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Latinoamérica

Existe un plan deliberado del gobierno para empobrecer a los venezolanos

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Pedro Carmona, ex presidente de Venezuela durante dos días tras el golpe de estado de abril de 2002, aún acusa a los chavistas de los asesinados en las revueltas

En abril de 2002, tras una serie de protestas contra el régimen chavista, se producen unos violentos incidentes en Caracas con el resultado de casi una veintena de muertos y la renuncia de Hugo Chávez. La crisis lleva a la conformación de un gobierno de transición que encabeza el líder empresarial Pedro Carmona durante apenas unos días. Ahora, este profesor e investigador universitario que se considera exiliado en Colombia, responde a las preguntas que Diario16.com le formula sobre el actual (y crítico) momento que vive Venezuela.

Por: Ricardo Angoso

        Diario16.com

¿Qué balance hace los acontecimientos que sucedieron en el 2002, cuando Chávez renunció?

 La crisis de abril de 2002 tuvo detonantes que con el tiempo se han ido demostrando, pues fue una jornada de protestas que respondió al derrotero que había tomado el régimen hasta ese momento. Uno de los elementos que generó la crisis de abril fue que el gobierno decidió legislar mediante decretos-leyes que se imponían sin discusión, basándose en leyes habilitantes. Pero también, el gobierno acabó con el diálogo tripartito y desconocía conquistas laborales, en especial en lo relativo a contratos colectivos en que estaba involucrado el Estado. El detonante de la crisis del 2002 fue la politización de la empresa Petróleos de Venezuela, PDVSA. Efectivamente, el gobierno se propuso convertir a esa empresa, que fue manejada hasta entonces de forma meritocrática y que llegó a ser la segunda empresa energética del mundo, en una dependencia política más, y ello anunciaba un desastre para todos los venezolanos. Hoy PDVSA está convertida en la peor empresa energética del mundo después de haberse codeado con las grandes compañías del planeta, y ha pasado de producir 3,5 millones de barriles diarios, a apenas dos millones, teniendo que importar crudo y combustibles a precios internacionales, para vender productos de refinación a precios subsidiados en el mercado interno, o para ayudas al Caribe y Centro América. Ese solo elemento, más el auge de la autocracia por parte del gobierno, ponen en evidencia que las protestas de abril respondían a una demanda justa de la sociedad. Se generó un malestar que llevó a que más de un millón de venezolanos salieran a marchar ante esa situación que ya se vislumbraba iba por el peor de los caminos. Esa protesta de abril desencadenó después la serie de acontecimientos conocidos, entre ellos el anuncio de la renuncia de Chávez por la masacre ocurrida contra una manifestación pacífica, y el desconocimiento por parte de altos oficiales militares de la orden presidencial de reprimir la marcha con armas de guerra.

De otro lado, la desinstitucionalización del país ha sido dramática, me refiero a todas las instituciones medulares del país. Las Fuerzas Armadas de la Nación profesional ha sido transformada en un partido político armado, con una carga ideológica contraria a lo establecido en la Constitución, la cual estipula que las Fuerzas Armadas no deben estar al servicio de persona o de parcialidad política alguna y, solo deben responder a los altos intereses del país, a la defensa de la soberanía y resguardo de la Constitución.

En tercer lugar, la economía está colapsada. Llevar a Venezuela a la bancarrota es una hazaña histórica que será analizada en el futuro como un caso de estudio. No hay que ser economista ni alguien avezado en estos asuntos para identificar las razones que han llevado a esta situación límite. Los ingresos han caído no solo porque los precios del petróleo hayan bajado, sino porque la producción de hidrocarburos ha disminuido dramáticamente. Además, se destruyó el aparato productivo privado: el tejido productivo industrial, agropecuario y comercial está disminuido a un tercio de lo que existía en 1999.

 Por cierto, ¿los crímenes perpetrados en esas jornadas de abril, un total de 19, van a quedar en la total impunidad?

