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Blog de Sucesos y Noticias

Centro Democrático: “El muro de contención” contra el Chavismo , Paola Holguín

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“La terquedad de Santos, por no hablar de su complicidad con el narcorégimen de Maduro, junto con la incapacidad de su Canciller, son los responsables de de la tragedia que están viviendo millones de venezolanos y que, por ende, también afecta a Colombia”.

“Yo creo que lo único positivo del gobierno de Santos es que ha provocado una crisis tan terrible en todos los órdenes que nos va a llevar a reinventarnos como nación”.


De haber tenido una hija, el expresidente Alvaro Uribe hubiera querido que hubiera sido como Paola Holguín. Esta mujer de 44 años, ex periodista, experta en Seguridad y Defensa y ahora Senadora de la República, aspira ahora a repetir su mandato en el legislativo colombiano y continuar su carrera en las filas del Centro Democrático que fundara Uribe. Mujer de fuertes convicciones y sin pelos en la lengua, defiende con vehemencia sus ideas y, sin duda, tiene un prometedor futuro, junto a otras mujeres, en la política de Colombia.

La “hija” predilecta de Uribe

ENTREVISTA A PAOLA HOLGUIN

SENADORA DEL CENTRO DEMOCRÁTICO

por Ricardo Angoso

Ricardo Angoso: ¿Cómo va la campaña, cómo reciben al Centro Democrático?

Paola Holguín: Todo va muy bien, la gente nos recibe de maravilla. Yo creo que el Centro Democrático se ha convertido en estas elecciones en el partido de la esperanza. Nos hemos erigido en el partido que es el muro de contención para evitar que algunos conviertan a Colombia en otra Venezuela. Creo que la ciudadanía ha percibido que pese a ser un partido con pocos representantes en las instituciones hemos hecho un gran trabajo de oposición y ha sido una formación propositiva con ideas y propuestas. Tuvimos una bancada de representantes coherente, juiciosa, trabajadora y siempre atenta a nuestro trabajo.Ahora estamos recogiendo nuestros frutos porque la gente es generosa y receptiva hacia nuestro partido por el trabajo bien hecho.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

R.A.:¿Qué se puede hacer frente a la corrupción?

P.H.: Yo creo que lo primero que tenemos que entender es que la corrupción se convirtió en un mal endémico, una suerte de pandemia que no sólo afecta a la clase política, sino que es un círculo vicioso,  ya que muchas veces el político corrupto llega al poder con votos comprados a ciudadanos corruptos y después pacta con empresarios corruptos para ofrecerle sus servicios a cambio de dinero. Entonces, ¿qué creo yo que se debe hacer? Lo primero sería firmar un pacto nacional por la transparencia entre los ciudadanos, el sector público y el sector privado para poner freno a este auténtico flagelo. Segundo, ya que a la sociedad la regula la Ley, la ética y la moral y creo que, en este sentido, es importante que la justicia opere contra la corrupción, pero además sin esos exagerados beneficios de casa por cárcel y que la gente devuelva hasta el último peso robado. Y en tercer lugar, hay que recuperar la ética y los valores en nuestra sociedad, estableciendo una sólida alianza entre estas cosas y la cultura de una ciudadanía que necesita esos valores. 

Hay que volver a esos valores fundamentales porque son los cimientos de la sociedad. El ciudadano tiene también que poder elegir a representantes que no sean corruptos porque uno puede desarrollar las Leyes que quiera pero finalmente al corrupto no le importa que tipo de legislación hay y acaba cometiendo actos ilícitos. La mejor forma de derrotar a la corrupción es eligiendo políticos que sean transparentes y comprometidos con la limpieza de sus actos, enseñando al ciudadano que en este asunto también tiene una responsabilidad y un compromiso con la ética y la transparencia, transmitiendo esos valores al sector privado. La responsabilidad es de todos, políticos y ciudadanos.

ACUERDOS CON LAS FARC

R.A.:¿Cree que los acuerdos de paz con las FARC son revisables, como piden algunos compañeros de su partido, cree que eso se podría explicar a la comunidad internacional?

