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Educación en Colombia , otro gran problema ligado a la corrupción política del país
La corrupción, la impunidad reinante en el país, el fracaso del sistema judicial y la escasa credibilidad de la sociedad colombiana en su sistema político, como fruto de lo detallado anteriormente, tienen mucho que ver con la profunda crisis moral que padece el país desde hace décadas debido, sobre todo, al fracaso de su sistema educativo, si es que realmente es merecedor de ese nombre.
Por: Ricardo Angoso
La corrupción se ha hecho algo presente, casi natural, en la sociedad colombiana, como si ya la ciudadanía se hubiera acostumbrado a la misma y la viera como un mal consustancial a nuestra clase política pero también a todos los sectores y estratos sociales, permeando todas las instituciones, empresas, organizaciones y, lo que es más grave, a todo el tejido de la sociedad civil. El problema no es sólo económico, ya que la corrupción genera pobreza, mal empleo de unos recursos públicos que podrían ser invertidos en educación y salud, el pesimismo en una sociedad que ya no cree en sus líderes, que deberían ser referentes morales y éticos, y una sensación generalizada de que el sistema está podrido y no tiene arreglo.
De ese estado de cosas que padecemos desde hace dos siglos, que tiene un dimensión más profunda que la económica al señalar a la administración como más propia de un Estado fallido que de un país moderno, funcional, justo y organizado, pueden surgir en el futuro fuerzas antisistema, movimientos de corte populista y caudillismos del más variado pelaje, tanto a izquierda como a derecha. Ahí radica uno de los verdaderos peligros que conlleva el problema.
Pero conviene que pongamos el foco en el verdadero problema: digo que la crisis de Colombia es moral y ética. Y esa doble crisis, que explica una buena parte de los comportamientos ilícitos, nefandos e inmorales de la dirigencia colombiana, está absolutamente ligada, diría que casi de una forma estructural, a la educación. Mas bien habría que decir que a la falta de la misma, es decir, a la ausencia de un auténtico sistema educativo público, gratuito, incluyente y universal que fomente e implemente un conjunto de valores éticos y principios cívicos a los futuros ciudadanos de Colombia.
UN MODELO EDUCATIVO QUE INCENTIVA UN SISTEMA DE “CASTAS” SOCIALES
Un sistema que consiguiera superar la perniciosa segregación social que caracteriza al país desde la infancia, donde ya se acentúan los estratos y las diferencias entre las clases más pudientes y las más desfavorecidas, y el acceso al mismo en igualdad de condiciones de todos los futuros estudiantes. Un sistema educativo incluyente, superador de la desigualdad social y que no haga de la educación un negocio solo apto para los más favorecidos socialmente, de tal forma que solamente los ricos pueden estudiar en colegios de calidad y después acceder a los centros universitarios, discriminando, claramente, a los más pobres. Haría falta una auténtica voluntad política, algo de lo que carece en la actualidad la dirigencia, para poner en marcha ese sistema de educativo de carácter público de calidad que permita superar la crónica desigualdad social que ahora caracteriza a todos los tramos de la educación en Colombia, desde la infancia, como ya he dicho antes, hasta la formación universitaria.
Todo el mundo sabe que los colegios públicos en Colombia son un desastre, están escasamente dotados de medios, los profesores están mal pagados y deficientemente formados para ejercer sus tareas, y los centros aportan, en términos cualitativos, poco o nada a sus estudiantes; las clases más pudientes envían a sus hijos a colegios privados de mejor calidad o al menos con un nivel formativo superior a los públicos. Así las cosas, la segregación social se agudiza e incluso se intensifica antes de la llegada a la universidad, donde los sectores sociales con menos ingresos llegan con un nivel mucho más bajo y con pocas posibilidades de acceder a los centros universitarios, tanto por razones económicas como formativas, al haber recibido un aprendizaje mucho más deficiente que las clases pudientes.
Otro problema que manifiesta el ineficiente sistema educativo es la ausencia de controles de calidad de las instituciones educativas y de los profesionales que imparten sus conocimientos en las mismas; en Colombia es relativamente fácil ser docente y uno percibe que cualquiera, sin haber pasado el necesario proceso formativo, puede ejercer como profesor hasta en las mas prestigiosas universidades del país. Hay muy pocos concursos públicos para dotar de docentes a la mayoría de las universidades, siendo los puestos adjudicados a dedo y generalmente a través de las famosas “palancas”, y tampoco la administración ejerce ningún tipo de control acerca de la calidad de las plantillas universitarias, algo que explicaría por qué nunca las universidades colombianas están entre las doscientas mejores del mundo en ningún rranking de los que miden el nivel de calidad de las mismas en todo el mundo.
