En esa oportunidad, también confirmó la muerte de un manifestante a manos de las fuerzas de seguridad y se convirtió en el primer funcionario público de importancia en reconocer el descontento social por la escasez de productos básicos.

Y este miércoles la fiscal general Luisa Ortega, volvió a chocar frontalmente con el gobierno venezolano, denunciando la existencia de “terrorismo de Estado” y declarándose dispuesta a dar la vida para defender la constitución que el actual mandatario pretende reformar.Pero no está claro por cuanto tiempo más Ortega podrá seguir siendo esa rara avis en la Venezuela de hoy día: una voz disidente al frente de una de las principales instituciones estatales del país.

Esta postura ha convertido a Ortega en la más destacada de las voces que critican a Maduro desde el propio chavismo. Pero el mismo miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia -denunciado como “ilegítimo” por la fiscal- ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias y le prohibió la salida del país “por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”.

Poco antes, el mismo tribunal también había emitido dos polémicas sentencias aparentemente destinadas a minar el poder de la fiscalía y preparar el camino para una eventual destitución de Ortega.Una situación que muy pocos seguramente imaginaban cuando, al liderar la acción penal contra el líder opositor Leopoldo López, que derivó en su arresto, Ortega se confirmó como una leal seguidora de Hugo Chávez, a quien todavía acostumbra citar.

“Chavismo crítico”

Por lo pronto, la fiscal, de 59 años, se ha convertido en una suerte de ídolo de la oposición, que desde hace tres meses celebra manifestaciones en contra del presidente Nicolás Maduro, al que acusan de una deriva autoritaria. En ese tiempo se han registrado más de 80 muertos, y la fiscal fue la primera en suministrar cifras oficiales contradiciendo el discurso del gobierno en medio del actual escenario de confrontación.

ILa fiscal se ha ido separando de la postura oficial del gobierno de Nicolás Maduro.Foto: @VillegasPoljak

A tenor de sus palabras y de la independencia que ha mostrado, Ortega forma parte del chavismo crítico con el gobierno de Nicolás Maduro. Llegó al puesto de fiscal con el aval de Hugo Chávez en 2007 y vivió el funeral del fallecido presidente en 2013 desde primera fila. “Estuvo muy comprometida con el presidente Chávez. Por su formación de izquierdas nadie desde el gobierno puede juzgarle como una traidora ni decir que está pagada por la CIA”, le dijo en mayo a BBC Mundo el politólogo Nícmer Evans, también crítico con el gobierno desde la izquierda. Y, según Evans, su giro no responde a un viraje ideológico, pues se trata de una persona de firme convicción de izquierdas, casada con un diputado oficialista y leal al proceso revolucionario, pero también firme defensora de la Constitución de 1999.

Esa es la Carta Magna de Chávez que ahora el gobierno de Maduro desea cambiar con una Asamblea Constituyente y la que Ortega juró defender con su vida. “Es una combinación de activista política y mujer de leyes”, explicó Evans, quien conoce a la fiscal y también formó parte del gobierno de Chávez.

“Una válvula de escape”

Aunque desde el oficialismo se acusa a Ortega de traidora, sus posturas también han sido elogiadas por ser independientes.

“Es una posición muy valiente y demuestra su nivel de compromiso con el país, con la Constitución, y permite generar un debate y una válvula de escape”, le dijo en su momento a BBC Mundo Olly Millán, quien fue ministra de Economía Popular con Chávez y ahora es crítica con el gobierno.

En ese entonces Millán se refería a las declaraciones de finales de marzo en las que Ortega calificó de “ruptura del orden Constitucional” dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían poderes al Parlamento, controlado por la oposición. Poco después las dos sentencias, que fueron el detonante de la actual ola de protestas, se rectificaron parcialmente. Pero el momento marcó un antes y un después en la relación entre Ortega y el gobierno. Y, en esa misma conferencia, la fiscal aseguró que el Ministerio Público había constatado una tasa de 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir,21.752 homicidios intencionales o dolosos, confirmando así uno de los grandes problemas de Venezuela: la violencia.

Meses antes había criticado las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), el plan de seguridad del Estado contra el crimen que ha generado denuncias de asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.

Pero Ortega no se quedó allí. En una poco habitual entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal calificó la Constitución actual como “insuperable” y en medio del enfrentamiento entre gobierno y oposición, afirmó: “No podemos pedir un comportamiento legal y pacífico a los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo a la ley”. También mostró su “preocupación” por que haya civiles que estén siendo juzgados por tribunales militares.

“Incluso en los estados de excepción, el debido proceso es uno de los pocos derechos que no se puede suspender”, dijo Ortega el 25 de abril citando el artículo 337 de la Constitución venezolana. Y en una carta al presidente de la comisión presidencial para la Asamblea Constituyente mostró su desacuerdo con esta y su lealtad a la actual Carta Magna. “Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución”, escribió. Y por esos días también admitió la existencia de un profundo descontento por culpa de la escasez de productos básicos, algo que no ha reconocido el gobierno pese a la grave crisis económica que sufre el país.

