Connect with us

Blog de Sucesos y Noticias

Centro Democrático: “El muro de contención” contra el Chavismo , Paola Holguín

Published

on

“La terquedad de Santos, por no hablar de su complicidad con el narcorégimen de Maduro, junto con la incapacidad de su Canciller, son los responsables de de la tragedia que están viviendo millones de venezolanos y que, por ende, también afecta a Colombia”.

“Yo creo que lo único positivo del gobierno de Santos es que ha provocado una crisis tan terrible en todos los órdenes que nos va a llevar a reinventarnos como nación”.


De haber tenido una hija, el expresidente Alvaro Uribe hubiera querido que hubiera sido como Paola Holguín. Esta mujer de 44 años, ex periodista, experta en Seguridad y Defensa y ahora Senadora de la República, aspira ahora a repetir su mandato en el legislativo colombiano y continuar su carrera en las filas del Centro Democrático que fundara Uribe. Mujer de fuertes convicciones y sin pelos en la lengua, defiende con vehemencia sus ideas y, sin duda, tiene un prometedor futuro, junto a otras mujeres, en la política de Colombia.

La “hija” predilecta de Uribe

ENTREVISTA A PAOLA HOLGUIN

SENADORA DEL CENTRO DEMOCRÁTICO

por Ricardo Angoso

Ricardo Angoso: ¿Cómo va la campaña, cómo reciben al Centro Democrático?

Paola Holguín: Todo va muy bien, la gente nos recibe de maravilla. Yo creo que el Centro Democrático se ha convertido en estas elecciones en el partido de la esperanza. Nos hemos erigido en el partido que es el muro de contención para evitar que algunos conviertan a Colombia en otra Venezuela. Creo que la ciudadanía ha percibido que pese a ser un partido con pocos representantes en las instituciones hemos hecho un gran trabajo de oposición y ha sido una formación propositiva con ideas y propuestas. Tuvimos una bancada de representantes coherente, juiciosa, trabajadora y siempre atenta a nuestro trabajo.Ahora estamos recogiendo nuestros frutos porque la gente es generosa y receptiva hacia nuestro partido por el trabajo bien hecho.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

R.A.:¿Qué se puede hacer frente a la corrupción?

P.H.: Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que la corrupción se convirtió en un mal endémico, una suerte de pandemia que no sólo afecta a la clase política, sino que es un círculo vicioso,  ya que muchas veces el político corrupto llega al poder con votos comprados a ciudadanos corruptos y después pacta con empresarios corruptos para ofrecerle sus servicios a cambio de dinero. Entonces, ¿qué creo yo que se debe hacer? Lo primero sería firmar un pacto nacional por la transparencia entre los ciudadanos, el sector público y el sector privado para poner freno a este auténtico flagelo. Segundo, ya que a la sociedad la regula la Ley, la ética y la moral y creo que, en este sentido, es importante que la justicia opere contra la corrupción, pero además sin esos exagerados beneficios de casa por cárcel y que la gente devuelva hasta el último peso robado. Y en tercer lugar, hay que recuperar la ética y los valores en nuestra sociedad, estableciendo una sólida alianza entre estas cosas y la cultura de una ciudadanía que necesita esos valores. 

Hay que volver a esos valores fundamentales porque son los cimientos de la sociedad. El ciudadano tiene también que poder elegir a representantes que no sean corruptos porque uno puede desarrollar las Leyes que quiera pero finalmente al corrupto no le importa que tipo de legislación hay y acaba cometiendo actos ilícitos. La mejor forma de derrotar a la corrupción es eligiendo políticos que sean transparentes y comprometidos con la limpieza de sus actos, enseñando al ciudadano que en este asunto también tiene una responsabilidad y un compromiso con la ética y la transparencia, transmitiendo esos valores al sector privado. La responsabilidad es de todos, políticos y ciudadanos.

