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Blog de Sucesos y Noticias

Confusa situación electoral en Colombia. Las Farc y descrédito político, entre dudas y certezas

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ENTREVISTA A PLINIO APULEYO MENDOZA

por Ricardo Angoso

@ricardoangoso

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[dropcap]H[/dropcap]ijo del abogado y político Plinio Mendoza Neira, Plinio Apuleyo Mendoza es, a sus 86 años, uno de los grandes escritores y periodistas colombianos de los últimos tiempos.  Ha sido testigo de excepción de los grandes acontecimientos de Europa, donde ha vivido durante décadas en varias capitales, entre ellas París, Roma y Madrid, y de su país, donde incluso llegó a conocer al asesinado caudillo Jorge Eliécer Gaitán el día de su magnicidio.

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El prolífico escritor Apuleyo Mendoza se nos muestra en esta entrevista como un analista avezado y dotado de un gran olfato político. Ha escrito centenares de artículos, es amigo personal de Mario Vargas Llosa y lo fue del fallecido Gabriel García Márquez.También ha sido embajador de su país en Italia y Portugal. Actualmente vive en Bogotá, donde presentó recientemente su última novela: Entre dos aguas.

 


 Plinio A. Mendoza

 “Santos quería convertirse ante la historia en el presidente que logró la paz en Colombia pero acabó convertido en un rehén de las FARC”

 “Fuera del acuerdo de paz, que está plagado de riesgos, el balance de Santos es pésimo”

 “Santos no tiene candidato para las próximas elecciones porque la gente no quiere una prolongación de esta agonía”


Ricardo Angoso:¿Cómo ve el panorama político colombiano, no cree que hay demasiada confusión, qué está pasando?

Plinio Apuleyo Mendoza: Muy inquietante y confusa es la situación porque aparece un fenómeno nuevo que en otras épocas no se había dado, que era desconocido en el país. Y se trata del descrédito absoluto del mundo político y de los políticos en general, al margen de la ideología que tengan. Han surgido muchos escándalos de corrupción que han sido la causa de ese descrédito del que hablo y la gente, el elector raso, está buscando fórmulas distintas para salir de la crisis que vivimos. Esa búsqueda de otras alternativas es provechoso, incluso me atrevería a decir que fructífero, pero al mismo tiempo es peligroso porque nos evoca el caso de Venezuela, un país que yo conocí bien y donde trabajé como periodista.

En Venezuela, no lo olvidemos, llego el descrédito de los dos partidos -el socialdemócrata AD y el demócrata cristiano COPEI- que se turnaban en el poder y esa crisis explica muchas de las cosas que están sucediendo en ese país ahora. La gente cuando había una crisis de gobierno votaba por el partido opositor que era la alternativa a esa situación y las cosas fluían por un acontecer racional hasta que apareció un fenómeno nuevo, que era Hugo Chávez, y comenzó la tragedia actual que estamos todavía viviendo. En medio de ese descrédito de los dos grandes partidos. Chávez atrajo la simpatía de muchos electores y ahí se abrió un camino para Venezuela que, como estamos viendo, es absolutamente desastroso y terrible. No olvidemos que Chávez era outsider y de su discurso antisistema fue capaz de construir una sólida alianza capaz de ganar unas elecciones.

Ahora, en Colombia, vemos una gran inquietud y nadie sabe qué puede ocurrir ante las próximas elecciones. Afortunadamente, he visto algunas buenas noticias como la firma de una gran acuerdo entre los tres candidatos del centro y la derecha -Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez e Iván Duque- para llevar a cabo una consulta el próximo mes de marzo y definir el candidato unitario para las presidenciales. Esos tres candidatos fueron, no lo olvidemos, los que en el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) defendieron el “no” a algo que consideraban era una concesión desmesurada a los terroristas. Ahora los electores decidirán quien será el candidato que defienda esa opción política y, finalmente, se disiparán unas divisiones que creo que no beneficiaban a nadie y menos al centro derecha.


