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Se agudiza crisis política en Perú tras destitución de Vizcarra

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EP New York/agencias

LIMA — Perú estaba hundido el domingo en su peor crisis política en dos décadas en medio de llamados de diversos sectores para que renuncie el presidente Manuel Merino tras protestas masivas que dejaron dos muertos y casi 100 heridos.

Al menos 13 de 19 ministros del gabinete de Merino renunciaron y el presidente del Congreso sesionaba de emergencia con la junta de portavoces de los partidos para discutir una posible dimisión del mandatario.

La seguridad social confirmó dos muertes por “proyectiles de armas de fuego”. Jack Pintado, de 22 años, recibió 11 impactos en el cráneo, rostro, tórax y genitales, mientras Jordan Sotelo, de 24 años, cuatro heridas en el tórax “a la altura del corazón”, se informó.

El Ministerio de Salud añadió que 94 quedaron heridos, entre ellos 63 hospitalizados, varios con politraumatismos, inhalación de gases lacrimógenos y heridas de armas de fuego.

Pero Mar Pérez, abogada de la reconocida organización Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, dijo más tarde que tras recopilar información habían 112 heridos y 41 manifestantes con paradero desconocido.

El experto en seguridad y exministro del Interior José Pérez dijo a la prensa que las carabinas para disparar perdigones de goma eran armas “menos letales” y su peligrosidad aumentaba dependiendo de la “cercanía con la que se dispara, a donde va el disparo y la cantidad de pólvora que tiene el cartucho”.

Mientras tanto, el Nobel peruano de Literatura Mario Vargas Llosa dijo en un mensaje que los fallecidos “habían sido sacrificados absurdamente, estúpidamente, injustamente” por la policía y pidió cesar la represión contra “todo Perú” que protesta de forma “tan masiva” en contra de la destitución de Vizcarra.

El Congreso se reunía el domingo para pedir la renuncia de Merino y ensayar una fórmula legal que permita que uno de los 130 legisladores asuma la presidencia del país.

El presidente del Congreso, Luis Valdez, dijo a la televisora N que “tenemos que evaluar no solo la renuncia de Merino sino ver la forma constitucional de que se pueda resolver esta crisis política”.

César Landa, profesor de Derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Perú, dijo a The Associated Press que otro camino era “anular” la destitución, aprobada el lunes por el Congreso, que expulsó del poder a Martín Vizcarra y que éste retome el poder.

Merino no se ha mostrado públicamente tras las muertes y tampoco ha emitido declaraciones.

El Salvador fue el primer país en desconocer la presidencia de Merino. El presidente de ese país centroamericano Nayib Bukele dijo en su cuenta de Twitter que no reconocen “al Gobierno golpista de Merino”, en tanto que pocos países han reconocido al nuevo gobernante peruano.

El primer ministro, Antero Flores-Aráoz, dijo en la madrugada a la radio RPP que el presidente no le respondía el teléfono. “Lo estoy llamando y no logro comunicarme”, comentó. Cuando se le preguntó cuántos ministros habían renunciado, Flores-Aráoz dijo “no tengo la más remota idea”.

Las dos muertes ocurrieron en medio del excesivo uso de la fuerza por parte de la policía, una práctica denunciada ya el viernes por Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

La Asociación Nacional de Periodistas indicó el sábado que entre el lunes y el jueves durante las manifestaciones hubo 35 ataques a reporteros y añadió que “29 han sido perpetrados por agentes policiales y 6 por sujetos no identificados en el marco de las manifestaciones ciudadanas”.

Merino, de 59 años, descartó la mañana del sábado a la radio RPP que las manifestaciones fueran contra su gobierno y añadió que los jóvenes protestaban “en el marco de su propia preocupación” contra el desempleo o por no haber culminado sus estudios.

Las protestas contra Merino empezaron el lunes y el sábado se llevaron a cabo en las principales ciudades de los Andes y la Amazonía. En Lima más de 5.000 manifestantes con mascarillas y protectores faciales llevaban carteles que decían “Merino no es mi presidente”, entre otras frases.

Merino asumió el poder el lunes luego que el Congreso, que él dirigía, destituyó de la presidencia a Martín Vizcarra mediante una cláusula vaga instaurada en el siglo XIX llamada “incapacidad moral permanente”. Se convirtió en el tercer presidente desde 2016, desnudando la fragilidad del país.