ACUERDOS CON LAS FARC

R.A.:¿Cree que los acuerdos de paz con las FARC son revisables, como piden algunos compañeros de su partido, cree que eso se podría explicar a la comunidad internacional?

P.H.: Nosotros no tenemos que explicar nada a la comunidad internacional, en ese sentido, sino que creo que hay que decirle a la comunidad internacional que abandone de una vez por todas su complicidad con una organización terrorista como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Muchos países aplauden determinadas cosas en Colombia que nunca admitirían en su territorio. Por ejemplo, romper el orden constitucional y político y permitir la participación política de los terroristas que han cometido crímenes atroces y de lesa humanidad, son premisas que nunca serían aceptadas en otros países. De la misma forma, se acabó aceptando la impunidad para esos crímenes y aceptando que los terroristas sigan dedicados al narcotráfico. Por tanto, no tenemos nada que explicar a la comunidad internacional, sino que más bien la misma debería hacer un alto en el camino y examinar de cómo fueron cómplices de la entrega de este país a una organización terrorista. ¿Cómo es posible que se nos exijan cosas en Colombia que nunca aceptarían en sus países? Los europeos y los norteamericanos nos enseñaron el valor de la democracia y del Estado de Derecho, habiendo vivido en democracia casi doscientos años. Nosotros hemos sido solidarios con las víctimas del terrorismo de otros países y exigimos lo mismo para Colombia. Nosotros hemos sido abanderados del respeto a la justicia para nuestro país y exigimos a los demás que nos dejen vivir así, bajo el imperio de la Ley. 

R.A.:¿Qué está fallando en la seguridad, cómo no tuvo a nivel de calle ninguna traducción el proceso de paz y la violencia sigue en las calles colombianas?

P.H.:¿Pero que es la paz, me pregunto yo? Paz es seguridad, es que los ciudadanos puedan ir tranquilos, que los niños no sean reclutados por los terroristas, que los empresarios puedan desempeñar libremente sus negocios, que no haya extorsión, que los criminales no vuelen los oleoductos, eso es paz. Paz, en definitiva, es seguridad. 

En Colombia hablaron de paz cuando lo que había era un proceso de claudicación del Estado y que  al estar cimentado en la impunidad provoca nuevas violencias en el país. Y es que el principal problema radica que en este proceso no se desestructuró completamente a las FARC y que esta organización mantuvo su principal grueso de fuerza. Luego no se entregaron todas las armas ni los menores que habían sido forzados a servir en las FARC. Tampoco se entregó la información acerca de los secuestrados y los desaparecidos, por no hablar del narcotráfico, que ha seguido su curso por que se dejó de utilizar el glifosato. Así, las FARC aumentaron las hectáreas de cultivos ilícitos de coca.Hoy Colombia tiene el doble de los cultivos de coca que teníamos en el 2010, alimentando así por medios financieros a las bandas criminales. 

Finalmente, se equipararon a nuestras fuerzas militares con los terroristas, desmoralizándolas y neutralizándolas para combatir a los criminales. Hoy que tenemos, entonces, pues las consecuencias de esa política, como la extorsión, que bajo el presidente Santos creció un 270% y también tenemos a un Ejército de Liberación Nacional (ELN), unas FARC y unas Bacrim -bandas criminales- fortalecidas por el narcotráfico y por esa parálisis de las fuerzas de seguridad. Así, claro está, aumentaron todos los delitos y la criminalidad en las calles colombianas, como estamos viendo ahora. Nosotros, bajo el gobierno de Alvaro Uribe, logramos una reducción del 46% en los homicidios, mientras que bajo el gobierno de Santos ha sido sólo del 23%. La mejor política para la paz es la seguridad, tal como se demostró en el gobierno de Uribe en que se lograron reducir casi todos los delitos. La seguridad democrática de nuestro gobierno logró cuotas mayores de seguridad frente a lo poco que se ha logrado con el mal llamado proceso de paz.