Esos 19 muertos y decenas de heridos en la protesta del 11 de abril de 2002 fueron provocados por la represión a la marcha. El gobierno trató de reescribir la historia y de achacar esas muertes a policías y comisarios de Caracas, pero el mundo vio en tiempo real los disparos que efectuaban los comandos chavistas contra la protesta. Hay videos disponibles en Youtube donde se puede ver a los pistoleros disparando. Fue el gobierno  el que llamó a esos “círculos bolivarianos”, que son los actuales “colectivos”, a que defendieran la revolución con las armas. La marcha era cívica y pacífica y si bien solicitaba la renuncia de Chávez ante la crítica situación en la que se encontraba la nación, lo hacía sin armas, en forma pacífica.  El gobierno mintió al achacar esas 19 muertes a la oposición o a la policía, tergiversando la realidad de lo ocurrido.

La Comisión de la Verdad que Chávez solicitada para investigar esos hechos nunca llegó a constituirse. Los policías que trataron de impedir un enfrentamiento fueron apresados, y los pistoleros del gobierno convertidos en héroes.

 Parece que esta sentencia que anula los poderes del legislativo es la guinda de tarta, ya que llega en un momento de aguda descomposición social y económica de la nación. ¿No lo cree así?

Aparte de la crisis humanitaria que padece Venezuela, hay que señalar la incompetencia del gobierno para gestionar los asuntos básicos. Pero además siempre he pensado que no todo es torpeza, sino que existe un plan deliberado del gobierno para empobrecer a los venezolanos, debilitar a la clase media e impulsar el éxodo de todos aquellos que no están de acuerdo con el régimen. Ya se habla de casi dos millones y medio de venezolanos que han abandonado el país en estos años, de los cuales 900.000 viven en Colombia. Este fenómeno no tiene precedentes en un país que siempre fue de oportunidades, y receptor de inmigrantes de Europa y del mundo entero, y favorece al régimen al mermar el número de votantes o de inconformes, siguiendo el modelo que tomó Cuba en su momento. Nada mejor para un régimen totalitario que huyan sus oponentes. Está muy claro que el gobierno de Maduro estimula la salida de aquellos que están en desacuerdo con el proceso revolucionario. Pero para el país es una tragedia la pérdida de talento humano; es la peor descapitalización que puede sufrir una nación.

Algunos voceros chavistas han expresado que el régimen necesita a los pobres, pues son más leales al régimen, y porque son fácilmente subyugables con asistencialismo y presiones por parte de un Estado macrocefálico, empleador y repartidor de limosnas al pueblo. La pauperización de la clase media es notoria, nivelándola con los sectores más bajos, con el fin de que todos sean pobres y dependan más del Estado. Ese Estado omnipotente y omnipresente no soluciona los problemas estructurales, sino que somete al pueblo.

De otra parte, el nivel de corrupción que hoy padece Venezuela no se había visto en la historia, pese a que Chávez enarboló las banderas de la lucha contra la pobreza y de lucha contra la corrupción en su campaña electoral. La paradoja es que se ha generado lo contrario: el momento de más corrupción en la historia patria ha sido con este régimen.

Agencias

Petro rompe relaciones diplomáticas con Israel

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EP NEW YORK | LATINOAMÉRICA

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el miércoles que su país romperá relaciones diplomáticas con Israel debido a la guerra en Gaza. El mandatario hizo el anuncio en Bogotá, y calificó al gobierno israelí de “genocida”.

Petro se refirió a la medida en un discurso pronunciado en la capital colombiana ante una multitud entusiasta que se había congregado con motivo del Día Internacional de los Trabajadores.

“No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad”, dijo Petro. “Si muere Palestina muere la humanidad”.

​​Colombia es el segundo país sudamericano en romper relaciones con Israel después de Bolivia, que lo hizo en noviembre debido a los ataques en Gaza. El mismo día que el gobierno boliviano hizo su anuncio, Colombia y Chile comunicaron que iban a retirar a sus embajadores en Israel, y Honduras hizo lo mismo a los pocos días. Belice también suspendió las relaciones diplomáticas con Israel en noviembre.