Las consecuencias de lo anteriormente expuesto explican la escasa movilidad social que se manifiesta en la sociedad colombiana desde hace dos siglos y que un reducido núcleo social, compuesto quizá por unas 40 o 50 familias -sin exagerar-, hayan controlado con un poder omnímodo sobre la vida social, política, cultural y económica del país durante todos estos años. ‘Las élites han secuestrado al Estado a través de sus relaciones familiares’, señalaba el congresista David Racero. Unas élites que no han permitido el acceso de los más desfavorecidos a la educación, quizá para seguir controlando el país por saecula saeculorum, y mantener sus privilegios feudales -aparte del indiscutible derecho al saqueo del Estado sin miramientos ni compartido con nadie-, en una sociedad que demanda a gritos un sistema educativo funcional.
Y es que, como señala el analista Mauricio Caicedo, “es un error creer que todos los problemas de la sociedad se resuelven con el crecimiento económico: el crecimiento no resuelve la pobreza, la pobreza la resuelve la educación. El problema de la desigualdad en Latinoamérica no es un problema de crecimiento económico, sino de educación”
La clave del desarrollo social y económico en Asia en el último medio siglo, con grandes economías emergentes que ya dominan el mundo, como Corea del Sur, China, Japón, Singapur, Taiwán y Vietnam, por poner solamente algunos ejemplos bien gráficos, tiene mucho que ver con la calidad de sus sistemas educativos y la consiguiente movilidad social que emana de los mismos, de tal forma que llegan a la universidad tan sólo los más aptos y preparados y no aquellos que tienen más recursos económicos. Sin sistemas educativos de calidad, no hay progreso social ni desarrollo alguno, pudiéndose decir que educación y desarrollo son un binomio inseparable y que van juntos de la mano; sin educación no hay posibilidad de cambio social y ser capaces de generar bienestar, prosperidad y riqueza para la mayoría de la sociedad.
Termino, a modo de conclusión, con un apunte del ya citado Caicedo que ilustra bien el asunto y la escasa percepción que tiene del mismo la dirigencia colombiana:”Los gobernantes colombianos olvidan que no invertir en educación equivale automáticamente a invertir en ignorancia, en fanatismo, en resentimiento y en desigualdad social, y que las víctimas de esa pedagogía negligente no son solo las gentes humildes, sino toda la sociedad, incluidos los más poderosos y los mejor educados”.
EP NEW YORK | FL NEWS | TPS
El 19 de mayo , la Corte Suprema permitió al gobierno de Donald Trump retirar, por el momento, la protección a casi 350.000 migrantes venezolanos a los que se había permitido permanecer en Estados Unidos sin riesgo de deportación en virtud de un programa conocido como Estatus de Protección Temporal.
La escueta orden de la corte no estaba firmada ni explicaba sus razones, algo habitual cuando los jueces se pronuncian sobre solicitudes de emergencia. No se incluyó el conteo de votos, aunque la jueza Ketanji Brown Jackson señaló que habría denegado la solicitud del gobierno.
Los jueces anunciaron que permitirían que el gobierno de Trump pusiera fin a las protecciones hasta que se apelara el caso, lo que potencialmente podría permitirle continuar con las deportaciones. Sin embargo, los jueces también aclararon que mantendrían la capacidad de los migrantes de presentar recursos legales en algunas instancias, como si el gobierno intentaba cancelar sus permisos de trabajo.
En un caso distinto, los jueces criticaron el viernes al gobierno de Trump por tratar de dar solo un día de notificación a un grupo diferente de migrantes venezolanos en Texas que había estado tratando de deportar con los poderes expansivos de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra del siglo XVIII. La gestión de Trump ha acusado a ese grupo de migrantes de ser miembros de la violenta banda Tren de Aragua.
La orden del lunes afecta a un grupo mucho más amplio de venezolanos que viven actualmente en Estados Unidos de forma legal bajo los términos de un programa de la era Biden.
La corte ha visto inundada con solicitudes derivadas del bombardeo de órdenes ejecutivas del presidente Trump, muchas de ellas buscando suspender o limitar fallos de tribunales que bloquean la agresiva agenda del gobierno, especialmente en materia de migración.
Ahilan Arulanantham, un abogado que representa a los migrantes que desafían al gobierno de Trump, calificó la decisión de la corte de “en verdad terrible”, especialmente porque fue anunciada “en una orden de dos párrafos sin ningún razonamiento”.
“Se trata de la mayor acción individual de privación de la condición de migrante a un grupo de no ciudadanos en la historia moderna de Estados Unidos”, dijo Arulanantham. “El impacto humanitario y económico de la decisión de la corte se sentirá de inmediato, y repercutirá por generaciones”.
