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Luisa Ortega , una fiscal con temple constitucional
Luisa Ortega ha sorprendido a Venezuela por sus recientes declaraciones y es ahora una férrea oponente del régimen deMaduro al denunciar la represión de las protestas y al exigir que los manifestantes encarcelados sean juzgados en tribunales civiles, no militares , como ordenó el presidente.
Hace un mes sorprendió a todos alertando sobre la ruptura del orden constitucional y rechazando la Asamblea Constituyente convocada por el gobierno de Nicolás Maduro.
En esa oportunidad, también confirmó la muerte de un manifestante a manos de las fuerzas de seguridad y se convirtió en el primer funcionario público de importancia en reconocer el descontento social por la escasez de productos básicos.
Y este miércoles la fiscal general Luisa Ortega, volvió a chocar frontalmente con el gobierno venezolano, denunciando la existencia de “terrorismo de Estado” y declarándose dispuesta a dar la vida para defender la constitución que el actual mandatario pretende reformar.Pero no está claro por cuanto tiempo más Ortega podrá seguir siendo esa rara avis en la Venezuela de hoy día: una voz disidente al frente de una de las principales instituciones estatales del país.
Esta postura ha convertido a Ortega en la más destacada de las voces que critican a Maduro desde el propio chavismo. Pero el mismo miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia -denunciado como “ilegítimo” por la fiscal- ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias y le prohibió la salida del país “por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”.
Poco antes, el mismo tribunal también había emitido dos polémicas sentencias aparentemente destinadas a minar el poder de la fiscalía y preparar el camino para una eventual destitución de Ortega.Una situación que muy pocos seguramente imaginaban cuando, al liderar la acción penal contra el líder opositor Leopoldo López, que derivó en su arresto, Ortega se confirmó como una leal seguidora de Hugo Chávez, a quien todavía acostumbra citar.
“Chavismo crítico”
Por lo pronto, la fiscal, de 59 años, se ha convertido en una suerte de ídolo de la oposición, que desde hace tres meses celebra manifestaciones en contra del presidente Nicolás Maduro, al que acusan de una deriva autoritaria. En ese tiempo se han registrado más de 80 muertos, y la fiscal fue la primera en suministrar cifras oficiales contradiciendo el discurso del gobierno en medio del actual escenario de confrontación.
ILa fiscal se ha ido separando de la postura oficial del gobierno de Nicolás Maduro.Foto: @VillegasPoljak
A tenor de sus palabras y de la independencia que ha mostrado, Ortega forma parte del chavismo crítico con el gobierno de Nicolás Maduro. Llegó al puesto de fiscal con el aval de Hugo Chávez en 2007 y vivió el funeral del fallecido presidente en 2013 desde primera fila. “Estuvo muy comprometida con el presidente Chávez. Por su formación de izquierdas nadie desde el gobierno puede juzgarle como una traidora ni decir que está pagada por la CIA”, le dijo en mayo a BBC Mundo el politólogo Nícmer Evans, también crítico con el gobierno desde la izquierda. Y, según Evans, su giro no responde a un viraje ideológico, pues se trata de una persona de firme convicción de izquierdas, casada con un diputado oficialista y leal al proceso revolucionario, pero también firme defensora de la Constitución de 1999.
Esa es la Carta Magna de Chávez que ahora el gobierno de Maduro desea cambiar con una Asamblea Constituyente y la que Ortega juró defender con su vida. “Es una combinación de activista política y mujer de leyes”, explicó Evans, quien conoce a la fiscal y también formó parte del gobierno de Chávez.
“Una válvula de escape”
Aunque desde el oficialismo se acusa a Ortega de traidora, sus posturas también han sido elogiadas por ser independientes.
“Es una posición muy valiente y demuestra su nivel de compromiso con el país, con la Constitución, y permite generar un debate y una válvula de escape”, le dijo en su momento a BBC Mundo Olly Millán, quien fue ministra de Economía Popular con Chávez y ahora es crítica con el gobierno.
En ese entonces Millán se refería a las declaraciones de finales de marzo en las que Ortega calificó de “ruptura del orden Constitucional” dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían poderes al Parlamento, controlado por la oposición. Poco después las dos sentencias, que fueron el detonante de la actual ola de protestas, se rectificaron parcialmente. Pero el momento marcó un antes y un después en la relación entre Ortega y el gobierno. Y, en esa misma conferencia, la fiscal aseguró que el Ministerio Público había constatado una tasa de 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir,21.752 homicidios intencionales o dolosos, confirmando así uno de los grandes problemas de Venezuela: la violencia.
