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Luisa Ortega , una fiscal con temple constitucional

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Luisa Ortega ha sorprendido a Venezuela por sus recientes declaraciones y es ahora una férrea oponente del régimen deMaduro al denunciar la represión de las protestas y al exigir que los manifestantes encarcelados sean juzgados en tribunales civiles, no militares , como ordenó el presidente.

Hace un mes sorprendió a todos alertando sobre la ruptura del orden constitucional y rechazando la Asamblea Constituyente convocada por el gobierno de Nicolás Maduro.

En esa oportunidad, también confirmó la muerte de un manifestante a manos de las fuerzas de seguridad y se convirtió en el primer funcionario público de importancia en reconocer el descontento social por la escasez de productos básicos.

Y este miércoles la fiscal general Luisa Ortega, volvió a chocar frontalmente con el gobierno venezolano, denunciando la existencia de “terrorismo de Estado” y declarándose dispuesta a dar la vida para defender la constitución que el actual mandatario pretende reformar.Pero no está claro por cuanto tiempo más Ortega podrá seguir siendo esa rara avis en la Venezuela de hoy día: una voz disidente al frente de una de las principales instituciones estatales del país.

Esta postura ha convertido a Ortega en la más destacada de las voces que critican a Maduro desde el propio chavismo. Pero el mismo miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia -denunciado como “ilegítimo” por la fiscal- ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias y le prohibió la salida del país “por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”.

Poco antes, el mismo tribunal también había emitido dos polémicas sentencias aparentemente destinadas a minar el poder de la fiscalía y preparar el camino para una eventual destitución de Ortega.Una situación que muy pocos seguramente imaginaban cuando, al liderar la acción penal contra el líder opositor Leopoldo López, que derivó en su arresto, Ortega se confirmó como una leal seguidora de Hugo Chávez, a quien todavía acostumbra citar.

“Chavismo crítico”

Por lo pronto, la fiscal, de 59 años, se ha convertido en una suerte de ídolo de la oposición, que desde hace tres meses celebra manifestaciones en contra del presidente Nicolás Maduro, al que acusan de una deriva autoritaria. En ese tiempo se han registrado más de 80 muertos, y la fiscal fue la primera en suministrar cifras oficiales contradiciendo el discurso del gobierno en medio del actual escenario de confrontación.

ILa fiscal se ha ido separando de la postura oficial del gobierno de Nicolás Maduro.Foto: @VillegasPoljak

 

A tenor de sus palabras y de la independencia que ha mostrado, Ortega forma parte del chavismo crítico con el gobierno de Nicolás Maduro. Llegó al puesto de fiscal con el aval de Hugo Chávez en 2007 y vivió el funeral del fallecido presidente en 2013 desde primera fila. “Estuvo muy comprometida con el presidente Chávez. Por su formación de izquierdas nadie desde el gobierno puede juzgarle como una traidora ni decir que está pagada por la CIA”, le dijo en mayo a BBC Mundo el politólogo Nícmer Evans, también crítico con el gobierno desde la izquierda. Y, según Evans, su giro no responde a un viraje ideológico, pues se trata de una persona de firme convicción de izquierdas, casada con un diputado oficialista y leal al proceso revolucionario, pero también firme defensora de la Constitución de 1999.

Esa es la Carta Magna de Chávez que ahora el gobierno de Maduro desea cambiar con una Asamblea Constituyente y la que Ortega juró defender con su vida. “Es una combinación de activista política y mujer de leyes”, explicó Evans, quien conoce a la fiscal y también formó parte del gobierno de Chávez.

“Una válvula de escape”

Aunque desde el oficialismo se acusa a Ortega de traidora, sus posturas también han sido elogiadas por ser independientes.

“Es una posición muy valiente y demuestra su nivel de compromiso con el país, con la Constitución, y permite generar un debate y una válvula de escape”, le dijo en su momento a BBC Mundo Olly Millán, quien fue ministra de Economía Popular con Chávez y ahora es crítica con el gobierno.

En ese entonces Millán se refería a las declaraciones de finales de marzo en las que Ortega calificó de “ruptura del orden Constitucional” dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que suprimían poderes al Parlamento, controlado por la oposición. Poco después las dos sentencias, que fueron el detonante de la actual ola de protestas, se rectificaron parcialmente. Pero el momento marcó un antes y un después en la relación entre Ortega y el gobierno. Y, en esa misma conferencia, la fiscal aseguró que el Ministerio Público había constatado una tasa de 70,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir,21.752 homicidios intencionales o dolosos, confirmando así uno de los grandes problemas de Venezuela: la violencia.