P.H.: Nosotros no tenemos que explicar nada a la comunidad internacional, en ese sentido, sino que creo que hay que decirle a la comunidad internacional que abandone de una vez por todas su complicidad con una organización terrorista como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Muchos países aplauden determinadas cosas en Colombia que nunca admitirían en su territorio. Por ejemplo, romper el orden constitucional y político y permitir la participación política de los terroristas que han cometido crímenes atroces y de lesa humanidad, son premisas que nunca serían aceptadas en otros países. De la misma forma, se acabó aceptando la impunidad para esos crímenes y aceptando que los terroristas sigan dedicados al narcotráfico. Por tanto, no tenemos nada que explicar a la comunidad internacional, sino que más bien la misma debería hacer un alto en el camino y examinar de cómo fueron cómplices de la entrega de este país a una organización terrorista. ¿Cómo es posible que se nos exijan cosas en Colombia que nunca aceptarían en sus países? Los europeos y los norteamericanos nos enseñaron el valor de la democracia y del Estado de Derecho, habiendo vivido en democracia casi doscientos años. Nosotros hemos sido solidarios con las víctimas del terrorismo de otros países y exigimos lo mismo para Colombia. Nosotros hemos sido abanderados del respeto a la justicia para nuestro país y exigimos a los demás que nos dejen vivir así, bajo el imperio de la Ley. 

R.A.:¿Qué está fallando en la seguridad, cómo no tuvo a nivel de calle ninguna traducción el proceso de paz y la violencia sigue en las calles colombianas?

P.H.:¿Pero que es la paz, me pregunto yo? Paz es seguridad, es que los ciudadanos puedan ir tranquilos, que los niños no sean reclutados por los terroristas, que los empresarios puedan desempeñar libremente sus negocios, que no haya extorsión, que los criminales no vuelen los oleoductos, eso es paz. Paz, en definitiva, es seguridad. 

En Colombia hablaron de paz cuando lo que había era un proceso de claudicación del Estado y que  al estar cimentado en la impunidad provoca nuevas violencias en el país. Y es que el principal problema radica que en este proceso no se desestructuró completamente a las FARC y que esta organización mantuvo su principal grueso de fuerza. Luego no se entregaron todas las armas ni los menores que habían sido forzados a servir en las FARC. Tampoco se entregó la información acerca de los secuestrados y los desaparecidos, por no hablar del narcotráfico, que ha seguido su curso por que se dejó de utilizar el glifosato. Así, las FARC aumentaron las hectáreas de cultivos ilícitos de coca.Hoy Colombia tiene el doble de los cultivos de coca que teníamos en el 2010, alimentando así por medios financieros a las bandas criminales. 

Finalmente, se equipararon a nuestras fuerzas militares con los terroristas, desmoralizándolas y neutralizándolas para combatir a los criminales. Hoy que tenemos, entonces, pues las consecuencias de esa política, como la extorsión, que bajo el presidente Santos creció un 270% y también tenemos a un Ejército de Liberación Nacional (ELN), unas FARC y unas Bacrim -bandas criminales- fortalecidas por el narcotráfico y por esa parálisis de las fuerzas de seguridad. Así, claro está, aumentaron todos los delitos y la criminalidad en las calles colombianas, como estamos viendo ahora. Nosotros, bajo el gobierno de Alvaro Uribe, logramos una reducción del 46% en los homicidios, mientras que bajo el gobierno de Santos ha sido sólo del 23%. La mejor política para la paz es la seguridad, tal como se demostró en el gobierno de Uribe en que se lograron reducir casi todos los delitos. La seguridad democrática de nuestro gobierno logró cuotas mayores de seguridad frente a lo poco que se ha logrado con el mal llamado proceso de paz.

REFORMA DE LA JUSTICIA

R.A.: ¿No cree que sin un poder judicial ágil y limpio no se pueden atajar estos problemas relativos a la seguridad”

P.H.:La seguridad está absolutamente ligada a la justicia, desde luego, son un binomio inseparable. Un país donde reina la impunidad tiene que tener altos niveles de inseguridad y delincuencia. En un país como Colombia donde la impunidad reina en el 99% de los delitos, es muy difícil evitar la violencia y la delincuencia porque todos calculan que es lo que ganó y que es lo que pierdo, ya que las posibilidades de ser capturado y judicilizado es del 1%. Ahí tenemos el caldo de cultivo que explica muy gráficamente los niveles de violencia y delincuencia que padece Colombia. 