REFORMA DE LA JUSTICIA

R.A.: ¿No cree que sin un poder judicial ágil y limpio no se pueden atajar estos problemas relativos a la seguridad”

P.H.:La seguridad está absolutamente ligada a la justicia, desde luego, son un binomio inseparable. Un país donde reina la impunidad tiene que tener altos niveles de inseguridad y delincuencia. En un país como Colombia donde la impunidad reina en el 99% de los delitos, es muy difícil evitar la violencia y la delincuencia porque todos calculan que es lo que ganó y que es lo que pierdo, ya que las posibilidades de ser capturado y judicilizado es del 1%. Ahí tenemos el caldo de cultivo que explica muy gráficamente los niveles de violencia y delincuencia que padece Colombia. 

Entonces, es urgente revisar la justicia en profundidad y el Código Penal porque muchas veces la justicia y nuestra legislación van por detrás de las nuevas realidades que presentan la violencia y la delincuencia. Por ejemplo, los menores son utilizados por bandas criminales para delinquir porque saben que no se les puede encarcelar. Otro caso son los delitos que son excarcelables y donde más reincidentes se dan. Hay casos de delincuentes que cometen  sesenta y setenta veces un mismo delito, algo absolutamente inadmisible, y que por ejemplo no ocurre en los Estados, que tienen otras Leyes. En Colombia, hay gente capturada 60 y 70 veces por delitos extracarcelables y nunca pagan sus condenas. Tenemos que desarrollar penas más duras, aunque más allá de ese cambio tenemos que crear un sistema eficaz de justicia para el país. Hay que reformar la justicia en profundidad para que se dé captura y una pena adecuada, al tiempo que también tenemos que revisar a fondo nuestra sistema carcelario y penintenciario, absolutamente fracasado como se está viendo.

R.A.:¿Estamos pasando de la anarquía al caos con todo lo que está ocurriendo, tal como decía en una de sus columnas el escritor Plinio Apuleyo Mendoza?

P.H.:Cuando hay un deterioro político, institucional  y económico como el que estamos viviendo provocado por la presidencia de Santos, hay que decir que eso es muy grave. El ciudadano percibe que no hay Ley y cunde el mal ejemplo por doquier. Se ha impuesto el ser pillo paga. Santos ha dicho claramente a los colombianos que la impunidad se ha impuesto frente a la justicia. Los grandes criminales están en la calle y haciendo política, como nos ha ocurrido con los terroristas. En Estado de Derecho y donde rigen las Leyes no se concibiría lo que está pasando ahora en Colombia.

CRISIS DE VENEZUELA

R.A.:¿No piensa que el gobierno de Santos fue muy tibio frente a la crisis de Venezuela que ahora se traduce en el drama humanitario que estamos viendo en las fronteras colombianas?

P.H.:Desde hace años como representante he solicitado a la Canciller de Colombia que tomara medidas ante la posibilidad de que ocurriera lo que ahora hasta ocurriendo, que es un éxodo masivo de colombianos hacia Venezuela. Y eso está sucediendo porque el narcorégimen acabaría convirtiendo la vida de millones de venezolanos en una pesadilla. Luego nosotros tenemos 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela y lo lógico y natural es que esos millones de venezolanos huyan por la frontera más cercana, es ley de vida. Otro aspecto es que muchos de esos venezolanos que ahora huyen son de padres colombianos y también hay muchos colombianos que huyen ahora despavoridos de Venezuela ante el deterioro en su calidad de vida. Esta situación se veía venir, como denuncié en su momento, y no se hizo nada para evitarlo. 