Meses antes había criticado las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), el plan de seguridad del Estado contra el crimen que ha generado denuncias de asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad.

Pero Ortega no se quedó allí. En una poco habitual entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal calificó la Constitución actual como “insuperable” y en medio del enfrentamiento entre gobierno y oposición, afirmó: “No podemos pedir un comportamiento legal y pacífico a los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo a la ley”. También mostró su “preocupación” por que haya civiles que estén siendo juzgados por tribunales militares.

Derechos de autor de la imagenAFP
Image captionLa fiscal leyó las instrucciones de una bomba lacrimógena para dejar claro que no debe ser disparada de forma directa contra manifestantes.

“Incluso en los estados de excepción, el debido proceso es uno de los pocos derechos que no se puede suspender”, dijo Ortega el 25 de abril citando el artículo 337 de la Constitución venezolana. Y en una carta al presidente de la comisión presidencial para la Asamblea Constituyente mostró su desacuerdo con esta y su lealtad a la actual Carta Magna. “Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución”, escribió. Y por esos días también admitió la existencia de un profundo descontento por culpa de la escasez de productos básicos, algo que no ha reconocido el gobierno pese a la grave crisis económica que sufre el país.

“Represión”

En la conferencia ofrecida en marzo, con el simple gesto de leer este miércoles las instrucciones de una bomba lacrimógena, Ortega también dejó claro que las fuerzas del orden no las pueden usar para disparar directamente sobre manifestantes, tal y como ha denunciado la oposición.

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionEl caso de la muerte de Juan Pernaleta ha sido el símbolo de los fallecidos en más de 50 días de protestas.

En esa oportunidad, usó la palabra “represión”, criticada por el gobierno, y anunció que la investigación sobre la muerte del joven manifestante Juan Pernalete confirmó que la causa del deceso fue el impacto de una bomba lacrimógena. (El gobierno defiende la tesis de que murió por el disparo de una pistola de perno, algo que supuestamente quedaba claro en un video mostrado a los medios). Y en sus declaraciones de este 28 de junio Ortega fue mucho más allá al denunciar “un terrorismo de Estado” por parte de la actual administración.

“Yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar”, declaró.

“Se han producido sentencias del TSJ que además de romper el orden constitucional, ya muy maltratado, le entregan la investigación de los derechos humanos posiblemente a quienes violen los derechos humanos“, dijo de la decisión judicial que le dio a la Defensoría del Pueblo la posibilidad de hacer investigaciones penales, hasta entonces monopolio del Ministerio Público.

“Cayó en las redes de los antirrevolucionarios”

En un inicio, los miembros más altos del gobierno prefirieron eludir una crítica formal, aunque en su momento el ministro del Interior, Néstor Reverol, criticó el proceder de la fiscalía. “No ha garantizado la aplicación de la justicia”, denunció ya a finales de mayo, citando como ejemplo la liberación de unos implicados en el ataque a un domicilio en Mérida, en el oeste del país.

“Lo que profundiza la crisis política son posiciones como la de ella”, dijo también en esa oportunidad su mentor y antecesor como fiscal general, Isaías Rodríguez en una entrevista con la televisión estatal. “Le tengo mucho afecto, pero cayó en las redes de los antirrevolucionarios”, aseguró Rodríguez. “La fiscalía está ardiendo por dentro. La fiscalía no es una institución para jugar a la candelita”, dijo el exfiscal y exvicepresidente.

En esos días el diputado oficialista Pedro Carreño también la atacó en twitter. “Pena ajena da ver a Luisa Ortega nerviosa, dubitativa y llena de contradicciones, leyendo libreto no hecho por ella. JUSTIFICANDO VIOLENCIA”, escribió en mayúsculas.

Fue precisamente Carreño quien el 16 de junio le solicitó al Tribunal Supremo iniciar el proceso de remoción de la fiscal general, por “la comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo”, así como las medidas cautelares aprobadas el miércoles. Poco antes, el diputado oficialista también le había solicitado al TSJ una evaluación del estado mental de Ortega, a la que acusó de “no estar en sus cabales”. Y en los últimos días las descalificaciones en contra de la funcionaria se han multiplicado entre los representantes del oficialismo.

“Veo como una vulgaridad el extremismo en que ha caído el Ministerio Público y llamo a la señora Luisa Ortega, que la veo muy nerviosa y desesperada, a que vuelva al equilibrio”, declaró el pasado 22 de junio.