 EL PROCESO DE PAZ

R.A.:¿Le habrá sorprendido mucho todo el proceso de paz en el sentido de la conversión de las FARC en un partido político?

 P.A.M.: No creo que vaya a obtener un gran éxito electoral a tenor de los grandes errores cometidos y las barbaridades perpetradas por las FARC. Yo, desde luego, como creo que la mayoría de los colombianos, nunca votaría por ellos. Pero, dada la geografía de Colombia, con tantas zonas y veredas apartadas, no debemos perder de vista que las FARC están muy presentes en muchas partes del país casi abandonadas. Yo, como periodista, tuve la ocasión de viajar por casi toda Colombia y pude ver con mis propios ojos como en muchas zonas del país los guerrilleros conseguían imponerse a los campesinos por la fuerza de las armas y, además, tenían dinero a través del narcotráfico. Los campesinos participaron de ese proceso, abandonando sus productos naturales de siempre, y cultivando coca, con la que después traficaban las FARC.

R.A.:Ahora parece que el problema ha ido a más, que incluso hay más superficie cultivada que antes de los acuerdos de paz, ¿no cree?

 P.A.M.: Ese es parte del problema y es fruto de las fantásticas concesiones que se le hicieron  a las FARC en los dichosos acuerdos de paz. Se suspendieron las fumigaciones de los campos de coca a petición de las FARC y, desde ese momento ,comenzaron a crecer los cultivos ilícitos. Yo creo que lo único efectivo eran las fumigaciones, que no había otro camino, y ese crecimiento desmesurado sólo se explica por el abandono de las mismas.

R.A.:Usted ha sido muy crítico con respecto a los acuerdos de paz, ¿pero había otra alternativa distinta a la política adoptada por el presidente Santos?

 P.A.M.: Con Uribe se logró atacar duramente a las FARC y su actividad decreció notablemente. El sueño de Uribe era lograr con la guerrilla lo que se había logrado con los paramilitares, que habían abandonado las armas a través de un proceso de negociación. Las FARC habían sido golpeadas duramente y caído muchos de sus líderes. Uribe pensó que Santos, que había sido elegido con sus votos, lograría un acuerdo sobre la base de la fortaleza del gobierno y de sus condiciones. Sin embargo, Santos dio un viraje, que no lo hizo por convicciones políticas, sino por su gran ego. Quería conseguir ante la historia lo que otros presidentes no habían logrado pero acabó simplemente convertido en un rehén de las FARC.

 R.A.: Aparte del proceso de paz, no hubo en estos siete años de Santos grandes avances en el país, ¿qué balance hace de este período?

P.A.M.: La economía ha quedado por los suelos. El gasto público aumentó desmesuradamente. La corrupción llegó hasta los más altos niveles, inundando hasta la justicia, y hay hasta magistrados inculpados. Fuera del acuerdo de paz, que está plagado de riesgos, el balance de Santos es pésimo. Ha sido un fracaso total este gobierno y la gente lo sabe, no es tan tonta. Por ese motivo, la favorabilidad de Santos es muy baja. El oficialismo ni siquiera ha podido colocar un candidato para las presidenciales. Santos no tiene candidato para las próximas elecciones porque la gente no quiere una prolongación de esta agonía. Todo el mundo quiere apartarse de la nefasta herencia de Santos, hasta  el candidato presidencial Vargas Lleras -que fue vicepresidente en este gobierno-  quiere que se le desligue de su paso junto con el presidente.