Pero hay otro asunto más grave: la complicidad de Juan Manuel Santos con el narcorégimen, en su apuesta por las FARC, llevó a esta crisis de Venezuela a todos los niveles. Hoy el gobierno de Santos es corresponsable de la tragedia del pueblo venezolano. Yo he pedido, junto a otros senadores, que se declare la emergencia humanitaria en la frontera para que las organizaciones internacionales, como ACNUR, se impliquen de una forma activa en esta crisis, trayendo recursos y ayuda humanitaria. Pese a esa petición, el gobierno ha hecho caso omiso. Hoy Colombia tiene una crisis económica y fiscal que la imposibilita de ayudar adecuadamente  a nuestros vecinos venezolanos que están llegando a nuestras fronteras. La terquedad de Santos, por no hablar de su complicidad con el narcorégimen de Maduro, junto con la incapacidad de su Canciller, son los responsables de de la tragedia que están viviendo millones de venezolanos y que, por ende, también afecta a Colombia.

R.A.: Me sorprende que tanto la izquierda como la derecha se muestran muy críticas con la gestión de Santos, ¿usted cree que hay algo positivo que destacar del mandato de Santos?

P.H.:Yo creo que lo único positivo del gobierno de Santos es que ha provocado una crisis tan terrible en todos los órdenes que nos va a llevar a reinventarnos como nación. No creo que haya nada que destacar de un gobierno corrupto que traicionó al pueblo colombiano y que llevó a la figura presidencial a un nivel de indignidad que hoy avergüenza a Colombia. Nos avergüenza por su complicidad con el narcorégimen venezolano y también por su complicidad frente al terrorismo. Luego está su incapacidad para gestionar un país rico que tenía que haber tenido un lugar destacado  en el concierto internacional y que hoy, desgraciadamente, no ocupa porque está en una grave crisis.

EL PROCESAMIENTO DE ALVARO URIBE

R.A.:¿Qué opinión le merece que se reabra el proceso judicial contra Alvaro Uribe?

P.H.:No me sorprende lo que ha ocurrido, más bien me aburre porque cada vez que hay un proceso electoral en Colombia, ante la incapacidad para derrotar a Uribe en las urnas, vienen refritos de acusaciones y especulaciones para tratar de minarle su credibilidad. Sin embargo, afortunadamente los colombianos conocen bien al presidente Uribe y cada ataque le acaba fortaleciendo. Pero qué tristeza que un país que debería estar discutiendo cosas serias, como por ejemplo la reforma de la justicia o de la salud, tenga que perder su tiempo en la pequeña política y en las trampas y en las mentiras propias de una justicia parcializada que, en definitiva, trata de tejer una patraña en torno al presidente Uribe.

R.A.:¿Cuáles son los proyectos personales que llevaría al próximo legislativo?

P.H.: Hay varios. Uno de ellos es llevar adelante, con la certeza de que seremos mayoría, como la Ley de sometimiento a la justicia, que busca la desarticulación de las Bacrim y de sus estructuras criminales, generando un marco jurídico y legal y que permita el sometimiento de las mismas al Estado de Derecho y no al revés. En segundo lugar, voy a radicar por cuarta vez el proyecto para bajar  el salario de los congresistas, de tal forma que también nosotros contribuyamos a ayudar al país en un momento en que está en un trance difícil. Tercero, voy presentar varios proyectos de Ley relativos a la mejora en nuestro sistema de educación superior. Y, finalmente, quiero radicar otro proyecto relativo a la Fuerza Pública, para devolverles a nuestros militares su fuero militar, para devolverles el honor y el necesario lugar que tienen que tener nuestros militares en la sociedad. Los militares tienen que tener esa justicia especial. Esa propuesta se complementaria con una Ley de Defensa Nacional, que es absolutamente necesaria para el país, ya que la necesita. No es normal ni lógico que cada cuatro años lleguen nuevos gobiernos que vienen con lineamientos distintos y varían la que debería ser la orientación nacional en esta materia al margen del color político del gobierno del que esté en el poder. 


