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Blog de Sucesos y Noticias

Independentismo Catalán: Una “cruzada” nacionalista sin objetivos políticos

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POR QUÉ SE PERDIÓ LA “BATALLA” DE CATALUÑA

Definitivamente, y dejando atrás la pasión política vivida en estos días, se puede decir que el nacionalismo catalán sale seriamente derrotado después de haber librado la batalla política más intensa y virulenta en los cuarenta años de historia democrática española. La apuesta por el independentismo debería haber concitado un mayor consenso en la sociedad catalana y puestos a embarcarse en una “cruzada” de estas características, tal como tenían previamente planeado, deberían haber llamado a una suerte de pacto nacional de mínimos para lograr sus objetivos políticos. 

por Ricardo Angoso

ricky.angoso@gmail.com

No deberían haber perdido de vista que en las últimas elecciones autonómicas en Cataluña el independentismo obtuvo el 47% de votos y que fue en función de una distorsión electoral manifiesta por la que obtuvieron mayoría en el parlamento catalán. Confundir el deseo con la realidad es una pulsión muy loable en poesía, pero resulta realmente patética y grotesca en política. Decía un presidente de Cataluña, Josep Taradellas, que “en política puedes hacer de todo menos el ridículo”. Eso es, precisamente, lo que han hecho aquellos que se embarcaron en una “cruzada” destinada a ser un manifiesto naufragio sin remisión, por mucha ilusión que hubieran puesto en la misma.

 Los nacionalistas catalanes se miraron siempre en el espejo de los procesos independentistas acontecidos en los países bálticos -Estonia, Letonia y Lituania- y en la antigua Yugoslavia para fijar su hoja de ruta, pero no deberían haber perdido de vista que en todos estos casos los porcentajes de apoyo a la independencia -si exceptúamos el caso montenegrino- superó el 90% de los sufragios y concitó un consenso casi unánime en casi todas estas sociedades. La guerra de Bosnia, precisamente, reveló dramáticamente cómo la falta de un consenso entre todas las comunidades convivientes en ese país llevó a una guerra interétnica entre serbios, croatas y bosnios que duró tres años, causó 200.000 muertes, dos millones de refugiados y cuantiosos daños materiales, aparte de un odio que al día de hoy no se ha apagado.

 

A la torpeza política manifiesta de los elementos más radicales que defendían la causa independentista, hay que añadir la titubeante acción de su máximo líder, el presidente Carlos Puigdemont, la  escasa capacidad para atraer fuerzas de los sectores indecisos por su propuesta extremista y marginal y su ceguera por seguir adelante con un proceso que tenía todos los visos desde sus inicios de acabar como, previsiblemente, terminó concluyendo. Actuar sin tener en cuenta el abanico de escenarios en que puede acabar una crisis es una imprudencia política que se paga con el fracaso absoluto, tal como les ha ocurrido a los líderes nacionalistas catalanes.

 Luego la consulta electoral convocadada para el uno de octubre fue una auténtica chapuza, un despropósito manifiesto nunca visto en un país europeo y desarrollado. El referéndum, si es que se le puede llamar así a ese sainete impresentable, adolecía de un censo legal y aceptado por todos, las papeletas no se atenían a la norma legal, algunos electores llegaron a votar varias veces, no hubo una campaña electoral sobre el asunto que se sometía  a la votación y nadie sabía a ciencia cierta donde estaban las mesas electorales para depositar las papeletas. Hubo centenares de irregularidades en todos el proceso, como por ejemplo en el nombramiento absolutamente irregular de los funcionarios elegidos para recibir los votos y controlar las secciones electorales, y también a la hora de ofrecer los resultados, previamente cocinados por quien estaba al frente del proceso y sin las mínimas garantías de ofrecer una mínima legitimidad democrática a la susodicha consulta. Tampoco hubo observadores electorales ni misiones exteriores o nacionales de observación electoral. La credibilidad de la consulta fue nula y nadie en la escena nacional o internacional le dio algún viso de legalidad a la misma. 