Entonces, es urgente revisar la justicia en profundidad y el Código Penal porque muchas veces la justicia y nuestra legislación van por detrás de las nuevas realidades que presentan la violencia y la delincuencia. Por ejemplo, los menores son utilizados por bandas criminales para delinquir porque saben que no se les puede encarcelar. Otro caso son los delitos que son excarcelables y donde más reincidentes se dan. Hay casos de delincuentes que cometen  sesenta y setenta veces un mismo delito, algo absolutamente inadmisible, y que por ejemplo no ocurre en los Estados, que tienen otras Leyes. En Colombia, hay gente capturada 60 y 70 veces por delitos extracarcelables y nunca pagan sus condenas. Tenemos que desarrollar penas más duras, aunque más allá de ese cambio tenemos que crear un sistema eficaz de justicia para el país. Hay que reformar la justicia en profundidad para que se dé captura y una pena adecuada, al tiempo que también tenemos que revisar a fondo nuestra sistema carcelario y penintenciario, absolutamente fracasado como se está viendo.

R.A.:¿Estamos pasando de la anarquía al caos con todo lo que está ocurriendo, tal como decía en una de sus columnas el escritor Plinio Apuleyo Mendoza?

P.H.:Cuando hay un deterioro político, institucional  y económico como el que estamos viviendo provocado por la presidencia de Santos, hay que decir que eso es muy grave. El ciudadano percibe que no hay Ley y cunde el mal ejemplo por doquier. Se ha impuesto el ser pillo paga. Santos ha dicho claramente a los colombianos que la impunidad se ha impuesto frente a la justicia. Los grandes criminales están en la calle y haciendo política, como nos ha ocurrido con los terroristas. En Estado de Derecho y donde rigen las Leyes no se concibiría lo que está pasando ahora en Colombia.

CRISIS DE VENEZUELA

R.A.:¿No piensa que el gobierno de Santos fue muy tibio frente a la crisis de Venezuela que ahora se traduce en el drama humanitario que estamos viendo en las fronteras colombianas?

P.H.:Desde hace años como representante he solicitado a la Canciller de Colombia que tomara medidas ante la posibilidad de que ocurriera lo que ahora hasta ocurriendo, que es un éxodo masivo de colombianos hacia Venezuela. Y eso está sucediendo porque el narcorégimen acabaría convirtiendo la vida de millones de venezolanos en una pesadilla. Luego nosotros tenemos 2.000 kilómetros de frontera con Venezuela y lo lógico y natural es que esos millones de venezolanos huyan por la frontera más cercana, es ley de vida. Otro aspecto es que muchos de esos venezolanos que ahora huyen son de padres colombianos y también hay muchos colombianos que huyen ahora despavoridos de Venezuela ante el deterioro en su calidad de vida. Esta situación se veía venir, como denuncié en su momento, y no se hizo nada para evitarlo. 

Pero hay otro asunto más grave: la complicidad de Juan Manuel Santos con el narcorégimen, en su apuesta por las FARC, llevó a esta crisis de Venezuela a todos los niveles. Hoy el gobierno de Santos es corresponsable de la tragedia del pueblo venezolano. Yo he pedido, junto a otros senadores, que se declare la emergencia humanitaria en la frontera para que las organizaciones internacionales, como ACNUR, se impliquen de una forma activa en esta crisis, trayendo recursos y ayuda humanitaria. Pese a esa petición, el gobierno ha hecho caso omiso. Hoy Colombia tiene una crisis económica y fiscal que la imposibilita de ayudar adecuadamente  a nuestros vecinos venezolanos que están llegando a nuestras fronteras. La terquedad de Santos, por no hablar de su complicidad con el narcorégimen de Maduro, junto con la incapacidad de su Canciller, son los responsables de de la tragedia que están viviendo millones de venezolanos y que, por ende, también afecta a Colombia.

R.A.: Me sorprende que tanto la izquierda como la derecha se muestran muy críticas con la gestión de Santos, ¿usted cree que hay algo positivo que destacar del mandato de Santos?

P.H.:Yo creo que lo único positivo del gobierno de Santos es que ha provocado una crisis tan terrible en todos los órdenes que nos va a llevar a reinventarnos como nación. No creo que haya nada que destacar de un gobierno corrupto que traicionó al pueblo colombiano y que llevó a la figura presidencial a un nivel de indignidad que hoy avergüenza a Colombia. Nos avergüenza por su complicidad con el narcorégimen venezolano y también por su complicidad frente al terrorismo. Luego está su incapacidad para gestionar un país rico que tenía que haber tenido un lugar destacado  en el concierto internacional y que hoy, desgraciadamente, no ocupa porque está en una grave crisis.

