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Agencias

Falta de autoridad diplomática , la otra crisis venezolana en el extranjero

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EP New York/agencias
 
Lucha de poder en Venezuela crea un duelo diplomático en el exterior

Hay unas grave crisis de la que poco se hable y de la que parece no tener una solución inmediata y es la que viven millones de venezolanos que esperan renovar sus pasaportes para diligenciar y solucionar los problemas de viaje y , en el peor de los casos, para renovar sus visas trabajo. 
 
En los últimos años, se calcula que más de 3.3 millones de venezolanos han emigrado al extranjero. La mayoría residen en Colombia , según cifras de la ONU. Muchos de ellos con problemas para renovar su pasaporte y otros documentos en las sedes diplomáticas de Venezuela y tienen que esperar años para ello, según testimonios que han sido publicados por medios y agencias de prensa en el mundo. 
 
Usuarios denuncian que tardan hasta un año en entregar el documento, mientras que tramitadores cobran entre 1.000 y 6.000 dólares por el trámite. 2 de cada 3 venezolanos ingresa a Colombia ilegalmente por falta del pasaporte. Pero entre las historias y afugias que aún pasan los venezolanos para validar sus pasaportes está la de Lorena Delgado quien acudió recientemente al consulado de Venezuela en Bogotá , la capital de Colombia , con la esperanza de renovar su caducado pasaporte, se encontró con que las puertas de metal del edificio estaban cerradas.

Días antes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había roto lazos con la vecina nación andina a la que huyeron más de un millón de compatriotas en los últimos años, retirando a todos los diplomáticos y cerrando el consulado y la embajada.

El hombre que desafía la presidencia de Maduro había nombrado a un nuevo embajador, pero él no sabía cómo ayudarla. Aunque Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, el embajador designado por el presidente de la Asamblea Nacional no tiene acceso al consulado ni capacidad para renovar pasaportes.

“Te sientes encerrado”, dijo Delgado, de 32 años, que necesita viajar al extranjero para solicitar una visa de trabajo. “Estamos como en un limbo”.

Mientras la lucha por el poder en Venezuela se prolonga, surgió una disputa paralela por el control de las embajadas en los países que reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela. Aunque los nuevos diplomáticos nombrados por la oposición son reconocidos en todo el mundo, Estados Unidos es el único país en el que controlan un edificio consular. En las demás naciones, los enviados de Guaidó no pueden desempeñar tareas básicas como emitir un pasaporte ya que el Registro Civil de Venezuela sigue bajo el control de Maduro.

La disputa diplomática dejó a los alrededor de 3,4 millones de venezolanos que se estima que viven en el extranjero estancados entre dos gobiernos. En la mayoría de los países, los empleados consulares siguen realizando tareas como el registro de nacimientos en el extranjero mientras los embajadores de Guaidó permanecen al otro lado de los muros de las legaciones diplomáticas, un símbolo del lento avance del movimiento.

“En estos momentos no tenemos respuesta de ninguno de los dos”, señaló Paola Soto, de 25 años, que está tratando de reunirse con su hijo de 5 años en Chile.

La batalla por el reconocimiento diplomático se libra, en gran medida, a puerta cerrada, pero en algunas ocasiones saltó a la luz pública.

En febrero, la embajadora designada por Guaidó para Costa Rica, María Faría, anunció que tomó el control de la sede diplomática en San José y publicó en Twitter una fotografía en la que aparecía ante una bandera venezolana en el interior del edificio. En el exterior se intercambiaron gritos cuando los representantes del gobierno de Maduro intentaron acceder.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Costa Rica, pese a reconocer a Faría como la embajadora de Venezuela, emitió un comunicado condenando sus acciones y señalando que incumplió el protocolo establecido que da al equipo de Maduro 60 días para marcharse.

En marzo se registró un incidente igual de confuso en Lima, Perú, cuando se vio a trabajadores retirando sillas e incluso un busto del héroe de la independencia de Sudamérica, Simón Bolivar, de la legación diplomática durante la noche. Los muebles volvieron al interior tras las críticas de manifestantes antigubernamentales.

“¡Ya has robado suficiente en Venezuela!”, gritó una mujer enojada.