“Si se quiere meter en la diatriba política porque tiene aspiraciones de ser candidata presidencial de la (alianza opositora) MUD (…) tiene todos los derechos para hacerlo, pero no se puede utilizar una institución tan delicada” acusó en esa oportunidad el mandatario.

Esperanza para la oposición

Mientras sucede todo esto, la oposición jalea su postura institucional e independiente del resto de los poderes del Estados, todos afines al oficialismo excepto el Parlamento.

“Con las declaraciones de la fiscal el gobierno debe salir a pedir perdón”, dijo en mayo el líder opositor Henrique Capriles.

“Este es el verdadero golpe de Estado… ¡y sin helicóptero!”, fue, por su parte, la reacción de Jesús “Chúo” Torrealba al anuncio de las sentencias del TSJ contra la Fiscalía.

Ortega, sin embargo, no siempre fue objeto de devoción por parte de la oposición. Ella estaba al mando de la fiscalía que lideró las controvertidas acusaciones en 2014 -tras una oleada de fuertes protestas- contra estudiantes y contra el líder opositor Leopoldo López, condenado a 14 años de prisión por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir. Pero ahora la esperanza que tienen muchos es que no sea la única voz disidente dentro del monolítico oficialismo. Aunque negros nubarrones penden sobre su futuro.

En teoría, la destitución de la fiscal sólo sería posible a través de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, pero esta fue declarada en desacato por el TSJ en otra polémica sentencia. Y el poder judicial ya fijó para el próximo 4 de julio la audiencia sobre la solicitud de antejuicio de Ortega, por lo que no está garantizado que esta vaya a poder completar su mandato, que expira en 2021.

“El papel de ella es sacar al país del bochinche de ‘estás conmigo o contra mí’ en un momento en el que se necesita que las instituciones respondan a sus objetivos”, le dijo Nícmer Evans a BBC Mundo en mayo, cuando Ortega empezaba a convertirse en una importante actriz política en la crisis de Venezuela. Pero queda por verse si lo conseguirá o, en el caso de una eventual destitución, si se convertirá en una víctima más de la convulsa política venezolana o el detonante que por fin la solucione.

Línea

(*) Este artículo del corresponsal de BBC Mundo en Venezuela, Daniel García, fue publicado originalmente el 25 de mayo de 2017 y actualizado el 29 de junio para incluir los recientes fallos del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la fiscal Ortega así como su reacción a los mismos.

Agencias

De la Espriella y Rubio firman “los acuerdos de Barranquilla”

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS | COLOMBIA

Barranquilla (Colombia), – El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dieron este martes un nuevo impulso a la relación bilateral con la lucha contra el narcoterrorismo y la reconstrucción del país tras el terremoto del mes pasado como base.

La reunión se llevó a cabo en la ciudad caribeña de Barranquilla, sede alterna de la Presidencia colombiana, y supuso la primera visita de un alto cargo de la Administración del presidente Donald Trump tras la investidura de De la Espriella el pasado 7 de agosto.

La visita simboliza la renovada sintonía entre las dos capitales y su alineamiento en estos asuntos claves.

Rubio dijo en una declaración que este encuentro augura una “época dorada” entre su país y Colombia, una “nueva etapa de cooperación que no tiene precedente”.

El secretario de Estado se mostró a favor de “restaurar las relaciones naturales” entre EE.UU. y Colombia tras la “distancia” de los cuatro años del izquierdista Gustavo Petro en la presidencia colombiana, que calificó de “desastre” para el país suramericano.

Durante la jornada, Colombia y Estados Unidos firmaron dos memorandos de entendimiento en el que expresaron su voluntad de cooperar en el desarrollo de energía nuclear de uso estrictamente civil y en el procesamiento de minerales críticos y tierras raras.

Ambos memorandos son parte de una estrategia de la Administración Trump, enfocada en potenciar el “renacimiento” de la energía nuclear civil y asegurar las reservas de minerales críticos para Washington ante la fuerte competencia en este ámbito con China.

‘Acuerdos de Barranquilla’

Durante su comparecencia, el presidente colombiano anunció los “acuerdos de Barranquilla”, una hoja de ruta bilateral con la que busca, con el apoyo de Estados Unidos, reconstruir el país tras el terremoto del pasado 10 de agosto y recuperar la economía. “De esta reunión ha surgido una hoja de ruta que hemos denominado ‘los Acuerdos de Barranquilla’, alrededor de tres grandes temas que resultan de sustantiva importancia para nuestro país y el hemisferio: reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”, expresó De la Espriella.

