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Enfoque Mundial

¿Qué sabemos acerca del Estado Islámico?

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Los ataques que tuvieron lugar este viernes en París volvieron a poner el foco sobre el grupo autodenominado Estado Islámico. Los extremistas se atribuyeron la responsabilidad de los ataques, en los que murieron al menos 127 personas. Además de sus tácticas brutales que incluyen asesinatos en masa, secuestros de minorías religiosas y decapitaciones difundidas en las redes sociales, Estado Islámico ha producido una ola de temor y odio en todo el mundo.

 Pero, ¿qué es realmente Estado Islámico? ¿Quién lo financia? ¿Cuántos miembros tiene?

 1. ¿Qué persigue el Estado Islámico?

 El grupo estableció un califato, que es una forma de Estado dirigido por un líder político y religioso de acuerdo con la ley islámica o sharia, que controla un territorio entre los Estados de Siria e Irak y que pretende recibir el apoyo total del mundo musulmán. Aunque sólo tiene presencia en estos dos países, EI prometió “romper las fronteras” del Líbano y Jordania con el fin de “liberar a Palestina”.

 Ha pedido el apoyo de los musulmanes de todo el mundo y demanda que todos juren lealtad a su líder (califa), Abu Bakr al-Baghdadi.

 Abu Bakr al-Baghdadi es el líder de Estado Islámico y quien declaró la creación del califato en agosto de este año.

 2. ¿Cuáles son sus orígenes?

 Para buscar las raíces de Estado Islámico hay que remontarse a 2002, cuando el fallecido Abu Musab al-Zarqawi, un jordano creó el grupo radical Tawhid wa al-Jihad.

 Un año después de la invasión liderada por EE.UU. en Irak, Zarqawi juró lealtad a Osama bin Laden y fundó al Qaeda en Irak, que se convirtió en la mayor fuerza insurgente durante los años de la ocupación estadounidense. Sin embargo, después de la muerte de Zarqawi en 2006, al Qaeda creó una organización alterna llamada el Estado Islámico de Irak (ISI, por sus siglas en inglés).

 ISI fue debilitada por las tropas de EE.UU. y por la creación de consejos Sahwa (Despertar), liderados por tribus sunitas que rechazaron la brutalidad de ISI.

 Entonces en 2010, Abu Bakr al-Baghdadi se convirtió en el nuevo líder, reconstruyó la organización y realizó múltiples ataques en el país. En 2013 se unió a la rebelión contra el presidente sirio, Bashar al Asad, junto al frente al Nusra.

 

En abril de ese año, Abu Bakr anunció la fusión de las milicias en Irak y Siria y las bautizó como Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS, por sus siglas en inglés).

 Los líderes del frente al Nusra, con el que habían combatido contra al Asad, rechazaron la decisión. Pero los combatientes leales a Abu Bakr lo siguieron en su empeño yihadista.

 En diciembre de 2013, ISIS se enfocó en Irak y aprovechó la profunda división política entre el gobierno de orientación chiíta y la minoría sunita. Ayudados por los líderes tribales, lograron controlar la ciudad de Faluya. Pero el verdadero golpe lo dieron en junio de este año, cuando tomaron el control de Mosul, la segunda ciudad del país y continuaron su avance hacia la capital, Bagdad.

 A mediados de julio habían consolidado su control sobre docenas de ciudades y localidades. En ese punto, ISIS declaró la creación del califato y cambió su nombre al de Estado Islámico.

 3. ¿Cuánto territorio controla EI?

 Algunas estimaciones calculan que Estado Islámico y sus aliados controlan al menos 40.000 kilómetros cuadrados en Irak y Siria, casi el territorio de Bélgica. Otros afirman que son cerca de 90.000 kilómetros cuadrados, el mismo espacio en el que reposa el Estado de Jordania.

 Ese territorio incluye las ciudades de Mosul, Tikrit, Faluya y Tal Afar en Irak y Raqqa en Siria. Además de campos de petróleo, represas, carreteras y límites fronterizos.

