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Agencias

Maduro responde ante recompensa de 15 mdd. Ofrecida por EE.UU. en su contra

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EP New York/agencias

Miami/El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró desafiante ante la recompense de 15 millones de dólares de Estados Unidos para que enfrente cargos por narcotráfico, calificó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de “cowboy racista” y advirtió que está listo para pelear con todos los medios necesarios si Washington y la vecina Colombia se atreven a invadir territorio venezolano.

Las combativas declaraciones de Maduro el jueves en la noche se produjeron horas después de que Estados Unidos anunció varios cargos contra el líder socialista y varios miembros de su círculo más cercano por convertir supuestamente a Venezuela en una empresa criminal al servicio de narcotraficantes y grupos terroristas.

Una de las imputaciones presentada por fiscales en Nueva York acusa a Maduro y a Diosdado Cabello, jefe del Partido Socialista y presidente de la Asamblea Constituyente, de asociarse con rebeldes colombianos y miembros del ejército “para inundar a Estados Unidos con cocaína” y utilizar el narcotráfico como “un arma en contra de Estados Unidos”.

Maduro, un exconductor de autobús reconvertido en icono de la izquierda latinoamericana, alegó que las acusaciones tenían motivaciones políticas. Dijo que ignoran el papel de Colombia, aliada de Washington, como la principal fuente de cocaína del mundo y el rol de Caracas facilitando las conversaciones de paz entre el gobierno de Bogotá y los rebeldes de ese país durante la última década.

“Eres un miserable, Donald Trump”, afirmó el mandatario venezolano durante un discurso televisado. “Él maneja las relaciones internacionales como un extorsionador de las mafias neoyorquinas que el dirigió como jefe de la empresa inmobiliaria”.

En sus declaraciones más duras contra Trump hasta la fecha, Maduro incluyó una amenaza para usar la fuerza militar: “Si un día el imperialismo y la oligarquía colombiana se atrevieran a tocarnos un pelo, prepárense para la furia bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ustedes”.

Antes en el día, el fiscal general de Venezuela anunció una investigación contra el líder opositor Juan Guaidó por tramar presuntamente un golpe de Estado con el general retirado Cliver Alcalá, quien tras ser nombrado en las acusaciones estadounidenses, dijo que había almacenado armas de asalto en Colombia para una incursión transfronteriza. Sin ofrecer evidencias, Maduro dio que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos estaba detrás de un plan de Alcalá para asesinarlo a él y a otros líderes políticos.

Las sorpresivas acusaciones en contra de un jefe de Estado en activo son sumamente raras y sin duda incrementarán las tensiones entre Washington y Caracas en momentos en que el brote de coronavirus amenaza con hacer colapsar el sistema de salud de Venezuela y a su economía petrolera, ya en una crisis por años de corrupción y por las sanciones de Washington. Maduro ha ordenado a los venezolanos que permanezcan en casa para contener la propagación del virus que, de acuerdo con las autoridades, ha infectado a 107 personas y se cobró su primera víctima mortal el jueves.

Los actos criminales relacionados a la confabulación de drogas y armas, que se remontan al inicio de la revolución comandada por Hugo Chávez en 1999, ocurrieron en lugares tan remotos como Siria, México, Honduras e Irán, de acuerdo con la acusación formal. Barr calculó que el plan ayudó a contrabandear hasta 250 toneladas de cocaína al año provenientes de Sudamérica.

“El régimen de Maduro está repleto de corrupción y delincuencia”, dijo el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, en una conferencia de prensa en línea desde Washington. “Mientras el pueblo venezolano sufre, estas personas se llenan los bolsillos con dinero del narcotráfico y con el producto de su corrupción. Y esto debe terminar”.

La difusión coordinada de acusaciones formales contra 14 funcionarios y personas vinculadas al gobierno, así como recompensas por 55 millones de dólares por Maduro y otras cuatro personas, atacaron todos los pilares de lo que Barr describió como el “corrupto régimen venezolano”, incluyendo las poderosas fuerzas armadas y el poder judicial, que están bajo el dominio del presidente.