Otros artículos y entrevistas de Ricardo angoso….

https://enfoqueperiodistico.net/2018/02/11/juan-manuel-santos-el-peor-presidente-de-la-historia-de-colombia/

https://enfoqueperiodistico.net/2018/02/10/de-la-rutina-del-cuartel-a-la-selva-politica/

https://enfoqueperiodistico.net/2017/05/19/por-que-razon-fracasara-colombia-como-estado-a-pesar-de-la-paz/

Agencias

Estado colombiano es culpable por desaparición de la UP: CIDH

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EP New York | Latinoamérica

Corte IDH condena a Colombia por exterminio de partido UP

BOGOTÁ — La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó el lunes al Estado colombiano por el “exterminio” del partido político Unión Patriótica, en el que más de 6.000 integrantes fueron víctimas de actos de violencia “sistemática” como desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, asesinatos o torturas a partir de 1984 y por más de dos décadas.

“Esos actos constituyeron una forma de exterminio sistemático contra el partido político UP, sus miembros y militantes, y contaron con la participación de agentes estatales, así como con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades”, indicó la Corte en el resumen oficial de su sentencia.

La Unión Patriótica se constituyó como organización política en 1985 tras un diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que abrió la puerta para que pudieran hacer política legalmente.

Sin embargo, añade la Corte, para contrarrestar el ascenso político de la Unión Patriótica surgió una alianza entre grupos paramilitares, sectores de la política tradicional, empresarios y la fuerza pública que derivó en actos de violencia.

Las FARC sólo dejaron las armas en 2016, tras un acuerdo de paz con el Estado que aún se está implementando en Colombia.

La Corte, con sede en la capital costarricense, concluyó que el Estado colombiano violó los derechos políticos, la libertad de pensamiento y expresión de los integrantes de la Unión Patriótica debido a que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos por pertenecer a dicho partido y expresar sus ideas políticas.

“Este es el día de la justicia para la UP, porque por primera vez un tribunal falla en el sentido en que el exterminio fue ocasionado por el Estado. Es un paso muy grande”, dijo a The Associated Press la senadora de la Unión Patriótica Aída Avella, quien sobrevivió a un atentado con una bazuca en 1996 y vivió en el exilio durante 17 años.

Avella lamentó que muchos de los familiares de los asesinados y desaparecidos murieron antes de ver la sentencia, luego de 29 años de iniciar la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Hay hijos que no resistieron la muerte de sus padres”, aseguró.

El presidente Gustavo Petro —primero de tendencia izquierdista en la historia de Colombia— aseguró en un mensaje de Twitter que su gobierno apoyará la justicia “contra la impunidad” y rechazó “un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio”.

En su sentencia, la Corte identificó que, de las más de 6.000 víctimas directas de la UP, 3.170 correspondieron a casos de ejecuciones extrajudiciales, 1.596 a desplazamientos forzados, 521 a desapariciones forzadas y 285 a víctimas de atentados o tentativas de homicidio. La Corte detalló que al menos siete niñas y cuatro niños fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o sobrevivieron a masacres contra integrantes de la Unión Patriótica.

“El genocidio de Colombia fue supremamente preparado, no había bala perdida, nos mataban y el Estado es el culpable”, señaló Avella. “Nos pusieron escoltas, supuestamente para protegernos, pero nos hacían seguimiento de dónde vivíamos, de nuestras familias. Era solo que pensara distinto para que fuera ‘enemigo interno’ y lo mataban”, agregó.

Pese a la cantidad de delitos y a que se han pronunciado más de 265 sentencias de condena en la justicia colombiana, la Corte determinó que las investigaciones no fueron efectivas y aún hay “altos índices de impunidad” debido a que la mayor parte de la violencia contra los militantes del partido de izquierda no ha sido investigada o los procesos están en etapas tempranas.

Avella considera que la justicia colombiana tiene elementos suficientes para adelantar las investigaciones que por años fueron dilatadas. Anteriores fiscales “habían abierto una sección especial para la UP y con sorpresa encontramos que muchos de los expedientes habían desaparecido en la Fiscalía, tuvimos que volver a llevarlos”, relató la congresista.

Entre las medidas de reparación a las víctimas, la Corte ordenó a Colombia iniciar, reabrir, continuar y concluir “en un plazo razonable” las investigaciones para determinar las responsabilidades penales. Además, buscar a las víctimas de desapariciones y establecer una comisión que se encargue de contrastar la identidad y parentesco de las víctimas.