 Al menos ocho millones de personas viven bajo el control parcial o total de EI, que ha implementado una estricta interpretación de la sharia, forzando a las mujeres a llevar velo, obligando a los no musulmanes a convertirse o a pagar un impuesto, e imponiendo castigos que incluyen ejecuciones.

 4. ¿Cuántos combatientes pertenecen a EI?

 Funcionarios de EE.UU. creen que Estado Islámico tiene alrededor de 15.000 milicianos activos.

Sin embargo, el experto iraquí en seguridad Hisham al-Hisham dijo a principios de agosto que podrían ser entre 30.000 y 50.000 los combatiendes de EI, de los cuales el 30% están por convicción, mientras que el resto han ingresado por coerción de los líderes del grupo. Un considerable número de combatientes no son ni iraquíes ni sirios.

 La consultora Soufan, especializada en investigación y seguridad en Medio Oriente, estimó que al menos 12.000 extranjeros integran las filas del ejército de EI, incluyendo unos 2.500 provenientes de los países de Occidente que han viajado a Siria e Irak en los últimos tres años.

 5. ¿Qué tipo de armamento tiene?

 Los combatientes de Estado Islámico tienen acceso y son capaces de usar una gran cantidad de armamento, incluida artillería pesada, ametralladoras, lanzadores de cohetes y baterías antiaéreas.

En medio de su incursión militar capturaron tanques de guerra y vehículos blindados de los ejércitos sirio e iraquí.

 Además han logrado tener un constante abastecimiento de munición que les permite tener armado a su ejército. Su poder de ataque en los recientes enfrentamientos con la Peshmerga (el ejército kurdo) en el norte de Irak sorprendió a muchos.

 6. ¿Cómo se financian?

 Estado Islámico reportó tener unos US$2.000 millones en efectivo, convirtiéndose en el grupo insurgente más rico del mundo. Al principio su apoyo llegaba de algunas personas naturales de los países árabes del Golfo Pérsico, como Qatar y Arabia Saudita.

 Últimamente ha logrado convertirse en una organización sostenible financieramente, con autonomía, ganando millones de dólares por la venta de petróleo y gas de los campos que controla, de los impuestos que recauda en su territorio. Su ofensiva en Irak también fue bastante lucrativa, ya que obtuvo acceso al efectivo que se encontraba en los bancos de las principales ciudades que ha logrado controlar.

 7. ¿Por qué sus tácticas son tan brutales?

 Los miembros de Estado Islámico son yihadistas que tienen una interpretación extremista de la rama sunita del islam y creen que ellos son los únicos creyentes reales.

Su visión del resto del mundo está basada en el hecho de son no creyentes que quieren destruir su religión, justificando de esa forma sus ataques contra otros musulmanes y no musulmanes.

Las decapitaciones, crucifixiones y asesinatos en masa han sido utilizados para atemorizar a sus enemigos. En medio de este panorama de horror, los miembros de EI justifican sus actos citando los versos del Corán que dicen algo como “golpear la cabeza” de los no creyentes.

 De hecho, el líder de al Qaeda Ayman al-Zawahiri, quien rechazó las acciones de EI en febrero, le advirtió al califa que esas brutalidades le harían perder el “corazón y la cabeza de los musulmanes”.

 Esta nota se publicó originalmente por bbc mundo en septiembre de 2014, poco después de las ejecuciones de los periodistas estadounidenses James Foley y Steve Sotloff.

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EE.UU

Otro caso de violencia policial en EE.UU. Tyre Nichols , nueva víctima de letal ataque

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EP New York | EE.UU.

¿En qué casos se justifica que la policía emplee la fuerza letal?

Por : Adeel Hassan

La muerte de Tyre Nichols, un hombre negro de 29 años que falleció tras una detención violenta, está suscitando una atención renovada sobre el uso excesivo de la fuerza contra los ciudadanos, sobre todo los jóvenes negros.

Una investigación federal de derechos civiles en Estados Unidos sobre la muerte de Tyre Nichols, un hombre negro de 29 años que falleció tras una detención violenta por parte de agentes de la policía de Memphis, Tennessee, el 7 de enero, ha vuelto a atraer la atención sobre el uso excesivo de la fuerza contra las personas, muchas de quienes son jóvenes negros.