Más recientemente, el pasado lunes, el embajador de Guaidó en Estados Unidos anunció que estaba tomando el control del consulado en Nueva York y de dos edificios propiedad del ejército en Washington, donde las imágenes de Maduro fueron sustituidas por retratos de Guaidó.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, acusó a Washington de violar los artículos de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que requieren que los países anfitriones protejan las embajadas extranjeras aunque no exista relación entre las naciones.

Arreaza advirtió que si Estados Unidos no cumplía con sus obligaciones internacionales, el gobierno de Venezuela podría emprender acciones legales y tomar represalias con acciones recíprocas, una amenaza no muy velada de que podría ocupar su recientemente desalojada embajada en la capital. Washington retiró a su personal diplomático de Caracas por motivos de seguridad luego de que Maduro cortó relaciones con la Casa Blanca por su respaldo a Guaidó.

Gustavo Marcano, un alcalde venezolano exiliado que trabaja para la embajada de Guaidó en Estados Unidos, señaló que la adquisición del inmueble forma parte de los intentos para garantizar que los activos de Caracas en el extranjero están protegidos. Washington trabaja también para transferir otras preciadas propiedades, como CITGO, una filial de la compañía petrolera estatal PDVSA con sede en Houston, a Guaidó.

“Es el primer paso del cese de usurpación”, apuntó desde el interior del consulado de Manhattan, donde los retratos del fallecido líder socialista Hugo Chávez todavía cuelgan de las paredes.

Aunque no pueden emitir documentos como pasaportes, añadió, la legación diplomática busca soluciones para ayudar al creciente número de venezolanos que no tienen una identificación válida. Una de las ideas que se barajan es la crear una tarjeta de identificación consular que sea reconocida por el país anfitrión.

En otros países, los embajadores de Guaidó adoptaron un enfoque más amable optando por trabajar lentamente para asumir el control de los consulados junto con el Ministerio de Exteriores de la nación de turno, o evitando el tema por completo.

Humberto Calderón, embajador designado para Colombia, apuntó que está centrado en ayudar a los migrantes venezolanos y consideró que la ocupación de los inmuebles es una potencial fuente de problemas que podría dañar a los colombianos que residen en Venezuela.

“La decisión es nuestra. No hemos querido hacerlo”, manifestó.

Calderón fungió en su día como Ministro de Energía en su país y trabaja desde un hotel. Cuando Maduro cortó lazos diplomáticos con Colombia, casi todo el personal consular regresó al país a bordo de un avión enviado por el gobierno, explicó, agregando que no tienen acceso a nada de lo que dejaron en los edificios.

En otras naciones, algunos empleados de Maduro se han mantenido en sus puestos esquivando cautelosamente un enfrentamiento político de alto voltaje.

En Perú, cinco enviados nombrados por Maduro permanecen en su cargo desempeñando tareas consulares, según un alto funcionario venezolano que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir la situación. Tras conversaciones con el Ministerio de Exteriores peruano, se alcanzó un acuerdo que les permite seguir en el país y continuar trabajando en la embajada, aunque la nación reconoce al enviado de Guaidó.

“Estamos en un proceso cuyo objetivo es mantener las relaciones consulares, no diplomáticas”, señaló.

Este es un escenario que podría repetirse en la mayoría de los países: pese a que más de 50 jefes de Estado declararon su lealtad a Guaidó, inevitablemente, la necesidad los obligará a aceptar mantener una serie de lazos con el ejecutivo de Maduro.

“En última instancia, no está en el interés de ningún país mantener una embajada que esté gestionada por personal que no tiene capacidad para promover intereses comerciales o consulares”, apuntó Geoff Ramsey, investigador para Venezuela en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

Y señaló como ejemplo el caso de Holanda, que pese a que también está en la lista de las naciones que reconocieron a Guaidó, se comprometió a mantener intacto el personal consular de Maduro en la isla de Curaçao, ubicada en el Caribe a unos 63 kilómetros (40 millas) de la costa venezolana. Holanda tiene emprendimientos conjuntos con la petrolera estatal venezolana.

“Es una solución de diplomacia dual para muchos de estos países”, añadió Ramsey.

Soto dijo que no sabe cómo explicarle el problema a su hijo, que se marchó de Venezuela en avión con su padre hace más de un año. Desde entonces, ella ha estado intentando reunirse con él en Chile, pero se ha quedado varada en Colombia.

“No tenemos solución. Ni aquí, ni en Venezuela, ni en ningún sitio”, afirmó.

