EP New York | migración EE.UU.

EEUU anuncia nuevas medidas para frenar inmigración

WASHINGTON — Ante el inminente fin de las restricciones al asilo relacionadas con la pandemia de COVID-19, el gobierno de Estados Unidos anunció el jueves medidas para evitar que los migrantes crucen ilegalmente la frontera sur, implementando sanciones para muchos que sí lo hagan, y creando nuevas vías con el objetivo de ofrecer alternativas al peligroso viaje.

Las medidas incluyen la apertura de centros de procesamiento fuera de Estados Unidos para que las personas que huyen de la violencia y la pobreza presenten sus solicitudes para llegar vía aérea y establecerse legalmente en Estados Unidos, España o Canadá. Los primeros centros de este tipo se abrirán en Guatemala y Colombia, y se tiene previsto que posteriormente se establezcan más en otros países.

El gobierno también planea examinar de manera más rápida a los migrantes que solicitan asilo en la frontera, repatriar en el menor tiempo posible a quienes considere inelegibles, y penalizar a quienes ingresen ilegalmente a Estados Unidos o en cualquier otro país en su trayecto hacia Estados Unidos.

Pero se desconoce si las medidas ayudarán a frenar la oleada de migrantes que huyen de países sumidos en problemas políticos y económicos. El inminente fin de las medidas de salud pública implementadas durante la pandemia que permitían la expulsión expedita de muchos migrantes, el próximo 11 de mayo, también incrementa la presión.

“Este es un desafío hemisférico que exige soluciones hemisféricas”, declaró el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas en una conferencia de prensa en la que detalló la manera en que Estados Unidos trabajará en conjunto con otros países de la región.

Mayorkas también advirtió que ni los migrantes ni los traficantes de personas deben interpretar que el vencimiento de las restricciones significa que todos deben venir. “Que quede bien claro: Nuestra frontera no está abierta ni lo estará después del 11 de mayo”.

El tema de la migración ha afligido a Biden a lo largo de su presidencia. Líderes del Partido Republicano lo han criticado por mostrarse blando respecto a la seguridad fronteriza, pero grupos en defensa de los migrantes afirman que el gobierno ha abandonado su labor humanitaria al establecer medidas más estrictas con el fin de evitar que los migrantes vengan al país de manera ilegal.

El tema no desaparecerá. Mientras busca la reelección en 2024, Biden trata de lograr un equilibrio que luce complicado, particularmente si los migrantes saturan las instalaciones fronterizas después del 11 de mayo.

El gobierno federal también ha señalado repetidamente al Congreso, afirmando que no ha podido llegar a un acuerdo sobre una reforma migratoria integral.

Las medidas anunciadas el jueves forman parte de la estrategia del garrote y la zanahoria que el gobierno estadounidense ha estado utilizando con cada vez mayor frecuencia en el tema migratorio, con la cual ofrece incentivos como permisos condicionales humanitarios para cientos de miles de personas y al mismo tiempo anuncia fuertes consecuencias para muchos de los que se presentan en la frontera.

Hasta el momento, dichas medidas han incluido:

Centros de procesamiento: El gobierno abrirá centros migratorios en varios países, empezando por Guatemala y Colombia, que serán dirigidos por la Organización Internacional para las Migraciones y por la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados. En estos lugares, los posibles migrantes pueden obtener información sobre las distintas maneras en que pueden emigrar hacia Estados Unidos, como las solicitudes de estatus de refugiado o programas de trabajo. El gobierno señaló que tanto Canadá como España han dicho que aceptarían a migrantes referidos por estos centros, aunque no se dieron a conocer cifras específicas. Estados Unidos también indicó que duplicaría la cifra de refugiados procedentes de Centro y Sudamérica. Tampoco se detallaron números en ese caso, pero para el ejercicio fiscal 2023, Estados Unidos se comprometió a aceptar a 15.000 refugiados de Latinoamérica y el Caribe.