El Estado también deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP y construir un monumento.

Con inf. de AP/EFE

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Agencias

Enfermeras de Nueva York llegan a preliminar acuerdo tras amenaza de huelga

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EP New York | New York

Por Gustavo Lugo

Enfermeras en huelga en Nueva York llegan a un acuerdo preliminar
NUEVA YORK — Dos hospitales de la ciudad de Nueva York alcanzaron un acuerdo preliminar de contrato con miles de enfermeras, lo que puso fin a una huelga de esta semana que afectó a la atención médica, según anunciaron responsables el jueves.

Las enfermeras, representadas por la Asociación de Enfermería del Estado de Nueva York (NYSNA, por sus siglas en inglés), iniciaron los paros el lunes de madrugada después de que las negociaciones con los gestores se estancaran en el Hospital Monte Sinaí, en Manhattan, y el Centro Médico Montefiore, en el Bronx. Cada uno tiene mil camas y 3.500 o más enfermeras sindicadas.

El personal de los dos hospitales volverían a trabajar desde el jueves por la mañana, señaló el sindicato.

El sindicato había recalcado que la falta de personal era una de sus principales preocupaciones y señaló que las enfermeras que soportaron el duro apogeo de la pandemia del coronavirus estaban demasiado sobrecargadas porque había demasiadas plazas sin cubrir. Las enfermeras dicen que han tenido que trabajar horas extra, gestionar el doble de pacientes de lo debido y saltarse comidas e incluso recesos para ir al baño.

Los pactos con los dos centros incluyen ratios concretos y vinculantes de personal, según el sindicato. El acuerdo con el Montefiore también incluía lo que la asociación describió como mejoras de salud de la comunidad y acuerdos sobre estudiantes de enfermería para reclutar a enfermeras locales del Bronx.

“Con nuestra unidad y arriesgándolo todo, ganamos ratios de personal seguros vinculantes tanto en el Montefiore como en el Monte Sinaí, donde las enfermeras fueron a la huelga por la atención a los pacientes”, afirmó en un comunicado la presidenta del sindicato, Nancy Hagans. “Hoy podemos regresar al trabajo con la cabeza alta, sabiendo que nuestra victoria supone una atención más segura para nuestros pacientes y más empleos sostenibles para nuestra profesión”.

Los hospitales, de propiedad privada y sin fines de lucro, dijeron que habían tenido que lidiar con una falta generalizada de personal de enfermería que se vio agravada por la pandemia.

“Nuestro equipo de negociación ha trabajado sin parar con la dirección del NYSNA para llegar a un acuerdo”, indicó el Montefiore en un comunicado. “Desde el principio, llegamos a la mesa comprometidos con negociar de buena fe y abordar los problemas que eran prioridades para nuestro personal de enfermería”.

El hospital dijo que se había centrado en garantizar que las enfermeras tenían “el mejor entorno de trabajo posible, con mejoras considerables de salarios y prestaciones” a través del acuerdo con el sindicato.

“Sabemos que esta huelga afectó a todo el mundo -no sólo a nuestras enfermeras- y estábamos comprometidos con alcanzar una resolución lo antes posible para minimizar las interferencias con la atención a los pacientes”, añadió el centro médico.

Otros hospitales privados de la ciudad llegaron a acuerdos con el sindicato conforme se acababa el plazo límite para la huelga. Los acuerdos incluían aumentos salariales que ascendían a un 19% en total durante tres años.

Una publicación en el sitio web del Monte Sinaí indicó que el hospital estaba satisfecho de haber alcanzado un acuerdo preliminar con el sindicato.

“Nuestro acuerdo propuesto es similar a los (alcanzados) entre el NYSNA y otros ocho hospitales de la Ciudad de Nueva York. Es justo y responsable, y pone a los pacientes en primer lugar”, indicó el Sistema de Salud Monte Sinaí.

