EE.UU
Luego de 44 años las nuevas leyes de Trump arriesgan las políticas sobre el aborto
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8 years agoon
Enfoque Periodístico /EE.UU
Los adversarios del aborto en Estados Unidos sueñan con derrotar a su enemigo jurado, ‘Roe v. Wade’, el nombre de la decisión judicial que establece el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo. Sin embargo, pese a contar con el apoyo del presidente Trump, esta lucha será ardua.
Después de que miles de personas se manifestaran en Washington el viernes pasado, los simpatizantes ‘pro-vida’ renovaron la esperanza de anular este fallo histórico de la Corte Suprema, que legalizó el aborto en todo el país hace 44 años.
El contundente fallo tuvo lugar el 22 de enero de 1973. Con una mayoría de siete jueces contra dos, el alto tribunal definió aquel día un marco limitado dentro del cual, en virtud de su derecho a la privacidad, una mujer puede interrumpir legalmente su embarazo.
‘Roe versus Wade’ (‘Roe contra Wade’) marca el epílogo de un proceso judicial que se había iniciado tres años antes en el estado de Texas (sur).
Embarazada por tercera vez, Norma McCorvey, una madre soltera que tuvo una infancia difícil, había querido abortar. Texas lo permitía entonces solo en caso de peligro para la madre o el niño. Asesorada por dos abogadas feministas, McCorvey decidió acudir a la justicia bajo el seudónimo de Jane Roe y se enfrentó al fiscal de Dallas, Henry Wade. Su hijo nació, pero el caso siguió su curso hasta llegar a la mayor jurisdicción de Estados Unidos. Ironías de la historia, McCorvey se volvió posteriormente una ferviente opositora del aborto, convertida en protestante evangélica y después en católica. En otro plano, declaró ser homosexual y se sometió a una cirugía de cambio de sexo.
Reiteradas agresiones contra ‘Roe’
Al igual que su protagonista, el fallo ‘Roe v. Wade’ ha tenido una existencia turbulenta y su alcance se ha ido reduciendo por decisiones posteriores de la Corte Suprema. El aporte principal de la sentencia ha sobrevivido, sin embargo, cumpliendo su papel de cortafuegos en momentos en que el derecho al aborto ha estado bajo el ataque de los legisladores en los estados de mayoría republicana.
La victoria electoral de Donald Trump supone un cambio de coyuntura. La Casa Blanca y el Congreso están ahora controlados por los adversarios del aborto y, en la gran marcha antiaborto del viernes, el vicepresidente Mike Pence dijo que era un momento “histórico” respecto al asunto.
Trump nombrará este martes a un juez antiaborto para el noveno puesto vacante de la Corte Suprema, instaurando un nuevo equilibrio de poder: cuatro jueces progresistas frente a cinco conservadores, de los cuales uno, Anthony Kennedy, se ha unido en ocasiones a los progresistas en decisiones sobre el aborto. Si el presidente estadounidense logra nombrar a otro juez en su mandato, el equilibrio se rompería.
“El derecho al aborto para las mujeres ahora está en serio peligro, teniendo en cuenta las intenciones de Trump y la probabilidad de que al menos otro juez se retire de la Corte Suprema en los próximos cuatro años”, dijo Sherry Colb, una especialista del tema de la Cornell Law School. “Si al menos un juez entre los cinco considerados favorables al aborto deja sus funciones”, advierte, “entonces ‘Roe v. Wade’ podría ser anulado por cinco votos”.
“Grave peligro”
En este caso, los estados serían libres de restringir el derecho al aborto y un Congreso republicano podría aprobar una gran ley nacional en contra.
“Las consecuencias más graves las soportarían las mujeres pobres sin medios para viajar adonde el aborto es legal”, advierte Colb. En Estados Unidos las vías para restringir la interrupción del embarazo son variadas: prohibición de ciertos métodos médicos, retrasos en los tiempos de espera impuestos a las mujeres, complicaciones administrativas para los médicos que realizan abortos, concesión de personalidad jurídica para el feto, etc.
En un estudio publicado este mes por el instituto de investigaciones Pew, siete de cada 10 estadounidenses dicen oponerse a la anulación de ‘Roe v. Wade’. Y de acuerdo con un sondeo de Quinnipiac divulgado el viernes, el 64% de los estadounidenses cree que el aborto debe seguir siendo legal, mientras el 31% cree lo contrario.
Michael Dell, un experto legal del tema, considera que será difícil revertir ‘Roe v. Wade’, firmemente arraigado en la doctrina jurídica por cuatro décadas de aplicación. “Incluso si Trump consigue designar a dos o tres jueces de la Corte Suprema, la regla del precedente (respeto de la jurisprudencia establecida) hará improbable la eventualidad de que el Tribunal Supremo anule totalmente ‘Roe v. Wade'”, enfatiza. “Sin embargo, el derecho constitucional al aborto se verá considerablemente reducido”.
