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Luisa Ortega , una fiscal con temple constitucional
Published
8 years agoon
Luisa Ortega ha sorprendido a Venezuela por sus recientes declaraciones y es ahora una férrea oponente del régimen deMaduro al denunciar la represión de las protestas y al exigir que los manifestantes encarcelados sean juzgados en tribunales civiles, no militares , como ordenó el presidente.
Hace un mes sorprendió a todos alertando sobre la ruptura del orden constitucional y rechazando la Asamblea Constituyente convocada por el gobierno de Nicolás Maduro.
En esa oportunidad, también confirmó la muerte de un manifestante a manos de las fuerzas de seguridad y se convirtió en el primer funcionario público de importancia en reconocer el descontento social por la escasez de productos básicos.
Y este miércoles la fiscal general Luisa Ortega, volvió a chocar frontalmente con el gobierno venezolano, denunciando la existencia de “terrorismo de Estado” y declarándose dispuesta a dar la vida para defender la constitución que el actual mandatario pretende reformar.Pero no está claro por cuanto tiempo más Ortega podrá seguir siendo esa rara avis en la Venezuela de hoy día: una voz disidente al frente de una de las principales instituciones estatales del país.
Esta postura ha convertido a Ortega en la más destacada de las voces que critican a Maduro desde el propio chavismo. Pero el mismo miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia -denunciado como “ilegítimo” por la fiscal- ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias y le prohibió la salida del país “por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”.
Poco antes, el mismo tribunal también había emitido dos polémicas sentencias aparentemente destinadas a minar el poder de la fiscalía y preparar el camino para una eventual destitución de Ortega.Una situación que muy pocos seguramente imaginaban cuando, al liderar la acción penal contra el líder opositor Leopoldo López, que derivó en su arresto, Ortega se confirmó como una leal seguidora de Hugo Chávez, a quien todavía acostumbra citar.
“Chavismo crítico”
Por lo pronto, la fiscal, de 59 años, se ha convertido en una suerte de ídolo de la oposición, que desde hace tres meses celebra manifestaciones en contra del presidente Nicolás Maduro, al que acusan de una deriva autoritaria. En ese tiempo se han registrado más de 80 muertos, y la fiscal fue la primera en suministrar cifras oficiales contradiciendo el discurso del gobierno en medio del actual escenario de confrontación.
ILa fiscal se ha ido separando de la postura oficial del gobierno de Nicolás Maduro.Foto: @VillegasPoljak
A tenor de sus palabras y de la independencia que ha mostrado, Ortega forma parte del chavismo crítico con el gobierno de Nicolás Maduro. Llegó al puesto de fiscal con el aval de Hugo Chávez en 2007 y vivió el funeral del fallecido presidente en 2013 desde primera fila. “Estuvo muy comprometida con el presidente Chávez. Por su formación de izquierdas nadie desde el gobierno puede juzgarle como una traidora ni decir que está pagada por la CIA”, le dijo en mayo a BBC Mundo el politólogo Nícmer Evans, también crítico con el gobierno desde la izquierda. Y, según Evans, su giro no responde a un viraje ideológico, pues se trata de una persona de firme convicción de izquierdas, casada con un diputado oficialista y leal al proceso revolucionario, pero también firme defensora de la Constitución de 1999.
Esa es la Carta Magna de Chávez que ahora el gobierno de Maduro desea cambiar con una Asamblea Constituyente y la que Ortega juró defender con su vida. “Es una combinación de activista política y mujer de leyes”, explicó Evans, quien conoce a la fiscal y también formó parte del gobierno de Chávez.
“Una válvula de escape”
Aunque desde el oficialismo se acusa a Ortega de traidora, sus posturas también han sido elogiadas por ser independientes.
“Es una posición muy valiente y demuestra su nivel de compromiso con el país, con la Constitución, y permite generar un debate y una válvula de escape”, le dijo en su momento a BBC Mundo Olly Millán, quien fue ministra de Economía Popular con Chávez y ahora es crítica con el gobierno.
En ese entonces Millán se refería a las declaraciones de finales de marzo en las que Ortega calificó de “ruptura del orden Constitucional” dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían poderes al Parlamento, controlado por la oposición. Poco después las dos sentencias, que fueron el detonante de la actual ola de protestas, se rectificaron parcialmente. Pero el momento marcó un antes y un después en la relación entre Ortega y el gobierno. Y, en esa misma conferencia, la fiscal aseguró que el Ministerio Público había constatado una tasa de 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir,21.752 homicidios intencionales o dolosos, confirmando así uno de los grandes problemas de Venezuela: la violencia.
