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Reforma migratoria y naturalización para millones de inmigrantes en EE.UU.

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EP EE.UU./Reforma migratoria

Proyecto migratorio y el camino a la naturalización

WASHINGTON (A— El presidente Joe Biden y los demócratas en el Congreso propusieron el jueves una amplia reforma migratoria que ofrecería una ruta de ocho años para naturalizarse a unos 11 millones de personas que viven sin permiso en Estados Unidos.

La iniciativa de ley refleja las prioridades generales para la reforma migratoria que Biden estableció en su primer día en el cargo, incluyendo un incremento en el número de visas, más dinero para procesar las solicitudes de asilo y nueva tecnología en la frontera con México.

Sería un cambio radical con respecto a las políticas del gobierno del expresidente Donald Trump, y algunas partes probablemente enfrenten la oposición de varios republicanos. Biden ha reconocido que podría aceptar un enfoque más fragmentado si es que se logra conseguir la aprobación de elementos importantes por separado.

“Tenemos el imperativo económico y moral de aprobar una reforma de inmigración amplia, audaz e incluyente”, dijo el senador demócrata Bob Menendez, uno de los principales impulsores del proyecto de ley, al presentarlo el jueves.

Menéndez dijo que los demócratas han fracasado en el pasado porque han cedido muy rápido a las “voces marginales que se han rehusado a reconocer la humanidad y las contribuciones que han hecho los migrantes a nuestro país, y descartan todo, sin importar cuán significativo sea en función de la seguridad nacional, considerándolo una amnistía”.

Por otra parte, las directrices de vigilancia que el nuevo gobierno difundió el jueves centrarán más directamente la acción de las autoridades de inmigración en las personas que representan un peligro y se encuentran sin permiso en el país. Este punto también constituye un cambio radical a la política de detener a los inmigrantes no autorizados en general aplicada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) durante el gobierno de Trump.

La amplia reforma migratoria ofrecería una de las vías más rápidas hacia la naturalización de cualquiera de las propuestas de los últimos años, pero lo haría sin ofrecer mejoras a la seguridad fronteriza, un tema que en negociaciones anteriores sobre inmigración ha sido utilizado para captar votos republicanos. Sin una mejor seguridad fronteriza, el proyecto enfrenta fuertes dificultades en un Congreso altamente dividido.

Menendez dijo que ha estado conversando con sus colegas republicanos en un intento por “armar las piezas de un rompecabezas” en torno a una iniciativa de ley que recibiera votos suficientes para su aprobación. Reconoció que probablemente el resultado final cambie significativamente. Pero también dejó entrever que algunos elementos de la propuesta podrían ser incluidos, mediante una maniobra parlamentaria, en una iniciativa presupuestaria que sólo necesitaría 51 votos.

El proyecto de ley que los demócratas presentaron el jueves proporcionaría inmediatamente tarjetas de residencia permanente (conocidas como “green cards”) a los jornaleros agrícolas, a quienes recibieron estatus de protección temporal y a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos sin permiso cuando eran niños. Para otras personas que han estado viviendo en el país hasta el 1 de enero de 2021, el plan establece un camino de cinco años para que puedan obtener el estatus legal temporal. Si aprueban las verificaciones de antecedentes, pagan impuestos y cumplen con otros requisitos básicos, entonces pueden solicitar la naturalización después de tres años más.

El plan también incrementaría los actuales límites por país a las visas de inmigración por motivos familiares y laborales. Eliminaría la sanción que prohíbe regresar a Estados Unidos durante tres a 10 años a esos inmigrantes que estaban sin permiso en el país y deciden salir de él. También prevé recursos para un número mayor de jueces, personal de apoyo y tecnología a fin de subsanar el rezago acumulado en el procesamiento de las solicitudes de asilo.

El proyecto de ley ampliaría las fuerzas antinarcóticos transnacionales en América Central y mejoraría la tecnología en la frontera. Además, instauraría el procesamiento de refugiados en Centroamérica, en un intento por impedir la formación de caravanas de migrantes que han abrumado la seguridad fronteriza en los últimos años.