Meses antes había criticado las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), el plan de seguridad del Estado contra el crimen que ha generado denuncias de asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.
Pero Ortega no se quedó allí. En una poco habitual entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal calificó la Constitución actual como “insuperable” y en medio del enfrentamiento entre gobierno y oposición, afirmó: “No podemos pedir un comportamiento legal y pacífico a los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo a la ley”. También mostró su “preocupación” por que haya civiles que estén siendo juzgados por tribunales militares.
“Incluso en los estados de excepción, el debido proceso es uno de los pocos derechos que no se puede suspender”, dijo Ortega el 25 de abril citando el artículo 337 de la Constitución venezolana. Y en una carta al presidente de la comisión presidencial para la Asamblea Constituyente mostró su desacuerdo con esta y su lealtad a la actual Carta Magna. “Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución”, escribió. Y por esos días también admitió la existencia de un profundo descontento por culpa de la escasez de productos básicos, algo que no ha reconocido el gobierno pese a la grave crisis económica que sufre el país.
“Represión”
En la conferencia ofrecida en marzo, con el simple gesto de leer este miércoles las instrucciones de una bomba lacrimógena, Ortega también dejó claro que las fuerzas del orden no las pueden usar para disparar directamente sobre manifestantes, tal y como ha denunciado la oposición.
En esa oportunidad, usó la palabra “represión”, criticada por el gobierno, y anunció que la investigación sobre la muerte del joven manifestante Juan Pernalete confirmó que la causa del deceso fue el impacto de una bomba lacrimógena. (El gobierno defiende la tesis de que murió por el disparo de una pistola de perno, algo que supuestamente quedaba claro en un video mostrado a los medios). Y en sus declaraciones de este 28 de junio Ortega fue mucho más allá al denunciar “un terrorismo de Estado” por parte de la actual administración.
“Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar”, declaró.
“Se han producido sentencias del TSJ que además de romper el orden constitucional, ya muy maltratado, le entregan la investigación de los derechos humanos posiblemente a quienes violen los derechos humanos“, dijo de la decisión judicial que le dio a la Defensoría del Pueblo la posibilidad de hacer investigaciones penales, hasta entonces monopolio del Ministerio Público.
“Cayó en las redes de los antirrevolucionarios”
En un inicio, los miembros más altos del gobierno prefirieron eludir una crítica formal, aunque en su momento el ministro del Interior, Néstor Reverol, criticó el proceder de la fiscalía. “No ha garantizado la aplicación de la justicia”, denunció ya a finales de mayo, citando como ejemplo la liberación de unos implicados en el ataque a un domicilio en Mérida, en el oeste del país.
En esos días el diputado oficialista Pedro Carreño también la atacó en twitter. “Pena ajena da ver a Luisa Ortega nerviosa, dubitativa y llena de contradicciones, leyendo libreto no hecho por ella. JUSTIFICANDO VIOLENCIA”, escribió en mayúsculas.
Fue precisamente Carreño quien el 16 de junio le solicitó al Tribunal Supremo iniciar el proceso de remoción de la fiscal general, por “la comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”, así como las medidas cautelares aprobadas el miércoles. Poco antes, el diputado oficialista también le había solicitado al TSJ una evaluación del estado mental de Ortega, a la que acusó de “no estar en sus cabales”. Y en los últimos días las descalificaciones en contra de la funcionaria se han multiplicado entre los representantes del oficialismo.
“Veo como una vulgaridad el extremismo en que ha caído el Ministerio Público y llamo a la señora Luisa Ortega, que la veo muy nerviosa y desesperada, a que vuelva al equilibrio”, declaró el pasado 22 de junio.
“Si se quiere meter en la diatriba política porque tiene aspiraciones de ser candidata presidencial de la (alianza opositora) MUD (…) tiene todos los derechos para hacerlo, pero no se puede utilizar una institución tan delicada” acusó en esa oportunidad el mandatario.
Esperanza para la oposición
Mientras sucede todo esto, la oposición jalea su postura institucional e independiente del resto de los poderes del Estados, todos afines al oficialismo excepto el Parlamento.
“Con las declaraciones de la fiscal el gobierno debe salir a pedir perdón”, dijo en mayo el líder opositor Henrique Capriles.
“Este es el verdadero golpe de Estado… ¡y sin helicóptero!”, fue, por su parte, la reacción de Jesús “Chúo” Torrealba al anuncio de las sentencias del TSJ contra la Fiscalía.