El gobierno israelí criticó la decisión de Petro el miércoles.

“La historia recordará que Gustavo Petro eligió estar del lado de los monstruos más abominables conocidos por el hombre, quienes quemaron bebés, mataron niños, violaron mujeres y secuestraron civiles inocentes”, escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz. “Israel y Colombia siempre disfrutaron de una relación cercana. Ni siquiera un presidente antisemita y lleno de odio cambiará eso”.

Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia y crítico de las políticas antidrogas de Estados Unidos hacia su país, amenazó en marzo con suspender las relaciones con Israel si no acataba una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego inmediato en Gaza. Además, le pidió a otros países que hicieran lo mismo. En respuesta a esa amenaza, Katz escribió en X que era vergonzoso el “apoyo de Petro a los asesinos de Hamás”, quienes llevaron a cabo masacres y cometieron crímenes sexuales contra israelíes.

“Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos y no cederá a ninguna presión o amenaza”, añadió Katz.

En febrero, Petro suspendió la compra de armas israelíes por parte de Colombia, después de que las fuerzas israelíes abrieran fuego mientras una multitud se congregaba cerca de un convoy de camiones que transportaba ayuda necesaria a la ciudad de Gaza, en una escena caótica en la que decenas de personas resultaron muertas y heridas, según funcionarios sanitarios gazatíes y el ejército israelí.

Agencias. NYT

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Agencias

Miles de opositores marchan contra Petro en Colombia

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EP New York. | Latinoamérica

Miles de opositores protestan en Colombia y Petro insiste en que buscan “derrocar” su gobierno

BOGOTÁ — Los opositores al gobierno del izquierdista Gustavo Petro volvieron a manifestarse el domingo y convocaron cerca de 250.000 personas en todo el país mientras coreaban incesantemente ”¡Fuera Petro!”, mostrando su desacuerdo con las reformas sociales que impulsa, su propuesta de hacer una constituyente y reclamando por problemas económicos y de seguridad.

El presidente señaló que las manifestaciones tuvieron por objetivo buscar “derrocar el gobierno del cambio” de parte de sectores que quieren que se “deshaga las reformas que van a favor del pueblo para mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usados como ganancias de particulares”. Por lo que insistió, desde su cuenta de X, en que sus partidarios deben “responder” en una manifestación el primero de mayo, día internacional de los trabajadores, en la que caminará junto a la gente y hablará en una tarima.

Las manifestaciones en contra y a favor del gobierno se han convertido en una constante en Colombia desde que subió al poder Petro en el 2022, convirtiéndose en el primer presidente de izquierda, en un país que siempre había sido gobernado por conservadores y moderados. La oposición reclama por sus políticas, mientras que Petro convoca a sus partidarios a defenderlas.

“Es una marcha donde está todo el mundo saliendo a decirle al presidente: ‘así no son las cosas, usted ganó las elecciones, pero sepa gobernar’”, dijo a The Associated Press Idelfonso Méndez, de 58 años.

Méndez, contador público, no suele salir a protestar. La última vez que lo hizo fue en 2008 en contra de los secuestros que perpetraba la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

“Nos hemos quedado callados mucho tiempo, pero ya no más. La democracia la veo en peligro, porque está buscando hacer una asamblea constituyente por fuera de la ley y quiere imponer las reformas a como dé lugar sin que lo apruebe el Legislativo”, explicó Méndez, quien sostenía un cartel con la frase “yo protejo a mi país”.

Petro planteó la posibilidad de llevar al país a un proceso para reformar la Constitución como una forma de lograr las transformaciones sociales que prometió en su campaña electoral y que el Congreso no ha aprobado. Sin embargo, no es claro el proceso en que se haría.

“El constituyente es el pueblo que se convoca a sí mismo a decidir sobre lo que no se ha podido resolver en décadas desde los poderes constituidos”, explicó Petro.