 

En esa consulta no se expresó la voluntad de los catalanes, sino más bien lo contrario: fue la expresión de una andanada irreflexiva y burda contra el Estado Español sin pararse a pensar en las secuelas que iban a dejar las torpes acciones llevadas a cabo por los líderes nacionalistas catalanes. Incluso el diario La Vanguardia, cercano al universo separatista, lo señalaba muy adecuadamente en uno de sus editoriales:” La voluntad real de los catalanes sólo se podrá verificar en unas nuevas elecciones –que posiblemente tengan lugar antes de que llegue el próximo verano– o en una consulta acordada con el Estado español de acuerdo con los márgenes que ofrece la Constitución, por ejemplo, su artículo 92. El asalto a la Constitución no es el camino, aunque centenares de miles de personas simpaticen con esa idea. No será fácil salir del actual laberinto. Reiteramos nuestras propuestas: reconocimiento del problema, respeto a la ley, espíritu democrático, serenidad, ánimo constructivo, diálogo y defensa de la convivencia”. Y, desde luego, ese editorial ha sido premonitorio: el presidente de Gobierno español, Mariano Rajoy, que hasta ahora había actuado con tibieza, lentitud y pusilanimindad manifesta, ya ha convocado elecciones autonómicas para Cataluña el próximo 21 de diciembre.

 DURO VARAPALO EN EL EXTERIOR A LA CAUSA CATALANA

Todo el proceso estaba desautorizado internamente, era absolutamente ilegal y no se atenía al ordenamiento constitucional español ni a las Leyes en vigor que también rigen en Cataluña. Si lo que se pretendía era cambiar la Constitución española, nuestra Carta Magna tiene varios procedimientos para hacerlo por vías legales y no provocando una ruptura constitucional ilegal y unilateral. Como señalaba un atinado editorial del diario El País, “violar las leyes, forzar las normas democráticas, romper la convivencia y, sobre todo, pretender privar ilegalmente de su ciudadanía y derechos a millones de catalanes y a sus representantes políticos legítimos dista mucho de constituir un comportamiento cívico y ejemplar”.

Ese comportamiento ha tenido mucho que ver con el nulo reconocimiento internacional que ha tenido la declaración de independencia aprobada en los últimos días en el parlamento catalán con el apoyo de 70 diputados sobre 135 que componen la cámara. La Unión Europea, los Estados Unidos, las Naciones Unidas e incluso Rusia han apoyado sin fisuras al gobierno español. A esos apoyos hay que sumar los de todos los países latinoamericanos a excepción de Venezuela.  

 El autoproclamado “ministro de exteriores” de Cataluña, Raúl Romeva, ha cosechado un notable y rotundo fracaso en la escena internacional, pese a haber gastado millones de euros en viajes, “embajadas”, reuniones, presentaciones y actos protocolarios para tratar de vender la causa separatista en el exterior. Ni un solo reconocimiento internacional han logrado los nacionalistas catalanes. Su soledad en la escena internacional es total y tendrían que haber entendido el mensaje: sin atenerse a la legalidad constitucional española nunca habrá diálogo ni reconocimiento alguno. Ahora habrá que esperar a ver qué ocurre en las próximas elecciones. Una victoria de los indepedentistas sería letal para Madrid, pero pase lo que pase las dos partes deberían haber entendido y sacado a alguna lección de la presente crisis en el sentido de que sin negociaciones no puede haber una salida al actual punto muerto. Las espadas siguen en alto, pero la crisis puede ser reconducida si algunos abandonan las precondiciones previas -no renunciar a la independencia- y otros tienden la mano a aquellos que han salido claramente derrotados.

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Agencias

Corte Suprema de EE.UU. pone fin a TPS para venezolanos

Francisco

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EP NEW YORK | FL NEWS | TPS

El 19 de mayo , la Corte Suprema permitió al gobierno de Donald Trump retirar, por el momento, la protección a casi 350.000 migrantes venezolanos a los que se había permitido permanecer en Estados Unidos sin riesgo de deportación en virtud de un programa conocido como Estatus de Protección Temporal.

La escueta orden de la corte no estaba firmada ni explicaba sus razones, algo habitual cuando los jueces se pronuncian sobre solicitudes de emergencia. No se incluyó el conteo de votos, aunque la jueza Ketanji Brown Jackson señaló que habría denegado la solicitud del gobierno.

