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Latinoamérica

La esperanza es lo último que se pierde pero , ¿aún hay opciones para Venezuela?

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EP New York/opinión

¿NO TIENE ARREGLO VENEZUELA?

El régimen de Nicolás Maduro se apresta a celebrar en diciembre unas elecciones que no serán reconocidas  ni por la comunidad internacional ni por los partidos que conforman la disidencia interna, que se niegan a participar en las mismas por considerarlas fraudulentas. Al tiempo que el régimen exhibe su fortaleza sin atisbos de debilidad, la oposición venezolana está cada vez más dividida y el presidente Juan Guaidó aparece cada vez con menos legitimidad y más aislado, tanto internamente como externamente. El panorama que presenta nuestro país vecino es sombrío, tétrico e incierto.

por Ricardo Angoso

¿Qué busca el régimen de Maduro convocando precipitadamente y, en plena pandemia por el covid-19 que afecta especialmente a Venezuela, unas elecciones legislativas para el 6 de diciembre? Nadie lo sabe a ciencia cierta, esa es la única conclusión que puede extraer de semejante convocatoria, pero por ahora ha conseguido un primer éxito, es decir, dividir a la ya de por sí atomizada oposición democrática en dos mitades y debilitarla políticamente, dejando tras de sí varios liderazgos -débiles- y una muesta de su crónica tendencia a la fragmentación.

Por un lado, se encuentra el ex candidato presidencial Henrique Capriles, quien cree que la oposición democrática debe participar en los próximos comicios, y, en el otro extremo, el autoproclamado presidente Juan Guaidó -reconocido por 60 países, entre ellos la mayor parte de la UE y los Estados Unidos-, claramente contrario a participar en lo que considera una farsa electoral. Guaidó sigue siendo al día de hoy el referente internacional de la contestación al régimen de Maduro, pero no es aceptado por muchos de los líderes opositores en el interior de Venezuela, como el propio Capriles y María Corino Machado. Luego está Leopoldo López, recientemente fugado a España en una huida rocambolesca con tintes novelescos, que apoya a Guiadó y que también se opone a las elecciones de diciembre, por considerarlas una operación de maquillaje del régimen.

Aparte de esta división en el seno de la oposición, que  nunca se mostró unida y con un liderazgo común frente al chavismo, hay que reseñar que la comunidad internacional tampoco se muestra muy dispuesta a mostrar la necesaria contundencia y fortaleza frente a un régimen que no presenta, por ahora, fisuras y que tiene el control absoluto de la situación, sobre porque no se detectan señales de disidencia en el interior del mismo y por la fidelidad de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad.

La UE parece dispuesta a una salida política negociada, aunque haya divisiones en su seno, y no está dispuesta a implicarse seriamente en los asuntos venezolanos; los Estados Unidos, en plena disputa electoral y sin garantías de que su presidente, Donald Trump, salga elegido, no se embarcará ahora ni seguramente después en una cruzada para derribar a Maduro, algo que tampoco hará, casi con certeza, el demócrata Joe Biden de ganar las elecciones; y, finalmente, el régimen venezolano parece gozar de buena salud, a merced del control que todavía ejerce de la empresa petrolera PDVSA que, aunque acabada, arruinada y hundida, sigue dándole el necesario soporte económico para al menos resistir algún tiempo, y del apoyo internacional que le siguen prestando países como Irán, Rusia, China, Turquía y Bielorrusia.

A tenor de estos elementos a favor de Maduro, no parece muy probable que el boicot anunciado a las elecciones legislativas por el grupo de la oposición democrática que lidera Guaidó vaya a constituir una amenaza real para el ejecutivo que dirige y tampoco que la presión internacional dé algún resultado, máxime cuando el mundo entero está inmerso en enfrentar la crisis de la pandemia provocada por el covid-19 y la opinión pública internacional está enfrascada en esta grave emergencia sanitaria, que consume todos los recursos políticos, económicos y diplomáticos.