Las movilizaciones fueron pacíficas, según reportó el gobierno y la policía, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y Popayán. En la capital lucía llena la icónica Plaza de Bolívar —donde confluyen el Congreso, las cortes, la alcaldía y la catedral— que tiene una capacidad para 55.000 personas. Según Petro, en el país se movilizaron cerca de 250.000 personas.

“Ha sido la marcha más importante contra Gustavo Petro, no solo por la cantidad, sino por quiénes salieron. En otras ocasiones se veían personas solamente de derecha, en esta se movilizaron diferentes sectores políticos que perdieron el miedo a ser estigmatizados como de derecha”, indicó a la AP Carlos Andrés Arias Orjuela, consultor en comunicación política.

Para Arias, una marcha tan numerosa debería tener un impacto en la dirección del gobierno, sin embargo, no cree que en la práctica se vea reflejado. “Lo que va a hacer es que Gustavo Petro siga radicalizando su discurso, porque hace un mes y medio dejó de gobernar y está en campaña política”, agregó.

A inicio de abril, Petro sufrió una derrota en el Congreso, donde senadores archivaron la reforma a la salud, la más avanzada en trámite y también la más polémica. La propuesta planteaba reducir la intermediación de actores privados y dar al Estado un mayor control del dinero y del servicio de salud que el gobierno ha calificado de deficiente.

Sin embargo, el gobierno anunció decretos que modifican el sistema de salud en el mismo sentido que lo quería hacer la reforma y ordenó la intervención forzosa para administrar dos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) más grandes del país: Sanitas y Nueva EPS.

En la marcha, se distinguían trabajadores de las EPS intervenidas vestidos con camisetas blancas y sus logos, que advertían que la salud de 17 millones de sus afiliados estaba en riesgo.

“Vine a marchar por la salud, porque él (Petro) lo ha dicho, que va a acabar las EPS. Vine para que sepa que no queremos”, dijo a la AP Amanda Rojas, una ama de casa de 70 años, afiliada en Sanitas.

Los cambios al sistema de salud que rige en Colombia desde hace 30 años, han generado preocupación en el sector y más de 60 asociaciones se unieron a las protestas en lo que llamaron “La marcha de las batas blancas”.

“No negamos las falencias, la corrupción, la falta de recursos, pero una cosa es negar las falencias y otra cosa es decir que la solución que están planteando es la adecuada, ese es el problema”, aseguró a la AP Rubén Luna, presidente de la Sociedad Colombiana de Trasplantes y miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía, quien pide que se les incluya en la búsqueda de soluciones para el sistema de salud.

Para Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, se trata de las marchas más nutridas que la oposición ha logrado convocar y considera que el elemento que cambió el panorama fue la intervención a varias EPS por parte del gobierno.

“Lo que muestra esta marcha es que esto genera muchas inquietudes que el gobierno debería escuchar, porque es algo que muestra que está perdiendo el pulso de la calle”, concluyó.

Con información de AP

 

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Agencias

Por qué el modelo “Bukele” no puede aplicarse a otros países de A.L.

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EP New York. | Latinoamérica | El Salvador

Por qué el modelo Bukele no va a funcionar en otros países de América Latina

Aunque todavía se están contando los votos, el presidente Nayib Bukele se adjudicó una victoria aplastante las elecciones y afirmó que ganó con más del 85 por ciento de los votos. Si esos resultados se mantienen cuando se anuncie el conteo oficial, ni siquiera los presidentes populistas más conocidos de América Latina, como el presidente venezolano Hugo Chávez o el boliviano Evo Morales, habrán estado cerca de ganar unas elecciones con esos márgenes.

El ascenso sin precedentes de Bukele se explica debido a un factor: el sorprendente descenso en la tasa de delincuencia de El Salvador. Desde que asumió la presidencia en 2019, la tasa de homicidios intencionales ha bajado del 38 por cada 100.000 ese año a 7,8 en 2022, muy por debajo del promedio en América Latina del 16,4 para el mismo año.

