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Explosión en Centro de Bogotá deja tres muertos y decena de heridos
Published
8 years agoon
Colprensa /Bogotá
Las víctimas inocentes del atentado terrorista de este sábado en Bogotá fueron las mujeres que se encontraban a esa hora en el baño del segundo piso del centro comercial Andino.
Tres perdieron la vida: Julie Huynh, de 23 años, una francesa que llegó a la ciudad a dictar clases de francés en medio de un trabajo social, a través de una fundación ubicada en un barrio popular del sur de la ciudad.
La información preliminar señala que la joven estaba realizando labores de voluntariado en un colegio de una zona popular al sur de la ciudad. En su página de Facebook, figura que el 8 de junio viajó desde Cuba a Bogotá, así como varias fotos de su labor social.
En su cuenta de Twitter, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, escribió: “Julie Huynh, joven francesa de 23 años muerta en atentado, llevaba 6 meses trabajando como voluntaria en colegio de sector popular”.
Las otras dos víctimas son Ana María Gutiérrez de 27 años y Lady Paola Jaimes de 31, quienes también perdieron la vida como consecuencia de las lesiones sufridas por la bomba que, al parecer, fue instalada detrás de uno de los sanitarios.
Entre tanto, en la noche del sábado el estado de salud de Pilar Molano Villamizar, de 45 años, era delicado puesto que según el reporte médico su salud es “crítica de máxima gravedad”. Lo que se sabe es que sufrió una fractura de fémur con riesgo de perder su pierna.
La noche del sábado la paciente fue intervenida de urgencia por la gravedad de las heridas.
Expertos ortopedistas y un cirujano vascular estuvieron al frente del caso para tratar de salvarle la pierna. Por lo pronto es necesario esperar los resultados de la intervención.
Varios testigos que presenciaron los hechos, rompieron en llanto a ver el sufrimiento de las mujeres con las graves heridas, en especial lo ocurrido a Pilar Molano Villamizar, que generó solidaridad y rechazo con los autores de este hecho.
Al momento de la explosión, las paredes metálicas de los baños se doblaron como hojas de papel debido al poder de la bomba explosiva, lo que afectó también a otras personas que se encontraban en los alrededores.
Por su parte el Secretario de Salud del Distrito, Luis Gonzalo Morales, conmovido con esta acción terrorista, dijo que “este es un atentado miserable contra las mujeres. La manera como vi que quedaron, mutiladas, produce un dolor indescriptible. Se me salieron las lágrimas como si fueran mis propias hijas”.
Hasta la noche del sábado, se esperaba la llegada de más pacientes por traumas acústicos así como por trauma psicológico.
Ataques aislados
Bogotá en los últimos meses ha sido blanco de varios atentados. El 29 de diciembre del año pasado, fue atacado un grupo de policías en el sector de Torca, en el norte de la ciudad. En este hecho perdió la vida un auxiliar de la Policía y otros seis resultaron heridos. El hecho fue atribuido al Eln.
Posteriormente, el 18 de enero, se produjo una explosión en la carrera Séptima con calle 34, que dejó dos heridos.
El pasado 19 de enero, en el céntrico barrio La Macarena, un artefacto explotó junto a un grupo del Esmad. El saldo fue de un muerto y 26 heridos. Se lo atribuyó el Eln.
Luego, el 18 de febrero, estalló un artefacto en un restaurante en el sector de Palermo y una persona resultó herida. Allí mismo, días antes, fue detonado un petardo que provocó heridas a siete personas.
Otras Agencias
La Clínica Country de Bogotá informó que dos pacientes que habían sido trasladadas a sus instalaciones murieron, mientras que el alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa, confirmó el fallecimiento de una tercera.
El centro médico identificó a las víctimas como Ana María Gutiérrez, de 27 años, y Lady Paola Jaimes Ovalle, de 31 años.
Peñalosa, por su parte, informó que la otra víctima fue la francesa Julie Huynh, de 23 años. La joven “llevaba seis meses trabajando como voluntaria en un colegio de sector popular”, escribió en su cuenta de Twitter.