Ricardo Angoso , periodista español. Analista de la política internacional
 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Agencias

Estado colombiano es culpable por desaparición de la UP: CIDH

Published

on

EP New York | Latinoamérica

Corte IDH condena a Colombia por exterminio de partido UP

BOGOTÁ — La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó el lunes al Estado colombiano por el “exterminio” del partido político Unión Patriótica, en el que más de 6.000 integrantes fueron víctimas de actos de violencia “sistemática” como desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, asesinatos o torturas a partir de 1984 y por más de dos décadas.

“Esos actos constituyeron una forma de exterminio sistemático contra el partido político UP, sus miembros y militantes, y contaron con la participación de agentes estatales, así como con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades”, indicó la Corte en el resumen oficial de su sentencia.

La Unión Patriótica se constituyó como organización política en 1985 tras un diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que abrió la puerta para que pudieran hacer política legalmente.

Sin embargo, añade la Corte, para contrarrestar el ascenso político de la Unión Patriótica surgió una alianza entre grupos paramilitares, sectores de la política tradicional, empresarios y la fuerza pública que derivó en actos de violencia.

Las FARC sólo dejaron las armas en 2016, tras un acuerdo de paz con el Estado que aún se está implementando en Colombia.

La Corte, con sede en la capital costarricense, concluyó que el Estado colombiano violó los derechos políticos, la libertad de pensamiento y expresión de los integrantes de la Unión Patriótica debido a que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos por pertenecer a dicho partido y expresar sus ideas políticas.

“Este es el día de la justicia para la UP, porque por primera vez un tribunal falla en el sentido en que el exterminio fue ocasionado por el Estado. Es un paso muy grande”, dijo a The Associated Press la senadora de la Unión Patriótica Aída Avella, quien sobrevivió a un atentado con una bazuca en 1996 y vivió en el exilio durante 17 años.

Avella lamentó que muchos de los familiares de los asesinados y desaparecidos murieron antes de ver la sentencia, luego de 29 años de iniciar la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Hay hijos que no resistieron la muerte de sus padres”, aseguró.

El presidente Gustavo Petro —primero de tendencia izquierdista en la historia de Colombia— aseguró en un mensaje de Twitter que su gobierno apoyará la justicia “contra la impunidad” y rechazó “un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio”.

En su sentencia, la Corte identificó que, de las más de 6.000 víctimas directas de la UP, 3.170 correspondieron a casos de ejecuciones extrajudiciales, 1.596 a desplazamientos forzados, 521 a desapariciones forzadas y 285 a víctimas de atentados o tentativas de homicidio. La Corte detalló que al menos siete niñas y cuatro niños fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o sobrevivieron a masacres contra integrantes de la Unión Patriótica.

“El genocidio de Colombia fue supremamente preparado, no había bala perdida, nos mataban y el Estado es el culpable”, señaló Avella. “Nos pusieron escoltas, supuestamente para protegernos, pero nos hacían seguimiento de dónde vivíamos, de nuestras familias. Era solo que pensara distinto para que fuera ‘enemigo interno’ y lo mataban”, agregó.

Pese a la cantidad de delitos y a que se han pronunciado más de 265 sentencias de condena en la justicia colombiana, la Corte determinó que las investigaciones no fueron efectivas y aún hay “altos índices de impunidad” debido a que la mayor parte de la violencia contra los militantes del partido de izquierda no ha sido investigada o los procesos están en etapas tempranas.

Avella considera que la justicia colombiana tiene elementos suficientes para adelantar las investigaciones que por años fueron dilatadas. Anteriores fiscales “habían abierto una sección especial para la UP y con sorpresa encontramos que muchos de los expedientes habían desaparecido en la Fiscalía, tuvimos que volver a llevarlos”, relató la congresista.

Entre las medidas de reparación a las víctimas, la Corte ordenó a Colombia iniciar, reabrir, continuar y concluir “en un plazo razonable” las investigaciones para determinar las responsabilidades penales. Además, buscar a las víctimas de desapariciones y establecer una comisión que se encargue de contrastar la identidad y parentesco de las víctimas.

El Estado también deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP y construir un monumento.