La periodista de The Associated Press Claudia Torrens contribuyó a este despacho. AP Christine Armario está en Twitter en:http://www.twitter.com/cearmario


Tema relacionado: Confuso panorama político en Venezuela tras arresto del abogado Roberto Marrero

 

Agencias

Yulia Navalnaya continuará con legado político de Navalny

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EP New York | enfoque mundial

Yulia Navalnaya incursiona en política para preservar el legado de Navalny

La esposa de Alexéi Navalny había evitado la atención mediática, pero la muerte del líder opositor más famoso de Rusia puede hacer que eso sea imposible. “No tengo derecho a rendirme”, dijo.

Era agosto de 2020, Yulia Navalnaya, la esposa del líder opositor más famoso de Rusia, daba grandes zancadas por los pasillos desgastados y sombríos de un hospital provincial ruso en busca de la habitación donde su esposo yacía en coma.

Alexéi Navalny había colapsado tras recibir lo que investigadores médicos alemanes después declararían como una dosis casi fatal de la neurotoxina novichok, y su esposa, a quien policías amenazantes le impedían moverse por el hospital, volteó hacia la cámara de un celular que tenía un integrante de su equipo.

Con voz tranquila en un momento impactante que luego se incluyó en >Navalny< un documental ganador del premio Oscar, Navalnaya dijo: “Exigimos la liberación inmediata de Alexéi, porque en este instante en este hospital hay más policías y agentes del gobierno que médicos”.

Hubo otro suceso similar el lunes, cuando bajo circunstancias incluso más trágicas, Navalnaya habló ante una cámara tres días después de que el gobierno ruso anunció que su marido falleció en una brutal colonia penal de máxima seguridad en el Ártico. Su viuda culpó al presidente Vladimir Putin por la muerte y anunció que ella asumiría la causa de su esposo y exhortó a los rusos a unírsele.

En un discurso breve y pregrabado que fue publicado en redes sociales, Navalnaya dijo: “Al matar a Alexéi, Putin mató a mi mitad, la mitad de mi corazón y la mitad de mi alma. Pero me queda otra mitad y esta me dice que no tengo derecho a rendirme”.

Durante más de dos décadas, Navalnaya había evitado asumir cualquier papel político en público porque alegaba que su propósito en la vida era apoyar a su esposo y proteger a sus dos hijos. “Considero que mi labor es que nada cambie en nuestra familia, que los niños sean niños y el hogar sea un hogar”, dijo Navalnaya a la edición rusa de la revista Harper’s Bazaar en 2021, una de las pocas entrevistas que ha concedido.

Pero eso cambió el lunes.

Navalnaya enfrenta el gran reto de intentar que vuelva a funcionar el desmotivado movimiento de oposición desde el extranjero, ya que cientos de miles de sus simpatizantes han sido obligados a exiliarse por un Kremlin cada vez más represivo que ha respondido a cualquier crítica a su invasión a Ucrania, que inició hace dos años, con duras sentencias de cárcel. El movimiento político y la fundación de su esposo, que expusieron la corrupción en las altas esferas del poder, fueron declaradas como organizaciones extremistas en 2021 y se les prohibió operar en Rusia.

Aunque no desestiman las dificultades, sus amigos y asociados creen que Navalnaya, de 47 años, tiene una oportunidad de éxito gracias a lo que llaman su combinación de inteligencia, porte, determinación férrea, resiliencia, pragmatismo y carisma.

Su presencia es algo inusual en Rusia: una mujer destacada en un país donde las mujeres reconocidas en la política son poco comunes, a pesar de sus muchos logros en otros campos. Analistas afirman que, aparte de la amplia autoridad moral que ha adquirido tras la muerte de su marido, Navalnaya podría beneficiarse de una brecha generacional en Rusia, donde los rusos más jóvenes y postsoviéticos aceptan más la equidad de género.

Tan pronto como Navalnaya hizo su declaración el lunes, la maquinaria propagandística estatal rusa se puso en acción, por lo que trató de presentarla como una herramienta de las agencias de inteligencia de Occidente y alguien que frecuentaba complejos turísticos y fiestas de celebridades.