PREVISIONES NADA OPTIMISTAS CON RESPECTO AL FUTURO DE VENEZUELA

Es casi más que seguro que el régimen de Maduro sobreviva este año sin grandes problemas e incluso que celebre sus próximas elecciones legislativas en diciembre, a pesar de no haber garantías de que las mismas se desarrollen con unas mínimas garantías democráticas y conforme a unos procedimientos legales que permitan la libre competencia de todas las opciones políticas.

Sobrevivirá a pesar de que un reciente informe de una Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela asegurara que “encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad”, acusando directamente a sus más altos dirigentes de estar detrás de estos crímenes perpetrados en el país en los últimos seis años.

Además, relataba el informe, “que tanto el presidente Nicolás Maduro como los ministros de Interior y Defensa estaban al tanto” y que “dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”, y solicitaba, en un acto seguramente inútil, que el Estado venezolano debe exigir cuentas a las personas responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas e impedir que se produzcan nuevos actos.

Venezuela, más concretamente el régimen de Maduro, ha negado estas acusaciones y, en su reciente discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente venezolano ha considerado a los Estados Unidos y a sus aliados de ser los responsables de la crisis de Venezuela, a la que someten, según él, a un injusto bloqueo sin asumir críticas ni errores después de veinte años de constatado fracaso y naufragio de la revolución bolivariana.

A pesar de que la situación en el país es cada día que pasa más difícil, con cortes de agua y luz constantes, escasez de alimentos, medicinas y combustible y una inseguridad alarmante que provoca algo más de 30.000 homicidios al año, el régimen de Maduro sigue su viaje hacia ninguna parte y sin visos de que vaya haber enmienda; nada induce a pensar que se vayan a producir cambios en la errática dirección del gobierno y una transición hacia la democracia en el escenario próximo tampoco se vislumbra. Fruto de este caótico y casi posbélico estado de cosas, más de cinco millones de venezolanos, sobre los treinta y dos millones del último censo, han huido de Venezuela y, seguramente, en los próximos meses lo harán otros cientos de miles, dadas las adversas circunstancias y la ausencia de perspectivas de un futuro mejor para Venezuela.

Así las cosas, ¿hacia dónde puede evolucionar Venezuela en los próximos meses? No esperemos muchos cambios ni antes ni después de las elecciones, el régimen es experto en amañar comicios  y la separación de poderes es inexistente en la nación desde hace lustros, motivo por el cual el legislativo que salga de las urnas tampoco tendrá un gran margen de maniobra y capacidad para cambiar nada. Aparte de la dinámica interna, cada vez más favorable al régimen a merced de una represión despiadada y brutal por por parte las fuerzas de seguridad de Maduro, la comunidad internacional tampoco hará nada para intentar paliar la desgraciada suerte del pueblo venezolano, bien sea por inacción, como es el caso de la UE, o por escaso interés en el tema, tal como le ocurre a los Estados Unidos, y las cosas no cambiarán en el corto plazo. Lejos de estar ad portas de un proceso de transición hacia la democracia, tal como sugerían los acontecimientos de hace algo más de un año cuando Guaidó se autoproclamó presidente, el camino hacia la libertad parece largo y plagado de más incertidumbres que de certezas. La primavera de Caracas todavía no ha llegado, ni se la espera.
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RICARDO ANGOSO GARCÍA
Coordinador del Foro Ideas para la Democracia:

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Agencias

Pedro Castillo proclamado oficialmente presidente de Perú

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EP New York/agencias

LIMA — Pedro Castillo, profesor izquierdista de una escuela rural, ganó el lunes la presidencia de Perú tras el más prolongado conteo electoral en 40 años y por apenas 44.000 votos sobre la derechista Keiko Fujimori, quien recibió el apoyo de los empresarios y los medios de comunicación.