Con inf. de AP/EFE

Continue Reading

Agencias

Enfermeras de Nueva York llegan a preliminar acuerdo tras amenaza de huelga

Published

on

EP New York | New York

Por Gustavo Lugo

Enfermeras en huelga en Nueva York llegan a un acuerdo preliminar
NUEVA YORK — Dos hospitales de la ciudad de Nueva York alcanzaron un acuerdo preliminar de contrato con miles de enfermeras, lo que puso fin a una huelga de esta semana que afectó a la atención médica, según anunciaron responsables el jueves.

Las enfermeras, representadas por la Asociación de Enfermería del Estado de Nueva York (NYSNA, por sus siglas en inglés), iniciaron los paros el lunes de madrugada después de que las negociaciones con los gestores se estancaran en el Hospital Monte Sinaí, en Manhattan, y el Centro Médico Montefiore, en el Bronx. Cada uno tiene mil camas y 3.500 o más enfermeras sindicadas.

El personal de los dos hospitales volverían a trabajar desde el jueves por la mañana, señaló el sindicato.

El sindicato había recalcado que la falta de personal era una de sus principales preocupaciones y señaló que las enfermeras que soportaron el duro apogeo de la pandemia del coronavirus estaban demasiado sobrecargadas porque había demasiadas plazas sin cubrir. Las enfermeras dicen que han tenido que trabajar horas extra, gestionar el doble de pacientes de lo debido y saltarse comidas e incluso recesos para ir al baño.

Los pactos con los dos centros incluyen ratios concretos y vinculantes de personal, según el sindicato. El acuerdo con el Montefiore también incluía lo que la asociación describió como mejoras de salud de la comunidad y acuerdos sobre estudiantes de enfermería para reclutar a enfermeras locales del Bronx.

“Con nuestra unidad y arriesgándolo todo, ganamos ratios de personal seguros vinculantes tanto en el Montefiore como en el Monte Sinaí, donde las enfermeras fueron a la huelga por la atención a los pacientes”, afirmó en un comunicado la presidenta del sindicato, Nancy Hagans. “Hoy podemos regresar al trabajo con la cabeza alta, sabiendo que nuestra victoria supone una atención más segura para nuestros pacientes y más empleos sostenibles para nuestra profesión”.

Los hospitales, de propiedad privada y sin fines de lucro, dijeron que habían tenido que lidiar con una falta generalizada de personal de enfermería que se vio agravada por la pandemia.

“Nuestro equipo de negociación ha trabajado sin parar con la dirección del NYSNA para llegar a un acuerdo”, indicó el Montefiore en un comunicado. “Desde el principio, llegamos a la mesa comprometidos con negociar de buena fe y abordar los problemas que eran prioridades para nuestro personal de enfermería”.

El hospital dijo que se había centrado en garantizar que las enfermeras tenían “el mejor entorno de trabajo posible, con mejoras considerables de salarios y prestaciones” a través del acuerdo con el sindicato.

“Sabemos que esta huelga afectó a todo el mundo -no sólo a nuestras enfermeras- y estábamos comprometidos con alcanzar una resolución lo antes posible para minimizar las interferencias con la atención a los pacientes”, añadió el centro médico.

Otros hospitales privados de la ciudad llegaron a acuerdos con el sindicato conforme se acababa el plazo límite para la huelga. Los acuerdos incluían aumentos salariales que ascendían a un 19% en total durante tres años.

Una publicación en el sitio web del Monte Sinaí indicó que el hospital estaba satisfecho de haber alcanzado un acuerdo preliminar con el sindicato.

“Nuestro acuerdo propuesto es similar a los (alcanzados) entre el NYSNA y otros ocho hospitales de la Ciudad de Nueva York. Es justo y responsable, y pone a los pacientes en primer lugar”, indicó el Sistema de Salud Monte Sinaí.

El Monte Sinaí y el Montefiore dijeron antes de la huelga que habían ofrecido los mismos aumentos.