El plan contempla 4.000 millones de dólares repartidos en cuatro años con la idea de incrementar el desarrollo económico y combatir la corrupción en América Latina a fin de reducir las circunstancias que propician la migración hacia Estados Unidos.

Los legisladores demócratas, incluidos los principales impulsores de la medida —la representante Linda Sanchez y Menendez_, convocaron a una conferencia de prensa virtual el jueves para develar la iniciativa.

“Nuestra política fronteriza está descompuesta, punto”, declaró Sanchez. “Pero esta iniciativa emplea un enfoque múltiple que permitirá controlar la frontera, abordar las causas de raíz de la migración, combatir a los malos actores y crear canales seguros y legales para los que están buscando protección”.

Intentos de reforma en el pasado

Durante décadas toda propuesta amplia de inmigración se ha topado con dificultades en el Congreso.

Menendez formó parte del Grupo de Ocho senadores bipartidistas que negociaron un proyecto de ley en 2013 que fracasó. Antes de eso, una iniciativa apoyada por el presidente George W. Bush también sucumbió en el Congreso después de varios intentos por alcanzar un acuerdo.

Republicanos se oponen

Los legisladores republicanos partidarios de restringir la inmigración censuraron el jueves la iniciativa. El representante Jim Jordan, el miembro de mayor rango en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes, afirmó en un comunicado que la medida “recompensa a quienes infringieron la ley” e “inunda el mercado laboral en momentos en que millones de estadounidenses se encuentran sin trabajo”.

“La propuesta radical del presidente Biden no tiene posibilidades de éxito y el Congreso debería rechazarla”, agregó.

Sanchez subrayó que el “Congreso intentó y fracasó en el pasado, y no somos ilusos respecto a las dificultades que enfrentamos”. Sin embargo, afirmó que “existe una coalición amplia que desea concretar una verdadera reforma”.

Si bien Biden impulsa una iniciativa de ley amplia, dejó entrever esta semana que podría estar abierto a un enfoque más fragmentado. Durante una reunión con la comunidad organizada por la cadena CNN el martes en la noche, el mandatario dijo que, aunque un camino hacia la naturalización sería esencial en cualquier iniciativa de inmigración, “hay aspectos que abordaría por separado”. Esto podría dejar abierta la puerta a iniciativas independientes enfocadas en conceder un camino hacia la naturalización a diversas poblaciones.

Menendez también pareció dejar entrever que está abierto al enfoque por partes. “Si podemos conseguir que ciertos elementos de esto se sostengan y sean aprobados en forma individual en la Cámara de Representantes y el Senado, sería fabuloso”, apuntó.

Pandemia y trabajadores inmigrantes

Más allá de los que favorecen y rechazan esta profunda reforma , existe una realidad mundial y es la pandemia del Covid-19 que requiere sí o sí que Estados Unidos adopte medidas urgentes no sólo en el área agrícola , también la salud requiere imperiosamente que se incorporen trabajadores esenciales.

Según cálculos de organizaciones pro inmigrantes , desde que estalló la pandemia , más de un millón de inmigrantes han abandonado el país por la grave situación de trabajo lo que a mediano plazo podría acarrear serios problemas de contratación en otros campos laborales como en la limpieza , en los restaurantes y en el cuidado de adultos mayores donde los inmigrantes hacen una labor trascendental.

Actualmente la ciudad de Nueva York emplea , en un alto porcentaje, miles de inmigrantes en la limpieza del transporte masivo de la ciudad , principalmente , en los trenes subterráneos.

Con inf. de (EFE)

 

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Pedro Castillo proclamado oficialmente presidente de Perú

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EP New York/agencias

LIMA — Pedro Castillo, profesor izquierdista de una escuela rural, ganó el lunes la presidencia de Perú tras el más prolongado conteo electoral en 40 años y por apenas 44.000 votos sobre la derechista Keiko Fujimori, quien recibió el apoyo de los empresarios y los medios de comunicación.