La policía dijo que el explosivo había sido puesto detrás de uno de los inodoros en un baño de mujeres y que los técnicos están verificando qué tipo de artefacto era.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, declaró en la noche desde el lugar del ataque: “Nuestros corazones están con las familias de las victimas, nuestras más sinceras condolencias”.
Santos afirmó que “no hay ahora indicios claros sobre quién pudo haber sido responsable”, y agregó que no quiere hacer especulaciones al respecto.
“Es un acto vil, cruel, cobarde y no vamos a descansar hasta capturar a los responsables”, dijo el presidente.
Peñalosa dijo en Twitter que el incidente había sido un “atentado terrorista cobarde”, al tiempo que la Fiscalía de Colombia anunció que “fiscal antiterrorismo asumió investigación por explosión”.
La policía, asimismo, asignó una unidad especial que investiga el caso.
Las inmediaciones del edificio están acordonadas y en el sitio hay bomberos y ambulancias, señaló Natalio Cosoy, corresponsal de BBC Mundo en Bogotá.
El secretario de Seguridad de la ciudad, Daniel Mejía, le dijo a BBC Mundo que agentes de la policía están verificando el material de video captado por las cámaras instaladas en el centro comercial como parte de la investigación.
El centro comercial Andino está ubicado en una zona turística de la ciudad, rodeada de bares y restaurantes que suelen ser muy concurridos durante el fin de semana, señaló el corresponsal Natalio Cosoy.
“Este sábado en particular era además el día previo al feriado del Día del Padre y el inicio de un fin de semana largo que dura hasta el lunes”, apuntó.
En este sentido, durante sus declaraciones desde el centro comercial, Santos llamó a la unidad a los colombianos y a “no dejarse amilanar”: “No debemos entrar en pánico, porque eso es lo que quieren los terroristas”.
Y agregó: “Celebren normalmente el Día del Padre con sus familias”.
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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS
ELECCIONES ECUADOR
Noboa gana la reelección en un Ecuador sacudido por la violencia En una campaña muy divisiva, el actual presidente prometió orden y Estado de derecho. Su oponente, Luisa González, de inmediato disputó los resultados.
El presidente de Ecuador, quien subió en las encuestas para asegurarse un mandato acortado en 2023, fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales con una ventaja decisiva el domingo en una contienda que mostró la fe de los votantes en sus promesas de abordar la crisis de seguridad con mano férrea.
Daniel Noboa, de 37 años, derrotó a Luisa González, de 47, la elegida del expresidente Rafael Correa.
Ambos candidatos acusaron al otro de cometer infracciones electorales durante la temporada electoral y González, en un discurso desde la sede de su partido, Revolución Ciudadana, dijo que no reconocería los resultados de las elecciones.
“Quiero ser muy clara y enfática: la Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota en las últimas elecciones cuando así lo han demostrado las encuestas, el tracking y las estadísticas”, dijo González. “Hoy, no reconocemos los resultados”.
Noboa celebró su victoria desde la ciudad costera de Olón “Esta jornada ha sido histórica”, dijo. “No queda ninguna duda de quién es el ganador”.
El día antes de las elecciones, Noboa declaró el estado de emergencia en siete estados, la mayoría de ellos bastiones de González, lo que suscitó el temor de que estuviera tratando de reprimir el voto entre los partidarios de González. La medida restringe las actividades sociales y permite a la policía y al ejército entrar en los hogares sin permiso.
Noboa se ha posicionado como un presidente del orden público, pero hasta ahora ha logrado resultados mínimos en la lucha contra la persistente violencia del narcotráfico y el desempleo en el país.
En los últimos cinco años, Ecuador ha experimentado una explosión de violencia vinculada al narcotráfico. Un sistema judicial plagado de hacinamiento en las cárceles, corrupción y falta de financiación se ha convertido en un terreno fértil para las bandas carcelarias aliadas con poderosos cárteles internacionales de la droga.