Las medidas enérgicas que Bukele ha encabezado para combatir el crimen organizado prácticamente han desmantelado a las pandillas que aterrorizaron a la población durante décadas. También ha cobrado un precio oneroso a los derechos humanos, las libertades civiles y la democracia de los salvadoreños. Desde marzo de 2022, cuando Bukele declaró un estado de excepción que dejó suspendidas algunas libertades civiles básicas, las fuerzas de seguridad han encarcelado aproximadamente a 75.000 personas. Uno de cada 45 adultos en el país está en prisión.

Ante esta situación, otros líderes de la región han debatido la posibilidad de adoptar muchas de las mismas medidas drásticas para combatir la violencia delictiva en su país. Sin embargo, aunque estuvieran dispuestos a hacer los mismos compromisos que ha hecho el gobierno de Bukele —calles más seguras empleando métodos diametralmente opuestos a la democracia— quizá no conseguirían los mismos resultados. Las condiciones que hicieron posible el éxito de Bukele y su notoriedad política son únicas de El Salvador y no son exportables.

En nuestro recorrido por las calles de la capital, San Salvador, en los días anteriores a las elecciones, vimos cómo las familias han regresado a los parques. Ahora, las personas pueden atravesar las fronteras entre distintos barrios que antes estaban controlados por pandillas y eran imposibles cruzar. El centro de la ciudad, que por años quedaba casi vacío al atardecer, ahora está activo hasta altas horas de la noche.

El problema es que El Salvador, que emprendió una transición hacia la democracia en la década de 1990, se ha desviado de esa ruta. Bukele tiene control en los poderes del gobierno. La nación de 6,4 millones de habitantes funciona como un Estado policial: no es inusual que soldados y policías retiren a los ciudadanos de las calles y los encarcelen de manera indefinida sin ninguna razón y sin darles acceso a un abogado. Hay noticias creíbles de que los reclusos han sido torturados. Varios críticos del gobierno comentaron que los han amenazado con presentar acusaciones en su contra, además de que se han empleado programas espía para monitorear a algunos periodistas. Incluso la votación del domingo pasado se encuentra bajo el microscopio porque el sistema de transmisión de los resultados de la votación preliminar dejó de funcionar de manera muy inusual.

Como politólogos, con experiencia en el estudio de la política latinoamericana, le hemos dado seguimiento al creciente grupo de seguidores de Bukele en la región. En el vecino Honduras, la presidenta de izquierda, Xiomara Castro, declaró una “la guerra a la extorsión” contra las pandillas a finales de 2022. Al igual que en El Salvador, Castro decretó un estado de excepción, pero, aunque la tasa de homicidios ha bajado, las pandillas todavía conservan mucho poder.

Más al sur, Ecuador se tambalea por su propio brote de violencia de las bandas. Cuando uno de nosotros fue de visita el año pasado, varias personas entrevistadas señalaron que les encantaría que “alguien como Bukele” llegara a poner orden. Incluso en Chile, que históricamente ha sido una democracia más sólida y un país más seguro que El Salvador, pero en donde la criminalidad va en aumento, Bukele cuenta con un porcentaje de aprobación del 78 por ciento.

No es ningún misterio por qué el modelo de medidas estrictas contra el crimen de Bukele es tan atractivo en América Latina. En 2021, según un grupo de investigación mexicano, en la región se encontraban 38 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. En un año típico, esta región en la que ahora vive solo el ocho por ciento de la población mundial, sufre alrededor de un tercio del número total de asesinatos.

Pero quienes copian las medidas de Bukele y aquellos que creen que su modelo puede replicarse en cualquier lugar no han considerado un punto clave: no es probable que las condiciones que le permitieron controlar a las pandillas en El Salvador se presenten en otras partes de América Latina.