Las autoridades electorales proclamaron su triunfo un mes y medio después de los comicios del 6 de junio, luego de que se desecharan las acusaciones de fraude impulsadas por Fujimori. Tras el conteo del 100% de los sufragios, Castillo se ubicó primero con 50.126%, por encima de Fujimori, quien obtuvo 49.874%. El presidente electo asumirá el puesto el 28 de julio, en que se celebra el Bicentenario de Perú.

“Ha llegado el momento de llamar a todos los sectores de la sociedad para construir unidos, en este Bicentenario, un Perú inclusivo, un Perú justo, un Perú Libre. Sin discriminación y por los derechos y todos y todas”, dijo Castillo en su cuenta de Twitter.

Dirigió también su convocatoria a “los pueblos afro, costeños, andinos y amazónicos, a la clase trabajadora y sus gremios, a las comunidades nativas, campesinas y a toda la sociedad para hacer de esta patria hermosa. Hoy, hermanas y hermanos, inicia una nueva etapa en nuestra historia”.

Empuñando un lápiz del tamaño de un bastón, símbolo de su partido marxista Perú Libre, popularizó una frase atractiva —“no más pobres en un país rico”— entre los empobrecidos del país con la mayor tasa global de mortalidad per cápita por coronavirus y segundo productor mundial de cobre.

Castillo promete usar los ingresos de la minería y los hidrocarburos para mejorar los servicios públicos, entre ellos la salud y la educación, luego de que la pandemia puso al descubierto su pésima calidad y dejó en la pobreza a unas 10 millones de personas, casi la tercera parte de los habitantes del país, haciendo retroceder los avances de una década.

“Los que no tienen carro al menos una bicicleta deben llegar a tener”, dijo Castillo, de 51 años, a The Associated Press a mediados de abril en su casa de adobe en Anguía, el tercer distrito más pobre de Perú, en una de las escasas entrevistas otorgadas a medios internacionales.

Desde mayo moderó sus primeras propuestas sobre nacionalizar multinacionales mineras y de gas natural. Su asesor económico, Pedro Francke, afirmó en julio que evalúan subir los impuestos a las ganancias debido a los altos precios del cobre, que superan los 10.000 dólares la tonelada.

Los historiadores dicen que es el primer campesino que llega a la presidencia en 200 años de independencia en un país que fue colonia de España de 1542 a 1821 y donde hasta ahora los indígenas reciben casi siempre lo peor de los deficientes servicios públicos, a pesar de que la nación se jactó de ser la estrella económica de América Latina en las primeras dos décadas del siglo XXI.

“No existen casos de una persona desvinculada con las élites profesionales, militares o económicas que llegue a la presidencia”, dijo Cecilia Méndez, historiadora peruana especializada en el papel del campesinado y profesora de la Universidad de California-Santa Bárbara, en declaraciones a Ideeleradio.

Castillo ganó con los empresarios en contra. Roque Benavides, empresario minero, dijo a la televisora Latina que los mensajes del presidente electo han sido erráticos, “un día diciendo una cosa y otro día otra cosa”. El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, declaró que el presidente electo “representa la desaparición de la democracia y la libertad en el Perú”.

Militares jubilados enviaron una carta al jefe de las Fuerzas Armadas pidiéndole no respetar el triunfo del izquierdista, y Fujimori dijo horas antes que aceptará la victoria de Castillo, pero que es “ilegítima” porque ganó con “fraude”. No pudo probar dicha acusación, pero ésta frenó la designación luego que Fujimori pidiera anular miles de votos favorables al profesor, sobre todo en comunidades indígenas y pobres de los Andes que sufragaron de forma abrumadora por él.

“Invoco… a la señora Fujimori a que no pongamos… más obstáculos para sacar adelante al país”, le pidió Castillo poco después de ser declarado presidente electo frente a cientos de seguidores en su sede de campaña en el centro de Lima.

Estados Unidos, la Unión Europea y 14 misiones electorales determinaron que las elecciones fueron limpias. Washington consideró a los comicios un “modelo de democracia” para la región.

