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Capos del narcotráfico y delincuentes burlan justicia a través de los tratados de paz

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EP New York , Agencias /Durante años Edison Prado fue uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos en América del Sur, un hombre que se inició en el negocio transportando drogas por las traicioneras costas de su Ecuador natal y que llegó encabezar un pequeño ejército de traficantes con tentáculos en cinco países.

Por ello sorprendió cuando este hombre conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano apareció en una lista de rebeldes izquierdistas de Colombia a ser amnistiados.

Su caso y otros como el suyo son el centro de un intenso debate sobre si poderosos capos del narcotráfico y otros delincuentes están tratando de burlar a la justicia explotando los términos del tratado de paz entre el gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), lo que conspiraría contra un esfuerzo ya de por sí endeble para poner fin a medio siglo de violencia política.

Bajo los términos del acuerdo de paz del año pasado, los rebeldes de las FARC no irán a la cárcel a cambio de dejar las armas y de confesar sus crímenes de guerra ante tribunales especiales. Esto podría conllevar la libertad de miles de guerrilleros que cumplen largas condenas.

Y también puede ser un poderoso incentivo para cometer fraudes en un país plagado de bandas de narcos acostumbrados a mezclarse en la política.

Este año las FARC entregaron al gobierno una lista con los nombres de más de 14.000 guerrilleros, combatientes presos y partidarios que nunca tomaron las armas que podrían acogerse a los beneficios del tratado de paz. Pero el diario El Tiempo de Bogotá dijo el mes pasado que al menos 21 personas de la lista son en realidad presuntos narcotraficantes sobre los que pesan pedidos de extradición de Estados Unidos y otros países que no parecen tener un historial guerrillero.

Los líderes de la guerrilla no explicaron cómo es que esas personas están en la lista, pero el embajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, dijo a medios locales que traficantes presos pagaron hasta 5.000.000 de dólares para ser incluidos en la lista de las FARC. No reveló cómo obtuvo esa información. Pero dijo que el gobierno estadounidense investigará si algún líder de la guerrilla vendió plazas en la lista, un delito que podría ser punible si fuera cometido después de la firma del acuerdo de paz.

El ex jefe guerrillero conocido como Mauricio Jaramillo, que fue el encargado de armar la lista, niega tajantemente haber vendido plazas, aunque admite que se cometieron errores y que algunos delincuentes pueden habérselas ingeniado para terminar en la lista.

Acusó al gobierno de revelar detalles de lo que se suponía fueron conversaciones privadas para descartar impostores, diciendo que trataba de distraer la atención de sus propios problemas, como una serie de escándalos de corrupción y una economía tambaleante.

“Siempre que hay una situación en Colombia nosotros somos los que en un momento dado servimos como cortina de humo para tapar un montón de cosas”, sostuvo Jaramillo en una entrevista con la Associated Press. Muchos colombianos no están del todo convencidos.

“Si nadie tiene que rendir cuentas, se hará un gran daño a la credibilidad del proceso de paz”, expresó Adam Isacson, analista de la Washington Office on Latin America y quien apoyó entusiastamente el acuerdo de paz del año pasado.

Prado fue detenido en Colombia en abril, tras ser encausado por un tribunal federal de la Florida junto con otros tres presuntos narcotraficantes ecuatorianos, todos los cuales figuran en la lista de miembros de las FARC. La policía acusó a este narco de 35 años conocido como “Gerald” de controlar la ruta de transporte de drogas más sofisticada de la costa del Pacífico Sudamericana, comparándola con la del cartel de Medellín de hace tres décadas porque trató de dominar toda la cadena de suministro de cocaína, desde la producción hasta su distribución en Estados Unidos. La policía dice que la agrupación despachaba hasta diez lanchas rápidas cargadas con una tonelada de cocaína cada una por semana.

El abogado de Prado en Estados Unidos se abstuvo de hablar con la Associated Press al ser contactado.

Los vínculos de las FARC con el bajo mundo de las drogas ha sido siempre un aspecto delicado de su campaña. La guerrilla se sostenía cobrando un “impuesto a la guerra” sobre la cocaína que cruzaba los territorios que dominaba y los miembros de su cúpula fueron acusados en Estados Unidos de manejar el cartel de las drogas más grande del mundo en el 2006.