–Sanciones más duras y expeditas: El gobierno estadounidense afirma que procesará más rápido a los solicitantes de asilo que se presenten en la frontera sur — en cuestión de días, no de semanas — con el objetivo de enviar de regreso más rápido a las personas que no superen los primeros filtros. Los repatriados tendrán prohibido ingresar a Estados Unidos por cinco años. El gobierno señala que pretende aumentar drásticamente el número de vuelos en los que se deporta a los migrantes. Las autoridades federales también señalaron que una regla anunciada previamente que limitaría el asilo para aquellos que pasaron primero por otro país sin solicitar asilo ahí, o que entraron de manera ilegal en Estados Unidos, también entrará en vigor antes de que se venza el plazo del 11 de mayo.

— No detención de familias: El gobierno no anunció la detención de las familias que crucen la frontera sin autorización. Esa medida habría desatado críticas de los activistas migratorios y aliados de Biden. Pero las autoridades indicaron que vigilarán a las familias con toques de queda y monitoreo por GPS, y subrayaron que se les deportaría si se determina que no cumplen los requisitos para permanecer en el país.

— Reunificación de familias: El Departamento de Seguridad Nacional está creando un proceso de permisos de entrada para la reunificación de familias para personas procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia. Y la agencia está “modernizando” su proceso existente de reunificación de familias para personas de Cuba y Haití.

— Combate a traficantes: Mayorkas destacó las labores para combatir de forma más estricta a las redes de traficantes que facilitan el traslado por toda la región hacia Estados Unidos.

Andrew Selee, quien encabeza el Instituto de Política Migratoria, dijo que los planes que se dieron a conocer son “los más claros que hemos visto de una estrategia” por parte del gobierno para lidiar con la migración. Pero advirtió que de cualquier forma se requeriría de mucho tiempo y compromiso para que el plan tenga éxito.

“Creo que es lo más cercano que hemos visto a un plan integral”, indicó Selee. Señaló que el gobierno apostó fuerte por los centros de procesamiento, y dijo que potencialmente pueden servir para brindar información sobre las opciones migratorias de una manera en que una embajada, por ejemplo, no puede hacerlo.

Pero Selee añadió que los centros de procesamiento tendrán que estar estrechamente ligados a las redes locales en varios países para que los posibles migrantes tengan conocimiento de ellos, y para que la organización local que sepa de las personas que están más desesperadas por migrar puedan referirlas hacia los centros.

El anuncio del jueves recibió criticas de muchos, incluidos miembros del propio partido del mandatario a quienes les inquietan los crecientes intentos de Biden por dificultar el acceso al asilo en la frontera.

El senador Bob Menendez se dijo “decepcionado” con el plan, en particular después de pasar las últimas semanas exhortando a la Casa Blanca a implementar una estrategia inmigratoria diferente que incluyera una extensión al Estatus de Protección Temporal para personas de varias naciones de Centroamérica. También expresó sus dudas sobre cómo se implementarían algunos aspectos del plan.

“La pregunta es: ¿cómo vamos a instalar estos centros de procesamiento? ¿Cuáles son las entidades que estarán ahí para asegurarse de que se procese a una persona de forma adecuada? ¿Que vamos a hacer para que los terceros países acepten a estos individuos y garantizar que estén a salvo?”, comentó el senador.

Muchos grupos que trabajan brindando asistencia a refugiados y otros migrantes expresaron satisfacción con algunos aspectos del plan, como el permitir a más refugiados de Centro y Sudamérica, y la reunificación de familias. Pero indicaron que eso no debería ser a expensas de las personas que solicitan asilo en la frontera.

El Programa de Asistencia Internacional para Refugiados dijo en un comunicado que le preocupa la falta de detalles del plan, cómo se implementará y de dónde saldrá el dinero. El grupo también indicó que el programa para el reasentamiento de refugiados de Estados Unidos aún no se recupera de los recortes que sufrió durante el gobierno del presidente Donald Trump.

“Tenemos más preguntas que respuestas”, declaró Lacy Broemel, analista de políticas del programa.

Otros, como grupos de tendencia derechista que ya han criticado intensamente a Biden, arremetieron contra el plan, asegurando que el procesamiento más rápido de migrantes simplemente significa que ingresarán más rápido al país. La Federación para la Reforma de Inmigración Estadounidense señaló que las iniciativas representan “un enorme plan ilegal con el fin de recibir a números ilimitados de migrantes”.