Los jueces anunciaron que permitirían que el gobierno de Trump pusiera fin a las protecciones hasta que se apelara el caso, lo que potencialmente podría permitirle continuar con las deportaciones. Sin embargo, los jueces también aclararon que mantendrían la capacidad de los migrantes de presentar recursos legales en algunas instancias, como si el gobierno intentaba cancelar sus permisos de trabajo.

En un caso distinto, los jueces criticaron el viernes al gobierno de Trump por tratar de dar solo un día de notificación a un grupo diferente de migrantes venezolanos en Texas que había estado tratando de deportar con los poderes expansivos de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra del siglo XVIII. La gestión de Trump ha acusado a ese grupo de migrantes de ser miembros de la violenta banda Tren de Aragua.

La orden del lunes afecta a un grupo mucho más amplio de venezolanos que viven actualmente en Estados Unidos de forma legal bajo los términos de un programa de la era Biden.

La corte ha visto inundada con solicitudes derivadas del bombardeo de órdenes ejecutivas del presidente Trump, muchas de ellas buscando suspender o limitar fallos de tribunales que bloquean la agresiva agenda del gobierno, especialmente en materia de migración.

Ahilan Arulanantham, un abogado que representa a los migrantes que desafían al gobierno de Trump, calificó la decisión de la corte de “en verdad terrible”, especialmente porque fue anunciada “en una orden de dos párrafos sin ningún razonamiento”.

“Se trata de la mayor acción individual de privación de la condición de migrante a un grupo de no ciudadanos en la historia moderna de Estados Unidos”, dijo Arulanantham. “El impacto humanitario y económico de la decisión de la corte se sentirá de inmediato, y repercutirá por generaciones”.
<span;>Este caso comenzó en febrero, cuando Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, puso fin a una prórroga de 18 meses del Estatus de Protección Temporal que el gobierno de Joe Biden había concedido a los venezolanos. Las personas afectadas por el cambio presentaron una demanda, alegando que la medida violaba los procedimientos administrativos y estaba motivada por prejuicios raciales.

En marzo, el juez Edward M. Chen, del Tribunal Federal de Distrito de San Francisco, bloqueó los esfuerzos del gobierno por eliminar las protecciones mientras el caso avanzaba. Dijo que los demandantes habían demostrado que tenían probabilidades de éxito al demostrar que las acciones de Noem “no estaban autorizadas por la ley, eran arbitrarias y veleidosas, y estaban motivadas por una animadversión inconstitucional”.

Chen consideró que poner fin a la iniciativa causaría daños irreparables “a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia resultarían gravemente trastornados, costaría a Estados Unidos miles de millones en actividad económica y perjudicaría la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó la petición del gobierno de suspender el fallo de Chen.

El programa de Estatus de Protección Temporal, promulgado por el Congreso y convertido en ley por el presidente George H. W. Bush, permite a los migrantes de naciones que han sufrido desastres nacionales, conflictos armados u otras inestabilidades extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Trump ha intentado poner fin a las protecciones del programa, en un intento de cumplir su promesa electoral de deportar a millones de migrantes. Sus esfuerzos pretendían cancelar las protecciones para casi 350.000 personas a principios de abril, y para cientos de miles más a finales de este año.

En la solicitud de emergencia hecha por el gobierno, D. John Sauer, el procurador general, escribió que la ley por la que se creó el programa prohibía expresamente que los tribunales cuestionaran las decisiones del poder ejecutivo. Una disposición de la ley decía que no había “revisión judicial de ninguna determinación” relativa a “la designación o la terminación o prórroga de una designación de un Estado extranjero”.

Los abogados de los impugnadores respondieron que la ley que creó el programa limitaba estrictamente las terminaciones anticipadas de las protecciones, y añadieron que la acción de Noem no estaba autorizada por la ley. “En ninguna parte de la ley se concede a la secretaria autoridad para anular o rescindir una prórroga”, escribieron.
Añadieron que el planteamiento de Sauer “dejaría a los tribunales federales sin poder para detener incluso acciones flagrante e ilegalmente arbitrarias de las agencias, ya sea para restringir el Estatus de Protección Temporal o para ampliarlo”.

