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Blog de Sucesos y Noticias

A un año del acuerdo de paz en Colombia , la esperanza empieza a decaer

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EP New York / Agencia AP/ Cuando el envejecido comandante Rodrigo Londoño firmó el 24 de noviembre de 2016 un acuerdo para que sus tropas abandonaran la guerra, el mundo creyó que Colombia había alcanzado el mejor mecanismo para acabar con el conflicto armado más antiguo de América Latina.

Pero un año después la esperanza ha empezado a decaer.

Los fusiles de las FARC quedaron atrás pero más de la mitad de sus combatientes han abandonado las zonas de desarme, desilusionados por la falta de proyectos para su paso a la vida civil, según Naciones Unidas.

“Eso es exactamente lo que no se quiere en un proceso de paz”, dijo Dag Nylander, representante en la mesa de negociaciones entre el gobierno y las FARC por Noruega, país garante junto a Cuba. La desmovilización de los más de 11.000 excombatientes en sólo seis meses fue un “logro enorme”, pero insuficiente para llevar el acuerdo a puerto seguro.

“Si Colombia no actúa ahora este proceso no será el ejemplo que muchos habían pensado que se estaba dando al mundo”, agregó Nylander en entrevista con The Associated Press.

El viernes, durante un acto en conmemoración del primer aniversario de la firma del acuerdo en el Teatro Colón de Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos y Londoño coincidieron en que no se va claudicar en la meta de paz.

“Este proceso de implementación de la paz tiene dificultades, tiene retos, pero vamos avanzando, trabajando bien y siempre uno puede ver el vaso medio lleno a medio vacío. Hay unos que siempre están interesados en verlo medio vacío, pero la verdad es que va medio lleno y el reto es llenarlo cada vez más rápido”, señaló el mandatario.

A su vez, Londoño sostuvo que “un año después… transformados en partido político legal, habiendo cumplido completamente con la dejación de las armas y con la satisfacción plena de haber honrado la palabra en cada uno de los compromisos adquiridos, nos presentamos ante la sociedad civil para reiterar nuestro compromiso con la paz y la justicia social”.

Por la tarde Santos y Londoño mantendrán un encuentro, en un lugar no confirmado, en el que analizarán varios aspectos del acuerdo de paz.

Para las Naciones Unidas, que verifica el proceso de implementación del pacto, la seguridad es lo que se debe solucionar con mayor urgencia.

Tras la retirada de las FARC como grupo armado y autoridad, muchas zonas del país viven una guerra de bandas por el control del narcotráfico. Con la retirada de un actor clave en el control territorial se triplicó la superficie de cultivos ilícitos desde 2012, cuando iniciaron los diálogos, pese a los esfuerzos del gobierno por erradicar la coca y difundir programas de agricultura legal.

Mientras el índice de homicidios a nivel nacional se mantiene en mínimos históricos, en zonas tradicionalmente dominadas por las FARC los asesinatos aumentaron 14% en la primera mitad de este año.

Tumaco, el municipio con más cultivos ilícitos de todo el país y uno de los principales puertos de exportación de la cocaína, es la muestra más clara de las nuevas luchas de poder con la presencia de grupos disidentes de las FARC -que siguen reclutando combatientes-, bandas criminales y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla del país tras el desarme de las FARC y que está actualmente en negociaciones de paz con el gobierno.

El mes pasado siete campesinos cocaleros murieron en Tumaco en enfrentamientos con la policía durante una manifestación contra la erradicación de cultivos. En todo el país, 61 activistas por los derechos humanos han muerto en lo que va de año, frente a los 52 del año pasado, según Naciones Unidas. Ya en 2016, ante la firma del acuerdo de paz, esa persecución se había disparado.

Tumaco es también uno de los principales focos de las disidencias de las FARC, que ya conforman varios grupos y aglutinan en todo el país a un millar de exguerrilleros que no ven en el desarme un futuro viable, según varias organizaciones internacionales.