EL PROCESAMIENTO DE ALVARO URIBE

R.A.:¿Qué opinión le merece que se reabra el proceso judicial contra Alvaro Uribe?

P.H.:No me sorprende lo que ha ocurrido, más bien me aburre porque cada vez que hay un proceso electoral en Colombia, ante la incapacidad para derrotar a Uribe en las urnas, vienen refritos de acusaciones y especulaciones para tratar de minarle su credibilidad. Sin embargo, afortunadamente los colombianos conocen bien al presidente Uribe y cada ataque le acaba fortaleciendo. Pero qué tristeza que un país que debería estar discutiendo cosas serias, como por ejemplo la reforma de la justicia o de la salud, tenga que perder su tiempo en la pequeña política y en las trampas y en las mentiras propias de una justicia parcializada que, en definitiva, trata de tejer una patraña en torno al presidente Uribe.

R.A.:¿Cuáles son los proyectos personales que llevaría al próximo legislativo?

P.H.: Hay varios. Uno de ellos es llevar adelante, con la certeza de que seremos mayoría, como la Ley de sometimiento a la justicia, que busca la desarticulación de las Bacrim y de sus estructuras criminales, generando un marco jurídico y legal y que permita el sometimiento de las mismas al Estado de Derecho y no al revés. En segundo lugar, voy a radicar por cuarta vez el proyecto para bajar  el salario de los congresistas, de tal forma que también nosotros contribuyamos a ayudar al país en un momento en que está en un trance difícil. Tercero, voy presentar varios proyectos de Ley relativos a la mejora en nuestro sistema de educación superior. Y, finalmente, quiero radicar otro proyecto relativo a la Fuerza Pública, para devolverles a nuestros militares su fuero militar, para devolverles el honor y el necesario lugar que tienen que tener nuestros militares en la sociedad. Los militares tienen que tener esa justicia especial. Esa propuesta se complementaria con una Ley de Defensa Nacional, que es absolutamente necesaria para el país, ya que la necesita. No es normal ni lógico que cada cuatro años lleguen nuevos gobiernos que vienen con lineamientos distintos y varían la que debería ser la orientación nacional en esta materia al margen del color político del gobierno del que esté en el poder. 


Ricardo Angoso , periodista español. Analista de la política internacional
 

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Agencias

Biden renuncia a candidatura presidencial y respalda a Kamala Harris

Francisco

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EP NEW YORK. | ELECCIONES EE.UU. 2024

Joe Biden se retira de la contienda presidencial

El presidente de EE. UU. anunció que no buscaría la reelección. Indicó por escrito que retirarse era “por el bien de mi partido y del país”.

El presidente Joe Biden, de 81 años, abandonó su candidatura a la reelección y sumió en el caos la contienda presidencial de 2024 el domingo, cediendo a la implacable presión de sus aliados más cercanos para que abandonara la carrera en medio de profundas preocupaciones de que es demasiado mayor y frágil para derrotar al expresidente Donald Trump.

Después de tres semanas de negativas, a menudo airadas, a dar un paso al lado, Biden finalmente cedió ante un torrente de encuestas devastadoras, llamados urgentes de legisladores demócratas y señales claras de que los donantes ya no estaban dispuestos a pagar para que continuara.

La decisión de Biden pone un abrupto fin a una crisis política que comenzó cuando el presidente protagonizó un calamitoso debate contra Trump el 27 de junio. Pero para el Partido Demócrata, la retirada de Biden desencadena una segunda crisis: con quién reemplazarlo y, específicamente, si organizarse en torno a la vicepresidenta Kamala Harris o iniciar un rápido esfuerzo para encontrar a alguien más para ser el candidato del partido.

El anuncio de Biden, que se encuentra aislado con covid, se produjo apenas tres días después de que Trump pronunciara un discurso incendiario y cargado de insultos para aceptar la nominación de su partido y tener la oportunidad de volver a la Casa Blanca para un segundo mandato. Trump, que lleva años preparándose para la revancha con Biden, se enfrentará ahora a un contrincante demócrata diferente —y hasta ahora desconocido—, cuando solo quedan 110 días para el día de las elecciones.

Esto es lo que hay que saber:

• Permanencia en el cargo:

Biden ha dicho que no renunciará a la presidencia y que tiene intención de terminar su mandato aunque deje en manos de otros el intento de derrotar a Trump. En los próximos meses, se enfrenta a la guerra en curso en Ucrania y a los esfuerzos cada vez más desesperados por alcanzar un acuerdo para poner fin a los combates entre Israel y Hamás en Gaza.