Vizcarra ganó enorme popularidad en 2018 por iniciar una cruzada anticorrupción en un país donde los expresidentes de los últimos 35 años están investigados o condenados por casos de corrupción.

El expresidente tiene prohibido salir del país por un periodo de 18 meses y se encuentra bajo indagación de la fiscalía al ser acusado por otros investigados de recibir una coima hace seis años cuando fungía como gobernador de la región Moquegua. Él negó las acusaciones y anunció que colaborará con las pesquisas.

Vizcarra dijo la noche del sábado en su cuenta de Twitter: “Lamento profundamente las muertes ocurridas a causa de la represión de este gobierno ilegal e ilegítimo”. Añadió que “el país no permitirá que la muerte de estos valerosos jóvenes quede impune”.

Las marchas son las primeras tras una atenuación de los contagios de coronavirus. La propagación de COVID-19 ha convertido a Perú en uno de los países con mayor número de decesos per cápita en todo el mundo y ha sumido a la economía nacional en una recesión con una proyección de pérdida en 2020 de 14 puntos del Producto Interno Bruto, según el Fondo Monetario Internacional .

El gobierno de Merino prometió que su gabinete ministerial iba a ser multipartidario, pero eligió a uno de tendencia conservadora. El primer ministro Antero Flores-Aráoz, de 78 años, dijo durante la semana “no entender” las razones por las que protestaban los jóvenes.

Flores-Aráoz retornó al Ejecutivo luego que en 2009 renunció junto a un gabinete ministerial de ese entonces luego de una rebelión de indígenas amazónicos en la que murieron 34 personas, 24 de ellos agentes y 10 civiles.

Los indígenas protestaban contra dos decretos aprobados en el marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que permitían que empresas privadas perforen los suelos de las comunidades en busca de petroleo y gas. Tras la masacre los decretos fueron derogados.

Si Merino continúa como presidente de Perú debería culminar su gestión el 28 de julio de 2021 cuando entregue el mando al nuevo mandatario elegido bajo elecciones democráticas. (AP)


Lo último

Renuncia presidente interino Manuel Merino

Tras una noche represión y muerte, el presidente transitorio de Perú, Manuel Merino, no pudo resistir más su endeble mandato y renunció al cargo que había asumido hacía solo cinco días, un breve periodo que será recordado por haber provocado las protestas más masivas de los últimos 20 años en el país.

Después de negarse a escuchar cómo decenas de miles de peruanos le demandaban a gritos en las calles que diese un paso atrás tras haber concentrado en su persona los poderes ejecutivo y legislativo, Merino finalmente , dio su brazo a torcer y renunció debido a la brutal represión de la Policía contra las manifestaciones (EFE)

 

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Empleos y futuro tecnológico en manos de multinacionales

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EP New York | Tecnología | agencias

Por Gustavo Lugo

Recortes rápidos y masivos de empleos en sector tecnológico

Tan solo en el último mes ha habido casi 50.000 recortes de empleos en el sector tecnológico. En los últimos años, empresas grandes y pequeñas del sector realizaron una oleada de contrataciones cuando la demanda de sus productos, software y servicios aumentó con millones de personas trabajando de manera remota.

Sin embargo, incluso con todos los despidos anunciados en semanas recientes, la mayoría de las empresas tecnológicas siguen siendo mucho más grandes que hace tres años.

A continuación, un vistazo a algunas de las compañías que han anunciado despidos hasta ahora.

Agosto de 2022 . La empresa matriz de la red social Snapchat anunció el despido del 20% de su personal. Snap ha aumentado su fuerza laboral a más de 5.600 empleados en años recientes y la empresa dijo en ese momento que aún después de despedir a más de 1.000 empleados, tendrá un plantel mayor que un año antes.

Robinhood: La empresa, cuya aplicación ayudó a atraer a una nueva generación de inversionistas al mercado, anunció el despido de alrededor del 23% de su personal, unas 780 personas. En una ola anterior despidió al 9% de su fuerza laboral.

Noviembre de 2022. Twitter: La red social despidió aproximadamente la mitad de sus 7.500 empleados tras ser adquirida por el multimillonario y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk.