La Corte Suprema ha recibido otras solicitudes de emergencia relacionadas con las políticas migratorias de Trump. En una de ellas, el gobierno pidió a los jueces que le permitieran seguir adelante con un plan para revocar las protecciones contra la deportación de migrantes de cuatro países en crisis, en virtud de un programa conocido como libertad condicional humanitaria.

En otra, la corte ordenó al gobierno que facilitara el regreso de Kilmar Armando Abrego Garcia, quien había sido enviado por error a El Salvador, donde aún permanece.

Agencias

 

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Agencias

humildad y sencillez sobre el privilegio , legados de Mujica destaca la ONU

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS | LATINOAMÉRICA

Guterres recuerda a un Mujica que gobernó con humildad y sencillez sobre el privilegio

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, lamentó este martes la muerte del expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, de quien destacó su forma de gobernar “con humildad, eligiendo la sencillez sobre el privilegio”.

“Será recordado no solo por su firme compromiso con la justicia social, la igualdad y la solidaridad, sino también por la forma profundamente humana en que encarnó esos valores”, aseguró en un comunicado Guterres.

“Gobernó con humildad, eligiendo la sencillez sobre el privilegio, y nos recordó -con sus palabras y su ejemplo- que el poder debe ejercerse con responsabilidad y compasión”, añadió.

Guterres también destacó que como líder latinoamericano, “defendió el diálogo y el multilateralismo, encarnando los valores que están en el corazón de la Carta de las Naciones Unidas y aportando su autoridad moral a la causa de la paz y los derechos humanos”.

Mujica, que presidió Uruguay entre 2010 y 2015, falleció este martes a los 89 años en Montevideo, un año después de que le descubrieran un tumor maligno en el esófago.

EFE

 

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Agencias

Fin del “romance político” de Trump y Musk

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS| EE.UU.

La asociación entre el presidente de Estados Unidos y el hombre más rico del mundo está terminando. Hay un claro perdedor en la ruptura de este romance, y es Elon Musk.

Cayó en desgracia con tanta facilidad como ascendió. Como un Ícaro barato, se arriesgó demasiado, nunca entendió los riesgos y voló demasiado cerca del Sol. Envuelto en el halo de su superestrellato en las redes sociales, se cegó ante la realidad de su situación hasta que fue demasiado tarde.

Musk ya firmó varios contratos federales lucrativos y podría conseguir muchos más, pero abandona Washington con su reputación de genio en todos los frentes —una reputación en la que confiaba para aumentar la cotización de las acciones de su empresa y conseguir inversores para sus ideas ambiciosas— seriamente dañada. En su momento fue comparado con el superhéroe de Marvel Tony Stark, ahora es cada vez más impopular. Muchos de los que solían ser propietarios orgullosos de sus coches eléctricos Tesla los están vendiendo o pegando notas de disculpas en sus parachoques. Las ventas han caído.

Musk no es el primer empresario rico que se traslada a Washington: los millonarios de la >Gilded Age< o Edad Dorada, sombrero de copa en mano, se concentraban en ganar el favor del Senado, donde se hacían las leyes y se determinaban los aranceles. Con la economía en crisis, el >New Deal< y la llegada de una guerra mundial, la Casa Blanca empezó a desempeñar un papel mucho más importante en la dirección de la economía, y los hombres de negocios le prestaron más atención. Decenas de esos millonarios llegaron a la capital; otros se incorporaron al gabinete. Sin embargo, con independencia de cuándo o en qué puesto trabajaran, se regían por las normas de Washington, asumiendo responsabilidades bien definidas y limitadas y, en su mayor parte, permaneciendo fuera de la vista del público.

Musk rompió con esa tradición. Nadie iba a callarlo ni controlarlo. Estaba en la Casa Blanca con su hijo de 4 años a hombros, en el escenario de un mitin de la Conferencia de Acción Política Conservadora para promover su cruzada de reducción de costos con una motosierra. Él y sus ayudantes del Departamento de Eficiencia Gubernamental sembraron el caos en Washington al bloquear los sistemas informáticos de funcionarios, acceder a datos personales de ciudadanos privados e identificar a empleados públicos que consideraban prescindibles.