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Agencias
Corte Suprema de EE.UU. otorga poderes a Trump para anular ciudadanía por nacimiento

Published
3 weeks agoon
June 28, 2025By
FranciscoEP NEW YORK | CONSTITUCIÓN Y CIUDADANÍA
WASHINGTON — El panorama en tanto a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump con propósito de eliminar el derecho a la ciudadanía luce, temporalmente, a favor del mandatario después de una decisión por la Corte Suprema de EEUU este viernes 27 de junio.
En una decisión 6-3, el tribunal mayor de los Estados Unidos determinó que los tribunales menores han excedido autoridad con sus restricciones impuestas a nivel nacional ante la orden de Trump. Ellos dijeron que las retenciones deben limitarse para no permitir más alivio del necesario.
Sin embargo , la batalla jurídica sobre el intento del presidente estadounidense Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento está lejos de terminar, a pesar de la gran victoria del gobierno del republicano el viernes después de que la Corte Suprema limitó los mandamientos judiciales a nivel nacional.
Los defensores de los inmigrantes prometen luchar para asegurar que la ciudadanía por nacimiento siga siendo la ley, en un momento en que el presidente intenta eliminar más de un siglo de jurisprudencia.
El fallo del máximo tribunal devuelve a los tribunales inferiores los casos que impugnan la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, el destino final de la política del mandatario sigue siendo incierto.
Aquí presentamos un vistazo a la ciudadanía por nacimiento, el fallo de la Corte Suprema y lo que sucederá a continuación.
¿Qué significa la ciudadanía por nacimiento?
La ciudadanía por nacimiento convierte a cualquier persona nacida en Estados Unidos en ciudadano estadounidense, incluidos los niños nacidos de madres que están en el país sin autorización.
La práctica se remonta a poco después de la Guerra Civil, cuando el Congreso ratificó la 14ª Enmienda de la Constitución, en parte para asegurar que las personas negras —incluidas las que solían ser esclavos— tuvieran ciudadanía.
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”, establece la enmienda.
Treinta años después, Wong Kim Ark, un hombre nacido en Estados Unidos de padres chinos, fue rechazado al intentar reingresar al país después de viajar al extranjero. La demanda que interpuso llevó a la Corte Suprema a dictaminar explícitamente que la enmienda otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus legal de sus padres.
Desde entonces se ha considerado parte intrínseca de la ley estadounidense, con sólo un puñado de excepciones, tales como los casos de hijos nacidos en Estados Unidos de diplomáticos extranjeros.
Trump ha dicho desde hace tiempo que quiere eliminar la ciudadanía por nacimiento.
La orden ejecutiva de Trump, firmada en enero, pretende negar la ciudadanía a los niños nacidos de personas que están viviendo en Estados Unidos ilegalmente o temporalmente. Forma parte de las medidas enérgicas contra la inmigración por parte del presidente, quien ha dicho que la ciudadanía por nacimiento es un “imán para la inmigración ilegal”.
Trump y sus simpatizantes se centran en una frase de la enmienda —”sujeta a su jurisdicción”—, diciendo que significa que Estados Unidos puede negar la ciudadanía a los bebés nacidos de mujeres que están en el país ilegalmente.
Varios jueces federales han dicho que eso no es cierto, y han emitido mandamientos judiciales a nivel nacional que impiden que su orden entre en vigor.
“He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No puedo recordar otro caso en el que la pregunta presentada fuera tan clara como esta. Esta es una orden flagrantemente inconstitucional”, declaró el juez federal de distrito John Coughenour en una audiencia este año en su corte de Seattle.
En Greenbelt, Maryland, un suburbio de Washington, la jueza federal de distrito Deborah Boardman escribió: “la Corte Suprema ha rechazado rotundamente y ningún tribunal en el país ha respaldado nunca” la interpretación de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento.
¿Es constitucional la orden de Trump?
Los magistrados no lo dijeron
El fallo del máximo tribunal fue una gran victoria para el gobierno de Trump, en el sentido de que limitó la autoridad de un juez individual para emitir mandatos judiciales válidos a nivel nacional. El gobierno celebró el fallo, considerándolo un control monumental sobre los poderes de los jueces individuales de los tribunales de distrito, quienes, según los partidarios de Trump, quieren usurpar la autoridad del presidente con fallos que bloquean sus prioridades en torno a la inmigración y otros asuntos.
Pero la Corte Suprema no abordó los méritos de la propuesta de Trump para hacer cumplir su orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento.