En Miami, fiscales anunciaron cargos contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano Maikel Moreno por lavar en Estados Unidos al menos 3 millones de dólares obtenidos ilegalmente mediante el arreglo de casos en Venezuela, incluyendo uno sobre una planta de General Motors. Gran parte de ese dinero lo gastó en un avión privado, relojes de lujo y compras en Prada, aseguran los fiscales.

En una denuncia interpuesta en mayo de 2019 y desprecintada en Washington, se acusó al ministro de Defensa de Maduro, el general Vladimir Padrino, de asociación delictuosa para contrabandear narcóticos.

“Este anuncio es un importante revés para Maduro, quien ha estado manejando Venezuela como un estado mafioso, con una corrupción descontrolada, atrocidades generalizadas y absoluta impunidad”, dijo José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. “Con esta acusación podría perder su aura de invencibilidad, de estar completamente por encima de la ley, lo cual es una muy buena noticia”.

Pero se desconoce cómo acercarían a Venezuela a poner fin a un enfrentamiento de 15 meses entre Maduro _quien cuenta con el apoyo de Rusia y China_ y Guaidó, quien es respaldado por Estados Unidos. También podría fragmentar la coalición que encabeza el gobierno estadounidense en contra de Maduro en caso de que sus aliados en Europa y Latinoamérica piensen que es un exceso por parte de Trump. Se estima que cinco millones de venezolanos salieron del país en los últimos años escapando de la hiperinflación y de la escasez generalizada de alimentos y fármacos.

“Redoblar la ofensiva contra el régimen de Maduro es una apuesta increíblemente peligrosa cuando la prioridad debería ser apuntar el decadente sistema de salud y evitar un éxodo migratorio aún peor”, señaló Ivan Briscoe, director de Crisis Group para América Latina. “Estos cargos de EEUU podrían significar un desastre para cualquier acercamiento, exponer a Guaidó a graves riesgos y parecer indiferentes al sufrimiento inmediato del pueblo de Venezuela”.

Maduro lleva años acusando al “imperio” estadounidense de buscar cualquier excusa para asumir el control de las mayores reservas petroleras del mundo, y ha comparado su conspiración con la invasión a Panamá en 1989 para derrocar al general Manuel Antonio Noriega y que enfrentara cargos por tráfico de drogas en Florida.

Barr y Elliott Abrams, enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, comandan la rígida postura estadounidense contra Maduro, de manera muy similar a como propugnaron por el derrocamiento de Noriega a finales de la década de 1980: Barr siendo un alto funcionario del Departamento de Justicia y Abrams en su papel de subsecretario de Estado para Latinoamérica.

Funcionarios estadounidenses también ven otras similitudes. Noriega transformó a Panamá en un paraíso para los violentos cárteles del narcotráfico internacional, mientras que el gobierno de Trump ha acusado a Maduro y a sus aliados de las fuerzas armadas de albergar a narcotraficantes, guerrilleros colombianos e incluso al Hezbollah, el cual ha sido designado grupo terrorista.

También han acusado a funcionarios gubernamentales y a empresarios bien relacionados de robar cientos de miles de millones de dólares de las arcas estatales, en su mayoría de la petrolera estatal PDVSA, que registra su producción más baja en siete décadas.

De cualquier forma, acusar a Maduro no fue sencillo. Por lo general, los líderes extranjeros en funciones gozan de inmunidad judicial de acuerdo con las leyes estadounidenses y las normas internacionales.

Pero Estados Unidos es uno de 60 países que ya no considera que Maduro sea jefe de Estado, a pesar de que permanece en el poder. En su lugar, reconoce a Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, como el mandatario legítimo de Venezuela después de que la reelección del socialista en 2018 se vio manchada por acusaciones de fraude y por un boicot opositor.

Investigadores en Miami, Nueva York, Houston y Washington recabaron la evidencia contra Maduro a lo largo de varios años, y fueron ellos quienes presentaron los cargos por narcotráfico, soborno internacional y lavado de dinero en contra de altos funcionarios venezolanos, miembros de las fuerzas armadas y empresarios vinculados al gobierno.

Para sorpresa de muchos, Maduro, quien fue elegido personalmente por Chávez como su sucesor, se ha aferrado obstinadamente al poder, resistiendo meses de manifestaciones callejeras el año pasado e incluso un levantamiento militar respaldado por Estados Unidos.