Ortega, sin embargo, no siempre fue objeto de devoción por parte de la oposición. Ella estaba al mando de la fiscalía que lideró las controvertidas acusaciones en 2014 -tras una oleada de fuertes protestas- contra estudiantes y contra el líder opositor Leopoldo López, condenado a 14 años de prisión por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir. Pero ahora la esperanza que tienen muchos es que no sea la única voz disidente dentro del monolítico oficialismo. Aunque negros nubarrones penden sobre su futuro.
En teoría, la destitución de la fiscal sólo sería posible a través de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, pero esta fue declarada en desacato por el TSJ en otra polémica sentencia. Y el poder judicial ya fijó para el próximo 4 de julio la audiencia sobre la solicitud de antejuicio de Ortega, por lo que no está garantizado que esta vaya a poder completar su mandato, que expira en 2021.
“El papel de ella es sacar al país del bochinche de ‘estás conmigo o contra mí’ en un momento en el que se necesita que las instituciones respondan a sus objetivos”, le dijo Nícmer Evans a BBC Mundo en mayo, cuando Ortega empezaba a convertirse en una importante actriz política en la crisis de Venezuela. Pero queda por verse si lo conseguirá o, en el caso de una eventual destitución, si se convertirá en una víctima más de la convulsa política venezolana o el detonante que por fin la solucione.
(*) Este artículo del corresponsal de BBC Mundo en Venezuela, Daniel García, fue publicado originalmente el 25 de mayo de 2017 y actualizado el 29 de junio para incluir los recientes fallos del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la fiscal Ortega así como su reacción a los mismos.
EP NEW YORK | FL NEWS | TPS
El 19 de mayo , la Corte Suprema permitió al gobierno de Donald Trump retirar, por el momento, la protección a casi 350.000 migrantes venezolanos a los que se había permitido permanecer en Estados Unidos sin riesgo de deportación en virtud de un programa conocido como Estatus de Protección Temporal.
La escueta orden de la corte no estaba firmada ni explicaba sus razones, algo habitual cuando los jueces se pronuncian sobre solicitudes de emergencia. No se incluyó el conteo de votos, aunque la jueza Ketanji Brown Jackson señaló que habría denegado la solicitud del gobierno.
Los jueces anunciaron que permitirían que el gobierno de Trump pusiera fin a las protecciones hasta que se apelara el caso, lo que potencialmente podría permitirle continuar con las deportaciones. Sin embargo, los jueces también aclararon que mantendrían la capacidad de los migrantes de presentar recursos legales en algunas instancias, como si el gobierno intentaba cancelar sus permisos de trabajo.
En un caso distinto, los jueces criticaron el viernes al gobierno de Trump por tratar de dar solo un día de notificación a un grupo diferente de migrantes venezolanos en Texas que había estado tratando de deportar con los poderes expansivos de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra del siglo XVIII. La gestión de Trump ha acusado a ese grupo de migrantes de ser miembros de la violenta banda Tren de Aragua.
La orden del lunes afecta a un grupo mucho más amplio de venezolanos que viven actualmente en Estados Unidos de forma legal bajo los términos de un programa de la era Biden.
La corte ha visto inundada con solicitudes derivadas del bombardeo de órdenes ejecutivas del presidente Trump, muchas de ellas buscando suspender o limitar fallos de tribunales que bloquean la agresiva agenda del gobierno, especialmente en materia de migración.
Ahilan Arulanantham, un abogado que representa a los migrantes que desafían al gobierno de Trump, calificó la decisión de la corte de “en verdad terrible”, especialmente porque fue anunciada “en una orden de dos párrafos sin ningún razonamiento”.
“Se trata de la mayor acción individual de privación de la condición de migrante a un grupo de no ciudadanos en la historia moderna de Estados Unidos”, dijo Arulanantham. “El impacto humanitario y económico de la decisión de la corte se sentirá de inmediato, y repercutirá por generaciones”.
<span;>Este caso comenzó en febrero, cuando Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, puso fin a una prórroga de 18 meses del Estatus de Protección Temporal que el gobierno de Joe Biden había concedido a los venezolanos. Las personas afectadas por el cambio presentaron una demanda, alegando que la medida violaba los procedimientos administrativos y estaba motivada por prejuicios raciales.