Desde la muerte de George Floyd en mayo de 2020, muchas ciudades y localidades han aprobado medidas para cambiar la forma de actuar de los oficiales de policía, entre ellas, leyes que obligan a la reducción de tensión, limitan el uso de la fuerza y prohíben las llaves de estrangulamiento. En Washington, la Ley de Justicia Policial se aprobó en la Cámara de Representantes, pero languideció en el Senado. Esta ley habría establecido una norma a nivel nacional sobre el uso de la fuerza por la policía y revisado la protección de la inmunidad calificada de los agentes.

En conjunto, siguen siendo la petición de mayor alcance en la historia del país para transformar la actuación policial. Pero la Corte Suprema señaló en dos fallos en octubre de 2021 que seguía a favor de la inmunidad calificada.

Esto es lo que sabemos sobre cuándo se justifica que los oficiales usen la fuerza letal.

¿En qué casos permite la ley usar la fuerza letal?

En 1989, la Corte Suprema creó un precedente que prevalece en la estrategia jurídica relacionada con esta cuestión, cuando encontró en Graham vs. Connor que al recurrir a la fuerza, la policía solo tiene que cumplir el criterio de lo que podría hacer un agente razonable.

“El cálculo de lo razonable debe tener en cuenta el hecho de que los agentes de policía a menudo se ven obligados a tomar decisiones en fracciones de segundo —en circunstancias tensas, inciertas y que evolucionan con rapidez— sobre la cantidad de fuerza necesaria en una situación concreta”, escribió William H. Rehnquist, presidente de la Corte Suprema, en la opinión mayoritaria.

Aunque esta norma de la “fracción de segundo” permite a los jueces y jurados cuestionar las decisiones de un agente, se les instruye para que no utilicen el beneficio de la retrospectiva. “La ‘razonabilidad’ de un determinado uso de la fuerza debe juzgarse desde la perspectiva de un agente razonable en el lugar de los hechos”, dice la sentencia.

En general, los agentes solo están autorizados a emplear la fuerza letal si creen razonablemente que una persona representa un peligro para la policía o el público. En 1985, la Corte Suprema dictaminó que no era legal que los agentes dispararan por la espalda a sospechosos que huían únicamente para impedir que eludieran la detención, y en sentencias posteriores se ha afirmado que el hecho de que un sospechoso vaya armado no da, como único criterio, derecho a un agente a disparar.

Entonces, ¿qué significa exactamente ‘razonable’ en ese caso?

Este concepto puede dividirse en dos componentes básicos, según Sharon Fairley, quien fue fiscala federal y dirigió la Oficina Civil de Rendición de Cuentas de la Policía de Chicago.

“La primera pregunta es: ¿era necesario el uso de la fuerza? Y la segunda pregunta: ¿La fuerza empleada fue proporcional a la amenaza?”, agregó.

El caso de Derek Chauvin, el policía blanco que fue condenado por dos cargos de asesinato, además de homicidio involuntario, por arrodillarse sobre Floyd, quien falleció en el encuentro, es un ejemplo.

“Según algunos de los testigos que subieron al estrado, el acto de tirarlo al suelo pudo considerarse razonable dadas las circunstancias”, dijo Fairley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. “Pero cuando Floyd dejó de ser una amenaza continua para el agente, fue entonces cuando dicho acto dejó de ser razonable”.

La mayoría de las políticas de uso de la fuerza de los departamentos de policía tienen explicaciones sobre cómo se evalúa la razonabilidad, y dan ejemplos de los factores que deben tenerse en cuenta, dijo. Suelen explicar en qué circunstancias está permitida la fuerza, por ejemplo, en respuesta a una amenaza contra un agente o a una resistencia activa. También especifican qué acciones no están permitidas a los agentes, como las llaves de estrangulamiento o los disparos contra vehículos en movimiento.

A los agentes se les enseñan conceptos jurídicos y los componentes específicos de la política del departamento, y la mayoría de los departamentos también incluyen algún tipo de formación basada en escenarios con demostraciones en vivo o videos.

“Los tribunales y los jurados pueden considerar si la conducta de un agente fue coherente o incoherente con su formación”, dijo Fairley.