“Represión”

En la conferencia ofrecida en marzo, con el simple gesto de leer este miércoles las instrucciones de una bomba lacrimógena, Ortega también dejó claro que las fuerzas del orden no las pueden usar para disparar directamente sobre manifestantes, tal y como ha denunciado la oposición.

En esa oportunidad, usó la palabra “represión”, criticada por el gobierno, y anunció que la investigación sobre la muerte del joven manifestante Juan Pernalete confirmó que la causa del deceso fue el impacto de una bomba lacrimógena. (El gobierno defiende la tesis de que murió por el disparo de una pistola de perno, algo que supuestamente quedaba claro en un video mostrado a los medios). Y en sus declaraciones de este 28 de junio Ortega fue mucho más allá al denunciar “un terrorismo de Estado” por parte de la actual administración.

“Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar”, declaró.

“Se han producido sentencias del TSJ que además de romper el orden constitucional, ya muy maltratado, le entregan la investigación de los derechos humanos posiblemente a quienes violen los derechos humanos“, dijo de la decisión judicial que le dio a la Defensoría del Pueblo la posibilidad de hacer investigaciones penales, hasta entonces monopolio del Ministerio Público.

“Cayó en las redes de los antirrevolucionarios”

En un inicio, los miembros más altos del gobierno prefirieron eludir una crítica formal, aunque en su momento el ministro del Interior, Néstor Reverol, criticó el proceder de la fiscalía. “No ha garantizado la aplicación de la justicia”, denunció ya a finales de mayo, citando como ejemplo la liberación de unos implicados en el ataque a un domicilio en Mérida, en el oeste del país.

En esos días el diputado oficialista Pedro Carreño también la atacó en twitter. “Pena ajena da ver a Luisa Ortega nerviosa, dubitativa y llena de contradicciones, leyendo libreto no hecho por ella. JUSTIFICANDO VIOLENCIA”, escribió en mayúsculas.

Fue precisamente Carreño quien el 16 de junio le solicitó al Tribunal Supremo iniciar el proceso de remoción de la fiscal general, por “la comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”, así como las medidas cautelares aprobadas el miércoles. Poco antes, el diputado oficialista también le había solicitado al TSJ una evaluación del estado mental de Ortega, a la que acusó de “no estar en sus cabales”. Y en los últimos días las descalificaciones en contra de la funcionaria se han multiplicado entre los representantes del oficialismo.

“Veo como una vulgaridad el extremismo en que ha caído el Ministerio Público y llamo a la señora Luisa Ortega, que la veo muy nerviosa y desesperada, a que vuelva al equilibrio”, declaró el pasado 22 de junio.

“Si se quiere meter en la diatriba política porque tiene aspiraciones de ser candidata presidencial de la (alianza opositora) MUD (…) tiene todos los derechos para hacerlo, pero no se puede utilizar una institución tan delicada” acusó en esa oportunidad el mandatario.

Esperanza para la oposición

Mientras sucede todo esto, la oposición jalea su postura institucional e independiente del resto de los poderes del Estados, todos afines al oficialismo excepto el Parlamento.

“Con las declaraciones de la fiscal el gobierno debe salir a pedir perdón”, dijo en mayo el líder opositor Henrique Capriles.

“Este es el verdadero golpe de Estado… ¡y sin helicóptero!”, fue, por su parte, la reacción de Jesús “Chúo” Torrealba al anuncio de las sentencias del TSJ contra la Fiscalía.

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Ortega, sin embargo, no siempre fue objeto de devoción por parte de la oposición. Ella estaba al mando de la fiscalía que lideró las controvertidas acusaciones en 2014 -tras una oleada de fuertes protestas- contra estudiantes y contra el líder opositor Leopoldo López, condenado a 14 años de prisión por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir. Pero ahora la esperanza que tienen muchos es que no sea la única voz disidente dentro del monolítico oficialismo. Aunque negros nubarrones penden sobre su futuro.

En teoría, la destitución de la fiscal sólo sería posible a través de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, pero esta fue declarada en desacato por el TSJ en otra polémica sentencia. Y el poder judicial ya fijó para el próximo 4 de julio la audiencia sobre la solicitud de antejuicio de Ortega, por lo que no está garantizado que esta vaya a poder completar su mandato, que expira en 2021.

“El papel de ella es sacar al país del bochinche de ‘estás conmigo o contra mí’ en un momento en el que se necesita que las instituciones respondan a sus objetivos”, le dijo Nícmer Evans a BBC Mundo en mayo, cuando Ortega empezaba a convertirse en una importante actriz política en la crisis de Venezuela. Pero queda por verse si lo conseguirá o, en el caso de una eventual destitución, si se convertirá en una víctima más de la convulsa política venezolana o el detonante que por fin la solucione.

(*) Este artículo del corresponsal de BBC Mundo en Venezuela, Daniel García, fue publicado originalmente el 25 de mayo de 2017 y actualizado el 29 de junio para incluir los recientes fallos del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la fiscal Ortega así como su reacción a los mismos.