El Monte Sinaí y el Montefiore dijeron antes de la huelga que habían ofrecido los mismos aumentos.

EFE|AP

 

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Agencias

Bolsonaristas asaltan el Congreso , el Supremo y palacio presidencial en Brasil

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EP New York | Latinoamérica | Agencias

Brasil busca castigar a los que atacaron edificios oficiales

RÍO DE JANEIRO — Las autoridades brasileñas recogían e investigaban el lunes después de que miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro asaltaran el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial y después causaran destrozos en las principales sedes de poder del país.

Los manifestantes reclamaban una intervención militar que reinstaurase al ultraderechista Bolsonaro en el poder o expulsara al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, recién instalado en el cargo, en escenas de caos y destrucción que recordaban a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

Alborotadores vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera nacional rompieron ventanas, derribaron muebles y arrojaron computadoras e impresoras al suelo. Agujerearon en cinco puntos un enorme cuadro de Emiliano Di Cavalcanti, volcaron la mesa con forma de U donde se reúnen los jueces del Supremo Tribunal Federal, arrancaron la puerta del despacho de un juez y vandalizaron una emblemática estatua ante la corte. Los interiores de los edificios monumentales quedaron en estado de ruina.

En una conferencia de prensa el domingo por la noche, el ministro brasileño de relaciones institucionales dijo que se inspeccionarían los edificios para buscar pruebas como huellas dactilares e imágenes para que la gente rindiera cuentas, y señaló que los alborotadores al parecer pretendían emprender acciones similares en todo el país. El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo que los actos equivalían a terrorismo y amenaza de golpe de Estado y que las autoridades habían empezado a identificar a las personas que pagaron los autobuses que llevaron a los inconformes a la capital.

“No tendrán éxito en destruir la democracia brasileña. Debemos decirlo con rotundidad, con toda la firmeza y convicción”, dijo Dino. “No aceptaremos la senda de la criminalidad para librar batallas políticas en Brasil. A un delincuente se le trata como delincuente”.

Por ahora han sido detenidas 300 personas, según dijo en Twitter la policía civil del distrito federal.

En los meses que siguieron a la derrota electoral de Bolsonaro el 30 de octubre, Brasil estuvo en vilo, receloso de cualquier vía que pudiera seguir el mandatario saliente para aferrarse al poder. Bolsonaro había avivado entre sus seguidores más fieles la creencia de que el sistema de voto electrónico era propenso al fraude, aunque nunca presentó ninguna prueba. Y su hijo, el legislador Eduardo Bolsonaro, celebró varias reuniones con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, Steve Bannon, viejo aliado de Trump, y su destacado asesor de campaña Jason Miller.

Los resultados de las elecciones brasileñas —las más ajustadas en tres décadas— fueron reconocidas con rapidez por políticos de todo el espectro político, incluidos algunos aliados de Bolsonaro, y docenas de gobiernos. Y Bolsonaro sorprendió casi a todo el mundo al desaparecer de la vista. No admitió la derrota ni denunció un fraude, aunque su partido y él solicitaron la anulación de millones de votos, una petición desestimada con prontitud.

Los brasileños utilizan el voto electrónico desde 1996. Expertos de seguridad electoral lo consideran un sistema menos seguro que las boletas marcadas a mano porque no dejan un registro en papel que pueda auditarse. Sin embargo, el sistema brasileño está vigilado de cerca por las autoridades y por observadores internacionales, que nunca han encontrado pruebas de manipulaciones para cometer fraude.

Aun así, seguidores de Bolsonaro rechazaron los resultados. Cortaron carreteras y acamparon ante edificios militares, instando a las fuerzas armadas a intervenir. Las protestas fueron pacíficas en su gran mayoría, aunque las amenazas aisladas de terrorismo —como una bomba hallada en un camión de combustible camino del aeropuerto de Brasilia— aumentaron las preocupaciones de seguridad.