Pero las FARC siempre negaron cualquier involucramiento con el negocio del narcotráfico y en el 2013 sus representantes en las negociaciones de paz denunciaron esa actividad como un “flagelo” que “contaminó” el sistema financiero internacional y generó una crisis de la salud mundial.

El gobierno colombiano se ha atribuido el crédito de haber eliminado de la lista a 21 fugitivos internacionales. Entre ellos un mexicano encausado en Estados Unidos en el 2015 y que se cree era el principal enviado del cartel mexicano de los Zetas en Colombia, así como dos hermanos cuya extradición busca Italia bajo sospecha de que suministraron drogas a la mafia calabresa en complicidad con los grandes enemigos de las FARC, los antiguos grupos paramilitares.

Pero siguen en la lista muchos nombres que generan suspicacias. Todavía hay que certificar a aproximadamente el 20% de las personas que las FARC presentan como miembros de su causa. Algunos cientos son presos en cuyos procesos judiciales nunca se habló de que perteneciesen a la guerrilla, según el gobierno. Uno de los 700 “mediadores de la paz” que las FARC quieren beneficiar fue hallado culpable el año pasado de dirigir una red de sicarios en Bogotá.

Algo similar sucedió en las negociaciones de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia hace una década, cuando se desmovilizaron 30.000 supuestos paramilitares a pesar de que se cree que esas fuerzas nunca tuvieron tantos combatientes. Un narco, Miguel Mejía, incluso le pagó a los paramilitares para que incluyesen a todos los miembros de su banda en la lista. A la larga, no obstante, fue expulsado del proceso de paz y extraditado a Estados Unidos.

Si bien los filtros son más estrictos ahora, el hecho de que las FARC no estuviesen al tanto de lo que sucedía o de que intentasen hacer algo parecido puede debilitar el apoyo al acuerdo de paz en momentos en que empieza a ser implementado y los candidatos están criticando algunas falencias del acuerdo de cara a las elecciones presidenciales de mayo del año que viene.

“Va en detrimento de ellos mismos”, sostuvo el senador Juan Manuel Galán, candidato a la presidencia que apoya el acuerdo de paz. “Si ellos se quedan callados, si no tienen respuestas contundentes, genera mucha incertidumbre”.

Asociated Press/ 

Por JOSHUA GOODMAN

Goodman está en Twtitter: https://twitter.com/apjoshgoodman

 

Agencias

Biden renuncia a candidatura presidencial y respalda a Kamala Harris

Francisco

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EP NEW YORK. | ELECCIONES EE.UU. 2024

Joe Biden se retira de la contienda presidencial

El presidente de EE. UU. anunció que no buscaría la reelección. Indicó por escrito que retirarse era “por el bien de mi partido y del país”.

El presidente Joe Biden, de 81 años, abandonó su candidatura a la reelección y sumió en el caos la contienda presidencial de 2024 el domingo, cediendo a la implacable presión de sus aliados más cercanos para que abandonara la carrera en medio de profundas preocupaciones de que es demasiado mayor y frágil para derrotar al expresidente Donald Trump.

Después de tres semanas de negativas, a menudo airadas, a dar un paso al lado, Biden finalmente cedió ante un torrente de encuestas devastadoras, llamados urgentes de legisladores demócratas y señales claras de que los donantes ya no estaban dispuestos a pagar para que continuara.

La decisión de Biden pone un abrupto fin a una crisis política que comenzó cuando el presidente protagonizó un calamitoso debate contra Trump el 27 de junio. Pero para el Partido Demócrata, la retirada de Biden desencadena una segunda crisis: con quién reemplazarlo y, específicamente, si organizarse en torno a la vicepresidenta Kamala Harris o iniciar un rápido esfuerzo para encontrar a alguien más para ser el candidato del partido.

El anuncio de Biden, que se encuentra aislado con covid, se produjo apenas tres días después de que Trump pronunciara un discurso incendiario y cargado de insultos para aceptar la nominación de su partido y tener la oportunidad de volver a la Casa Blanca para un segundo mandato. Trump, que lleva años preparándose para la revancha con Biden, se enfrentará ahora a un contrincante demócrata diferente —y hasta ahora desconocido—, cuando solo quedan 110 días para el día de las elecciones.

Esto es lo que hay que saber:

• Permanencia en el cargo:

Biden ha dicho que no renunciará a la presidencia y que tiene intención de terminar su mandato aunque deje en manos de otros el intento de derrotar a Trump. En los próximos meses, se enfrenta a la guerra en curso en Ucrania y a los esfuerzos cada vez más desesperados por alcanzar un acuerdo para poner fin a los combates entre Israel y Hamás en Gaza.