Por otra parte, Barr priorizó las investigaciones al círculo de allegados del presidente venezolano, según dos personas que hablaron bajo condición de anonimato a fin de revelar las discusiones internas del Departamento de Justicia.

La presión por actuar, según las fuentes, se desbordó más o menos al mismo tiempo que Guaidó visitó Washington en febrero pasado, cuando Trump lo elogió en el discurso del Estado de la Unión al llamarlo “un hombre muy valiente, que lleva consigo las esperanzas, sueños y aspiraciones de todos los venezolanos”.

Frank Mora, un exfuncionario del Pentágono, dijo que Estados Unidos está en lo correcto por condenar a Maduro y a otras personas por reprimir al pueblo, robar de las arcas del gobierno y convertir a Venezuela en un estado criminal.

Pero le preocupa que el objetivo de las acusaciones sea más el llegar a los votantes latinos en Florida que ayudar a atender la devastadora crisis en el país sudamericano.

“No vamos a ir allá a capturarlo”, dijo Mora, quien actualmente encabeza el instituto de estudios sobre Latinoamérica de la Universidad Internacional de Florida. “Esto no es sobre un cambio de régimen o restaurar la democracia en Venezuela. Es sobre política electoral”.


 

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Agencias

FBI allana casa campestre de Donald Trump en WP

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EP New York/West Palm Beach

Trump afirma que el FBI allanó su finca Mar-a-Lago

WASHINGTON  — El FBI allanó la finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump como parte de una investigación en torno a si se llevó archivos confidenciales de la Casa Blanca a su residencia en Florida, dijeron personas al tanto del asunto el lunes.

Trump dio a conocer la acción policial en un largo comunicado, en el que denunció que los agentes habían abierto su caja fuerte en una búsqueda que describió como evidencia de “momentos oscuros para nuestra nación”.

El allanamiento, que ni el FBI ni el Departamento de Justicia han confirmado hasta el momento, representa una escalada drástica en el escrutinio policial sobre Trump, y ocurre en un momento en que se lleva a cabo una investigación por separado con respecto a sus intentos de revocar los resultados de los comicios presidenciales de 2020.

Trump y sus aliados trataron de inmediato de retratar la operación del FBI como parte de un intento impulsado por los demócratas para impedir que él gane otro mandato presidencial en 2024, a pesar de que la Casa Blanca del presidente Joe Biden indicó que no había sido informada previamente de ello y de que el actual director del FBI, Christopher Wray, fue nombrado por Trump hace cinco años y fue un alto funcionario en el Departamento de Justicia cuando era encabezado por funcionarios republicanos.

“Después de colaborar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta operación no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada”, dijo Trump en su comunicado.

“Son momentos oscuros para nuestra nación”, manifestó. “Mi hermosa casa, Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, está siendo asediada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Esto nunca le había ocurrido antes a un presidente de Estados Unidos”.

La portavoz del Departamento de Justicia Dena Iverson declinó hacer comentarios sobre el allanamiento.

Trump no dio detalles sobre los fundamentos para el allanamiento, pero el Departamento de Justicia ha estado investigando el posible mal manejo de información confidencial después de que los Archivos Nacionales y Administración de Documentos indicaron que habían recogido de Mar-a-Lago 15 cajas de archivos con información confidencial hace unos meses.

Los Archivos refirieron el asunto al Departamento de Justicia. Trump ha afirmado previamente que los archivos presidenciales fueron entregados “en un proceso normal y de rutina”.

Existen varias leyes federales que rigen los archivos confidenciales y documentos gubernamentales delicados, incluyendo un estatuto que criminaliza sacar material de ese tipo y resguardarlo en una ubicación no autorizada.

Dos personas al tanto del asunto, que hablaron bajo condición de anonimato a fin de poder declarar sobre una investigación en marcha, indicaron que el allanamiento ocurrió el lunes y confirmaron que los agentes también buscaban si Trump tenía más archivos presidenciales o cualquier documento confidencial en la propiedad.

Si bien una orden judicial para registrar un domicilio no indica que haya cargos penales en un futuro, las autoridades federales que solicitan una deben demostrar que tienen causa probable de que se cometió un delito.