Con información de AP noticias

EP New York | tratado nuclear

Peligra último tratado de armas nucleares entre EEUU y Rusia

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha anunciado este martes la suspensión unilateral del cumplimiento por parte de su país del START III o Nuevo START, último tratado de desarme y de no proliferación nuclear que estaba aún vigente entre Rusia y EEUU. También ha anunciado que Rusia “debe estar preparada para realizar ensayos nucleares si Estados Unidos los lleva a cabo primero”. 

WASHINGTON — El anuncio hecho el martes por el presidente ruso, Vladimir Putin, de que Moscú suspenderá su participación en el último tratado restante para el control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia tendrá un impacto inmediato en el seguimiento de las actividades nucleares rusas por parte de Washington.

La decisión de Putin de suspender la cooperación rusa con las inspecciones de ojivas nucleares y misiles contempladas por el tratado sigue a la cancelación por parte de Moscú a fines del año pasado de las conversaciones que tenían como objetivo salvar un acuerdo que ambas partes se acusaron mutuamente de ignorar.

En su discurso sobre el estado de la nación al pueblo ruso, Putin dijo que Moscú abandonaba el tratado debido al apoyo de Estados Unidos a Ucrania, y acusó a Washington y sus aliados de la OTAN de trabajar abiertamente para destruir a Rusia.

Estados Unidos ya se había alejado del tratado. Durante el gobierno del presidente Donald Trump, Estados Unidos se negó a entablar negociaciones para extenderlo, acusando a Moscú de cometer violaciones flagrantes. Sin embargo, cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo en 2021, su gobierno firmó una extensión de cinco años.

Este es un vistazo al Nuevo START y lo que significa el anuncio de Rusia para el monitoreo de las armas nucleares de Estados Unidos y Rusia:

¿QUÉ ES EL TRATADO NUCLEAR RUSIA-EEUU?

El Nuevo START —llamado formalmente Tratado entre los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia sobre medidas adicionales para la reducción y limitación de las armas ofensivas estratégicas— fue firmado por el gobierno del presidente Barack Obama en 2010 y entró en vigor en febrero de 2011 como un pacto de 10 años. El tratado obligaba tanto a Rusia como a Estados Unidos a comprometerse a tener comunicaciones periódicas sobre el estado de sus arsenales nucleares, permitir inspecciones periódicas in situ y cumplir con los límites en la cantidad de ojivas desplegadas y no desplegadas que cada uno mantendría.

Esos límites incluyen: 700 misiles balísticos intercontinentales (ICBM, por sus siglas en inglés) desplegados, misiles balísticos lanzados desde submarinos (SLBM) desplegados y bombarderos nucleares desplegados; 1.550 ojivas nucleares en los ICBM desplegados, SLBM desplegados y bombarderos desplegados; 800 lanzadores ICBM, lanzadores SLBM y bombarderos, tanto desplegados como no desplegados.

Horas después del discurso de Putin y a pesar de que el mandatario ruso suspendió la participación en el pacto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que el Kremlin respetaría los límites de las armas nucleares.

El Ministerio de Relaciones Exteriores agregó que Rusia también continuará intercambiando información sobre lanzamientos de prueba de misiles balísticos según acuerdos anteriores con Estados Unidos.

¿QUÉ SIGNIFICARÁ LA SUSPENSIÓN PARA LAS INSPECCIONES NUCLEARES Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN?

Desde que se firmó el Nuevo START, Rusia y Estados Unidos han permitido que los equipos de cumplimiento del otro gobierno realicen 328 inspecciones in situ de sus reservas y, lo que es más importante, las dos naciones han cooperado en el intercambio de datos y han hecho 25.311 notificaciones sobre el estado de sus programas, informó el Departamento de Estado norteamericano.

El anuncio de Putin y la aclaración posterior del Ministerio de Relaciones Exteriores parecían indicar que las inspecciones están suspendidas permanentemente, pero no aclararon qué intercambio de datos y qué notificaciones podrían continuar.