Navalnaya nació en Moscú en una familia de clase media; su madre trabajaba para un ministerio gubernamental y su padre era empleado de un instituto de investigación. Sus padres se divorciaron al poco tiempo y su padre murió cuando ella tenía 18 años. Navalnaya se graduó en Relaciones Internacionales y después trabajó brevemente en un banco antes de conocer a Navalny en 1998 y casarse con él en 2000. Ambos eran cristianos ortodoxos rusos.

Una hija, Daria, que ahora estudia en California, nació en 2001, y un hijo, Zakhar, nació en 2008, quien asiste a la escuela en Alemania, donde vive Navalnaya.

Aunque no era abiertamente política, Navalnaya siempre estuvo al lado de su esposo. Lo acompañó en manifestaciones y durante sus numerosos procesos judiciales y sentencias de prisión. Navalnaya estaba con él durante su campaña para alcalde de Moscú en 2013, y en 2017, cuando un ataque con un tinte químico verde casi lo deja ciego de un ojo.

En 2020, cuando Navalny fue envenenado, Navalnaya le exigió de manera pública a Putin que su marido fuera evacuado en ambulancia aérea a Alemania y, durante sus 18 días en coma, ella permaneció a su lado, habló con él y reprodujo sus canciones favoritas como “Perfect Day” de Duran Duran. Tras recuperar el conocimiento, Navalny escribió en redes sociales: “Yulia, me salvaste”.

Navalnaya sobrevivió un intento de envenenamiento en Kaliningrado un par de meses antes que seguramente estaba dirigido a él, dijeron sus amigos, pero ella no siguió pensando en eso.

Navalnaya ha sido comparada con otras mujeres que han continuado las batallas políticas de sus maridos asesinados o encarcelados. Entre ellas se encuentran Corazón Aquino, cuyo esposo fue asesinado en 1983, cuando bajaba de un avión en Filipinas al regresar de su exilio; luego, derrotó al entonces presidente Ferdinand Marcos. También está Sviatlana Tsikhanouskaya, quien lideró la oposición en las elecciones presidenciales de 2020 en Bielorrusia, país vecino de Rusia, después de que su marido fuera encarcelado. Ella misma se vio obligada al exilio.

Al final, los analistas indican que una “persona normal” con autoridad moral podría tener éxito donde alguien dedicado a la política no podría.

“Ella quiere terminar la tarea que Alexéi trágicamente dejó incompleta: hacer que Rusia sea un país libre, democrático, pacífico y próspero”, dijo Sergei Guriev, un amigo de la familia y un destacado economista ruso que es director académico del Instituto de Estudios Políticos de París. “Ella también va a demostrarle a Putin que eliminar a Alexéi no acabará con su causa”.

Publicado en New York Times

 

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Agencias

Por qué el modelo “Bukele” no puede aplicarse a otros países de A.L.

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EP New York. | Latinoamérica | El Salvador

Por qué el modelo Bukele no va a funcionar en otros países de América Latina

Aunque todavía se están contando los votos, el presidente Nayib Bukele se adjudicó una victoria aplastante las elecciones y afirmó que ganó con más del 85 por ciento de los votos. Si esos resultados se mantienen cuando se anuncie el conteo oficial, ni siquiera los presidentes populistas más conocidos de América Latina, como el presidente venezolano Hugo Chávez o el boliviano Evo Morales, habrán estado cerca de ganar unas elecciones con esos márgenes.

El ascenso sin precedentes de Bukele se explica debido a un factor: el sorprendente descenso en la tasa de delincuencia de El Salvador. Desde que asumió la presidencia en 2019, la tasa de homicidios intencionales ha bajado del 38 por cada 100.000 ese año a 7,8 en 2022, muy por debajo del promedio en América Latina del 16,4 para el mismo año.

Las medidas enérgicas que Bukele ha encabezado para combatir el crimen organizado prácticamente han desmantelado a las pandillas que aterrorizaron a la población durante décadas. También ha cobrado un precio oneroso a los derechos humanos, las libertades civiles y la democracia de los salvadoreños. Desde marzo de 2022, cuando Bukele declaró un estado de excepción que dejó suspendidas algunas libertades civiles básicas, las fuerzas de seguridad han encarcelado aproximadamente a 75.000 personas. Uno de cada 45 adultos en el país está en prisión.

