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Negarán residencia y ciudadanía en EE.UU. a quienes usen recursos del Estado

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EP New York/agencias

WASHINGTON/En otro radical paso para contener la inmigración legal, el gobierno de Donald Trump negará la residencia a muchos extranjeros que se beneficien con el seguro médico Medicaid o reciban cupones de alimentos, subsidios para la vivienda y otras formas de asistencia pública.

Las leyes federales estipulan que las personas que busquen una “green card” (la “tarjeta verde” de residencia) o legalizar su status deben demostrar que no serán “una carga” para el gobierno, pero nuevas reglas agregan muchos más elementos descalificatorios para los solicitantes de la residencia.

Estas normas se aplican a los inmigrantes que han ingresado al país legalmente y que aspiran a obtener la residencia permanente. Son parte de una campaña que busca crear un sistema inmigratorio basado en las aptitudes profesionales del inmigrante y no en la reunificación familiar.

Funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración tendrán que tomar en cuenta ahora la asistencia pública junto con otros factores como la educación, el nivel de ingresos y la salud de la persona que solicita un status legal.

Las reglas entrarán en vigor a mediados de octubre. No se aplican a ciudadanos estadounidenses.

El director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración Ken Cuccinelli dijo que las normas encajan dentro del mensaje del presidente republicano.

“Queremos que venga al país gente autosuficiente”, sostuvo Cuccinelli. “Esa es la base del sueño americano. Algo muy arraigado en nuestra historia, particularmente en nuestra historia de inmigración legal”.

Los inmigrantes representan un porcentaje muy bajo de los beneficiarios de la ayuda del estado. De hecho, muchos no pueden solicitarla por su status inmigratorio irregular.

Pero activistas temen que las reglas disuadan a los inmigrantes de pedir ayuda. Y consideran que se da demasiado margen a las autoridades para decidir si alguien podría verse obligado a pedir ayuda en el futuro, aumentando su capacidad de negar un status legal a los extranjeros.

Un promedio de 544.000 personas solicitan la residencia anualmente y unas 382.000 caerían dentro de alguna de las categorías que pueden generar dudas, según el gobierno.

Las pautas que se siguen desde 1999 consideran una “carga pública” a las personas que dependerán mayormente de ayuda económica, subsidios o asistencia para hospitalización a largo plazo.

Bajo las nuevas normas, el Departamento de Seguridad Nacional ha ampliado la definición de carga pública e incorporado a toda persona que probablemente se vea obligada a solicitar beneficios públicos por más de 12 meses en un período de 36 meses. Si alguien tiene dos beneficios, se cuentan como dos meses. Y se incluye ahora el Medicaid (seguro médico para pobres), los subsidios de las viviendas y los cupones alimenticios bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (o SNAP, según su abreviatura en inglés).

Luego de la publicación de los cambios proyectados, el Servicio de Seguridad Nacional recibió 266.000 comentarios públicos –más del triple de los que recibe normalmente un cambio de política– e hizo una serie de ajustes.

Por ejemplo, las mujeres que están embarazadas y reciben Medicaid o que necesitan asistencia pública no estarán sujetas a las nuevas normas durante el embarazo y en los 60 días posteriores al nacimiento del bebé.

El subsidio para personas de bajos recursos conocido como Medicare Part D no será considerado un beneficio público. Tampoco los beneficios que reciben los niños hasta los 21 años. Ni la ayuda para emergencias médicas, programas que ofrecen almuerzo escolar, adopciones u hogares temporales, préstamos estudiantiles e hipotecas, albergues para indicantes y ayuda para desastres.

Los solicitantes de la residencia deberán presentar la declaración de rentas de los últimos tres años y un historial de empleo. Si tienen un seguro médico privado, eso será un factor importante a su favor.

Las personas que sirven en las fuerzas armadas estarán exentas. Lo mismo que quienes piden asilo. Y las nuevas reglas no serán aplicadas en forma retroactiva.

El gobierno, no obstante, está restringiendo severamente el asilo y ha enviado de vuelta a México, para que esperen allí el procesamiento de sus solicitudes de asilo, a más de 30.000 personas, mayormente centroamericanas.

Según un análisis que hizo la Associated Press de la información del censo, los inmigrantes que no son ciudadanos apelan al Medicaid, los cupones alimenticios o ayuda económica en un porcentaje menor que el de los nativos de bajos recursos.