Las pandillas de El Salvador son únicas y están lejos de ser como las organizaciones criminales más sólidas de la región. Durante décadas, unas cuantas pandillas se enfrentaron entre sí para conseguir el control de territorios y ganaron poder social y político. Pero, a diferencia de los cárteles en México, Colombia y Brasil, las pandillas de El Salvador no han sido actores importantes en el comercio global de drogas y habían estado más bien enfocadas en la extorsión. En comparación con estos otros grupos, contaban con finanzas limitadas y no tenían tanto armamento.

Bukele comenzó a desactivar a las pandillas mediante negociaciones con sus líderes, según algunos reportes periodísticos de investigación salvadoreños y una investigación criminal encabezada por un antiguo fiscal general (algo que el gobierno niega). Después, cuando Bukele comenzó a detener a sus soldados de a pie en redadas masivas que llevaron a muchas personas inocentes a las prisiones, las pandillas colapsaron.

La historia no sería tan sencilla en otras partes de América Latina, donde las organizaciones criminales tienen más dinero, tienen más conexiones internacionales y están mucho mejor armadas de lo que estaban las pandillas de El Salvador. Cuando otros gobiernos de la región han intentado acabar con los líderes de pandillas y cárteles, estos grupos no se han desmoronado. Han contraatacado, o bien han surgido nuevos grupos delictivos para llenar rápidamente el vacío, interesados en los enormes ingresos que ofrece el comercio de drogas. La guerra de Pablo Escobar contra el Estado en las décadas de 1980 y 1990 en Colombia, la reacción violenta de los cárteles a las acciones de las autoridades mexicanas desde mediados de la década de los 2000 y la respuesta violenta a las recientes medidas del gobierno de Ecuador contra las pandillas son solo unos cuantos ejemplos.

Además, El Salvador tenía fuerzas de seguridad más profesionales, que se comprometieron a acabar con las pandillas cuando Bukele las convocó, en comparación con algunos de sus vecinos. Un ejemplo es Honduras, donde, se ha reportado, la corrupción propiciada por las pandillas entre las fuerzas de seguridad es un problema muy profundo. Esta situación contribuyó al fracaso, desde un principio, de las acciones inspiradas en Bukele emprendidas por Castro. En otros países, como México, también se dice que los grupos delictivos han logrado cooptar a miembros de alto rango del ejército y la policía. En Venezuela, se ha informado que algunos funcionarios militares han tenido su propia operación de tráfico de drogas. Incluso si los mandatarios enviaran soldados y policías a realizar redadas masivas como las de Bukele, es posible que las fuerzas de seguridad no estén preparadas o tengan incentivos para socavar la misión.

Por último, Bukele enfrenta una oposición política muy disminuida, pues los dos partidos políticos tradicionales del país se han debilitado significativamente desde 2019 y, por lo tanto, no son capaces de contener las acciones del nuevo presidente para establecer control sobre las instituciones públicas. En muchos otros países de América Latina hay partidos políticos más sólidos o existen fuerzas de oposición que ayudarían a exigir una rendición de cuentas a un poder ejecutivo que pretendiera extender su control.

Si otros Bukeles en potencia intentan copiar lo que él ha hecho, es más probable que solo imiten el lado sombrío del modelo de El Salvador y no sus logros.

Los gobiernos podrían verse sumidos en el caos si se multiplican los grupos delictivos o contraatacan con violencia. Además, en el proceso podrían quitarle espacios a la sociedad civil y a la prensa, reducir la transparencia del gobierno, llenar con más detenidos las prisiones, que ya están abarrotadas, y debilitar a los tribunales. Históricamente, los presidentes de América Latina que no tienen un compromiso absoluto con la democracia ya han dado algunos de estos pasos, o todos ellos, para su beneficio político de cualquier manera. Combatir el crimen es la excusa perfecta.

A pesar de su éxito en la reducción de la delincuencia, el modelo de Bukele tiene un costo muy importante. Los imitadores deben tener cuidado: seguir el modelo de El Salvador no solo no funcionará, sino que, en el camino, intentar hacerlo podría causarle daños perdurables a la democracia.

Publicado en New York Times

 

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