Meses antes había criticado las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), el plan de seguridad del Estado contra el crimen que ha generado denuncias de asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.
Pero Ortega no se quedó allí. En una poco habitual entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal calificó la Constitución actual como “insuperable” y en medio del enfrentamiento entre gobierno y oposición, afirmó: “No podemos pedir un comportamiento legal y pacífico a los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo a la ley”. También mostró su “preocupación” por que haya civiles que estén siendo juzgados por tribunales militares.
“Incluso en los estados de excepción, el debido proceso es uno de los pocos derechos que no se puede suspender”, dijo Ortega el 25 de abril citando el artículo 337 de la Constitución venezolana. Y en una carta al presidente de la comisión presidencial para la Asamblea Constituyente mostró su desacuerdo con esta y su lealtad a la actual Carta Magna. “Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución”, escribió. Y por esos días también admitió la existencia de un profundo descontento por culpa de la escasez de productos básicos, algo que no ha reconocido el gobierno pese a la grave crisis económica que sufre el país.
“Represión”
En la conferencia ofrecida en marzo, con el simple gesto de leer este miércoles las instrucciones de una bomba lacrimógena, Ortega también dejó claro que las fuerzas del orden no las pueden usar para disparar directamente sobre manifestantes, tal y como ha denunciado la oposición.
En esa oportunidad, usó la palabra “represión”, criticada por el gobierno, y anunció que la investigación sobre la muerte del joven manifestante Juan Pernalete confirmó que la causa del deceso fue el impacto de una bomba lacrimógena. (El gobierno defiende la tesis de que murió por el disparo de una pistola de perno, algo que supuestamente quedaba claro en un video mostrado a los medios). Y en sus declaraciones de este 28 de junio Ortega fue mucho más allá al denunciar “un terrorismo de Estado” por parte de la actual administración.
“Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar”, declaró.
“Se han producido sentencias del TSJ que además de romper el orden constitucional, ya muy maltratado, le entregan la investigación de los derechos humanos posiblemente a quienes violen los derechos humanos“, dijo de la decisión judicial que le dio a la Defensoría del Pueblo la posibilidad de hacer investigaciones penales, hasta entonces monopolio del Ministerio Público.
“Cayó en las redes de los antirrevolucionarios”
En un inicio, los miembros más altos del gobierno prefirieron eludir una crítica formal, aunque en su momento el ministro del Interior, Néstor Reverol, criticó el proceder de la fiscalía. “No ha garantizado la aplicación de la justicia”, denunció ya a finales de mayo, citando como ejemplo la liberación de unos implicados en el ataque a un domicilio en Mérida, en el oeste del país.
En esos días el diputado oficialista Pedro Carreño también la atacó en twitter. “Pena ajena da ver a Luisa Ortega nerviosa, dubitativa y llena de contradicciones, leyendo libreto no hecho por ella. JUSTIFICANDO VIOLENCIA”, escribió en mayúsculas.
Fue precisamente Carreño quien el 16 de junio le solicitó al Tribunal Supremo iniciar el proceso de remoción de la fiscal general, por “la comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”, así como las medidas cautelares aprobadas el miércoles. Poco antes, el diputado oficialista también le había solicitado al TSJ una evaluación del estado mental de Ortega, a la que acusó de “no estar en sus cabales”. Y en los últimos días las descalificaciones en contra de la funcionaria se han multiplicado entre los representantes del oficialismo.
“Veo como una vulgaridad el extremismo en que ha caído el Ministerio Público y llamo a la señora Luisa Ortega, que la veo muy nerviosa y desesperada, a que vuelva al equilibrio”, declaró el pasado 22 de junio.
“Si se quiere meter en la diatriba política porque tiene aspiraciones de ser candidata presidencial de la (alianza opositora) MUD (…) tiene todos los derechos para hacerlo, pero no se puede utilizar una institución tan delicada” acusó en esa oportunidad el mandatario.
Esperanza para la oposición
Mientras sucede todo esto, la oposición jalea su postura institucional e independiente del resto de los poderes del Estados, todos afines al oficialismo excepto el Parlamento.
“Con las declaraciones de la fiscal el gobierno debe salir a pedir perdón”, dijo en mayo el líder opositor Henrique Capriles.