¿De qué manera las imágenes de las cámaras corporales y los celulares han cambiado la actuación policial?

En otoño de 2014 se produjo un cambio radical, cuando un gran jurado de Ferguson, Misuri, decidió no acusar al agente Darren Wilson por el tiroteo en el que murió Michael Brown, un joven negro de 18 años. No había ninguna grabación del tiroteo y la familia de Brown pidió que todos los policías del país llevaran una cámara corporal.

Entonces, el gobierno de Barack Obama se comprometió a financiar programas de cámaras corporales en todo Estados Unidos. En aquel momento, solo unas pocas decenas de departamentos de policía utilizaban cámaras; en la actualidad, la cifra ronda los 10.000. Algunas investigaciones muestran una reducción estadísticamente significativa en el uso de la fuerza tras la incorporación de las cámaras corporales. Las cámaras también parecen reducir el número de quejas de los ciudadanos, quienes saben que sus acciones también están siendo grabadas.

En 2021, al menos 34 estados y el Distrito de Columbia habían aprobado leyes relativas a la divulgación pública de las grabaciones de las cámaras corporales, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. En Chicago, el video de la cámara del auto captó al oficial Jason Van Dyke disparando 16 veces a Laquan McDonald, un adolescente negro, en octubre de 2014. Los miembros del jurado vieron ese video en repetidas ocasiones y Van Dyke se convirtió en el primer agente de la policía en Chicago en ser condenado por asesinato en casi 50 años.

¿El uso de la fuerza está estandarizado en todos los cuerpos policiales de Estados Unidos?

No, no hay normas nacionales. Hay cerca de 18.000 departamentos de policía en el país, un 80 por ciento de los cuales tienen 50 agentes o menos y cada uno tiene su propia política.

¿Se llega a acusar a los agentes? ¿Y se les condena?

Las acusaciones contra agentes suelen ser poco frecuentes, pero los fiscales han acusado a agentes que fueron grabados usando fuerza letal en varias ciudades.

El agente que disparó y mató a Philando Castile, un hombre negro de 32 años que conducía con su novia y su hija en un suburbio de Minnesota en 2016, quedó absuelto por el delito de homicidio involuntario. El agente, que disparó cinco veces a quemarropa a Castile, quien murió en el asiento de su carro estacionado, dijo que disparó su arma por temor a que Castile pudiera haber estado tratando de alcanzar un arma, un temor que era equivocado.

En Mineápolis, Chauvin no pudo defender sus acciones cuando alegó que la asfixia de Floyd fue el resultado de una decisión tomada en una fracción de segundo, porque las imágenes de video y los relatos de los testigos demostraron que siguió arrodillado sobre Floyd durante más de nueve minutos.

¿Los prejuicios raciales tienen algo que ver?

Los numerosos detractores de la norma de la fracción de segundo citan una larga serie de tiroteos policiales contra personas negras. Sostienen que los prejuicios raciales implícitos llevan a los agentes a temer más el peligro potencial de las personas negras que el de las blancas en situaciones similares, y que eso los lleva a utilizar la fuerza letal de forma desproporcionada contra las personas negras. Como la norma depende de la percepción de peligro del agente de policía, los críticos afirman que esta conduce a disparidades raciales.

¿Cuáles son algunos de los cambios propuestos?

Más de 30 estados han aprobado nuevas leyes —más de 140 en total— de supervisión y reforma policial, según un análisis realizado por el New York Times de datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Muchas de las leyes —que restringen el uso de la fuerza, revisan los sistemas disciplinarios, crean juntas civiles de revisión y exigen transparencia en los casos de mala conducta— otorgan a los estados mucha más influencia sobre las prácticas policiales que hasta ahora se dejaban en manos de los gobiernos locales. Algunos estados, como California, han cambiado incluso el criterio legal para determinar en qué casos los agentes pueden emplear la fuerza letal, pasando de “razonable” a “necesario”.

En muchos de los 18.000 departamentos de policía de Estados Unidos se han establecido políticas que prohíben o restringen el uso de la llave de estrangulamiento.

El año pasado, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley federal de gran alcance en materia de supervisión policial, que no fue aprobado por el Senado.