• Una primicia política:

Ningún presidente estadounidense en ejercicio había abandonado una carrera tan tarde en el ciclo electoral. La Convención Nacional Demócrata, en la que Biden iba a ser nominado formalmente por 3939 delegados, comenzará el 19 de agosto en Chicago. Eso deja menos de un mes para que los demócratas decidan quién debe reemplazar a Biden en la candidatura y poco menos de cuatro meses para que esa persona monte una campaña contra Trump.

• Kamala Harris bajo los reflectores.

La decisión del presidente pone a la vicepresidenta bajo un renovado escrutinio; algunos demócratas argumentan que ella es la única persona que puede desafiar eficazmente a Trump a estas alturas de las elecciones. Y dicen que el partido se fracturará si se considera que los líderes demócratas han pasado por alto a la primera vicepresidenta negra. Pero otros argumentan que el Partido Demócrata debería evitar una coronación, especialmente dadas las debilidades políticas de Harris en los últimos tres años y medio.

• La edad es una de las principales preocupaciones:

El intento de reelección de Biden se vio frenado por la preocupación que suscitaba su edad y su capacidad física y mental para desempeñar el cargo. Incluso antes del debate, las encuestas mostraban constantemente que la gente pensaba que era demasiado viejo, y la mayoría —también de los demócratas— querían que alguien más joven fuera presidente. Biden nació durante la Segunda Guerra Mundial y fue elegido senador por primera vez en 1972, antes de que nacieran dos tercios de los estadounidenses de hoy. Biden tendría 86 años al final de su segundo mandato.

• El momento del debate:

La Casa Blanca y los asesores más cercanos a Biden negaron durante años que su edad tuviera algún impacto en su capacidad para hacer su trabajo. Pero el debate con Trump a finales de junio, que vieron más de 50 millones de personas, puso claramente de manifiesto sus limitaciones. Se mostró frágil, vacilante, confuso y disminuido, y fue incapaz de presentar argumentos contra Trump, un delincuente convicto que intentó anular las últimas elecciones presidenciales.

Agencias / NYT

 

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Articulos Destacados

Trump , convención republicana y deportación masiva

Francisco

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EP NEW YORK  | Convención republicana

¿Trump podría cumplir su promesa de deportar a millones de migrantes?

Donald Trump promete el mayor programa de deportaciones de la historia de Estados Unidos. Los costos y los obstáculos serían enormes, según los expertos.

Cuando Donald Trump se postuló a las elecciones presidenciales de 2016, prometió construir un muro para cerrar la frontera y evitar que los delincuentes entraran en el país. Esta vez su campaña tiene un objetivo nuevo: un programa de deportación masiva sin precedentes en el país.

La plataforma de su partido, ratificada en la convención republicana de Milwaukee, promete el “mayor esfuerzo de deportación de la historia de Estados Unidos”, y la inmigración fue el tema de la reunión del martes.

¿Qué se necesitaría para deportar a millones de personas? ¿Es posible?

¿Cuántos inmigrantes están en el país de manera ilegal?

Había 11 millones de inmigrantes viviendo en Estados Unidos sin permiso legal en 2022, según los últimos cálculos del gobierno, y más de 8 de cada 10 llevan más de una década en el país. Trump dijo durante el debate del mes pasado que había 18 millones, lo que carece de fundamento.

Con el fin de huir de la agitación política y económica, los migrantes de países como Venezuela han cruzado la frontera en cifras récord durante el gobierno de Biden.

¿Quiénes serían los deportados y qué tan fácil sería expulsarlos?

Trump y la plataforma republicana han hecho declaraciones muy generales, pero hasta ahora han ofrecido muy pocos detalles sobre la operación que pretenden realizar.

El expresidente ha sugerido que cualquier inmigrante que carezca de estatus legal podrá ser expulsado.

La plataforma del partido afirma que se daría prioridad a “los criminales más peligrosos”.

También dice: “El Partido Republicano se compromete a enviar a los extranjeros ilegales de vuelta a su casa y a expulsar a quienes hayan violado nuestras leyes”.

El consenso entre los expertos en inmigración y exfuncionarios de seguridad nacional es que los obstáculos logísticos, legales, burocráticos y de costos harían prácticamente imposible realizar las deportaciones masivas que pretende Trump en el lapso de un mandato presidencial de cuatro años.