“Este es el verdadero golpe de Estado… ¡y sin helicóptero!”, fue, por su parte, la reacción de Jesús “Chúo” Torrealba al anuncio de las sentencias del TSJ contra la Fiscalía.
Ortega, sin embargo, no siempre fue objeto de devoción por parte de la oposición. Ella estaba al mando de la fiscalía que lideró las controvertidas acusaciones en 2014 -tras una oleada de fuertes protestas- contra estudiantes y contra el líder opositor Leopoldo López, condenado a 14 años de prisión por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir. Pero ahora la esperanza que tienen muchos es que no sea la única voz disidente dentro del monolítico oficialismo. Aunque negros nubarrones penden sobre su futuro.
En teoría, la destitución de la fiscal sólo sería posible a través de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, pero esta fue declarada en desacato por el TSJ en otra polémica sentencia. Y el poder judicial ya fijó para el próximo 4 de julio la audiencia sobre la solicitud de antejuicio de Ortega, por lo que no está garantizado que esta vaya a poder completar su mandato, que expira en 2021.
“El papel de ella es sacar al país del bochinche de ‘estás conmigo o contra mí’ en un momento en el que se necesita que las instituciones respondan a sus objetivos”, le dijo Nícmer Evans a BBC Mundo en mayo, cuando Ortega empezaba a convertirse en una importante actriz política en la crisis de Venezuela. Pero queda por verse si lo conseguirá o, en el caso de una eventual destitución, si se convertirá en una víctima más de la convulsa política venezolana o el detonante que por fin la solucione.

(*) Este artículo del corresponsal de BBC Mundo en Venezuela, Daniel García, fue publicado originalmente el 25 de mayo de 2017 y actualizado el 29 de junio para incluir los recientes fallos del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la fiscal Ortega así como su reacción a los mismos.
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Agencias
En riesgo miles de proyectos en el mundo por cierre de USAID

Published
4 weeks agoon
March 1, 2025By
FranciscoEP NEW YORK | FLORIDA NEWS
Washington | A partir del miércoles por la tarde, el Departamento de Estado en Washington envió una oleada de correos electrónicos a todo el mundo, los cuales llegaron a las bandejas de entrada de campos de refugiados, clínicas de tuberculosis, proyectos de vacunación contra la polio y miles de otras organizaciones que recibían financiación crucial de Estados Unidos para salvar vidas.
“Se da fin a esta adjudicación por conveniencia e interés del gobierno estadounidense”, comenzaban.
Las escuetas notas ponían fin a la financiación de unos 5800 proyectos que habían sido financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) , lo que indicó que había terminado el tumultuoso periodo en el que el gobierno de Trump dijo que estaba congelando proyectos para someterlos a una aparente revisión, y que se había terminado cualquier débil esperanza de que la ayuda estadounidense pudiera continuar.
Muchos eran proyectos que habían recibido una exención de la congelación porque el Departamento de Estado había identificado previamente su labor como esencial y salvadora de vidas.
“Morirá gente”, dijo Catherine Kyobutungi, directora ejecutiva del Centro Africano de Investigaciones sobre Población y Salud, “pero nunca lo sabremos, porque se han cortado incluso los programas para contar a los muertos”.
Entre los proyectos suprimidos figuran programas de tratamiento del VIH que habían servido a millones de personas, los principales programas de control de la malaria en los países africanos más afectados y los esfuerzos mundiales para erradicar la poliomielitis.
Estos son algunos de los proyectos que The New York Times ha confirmado que se han cancelado:
• Una subvención de 131 millones de dólares al programa de inmunización contra la polio de UNICEF, que pagaba la planificación, la logística y la entrega de vacunas a millones de niños.
• Un contrato de 90 millones de dólares con la empresa Chemonics para mosquiteros, pruebas y tratamientos contra la malaria que habrían protegido a 53 millones de personas.
• Un proyecto en la República Democrática del Congo que explota la única fuente de agua para 250.000 personas en campos de desplazados situados en el centro del violento conflicto al este del país.
• Todos los costos de funcionamiento y el 10 por ciento del presupuesto para medicamentos del Servicio Farmacéutico Mundial, el principal canal de suministro de medicamentos contra la tuberculosis, que el año pasado proporcionó tratamiento contra la tuberculosis a casi tres millones de personas, incluidos 300.000 niños.
• Proyectos de atención y tratamiento del VIH dirigidos por la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, que proporcionaban medicamentos vitales a 350.000 personas en Lesoto, Tanzania y Esuatini, incluidos 10.000 niños y 10.000 mujeres embarazadas que recibían atención para no transmitir el virus a sus bebés al nacer.