Steven Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard, dijo a radio Exitosa que Castillo llega “muy débil” y en algún sentido es “muy parecido” a Salvador Allende cuando accedió al poder en Chile en 1970, así como a Joao Goulart, quien llegó a la presidencia de Brasil en 1961. “Tiene casi todo el establishment de Lima en su contra”, indicó el experto en política latinoamericana.

Levitsky añadió que, si Castillo intenta cambiar la Constitución de Perú –promulgada en 1993 por el encarcelado expresidente Alberto Fujimori, padre de Keiko Fujimori, y defendida por empresarios y políticos de derecha– “sin construir un consenso, (sin) alianzas con partidos de centro, sería muy peligroso porque sería una justificación para un golpe” de Estado.

Castillo reafirmó el sábado que su gestión impulsará un cambio en la Constitución para “terminar con la histórica discriminación que sufren nuestros pueblos andinos, amazónicos, afrodescendientes y nuestras poblaciones vulnerables a la violencia machista, clasista y racista”.

Según los expertos, a Castillo no le será fácil lograr reescribir la Constitución porque necesitaría un fuerte respaldo en el Congreso unicameral, pero no cuenta con los votos suficientes para abrir la primera llave, la cual consiste en modificar un artículo de la actual carta magna para incluir que ésta puede ser cambiada mediante una Asamblea Constituyente.

Cientos de peruanos de diversas regiones acamparon desde hace más de un mes frente al Tribunal Electoral en Lima para esperar la proclamación de Castillo. Muchos vienen con su propio dinero y no pertenecen al partido del profesor, pero confían en él porque “no será como los otros políticos que no han cumplido sus promesas y no defienden a los pobres”, dijo Maruja Inquilla, activista ambiental que llegó desde un pueblo cercano al Titicaca, el lago mítico de los incas.

El presidente electo trabajó los últimos 25 años como maestro de primaria en su natal San Luis de Puña, una remota aldea de Cajamarca, región norteña donde en 1533 el último líder inca, Atahualpa, ofreció a cambio de su libertad dos cuartos repletos de plata y uno de oro a sus secuestradores españoles, que incumplieron el pacto y lo asesinaron.

“Cajamarca es el lugar donde se ha pagado el precio más caro por la libertad”, reflexionó Castillo en abril mientras recogía camotes de su huerta. Usaba sandalias de caucho y sombrero de ala ancha, como los campesinos de su comunidad donde el 40% de los niños padecen desnutrición crónica y más de la mitad apenas tiene educación primaria.

A diferencia de otros sindicalistas que antes de llegar a la presidencia fueron diputados, como Evo Morales en Bolivia o Luiz Inácio Lula da Silva, que se postuló tres veces antes de gobernar Brasil, Castillo alcanzó el máximo cargo en su primera apuesta, sin haber ejercido cargos públicos.

En 2017 lideró la mayor huelga de maestros en 30 años en busca de mejores sueldos y, aunque no logró mejoras sustanciales, se sentó a conversar con ministros, legisladores y burócratas. Así empezó a entender el mecanismo interno de las negociaciones con el poder.

En 20 años los peruanos fueron testigos que la experiencia previa o los títulos universitarios de sus cinco expresidentes no sirvieron para luchar contra la corrupción, el problema nacional que más preocupa después del coronavirus, según los sondeos. Todos los exmandatarios están siendo investigados por la fiscalía por posibles coimas ligadas a obras de infraestructura de la constructora Odebrecht u otras empresas.

Castillo recordó que el primer giro de su vida ocurrió una noche siendo niño, cuando su maestro persuadió a su padre para que le permitiera acabar su educación primaria en una escuela a dos horas de casa. Ambos adultos masticaban hojas de coca, costumbre andina para disminuir el cansancio.

“Pedro debe seguir estudiando”, declaró el maestro, según el presidente electo.

“Ha sufrido mucho en su niñez”, dijo después su esposa, la profesora Lilia Paredes, de 48 años, mientras lavaba los platos y las ollas en su casa junto a sus hijos Arnold, de 16 años y Alondra, de 9. A diferencia de los hijos de los presidentes de los últimos 40 años, que han estudiado en colegios privados y costosos, los hijos de Castillo asisten a la escuela pública.

