar con ministros, legisladores y burócratas. Así empezó a entender el mecanismo interno de las negociaciones con el poder.

En 20 años los peruanos fueron testigos que la experiencia previa o los títulos universitarios de sus cinco expresidentes no sirvieron para luchar contra la corrupción, el problema nacional que más preocupa después del coronavirus, según los sondeos. Todos los exmandatarios están siendo investigados por la fiscalía por posibles coimas ligadas a obras de infraestructura de la constructora Odebrecht u otras empresas.

Castillo recordó que el primer giro de su vida ocurrió una noche siendo niño, cuando su maestro persuadió a su padre para que le permitiera acabar su educación primaria en una escuela a dos horas de casa. Ambos adultos masticaban hojas de coca, costumbre andina para disminuir el cansancio.

“Pedro debe seguir estudiando”, declaró el maestro, según el presidente electo.

“Ha sufrido mucho en su niñez”, dijo después su esposa, la profesora Lilia Paredes, de 48 años, mientras lavaba los platos y las ollas en su casa junto a sus hijos Arnold, de 16 años y Alondra, de 9. A diferencia de los hijos de los presidentes de los últimos 40 años, que han estudiado en colegios privados y costosos, los hijos de Castillo asisten a la escuela pública.

Se acostumbró a largas caminatas. Llegaba al aula de clases “con mis llanques” (sandalias campesinas), con una alforja de lana en el hombro, un cuaderno y un almuerzo consistente en camotes o tamales que se enfriaban con las horas, dijo de sí mismo Castillo. “Era el alumno que venía de lejos”, recordó.

Agregó que su vida quedó marcada por el trabajo que realizó de niño junto a sus ocho hermanos, pero también por el recuerdo del trato de siervos sin tierra que recibieron sus padres analfabetos que vivían en los dominios del hacendado Juan Herrera en San Luis de Puña. Lloró cuando recordó que, si no pagaban el arriendo, el hacendado se quedaba con las mejores cosechas.

“Te quedabas mirando lo que habías sembrado, te agarrabas el estómago, y eso no lo voy a olvidar. Tampoco lo voy a perdonar”, dijo.

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Cuba en tensa calma tras masivas protestas

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EP New York/ Agencias

WASHINGTON,  – Miles de personas de todas las extracciones y capas sociales, revolucionarios y opositores, salieron a las calles en más de 25 ciudades cubanas, acusando al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel de hacer poco y nada contra la endémica crisis económica que está poniendo de rodillas a toda la población.

Con eslóganes como “Abajo la dictadura”, “Basta de morir de hambre” y “Libertad”, hacía 30 años que en Cuba no se veían manifestaciones tan imponentes contra el régimen comunista.

Una protesta nacida al ritmo de las redes sociales, con el hashtag #SOSCuba convertido en el símbolo de la revuelta, con enfrentamientos, cientos de arrestos y un ingente despliegue de las fuerzas del orden, incluyendo los hombres de las fuerzas especiales.

Las autoridades cubanas, repitiendo un guion que es el mismo desde hace décadas, atribuyen las culpas de toda dificultad al embargo económico y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace décadas, desde los tiempos de la revolución de Fidel Castro.

Pero el golpe de gracia para los cubanos llegó de la pandemia, con el turismo -fuente de ingresos principal del país- reducido al mínimo o a cero, y un ejército de desocupados que crece cada día más.

La imagen símbolo de las dificultades de la población de la isla es la de las larguísimas e interminables colas que muchísimas personas deben hacer cada día para conseguir bienes de primera necesidad como alimento, agua, medicinas, papel higiénico.

Una situación insostenible que hizo estallar la rabia y que corre el riesgo de transformarse también en una nueva crisis internacional, alimentando las tensiones sobre el eje entre Washington y Moscú, y poniendo en riesgo las relaciones entre Estados Unidos y gran parte del mundo latinoamericano.

“Estados Unidos tienen todo el interés en provocar desórdenes sociales”, acusó Díaz-Canel, el primer gobernante de la isla, desde los tiempos de la revolución, que no pertenece a la familia Castro.

Díaz-Canel sucedió hace tres años a Raúl Castro, hermano menor de Fidel, que llegó a estrechar la mano de Barack Obama, despertando esperanza por primera vez en más de 60 años en una posibilidad de “deshielo”.

Esperanzas luego heladas por la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
Ahora, con Joe Biden que hasta ahora no dio paso alguno hacia La Habana, los tonos vuelven a ser los de la Guerra Fría: no somos una dictadura -dijo el presidente cubano- y detrás de todo esto está solo el sueño de poner fin a la revolución cubana.

Pero no permitiremos a nadie manipular nuestra situación, ni admitiremos que cualquier mercenario vendido a Estados Unidos provoque una desestabilización en Cuba.