• Un proyecto en Uganda para rastrear los contactos de las personas con ébola, llevar a cabo la vigilancia y enterrar a quienes murieron a causa del virus.
• Un contrato para gestionar y distribuir en Kenia suministros médicos por valor de 34 millones de dólares, incluidos 2,5 millones de tratamientos mensuales contra el VIH, 750.000 pruebas del VIH, 500.000 tratamientos contra la malaria, 6,5 millones de pruebas de malaria y 315.000 mosquiteros antipalúdicos.
• Ochenta y siete refugios que atendieron a 33.000 mujeres víctimas de violación y violencia doméstica en Sudáfrica.
• Un proyecto dirigido por FHI 360 que apoyó los esfuerzos de los trabajadores de salud de la comunidad para ir puerta por puerta en busca de niños desnutridos en Yemen. Recientemente descubrió que uno de cada cinco niños tenía un peso críticamente inferior al normal debido a la guerra civil del país.
• Servicios de salud prenatales y postnatales para 3,9 millones de niños y 5,7 millones de mujeres en Nepal.
• Un proyecto dirigido por la organización Helen Keller Intl en seis países de África occidental que el año pasado proporcionó a más de 35 millones de personas medicamentos para prevenir y tratar enfermedades tropicales desatendidas, como el tracoma, la filariasis linfática, la esquistosomiasis y la oncocercosis.
• Un proyecto en Nigeria que proporciona a 5,6 millones de niños y 1,7 millones de mujeres tratamiento para la desnutrición grave y aguda. La interrupción supone que 77 centros de salud han dejado de tratar por completo a los niños con desnutrición aguda grave, lo que pone a 60.000 niños menores de 5 años en riesgo inmediato de muerte.
• Un proyecto en Sudán que gestiona las únicas clínicas de salud operativas en una de las mayores zonas de la región de Kordofán, lo que interrumpe todos los servicios de salud.
• Un proyecto que atiende a más de 144.000 personas en Bangladés y que proporciona alimentos a mujeres embarazadas desnutridas y vitamina A a los niños.
• Un programa dirigido por la agencia de ayuda PATH, denominado REACH Malaria, que protegió de la enfermedad a más de 20 millones de personas en 10 países de África. Proporcionaba medicamentos contra la malaria a los niños al comienzo de la estación de lluvias.
• Un proyecto dirigido por Plan International que proporcionó medicamentos y otros suministros médicos, atención a la salud, tratamiento de programas de desnutrición, así como agua y saneamiento a 115.000 desplazados o afectados por el conflicto del norte de Etiopía.
• Más de 80 millones de dólares para ONUSIDA, la agencia de las Naciones Unidas, que financió trabajos para ayudar a los países a mejorar el tratamiento del VIH, incluida la recopilación de datos y programas de vigilancia de la prestación de servicios.
• El programa de la Iniciativa Presidencial contra la Malaria, denominado Evolve, que se encargó del control de mosquitos en 21 países mediante métodos que incluyen el aerosol de insecticida en el interior de las viviendas (protegiendo a 12,5 millones de personas el año pasado) y el tratamiento de los lugares de reproducción para matar las larvas.
• Un proyecto que proporciona tratamiento contra el VIH y la tuberculosis a 46.000 personas en Uganda, dirigido por la Fundación Infantil del Baylor College of Medicine, Uganda.
• Smart4TB, el principal consorcio de investigación que trabaja en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis.
• Las Encuestas Demográficas y de Salud, un proyecto de recogida de datos en 90 países que fueron fuentes cruciales, y en ocasiones las únicas, de información sobre salud y mortalidad materno-infantil, nutrición, salud reproductiva e infecciones por VIH, entre otros muchos indicadores de salud. El proyecto fue también la base de presupuestos y planificación.
Publicado en N.YT.
Stephanie Nolen es reportera de salud global para el Times.
EP NEW YORK | EE.UU.
No te distraigas. No te agobies. No te paralices ni te dejes arrastrar por el caos que el presidente Trump y sus aliados están creando a propósito con el volumen y la velocidad de las órdenes ejecutivas; el esfuerzo por desmantelar el gobierno federal; los ataques performativos contra los migrantes, las personas trans y el concepto de diversidad; las exigencias de que otros países acepten a los estadounidenses como sus nuevos soberanos y la vertiginosa sensación de que la Casa Blanca podría hacer o decir cualquier cosa en cualquier momento. Todo ello pretende mantener a Estados Unidos en vilo para que el presidente Trump pueda avanzar a toda velocidad en su afán por conseguir el máximo poder ejecutivo, para que nadie pueda detener la agenda osada, mal concebida y a menudo ilegal que impulsa su gobierno. Por favor, no te desconectes.