Agencias
Agencias
En riesgo miles de proyectos en el mundo por cierre de USAID

Published
2 months agoon
March 1, 2025By
FranciscoEP NEW YORK | FLORIDA NEWS
Washington | A partir del miércoles por la tarde, el Departamento de Estado en Washington envió una oleada de correos electrónicos a todo el mundo, los cuales llegaron a las bandejas de entrada de campos de refugiados, clínicas de tuberculosis, proyectos de vacunación contra la polio y miles de otras organizaciones que recibían financiación crucial de Estados Unidos para salvar vidas.
“Se da fin a esta adjudicación por conveniencia e interés del gobierno estadounidense”, comenzaban.
Las escuetas notas ponían fin a la financiación de unos 5800 proyectos que habían sido financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) , lo que indicó que había terminado el tumultuoso periodo en el que el gobierno de Trump dijo que estaba congelando proyectos para someterlos a una aparente revisión, y que se había terminado cualquier débil esperanza de que la ayuda estadounidense pudiera continuar.
Muchos eran proyectos que habían recibido una exención de la congelación porque el Departamento de Estado había identificado previamente su labor como esencial y salvadora de vidas.
“Morirá gente”, dijo Catherine Kyobutungi, directora ejecutiva del Centro Africano de Investigaciones sobre Población y Salud, “pero nunca lo sabremos, porque se han cortado incluso los programas para contar a los muertos”.
Entre los proyectos suprimidos figuran programas de tratamiento del VIH que habían servido a millones de personas, los principales programas de control de la malaria en los países africanos más afectados y los esfuerzos mundiales para erradicar la poliomielitis.
Estos son algunos de los proyectos que The New York Times ha confirmado que se han cancelado:
• Una subvención de 131 millones de dólares al programa de inmunización contra la polio de UNICEF, que pagaba la planificación, la logística y la entrega de vacunas a millones de niños.
• Un contrato de 90 millones de dólares con la empresa Chemonics para mosquiteros, pruebas y tratamientos contra la malaria que habrían protegido a 53 millones de personas.
• Un proyecto en la República Democrática del Congo que explota la única fuente de agua para 250.000 personas en campos de desplazados situados en el centro del violento conflicto al este del país.
• Todos los costos de funcionamiento y el 10 por ciento del presupuesto para medicamentos del Servicio Farmacéutico Mundial, el principal canal de suministro de medicamentos contra la tuberculosis, que el año pasado proporcionó tratamiento contra la tuberculosis a casi tres millones de personas, incluidos 300.000 niños.
• Proyectos de atención y tratamiento del VIH dirigidos por la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, que proporcionaban medicamentos vitales a 350.000 personas en Lesoto, Tanzania y Esuatini, incluidos 10.000 niños y 10.000 mujeres embarazadas que recibían atención para no transmitir el virus a sus bebés al nacer.
• Un proyecto en Uganda para rastrear los contactos de las personas con ébola, llevar a cabo la vigilancia y enterrar a quienes murieron a causa del virus.
• Un contrato para gestionar y distribuir en Kenia suministros médicos por valor de 34 millones de dólares, incluidos 2,5 millones de tratamientos mensuales contra el VIH, 750.000 pruebas del VIH, 500.000 tratamientos contra la malaria, 6,5 millones de pruebas de malaria y 315.000 mosquiteros antipalúdicos.
• Ochenta y siete refugios que atendieron a 33.000 mujeres víctimas de violación y violencia doméstica en Sudáfrica.
• Un proyecto dirigido por FHI 360 que apoyó los esfuerzos de los trabajadores de salud de la comunidad para ir puerta por puerta en busca de niños desnutridos en Yemen. Recientemente descubrió que uno de cada cinco niños tenía un peso críticamente inferior al normal debido a la guerra civil del país.
• Servicios de salud prenatales y postnatales para 3,9 millones de niños y 5,7 millones de mujeres en Nepal.
• Un proyecto dirigido por la organización Helen Keller Intl en seis países de África occidental que el año pasado proporcionó a más de 35 millones de personas medicamentos para prevenir y tratar enfermedades tropicales desatendidas, como el tracoma, la filariasis linfática, la esquistosomiasis y la oncocercosis.