<span;>Este caso comenzó en febrero, cuando Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, puso fin a una prórroga de 18 meses del Estatus de Protección Temporal que el gobierno de Joe Biden había concedido a los venezolanos. Las personas afectadas por el cambio presentaron una demanda, alegando que la medida violaba los procedimientos administrativos y estaba motivada por prejuicios raciales.
En marzo, el juez Edward M. Chen, del Tribunal Federal de Distrito de San Francisco, bloqueó los esfuerzos del gobierno por eliminar las protecciones mientras el caso avanzaba. Dijo que los demandantes habían demostrado que tenían probabilidades de éxito al demostrar que las acciones de Noem “no estaban autorizadas por la ley, eran arbitrarias y veleidosas, y estaban motivadas por una animadversión inconstitucional”.
Chen consideró que poner fin a la iniciativa causaría daños irreparables “a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia resultarían gravemente trastornados, costaría a Estados Unidos miles de millones en actividad económica y perjudicaría la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó la petición del gobierno de suspender el fallo de Chen.
El programa de Estatus de Protección Temporal, promulgado por el Congreso y convertido en ley por el presidente George H. W. Bush, permite a los migrantes de naciones que han sufrido desastres nacionales, conflictos armados u otras inestabilidades extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Trump ha intentado poner fin a las protecciones del programa, en un intento de cumplir su promesa electoral de deportar a millones de migrantes. Sus esfuerzos pretendían cancelar las protecciones para casi 350.000 personas a principios de abril, y para cientos de miles más a finales de este año.
En la solicitud de emergencia hecha por el gobierno, D. John Sauer, el procurador general, escribió que la ley por la que se creó el programa prohibía expresamente que los tribunales cuestionaran las decisiones del poder ejecutivo. Una disposición de la ley decía que no había “revisión judicial de ninguna determinación” relativa a “la designación o la terminación o prórroga de una designación de un Estado extranjero”.
Los abogados de los impugnadores respondieron que la ley que creó el programa limitaba estrictamente las terminaciones anticipadas de las protecciones, y añadieron que la acción de Noem no estaba autorizada por la ley. “En ninguna parte de la ley se concede a la secretaria autoridad para anular o rescindir una prórroga”, escribieron.
Añadieron que el planteamiento de Sauer “dejaría a los tribunales federales sin poder para detener incluso acciones flagrante e ilegalmente arbitrarias de las agencias, ya sea para restringir el Estatus de Protección Temporal o para ampliarlo”.
La Corte Suprema ha recibido otras solicitudes de emergencia relacionadas con las políticas migratorias de Trump. En una de ellas, el gobierno pidió a los jueces que le permitieran seguir adelante con un plan para revocar las protecciones contra la deportación de migrantes de cuatro países en crisis, en virtud de un programa conocido como libertad condicional humanitaria.
En otra, la corte ordenó al gobierno que facilitara el regreso de Kilmar Armando Abrego Garcia, quien había sido enviado por error a El Salvador, donde aún permanece.
Agencias
EP NEW YORK | FLORIDA NEWS| EE.UU.
La asociación entre el presidente de Estados Unidos y el hombre más rico del mundo está terminando. Hay un claro perdedor en la ruptura de este romance, y es Elon Musk.
Cayó en desgracia con tanta facilidad como ascendió. Como un Ícaro barato, se arriesgó demasiado, nunca entendió los riesgos y voló demasiado cerca del Sol. Envuelto en el halo de su superestrellato en las redes sociales, se cegó ante la realidad de su situación hasta que fue demasiado tarde.
Musk ya firmó varios contratos federales lucrativos y podría conseguir muchos más, pero abandona Washington con su reputación de genio en todos los frentes —una reputación en la que confiaba para aumentar la cotización de las acciones de su empresa y conseguir inversores para sus ideas ambiciosas— seriamente dañada. En su momento fue comparado con el superhéroe de Marvel Tony Stark, ahora es cada vez más impopular. Muchos de los que solían ser propietarios orgullosos de sus coches eléctricos Tesla los están vendiendo o pegando notas de disculpas en sus parachoques. Las ventas han caído.
Musk no es el primer empresario rico que se traslada a Washington: los millonarios de la >Gilded Age< o Edad Dorada, sombrero de copa en mano, se concentraban en ganar el favor del Senado, donde se hacían las leyes y se determinaban los aranceles. Con la economía en crisis, el >New Deal< y la llegada de una guerra mundial, la Casa Blanca empezó a desempeñar un papel mucho más importante en la dirección de la economía, y los hombres de negocios le prestaron más atención. Decenas de esos millonarios llegaron a la capital; otros se incorporaron al gabinete. Sin embargo, con independencia de cuándo o en qué puesto trabajaran, se regían por las normas de Washington, asumiendo responsabilidades bien definidas y limitadas y, en su mayor parte, permaneciendo fuera de la vista del público.