Las autoridades electorales proclamaron su triunfo un mes y medio después de los comicios del 6 de junio, luego de que se desecharan las acusaciones de fraude impulsadas por Fujimori. Tras el conteo del 100% de los sufragios, Castillo se ubicó primero con 50.126%, por encima de Fujimori, quien obtuvo 49.874%. El presidente electo asumirá el puesto el 28 de julio, en que se celebra el Bicentenario de Perú.

“Ha llegado el momento de llamar a todos los sectores de la sociedad para construir unidos, en este Bicentenario, un Perú inclusivo, un Perú justo, un Perú Libre. Sin discriminación y por los derechos y todos y todas”, dijo Castillo en su cuenta de Twitter.

Dirigió también su convocatoria a “los pueblos afro, costeños, andinos y amazónicos, a la clase trabajadora y sus gremios, a las comunidades nativas, campesinas y a toda la sociedad para hacer de esta patria hermosa. Hoy, hermanas y hermanos, inicia una nueva etapa en nuestra historia”.

Empuñando un lápiz del tamaño de un bastón, símbolo de su partido marxista Perú Libre, popularizó una frase atractiva —“no más pobres en un país rico”— entre los empobrecidos del país con la mayor tasa global de mortalidad per cápita por coronavirus y segundo productor mundial de cobre.

Castillo promete usar los ingresos de la minería y los hidrocarburos para mejorar los servicios públicos, entre ellos la salud y la educación, luego de que la pandemia puso al descubierto su pésima calidad y dejó en la pobreza a unas 10 millones de personas, casi la tercera parte de los habitantes del país, haciendo retroceder los avances de una década.

“Los que no tienen carro al menos una bicicleta deben llegar a tener”, dijo Castillo, de 51 años, a The Associated Press a mediados de abril en su casa de adobe en Anguía, el tercer distrito más pobre de Perú, en una de las escasas entrevistas otorgadas a medios internacionales.

Desde mayo moderó sus primeras propuestas sobre nacionalizar multinacionales mineras y de gas natural. Su asesor económico, Pedro Francke, afirmó en julio que evalúan subir los impuestos a las ganancias debido a los altos precios del cobre, que superan los 10.000 dólares la tonelada.

Los historiadores dicen que es el primer campesino que llega a la presidencia en 200 años de independencia en un país que fue colonia de España de 1542 a 1821 y donde hasta ahora los indígenas reciben casi siempre lo peor de los deficientes servicios públicos, a pesar de que la nación se jactó de ser la estrella económica de América Latina en las primeras dos décadas del siglo XXI.

“No existen casos de una persona desvinculada con las élites profesionales, militares o económicas que llegue a la presidencia”, dijo Cecilia Méndez, historiadora peruana especializada en el papel del campesinado y profesora de la Universidad de California-Santa Bárbara, en declaraciones a Ideeleradio.

Castillo ganó con los empresarios en contra. Roque Benavides, empresario minero, dijo a la televisora Latina que los mensajes del presidente electo han sido erráticos, “un día diciendo una cosa y otro día otra cosa”. El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, declaró que el presidente electo “representa la desaparición de la democracia y la libertad en el Perú”.

Militares jubilados enviaron una carta al jefe de las Fuerzas Armadas pidiéndole no respetar el triunfo del izquierdista, y Fujimori dijo horas antes que aceptará la victoria de Castillo, pero que es “ilegítima” porque ganó con “fraude”. No pudo probar dicha acusación, pero ésta frenó la designación luego que Fujimori pidiera anular miles de votos favorables al profesor, sobre todo en comunidades indígenas y pobres de los Andes que sufragaron de forma abrumadora por él.

“Invoco… a la señora Fujimori a que no pongamos… más obstáculos para sacar adelante al país”, le pidió Castillo poco después de ser declarado presidente electo frente a cientos de seguidores en su sede de campaña en el centro de Lima.

Estados Unidos, la Unión Europea y 14 misiones electorales determinaron que las elecciones fueron limpias. Washington consideró a los comicios un “modelo de democracia” para la región.

Steven Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard, dijo a radio Exitosa que Castillo llega “muy débil” y en algún sentido es “muy parecido” a Salvador Allende cuando accedió al poder en Chile en 1970, así como a Joao Goulart, quien llegó a la presidencia de Brasil en 1961. “Tiene casi todo el establishment de Lima en su contra”, indicó el experto en política latinoamericana.