En general, los inmigrantes constituyen un porcentaje bajo de los recipientes de beneficios públicos. Por ejemplo, los inmigrantes que no son ciudadanos constituyen apenas un 6,5% de los receptores de Medicaid. Más del 87% de los participantes en el programa nacieron en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con los cupones alimenticios. Solo el 8,8% de los receptores son inmigrantes.

“Sin haber hecho un solo cambio a las leyes aprobadas por el Congreso”, la nueva definición de “carga pública” hará que “a más estadounidenses se les niegue la oportunidad de vivir en Estados Unidos con sus esposos, hijos y padres”, se lamentó Ur Jaddou, ex consejero del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, que ahora dirige DHS Watch, un servicio de ayuda al inmigrante. “Estos no son cambios menores. Son cambios grandes, con enormes consecuencias para los ciudadanos estadounidenses”.

De ésta forma los funcionarios de migración podrán denegar la residencia permanente o la ciudadanía a aquellas personas que considera que tienen probabilidad de necesitar ayudas públicas en algún momento en el futuro.

(Con información de AFP–AP–Reuters)

Agencias

FBI allana casa campestre de Donald Trump en WP

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EP New York/West Palm Beach

Trump afirma que el FBI allanó su finca Mar-a-Lago

WASHINGTON  — El FBI allanó la finca Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump como parte de una investigación en torno a si se llevó archivos confidenciales de la Casa Blanca a su residencia en Florida, dijeron personas al tanto del asunto el lunes.

Trump dio a conocer la acción policial en un largo comunicado, en el que denunció que los agentes habían abierto su caja fuerte en una búsqueda que describió como evidencia de “momentos oscuros para nuestra nación”.

El allanamiento, que ni el FBI ni el Departamento de Justicia han confirmado hasta el momento, representa una escalada drástica en el escrutinio policial sobre Trump, y ocurre en un momento en que se lleva a cabo una investigación por separado con respecto a sus intentos de revocar los resultados de los comicios presidenciales de 2020.

Trump y sus aliados trataron de inmediato de retratar la operación del FBI como parte de un intento impulsado por los demócratas para impedir que él gane otro mandato presidencial en 2024, a pesar de que la Casa Blanca del presidente Joe Biden indicó que no había sido informada previamente de ello y de que el actual director del FBI, Christopher Wray, fue nombrado por Trump hace cinco años y fue un alto funcionario en el Departamento de Justicia cuando era encabezado por funcionarios republicanos.

“Después de colaborar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta operación no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada”, dijo Trump en su comunicado.

“Son momentos oscuros para nuestra nación”, manifestó. “Mi hermosa casa, Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, está siendo asediada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Esto nunca le había ocurrido antes a un presidente de Estados Unidos”.

La portavoz del Departamento de Justicia Dena Iverson declinó hacer comentarios sobre el allanamiento.

Trump no dio detalles sobre los fundamentos para el allanamiento, pero el Departamento de Justicia ha estado investigando el posible mal manejo de información confidencial después de que los Archivos Nacionales y Administración de Documentos indicaron que habían recogido de Mar-a-Lago 15 cajas de archivos con información confidencial hace unos meses.

Los Archivos refirieron el asunto al Departamento de Justicia. Trump ha afirmado previamente que los archivos presidenciales fueron entregados “en un proceso normal y de rutina”.

Existen varias leyes federales que rigen los archivos confidenciales y documentos gubernamentales delicados, incluyendo un estatuto que criminaliza sacar material de ese tipo y resguardarlo en una ubicación no autorizada.

Dos personas al tanto del asunto, que hablaron bajo condición de anonimato a fin de poder declarar sobre una investigación en marcha, indicaron que el allanamiento ocurrió el lunes y confirmaron que los agentes también buscaban si Trump tenía más archivos presidenciales o cualquier documento confidencial en la propiedad.

Si bien una orden judicial para registrar un domicilio no indica que haya cargos penales en un futuro, las autoridades federales que solicitan una deben demostrar que tienen causa probable de que se cometió un delito.

En su primera aparición pública desde que se dio a conocer el operativo, Trump no hizo mención de éste el lunes por la noche durante un mitin virtual en favor de Leora Levy, la republicana de Connecticut que él ha respaldado para las primarias del martes en las que se elegirá a un rival del senador demócrata Richard Blumenthal en las elecciones generales al Senado federal.