Musk rompió con esa tradición. Nadie iba a callarlo ni controlarlo. Estaba en la Casa Blanca con su hijo de 4 años a hombros, en el escenario de un mitin de la Conferencia de Acción Política Conservadora para promover su cruzada de reducción de costos con una motosierra. Él y sus ayudantes del Departamento de Eficiencia Gubernamental sembraron el caos en Washington al bloquear los sistemas informáticos de funcionarios, acceder a datos personales de ciudadanos privados e identificar a empleados públicos que consideraban prescindibles.
Al inicio, el presidente Donald Trump pareció respaldar todas las medidas de reducción de costos de su asesor poco ortodoxo y en las redes sociales declaró que él y su gabinete estaban “EXTREMADAMENTE FELICES CON ELON”. Pero entonces Musk violó la regla cardinal de Trumplandia al atreverse a criticar las políticas y los nombramientos del presidente, no solo una o dos veces, sino, notablemente, de manera consistente.
Usó su plataforma X para burlarse de un anuncio de la Casa Blanca según el cual Sam Altman, el directivo de inteligencia artificial más importante y su archienemigo, y otros iban a invertir 100.000 millones de dólares en centros de datos y en generar la electricidad necesaria para alimentar los programas de IA. Musk dijo en una entrevista que el Seguro Social era “el mayor esquema Ponzi de todos los tiempos”, ignorando el hecho de que el presidente se había comprometido a no recortar ese gasto. Incluso discrepó del triunfal anuncio del “Día de la Liberación” de Trump sobre nuevos y radicales aranceles.
Sus ataques y su falta de remordimiento al recortar de manera drástica el gasto federal y despedir a decenas de miles de empleados públicos erosionaron su popularidad. Enfureció a miembros del gabinete al criticarlos en público, desacatar su autoridad y al negarse a reconocer la cadena de mando de la Casa Blanca.
Su reinado llegó a su fin el Día de los Inocentes, cuando los 20 millones de dólares que donó para elegir a un republicano respaldado por Trump para un puesto vacante en la Corte Suprema de Wisconsin resultaron contraproducentes al animar a ir a las urnas a más demócratas que republicanos. Ya no era posible ignorar la realidad de que el hombre más rico del mundo se había convertido en un lastre político. Al día siguiente de la debacle de Wisconsin, Politico informó que el presidente había “comunicado a su círculo íntimo” que Musk “se retiraría en las próximas semanas de su cargo actual”. A mediados de abril, Trump sugirió el cada vez menor aprecio a Musk cuando sustituyó a su elección para comisionado en funciones del IRS por el candidato favorito del secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El 22 de abril, Musk anunció que iba a reducir su trabajo en el gobierno para poder dedicar más tiempo a Tesla, que para entonces tenía tantos problemas que surgieron informes de que el consejo estaba considerando sustituirlo como director ejecutivo. (La empresa negó la afirmación). La realidad que golpeó las encuestas de Wisconsin golpeó aún más a su empresa automovilística: las ventas cayeron un 20 por ciento en el primer trimestre de 2025 en comparación con el año anterior; las ganancias cayeron un 70 por ciento. El llamativo y poco práctico Cybertruck que había ensalzado resultó ser un fracaso. Mientras tanto, Tesla está perdiendo con rapidez una parte del mercado frente al fabricante chino BYD y otros fabricantes establecidos de automóviles.
Eso no quiere decir que los demás intereses empresariales de Musk —en particular su empresa de lanzamiento de cohetes, SpaceX, y su unidad de satélites, Starlink— estén siendo afectados. SpaceX está a punto de ganar miles de millones de dólares con contratos gubernamentales. El gobierno de Trump ya ha despejado el camino para que Starlink pueda optar al estímulo gubernamental de 42.000 millones de dólares a la conexión de banda ancha rural e incluso ha animado a otros países deseosos de reducir los aranceles estadounidenses a hacer negocios con Starlink. Pero lo más probable es que tales ayudas se hubieran producido si Musk no se hubiera unido al gobierno de Trump.
La lección que hay que aprender aquí es que en el sistema de gobierno estadounidense no hay lugar para un copresidente no elegido. Aunque las elecciones suelen dar resultados que no esperamos ni deseamos, hace tiempo que demostramos estar mejor con un gobierno compuesto por cargos electos y nombramientos de alto nivel que han pasado por el proceso de confirmación exigido por la Constitución. Musk pensó que podía ser una excepción. Y esa fue su perdición.
Publicado en NYT
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