¿Qué opina la policía?

La presión a favor de la reforma ha empezado a reducir las protecciones que la policía había obtenido a lo largo del último medio siglo y algunos de sus defensores sostienen que las nuevas normas podrían violar el derecho de los agentes a defenderse.

Los sindicatos policiales afirman que la norma de la decisión en una fracción de segundos es esencial para mantener la seguridad de los agentes y del público.

En abril de 2021, un agente de Columbus, Ohio, disparó y mató a Ma’Khia Bryant, de 16 años, que, según un video grabado con una cámara corporal, empuñaba un cuchillo y había amenazado a dos niñas.

“Si un agente no actúa, hay muchas probabilidades de que una persona muera”, dijo Larry James, consejero general de la Orden Nacional de la Fraternidad de la Policía, en relación con ese evento.

“El agente tiene el deber de actuar para proteger la vida de otro ciudadano o la suya propia. Ese es el criterio por el que debe juzgarse a la policía, no el de quienes se dedican a criticar sus acciones después del hecho”, concluyó.

Los sindicatos policiales aseguran que el número de muertes a manos de la policía en Estados Unidos refleja un mayor nivel de violencia entre civiles alimentado por una mayor posesión de armas. Y afirman que los policías estadounidenses deben recurrir más a la violencia, en parte, porque se enfrentan más a ella.

En otros países ricos y desarrollados, no hay nada comparable a las casi 1000 personas que han muerto por disparos de la policía anualmente en los últimos años en Estados Unidos, según datos de The Washington Post, que también muestran que los agentes dispararon mortalmente a personas negras e hispanas en una proporción mucho mayor que a blancas.


Adeel Hassan es periodista y reportero de la sección Nacional. Es miembro fundador de Race/Related y mucho de su trabajo se enfoca en la discriminación y la identidad. Inició el Morning Briefing para NYT Now y fue su primer redactor. También ha sido editor en la sección Internacional. @adeelnyt

 

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Agencias

Empleos y futuro tecnológico en manos de multinacionales

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EP New York | Tecnología | agencias

Por Gustavo Lugo

Recortes rápidos y masivos de empleos en sector tecnológico

Tan solo en el último mes ha habido casi 50.000 recortes de empleos en el sector tecnológico. En los últimos años, empresas grandes y pequeñas del sector realizaron una oleada de contrataciones cuando la demanda de sus productos, software y servicios aumentó con millones de personas trabajando de manera remota.

Sin embargo, incluso con todos los despidos anunciados en semanas recientes, la mayoría de las empresas tecnológicas siguen siendo mucho más grandes que hace tres años.

A continuación, un vistazo a algunas de las compañías que han anunciado despidos hasta ahora.

Agosto de 2022 . La empresa matriz de la red social Snapchat anunció el despido del 20% de su personal. Snap ha aumentado su fuerza laboral a más de 5.600 empleados en años recientes y la empresa dijo en ese momento que aún después de despedir a más de 1.000 empleados, tendrá un plantel mayor que un año antes.

Robinhood: La empresa, cuya aplicación ayudó a atraer a una nueva generación de inversionistas al mercado, anunció el despido de alrededor del 23% de su personal, unas 780 personas. En una ola anterior despidió al 9% de su fuerza laboral.

Noviembre de 2022. Twitter: La red social despidió aproximadamente la mitad de sus 7.500 empleados tras ser adquirida por el multimillonario y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk.

Lyft: El servicio de transporte por aplicación móvil anunció el despido del 13% de su fuerza laboral, casi 700 empleados.

Meta: La empresa matriz de Facebook despidió a 11.000 personas, cerca del 13% de su plantilla.

Enero de 2023. Amazon: La empresa de comercio digital anunció que debe eliminar 18.000 puestos de trabajo. Esa es una pequeña fracción de su plantel global de 1,5 millones de personas.

Salesforce: La empresa despidió al 10% de su fuerza laboral, alrededor de 8.000 empleados.

Coinbase: La plataforma de comercio con criptomonedas reducirá aproximadamente el 20% de su plantel, o unos 950 empleos, en una segunda ola de despidos en menos de un año.