La fragilidad del pacto en el terreno se suma a la lentitud de la maquinaria política para materializar los acuerdos: 17% de las 558 medidas necesarias para hacerlo realidad han sido aprobadas, mientras que más de la mitad no han iniciado siquiera su trámite, según un conteo del Kroc Institute para estudios de paz internacional de la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos.

El 1 de diciembre expira la vía rápida que tiene el Congreso para aprobar estas leyes. Ya han sido avaladas reformas difíciles como la ley de amnistía para los presos rebeldes y la creación del partido de las FARC, ahora llamada Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común; pero aún falta que avance un elemento clave y que para muchos es el núcleo del acuerdo: la llamada Justicia Especial de Paz, que juzgará a los actores del conflicto armado.

“Sin la justicia transicional en su lugar, el acuerdo entero fracasará”, dijo Nylander, que culpó de la lentitud a la dinámica electoral del Congreso.

El presidente Santos, galardonado con un Nobel de la Paz por su empeño en acabar el conflicto, admite que la tibia recepción de los acuerdos no es sorprendente tras medio siglo de enfrentamiento armado, 250.000 muertos y millones de desplazados.

El año pasado, el pacto con las FARC fue rechazado en un plebiscito por la mitad de la población forzando a Santos a tomar la impopular medida de aprobar en el Parlamento un acuerdo modificado.

“Los mejores acuerdos de paz son los que dejan gente insatisfecha de los dos lados”, dijo. “Algunos ya quieren firmar el certificado de defunción de los acuerdos, pero hay que tener en cuenta que construir la paz toma tiempo y que en menos de un año la implementación en Colombia está más adelantada que en otros acuerdos de paz”, añadió.

Santos, sin embargo, es optimista de que su coalición en el Congreso -favorable a la paz- se mantendrá el suficiente tiempo para blindar el pacto ante un eventual viraje político en las próximas elecciones presidenciales.

Pero sobre todo en las filas de los excombatientes temen que se caiga lo acordado. Para Imelda Daza, número dos de Londoño para las presidenciales de 2018, el balance de un año de paz es “fatal”.

“Los excombatientes no se sienten seguros, sienten que el gobierno no está cumpliendo nada”, dijo a la AP. “Hoy, tal como están las cosas, corremos el riesgo de devolvernos a la conflictividad”, agregó la histórica líder de la izquierda.

Para Bernard Aronson, el enviado del expresidente estadounidense Barack Obama a los diálogos de paz, el acuerdo entre el gobierno de Santos y las FARC ha sido el más ambicioso de la historia del país. “Ahora la guerra ha terminado y nadie piensa que volverá a empezar”, dijo a la AP.

Este proceso ha ahorrado a Colombia la muerte de 2.796 personas, sobre todo guerrilleros y militares, según el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto que monitorea el cese al fuego.

“Era inevitable que, dadas las complejidades, la implementación tomara mucho tiempo y fuera más lenta de lo que la gente quiere”, afirmó Aronson. “Es inevitable que haya frustraciones dadas las altas expectativas… (el acuerdo) no iba a convertir Colombia en un paraíso”.

 

Agencias

Corte Suprema de EE.UU. pone fin a TPS para venezolanos

Francisco

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EP NEW YORK | FL NEWS | TPS

El 19 de mayo , la Corte Suprema permitió al gobierno de Donald Trump retirar, por el momento, la protección a casi 350.000 migrantes venezolanos a los que se había permitido permanecer en Estados Unidos sin riesgo de deportación en virtud de un programa conocido como Estatus de Protección Temporal.

La escueta orden de la corte no estaba firmada ni explicaba sus razones, algo habitual cuando los jueces se pronuncian sobre solicitudes de emergencia. No se incluyó el conteo de votos, aunque la jueza Ketanji Brown Jackson señaló que habría denegado la solicitud del gobierno.

Los jueces anunciaron que permitirían que el gobierno de Trump pusiera fin a las protecciones hasta que se apelara el caso, lo que potencialmente podría permitirle continuar con las deportaciones. Sin embargo, los jueces también aclararon que mantendrían la capacidad de los migrantes de presentar recursos legales en algunas instancias, como si el gobierno intentaba cancelar sus permisos de trabajo.