Esta iniciativa, añadió el mandatario, supone la atención de “enormes desafíos en vivienda, hospitales, colegios, carreteras, puentes, servicios públicos y capacidad productiva” provocado por el sismo, que deja hasta el momento 331 muertos y 4.505 heridos.

Por esa razón le propuso a Rubio trabajar “en mecanismos de cooperación, inversión y financiación, incluyendo a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (de Estados Unidos), a otras agencias y al sector privado”.

Además de los estragos causados por el terremoto, el nuevo Gobierno colombiano recibió el pasado 7 de agosto una economía con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del PIB en 2025 y una deuda pública que alcanzó un récord de 1.167 billones de pesos (unos 369.000 millones de dólares) al cierre del primer semestre, cifra equivalente al 60,5 % del producto interno bruto (PIB).

“Queremos traer inversión hacia los temas que tenemos de infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva. Colombia también hará su parte y haremos lo que tenemos que hacer frente a la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto, la seguridad jurídica y mejores condiciones para la inversión”, señaló De la Espriella.

Papel de Colombia en Venezuela

El presidente colombiano también prometió a Rubio que su Gobierno participará “responsablemente” en los esfuerzos para garantizar la estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza con Venezuela.

Esta es la primera declaración que hace el mandatario sobre Venezuela desde que asumió el cargo el pasado 7 de agosto, aunque en la campaña presidencial afirmó a EFE que un eventual Gobierno suyo no tendría ningún contacto con la Administración venezolana y todo lo relacionado con ese país se haría directamente con Estados Unidos.

“Colombia participará con los Estados Unidos responsablemente en los esfuerzos dirigidos a garantizar la estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza, en materia migratoria y de seguridad”, dijo De la Espriella este martes.

El mandatario precisó que para Colombia la realidad de Venezuela “no es un asunto distante”, al señalar que ambos países comparten una frontera de más de 2.000 kilómetros.

“Por supuesto, todo lo que pasa en Venezuela tiene consecuencias directas en Colombia en materia de seguridad, migración, narcotráfico, contrabando, organizaciones armadas y también energía”, concluyó el presidente.

AGENCIAS

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Agencias

De La Espriella toma posesión como presidente de Colombia en cantón militar de Cali

Francisco

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EP FLORIDA NEWS | posesión presidencial | Colombia

De la Espriella  promete recuperación del orden y lucha contra el crimen

El nuevo presidente de Colombia habla de “regeneración” y lucha contra el crimen. Discurso de posesión ante el batallón Pichincha de Cali.

El nuevo presidente colombiano, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, anunció este viernes megacárceles, lucha frontal contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales, fumigación a los cultivos ilícitos, fracking y protección a la fuerza pública, al advertir que su gobierno será de “regeneración”. “Le imparto desde aquí a las fuerzas militares y de policía la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales, sus integrantes, los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo que tienen dos caminos, someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública”, advirtió de la Espriella.

El Presidente habló desde el cantón militar Pichincha, en Cali, frente a los militares y luego de juramentarse en un acto político que se llevó a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. “Que no se equivoquen, El Tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano”, aseguró el mandatario.

De la Espriella sostuvo que “ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad” y, en ese orden, habló de la necesidad de dar inicio a un proceso de “regeneración”, una idea que en Colombia recuerda a un presidente conservador de finales del siglo XIX, que llevó al país al conservadurismo, la violencia política y la entrega a las creencias religiosas.

“Colombia reclama una regeneración moral en el ejercicio del poder, una regeneración institucional que devuelva fortaleza y autoridad al Estado, una regeneración administrativa que haga de la eficiencia y de la transparencia, de la transparencia, reglas inquebrantables del servicio público”, aseguró. El mensaje del mandatario se centró en el sentido de la “autoridad” y la “seguridad”, al sostener que “en mi gobierno se construirán megacárceles destinadas a recluir a quienes representan la mayor amenaza para la seguridad del pueblo”.

Al tiempo que les anunció a las tropas y a la Policía que su administración “los protegerá como se debe hacer con los héroes de Colombia” y les ofreció “todas las garantías jurídicas para que no sean perseguidos por cuenta del cumplimiento de su deber”. En ese punto, dirigió sus cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado en el acuerdo de paz con las extintas Farc en 2016 y donde se ha revelado, mediante testimonios, la participación de militares en asesinatos extrajudiciales, entre otros hechos.