Levitsky añadió que, si Castillo intenta cambiar la Constitución de Perú –promulgada en 1993 por el encarcelado expresidente Alberto Fujimori, padre de Keiko Fujimori, y defendida por empresarios y políticos de derecha– “sin construir un consenso, (sin) alianzas con partidos de centro, sería muy peligroso porque sería una justificación para un golpe” de Estado.

Castillo reafirmó el sábado que su gestión impulsará un cambio en la Constitución para “terminar con la histórica discriminación que sufren nuestros pueblos andinos, amazónicos, afrodescendientes y nuestras poblaciones vulnerables a la violencia machista, clasista y racista”.

Según los expertos, a Castillo no le será fácil lograr reescribir la Constitución porque necesitaría un fuerte respaldo en el Congreso unicameral, pero no cuenta con los votos suficientes para abrir la primera llave, la cual consiste en modificar un artículo de la actual carta magna para incluir que ésta puede ser cambiada mediante una Asamblea Constituyente.

Cientos de peruanos de diversas regiones acamparon desde hace más de un mes frente al Tribunal Electoral en Lima para esperar la proclamación de Castillo. Muchos vienen con su propio dinero y no pertenecen al partido del profesor, pero confían en él porque “no será como los otros políticos que no han cumplido sus promesas y no defienden a los pobres”, dijo Maruja Inquilla, activista ambiental que llegó desde un pueblo cercano al Titicaca, el lago mítico de los incas.

El presidente electo trabajó los últimos 25 años como maestro de primaria en su natal San Luis de Puña, una remota aldea de Cajamarca, región norteña donde en 1533 el último líder inca, Atahualpa, ofreció a cambio de su libertad dos cuartos repletos de plata y uno de oro a sus secuestradores españoles, que incumplieron el pacto y lo asesinaron.

“Cajamarca es el lugar donde se ha pagado el precio más caro por la libertad”, reflexionó Castillo en abril mientras recogía camotes de su huerta. Usaba sandalias de caucho y sombrero de ala ancha, como los campesinos de su comunidad donde el 40% de los niños padecen desnutrición crónica y más de la mitad apenas tiene educación primaria.

A diferencia de otros sindicalistas que antes de llegar a la presidencia fueron diputados, como Evo Morales en Bolivia o Luiz Inácio Lula da Silva, que se postuló tres veces antes de gobernar Brasil, Castillo alcanzó el máximo cargo en su primera apuesta, sin haber ejercido cargos públicos.

En 2017 lideró la mayor huelga de maestros en 30 años en busca de mejores sueldos y, aunque no logró mejoras sustanciales, se sentó a conversar con ministros, legisladores y burócratas. Así empezó a entender el mecanismo interno de las negociaciones con el poder.

En 20 años los peruanos fueron testigos que la experiencia previa o los títulos universitarios de sus cinco expresidentes no sirvieron para luchar contra la corrupción, el problema nacional que más preocupa después del coronavirus, según los sondeos. Todos los exmandatarios están siendo investigados por la fiscalía por posibles coimas ligadas a obras de infraestructura de la constructora Odebrecht u otras empresas.

Castillo recordó que el primer giro de su vida ocurrió una noche siendo niño, cuando su maestro persuadió a su padre para que le permitiera acabar su educación primaria en una escuela a dos horas de casa. Ambos adultos masticaban hojas de coca, costumbre andina para disminuir el cansancio.

“Pedro debe seguir estudiando”, declaró el maestro, según el presidente electo.

“Ha sufrido mucho en su niñez”, dijo después su esposa, la profesora Lilia Paredes, de 48 años, mientras lavaba los platos y las ollas en su casa junto a sus hijos Arnold, de 16 años y Alondra, de 9. A diferencia de los hijos de los presidentes de los últimos 40 años, que han estudiado en colegios privados y costosos, los hijos de Castillo asisten a la escuela pública.