“El gobierno de Trump tomó una decisión estratégica, que creo claramente dio sus frutos, de que iban a impugnar no las decisiones de los jueces sobre los méritos, sino sobre el alcance del alivio”, explicó Jessica Levinson, profesora de la Facultad de Derecho de Loyola.
La secretaria de Justicia Pam Bondi les dijo a periodistas en la Casa Blanca que el gobierno está “muy confiado” en que la Corte Suprema finalmente se pondrá de su lado en cuanto a los méritos del caso.
Hay interrogantes e incertidumbre en torno a los próximos pasos. Los jueces devolvieron los casos que impugnan la política de ciudadanía por nacimiento a los tribunales inferiores, donde los jueces tendrán que decidir cómo adaptar sus mandamientos para cumplir con el nuevo fallo. La orden ejecutiva sigue bloqueada al menos por 30 días, lo que les da tiempo a los tribunales inferiores y a las partes interesadas para dilucidar los próximos pasos a seguir.
El fallo de la Corte Suprema deja abierta la posibilidad de que los grupos que impugnan la política aún puedan obtener remedio a nivel nacional a través de demandas colectivas, e intentar obtener la certificación de que se trata de una demanda colectiva a nivel nacional. Dentro de las horas posteriores al fallo, se habían presentado dos demandas colectivas en Maryland y Nueva Hampshire con las que se pretende bloquear la orden de Trump.
La ciudadanía por nacimiento ha sido una ley constitucional establecida durante más de un siglo”, manifestó Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y directora general de Global Refuge, una organización sin fines de lucro que apoya a refugiados y migrantes. “Al negar a los tribunales inferiores la capacidad de hacer cumplir ese derecho de manera uniforme, la Corte ha invitado al caos, la desigualdad y el miedo”.
Agencias.
Agencias
EE.UU. ataca y destruye principales bases nucleares de Irán

Published
4 weeks agoon
June 22, 2025By
FranciscoEP NEW YORK | EE.UU. VS IRÁN
Teherán, 22 jun (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este sábado en un comunicado citado en medios que sabe el lugar desde donde salieron los aviones estadounidenses que bombardearon anoche varias instalaciones nucleares en Irán y aseguró que el ataque estadounidense tendrá “duras repercusiones”.
La Guardia Revolucionaria calificó el ataque de esta madrugada de “un crimen sin precedentes que viola el derecho internacional” y consideró que Estados Unidos sigue “repitiendo errores del pasado, mostrando incompetencia estratégica e ignorancia de la realidad regional”, según el comunicado publicado en la agencia Tasnim, vinculada con este organismo iraní.
“En lugar de aprender de sus repetidos fracasos, Washington se colocó en la primera línea de la agresión al atacar directamente instalaciones pacíficas”, dice el comunicado, en el que aseguran que las fuerzas armadas iraníes “han identificado y monitoreado” las ubicaciones desde donde salieron los aviones que bombardearon.
Como respuesta, la Guardia Revolucionaria aseguró que la operación que ya desarrolla contra Israel en represalia por los ataques lanzados el 13 de julio y que ha supuesto lanzamientos diarios de misiles de uno y otro lado “continuará de manera precisa, decidida y feroz”.
Y además, contra Estados Unidos, en “legítima defensa”, va a usar “respuestas que escapan a la comprensión y a los cálculos ilusorios del frente agresor”, por lo que advirtió a Washington de “duras repercusiones”.
Estados Unidos entró este sábado de manera abrupta en la guerra de Israel contra Irán al bombardear las tres principales instalaciones del programa nuclear iraní, mientras que el presidente Donald Trump amenazó al régimen de Teherán con más ataques si “la paz no llega rápido”.
En un mensaje a la nación dos horas después, Trump instó a Teherán a no responder militarmente y optar por la paz. “Irán, el matón de Oriente Medio, ahora debe hacer la paz. Si no lo hacen, los futuros ataques serán mucho más grandes y más fáciles”.
El Ministerio de Exteriores iraní afirmó este domingo que Estados Unidos ha lanzado una “peligrosa guerra” contra Irán tras los ataques estadounidenses contra tres instalaciones nucleares del país.
Agencias
Agencias
Corte Suprema de EE.UU. pone fin a TPS para venezolanos

Published
2 months agoon
May 20, 2025By
FranciscoEP NEW YORK | FL NEWS | TPS
El 19 de mayo , la Corte Suprema permitió al gobierno de Donald Trump retirar, por el momento, la protección a casi 350.000 migrantes venezolanos a los que se había permitido permanecer en Estados Unidos sin riesgo de deportación en virtud de un programa conocido como Estatus de Protección Temporal.
La escueta orden de la corte no estaba firmada ni explicaba sus razones, algo habitual cuando los jueces se pronuncian sobre solicitudes de emergencia. No se incluyó el conteo de votos, aunque la jueza Ketanji Brown Jackson señaló que habría denegado la solicitud del gobierno.