Al inicio, el presidente Donald Trump pareció respaldar todas las medidas de reducción de costos de su asesor poco ortodoxo y en las redes sociales declaró que él y su gabinete estaban “EXTREMADAMENTE FELICES CON ELON”. Pero entonces Musk violó la regla cardinal de Trumplandia al atreverse a criticar las políticas y los nombramientos del presidente, no solo una o dos veces, sino, notablemente, de manera consistente.

Usó su plataforma X para burlarse de un anuncio de la Casa Blanca según el cual Sam Altman, el directivo de inteligencia artificial más importante y su archienemigo, y otros iban a invertir 100.000 millones de dólares en centros de datos y en generar la electricidad necesaria para alimentar los programas de IA. Musk dijo en una entrevista que el Seguro Social era “el mayor esquema Ponzi de todos los tiempos”, ignorando el hecho de que el presidente se había comprometido a no recortar ese gasto. Incluso discrepó del triunfal anuncio del “Día de la Liberación” de Trump sobre nuevos y radicales aranceles.

Sus ataques y su falta de remordimiento al recortar de manera drástica el gasto federal y despedir a decenas de miles de empleados públicos erosionaron su popularidad. Enfureció a miembros del gabinete al criticarlos en público, desacatar su autoridad y al negarse a reconocer la cadena de mando de la Casa Blanca.

Su reinado llegó a su fin el Día de los Inocentes, cuando los 20 millones de dólares que donó para elegir a un republicano respaldado por Trump para un puesto vacante en la Corte Suprema de Wisconsin resultaron contraproducentes al animar a ir a las urnas a más demócratas que republicanos. Ya no era posible ignorar la realidad de que el hombre más rico del mundo se había convertido en un lastre político. Al día siguiente de la debacle de Wisconsin, Politico informó que el presidente había “comunicado a su círculo íntimo” que Musk “se retiraría en las próximas semanas de su cargo actual”. A mediados de abril, Trump sugirió el cada vez menor aprecio a Musk cuando sustituyó a su elección para comisionado en funciones del IRS por el candidato favorito del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El 22 de abril, Musk anunció que iba a reducir su trabajo en el gobierno para poder dedicar más tiempo a Tesla, que para entonces tenía tantos problemas que surgieron informes de que el consejo estaba considerando sustituirlo como director ejecutivo. (La empresa negó la afirmación). La realidad que golpeó las encuestas de Wisconsin golpeó aún más a su empresa automovilística: las ventas cayeron un 20 por ciento en el primer trimestre de 2025 en comparación con el año anterior; las ganancias cayeron un 70 por ciento. El llamativo y poco práctico Cybertruck que había ensalzado resultó ser un fracaso. Mientras tanto, Tesla está perdiendo con rapidez una parte del mercado frente al fabricante chino BYD y otros fabricantes establecidos de automóviles.

Eso no quiere decir que los demás intereses empresariales de Musk —en particular su empresa de lanzamiento de cohetes, SpaceX, y su unidad de satélites, Starlink— estén siendo afectados. SpaceX está a punto de ganar miles de millones de dólares con contratos gubernamentales. El gobierno de Trump ya ha despejado el camino para que Starlink pueda optar al estímulo gubernamental de 42.000 millones de dólares a la conexión de banda ancha rural e incluso ha animado a otros países deseosos de reducir los aranceles estadounidenses a hacer negocios con Starlink. Pero lo más probable es que tales ayudas se hubieran producido si Musk no se hubiera unido al gobierno de Trump.

La lección que hay que aprender aquí es que en el sistema de gobierno estadounidense no hay lugar para un copresidente no elegido. Aunque las elecciones suelen dar resultados que no esperamos ni deseamos, hace tiempo que demostramos estar mejor con un gobierno compuesto por cargos electos y nombramientos de alto nivel que han pasado por el proceso de confirmación exigido por la Constitución. Musk pensó que podía ser una excepción. Y esa fue su perdición.

Publicado en NYT

 

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