Ante esta situación, otros líderes de la región han debatido la posibilidad de adoptar muchas de las mismas medidas drásticas para combatir la violencia delictiva en su país. Sin embargo, aunque estuvieran dispuestos a hacer los mismos compromisos que ha hecho el gobierno de Bukele —calles más seguras empleando métodos diametralmente opuestos a la democracia— quizá no conseguirían los mismos resultados. Las condiciones que hicieron posible el éxito de Bukele y su notoriedad política son únicas de El Salvador y no son exportables.

En nuestro recorrido por las calles de la capital, San Salvador, en los días anteriores a las elecciones, vimos cómo las familias han regresado a los parques. Ahora, las personas pueden atravesar las fronteras entre distintos barrios que antes estaban controlados por pandillas y eran imposibles cruzar. El centro de la ciudad, que por años quedaba casi vacío al atardecer, ahora está activo hasta altas horas de la noche.

El problema es que El Salvador, que emprendió una transición hacia la democracia en la década de 1990, se ha desviado de esa ruta. Bukele tiene control en los poderes del gobierno. La nación de 6,4 millones de habitantes funciona como un Estado policial: no es inusual que soldados y policías retiren a los ciudadanos de las calles y los encarcelen de manera indefinida sin ninguna razón y sin darles acceso a un abogado. Hay noticias creíbles de que los reclusos han sido torturados. Varios críticos del gobierno comentaron que los han amenazado con presentar acusaciones en su contra, además de que se han empleado programas espía para monitorear a algunos periodistas. Incluso la votación del domingo pasado se encuentra bajo el microscopio porque el sistema de transmisión de los resultados de la votación preliminar dejó de funcionar de manera muy inusual.

Como politólogos, con experiencia en el estudio de la política latinoamericana, le hemos dado seguimiento al creciente grupo de seguidores de Bukele en la región. En el vecino Honduras, la presidenta de izquierda, Xiomara Castro, declaró una “la guerra a la extorsión” contra las pandillas a finales de 2022. Al igual que en El Salvador, Castro decretó un estado de excepción, pero, aunque la tasa de homicidios ha bajado, las pandillas todavía conservan mucho poder.

Más al sur, Ecuador se tambalea por su propio brote de violencia de las bandas. Cuando uno de nosotros fue de visita el año pasado, varias personas entrevistadas señalaron que les encantaría que “alguien como Bukele” llegara a poner orden. Incluso en Chile, que históricamente ha sido una democracia más sólida y un país más seguro que El Salvador, pero en donde la criminalidad va en aumento, Bukele cuenta con un porcentaje de aprobación del 78 por ciento.

No es ningún misterio por qué el modelo de medidas estrictas contra el crimen de Bukele es tan atractivo en América Latina. En 2021, según un grupo de investigación mexicano, en la región se encontraban 38 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. En un año típico, esta región en la que ahora vive solo el ocho por ciento de la población mundial, sufre alrededor de un tercio del número total de asesinatos.

Pero quienes copian las medidas de Bukele y aquellos que creen que su modelo puede replicarse en cualquier lugar no han considerado un punto clave: no es probable que las condiciones que le permitieron controlar a las pandillas en El Salvador se presenten en otras partes de América Latina.

Las pandillas de El Salvador son únicas y están lejos de ser como las organizaciones criminales más sólidas de la región. Durante décadas, unas cuantas pandillas se enfrentaron entre sí para conseguir el control de territorios y ganaron poder social y político. Pero, a diferencia de los cárteles en México, Colombia y Brasil, las pandillas de El Salvador no han sido actores importantes en el comercio global de drogas y habían estado más bien enfocadas en la extorsión. En comparación con estos otros grupos, contaban con finanzas limitadas y no tenían tanto armamento.

Bukele comenzó a desactivar a las pandillas mediante negociaciones con sus líderes, según algunos reportes periodísticos de investigación salvadoreños y una investigación criminal encabezada por un antiguo fiscal general (algo que el gobierno niega). Después, cuando Bukele comenzó a detener a sus soldados de a pie en redadas masivas que llevaron a muchas personas inocentes a las prisiones, las pandillas colapsaron.