Los jueces anunciaron que permitirían que el gobierno de Trump pusiera fin a las protecciones hasta que se apelara el caso, lo que potencialmente podría permitirle continuar con las deportaciones. Sin embargo, los jueces también aclararon que mantendrían la capacidad de los migrantes de presentar recursos legales en algunas instancias, como si el gobierno intentaba cancelar sus permisos de trabajo.
En un caso distinto, los jueces criticaron el viernes al gobierno de Trump por tratar de dar solo un día de notificación a un grupo diferente de migrantes venezolanos en Texas que había estado tratando de deportar con los poderes expansivos de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra del siglo XVIII. La gestión de Trump ha acusado a ese grupo de migrantes de ser miembros de la violenta banda Tren de Aragua.
La orden del lunes afecta a un grupo mucho más amplio de venezolanos que viven actualmente en Estados Unidos de forma legal bajo los términos de un programa de la era Biden.
La corte ha visto inundada con solicitudes derivadas del bombardeo de órdenes ejecutivas del presidente Trump, muchas de ellas buscando suspender o limitar fallos de tribunales que bloquean la agresiva agenda del gobierno, especialmente en materia de migración.
Ahilan Arulanantham, un abogado que representa a los migrantes que desafían al gobierno de Trump, calificó la decisión de la corte de “en verdad terrible”, especialmente porque fue anunciada “en una orden de dos párrafos sin ningún razonamiento”.
“Se trata de la mayor acción individual de privación de la condición de migrante a un grupo de no ciudadanos en la historia moderna de Estados Unidos”, dijo Arulanantham. “El impacto humanitario y económico de la decisión de la corte se sentirá de inmediato, y repercutirá por generaciones”.
<span;>Este caso comenzó en febrero, cuando Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, puso fin a una prórroga de 18 meses del Estatus de Protección Temporal que el gobierno de Joe Biden había concedido a los venezolanos. Las personas afectadas por el cambio presentaron una demanda, alegando que la medida violaba los procedimientos administrativos y estaba motivada por prejuicios raciales.
En marzo, el juez Edward M. Chen, del Tribunal Federal de Distrito de San Francisco, bloqueó los esfuerzos del gobierno por eliminar las protecciones mientras el caso avanzaba. Dijo que los demandantes habían demostrado que tenían probabilidades de éxito al demostrar que las acciones de Noem “no estaban autorizadas por la ley, eran arbitrarias y veleidosas, y estaban motivadas por una animadversión inconstitucional”.
Chen consideró que poner fin a la iniciativa causaría daños irreparables “a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia resultarían gravemente trastornados, costaría a Estados Unidos miles de millones en actividad económica y perjudicaría la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó la petición del gobierno de suspender el fallo de Chen.
El programa de Estatus de Protección Temporal, promulgado por el Congreso y convertido en ley por el presidente George H. W. Bush, permite a los migrantes de naciones que han sufrido desastres nacionales, conflictos armados u otras inestabilidades extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Trump ha intentado poner fin a las protecciones del programa, en un intento de cumplir su promesa electoral de deportar a millones de migrantes. Sus esfuerzos pretendían cancelar las protecciones para casi 350.000 personas a principios de abril, y para cientos de miles más a finales de este año.
En la solicitud de emergencia hecha por el gobierno, D. John Sauer, el procurador general, escribió que la ley por la que se creó el programa prohibía expresamente que los tribunales cuestionaran las decisiones del poder ejecutivo. Una disposición de la ley decía que no había “revisión judicial de ninguna determinación” relativa a “la designación o la terminación o prórroga de una designación de un Estado extranjero”.
Los abogados de los impugnadores respondieron que la ley que creó el programa limitaba estrictamente las terminaciones anticipadas de las protecciones, y añadieron que la acción de Noem no estaba autorizada por la ley. “En ninguna parte de la ley se concede a la secretaria autoridad para anular o rescindir una prórroga”, escribieron.
Añadieron que el planteamiento de Sauer “dejaría a los tribunales federales sin poder para detener incluso acciones flagrante e ilegalmente arbitrarias de las agencias, ya sea para restringir el Estatus de Protección Temporal o para ampliarlo”.
La Corte Suprema ha recibido otras solicitudes de emergencia relacionadas con las políticas migratorias de Trump. En una de ellas, el gobierno pidió a los jueces que le permitieran seguir adelante con un plan para revocar las protecciones contra la deportación de migrantes de cuatro países en crisis, en virtud de un programa conocido como libertad condicional humanitaria.
En otra, la corte ordenó al gobierno que facilitara el regreso de Kilmar Armando Abrego Garcia, quien había sido enviado por error a El Salvador, donde aún permanece.
Agencias


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