Rápida la respuesta de Biden, que advirtió al gobierno de La Habana sobre la represión de las protestas con la fuerza y la violencia, invitándolo a escuchar a su pueblo.

“Un pueblo -dijo- que está pidiendo valerosamente el reconocimiento de derechos fundamentales y universales después de décadas de represión y de sufrimientos económicos debidos a un régimen autoritario”.

“Derechos -recargó las tintas Jack Sullivan, consejero de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional- que deben ser respetados y que comprenden el de protestar pacíficamente y determinar libremente su futuro”.

La Casa Blanca no tiene ninguna autoridad política y moral para hablar de Cuba, replicó el ministro de Exteriores cubano Bruno Rodríguez.

Mientras tanto, una advertencia a Estados Unidos llegó también desde Rusia, aliada histórica de Cuba: “Consideramos inaceptable que haya una interferencia externa en los asuntos internos de un Estado soberano, o cualquier acción destructiva que aliente la desestabilización de la situación en la isla”, dijo la vocera del ministerio de Exteriores, Maria Zakharova.

Y hubo una advertencia a Estados Unidos también de parte de los vecinos mexicanos, cuyo presidente Manuel López Obrador puso en guardia sobre eventuales injerencias y tentaciones de intervención. (ANSA).

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CIDH hace sugerencias sobre violencia en Colombia pero gobierno las rechaza

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EP New York/Colombia

Una de las principales sugerencias de la CIDH a Colombia fue la de “promover y reforzar” un “diálogo nacional genuino” de carácter regional que permita a “todos los sectores” ser escuchados, en particular los “más afectados por discriminación histórica, social y estructural en el país”.

Además de dialogar, la Comisión le propuso al Estado hacer lo necesario para “reforzar la confianza” ciudadana y evitar a toda costa la estigmatización hacia los manifestantes por parte de funcionarios.

La Comisión de la CIDH estuvo en “visita de trabajo” entre el 8 al 10 de junio, tiempo durante el cual recibió 302 testimonios y escuchó a mas de 500 personas, incluidos funcionarios, víctimas y organizaciones civiles.

Producto de la recolección de esos testimonios y entrevistas, la Comisión llegó a la conclusión de que “la respuesta del Estado” al estallido social “se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”.

Aunque la CIDH citó varias cifras y balances de víctimas en las protestas tomadas de diferentes fuentes, los datos solos suministrados por la Fiscalía y otros despachos oficiales respecto de lo que ocurrió entre el 28 de abril y el 5 de mayo son espeluznantes.

Al menos 51 muertos, 21 de ellos en el marco del paro nacional, unos 1.113 civiles lesionados, de acuerdo a datos que entregó la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, además de 18 personas con lesiones oculares, según la Defensoría del Pueblo.

Tras esos datos, una de las recomendaciones del organismo fue pedirle al Estado “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”.

Frente a la violencia policiaca, la CIDH sugirió separar esa institución del Ministerio de Defensa, a fin de que se “consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos” y evitar “toda posibilidad de perspectivas militares”.

Respecto de los bloqueos de vías, el tema por el que se decantó el gobierno de Iván Duque frente a todo lo ocurrido en las semanas de protestas, la Comisión recomendó al Estado “abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas”.

Ante ese panorama y las cifras expuestas en su informe, la CIDH anunció la “instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad”.

Las respuestas de Bogotá no se hicieron esperar.

En un comunicado, Cancillería dijo que coincidía con “algunas de las observaciones” hechas por la Comisión, pero se apartó de la posibilidad de que se establezca el mecanismo de observación de derechos humanos al advertir que no es necesario, dado que el Estado posee una “institucionalidad” “robusta”, “sólida” y democrática.

Sobre la separación de la policía del ministerio de Defensa, Bogotá precisó que la Constitución establece que esa institución es “un cuerpo armado permanente de naturaleza civil”, lo cual ahuyenta, según la visión oficial, la preocupación del enfoque militar.

También rechazó la “sugerencia del presunto uso de la fuerza contra poblaciones específicas”, que fue explícita en el informe, sumado a la “estigmatización estructural” y criticó que algunas de las cifras citadas no hubiesen sido contrastadas, ni tuvieran fuentes.

“El gobierno difiere en que los bloqueos (llamados por la CIDH “cortes de ruta”), constituyan en general una forma legítima de manifestación y que sólo en casos concretos el Estado pueda actuar”, agregó en su respuesta del ministerio de Exteriores.

El presidente Duque también se manifestó al respecto, al sostener que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”, al reiterar que “los actos” de “vandalismo”, de “terrorismo urbano de baja intensidad” y los “bloqueos que atentan en contra de los derechos de los ciudadanos”. (ANSA).

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