Se acostumbró a largas caminatas. Llegaba al aula de clases “con mis llanques” (sandalias campesinas), con una alforja de lana en el hombro, un cuaderno y un almuerzo consistente en camotes o tamales que se enfriaban con las horas, dijo de sí mismo Castillo. “Era el alumno que venía de lejos”, recordó.

Agregó que su vida quedó marcada por el trabajo que realizó de niño junto a sus ocho hermanos, pero también por el recuerdo del trato de siervos sin tierra que recibieron sus padres analfabetos que vivían en los dominios del hacendado Juan Herrera en San Luis de Puña. Lloró cuando recordó que, si no pagaban el arriendo, el hacendado se quedaba con las mejores cosechas.

“Te quedabas mirando lo que habías sembrado, te agarrabas el estómago, y eso no lo voy a olvidar. Tampoco lo voy a perdonar”, dijo.

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Agencias

Cuba en tensa calma tras masivas protestas

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EP New York/ Agencias

WASHINGTON,  – Miles de personas de todas las extracciones y capas sociales, revolucionarios y opositores, salieron a las calles en más de 25 ciudades cubanas, acusando al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel de hacer poco y nada contra la endémica crisis económica que está poniendo de rodillas a toda la población.

Con eslóganes como “Abajo la dictadura”, “Basta de morir de hambre” y “Libertad”, hacía 30 años que en Cuba no se veían manifestaciones tan imponentes contra el régimen comunista.

Una protesta nacida al ritmo de las redes sociales, con el hashtag #SOSCuba convertido en el símbolo de la revuelta, con enfrentamientos, cientos de arrestos y un ingente despliegue de las fuerzas del orden, incluyendo los hombres de las fuerzas especiales.

Las autoridades cubanas, repitiendo un guion que es el mismo desde hace décadas, atribuyen las culpas de toda dificultad al embargo económico y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace décadas, desde los tiempos de la revolución de Fidel Castro.

Pero el golpe de gracia para los cubanos llegó de la pandemia, con el turismo -fuente de ingresos principal del país- reducido al mínimo o a cero, y un ejército de desocupados que crece cada día más.

La imagen símbolo de las dificultades de la población de la isla es la de las larguísimas e interminables colas que muchísimas personas deben hacer cada día para conseguir bienes de primera necesidad como alimento, agua, medicinas, papel higiénico.

Una situación insostenible que hizo estallar la rabia y que corre el riesgo de transformarse también en una nueva crisis internacional, alimentando las tensiones sobre el eje entre Washington y Moscú, y poniendo en riesgo las relaciones entre Estados Unidos y gran parte del mundo latinoamericano.

“Estados Unidos tienen todo el interés en provocar desórdenes sociales”, acusó Díaz-Canel, el primer gobernante de la isla, desde los tiempos de la revolución, que no pertenece a la familia Castro.

Díaz-Canel sucedió hace tres años a Raúl Castro, hermano menor de Fidel, que llegó a estrechar la mano de Barack Obama, despertando esperanza por primera vez en más de 60 años en una posibilidad de “deshielo”.

Esperanzas luego heladas por la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
Ahora, con Joe Biden que hasta ahora no dio paso alguno hacia La Habana, los tonos vuelven a ser los de la Guerra Fría: no somos una dictadura -dijo el presidente cubano- y detrás de todo esto está solo el sueño de poner fin a la revolución cubana.

Pero no permitiremos a nadie manipular nuestra situación, ni admitiremos que cualquier mercenario vendido a Estados Unidos provoque una desestabilización en Cuba.

Rápida la respuesta de Biden, que advirtió al gobierno de La Habana sobre la represión de las protestas con la fuerza y la violencia, invitándolo a escuchar a su pueblo.

“Un pueblo -dijo- que está pidiendo valerosamente el reconocimiento de derechos fundamentales y universales después de décadas de represión y de sufrimientos económicos debidos a un régimen autoritario”.