Hay que seguirle la pista a las acciones de esta presidencia y, cuando traspasen los límites morales o legales, hay que cuestionarlas, con valentía y reflexión, con la confianza de que el sistema de controles y equilibrios de la nación estará a la altura de las circunstancias. Hay motivos de preocupación en ese frente, por supuesto. El Congreso, controlado por los republicanos, hasta ahora ha abdicado de su papel como rama coigualitaria del gobierno, desde permitir que sus leyes y directivas de gasto sean sistemáticamente desechadas hasta consentir temerosamente que el presidente llene su gabinete de personajes leales, erráticos y no cualificados. Gran parte de la sociedad civil —desde la comunidad empresarial hasta las universidades, pasando por una parte de los medios de comunicación corporativos— ha permanecido inquietantemente callada, incluso condescendiente.
Pero también hay signos alentadores. Los tribunales, el control más importante sobre un presidente que pretende ampliar sus poderes legalmente autorizados y eliminar cualquier barrera de protección, han resistido hasta ahora y han bloqueado varias iniciativas de Trump. Los estados también han tomado medidas, pues varios fiscales generales demócratas han iniciado demandas contra los intentos de Trump de congelar la financiación de subvenciones federales y terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y han prometido luchar contra el acceso del equipo de Elon Musk a los sistemas de pago federales que contienen información personal.
Los funcionarios estatales o locales también están defendiendo sus leyes frente a las redadas federales contra la migración y luchando contra la orden ejecutiva de Trump que prohíbe la atención médica de afirmación de género a los niños trans. Y las organizaciones periodísticas de mentalidad independiente han seguido informando de forma excelente sobre la inundación de excesos de estos primeros días, aportando información esencial al público.
Nada de esto quiere decir que Trump no deba tener la oportunidad de gobernar. Setenta y siete millones de estadounidenses votaron para que Trump volviera a la Casa Blanca, y el Partido Republicano, ahora totalmente rehecho al servicio del movimiento MAGA, tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso. Las elecciones, se suele decir, tienen consecuencias. Pero ¿esta revisión inconstitucional del gobierno estadounidense —mucho más amplia, descuidada y cruel que todo aquello por lo que hizo campaña— es realmente lo que los votantes querían? ¿Poner en peligro el sistema estadounidense de controles y equilibrios, sus alianzas y su seguridad nacional? Porque, más allá de las bravatas, eso es lo que Trump, Musk y sus partidarios están haciendo.
Transcurridas tres semanas del segundo mandato de Trump, aquí ofrecemos un puñado de las cosas a las que los estadounidenses no pueden ignorar:
El dominio ejecutivo de Elon Musk.
El problema no es que Musk no haya sido elegido, sino que está infringiendo la ley. Sin ser siquiera un funcionario a tiempo completo, está intentando cerrar o desmantelar unilateralmente agencias y departamentos federales enteros, ignorando los mandatos del Congreso, lo que está prohibido por la Constitución. Él y su equipo están detrás de las ofertas de indemnización anunciadas para millones de funcionarios —incluida toda la plantilla de la CIA— y han forzado de manera efectiva la salida de altos funcionarios a los que no tienen poder para despedir.
Ha emprendido la misión de arrasar los sistemas de pago confidenciales del gobierno con el regocijo de un anarquista, decidiendo por su cuenta qué aspectos del gasto federal son legítimos y sustituyendo cualquier esfuerzo por comprender las funciones gubernamentales que está debilitando por su instintiva adopción de teorías de la conspiración.
Tanto el presidente como Musk parecen disfrutar el hecho de que la mayoría de sus acciones sean evidentemente ilegales, con lo que desafían a los tribunales a intervenir y detenerlas, basándose en la teoría de que, para empezar, esas leyes están equivocadas. Al mismo tiempo, la persona que está dirigiendo este esfuerzo es el hombre más rico del mundo, quien sigue teniendo intereses en sus empresas privadas, que el gobierno federal regula y con las que hace negocios por un valor de miles de millones de dólares. Es un nivel de conflicto de intereses como no hemos visto en la era moderna.