En su primera aparición pública desde que se dio a conocer el operativo, Trump no hizo mención de éste el lunes por la noche durante un mitin virtual en favor de Leora Levy, la republicana de Connecticut que él ha respaldado para las primarias del martes en las que se elegirá a un rival del senador demócrata Richard Blumenthal en las elecciones generales al Senado federal.

Pero en una publicación en redes sociales el lunes por la noche sí se refirió a lo ocurrido, diciendo que el allanamiento era usar “el sistema de justicia como arma, y un ataque por parte de los demócratas de la izquierda radical que están desesperados para que no me postule a la presidencia en 2024”.

Con información de EFE___AP

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Agencias

Petro promete poner fin a la violencia en Colombia

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EP New York/Latinoamérica

Petro jura como presidente, promete poner fin a la violencia

BOGOTÁ — Gustavo Petro juró el domingo como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia y prometió poner fin definitivo a la violencia interna y buscar una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico.

En un acto colmado de simbolismos en la Plaza de Bolívar, centro político e histórico de Bogotá, Petro juró defender la constitución y las leyes junto a Francia Márquez, quien también hizo historia como la primera afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia de la nación.

El economista, de 62 años, recibió la banda presidencial de manos de María José Pizarro, congresista e hija del máximo comandante de la extinta guerrilla M-19, a la que perteneció Petro, asesinado cuando aspiraba a la presidencia.

Durante la ceremonia estuvo acompañado por la espada de Simón Bolívar, robada en enero de 1974 por el M-19 y que estuvo en su poder durante 17 años hasta que fue entregada al Estado en 1991 como un gesto de paz. Desde entonces permaneció guardada en una bóveda del Banco de la República y en 2020 fue trasladada al Palacio de Nariño, donde reside el presidente.

“Que la paz sea posible. Tenemos que terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado. Convocamos, también, a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado. A aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia”, dijo el mandatario ante una multitud que lo ovacionaba al tiempo que coreaba su nombre.

Petro encarna a una izquierda que ha sido marginada y en ocasiones estigmatizada por el peso de más de cinco décadas de un conflicto armado interno que dejó 50.770 secuestrados, 121.768 desaparecidos, 450.664 asesinados y 7,7 millones desplazados forzosamente, según la Comisión de la Verdad.

Aunque desde hace cinco años el país atraviesa una etapa de posconflicto tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica-, el pacto no puso fin a la violencia.

Petro aspira a lograr una “paz total” que implique el sometimiento a la justicia de las bandas del narcotráfico -como el Clan del Golfo- y la reanudación de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en el país.

Durante su discurso, Petro aseguró que es momento de cambiar la política antidrogas.

“Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos”, sostuvo. “La guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los Estados”, agregó.

Petro deberá sortear en su mandato la creciente violencia que ha cobrado la vida de más de 560 defensores de derechos humanos desde 2016, la inflación más alta de las últimas dos décadas y la búsqueda de consensos en un país dividido.

Varios sectores temen verse afectados por su objetivo de llevar adelante reformas en el agro, la producción energética, la policía, las pensiones y la recaudación de impuestos.

Al respecto, Petro enfatizó que “los impuestos no serán confiscatorios, simplemente serán justos en un país que debe reconocer como aberración la enorme desigualdad social en la que vivimos”.

Tras ser elegido Petro adoptó una postura más moderada que la que tuvo durante la campaña, lo que resultó en un amplio apoyo y en una mayoría en el Congreso clave para sacar adelante la reforma tributaria que le dará recursos para financiar programas sociales.

“Llegó el momento de devolverle la deuda a nuestra educación pública para que alcance a todos y todas y sea de calidad. Cuidaré de nuestros abuelos y abuelas, de nuestros niños y niñas, de las personas con discapacidad, de las personas a las que la historia o la sociedad ha marginado”, remarcó el mandatario.

En el empresariado y los mercados hay gran expectativa por el contenido de la reforma tributaria y otras medidas, como la posible suspensión del otorgamiento de licencias mineras y de exploración petrolera con el objetivo de acelerar la transición energética. El sector energético aporta alrededor del 18% de los ingresos fiscales de la nación y está en el primer renglón de las exportaciones.

Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas -que agrupa a más de 100 compañías estadounidenses en 17 sectores-, aseguró que en una reunión previa a su elección Petro les prometió que respetaría los contratos firmados y que no correrían peligro las inversiones en marcha.