“Incluso si contara con un Congreso dispuesto a promulgar reformas legislativas drásticas y a asignar las decenas de miles de millones necesarios, no hay forma de que un sistema de este tipo pueda estar plenamente operativo en un plazo de cuatro años”, afirmó John Sandweg, funcionario de seguridad nacional en el gobierno de Barack Obama.

¿Qué otros obstáculos habría?

Los inmigrantes que han vivido durante años en el país tienen protección legal y derecho a un proceso jurídico justo.

En los últimos años, quienes han entrado de manera ilegal en el país han sido procesados en la frontera y luego puestos en libertad con órdenes de comparecer ante la corte para las audiencias de deportación. Mientras sus casos se tramitan en la corte de inmigración, lo que suele tardarse varios años más, tienen derecho a permanecer en Estados Unidos.

“Trump tendría que triplicar el tamaño de las cortes de inmigración para lograr algo que se acerque a los números de los que está hablando”, dijo Sandweg. “Incluso así, necesitaría financiación para construir nuevos juzgados, contratar personal de apoyo y formar a los jueces”.

Varias décadas de escasez de fondos y un gran número de solicitudes de asilo han agravado los retrasos.

“Un individuo debe recibir una orden de deportación; un presidente no podría simplemente ignorar eso”, afirmó Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional durante el gobierno de Obama. “Se necesitaría un cambio en la ley, y el Congreso tendría que ser un socio activo en esto”.

¿Hay suficiente personal, instalaciones, aviones y otros medios de transporte para una operación de deportación?

Durante el gobierno de Trump, hubo unas 936.000 deportaciones, según datos oficiales. Hasta febrero, el gobierno de Biden había expulsado a unas 340.000 personas.

Para identificar y detener a millones de personas en el interior del país se necesitarían decenas de miles de agentes de inmigración más, aseguró Napolitano.

Trump ha dicho que recurriría a la Guardia Nacional y a otros recursos del ejército para ejecutar su plan.

Las fuerzas del orden locales podrían ser delegadas para identificar a las personas sin estatus legal y entregarlas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), lo que ya ha ocurrido en el pasado en algunas localidades.

Pero Chicago, Denver, Los Ángeles y Filadelfia son solo algunas de las ciudades que se niegan a colaborar con el ICE, por temor a que esa cooperación promueva la elaboración de perfiles raciales y lleve a los inmigrantes que han cometido delitos menores, como infracciones de tráfico, a procedimientos de deportación.

“Habrá zonas que no quieran tener nada que ver con esto”, señaló Michael Neifach, experto en seguridad fronteriza que fue asesor jurídico principal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante el gobierno de George W. Bush.

Toda persona que pudiera ser deportada potencialmente es retenida en un centro de detención, y en el actual ejercicio fiscal, el Congreso financió la detención de 41.500 inmigrantes diarios con un costo de 3400 millones de dólares, una cifra que tendría que aumentar exponencialmente.

¿Dónde hay margen para que Trump acelere el ritmo de las expulsiones?

Un nuevo gobierno de Trump podría acelerar las deportaciones poniendo fin a programas que el gobierno de Biden introdujo.

Por ejemplo, desde 2022, a unas 500.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se les ha permitido volar a Estados Unidos y vivir y trabajar durante dos años, siempre que tengan un patrocinador financiero. Biden también ha permitido que casi 700.000 migrantes que pidieron cita en una aplicación móvil puedan cruzar la frontera por un puerto de entrada oficial y recibir permisos de trabajo.

“Trump podría apretar el interruptor y revocarlo”, dijo Neifach. Pero, añadió, muchos de los migrantes podrían presentar solicitudes de asilo y pasar a engrosar las cortes saturadas.

¿Habría alguna excepción entre los deportados?

Trump no ha abordado si ejercería alguna discreción o haría alguna excepción.

Más de un millón de estadounidenses están casados con una persona sin estatus legal, y una gran parte de los inmigrantes tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses.

“Cuando se habla de ese tipo de cifras y de presencia de las fuerzas del orden, a fin de cuentas hay que pensar: ¿qué le hace eso a la atmósfera del país?”, comentó Napolitano, exsecretaria de Seguridad Nacional.

Publicado en NYT

 

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New York y New Jersey celebran desfile de las flores

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS |

Desfile de las flores | New York

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