Lyft: El servicio de transporte por aplicación móvil anunció el despido del 13% de su fuerza laboral, casi 700 empleados.

Meta: La empresa matriz de Facebook despidió a 11.000 personas, cerca del 13% de su plantilla.

Enero de 2023. Amazon: La empresa de comercio digital anunció que debe eliminar 18.000 puestos de trabajo. Esa es una pequeña fracción de su plantel global de 1,5 millones de personas.

Salesforce: La empresa despidió al 10% de su fuerza laboral, alrededor de 8.000 empleados.

Coinbase: La plataforma de comercio con criptomonedas reducirá aproximadamente el 20% de su plantel, o unos 950 empleos, en una segunda ola de despidos en menos de un año.

Microsoft: La empresa de software informó que reducirá cerca de 10.000 empleos, casi el 5% de sus trabajadores.

Google: El gigante de los motores de búsqueda se convierte en el más reciente del sector en anunciar que debe realizar ajustes, con la eliminación de 12.000 empleos, el 6% de su nómina.

Spotify: El servicio de transmisión de música está recortando el 6% de su fuerza laboral global. La compañía no dio un número específico de empleos perdidos. En su informe anual más reciente, Spotify informó que tenía alrededor de 6.600 empleados, lo que implica que se estarán eliminando 400 puestos de trabajo.

AP News

 

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Agencias

Enfermeras de Nueva York llegan a preliminar acuerdo tras amenaza de huelga

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EP New York | New York

Por Gustavo Lugo

Enfermeras en huelga en Nueva York llegan a un acuerdo preliminar
NUEVA YORK — Dos hospitales de la ciudad de Nueva York alcanzaron un acuerdo preliminar de contrato con miles de enfermeras, lo que puso fin a una huelga de esta semana que afectó a la atención médica, según anunciaron responsables el jueves.

Las enfermeras, representadas por la Asociación de Enfermería del Estado de Nueva York (NYSNA, por sus siglas en inglés), iniciaron los paros el lunes de madrugada después de que las negociaciones con los gestores se estancaran en el Hospital Monte Sinaí, en Manhattan, y el Centro Médico Montefiore, en el Bronx. Cada uno tiene mil camas y 3.500 o más enfermeras sindicadas.

El personal de los dos hospitales volverían a trabajar desde el jueves por la mañana, señaló el sindicato.

El sindicato había recalcado que la falta de personal era una de sus principales preocupaciones y señaló que las enfermeras que soportaron el duro apogeo de la pandemia del coronavirus estaban demasiado sobrecargadas porque había demasiadas plazas sin cubrir. Las enfermeras dicen que han tenido que trabajar horas extra, gestionar el doble de pacientes de lo debido y saltarse comidas e incluso recesos para ir al baño.

Los pactos con los dos centros incluyen ratios concretos y vinculantes de personal, según el sindicato. El acuerdo con el Montefiore también incluía lo que la asociación describió como mejoras de salud de la comunidad y acuerdos sobre estudiantes de enfermería para reclutar a enfermeras locales del Bronx.

“Con nuestra unidad y arriesgándolo todo, ganamos ratios de personal seguros vinculantes tanto en el Montefiore como en el Monte Sinaí, donde las enfermeras fueron a la huelga por la atención a los pacientes”, afirmó en un comunicado la presidenta del sindicato, Nancy Hagans. “Hoy podemos regresar al trabajo con la cabeza alta, sabiendo que nuestra victoria supone una atención más segura para nuestros pacientes y más empleos sostenibles para nuestra profesión”.

Los hospitales, de propiedad privada y sin fines de lucro, dijeron que habían tenido que lidiar con una falta generalizada de personal de enfermería que se vio agravada por la pandemia.

“Nuestro equipo de negociación ha trabajado sin parar con la dirección del NYSNA para llegar a un acuerdo”, indicó el Montefiore en un comunicado. “Desde el principio, llegamos a la mesa comprometidos con negociar de buena fe y abordar los problemas que eran prioridades para nuestro personal de enfermería”.

El hospital dijo que se había centrado en garantizar que las enfermeras tenían “el mejor entorno de trabajo posible, con mejoras considerables de salarios y prestaciones” a través del acuerdo con el sindicato.