• Una primicia política:

Ningún presidente estadounidense en ejercicio había abandonado una carrera tan tarde en el ciclo electoral. La Convención Nacional Demócrata, en la que Biden iba a ser nominado formalmente por 3939 delegados, comenzará el 19 de agosto en Chicago. Eso deja menos de un mes para que los demócratas decidan quién debe reemplazar a Biden en la candidatura y poco menos de cuatro meses para que esa persona monte una campaña contra Trump.

• Kamala Harris bajo los reflectores.

La decisión del presidente pone a la vicepresidenta bajo un renovado escrutinio; algunos demócratas argumentan que ella es la única persona que puede desafiar eficazmente a Trump a estas alturas de las elecciones. Y dicen que el partido se fracturará si se considera que los líderes demócratas han pasado por alto a la primera vicepresidenta negra. Pero otros argumentan que el Partido Demócrata debería evitar una coronación, especialmente dadas las debilidades políticas de Harris en los últimos tres años y medio.

• La edad es una de las principales preocupaciones:

El intento de reelección de Biden se vio frenado por la preocupación que suscitaba su edad y su capacidad física y mental para desempeñar el cargo. Incluso antes del debate, las encuestas mostraban constantemente que la gente pensaba que era demasiado viejo, y la mayoría —también de los demócratas— querían que alguien más joven fuera presidente. Biden nació durante la Segunda Guerra Mundial y fue elegido senador por primera vez en 1972, antes de que nacieran dos tercios de los estadounidenses de hoy. Biden tendría 86 años al final de su segundo mandato.

• El momento del debate:

La Casa Blanca y los asesores más cercanos a Biden negaron durante años que su edad tuviera algún impacto en su capacidad para hacer su trabajo. Pero el debate con Trump a finales de junio, que vieron más de 50 millones de personas, puso claramente de manifiesto sus limitaciones. Se mostró frágil, vacilante, confuso y disminuido, y fue incapaz de presentar argumentos contra Trump, un delincuente convicto que intentó anular las últimas elecciones presidenciales.

Agencias / NYT

 

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Articulos Destacados

Trump , convención republicana y deportación masiva

Francisco

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EP NEW YORK  | Convención republicana

¿Trump podría cumplir su promesa de deportar a millones de migrantes?

Donald Trump promete el mayor programa de deportaciones de la historia de Estados Unidos. Los costos y los obstáculos serían enormes, según los expertos.

Cuando Donald Trump se postuló a las elecciones presidenciales de 2016, prometió construir un muro para cerrar la frontera y evitar que los delincuentes entraran en el país. Esta vez su campaña tiene un objetivo nuevo: un programa de deportación masiva sin precedentes en el país.

La plataforma de su partido, ratificada en la convención republicana de Milwaukee, promete el “mayor esfuerzo de deportación de la historia de Estados Unidos”, y la inmigración fue el tema de la reunión del martes.

¿Qué se necesitaría para deportar a millones de personas? ¿Es posible?

¿Cuántos inmigrantes están en el país de manera ilegal?

Había 11 millones de inmigrantes viviendo en Estados Unidos sin permiso legal en 2022, según los últimos cálculos del gobierno, y más de 8 de cada 10 llevan más de una década en el país. Trump dijo durante el debate del mes pasado que había 18 millones, lo que carece de fundamento.

Con el fin de huir de la agitación política y económica, los migrantes de países como Venezuela han cruzado la frontera en cifras récord durante el gobierno de Biden.

¿Quiénes serían los deportados y qué tan fácil sería expulsarlos?

Trump y la plataforma republicana han hecho declaraciones muy generales, pero hasta ahora han ofrecido muy pocos detalles sobre la operación que pretenden realizar.

El expresidente ha sugerido que cualquier inmigrante que carezca de estatus legal podrá ser expulsado.

La plataforma del partido afirma que se daría prioridad a “los criminales más peligrosos”.

También dice: “El Partido Republicano se compromete a enviar a los extranjeros ilegales de vuelta a su casa y a expulsar a quienes hayan violado nuestras leyes”.

El consenso entre los expertos en inmigración y exfuncionarios de seguridad nacional es que los obstáculos logísticos, legales, burocráticos y de costos harían prácticamente imposible realizar las deportaciones masivas que pretende Trump en el lapso de un mandato presidencial de cuatro años.