El gobierno contra los funcionarios públicos (también conocidos como los enemigos de Trump). Además del despido de más de una decena de miembros de la fiscalía de Washington que habían trabajado en casos relacionados con los disturbios del 6 de enero de 2021, el gobierno de Trump empezó a recopilar los nombres de miles de miembros del FBI que ayudaron a investigar delitos relacionados con el ataque al Capitolio. Varios funcionarios de alto rango de la agencia ya han sido despedidos.
La medida ofreció un primer atisbo de cómo Trump y su nominado para dirigir el FBI, Kash Patel —quien publicó una lista literal de enemigos de los miembros del “Estado profundo del poder ejecutivo”— podrían utilizar las fuerzas de seguridad federales contra los oponentes políticos del presidente. En lo que quizá sea la advertencia más inquietante a quien se le ocurra cuestionarlo o desafiarlo, Trump despojó a varios de sus antiguos asesores de la protección de seguridad que se consideraba necesaria dadas las amenazas creíbles del gobierno iraní de asesinarlos por acciones que llevaron a cabo bajo su orden directa.
Los desplantes imperiales del presidente y los ataques a nuestros aliados. Trump ha pasado semanas sugiriendo evasivamente que Estados Unidos está a punto de apoderarse ilegalmente de territorios en tres continentes, dejando a su paso diversas olas de consternación. Luego están sus aranceles, planeados desde hace tiempo y aparentemente legales, aunque extremadamente desaconsejados.
Todas las amenazas e insultos le han valido a Trump algunas concesiones a corto plazo, pero es probable que ninguna de ellas fortalezca la economía de Estados Unidos ni le dé al país más seguridad en el escenario mundial. Pisotear alianzas centenarias perjudicará a los países afectados, pero también podría comprometer la seguridad nacional, elevar el precio de productos, alterar el comercio mundial y beneficiar a adversarios como China y Rusia, deseosos de llenar el vacío de unos Estados Unidos cada vez menos confiable.
La salud pública en peligro.
Robert F. Kennedy Jr., quien abiertamente es un escéptico de las vacunas, aún no ha sido confirmado como secretario de Salud y Servicios Humanos de Trump. Pero el gobierno ya está tomando medidas para debilitar y derribar las protecciones de la salud pública y mundial. El jueves, el Times informó que el gobierno planea reducir la plantilla de más de 10.000 estadounidenses de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) a solo unas 300 personas, y cancelar casi 800 adjudicaciones y contratos que la agencia administraba. El presidente —y mucho menos Musk— no puede cerrar una agencia federal sin el voto del Congreso.
Hacerlo también es ilegal de acuerdo a la Constitución. Más de la mitad del gasto de la USAID en 2023 se destinó a programas de salud que buscaban detener la propagación de enfermedades como la poliomielitis, el ébola, la tuberculosis, el VIH/sida y la malaria, o a la ayuda humanitaria para responder a emergencias y contribuir a estabilizar regiones asoladas por la guerra. Si te preocupa prevenir la próxima pandemia o las presiones de la migración mundial, USAID es una inversión que deberías desear que Estados Unidos haga.
El bombardeo del presidente contra los derechos civiles.
Trump ha emitido una avalancha de órdenes ejecutivas y pronunciamientos que hacen retroceder décadas de progreso en materia de derechos civiles y a menudo desafían abiertamente la Constitución. Ha puesto en el punto de mira especialmente a los estadounidenses trans y ha amenazado la financiación federal de las escuelas públicas que no se adhieran a la ideología de derecha sobre cómo se debe hablar sobre la historia y cuestiones raciales.
También, casi a diario, ha encontrado excusas para arremeter contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión e incluso llegó a culpar a la DEI del accidente aéreo del 29 de enero en Washington e insinuando enérgicamente que cualquier controlador aéreo que sea mujer o no sea blanco es inferior y se le ha dado trabajo por razones equivocadas. Y la nueva fiscal general, Pam Bondi, anunció el miércoles que las empresas privadas que decidan mantener sus propias políticas de diversidad e inclusión podrían ser objeto de “investigaciones criminales”.
Estados Unidos se enfrenta a una nueva realidad, y exige sabiduría, resistencia y valentía. Estados Unidos está dirigido por un presidente que parece dispuesto a pasar por encima de cualquier persona, ley, estatuto del Congreso o país que se interponga en su camino. Se deja llevar por los impulsos y no tiene interés por las normas, la historia o la realidad.