Se acostumbró a largas caminatas. Llegaba al aula de clases “con mis llanques” (sandalias campesinas), con una alforja de lana en el hombro, un cuaderno y un almuerzo consistente en camotes o tamales que se enfriaban con las horas, dijo de sí mismo Castillo. “Era el alumno que venía de lejos”, recordó.

Agregó que su vida quedó marcada por el trabajo que realizó de niño junto a sus ocho hermanos, pero también por el recuerdo del trato de siervos sin tierra que recibieron sus padres analfabetos que vivían en los dominios del hacendado Juan Herrera en San Luis de Puña. Lloró cuando recordó que, si no pagaban el arriendo, el hacendado se quedaba con las mejores cosechas.

“Te quedabas mirando lo que habías sembrado, te agarrabas el estómago, y eso no lo voy a olvidar. Tampoco lo voy a perdonar”, dijo.

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Cuba en tensa calma tras masivas protestas

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EP New York/ Agencias

WASHINGTON,  – Miles de personas de todas las extracciones y capas sociales, revolucionarios y opositores, salieron a las calles en más de 25 ciudades cubanas, acusando al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel de hacer poco y nada contra la endémica crisis económica que está poniendo de rodillas a toda la población.

Con eslóganes como “Abajo la dictadura”, “Basta de morir de hambre” y “Libertad”, hacía 30 años que en Cuba no se veían manifestaciones tan imponentes contra el régimen comunista.

Una protesta nacida al ritmo de las redes sociales, con el hashtag #SOSCuba convertido en el símbolo de la revuelta, con enfrentamientos, cientos de arrestos y un ingente despliegue de las fuerzas del orden, incluyendo los hombres de las fuerzas especiales.

Las autoridades cubanas, repitiendo un guion que es el mismo desde hace décadas, atribuyen las culpas de toda dificultad al embargo económico y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace décadas, desde los tiempos de la revolución de Fidel Castro.

Pero el golpe de gracia para los cubanos llegó de la pandemia, con el turismo -fuente de ingresos principal del país- reducido al mínimo o a cero, y un ejército de desocupados que crece cada día más.

La imagen símbolo de las dificultades de la población de la isla es la de las larguísimas e interminables colas que muchísimas personas deben hacer cada día para conseguir bienes de primera necesidad como alimento, agua, medicinas, papel higiénico.

Una situación insostenible que hizo estallar la rabia y que corre el riesgo de transformarse también en una nueva crisis internacional, alimentando las tensiones sobre el eje entre Washington y Moscú, y poniendo en riesgo las relaciones entre Estados Unidos y gran parte del mundo latinoamericano.

“Estados Unidos tienen todo el interés en provocar desórdenes sociales”, acusó Díaz-Canel, el primer gobernante de la isla, desde los tiempos de la revolución, que no pertenece a la familia Castro.

Díaz-Canel sucedió hace tres años a Raúl Castro, hermano menor de Fidel, que llegó a estrechar la mano de Barack Obama, despertando esperanza por primera vez en más de 60 años en una posibilidad de “deshielo”.

Esperanzas luego heladas por la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
Ahora, con Joe Biden que hasta ahora no dio paso alguno hacia La Habana, los tonos vuelven a ser los de la Guerra Fría: no somos una dictadura -dijo el presidente cubano- y detrás de todo esto está solo el sueño de poner fin a la revolución cubana.

Pero no permitiremos a nadie manipular nuestra situación, ni admitiremos que cualquier mercenario vendido a Estados Unidos provoque una desestabilización en Cuba.

Rápida la respuesta de Biden, que advirtió al gobierno de La Habana sobre la represión de las protestas con la fuerza y la violencia, invitándolo a escuchar a su pueblo.

“Un pueblo -dijo- que está pidiendo valerosamente el reconocimiento de derechos fundamentales y universales después de décadas de represión y de sufrimientos económicos debidos a un régimen autoritario”.

“Derechos -recargó las tintas Jack Sullivan, consejero de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional- que deben ser respetados y que comprenden el de protestar pacíficamente y determinar libremente su futuro”.

La Casa Blanca no tiene ninguna autoridad política y moral para hablar de Cuba, replicó el ministro de Exteriores cubano Bruno Rodríguez.