Petro también se comprometió a poner fin a la violencia “con una estrategia integral de seguridad… que vaya desde los programas de prevención hasta la persecución de las estructuras criminales y la modernización de las fuerzas de seguridad”.

Para ese efecto designó a Iván Velásquez como ministro de Defensa quien, según la analista política Sandra Borda, apunta a un proceso de transformación interno de las Fuerzas Armadas para acabar con la corrupción y promover el respeto de los derechos humanos.

La Plaza de Bolívar, a la que acudieron miles de personas, estuvo dividida en dos: en la primera parte se ubicaron representantes de varios países -entre ellos el rey Felipe VI de España y los presidentes de Chile, Paraguay, Ecuador y Costa Rica- y en la segunda los ciudadanos.

Además de los invitados internacionales, a la ceremonia asistieron los expresidentes colombianos Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y César Gaviria, de tendencia liberal. Los conservadores Álvaro Uribe y Andrés Pastrana declinaron la invitación.

Ataviado con el traje tradicional del pueblo indígena guambiano, de sombrero de ala corta y traje de lanilla azul, Luis Alberto Tombe Cantero asistió a la posesión de Petro. “Es la primera vez que una posesión presidencial la acompaña realmente la base o el pueblo”, dijo a The Associated Press.

“Hoy se parte la historia de Colombia en dos. Hoy nace un nuevo sol para los nadies y las nadies”, aseguró a AP Rosa Chocó, oriunda de Cali.

La diversidad cultural de Colombia estuvo reflejada en la ceremonia de posesión y en la antesala, en la que decenas de artistas interpretaron ritmos nacionales en los parques del centro de la ciudad.

Durante la campaña Petro dijo que buscaría estrechar lazos con sus vecinos y especialmente con Venezuela, país con el que Colombia rompió relaciones en 2019.

El presidente venezolano Nicolás Maduro no fue invitado a la ceremonia de asunción dadas las profundas diferencias políticas con el mandatario colombiano saliente Iván Duque.

En la ciudad de Cúcuta, a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela, la estudiante Daniela Cárdenas, dijo que espera que Petro lleve a cabo una reforma educativa que incluya ayuda financiera para los estudiantes universitarios. La joven estudia informática los domingos y trabaja el resto de la semana en un restaurante para pagar la matrícula y las tarifas.

“Para nosotros como estudiantes se nos dificultan muchas cosas”, dijo la estudiante de 19 años.

A unas cuadras, Aurora Rodríguez vendía cigarros, dulces y comida en la misma esquina donde tiene su puesto desde hace tres años. Dijo que siente que los gobiernos han abandonado ese estado durante mucho tiempo, permitiendo que crezca la violencia y disminuyan los servicios de atención médica, lo que espera que cambie con Petro. “Acá no tenemos seguridad, no tenemos salud”.

Justo al lado del puente fronterizo, en Venezuela, decenas de personas estallaron en aplausos en el momento en que Petro asumió el cargo.

“Ver a Gustavo Petro presidente es algo muy impresionante. Y tener la consciencia de que por primera vez en la vida somos gobierno es hermoso”, dijo a AP Javier Uscategui, un defensor de derechos humanos que trabaja con las víctimas del conflicto armado mientras usaba una gorra de béisbol con la rostros bordados del difunto líder revolucionario cubano Fidel Castro, el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez y otros líderes de izquierda.

Con información de EFE

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Agencias

Congreso peruano niega permiso al presidente Castillo para asistir a posesión de Petro

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EP New York/latinoamérica

 

El Congreso niega a Castillo el permiso para acudir a la posesión de Gustavo Petro.

El Congreso de Perú negó este jueves al presidente Pedro Castillo el permiso para que viaje a Bogotá, donde tenía previsto acudir el próximo 7 de agosto a los actos de transmisión de mando del mandatario electo de Colombia, Gustavo Petro.

En total, 67 congresistas votaron en contra de concederle el permiso a Castillo, 42 lo hicieron a favor y hubo 5 abstenciones, con lo que el Parlamento negó el permiso que los presidentes peruanos deben obtener de la cámara para cualquier viaje al exterior.

EFE

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