La historia no sería tan sencilla en otras partes de América Latina, donde las organizaciones criminales tienen más dinero, tienen más conexiones internacionales y están mucho mejor armadas de lo que estaban las pandillas de El Salvador. Cuando otros gobiernos de la región han intentado acabar con los líderes de pandillas y cárteles, estos grupos no se han desmoronado. Han contraatacado, o bien han surgido nuevos grupos delictivos para llenar rápidamente el vacío, interesados en los enormes ingresos que ofrece el comercio de drogas. La guerra de Pablo Escobar contra el Estado en las décadas de 1980 y 1990 en Colombia, la reacción violenta de los cárteles a las acciones de las autoridades mexicanas desde mediados de la década de los 2000 y la respuesta violenta a las recientes medidas del gobierno de Ecuador contra las pandillas son solo unos cuantos ejemplos.

Además, El Salvador tenía fuerzas de seguridad más profesionales, que se comprometieron a acabar con las pandillas cuando Bukele las convocó, en comparación con algunos de sus vecinos. Un ejemplo es Honduras, donde, se ha reportado, la corrupción propiciada por las pandillas entre las fuerzas de seguridad es un problema muy profundo. Esta situación contribuyó al fracaso, desde un principio, de las acciones inspiradas en Bukele emprendidas por Castro. En otros países, como México, también se dice que los grupos delictivos han logrado cooptar a miembros de alto rango del ejército y la policía. En Venezuela, se ha informado que algunos funcionarios militares han tenido su propia operación de tráfico de drogas. Incluso si los mandatarios enviaran soldados y policías a realizar redadas masivas como las de Bukele, es posible que las fuerzas de seguridad no estén preparadas o tengan incentivos para socavar la misión.

Por último, Bukele enfrenta una oposición política muy disminuida, pues los dos partidos políticos tradicionales del país se han debilitado significativamente desde 2019 y, por lo tanto, no son capaces de contener las acciones del nuevo presidente para establecer control sobre las instituciones públicas. En muchos otros países de América Latina hay partidos políticos más sólidos o existen fuerzas de oposición que ayudarían a exigir una rendición de cuentas a un poder ejecutivo que pretendiera extender su control.

Si otros Bukeles en potencia intentan copiar lo que él ha hecho, es más probable que solo imiten el lado sombrío del modelo de El Salvador y no sus logros.

Los gobiernos podrían verse sumidos en el caos si se multiplican los grupos delictivos o contraatacan con violencia. Además, en el proceso podrían quitarle espacios a la sociedad civil y a la prensa, reducir la transparencia del gobierno, llenar con más detenidos las prisiones, que ya están abarrotadas, y debilitar a los tribunales. Históricamente, los presidentes de América Latina que no tienen un compromiso absoluto con la democracia ya han dado algunos de estos pasos, o todos ellos, para su beneficio político de cualquier manera. Combatir el crimen es la excusa perfecta.

A pesar de su éxito en la reducción de la delincuencia, el modelo de Bukele tiene un costo muy importante. Los imitadores deben tener cuidado: seguir el modelo de El Salvador no solo no funcionará, sino que, en el camino, intentar hacerlo podría causarle daños perdurables a la democracia.

Publicado en New York Times

 

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Agencias

Kremlin confirma muerte de líder opositor ruso Alexei Navalny

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EP New York | Política Mundial

MOSCOW, 16 de febrero  – El líder de la oposición más destacado de Rusia Alexei Navalny colapsó y murió el viernes después de un paseo en la colonia criminal ártica “Polar Wolf” donde estaba sirviendo a una larga duración de la cárcel, el Servicio penitenciario ruso dijo.

Navalny, un ex abogado de 47 años, se hizo un lugar de prominent hace más de una década con blogs sobre lo que dijo que era una gran corrupción y opulencia entre los “crooks y ladrones” de la élite de Rusia.

El Servicio Penitenciario Federal del Distrito Autónoma de Yamalo-Nenets dijo en un comunicado que Navalny se sintió mal después de un paseo en la colonia penal de IK-3 en Kharp, a unos 1.900 km (1.200 millas) al noreste de Moscú hacia el Círculo Ártico.

Él perdió la conciencia casi de inmediato, dijo. “Todas las medidas de reanificación necesarias se llevaron a cabo, que no dieron resultados positivos”, dijo el servicio penitenciario, añadiendo que se estaban estableciendo causas de muerte.

El Kremlin dijo que el presidente Vladimir Putin fue informado de la muerte, que trajo un torrente de indignación del oeste, algunos diciendo que el líder ruso tenía responsabilidad.

Los partidarios de Navalny dijeron que no podían confirmar que estaba muerto, pero que si lo era entonces creían que había sido asesinado.

Con información de Reuters

 

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