Mientras tanto, una advertencia a Estados Unidos llegó también desde Rusia, aliada histórica de Cuba: “Consideramos inaceptable que haya una interferencia externa en los asuntos internos de un Estado soberano, o cualquier acción destructiva que aliente la desestabilización de la situación en la isla”, dijo la vocera del ministerio de Exteriores, Maria Zakharova.

Y hubo una advertencia a Estados Unidos también de parte de los vecinos mexicanos, cuyo presidente Manuel López Obrador puso en guardia sobre eventuales injerencias y tentaciones de intervención. (ANSA).

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CIDH hace sugerencias sobre violencia en Colombia pero gobierno las rechaza

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EP New York/Colombia

Una de las principales sugerencias de la CIDH a Colombia fue la de “promover y reforzar” un “diálogo nacional genuino” de carácter regional que permita a “todos los sectores” ser escuchados, en particular los “más afectados por discriminación histórica, social y estructural en el país”.

Además de dialogar, la Comisión le propuso al Estado hacer lo necesario para “reforzar la confianza” ciudadana y evitar a toda costa la estigmatización hacia los manifestantes por parte de funcionarios.

La Comisión de la CIDH estuvo en “visita de trabajo” entre el 8 al 10 de junio, tiempo durante el cual recibió 302 testimonios y escuchó a mas de 500 personas, incluidos funcionarios, víctimas y organizaciones civiles.

Producto de la recolección de esos testimonios y entrevistas, la Comisión llegó a la conclusión de que “la respuesta del Estado” al estallido social “se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”.

Aunque la CIDH citó varias cifras y balances de víctimas en las protestas tomadas de diferentes fuentes, los datos solos suministrados por la Fiscalía y otros despachos oficiales respecto de lo que ocurrió entre el 28 de abril y el 5 de mayo son espeluznantes.

Al menos 51 muertos, 21 de ellos en el marco del paro nacional, unos 1.113 civiles lesionados, de acuerdo a datos que entregó la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, además de 18 personas con lesiones oculares, según la Defensoría del Pueblo.

Tras esos datos, una de las recomendaciones del organismo fue pedirle al Estado “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”.

Frente a la violencia policiaca, la CIDH sugirió separar esa institución del Ministerio de Defensa, a fin de que se “consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos” y evitar “toda posibilidad de perspectivas militares”.

Respecto de los bloqueos de vías, el tema por el que se decantó el gobierno de Iván Duque frente a todo lo ocurrido en las semanas de protestas, la Comisión recomendó al Estado “abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas”.

Ante ese panorama y las cifras expuestas en su informe, la CIDH anunció la “instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad”.

Las respuestas de Bogotá no se hicieron esperar.

En un comunicado, Cancillería dijo que coincidía con “algunas de las observaciones” hechas por la Comisión, pero se apartó de la posibilidad de que se establezca el mecanismo de observación de derechos humanos al advertir que no es necesario, dado que el Estado posee una “institucionalidad” “robusta”, “sólida” y democrática.

Sobre la separación de la policía del ministerio de Defensa, Bogotá precisó que la Constitución establece que esa institución es “un cuerpo armado permanente de naturaleza civil”, lo cual ahuyenta, según la visión oficial, la preocupación del enfoque militar.

También rechazó la “sugerencia del presunto uso de la fuerza contra poblaciones específicas”, que fue explícita en el informe, sumado a la “estigmatización estructural” y criticó que algunas de las cifras citadas no hubiesen sido contrastadas, ni tuvieran fuentes.

“El gobierno difiere en que los bloqueos (llamados por la CIDH “cortes de ruta”), constituyan en general una forma legítima de manifestación y que sólo en casos concretos el Estado pueda actuar”, agregó en su respuesta del ministerio de Exteriores.

El presidente Duque también se manifestó al respecto, al sostener que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”, al reiterar que “los actos” de “vandalismo”, de “terrorismo urbano de baja intensidad” y los “bloqueos que atentan en contra de los derechos de los ciudadanos”. (ANSA).

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