Estados Unidos obtendrá sus primeras pistas el 1 de marzo, cuando se supone que ambas partes volverán a intercambiar datos sobre el número agregado de sus fuerzas nucleares, precisó Hans Kristensen, director del proyecto de información nuclear de la Federation of American Scientists (Federación de científicos estadounidenses).

Estados Unidos y Rusia también han estado intercambiando mensajes diarios sobre movimientos y ejercicios, lo que ha ayudado a aclarar a ambas potencias nucleares las acciones de la otra, apuntaron tanto Kristensen como William Alberque, director de estrategia, tecnología y control de armas del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

“Hay notificaciones que llegan todos los días”, dijo Alberque. Del lado estadounidense, esos mensajes formateados de computadora son procesados por un equipo militar-civil en el Centro Nacional para la Reducción de Riesgos Nucleares del Departamento de Estado.

Si Rusia deja de proporcionar notificaciones, “inmediatamente vamos a comenzar a perder datos para poder rastrear exactamente cuántas armas estratégicas tienen y si están o no en el lugar que se supone que deben estar, y si están actuando o no de la manera en que se supone que deben hacerlo”, alertó Alberque.

¿QUÉ PASÓ ANTES DEL ANUNCIO DE PUTIN?

En marzo de 2020, Estados Unidos y Rusia pausaron las inspecciones de los sitios militares de ambas partes bajo el Nuevo START debido a la propagación del coronavirus. La comisión de Estados Unidos y Rusia que supervisa la implementación del tratado se reunió por última vez en octubre de 2021, pero luego Rusia suspendió unilateralmente su cooperación con las disposiciones de inspección del tratado en agosto de 2022 en protesta por el apoyo de Estados Unidos a Ucrania.

Se suponía que esas reuniones se habían reanudado en Egipto a fines de noviembre, pero Rusia las canceló abruptamente sin ofrecer una razón específica, según funcionarios estadounidenses.

A fines de enero, el gobierno de Biden informó al Congreso que Rusia no estaba cumpliendo con los términos del acuerdo al negarse a permitir inspecciones en su territorio y al no aceptar nuevas conversaciones sobre la reanudación de esas verificaciones.

En ese momento, el Departamento de Estado advirtió que “Rusia tiene un camino claro para volver al pleno cumplimiento” el pacto y que todo lo que tenía que hacer era aceptar las nuevas inspecciones.

¿CÓMO RESPONDERÁ EL GOBIERNO DE BIDEN?

Ahora dependerá del gobierno de Biden decidir cómo responder, es decir, básicamente si continúa cumpliendo con su parte del tratado.

El martes, el secretario de Estado Antony Blinken calificó la medida rusa de “profundamente desafortunada e irresponsable”.

“Observaremos atentamente para ver qué hace realmente Rusia”, declaró. “Por supuesto, nos aseguraremos de que, en cualquier caso, estemos en una postura adecuada para la seguridad de nuestro propio país y la de nuestros aliados”.

El mes pasado, el Departamento de Estado informó que no podía certificar que Rusia estaba cumpliendo con el Nuevo START debido a su negativa a permitir inspectores in situ el año pasado. Ahora que Rusia rechazó el tratado por completo, existe el riesgo de una acumulación de armas atómicas de ambos países.

“Tanto Estados Unidos como Rusia han planificado meticulosamente sus respectivos programas de modernización nuclear basándose en el supuesto de que ninguno de los dos países superará los niveles de fuerzas dictados actualmente por el Nuevo START”, explicó la Federación de Científicos Estadounidenses en un informe de febrero en el que se examinaron los riesgos en caso de que ambas partes no renovaran el tratado.

“Sin un acuerdo después de 2026, esa suposición desaparecería inmediatamente; probablemente ambas partes caerían en la desconfianza mutua ante un menor número de datos verificables, y nuestro discurso estaría dominado por el peor de los casos, sobre cómo crecerían los arsenales de ambos países en el futuro”.

Con información de AP | EFE

EP New York | Latinoamérica

Perú: el Congreso destituye al presidente Pedro Castillo

Perú — El Congreso peruano destituyó el miércoles al presidente Pedro Castillo poco después de que éste disolviera el Legislativo e instalara un gobierno de emergencia, en la mayor crisis política desde que llegó al poder hace poco más de un año.