EFE|AP

 

Continue Reading

Agencias

Bolsonaristas asaltan el Congreso , el Supremo y palacio presidencial en Brasil

Published

on

EP New York | Latinoamérica | Agencias

Brasil busca castigar a los que atacaron edificios oficiales

RÍO DE JANEIRO — Las autoridades brasileñas recogían e investigaban el lunes después de que miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro asaltaran el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial y después causaran destrozos en las principales sedes de poder del país.

Los manifestantes reclamaban una intervención militar que reinstaurase al ultraderechista Bolsonaro en el poder o expulsara al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, recién instalado en el cargo, en escenas de caos y destrucción que recordaban a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

Alborotadores vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera nacional rompieron ventanas, derribaron muebles y arrojaron computadoras e impresoras al suelo. Agujerearon en cinco puntos un enorme cuadro de Emiliano Di Cavalcanti, volcaron la mesa con forma de U donde se reúnen los jueces del Supremo Tribunal Federal, arrancaron la puerta del despacho de un juez y vandalizaron una emblemática estatua ante la corte. Los interiores de los edificios monumentales quedaron en estado de ruina.

En una conferencia de prensa el domingo por la noche, el ministro brasileño de relaciones institucionales dijo que se inspeccionarían los edificios para buscar pruebas como huellas dactilares e imágenes para que la gente rindiera cuentas, y señaló que los alborotadores al parecer pretendían emprender acciones similares en todo el país. El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo que los actos equivalían a terrorismo y amenaza de golpe de Estado y que las autoridades habían empezado a identificar a las personas que pagaron los autobuses que llevaron a los inconformes a la capital.

“No tendrán éxito en destruir la democracia brasileña. Debemos decirlo con rotundidad, con toda la firmeza y convicción”, dijo Dino. “No aceptaremos la senda de la criminalidad para librar batallas políticas en Brasil. A un delincuente se le trata como delincuente”.

Por ahora han sido detenidas 300 personas, según dijo en Twitter la policía civil del distrito federal.

En los meses que siguieron a la derrota electoral de Bolsonaro el 30 de octubre, Brasil estuvo en vilo, receloso de cualquier vía que pudiera seguir el mandatario saliente para aferrarse al poder. Bolsonaro había avivado entre sus seguidores más fieles la creencia de que el sistema de voto electrónico era propenso al fraude, aunque nunca presentó ninguna prueba. Y su hijo, el legislador Eduardo Bolsonaro, celebró varias reuniones con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, Steve Bannon, viejo aliado de Trump, y su destacado asesor de campaña Jason Miller.

Los resultados de las elecciones brasileñas —las más ajustadas en tres décadas— fueron reconocidas con rapidez por políticos de todo el espectro político, incluidos algunos aliados de Bolsonaro, y docenas de gobiernos. Y Bolsonaro sorprendió casi a todo el mundo al desaparecer de la vista. No admitió la derrota ni denunció un fraude, aunque su partido y él solicitaron la anulación de millones de votos, una petición desestimada con prontitud.

Los brasileños utilizan el voto electrónico desde 1996. Expertos de seguridad electoral lo consideran un sistema menos seguro que las boletas marcadas a mano porque no dejan un registro en papel que pueda auditarse. Sin embargo, el sistema brasileño está vigilado de cerca por las autoridades y por observadores internacionales, que nunca han encontrado pruebas de manipulaciones para cometer fraude.

Aun así, seguidores de Bolsonaro rechazaron los resultados. Cortaron carreteras y acamparon ante edificios militares, instando a las fuerzas armadas a intervenir. Las protestas fueron pacíficas en su gran mayoría, aunque las amenazas aisladas de terrorismo —como una bomba hallada en un camión de combustible camino del aeropuerto de Brasilia— aumentaron las preocupaciones de seguridad.