La forma en que los estadounidenses y el mundo traten a un presidente así determinará gran parte de los próximos cuatro años, y nos exigirá mucho a todos nosotros. Debemos estar a la altura del momento. Trump ganó las elecciones limpiamente, pero su posición es la de presidente, no la de rey o Dios emperador. Cada vez que el Congreso le permite sobrepasar su función constitucional, fomenta un comportamiento más antidemocrático y debilita la capacidad del poder legislativo para frenar una mayor erosión de las normas y valores que han contribuido a hacer de esta nación la más libre, rica y fuerte del mundo.
Publicado en NYT
Agencias
Desafíos y perspectivas de Trump en su segundo período presidencial

Published
2 months agoon
January 21, 2025By
FranciscoEP NEW YORK | FLORIDA NEWS
Trump firma órdenes para reformar la seguridad fronteriza, pero sus planes enfrentarán desafíos
WASHINGTON — El presidente Donald Trump firmó el lunes órdenes ejecutivas para reforzar la seguridad en la frontera sur, las cuales comenzaron a surtir efecto horas después de su investidura, cumpliendo con su principal promesa política de endurecer las medidas de inmigración y marcando otro cambio drástico en la política de la Casa Blanca sobre este tema divisivo.
Algunas de las órdenes reviven políticas de su primer mandato que fueron revertidas por su predecesor, como obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México y terminar la construcción del muro fronterizo. Otras marcan nuevas estrategias radicales, como su propuesta de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, involucrar al ejército en labores de seguridad fronteriza y dar fin al uso de una aplicación implementada durante la era del presidente Joe Biden que facilitó el ingreso de casi un millón de migrantes al país.
La ejecución real de una agenda de inmigración tan amplia seguramente enfrentará desafíos jurídicos y logísticos. Y hasta el momento se han dado a conocer pocos detalles.
Pero en una muestra concreta de cómo ya se implementaban los cambios, los migrantes que tenían citas para ingresar a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One vieron cómo fueron canceladas pocos minutos después de que Trump asumió el cargo. Además, México acordó permitir que las personas que pidan asilo en Estados Unidos permanezcan al sur de la frontera estadounidense mientras se resuelven sus procesos en la corte.
“Declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Todo ingreso ilegal se detendrá de inmediato, y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, sostuvo Trump entre una fuerte ovación durante su discurso de investidura.
La aplicación CBP One desaparece
El sistema de lotería en línea otorgaba citas a 1.450 personas al día en ocho cruces fronterizos para ingresar con un permiso condicional, el cual Joe Biden utilizó más que cualquier otro presidente estadounidense. Era una pieza fundamental de la estrategia fronteriza del gobierno de Biden para crear nuevas vías de inmigración mientras se tomaban medidas enérgicas contra las personas que ingresaban ilegalmente.
Los partidarios dicen que puso orden a una frontera caótica. Los detractores afirman que fue un imán para que más personas vinieran. Para el mediodía del lunes, había desaparecido.
Algunos migrantes que hace unas semanas habían obtenido las codiciadas citas, se enteraron el lunes que habían sido canceladas. Entre ellas estaban Melanie Mendoza, de 21 años, y su novio. Ella dijo que dejaron Venezuela hace más de un año, gastando más de 4.000 dólares y viajando durante un mes, incluidos tres días caminando. Mendoza admitió no saber qué hacer ahora que se encuentran en la ciudad mexicana de Tijuana, al otro lado de la frontera de San Diego.
México accede a recibir de nuevo a migrantes
El gobierno de Trump restablece su política de “Permanecer en México”, la cual obligó en su primer mandato a 70.000 solicitantes de asilo a esperar allí a que llegara la fecha de audiencia en las cortes migratorias de Estados Unidos.
México, un país crucial para cualquier plan estadounidense para limitar la inmigración ilegal, indicó el lunes que está dispuesto a recibir a quienes solicitan asilo en Estados Unidos al tiempo que enfatizó que debería haber una aplicación en línea que les permita programar citas en la frontera estadounidense.
Algunos activistas dicen que la política puso a los migrantes en un riesgo extremo en el norte de México.
“Esto es un déjà vu del peor tipo”, dijo Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y directora general de Global Refuge. Señaló que políticas como “Permanecer en México” han “exacerbado las condiciones en la frontera, a la vez que hacen poco para abordar las razones por las que los migrantes dejan sus hogares en primer lugar.
El derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento
Cualquier persona nacida en Estados Unidos se convierte automáticamente en ciudadano estadounidense, incluidos los niños nacidos de alguien que esté en el país ilegalmente o con una visa de turista o estudiante.
Es un derecho consagrado en la 14ta Enmienda, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y que garantizó la ciudadanía para todos, incluidas las personas negras.
La medida seguramente enfrentará significativas impugnaciones legales. Se refirió a ese concepto como“ridículo” mientras firmaba la orden ejecutiva en el Despacho Oval. “Tenemos muy buenos fundamentos. La gente ha querido hacer esto durante décadas”, dijo Trump.
Migrantes temen deportaciones a gran escala.
Trump tomó medidas para cumplir con su promesa de deportar a por lo menos 11 millones de personas que viven en el país sin autorización legal. Revirtió varias órdenes de Biden en materia de inmigración, incluida una que limitaba las prioridades de deportación a personas que cometieron delitos graves, sean consideradas una amenaza a la seguridad nacional o fueron detenidas en la frontera. Retorna a la política de su primer mandato de que todos los que están sin autorización en el país son una prioridad.
Tom Homan, el “zar fronterizo” de Trump, ha dicho en repetidas ocasiones que el gobierno irá primero tras los criminales, pero no dudará en arrestar a otros.
Rocío, una madre soltera de 43 años originaria de México que vive en el sur de Florida, dijo que está preocupada por su hijo de 13 años. Su padre fue deportado cuando el niño era un bebé, y él teme que ahora le pueda pasar lo mismo a ella. Rocío, quien pidió ser identificada únicamente por su primer nombre por miedo a ser detenida, indicó que le preocupa conducir sin licencia pero necesita trabajar para sobrevivir.
Mayor participación militar en la seguridad fronteriza y Cárteles como organizaciones terroristas extranjeras
El gobierno de Trump designó a los cárteles criminales como organizaciones terroristas extranjeras, y apunta específicamente a la pandilla venezolana Tren de Aragua y a la MS-13, y expulsar a sus miembros de Estados Unidos.
MS-13 es una pandilla transnacional que se originó en Los Ángeles y desde entonces ha ganado influencia en gran parte de Centroamérica. Tren de Aragua era una pandilla callejera nacida en Venezuela, pero se ha convertido en una amenaza incluso en suelo estadounidense
Suspensión de permisos para refugiados
Trump también suspendió el reasentamiento de refugiados durante cuatro meses, dijo el funcionario. Durante décadas, el programa ha permitido que cientos de miles de personas que huyen de la guerra y la persecución en todo el mundo lleguen a Estados Unidos.
Trump suspendió de manera similar el programa de refugiados al comienzo de su primer mandato, y luego de reinstaurarlo, redujo los números de refugiados que serían admitidos en el país. En el gobierno de Biden, el programa se reconstruyó hasta el punto de que el año pasado se reasentaron unos 100.000 refugiados
Trump ordenará al gobierno, con la ayuda del Departamento de Defensa, que “termine” la construcción del muro fronterizo y enviará a elementos de las fuerzas armadas a la frontera, dijo un funcionario del gobierno entrante.
El funcionario no dijo a cuántos elementos tenía planeado desplegar Trump, recalcando que la cifra será decisión del secretario de Defensa, o que labores desempeñarán en la frontera.
Enviar soldados a la frontera es una estrategia que Trump ha utilizado antes, al igual que Biden.
Iniciativas de género y diversidad, equidad e inclusión
Establecer definiciones de sexo biológico para los trabajadores del gobierno federal y como parte de las directrices modificadas del Título IX para las escuelas.
Eliminar las protecciones para las personas transgénero en las prisiones federales.
Eliminar las protecciones para los migrantes transgénero que se hallan bajo custodia estadounidense.
Con información de AP


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Impacto en América Latina por cierre de USAID

En riesgo miles de proyectos en el mundo por cierre de USAID

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EE.UU. Y Colombia ponen fin a tensión diplomática

Desafíos y perspectivas de Trump en su segundo período presidencial

Posesión de Maduro , Trump y el canal de Panamá e incendios de California en EP New York.

Violencia enluta inicio de año en EE.UU.

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Mientras Santos y la ONU anuncian el fin de las Farc, excombatiente anuncia que se han dividido en 4 grupos

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Hacia donde va Venezuela tras 18 años de “revolución bolivariana”

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Sonora Ponceña , 65 años cocinando salsa y sabor para los latinos
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“Intelliging” el novedoso método neurolingüistico para aprender inglés
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