Pero en una publicación en redes sociales el lunes por la noche sí se refirió a lo ocurrido, diciendo que el allanamiento era usar “el sistema de justicia como arma, y un ataque por parte de los demócratas de la izquierda radical que están desesperados para que no me postule a la presidencia en 2024”.

Con información de EFE___AP

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Agencias

Petro promete poner fin a la violencia en Colombia

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EP New York/Latinoamérica

Petro jura como presidente, promete poner fin a la violencia

BOGOTÁ — Gustavo Petro juró el domingo como el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia y prometió poner fin definitivo a la violencia interna y buscar una nueva estrategia en la lucha contra el narcotráfico.

En un acto colmado de simbolismos en la Plaza de Bolívar, centro político e histórico de Bogotá, Petro juró defender la constitución y las leyes junto a Francia Márquez, quien también hizo historia como la primera afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia de la nación.

El economista, de 62 años, recibió la banda presidencial de manos de María José Pizarro, congresista e hija del máximo comandante de la extinta guerrilla M-19, a la que perteneció Petro, asesinado cuando aspiraba a la presidencia.

Durante la ceremonia estuvo acompañado por la espada de Simón Bolívar, robada en enero de 1974 por el M-19 y que estuvo en su poder durante 17 años hasta que fue entregada al Estado en 1991 como un gesto de paz. Desde entonces permaneció guardada en una bóveda del Banco de la República y en 2020 fue trasladada al Palacio de Nariño, donde reside el presidente.

“Que la paz sea posible. Tenemos que terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado. Convocamos, también, a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado. A aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, a cambio de la no repetición definitiva de la violencia”, dijo el mandatario ante una multitud que lo ovacionaba al tiempo que coreaba su nombre.

Petro encarna a una izquierda que ha sido marginada y en ocasiones estigmatizada por el peso de más de cinco décadas de un conflicto armado interno que dejó 50.770 secuestrados, 121.768 desaparecidos, 450.664 asesinados y 7,7 millones desplazados forzosamente, según la Comisión de la Verdad.

Aunque desde hace cinco años el país atraviesa una etapa de posconflicto tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) -la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica-, el pacto no puso fin a la violencia.

Petro aspira a lograr una “paz total” que implique el sometimiento a la justicia de las bandas del narcotráfico -como el Clan del Golfo- y la reanudación de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en el país.

Durante su discurso, Petro aseguró que es momento de cambiar la política antidrogas.

“Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, que ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos”, sostuvo. “La guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los Estados”, agregó.

Petro deberá sortear en su mandato la creciente violencia que ha cobrado la vida de más de 560 defensores de derechos humanos desde 2016, la inflación más alta de las últimas dos décadas y la búsqueda de consensos en un país dividido.

Varios sectores temen verse afectados por su objetivo de llevar adelante reformas en el agro, la producción energética, la policía, las pensiones y la recaudación de impuestos.

Al respecto, Petro enfatizó que “los impuestos no serán confiscatorios, simplemente serán justos en un país que debe reconocer como aberración la enorme desigualdad social en la que vivimos”.

Tras ser elegido Petro adoptó una postura más moderada que la que tuvo durante la campaña, lo que resultó en un amplio apoyo y en una mayoría en el Congreso clave para sacar adelante la reforma tributaria que le dará recursos para financiar programas sociales.

“Llegó el momento de devolverle la deuda a nuestra educación pública para que alcance a todos y todas y sea de calidad. Cuidaré de nuestros abuelos y abuelas, de nuestros niños y niñas, de las personas con discapacidad, de las personas a las que la historia o la sociedad ha marginado”, remarcó el mandatario.

En el empresariado y los mercados hay gran expectativa por el contenido de la reforma tributaria y otras medidas, como la posible suspensión del otorgamiento de licencias mineras y de exploración petrolera con el objetivo de acelerar la transición energética. El sector energético aporta alrededor del 18% de los ingresos fiscales de la nación y está en el primer renglón de las exportaciones.

Ricardo Triana, director ejecutivo del Consejo de Empresas Americanas -que agrupa a más de 100 compañías estadounidenses en 17 sectores-, aseguró que en una reunión previa a su elección Petro les prometió que respetaría los contratos firmados y que no correrían peligro las inversiones en marcha.