“Incluso si contara con un Congreso dispuesto a promulgar reformas legislativas drásticas y a asignar las decenas de miles de millones necesarios, no hay forma de que un sistema de este tipo pueda estar plenamente operativo en un plazo de cuatro años”, afirmó John Sandweg, funcionario de seguridad nacional en el gobierno de Barack Obama.

¿Qué otros obstáculos habría?

Los inmigrantes que han vivido durante años en el país tienen protección legal y derecho a un proceso jurídico justo.

En los últimos años, quienes han entrado de manera ilegal en el país han sido procesados en la frontera y luego puestos en libertad con órdenes de comparecer ante la corte para las audiencias de deportación. Mientras sus casos se tramitan en la corte de inmigración, lo que suele tardarse varios años más, tienen derecho a permanecer en Estados Unidos.

“Trump tendría que triplicar el tamaño de las cortes de inmigración para lograr algo que se acerque a los números de los que está hablando”, dijo Sandweg. “Incluso así, necesitaría financiación para construir nuevos juzgados, contratar personal de apoyo y formar a los jueces”.

Varias décadas de escasez de fondos y un gran número de solicitudes de asilo han agravado los retrasos.

“Un individuo debe recibir una orden de deportación; un presidente no podría simplemente ignorar eso”, afirmó Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional durante el gobierno de Obama. “Se necesitaría un cambio en la ley, y el Congreso tendría que ser un socio activo en esto”.

¿Hay suficiente personal, instalaciones, aviones y otros medios de transporte para una operación de deportación?

Durante el gobierno de Trump, hubo unas 936.000 deportaciones, según datos oficiales. Hasta febrero, el gobierno de Biden había expulsado a unas 340.000 personas.

Para identificar y detener a millones de personas en el interior del país se necesitarían decenas de miles de agentes de inmigración más, aseguró Napolitano.

Trump ha dicho que recurriría a la Guardia Nacional y a otros recursos del ejército para ejecutar su plan.

Las fuerzas del orden locales podrían ser delegadas para identificar a las personas sin estatus legal y entregarlas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), lo que ya ha ocurrido en el pasado en algunas localidades.

Pero Chicago, Denver, Los Ángeles y Filadelfia son solo algunas de las ciudades que se niegan a colaborar con el ICE, por temor a que esa cooperación promueva la elaboración de perfiles raciales y lleve a los inmigrantes que han cometido delitos menores, como infracciones de tráfico, a procedimientos de deportación.

“Habrá zonas que no quieran tener nada que ver con esto”, señaló Michael Neifach, experto en seguridad fronteriza que fue asesor jurídico principal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el gobierno de George W. Bush.

Toda persona que pudiera ser deportada potencialmente es retenida en un centro de detención, y en el actual ejercicio fiscal, el Congreso financió la detención de 41.500 inmigrantes diarios con un costo de 3400 millones de dólares, una cifra que tendría que aumentar exponencialmente.

¿Dónde hay margen para que Trump acelere el ritmo de las expulsiones?

Un nuevo gobierno de Trump podría acelerar las deportaciones poniendo fin a programas que el gobierno de Biden introdujo.

Por ejemplo, desde 2022, a unas 500.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se les ha permitido volar a Estados Unidos y vivir y trabajar durante dos años, siempre que tengan un patrocinador financiero. Biden también ha permitido que casi 700.000 migrantes que pidieron cita en una aplicación móvil puedan cruzar la frontera por un puerto de entrada oficial y recibir permisos de trabajo.

“Trump podría apretar el interruptor y revocarlo”, dijo Neifach. Pero, añadió, muchos de los migrantes podrían presentar solicitudes de asilo y pasar a engrosar las cortes saturadas.

¿Habría alguna excepción entre los deportados?

Trump no ha abordado si ejercería alguna discreción o haría alguna excepción.

Más de un millón de estadounidenses están casados con una persona sin estatus legal, y una gran parte de los inmigrantes tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses.

“Cuando se habla de ese tipo de cifras y de presencia de las fuerzas del orden, a fin de cuentas hay que pensar: ¿qué le hace eso a la atmósfera del país?”, comentó Napolitano, exsecretaria de Seguridad Nacional.

Publicado en NYT

 

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New York y New Jersey celebran desfile de las flores

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS |

Desfile de las flores | New York

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