Microsoft: La empresa de software informó que reducirá cerca de 10.000 empleos, casi el 5% de sus trabajadores.

Google: El gigante de los motores de búsqueda se convierte en el más reciente del sector en anunciar que debe realizar ajustes, con la eliminación de 12.000 empleos, el 6% de su nómina.

Spotify: El servicio de transmisión de música está recortando el 6% de su fuerza laboral global. La compañía no dio un número específico de empleos perdidos. En su informe anual más reciente, Spotify informó que tenía alrededor de 6.600 empleados, lo que implica que se estarán eliminando 400 puestos de trabajo.

AP News

 

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Agencias

Bolsonaristas asaltan el Congreso , el Supremo y palacio presidencial en Brasil

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EP New York | Latinoamérica | Agencias

Brasil busca castigar a los que atacaron edificios oficiales

RÍO DE JANEIRO — Las autoridades brasileñas recogían e investigaban el lunes después de que miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro asaltaran el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial y después causaran destrozos en las principales sedes de poder del país.

Los manifestantes reclamaban una intervención militar que reinstaurase al ultraderechista Bolsonaro en el poder o expulsara al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, recién instalado en el cargo, en escenas de caos y destrucción que recordaban a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

Alborotadores vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera nacional rompieron ventanas, derribaron muebles y arrojaron computadoras e impresoras al suelo. Agujerearon en cinco puntos un enorme cuadro de Emiliano Di Cavalcanti, volcaron la mesa con forma de U donde se reúnen los jueces del Supremo Tribunal Federal, arrancaron la puerta del despacho de un juez y vandalizaron una emblemática estatua ante la corte. Los interiores de los edificios monumentales quedaron en estado de ruina.

En una conferencia de prensa el domingo por la noche, el ministro brasileño de relaciones institucionales dijo que se inspeccionarían los edificios para buscar pruebas como huellas dactilares e imágenes para que la gente rindiera cuentas, y señaló que los alborotadores al parecer pretendían emprender acciones similares en todo el país. El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo que los actos equivalían a terrorismo y amenaza de golpe de Estado y que las autoridades habían empezado a identificar a las personas que pagaron los autobuses que llevaron a los inconformes a la capital.

“No tendrán éxito en destruir la democracia brasileña. Debemos decirlo con rotundidad, con toda la firmeza y convicción”, dijo Dino. “No aceptaremos la senda de la criminalidad para librar batallas políticas en Brasil. A un delincuente se le trata como delincuente”.

Por ahora han sido detenidas 300 personas, según dijo en Twitter la policía civil del distrito federal.

En los meses que siguieron a la derrota electoral de Bolsonaro el 30 de octubre, Brasil estuvo en vilo, receloso de cualquier vía que pudiera seguir el mandatario saliente para aferrarse al poder. Bolsonaro había avivado entre sus seguidores más fieles la creencia de que el sistema de voto electrónico era propenso al fraude, aunque nunca presentó ninguna prueba. Y su hijo, el legislador Eduardo Bolsonaro, celebró varias reuniones con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, Steve Bannon, viejo aliado de Trump, y su destacado asesor de campaña Jason Miller.

Los resultados de las elecciones brasileñas —las más ajustadas en tres décadas— fueron reconocidas con rapidez por políticos de todo el espectro político, incluidos algunos aliados de Bolsonaro, y docenas de gobiernos. Y Bolsonaro sorprendió casi a todo el mundo al desaparecer de la vista. No admitió la derrota ni denunció un fraude, aunque su partido y él solicitaron la anulación de millones de votos, una petición desestimada con prontitud.

Los brasileños utilizan el voto electrónico desde 1996. Expertos de seguridad electoral lo consideran un sistema menos seguro que las boletas marcadas a mano porque no dejan un registro en papel que pueda auditarse. Sin embargo, el sistema brasileño está vigilado de cerca por las autoridades y por observadores internacionales, que nunca han encontrado pruebas de manipulaciones para cometer fraude.