Petro también se comprometió a poner fin a la violencia “con una estrategia integral de seguridad… que vaya desde los programas de prevención hasta la persecución de las estructuras criminales y la modernización de las fuerzas de seguridad”.

Para ese efecto designó a Iván Velásquez como ministro de Defensa quien, según la analista política Sandra Borda, apunta a un proceso de transformación interno de las Fuerzas Armadas para acabar con la corrupción y promover el respeto de los derechos humanos.

La Plaza de Bolívar, a la que acudieron miles de personas, estuvo dividida en dos: en la primera parte se ubicaron representantes de varios países -entre ellos el rey Felipe VI de España y los presidentes de Chile, Paraguay, Ecuador y Costa Rica- y en la segunda los ciudadanos.

Además de los invitados internacionales, a la ceremonia asistieron los expresidentes colombianos Juan Manuel Santos, Ernesto Samper y César Gaviria, de tendencia liberal. Los conservadores Álvaro Uribe y Andrés Pastrana declinaron la invitación.

Ataviado con el traje tradicional del pueblo indígena guambiano, de sombrero de ala corta y traje de lanilla azul, Luis Alberto Tombe Cantero asistió a la posesión de Petro. “Es la primera vez que una posesión presidencial la acompaña realmente la base o el pueblo”, dijo a The Associated Press.

“Hoy se parte la historia de Colombia en dos. Hoy nace un nuevo sol para los nadies y las nadies”, aseguró a AP Rosa Chocó, oriunda de Cali.

La diversidad cultural de Colombia estuvo reflejada en la ceremonia de posesión y en la antesala, en la que decenas de artistas interpretaron ritmos nacionales en los parques del centro de la ciudad.

Durante la campaña Petro dijo que buscaría estrechar lazos con sus vecinos y especialmente con Venezuela, país con el que Colombia rompió relaciones en 2019.

El presidente venezolano Nicolás Maduro no fue invitado a la ceremonia de asunción dadas las profundas diferencias políticas con el mandatario colombiano saliente Iván Duque.

En la ciudad de Cúcuta, a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela, la estudiante Daniela Cárdenas, dijo que espera que Petro lleve a cabo una reforma educativa que incluya ayuda financiera para los estudiantes universitarios. La joven estudia informática los domingos y trabaja el resto de la semana en un restaurante para pagar la matrícula y las tarifas.

“Para nosotros como estudiantes se nos dificultan muchas cosas”, dijo la estudiante de 19 años.

A unas cuadras, Aurora Rodríguez vendía cigarros, dulces y comida en la misma esquina donde tiene su puesto desde hace tres años. Dijo que siente que los gobiernos han abandonado ese estado durante mucho tiempo, permitiendo que crezca la violencia y disminuyan los servicios de atención médica, lo que espera que cambie con Petro. “Acá no tenemos seguridad, no tenemos salud”.

Justo al lado del puente fronterizo, en Venezuela, decenas de personas estallaron en aplausos en el momento en que Petro asumió el cargo.

“Ver a Gustavo Petro presidente es algo muy impresionante. Y tener la consciencia de que por primera vez en la vida somos gobierno es hermoso”, dijo a AP Javier Uscategui, un defensor de derechos humanos que trabaja con las víctimas del conflicto armado mientras usaba una gorra de béisbol con la rostros bordados del difunto líder revolucionario cubano Fidel Castro, el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez y otros líderes de izquierda.

Con información de EFE

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Agencias

Congreso peruano niega permiso al presidente Castillo para asistir a posesión de Petro

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EP New York/latinoamérica

 

El Congreso niega a Castillo el permiso para acudir a la posesión de Gustavo Petro.

El Congreso de Perú negó este jueves al presidente Pedro Castillo el permiso para que viaje a Bogotá, donde tenía previsto acudir el próximo 7 de agosto a los actos de transmisión de mando del mandatario electo de Colombia, Gustavo Petro.

En total, 67 congresistas votaron en contra de concederle el permiso a Castillo, 42 lo hicieron a favor y hubo 5 abstenciones, con lo que el Parlamento negó el permiso que los presidentes peruanos deben obtener de la cámara para cualquier viaje al exterior.

EFE

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