“Sabemos que esta huelga afectó a todo el mundo -no sólo a nuestras enfermeras- y estábamos comprometidos con alcanzar una resolución lo antes posible para minimizar las interferencias con la atención a los pacientes”, añadió el centro médico.

Otros hospitales privados de la ciudad llegaron a acuerdos con el sindicato conforme se acababa el plazo límite para la huelga. Los acuerdos incluían aumentos salariales que ascendían a un 19% en total durante tres años.

Una publicación en el sitio web del Monte Sinaí indicó que el hospital estaba satisfecho de haber alcanzado un acuerdo preliminar con el sindicato.

“Nuestro acuerdo propuesto es similar a los (alcanzados) entre el NYSNA y otros ocho hospitales de la Ciudad de Nueva York. Es justo y responsable, y pone a los pacientes en primer lugar”, indicó el Sistema de Salud Monte Sinaí.

El Monte Sinaí y el Montefiore dijeron antes de la huelga que habían ofrecido los mismos aumentos.

EFE|AP

 

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Bolsonaristas asaltan el Congreso , el Supremo y palacio presidencial en Brasil

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EP New York | Latinoamérica | Agencias

Brasil busca castigar a los que atacaron edificios oficiales

RÍO DE JANEIRO — Las autoridades brasileñas recogían e investigaban el lunes después de que miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro asaltaran el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial y después causaran destrozos en las principales sedes de poder del país.

Los manifestantes reclamaban una intervención militar que reinstaurase al ultraderechista Bolsonaro en el poder o expulsara al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, recién instalado en el cargo, en escenas de caos y destrucción que recordaban a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

Alborotadores vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera nacional rompieron ventanas, derribaron muebles y arrojaron computadoras e impresoras al suelo. Agujerearon en cinco puntos un enorme cuadro de Emiliano Di Cavalcanti, volcaron la mesa con forma de U donde se reúnen los jueces del Supremo Tribunal Federal, arrancaron la puerta del despacho de un juez y vandalizaron una emblemática estatua ante la corte. Los interiores de los edificios monumentales quedaron en estado de ruina.

En una conferencia de prensa el domingo por la noche, el ministro brasileño de relaciones institucionales dijo que se inspeccionarían los edificios para buscar pruebas como huellas dactilares e imágenes para que la gente rindiera cuentas, y señaló que los alborotadores al parecer pretendían emprender acciones similares en todo el país. El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo que los actos equivalían a terrorismo y amenaza de golpe de Estado y que las autoridades habían empezado a identificar a las personas que pagaron los autobuses que llevaron a los inconformes a la capital.

“No tendrán éxito en destruir la democracia brasileña. Debemos decirlo con rotundidad, con toda la firmeza y convicción”, dijo Dino. “No aceptaremos la senda de la criminalidad para librar batallas políticas en Brasil. A un delincuente se le trata como delincuente”.

Por ahora han sido detenidas 300 personas, según dijo en Twitter la policía civil del distrito federal.

En los meses que siguieron a la derrota electoral de Bolsonaro el 30 de octubre, Brasil estuvo en vilo, receloso de cualquier vía que pudiera seguir el mandatario saliente para aferrarse al poder. Bolsonaro había avivado entre sus seguidores más fieles la creencia de que el sistema de voto electrónico era propenso al fraude, aunque nunca presentó ninguna prueba. Y su hijo, el legislador Eduardo Bolsonaro, celebró varias reuniones con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, Steve Bannon, viejo aliado de Trump, y su destacado asesor de campaña Jason Miller.

Los resultados de las elecciones brasileñas —las más ajustadas en tres décadas— fueron reconocidas con rapidez por políticos de todo el espectro político, incluidos algunos aliados de Bolsonaro, y docenas de gobiernos. Y Bolsonaro sorprendió casi a todo el mundo al desaparecer de la vista. No admitió la derrota ni denunció un fraude, aunque su partido y él solicitaron la anulación de millones de votos, una petición desestimada con prontitud.

Los brasileños utilizan el voto electrónico desde 1996. Expertos de seguridad electoral lo consideran un sistema menos seguro que las boletas marcadas a mano porque no dejan un registro en papel que pueda auditarse. Sin embargo, el sistema brasileño está vigilado de cerca por las autoridades y por observadores internacionales, que nunca han encontrado pruebas de manipulaciones para cometer fraude.