Aun así, seguidores de Bolsonaro rechazaron los resultados. Cortaron carreteras y acamparon ante edificios militares, instando a las fuerzas armadas a intervenir. Las protestas fueron pacíficas en su gran mayoría, aunque las amenazas aisladas de terrorismo —como una bomba hallada en un camión de combustible camino del aeropuerto de Brasilia— aumentaron las preocupaciones de seguridad.

Dos días antes de la investidura de Lula el 1 de enero, Bolsonaro voló a Estados Unidos y se instaló de forma temporal en Orlando. Muchos brasileños expresaron su alivio porque, aunque declinara participar en la transición de poder, su ausencia permitiera que ocurriera sin incidentes. O así era, hasta el domingo.

“El bolsonarismo imita las mismas estrategias que el trumpismo. Nuestro 8 de enero, una manifestación sin precedentes en la política brasileña, está claramente copiado del 6 de enero en el Capitolio”, dijo Paulo Calmon, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Brasilia. “Los tristes episodios de hoy suponen un nuevo intento de desestabilizar la democracia y demuestran que el radicalismo populista y autoritario de la extrema derecha brasileña sigue activo al mando del expresidente Bolsonaro, el ‘Trump de Latinoamérica’”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, describió los disturbios como un “ataque a la democracia y al traspaso pacífico de poder en Brasil” en un tuit, y dijo que estaba deseando seguir trabajando con Lula.

En una conferencia de prensa desde el estado de Sao Paulo, Lula leyó un decreto recién firmado por el gobierno federal para asumir el control de la seguridad en el distrito federal. Los “fanáticos fascistas” y todos los que financiaran sus actividades deben ser castigados, señaló. El mandatario también acusó a Bolsonaro de instarles a la insurrección.

Bolsonaro rechazó la acusación del presidente el domingo por la noche. En un tuit afirmó que la protesta pacífica forma parte de la democracia, pero el vandalismo y la invasión de edificios públicos eran “excepciones a la norma”. No mencionó de forma específica las acciones de los manifestantes en Brasilia.

“Evidentemente, es el mentor intelectual de lo que está ocurriendo, de modo que no puede distanciarse de ello”, dijo Mario Sérgio Lima, analista político en Medley Advisors. “Estos grupos fueron creados por él, por el radicalismo que impuso a la política. Y no hay modo de deshacerlo (…) Parece que su grupo ya ha cruzado el Rubicón”.

A diferencia del ataque de 2021 en Estados Unidos, pocos funcionarios trabajaban en los principales edificios del gobierno en un domingo. Y los videos del suceso mostraban una presencia limitada de la policía militar capitalina. Eso hizo que muchos se preguntaran en Brasil si la policía había ignorado los numerosos signos de alarma, subestimado su capacidad o había sido cómplice de algún modo.

Un video mostraba un grupo de manifestantes que se abría paso a través de una barricada policial tras un escaso forcejeo, y apenas unos pocos agentes empleaban gas lacrimógeno. En otro se veía a agentes parados mientras los manifestantes asaltaban el Congreso, incluido uno que grababa imágenes con su celular.

“Este fue un grave error del gobierno del distrito federal. Era una tragedia anunciada”, dijo Thiago de Aragão, director de estrategia en la consultora política con sede en Brasilia Arko Advice. “Todo el mundo sabía que (los manifestantes) venían a Brasilia. Se esperaba que el gobierno del distrito federal preparase una respuesta para proteger la capital. No hicieron nada de eso”.

En su conferencia de prensa, Lula denunció “incompetencia o mala fe” por parte de la policía y prometió que algunos serían castigados.

El gobernador del distrito federal, Ibaneis Rocha, confirmó en Twitter que había destituido al jefe de seguridad pública de la capital, Anderson Torres. Medios locales informaron que Torres estaba en Orlando de vacaciones y que negaba haberse reunido allí con Bolsonaro.

“Dos años después del 6 de enero, el legado de Trump sigue envenenando nuestro hemisferio”, tuiteó el senador estadounidense Bob Menendez, que preside el comité de relaciones exteriores del Senado, y añadió que culpaba a Bolsonaro de incitar las acciones en Brasilia. “Proteger la democracia y exigir responsabilidades a actores malignos es esencial”.

AP noticias

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