En marzo, el juez Edward M. Chen, del Tribunal Federal de Distrito de San Francisco, bloqueó los esfuerzos del gobierno por eliminar las protecciones mientras el caso avanzaba. Dijo que los demandantes habían demostrado que tenían probabilidades de éxito al demostrar que las acciones de Noem “no estaban autorizadas por la ley, eran arbitrarias y veleidosas, y estaban motivadas por una animadversión inconstitucional”.
Chen consideró que poner fin a la iniciativa causaría daños irreparables “a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia resultarían gravemente trastornados, costaría a Estados Unidos miles de millones en actividad económica y perjudicaría la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó la petición del gobierno de suspender el fallo de Chen.
El programa de Estatus de Protección Temporal, promulgado por el Congreso y convertido en ley por el presidente George H. W. Bush, permite a los migrantes de naciones que han sufrido desastres nacionales, conflictos armados u otras inestabilidades extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Trump ha intentado poner fin a las protecciones del programa, en un intento de cumplir su promesa electoral de deportar a millones de migrantes. Sus esfuerzos pretendían cancelar las protecciones para casi 350.000 personas a principios de abril, y para cientos de miles más a finales de este año.
En la solicitud de emergencia hecha por el gobierno, D. John Sauer, el procurador general, escribió que la ley por la que se creó el programa prohibía expresamente que los tribunales cuestionaran las decisiones del poder ejecutivo. Una disposición de la ley decía que no había “revisión judicial de ninguna determinación” relativa a “la designación o la terminación o prórroga de una designación de un Estado extranjero”.
Los abogados de los impugnadores respondieron que la ley que creó el programa limitaba estrictamente las terminaciones anticipadas de las protecciones, y añadieron que la acción de Noem no estaba autorizada por la ley. “En ninguna parte de la ley se concede a la secretaria autoridad para anular o rescindir una prórroga”, escribieron.
Añadieron que el planteamiento de Sauer “dejaría a los tribunales federales sin poder para detener incluso acciones flagrante e ilegalmente arbitrarias de las agencias, ya sea para restringir el Estatus de Protección Temporal o para ampliarlo”.
La Corte Suprema ha recibido otras solicitudes de emergencia relacionadas con las políticas migratorias de Trump. En una de ellas, el gobierno pidió a los jueces que le permitieran seguir adelante con un plan para revocar las protecciones contra la deportación de migrantes de cuatro países en crisis, en virtud de un programa conocido como libertad condicional humanitaria.
En otra, la corte ordenó al gobierno que facilitara el regreso de Kilmar Armando Abrego Garcia, quien había sido enviado por error a El Salvador, donde aún permanece.
Agencias
EP NEW YORK | FLORIDA NEWS| EE.UU.
La asociación entre el presidente de Estados Unidos y el hombre más rico del mundo está terminando. Hay un claro perdedor en la ruptura de este romance, y es Elon Musk.
Cayó en desgracia con tanta facilidad como ascendió. Como un Ícaro barato, se arriesgó demasiado, nunca entendió los riesgos y voló demasiado cerca del Sol. Envuelto en el halo de su superestrellato en las redes sociales, se cegó ante la realidad de su situación hasta que fue demasiado tarde.
Musk ya firmó varios contratos federales lucrativos y podría conseguir muchos más, pero abandona Washington con su reputación de genio en todos los frentes —una reputación en la que confiaba para aumentar la cotización de las acciones de su empresa y conseguir inversores para sus ideas ambiciosas— seriamente dañada. En su momento fue comparado con el superhéroe de Marvel Tony Stark, ahora es cada vez más impopular. Muchos de los que solían ser propietarios orgullosos de sus coches eléctricos Tesla los están vendiendo o pegando notas de disculpas en sus parachoques. Las ventas han caído.
Musk no es el primer empresario rico que se traslada a Washington: los millonarios de la >Gilded Age< o Edad Dorada, sombrero de copa en mano, se concentraban en ganar el favor del Senado, donde se hacían las leyes y se determinaban los aranceles. Con la economía en crisis, el >New Deal< y la llegada de una guerra mundial, la Casa Blanca empezó a desempeñar un papel mucho más importante en la dirección de la economía, y los hombres de negocios le prestaron más atención. Decenas de esos millonarios llegaron a la capital; otros se incorporaron al gabinete. Sin embargo, con independencia de cuándo o en qué puesto trabajaran, se regían por las normas de Washington, asumiendo responsabilidades bien definidas y limitadas y, en su mayor parte, permaneciendo fuera de la vista del público.