• Un proyecto en Nigeria que proporciona a 5,6 millones de niños y 1,7 millones de mujeres tratamiento para la desnutrición grave y aguda. La interrupción supone que 77 centros de salud han dejado de tratar por completo a los niños con desnutrición aguda grave, lo que pone a 60.000 niños menores de 5 años en riesgo inmediato de muerte.
• Un proyecto en Sudán que gestiona las únicas clínicas de salud operativas en una de las mayores zonas de la región de Kordofán, lo que interrumpe todos los servicios de salud.
• Un proyecto que atiende a más de 144.000 personas en Bangladés y que proporciona alimentos a mujeres embarazadas desnutridas y vitamina A a los niños.
• Un programa dirigido por la agencia de ayuda PATH, denominado REACH Malaria, que protegió de la enfermedad a más de 20 millones de personas en 10 países de África. Proporcionaba medicamentos contra la malaria a los niños al comienzo de la estación de lluvias.
• Un proyecto dirigido por Plan International que proporcionó medicamentos y otros suministros médicos, atención a la salud, tratamiento de programas de desnutrición, así como agua y saneamiento a 115.000 desplazados o afectados por el conflicto del norte de Etiopía.
• Más de 80 millones de dólares para ONUSIDA, la agencia de las Naciones Unidas, que financió trabajos para ayudar a los países a mejorar el tratamiento del VIH, incluida la recopilación de datos y programas de vigilancia de la prestación de servicios.
• El programa de la Iniciativa Presidencial contra la Malaria, denominado Evolve, que se encargó del control de mosquitos en 21 países mediante métodos que incluyen el aerosol de insecticida en el interior de las viviendas (protegiendo a 12,5 millones de personas el año pasado) y el tratamiento de los lugares de reproducción para matar las larvas.
• Un proyecto que proporciona tratamiento contra el VIH y la tuberculosis a 46.000 personas en Uganda, dirigido por la Fundación Infantil del Baylor College of Medicine, Uganda.
• Smart4TB, el principal consorcio de investigación que trabaja en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis.
• Las Encuestas Demográficas y de Salud, un proyecto de recogida de datos en 90 países que fueron fuentes cruciales, y en ocasiones las únicas, de información sobre salud y mortalidad materno-infantil, nutrición, salud reproductiva e infecciones por VIH, entre otros muchos indicadores de salud. El proyecto fue también la base de presupuestos y planificación.
Publicado en N.YT.
Stephanie Nolen es reportera de salud global para el Times.
EP NEW YORK | EE.UU.
No te distraigas. No te agobies. No te paralices ni te dejes arrastrar por el caos que el presidente Trump y sus aliados están creando a propósito con el volumen y la velocidad de las órdenes ejecutivas; el esfuerzo por desmantelar el gobierno federal; los ataques performativos contra los migrantes, las personas trans y el concepto de diversidad; las exigencias de que otros países acepten a los estadounidenses como sus nuevos soberanos y la vertiginosa sensación de que la Casa Blanca podría hacer o decir cualquier cosa en cualquier momento. Todo ello pretende mantener a Estados Unidos en vilo para que el presidente Trump pueda avanzar a toda velocidad en su afán por conseguir el máximo poder ejecutivo, para que nadie pueda detener la agenda osada, mal concebida y a menudo ilegal que impulsa su gobierno. Por favor, no te desconectes.
Hay que seguirle la pista a las acciones de esta presidencia y, cuando traspasen los límites morales o legales, hay que cuestionarlas, con valentía y reflexión, con la confianza de que el sistema de controles y equilibrios de la nación estará a la altura de las circunstancias. Hay motivos de preocupación en ese frente, por supuesto. El Congreso, controlado por los republicanos, hasta ahora ha abdicado de su papel como rama coigualitaria del gobierno, desde permitir que sus leyes y directivas de gasto sean sistemáticamente desechadas hasta consentir temerosamente que el presidente llene su gabinete de personajes leales, erráticos y no cualificados. Gran parte de la sociedad civil —desde la comunidad empresarial hasta las universidades, pasando por una parte de los medios de comunicación corporativos— ha permanecido inquietantemente callada, incluso condescendiente.