Dos días antes de la investidura de Lula el 1 de enero, Bolsonaro voló a Estados Unidos y se instaló de forma temporal en Orlando. Muchos brasileños expresaron su alivio porque, aunque declinara participar en la transición de poder, su ausencia permitiera que ocurriera sin incidentes. O así era, hasta el domingo.

“El bolsonarismo imita las mismas estrategias que el trumpismo. Nuestro 8 de enero, una manifestación sin precedentes en la política brasileña, está claramente copiado del 6 de enero en el Capitolio”, dijo Paulo Calmon, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Brasilia. “Los tristes episodios de hoy suponen un nuevo intento de desestabilizar la democracia y demuestran que el radicalismo populista y autoritario de la extrema derecha brasileña sigue activo al mando del expresidente Bolsonaro, el ‘Trump de Latinoamérica’”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, describió los disturbios como un “ataque a la democracia y al traspaso pacífico de poder en Brasil” en un tuit, y dijo que estaba deseando seguir trabajando con Lula.

En una conferencia de prensa desde el estado de Sao Paulo, Lula leyó un decreto recién firmado por el gobierno federal para asumir el control de la seguridad en el distrito federal. Los “fanáticos fascistas” y todos los que financiaran sus actividades deben ser castigados, señaló. El mandatario también acusó a Bolsonaro de instarles a la insurrección.

Bolsonaro rechazó la acusación del presidente el domingo por la noche. En un tuit afirmó que la protesta pacífica forma parte de la democracia, pero el vandalismo y la invasión de edificios públicos eran “excepciones a la norma”. No mencionó de forma específica las acciones de los manifestantes en Brasilia.

“Evidentemente, es el mentor intelectual de lo que está ocurriendo, de modo que no puede distanciarse de ello”, dijo Mario Sérgio Lima, analista político en Medley Advisors. “Estos grupos fueron creados por él, por el radicalismo que impuso a la política. Y no hay modo de deshacerlo (…) Parece que su grupo ya ha cruzado el Rubicón”.

A diferencia del ataque de 2021 en Estados Unidos, pocos funcionarios trabajaban en los principales edificios del gobierno en un domingo. Y los videos del suceso mostraban una presencia limitada de la policía militar capitalina. Eso hizo que muchos se preguntaran en Brasil si la policía había ignorado los numerosos signos de alarma, subestimado su capacidad o había sido cómplice de algún modo.

Un video mostraba un grupo de manifestantes que se abría paso a través de una barricada policial tras un escaso forcejeo, y apenas unos pocos agentes empleaban gas lacrimógeno. En otro se veía a agentes parados mientras los manifestantes asaltaban el Congreso, incluido uno que grababa imágenes con su celular.

“Este fue un grave error del gobierno del distrito federal. Era una tragedia anunciada”, dijo Thiago de Aragão, director de estrategia en la consultora política con sede en Brasilia Arko Advice. “Todo el mundo sabía que (los manifestantes) venían a Brasilia. Se esperaba que el gobierno del distrito federal preparase una respuesta para proteger la capital. No hicieron nada de eso”.

En su conferencia de prensa, Lula denunció “incompetencia o mala fe” por parte de la policía y prometió que algunos serían castigados.

El gobernador del distrito federal, Ibaneis Rocha, confirmó en Twitter que había destituido al jefe de seguridad pública de la capital, Anderson Torres. Medios locales informaron que Torres estaba en Orlando de vacaciones y que negaba haberse reunido allí con Bolsonaro.

“Dos años después del 6 de enero, el legado de Trump sigue envenenando nuestro hemisferio”, tuiteó el senador estadounidense Bob Menendez, que preside el comité de relaciones exteriores del Senado, y añadió que culpaba a Bolsonaro de incitar las acciones en Brasilia. “Proteger la democracia y exigir responsabilidades a actores malignos es esencial”.

AP noticias

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