Musk rompió con esa tradición. Nadie iba a callarlo ni controlarlo. Estaba en la Casa Blanca con su hijo de 4 años a hombros, en el escenario de un mitin de la Conferencia de Acción Política Conservadora para promover su cruzada de reducción de costos con una motosierra. Él y sus ayudantes del Departamento de Eficiencia Gubernamental sembraron el caos en Washington al bloquear los sistemas informáticos de funcionarios, acceder a datos personales de ciudadanos privados e identificar a empleados públicos que consideraban prescindibles.
Al inicio, el presidente Donald Trump pareció respaldar todas las medidas de reducción de costos de su asesor poco ortodoxo y en las redes sociales declaró que él y su gabinete estaban “EXTREMADAMENTE FELICES CON ELON”. Pero entonces Musk violó la regla cardinal de Trumplandia al atreverse a criticar las políticas y los nombramientos del presidente, no solo una o dos veces, sino, notablemente, de manera consistente.
Usó su plataforma X para burlarse de un anuncio de la Casa Blanca según el cual Sam Altman, el directivo de inteligencia artificial más importante y su archienemigo, y otros iban a invertir 100.000 millones de dólares en centros de datos y en generar la electricidad necesaria para alimentar los programas de IA. Musk dijo en una entrevista que el Seguro Social era “el mayor esquema Ponzi de todos los tiempos”, ignorando el hecho de que el presidente se había comprometido a no recortar ese gasto. Incluso discrepó del triunfal anuncio del “Día de la Liberación” de Trump sobre nuevos y radicales aranceles.
Sus ataques y su falta de remordimiento al recortar de manera drástica el gasto federal y despedir a decenas de miles de empleados públicos erosionaron su popularidad. Enfureció a miembros del gabinete al criticarlos en público, desacatar su autoridad y al negarse a reconocer la cadena de mando de la Casa Blanca.
Su reinado llegó a su fin el Día de los Inocentes, cuando los 20 millones de dólares que donó para elegir a un republicano respaldado por Trump para un puesto vacante en la Corte Suprema de Wisconsin resultaron contraproducentes al animar a ir a las urnas a más demócratas que republicanos. Ya no era posible ignorar la realidad de que el hombre más rico del mundo se había convertido en un lastre político. Al día siguiente de la debacle de Wisconsin, Politico informó que el presidente había “comunicado a su círculo íntimo” que Musk “se retiraría en las próximas semanas de su cargo actual”. A mediados de abril, Trump sugirió el cada vez menor aprecio a Musk cuando sustituyó a su elección para comisionado en funciones del IRS por el candidato favorito del secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El 22 de abril, Musk anunció que iba a reducir su trabajo en el gobierno para poder dedicar más tiempo a Tesla, que para entonces tenía tantos problemas que surgieron informes de que el consejo estaba considerando sustituirlo como director ejecutivo. (La empresa negó la afirmación). La realidad que golpeó las encuestas de Wisconsin golpeó aún más a su empresa automovilística: las ventas cayeron un 20 por ciento en el primer trimestre de 2025 en comparación con el año anterior; las ganancias cayeron un 70 por ciento. El llamativo y poco práctico Cybertruck que había ensalzado resultó ser un fracaso. Mientras tanto, Tesla está perdiendo con rapidez una parte del mercado frente al fabricante chino BYD y otros fabricantes establecidos de automóviles.
Eso no quiere decir que los demás intereses empresariales de Musk —en particular su empresa de lanzamiento de cohetes, SpaceX, y su unidad de satélites, Starlink— estén siendo afectados. SpaceX está a punto de ganar miles de millones de dólares con contratos gubernamentales. El gobierno de Trump ya ha despejado el camino para que Starlink pueda optar al estímulo gubernamental de 42.000 millones de dólares a la conexión de banda ancha rural e incluso ha animado a otros países deseosos de reducir los aranceles estadounidenses a hacer negocios con Starlink. Pero lo más probable es que tales ayudas se hubieran producido si Musk no se hubiera unido al gobierno de Trump.
La lección que hay que aprender aquí es que en el sistema de gobierno estadounidense no hay lugar para un copresidente no elegido. Aunque las elecciones suelen dar resultados que no esperamos ni deseamos, hace tiempo que demostramos estar mejor con un gobierno compuesto por cargos electos y nombramientos de alto nivel que han pasado por el proceso de confirmación exigido por la Constitución. Musk pensó que podía ser una excepción. Y esa fue su perdición.
Publicado en NYT
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