En un caso distinto, los jueces criticaron el viernes al gobierno de Trump por tratar de dar solo un día de notificación a un grupo diferente de migrantes venezolanos en Texas que había estado tratando de deportar con los poderes expansivos de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra del siglo XVIII. La gestión de Trump ha acusado a ese grupo de migrantes de ser miembros de la violenta banda Tren de Aragua.

La orden del lunes afecta a un grupo mucho más amplio de venezolanos que viven actualmente en Estados Unidos de forma legal bajo los términos de un programa de la era Biden.

La corte ha visto inundada con solicitudes derivadas del bombardeo de órdenes ejecutivas del presidente Trump, muchas de ellas buscando suspender o limitar fallos de tribunales que bloquean la agresiva agenda del gobierno, especialmente en materia de migración.

Ahilan Arulanantham, un abogado que representa a los migrantes que desafían al gobierno de Trump, calificó la decisión de la corte de “en verdad terrible”, especialmente porque fue anunciada “en una orden de dos párrafos sin ningún razonamiento”.

“Se trata de la mayor acción individual de privación de la condición de migrante a un grupo de no ciudadanos en la historia moderna de Estados Unidos”, dijo Arulanantham. “El impacto humanitario y económico de la decisión de la corte se sentirá de inmediato, y repercutirá por generaciones”.
<span;>Este caso comenzó en febrero, cuando Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, puso fin a una prórroga de 18 meses del Estatus de Protección Temporal que el gobierno de Joe Biden había concedido a los venezolanos. Las personas afectadas por el cambio presentaron una demanda, alegando que la medida violaba los procedimientos administrativos y estaba motivada por prejuicios raciales.

En marzo, el juez Edward M. Chen, del Tribunal Federal de Distrito de San Francisco, bloqueó los esfuerzos del gobierno por eliminar las protecciones mientras el caso avanzaba. Dijo que los demandantes habían demostrado que tenían probabilidades de éxito al demostrar que las acciones de Noem “no estaban autorizadas por la ley, eran arbitrarias y veleidosas, y estaban motivadas por una animadversión inconstitucional”.

Chen consideró que poner fin a la iniciativa causaría daños irreparables “a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia resultarían gravemente trastornados, costaría a Estados Unidos miles de millones en actividad económica y perjudicaría la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó la petición del gobierno de suspender el fallo de Chen.

El programa de Estatus de Protección Temporal, promulgado por el Congreso y convertido en ley por el presidente George H. W. Bush, permite a los migrantes de naciones que han sufrido desastres nacionales, conflictos armados u otras inestabilidades extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Trump ha intentado poner fin a las protecciones del programa, en un intento de cumplir su promesa electoral de deportar a millones de migrantes. Sus esfuerzos pretendían cancelar las protecciones para casi 350.000 personas a principios de abril, y para cientos de miles más a finales de este año.

En la solicitud de emergencia hecha por el gobierno, D. John Sauer, el procurador general, escribió que la ley por la que se creó el programa prohibía expresamente que los tribunales cuestionaran las decisiones del poder ejecutivo. Una disposición de la ley decía que no había “revisión judicial de ninguna determinación” relativa a “la designación o la terminación o prórroga de una designación de un Estado extranjero”.

Los abogados de los impugnadores respondieron que la ley que creó el programa limitaba estrictamente las terminaciones anticipadas de las protecciones, y añadieron que la acción de Noem no estaba autorizada por la ley. “En ninguna parte de la ley se concede a la secretaria autoridad para anular o rescindir una prórroga”, escribieron.
Añadieron que el planteamiento de Sauer “dejaría a los tribunales federales sin poder para detener incluso acciones flagrante e ilegalmente arbitrarias de las agencias, ya sea para restringir el Estatus de Protección Temporal o para ampliarlo”.