Pero también hay signos alentadores. Los tribunales, el control más importante sobre un presidente que pretende ampliar sus poderes legalmente autorizados y eliminar cualquier barrera de protección, han resistido hasta ahora y han bloqueado varias iniciativas de Trump. Los estados también han tomado medidas, pues varios fiscales generales demócratas han iniciado demandas contra los intentos de Trump de congelar la financiación de subvenciones federales y terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y han prometido luchar contra el acceso del equipo de Elon Musk a los sistemas de pago federales que contienen información personal.
Los funcionarios estatales o locales también están defendiendo sus leyes frente a las redadas federales contra la migración y luchando contra la orden ejecutiva de Trump que prohíbe la atención médica de afirmación de género a los niños trans. Y las organizaciones periodísticas de mentalidad independiente han seguido informando de forma excelente sobre la inundación de excesos de estos primeros días, aportando información esencial al público.
Nada de esto quiere decir que Trump no deba tener la oportunidad de gobernar. Setenta y siete millones de estadounidenses votaron para que Trump volviera a la Casa Blanca, y el Partido Republicano, ahora totalmente rehecho al servicio del movimiento MAGA, tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso. Las elecciones, se suele decir, tienen consecuencias. Pero ¿esta revisión inconstitucional del gobierno estadounidense —mucho más amplia, descuidada y cruel que todo aquello por lo que hizo campaña— es realmente lo que los votantes querían? ¿Poner en peligro el sistema estadounidense de controles y equilibrios, sus alianzas y su seguridad nacional? Porque, más allá de las bravatas, eso es lo que Trump, Musk y sus partidarios están haciendo.
Transcurridas tres semanas del segundo mandato de Trump, aquí ofrecemos un puñado de las cosas a las que los estadounidenses no pueden ignorar:
El dominio ejecutivo de Elon Musk.
El problema no es que Musk no haya sido elegido, sino que está infringiendo la ley. Sin ser siquiera un funcionario a tiempo completo, está intentando cerrar o desmantelar unilateralmente agencias y departamentos federales enteros, ignorando los mandatos del Congreso, lo que está prohibido por la Constitución. Él y su equipo están detrás de las ofertas de indemnización anunciadas para millones de funcionarios —incluida toda la plantilla de la CIA— y han forzado de manera efectiva la salida de altos funcionarios a los que no tienen poder para despedir.
Ha emprendido la misión de arrasar los sistemas de pago confidenciales del gobierno con el regocijo de un anarquista, decidiendo por su cuenta qué aspectos del gasto federal son legítimos y sustituyendo cualquier esfuerzo por comprender las funciones gubernamentales que está debilitando por su instintiva adopción de teorías de la conspiración.
Tanto el presidente como Musk parecen disfrutar el hecho de que la mayoría de sus acciones sean evidentemente ilegales, con lo que desafían a los tribunales a intervenir y detenerlas, basándose en la teoría de que, para empezar, esas leyes están equivocadas. Al mismo tiempo, la persona que está dirigiendo este esfuerzo es el hombre más rico del mundo, quien sigue teniendo intereses en sus empresas privadas, que el gobierno federal regula y con las que hace negocios por un valor de miles de millones de dólares. Es un nivel de conflicto de intereses como no hemos visto en la era moderna.
El gobierno contra los funcionarios públicos (también conocidos como los enemigos de Trump). Además del despido de más de una decena de miembros de la fiscalía de Washington que habían trabajado en casos relacionados con los disturbios del 6 de enero de 2021, el gobierno de Trump empezó a recopilar los nombres de miles de miembros del FBI que ayudaron a investigar delitos relacionados con el ataque al Capitolio. Varios funcionarios de alto rango de la agencia ya han sido despedidos.
La medida ofreció un primer atisbo de cómo Trump y su nominado para dirigir el FBI, Kash Patel —quien publicó una lista literal de enemigos de los miembros del “Estado profundo del poder ejecutivo”— podrían utilizar las fuerzas de seguridad federales contra los oponentes políticos del presidente. En lo que quizá sea la advertencia más inquietante a quien se le ocurra cuestionarlo o desafiarlo, Trump despojó a varios de sus antiguos asesores de la protección de seguridad que se consideraba necesaria dadas las amenazas creíbles del gobierno iraní de asesinarlos por acciones que llevaron a cabo bajo su orden directa.