Aun así, seguidores de Bolsonaro rechazaron los resultados. Cortaron carreteras y acamparon ante edificios militares, instando a las fuerzas armadas a intervenir. Las protestas fueron pacíficas en su gran mayoría, aunque las amenazas aisladas de terrorismo —como una bomba hallada en un camión de combustible camino del aeropuerto de Brasilia— aumentaron las preocupaciones de seguridad.

Dos días antes de la investidura de Lula el 1 de enero, Bolsonaro voló a Estados Unidos y se instaló de forma temporal en Orlando. Muchos brasileños expresaron su alivio porque, aunque declinara participar en la transición de poder, su ausencia permitiera que ocurriera sin incidentes. O así era, hasta el domingo.

“El bolsonarismo imita las mismas estrategias que el trumpismo. Nuestro 8 de enero, una manifestación sin precedentes en la política brasileña, está claramente copiado del 6 de enero en el Capitolio”, dijo Paulo Calmon, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Brasilia. “Los tristes episodios de hoy suponen un nuevo intento de desestabilizar la democracia y demuestran que el radicalismo populista y autoritario de la extrema derecha brasileña sigue activo al mando del expresidente Bolsonaro, el ‘Trump de Latinoamérica’”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, describió los disturbios como un “ataque a la democracia y al traspaso pacífico de poder en Brasil” en un tuit, y dijo que estaba deseando seguir trabajando con Lula.

En una conferencia de prensa desde el estado de Sao Paulo, Lula leyó un decreto recién firmado por el gobierno federal para asumir el control de la seguridad en el distrito federal. Los “fanáticos fascistas” y todos los que financiaran sus actividades deben ser castigados, señaló. El mandatario también acusó a Bolsonaro de instarles a la insurrección.

Bolsonaro rechazó la acusación del presidente el domingo por la noche. En un tuit afirmó que la protesta pacífica forma parte de la democracia, pero el vandalismo y la invasión de edificios públicos eran “excepciones a la norma”. No mencionó de forma específica las acciones de los manifestantes en Brasilia.

“Evidentemente, es el mentor intelectual de lo que está ocurriendo, de modo que no puede distanciarse de ello”, dijo Mario Sérgio Lima, analista político en Medley Advisors. “Estos grupos fueron creados por él, por el radicalismo que impuso a la política. Y no hay modo de deshacerlo (…) Parece que su grupo ya ha cruzado el Rubicón”.

A diferencia del ataque de 2021 en Estados Unidos, pocos funcionarios trabajaban en los principales edificios del gobierno en un domingo. Y los videos del suceso mostraban una presencia limitada de la policía militar capitalina. Eso hizo que muchos se preguntaran en Brasil si la policía había ignorado los numerosos signos de alarma, subestimado su capacidad o había sido cómplice de algún modo.

Un video mostraba un grupo de manifestantes que se abría paso a través de una barricada policial tras un escaso forcejeo, y apenas unos pocos agentes empleaban gas lacrimógeno. En otro se veía a agentes parados mientras los manifestantes asaltaban el Congreso, incluido uno que grababa imágenes con su celular.

“Este fue un grave error del gobierno del distrito federal. Era una tragedia anunciada”, dijo Thiago de Aragão, director de estrategia en la consultora política con sede en Brasilia Arko Advice. “Todo el mundo sabía que (los manifestantes) venían a Brasilia. Se esperaba que el gobierno del distrito federal preparase una respuesta para proteger la capital. No hicieron nada de eso”.

En su conferencia de prensa, Lula denunció “incompetencia o mala fe” por parte de la policía y prometió que algunos serían castigados.

El gobernador del distrito federal, Ibaneis Rocha, confirmó en Twitter que había destituido al jefe de seguridad pública de la capital, Anderson Torres. Medios locales informaron que Torres estaba en Orlando de vacaciones y que negaba haberse reunido allí con Bolsonaro.

“Dos años después del 6 de enero, el legado de Trump sigue envenenando nuestro hemisferio”, tuiteó el senador estadounidense Bob Menendez, que preside el comité de relaciones exteriores del Senado, y añadió que culpaba a Bolsonaro de incitar las acciones en Brasilia. “Proteger la democracia y exigir responsabilidades a actores malignos es esencial”.

AP noticias

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