La Corte Suprema ha recibido otras solicitudes de emergencia relacionadas con las políticas migratorias de Trump. En una de ellas, el gobierno pidió a los jueces que le permitieran seguir adelante con un plan para revocar las protecciones contra la deportación de migrantes de cuatro países en crisis, en virtud de un programa conocido como libertad condicional humanitaria.

En otra, la corte ordenó al gobierno que facilitara el regreso de Kilmar Armando Abrego Garcia, quien había sido enviado por error a El Salvador, donde aún permanece.

Agencias

 

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Agencias

humildad y sencillez sobre el privilegio , legados de Mujica destaca la ONU

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS | LATINOAMÉRICA

Guterres recuerda a un Mujica que gobernó con humildad y sencillez sobre el privilegio

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, lamentó este martes la muerte del expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, de quien destacó su forma de gobernar “con humildad, eligiendo la sencillez sobre el privilegio”.

“Será recordado no solo por su firme compromiso con la justicia social, la igualdad y la solidaridad, sino también por la forma profundamente humana en que encarnó esos valores”, aseguró en un comunicado Guterres.

“Gobernó con humildad, eligiendo la sencillez sobre el privilegio, y nos recordó -con sus palabras y su ejemplo- que el poder debe ejercerse con responsabilidad y compasión”, añadió.

Guterres también destacó que como líder latinoamericano, “defendió el diálogo y el multilateralismo, encarnando los valores que están en el corazón de la Carta de las Naciones Unidas y aportando su autoridad moral a la causa de la paz y los derechos humanos”.

Mujica, que presidió Uruguay entre 2010 y 2015, falleció este martes a los 89 años en Montevideo, un año después de que le descubrieran un tumor maligno en el esófago.

EFE

 

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Agencias

Fin del “romance político” de Trump y Musk

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS| EE.UU.

La asociación entre el presidente de Estados Unidos y el hombre más rico del mundo está terminando. Hay un claro perdedor en la ruptura de este romance, y es Elon Musk.

Cayó en desgracia con tanta facilidad como ascendió. Como un Ícaro barato, se arriesgó demasiado, nunca entendió los riesgos y voló demasiado cerca del Sol. Envuelto en el halo de su superestrellato en las redes sociales, se cegó ante la realidad de su situación hasta que fue demasiado tarde.

Musk ya firmó varios contratos federales lucrativos y podría conseguir muchos más, pero abandona Washington con su reputación de genio en todos los frentes —una reputación en la que confiaba para aumentar la cotización de las acciones de su empresa y conseguir inversores para sus ideas ambiciosas— seriamente dañada. En su momento fue comparado con el superhéroe de Marvel Tony Stark, ahora es cada vez más impopular. Muchos de los que solían ser propietarios orgullosos de sus coches eléctricos Tesla los están vendiendo o pegando notas de disculpas en sus parachoques. Las ventas han caído.

Musk no es el primer empresario rico que se traslada a Washington: los millonarios de la >Gilded Age< o Edad Dorada, sombrero de copa en mano, se concentraban en ganar el favor del Senado, donde se hacían las leyes y se determinaban los aranceles. Con la economía en crisis, el >New Deal< y la llegada de una guerra mundial, la Casa Blanca empezó a desempeñar un papel mucho más importante en la dirección de la economía, y los hombres de negocios le prestaron más atención. Decenas de esos millonarios llegaron a la capital; otros se incorporaron al gabinete. Sin embargo, con independencia de cuándo o en qué puesto trabajaran, se regían por las normas de Washington, asumiendo responsabilidades bien definidas y limitadas y, en su mayor parte, permaneciendo fuera de la vista del público.

Musk rompió con esa tradición. Nadie iba a callarlo ni controlarlo. Estaba en la Casa Blanca con su hijo de 4 años a hombros, en el escenario de un mitin de la Conferencia de Acción Política Conservadora para promover su cruzada de reducción de costos con una motosierra. Él y sus ayudantes del Departamento de Eficiencia Gubernamental sembraron el caos en Washington al bloquear los sistemas informáticos de funcionarios, acceder a datos personales de ciudadanos privados e identificar a empleados públicos que consideraban prescindibles.