“Respetaré el orden jurídico vigente sin que ello signifique renunciar al deber de revisar con absoluto rigor la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació desconociendo la voluntad popular. La reconciliación no se edifica sobre el olvido ni sobre la absolución ilegítima de la violencia”, afirmó de la Espriella sobre la JEP. Frente a la lucha contra el narcotráfico, mencionó que implementará “la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana”.

La erradicación de cultivos ilícitos mediante el uso de aspersión aérea fue condicionada por la Corte Constitucional, que exige una serie de requisitos que incluye la protección de la salud humana y del medioambiente. El mandatario entrante anunció además que implementará el fracking para elevar las reservas petroleras, un tema que genera debate político y que seguramente será asunto de disputa política con partidos de oposición y protectores del medio ambiente.

Aseguró que perseguirá a quienes cometieron delitos de corrupción, no solo mediante la denuncia ante los tribunales nacionales, sino que acudirá a la justicia internacional. Advirtió que erradicará la supuesta enseñanza en las aulas del país que no sea acorde con valores católicos y conservadores, al tiempo que habló de una “batalla cultural para recuperar el valor de la familia, la disciplina y la creencia en Dios”. “Prometo que trabajaré sin descanso para que al concluir este mandato Colombia pueda afirmar orgullosamente que la autoridad volvió a sentirse en cada rincón de la patria”, afirmó de la Espriella en su mensaje.

Con información de ANSA.

 

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Agencias

Campeonato internacional de natación en Ibagué

Francisco

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EP NEW YORK NEWS | DEPORTES|

Por : Gustavo Lugo | Ibagué

Ibagué celebró el Campeonato Panamericano de Natación PanAm Aquatics Swimming Championships 2026 desde el 8 al 12 de julio de 2026 en las Piscinas Olímpicas Hernando Arbeláez Jiménez ubicadas en la calle 42 de la ciudad musical de Colombia. El evento reunió a más de 500 deportistas.

El torneo consolidó a la ciudad como sede continental y fue organizado por la Federación Colombiana de Natación y la Alcaldía de Ibagué

El campeonato reunió a las principales delegaciones de natación del continente americano en uno de los eventos más importantes del calendario internacional de PanAm Aquatics, consolidando a Colombia e Ibagué como referentes para la organización de competencias acuáticas de alto nivel.

Durante cinco días de competencia, los mejores nadadores de América se dieron cita en el país para disputar un certamen de gran relevancia deportiva e internacional.

La delegación de Colombia tuvo un comienzo exitoso en el Panam Aquatics Swimming Championships Ibagué 2026 tras conquistar 16 medallas durante la primera jornada de competencias: cinco de oro, ocho de plata y tres de bronce. La gran figura del día fue Jasmin Pistelli Palomino, quien además de coronarse campeona panamericana en los 200 metros espalda (19 años y mayores), impuso un nuevo récord nacional con un tiempo de 2:12.80, superando la marca de Carolina Colorado (2:13.64), vigente desde 2012.

La primera medalla de oro para Colombia llegó gracias a Matías Ramírez Bonilla, quien se proclamó campeón panamericano en los 200 metros espalda de la categoría 16-18 años con un tiempo de 2:06.83, entregándole al país la primera presea dorada del campeonato.

El certamen reunió a las delegaciones nacionales de los siguientes países del continente americano: Colombia (país anfitrión), México, Chile, Argentina, Anguila (Territorio Británico de Ultramar. Es una pequeña y exclusiva isla caribeña ubicada al este de Puerto Rico), Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Bolivia, Costa Rica, Dominica.

Además de estas naciones, el evento continental contó con representantes de Brasil, Canadá y otras delegaciones de Centroamérica y el Caribe, completando el registro de los 31 países participantes. Al final del campeonato, la delegación local de Colombia se coronó campeona general, seguida muy de cerca por México y Chile en el medallero.

Con una entrada gratuita para todo el público, los asistentes disfrutaron de cinco días de competencia con los mejores exponentes de la natación panamericana y acompañaron a la Selección Colombia en su camino por dejar en alto los colores del país.

Colombia ganó un total de 85 medallas en el Panam Aquatics Swimming Championships disputado en Ibagué este me de julio de 2026. La delegación local finalizó en el primer puesto del medallero general con la siguiente distribución:
Oro: 31 medallas
Plata:35 medallas
Bronce:19 medallas

Las piscinas olímpicas Hernando Arbeláez Jiménez, ubicadas en la Unidad Deportiva de la Calle 42, se construyeron originalmente a finales de los años 70 para los Juegos Nacionales de 1970.

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