Dos días antes de la investidura de Lula el 1 de enero, Bolsonaro voló a Estados Unidos y se instaló de forma temporal en Orlando. Muchos brasileños expresaron su alivio porque, aunque declinara participar en la transición de poder, su ausencia permitiera que ocurriera sin incidentes. O así era, hasta el domingo.

“El bolsonarismo imita las mismas estrategias que el trumpismo. Nuestro 8 de enero, una manifestación sin precedentes en la política brasileña, está claramente copiado del 6 de enero en el Capitolio”, dijo Paulo Calmon, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Brasilia. “Los tristes episodios de hoy suponen un nuevo intento de desestabilizar la democracia y demuestran que el radicalismo populista y autoritario de la extrema derecha brasileña sigue activo al mando del expresidente Bolsonaro, el ‘Trump de Latinoamérica’”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, describió los disturbios como un “ataque a la democracia y al traspaso pacífico de poder en Brasil” en un tuit, y dijo que estaba deseando seguir trabajando con Lula.

En una conferencia de prensa desde el estado de Sao Paulo, Lula leyó un decreto recién firmado por el gobierno federal para asumir el control de la seguridad en el distrito federal. Los “fanáticos fascistas” y todos los que financiaran sus actividades deben ser castigados, señaló. El mandatario también acusó a Bolsonaro de instarles a la insurrección.

Bolsonaro rechazó la acusación del presidente el domingo por la noche. En un tuit afirmó que la protesta pacífica forma parte de la democracia, pero el vandalismo y la invasión de edificios públicos eran “excepciones a la norma”. No mencionó de forma específica las acciones de los manifestantes en Brasilia.

“Evidentemente, es el mentor intelectual de lo que está ocurriendo, de modo que no puede distanciarse de ello”, dijo Mario Sérgio Lima, analista político en Medley Advisors. “Estos grupos fueron creados por él, por el radicalismo que impuso a la política. Y no hay modo de deshacerlo (…) Parece que su grupo ya ha cruzado el Rubicón”.

A diferencia del ataque de 2021 en Estados Unidos, pocos funcionarios trabajaban en los principales edificios del gobierno en un domingo. Y los videos del suceso mostraban una presencia limitada de la policía militar capitalina. Eso hizo que muchos se preguntaran en Brasil si la policía había ignorado los numerosos signos de alarma, subestimado su capacidad o había sido cómplice de algún modo.

Un video mostraba un grupo de manifestantes que se abría paso a través de una barricada policial tras un escaso forcejeo, y apenas unos pocos agentes empleaban gas lacrimógeno. En otro se veía a agentes parados mientras los manifestantes asaltaban el Congreso, incluido uno que grababa imágenes con su celular.

“Este fue un grave error del gobierno del distrito federal. Era una tragedia anunciada”, dijo Thiago de Aragão, director de estrategia en la consultora política con sede en Brasilia Arko Advice. “Todo el mundo sabía que (los manifestantes) venían a Brasilia. Se esperaba que el gobierno del distrito federal preparase una respuesta para proteger la capital. No hicieron nada de eso”.

En su conferencia de prensa, Lula denunció “incompetencia o mala fe” por parte de la policía y prometió que algunos serían castigados.

El gobernador del distrito federal, Ibaneis Rocha, confirmó en Twitter que había destituido al jefe de seguridad pública de la capital, Anderson Torres. Medios locales informaron que Torres estaba en Orlando de vacaciones y que negaba haberse reunido allí con Bolsonaro.

“Dos años después del 6 de enero, el legado de Trump sigue envenenando nuestro hemisferio”, tuiteó el senador estadounidense Bob Menendez, que preside el comité de relaciones exteriores del Senado, y añadió que culpaba a Bolsonaro de incitar las acciones en Brasilia. “Proteger la democracia y exigir responsabilidades a actores malignos es esencial”.

AP noticias

Continue Reading
Advertisement

Title

Categories

Trending

Copyright © 2020 Enfoque Periodístico. Created by Conectya.

shares