Al inicio, el presidente Donald Trump pareció respaldar todas las medidas de reducción de costos de su asesor poco ortodoxo y en las redes sociales declaró que él y su gabinete estaban “EXTREMADAMENTE FELICES CON ELON”. Pero entonces Musk violó la regla cardinal de Trumplandia al atreverse a criticar las políticas y los nombramientos del presidente, no solo una o dos veces, sino, notablemente, de manera consistente.

Usó su plataforma X para burlarse de un anuncio de la Casa Blanca según el cual Sam Altman, el directivo de inteligencia artificial más importante y su archienemigo, y otros iban a invertir 100.000 millones de dólares en centros de datos y en generar la electricidad necesaria para alimentar los programas de IA. Musk dijo en una entrevista que el Seguro Social era “el mayor esquema Ponzi de todos los tiempos”, ignorando el hecho de que el presidente se había comprometido a no recortar ese gasto. Incluso discrepó del triunfal anuncio del “Día de la Liberación” de Trump sobre nuevos y radicales aranceles.

Sus ataques y su falta de remordimiento al recortar de manera drástica el gasto federal y despedir a decenas de miles de empleados públicos erosionaron su popularidad. Enfureció a miembros del gabinete al criticarlos en público, desacatar su autoridad y al negarse a reconocer la cadena de mando de la Casa Blanca.

Su reinado llegó a su fin el Día de los Inocentes, cuando los 20 millones de dólares que donó para elegir a un republicano respaldado por Trump para un puesto vacante en la Corte Suprema de Wisconsin resultaron contraproducentes al animar a ir a las urnas a más demócratas que republicanos. Ya no era posible ignorar la realidad de que el hombre más rico del mundo se había convertido en un lastre político. Al día siguiente de la debacle de Wisconsin, Politico informó que el presidente había “comunicado a su círculo íntimo” que Musk “se retiraría en las próximas semanas de su cargo actual”. A mediados de abril, Trump sugirió el cada vez menor aprecio a Musk cuando sustituyó a su elección para comisionado en funciones del IRS por el candidato favorito del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El 22 de abril, Musk anunció que iba a reducir su trabajo en el gobierno para poder dedicar más tiempo a Tesla, que para entonces tenía tantos problemas que surgieron informes de que el consejo estaba considerando sustituirlo como director ejecutivo. (La empresa negó la afirmación). La realidad que golpeó las encuestas de Wisconsin golpeó aún más a su empresa automovilística: las ventas cayeron un 20 por ciento en el primer trimestre de 2025 en comparación con el año anterior; las ganancias cayeron un 70 por ciento. El llamativo y poco práctico Cybertruck que había ensalzado resultó ser un fracaso. Mientras tanto, Tesla está perdiendo con rapidez una parte del mercado frente al fabricante chino BYD y otros fabricantes establecidos de automóviles.

Eso no quiere decir que los demás intereses empresariales de Musk —en particular su empresa de lanzamiento de cohetes, SpaceX, y su unidad de satélites, Starlink— estén siendo afectados. SpaceX está a punto de ganar miles de millones de dólares con contratos gubernamentales. El gobierno de Trump ya ha despejado el camino para que Starlink pueda optar al estímulo gubernamental de 42.000 millones de dólares a la conexión de banda ancha rural e incluso ha animado a otros países deseosos de reducir los aranceles estadounidenses a hacer negocios con Starlink. Pero lo más probable es que tales ayudas se hubieran producido si Musk no se hubiera unido al gobierno de Trump.

La lección que hay que aprender aquí es que en el sistema de gobierno estadounidense no hay lugar para un copresidente no elegido. Aunque las elecciones suelen dar resultados que no esperamos ni deseamos, hace tiempo que demostramos estar mejor con un gobierno compuesto por cargos electos y nombramientos de alto nivel que han pasado por el proceso de confirmación exigido por la Constitución. Musk pensó que podía ser una excepción. Y esa fue su perdición.

Publicado en NYT

 

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