Días antes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había roto lazos con la vecina nación andina a la que huyeron más de un millón de compatriotas en los últimos años, retirando a todos los diplomáticos y cerrando el consulado y la embajada.

El hombre que desafía la presidencia de Maduro había nombrado a un nuevo embajador, pero él no sabía cómo ayudarla. Aunque Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, el embajador designado por el presidente de la Asamblea Nacional no tiene acceso al consulado ni capacidad para renovar pasaportes.

Mientras la lucha por el poder en Venezuela se prolonga, surgió una disputa paralela por el control de las embajadas en los países que reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela. Aunque los nuevos diplomáticos nombrados por la oposición son reconocidos en todo el mundo, Estados Unidos es el único país en el que controlan un edificio consular. En las demás naciones, los enviados de Guaidó no pueden desempeñar tareas básicas como emitir un pasaporte ya que el Registro Civil de Venezuela sigue bajo el control de Maduro.

La disputa diplomática dejó a los alrededor de 3,4 millones de venezolanos que se estima que viven en el extranjero estancados entre dos gobiernos. En la mayoría de los países, los empleados consulares siguen realizando tareas como el registro de nacimientos en el extranjero mientras los embajadores de Guaidó permanecen al otro lado de los muros de las legaciones diplomáticas, un símbolo del lento avance del movimiento.

“En estos momentos no tenemos respuesta de ninguno de los dos”, señaló Paola Soto, de 25 años, que está tratando de reunirse con su hijo de 5 años en Chile.

La batalla por el reconocimiento diplomático se libra, en gran medida, a puerta cerrada, pero en algunas ocasiones saltó a la luz pública.

En febrero, la embajadora designada por Guaidó para Costa Rica, María Faría, anunció que tomó el control de la sede diplomática en San José y publicó en Twitter una fotografía en la que aparecía ante una bandera venezolana en el interior del edificio. En el exterior se intercambiaron gritos cuando los representantes del gobierno de Maduro intentaron acceder.

En marzo se registró un incidente igual de confuso en Lima, Perú, cuando se vio a trabajadores retirando sillas e incluso un busto del héroe de la independencia de Sudamérica, Simón Bolivar, de la legación diplomática durante la noche. Los muebles volvieron al interior tras las críticas de manifestantes antigubernamentales.

“¡Ya has robado suficiente en Venezuela!”, gritó una mujer enojada.

Más recientemente, el pasado lunes, el embajador de Guaidó en Estados Unidos anunció que estaba tomando el control del consulado en Nueva York y de dos edificios propiedad del ejército en Washington, donde las imágenes de Maduro fueron sustituidas por retratos de Guaidó.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, acusó a Washington de violar los artículos de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que requieren que los países anfitriones protejan las embajadas extranjeras aunque no exista relación entre las naciones.

Arreaza advirtió que si Estados Unidos no cumplía con sus obligaciones internacionales, el gobierno de Venezuela podría emprender acciones legales y tomar represalias con acciones recíprocas, una amenaza no muy velada de que podría ocupar su recientemente desalojada embajada en la capital. Washington retiró a su personal diplomático de Caracas por motivos de seguridad luego de que Maduro cortó relaciones con la Casa Blanca por su respaldo a Guaidó.

Gustavo Marcano, un alcalde venezolano exiliado que trabaja para la embajada de Guaidó en Estados Unidos, señaló que la adquisición del inmueble forma parte de los intentos para garantizar que los activos de Caracas en el extranjero están protegidos. Washington trabaja también para transferir otras preciadas propiedades, como CITGO, una filial de la compañía petrolera estatal PDVSA con sede en Houston, a Guaidó.

“Es el primer paso del cese de usurpación”, apuntó desde el interior del consulado de Manhattan, donde los retratos del fallecido líder socialista Hugo Chávez todavía cuelgan de las paredes.

Aunque no pueden emitir documentos como pasaportes, añadió, la legación diplomática busca soluciones para ayudar al creciente número de venezolanos que no tienen una identificación válida. Una de las ideas que se barajan es la crear una tarjeta de identificación consular que sea reconocida por el país anfitrión.

En otros países, los embajadores de Guaidó adoptaron un enfoque más amable optando por trabajar lentamente para asumir el control de los consulados junto con el Ministerio de Exteriores de la nación de turno, o evitando el tema por completo.

Humberto Calderón, embajador designado para Colombia, apuntó que está centrado en ayudar a los migrantes venezolanos y consideró que la ocupación de los inmuebles es una potencial fuente de problemas que podría dañar a los colombianos que residen en Venezuela.

“La decisión es nuestra. No hemos querido hacerlo”, manifestó.

Calderón fungió en su día como Ministro de Energía en su país y trabaja desde un hotel. Cuando Maduro cortó lazos diplomáticos con Colombia, casi todo el personal consular regresó al país a bordo de un avión enviado por el gobierno, explicó, agregando que no tienen acceso a nada de lo que dejaron en los edificios.

En otras naciones, algunos empleados de Maduro se han mantenido en sus puestos esquivando cautelosamente un enfrentamiento político de alto voltaje.

En Perú, cinco enviados nombrados por Maduro permanecen en su cargo desempeñando tareas consulares, según un alto funcionario venezolano que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir la situación. Tras conversaciones con el Ministerio de Exteriores peruano, se alcanzó un acuerdo que les permite seguir en el país y continuar trabajando en la embajada, aunque la nación reconoce al enviado de Guaidó.

“Estamos en un proceso cuyo objetivo es mantener las relaciones consulares, no diplomáticas”, señaló.

Este es un escenario que podría repetirse en la mayoría de los países: pese a que más de 50 jefes de Estado declararon su lealtad a Guaidó, inevitablemente, la necesidad los obligará a aceptar mantener una serie de lazos con el ejecutivo de Maduro.

“En última instancia, no está en el interés de ningún país mantener una embajada que esté gestionada por personal que no tiene capacidad para promover intereses comerciales o consulares”, apuntó Geoff Ramsey, investigador para Venezuela en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

Y señaló como ejemplo el caso de Holanda, que pese a que también está en la lista de las naciones que reconocieron a Guaidó, se comprometió a mantener intacto el personal consular de Maduro en la isla de Curaçao, ubicada en el Caribe a unos 63 kilómetros (40 millas) de la costa venezolana. Holanda tiene emprendimientos conjuntos con la petrolera estatal venezolana.

“Es una solución de diplomacia dual para muchos de estos países”, añadió Ramsey.

Soto dijo que no sabe cómo explicarle el problema a su hijo, que se marchó de Venezuela en avión con su padre hace más de un año. Desde entonces, ella ha estado intentando reunirse con él en Chile, pero se ha quedado varada en Colombia.

“No tenemos solución. Ni aquí, ni en Venezuela, ni en ningún sitio”, afirmó.

La periodista de The Associated Press Claudia Torrens contribuyó a este despacho. AP Christine Armario está en Twitter en:http://www.twitter.com/cearmario

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