Castillo fue destituido por “incapacidad moral” por 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones y será sucedido en el poder por su vicepresidenta Dina Boluarte, a quien se le tomará juramento en las próximas horas.

La votación se produjo el mismo día en que Castillo disolvió el Parlamento en una maniobra que varios actores consideraron un intento de golpe de Estado y que fue incluso criticada por algunos de sus propios funcionarios.

Boluarte, una abogada de 60 años, se convertirá en la primera mujer en alcanzar la presidencia en más de 200 años de república independiente. Bilingüe en español y quechua, fue elegida vicepresidenta en la boleta que llevó al poder a Castillo el 28 de julio de 2021.

Poco antes Boluarte había rechazado en su cuenta de Twitter la decisión del mandatario porque “agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”.

En un mensaje por la televisión pública Castillo había anunciado la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes que debía elaborar una nueva carta magna en un plazo de nueve meses.

Pero rápidamente perdió el respaldo de varios integrantes del gobierno que poco después renunciaron, entre ellos el jefe del ejército Walter Córdova y cuatro ministros, incluidos el canciller César Landa y el ministro de Economía, Kurt Burneo.

“En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores ante la decisión del Presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución”, publicó Landa en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional indicaron en un comunicado que “cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”.

En tanto, la Defensoría del Pueblo sostuvo en un comunicado que luego de varios años de democracia Perú se enfrentaba a un quiebre constitucional “que no tiene otra denominación que un golpe de Estado”. El organismo demandó la renuncia de Castillo y su puesta a disposición de la justicia por incumplimiento de la constitución “al haberse arrogado el poder que sólo pertenece al pueblo”.

“El señor Castillo debe recordar que no sólo fue elegido como presidente de la república si no que el pueblo también eligió a representantes para la función pública. Los actos de Castillo desconocen la voluntad del pueblo y son nulos”, indicó la Defensoría.

Castillo también había dispuesto que a partir de la fecha se gobernaría mediante decretos ley y ordenado un toque de queda a partir de las 22 hora local (0300 GMT) y hasta las 4 de la mañana (0900 GMT). A su vez exigió la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.

“Los Estados Unidos rechazan categóricamente cualquier acto extra constitucional del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato”, publicó en Twitter Lisa Kenna, embajadora de Estados Unidos en Perú.

Esta es la segunda vez en tres años que un gobierno cierra el Congreso. En 2019 el entonces presidente Martín Vizcarra cerró el Parlamento pero fue removido de su cargo un año después en noviembre de 2020 cuando hubo tres mandatarios en una semana en medio de protestas en las calles que dejaron dos muertos y 200 heridos.

La Fiscalía investiga a Castillo en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, y su hipótesis es que el ahora exmandatario usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas. Castillo ha negado las acusaciones.

El primer presidente de origen rural en 200 años de república modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que provocó una parálisis de varias políticas de gobierno.

Desde 2016 Perú vive una crisis política caracterizada por Parlamentos y presidentes de turno que buscan eliminarse por desacuerdos entre sí. En 2019 Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso y convocó a elecciones legislativas. En 2020 el nuevo Legislativo removió a Vizcarra. El nuevo presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana y renunció por las marchas populares. Francisco Sagasti llegó al poder y tras nueve meses entregó el puesto al actual mandatario.

En medio de la lucha por el poder, la sequía más potente en medio siglo golpea los Andes y miles de aldeas rurales sufren la falta de lluvias que no permiten el inicio de la siembra de papas. Los pastos naturales han comenzado a agotarse provocando la muerte de ovejas y camélidos. Al mismo tiempo la gripe aviar ha matado a más de 18.000 aves marinas silvestres y ha provocado al menos un contagio en una granja de aves que pone en peligro la crianza de pollos y pavos.

Además, desde hace una semana el país sufre una quinta ola de infecciones de COVID-19. Desde el inicio de la pandemia han muerto más de 217.000 peruanos y 4,3 millones se han contagiado, según datos oficiales.

AP