Los desplantes imperiales del presidente y los ataques a nuestros aliados. Trump ha pasado semanas sugiriendo evasivamente que Estados Unidos está a punto de apoderarse ilegalmente de territorios en tres continentes, dejando a su paso diversas olas de consternación. Luego están sus aranceles, planeados desde hace tiempo y aparentemente legales, aunque extremadamente desaconsejados.
Todas las amenazas e insultos le han valido a Trump algunas concesiones a corto plazo, pero es probable que ninguna de ellas fortalezca la economía de Estados Unidos ni le dé al país más seguridad en el escenario mundial. Pisotear alianzas centenarias perjudicará a los países afectados, pero también podría comprometer la seguridad nacional, elevar el precio de productos, alterar el comercio mundial y beneficiar a adversarios como China y Rusia, deseosos de llenar el vacío de unos Estados Unidos cada vez menos confiable.
La salud pública en peligro.
Robert F. Kennedy Jr., quien abiertamente es un escéptico de las vacunas, aún no ha sido confirmado como secretario de Salud y Servicios Humanos de Trump. Pero el gobierno ya está tomando medidas para debilitar y derribar las protecciones de la salud pública y mundial. El jueves, el Times informó que el gobierno planea reducir la plantilla de más de 10.000 estadounidenses de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) a solo unas 300 personas, y cancelar casi 800 adjudicaciones y contratos que la agencia administraba. El presidente —y mucho menos Musk— no puede cerrar una agencia federal sin el voto del Congreso.
Hacerlo también es ilegal de acuerdo a la Constitución. Más de la mitad del gasto de la USAID en 2023 se destinó a programas de salud que buscaban detener la propagación de enfermedades como la poliomielitis, el ébola, la tuberculosis, el VIH/sida y la malaria, o a la ayuda humanitaria para responder a emergencias y contribuir a estabilizar regiones asoladas por la guerra. Si te preocupa prevenir la próxima pandemia o las presiones de la migración mundial, USAID es una inversión que deberías desear que Estados Unidos haga.
El bombardeo del presidente contra los derechos civiles.
Trump ha emitido una avalancha de órdenes ejecutivas y pronunciamientos que hacen retroceder décadas de progreso en materia de derechos civiles y a menudo desafían abiertamente la Constitución. Ha puesto en el punto de mira especialmente a los estadounidenses trans y ha amenazado la financiación federal de las escuelas públicas que no se adhieran a la ideología de derecha sobre cómo se debe hablar sobre la historia y cuestiones raciales.
También, casi a diario, ha encontrado excusas para arremeter contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión e incluso llegó a culpar a la DEI del accidente aéreo del 29 de enero en Washington e insinuando enérgicamente que cualquier controlador aéreo que sea mujer o no sea blanco es inferior y se le ha dado trabajo por razones equivocadas. Y la nueva fiscal general, Pam Bondi, anunció el miércoles que las empresas privadas que decidan mantener sus propias políticas de diversidad e inclusión podrían ser objeto de “investigaciones criminales”.
Estados Unidos se enfrenta a una nueva realidad, y exige sabiduría, resistencia y valentía. Estados Unidos está dirigido por un presidente que parece dispuesto a pasar por encima de cualquier persona, ley, estatuto del Congreso o país que se interponga en su camino. Se deja llevar por los impulsos y no tiene interés por las normas, la historia o la realidad.
La forma en que los estadounidenses y el mundo traten a un presidente así determinará gran parte de los próximos cuatro años, y nos exigirá mucho a todos nosotros. Debemos estar a la altura del momento. Trump ganó las elecciones limpiamente, pero su posición es la de presidente, no la de rey o Dios emperador. Cada vez que el Congreso le permite sobrepasar su función constitucional, fomenta un comportamiento más antidemocrático y debilita la capacidad del poder legislativo para frenar una mayor erosión de las normas y valores que han contribuido a hacer de esta nación la más libre, rica y fuerte del mundo.
Publicado en NYT


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