“Derechos -recargó las tintas Jack Sullivan, consejero de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional- que deben ser respetados y que comprenden el de protestar pacíficamente y determinar libremente su futuro”.

La Casa Blanca no tiene ninguna autoridad política y moral para hablar de Cuba, replicó el ministro de Exteriores cubano Bruno Rodríguez.

Mientras tanto, una advertencia a Estados Unidos llegó también desde Rusia, aliada histórica de Cuba: “Consideramos inaceptable que haya una interferencia externa en los asuntos internos de un Estado soberano, o cualquier acción destructiva que aliente la desestabilización de la situación en la isla”, dijo la vocera del ministerio de Exteriores, Maria Zakharova.

Y hubo una advertencia a Estados Unidos también de parte de los vecinos mexicanos, cuyo presidente Manuel López Obrador puso en guardia sobre eventuales injerencias y tentaciones de intervención. (ANSA).

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EP New York/reportajes

Por:Gioconda Belli

¿Vendrán por mí? ¿Qué se sentirá ser encarcelada por la misma gente con la que peleé hombro a hombro para derrocar la dictadura de 45 años de los Somoza en Nicaragua, mi país?

En 1970, me uní a la resistencia urbana clandestina del Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocido como FSLN. Tenía 20 años. La larga y sangrienta lucha para librarnos de Anastasio Somoza Debayle ahora es un recuerdo que produce un orgullo agridulce. Alguna vez fui parte de una generación joven y valiente dispuesta a morir por la libertad. De los diez compañeros que estaban en mi célula clandestina, tan solo sobrevivimos dos. El 20 de julio de 1979, tres días después de que Somoza fue expulsado gracias a una insurrección popular, entré caminando a su búnker en una colina desde donde se veía Managua, llena del sentimiento de haber logrado lo imposible.

Ninguna de esas ilusiones sobrevive el día de hoy. En retrospectiva, para mí está claro que Nicaragua también pagó un costo demasiado alto por esa revolución. Sus jóvenes líderes se enamoraron demasiado de sí mismos; pensaron que podíamos superar todos los obstáculos y crear una utopía socialista.

Miles murieron para derrocar a Anastasio Somoza y muchos más perdieron la vida en la guerra de los contras que le siguió. Ahora, el hombre que alguna vez fue elegido para representar nuestra esperanza de cambio, Daniel Ortega, se ha convertido en otro tirano. Junto con su excéntrica esposa, Rosario Murillo, gobiernan Nicaragua con puño de hierro.

Ahora que las elecciones de noviembre se acercan cada vez más, la pareja parece poseída por el miedo de perder el poder. Atacan y encarcelan a quien consideren un obstáculo para ellos. En las últimas semanas, encarcelaron a seis candidatos presidenciales y arrestaron a muchas personas más, entre ellas a figuras revolucionarias prominentes que alguna vez fueron sus aliadas. El mes pasado, incluso fueron tras mi hermano. Para evitar ser capturado, huyó de Nicaragua. No estaba paranoico: tan solo unos días más tarde, el 17 de junio, más de una veintena de policías armados hicieron una redada en su casa; lo estaban buscando. Su esposa estaba sola. Buscaron en cada rincón y se fueron después de cinco horas.

La noche siguiente varios hombres enmascarados y armados con cuchillos y un rifle entraron a robar a su casa. Se escuchó a uno de ellos decir que era un “segundo operativo”. Otro amenazó con matar a su esposa y violar a mi sobrina, que había llegado para pasar la noche con su madre. Ortega y Murillo parecen estar usando la forma más cruda de terror para intimidar a sus opositores políticos.

En lo personal, nunca admiré a Ortega. A mí siempre me pareció un hombre mediocre e hipócrita, pero su experiencia en la calle le permitió aventajar a muchos de sus compañeros.

En 1979, fue la cabeza del primer gobierno sandinista y el presidente de 1984 a 1990. La derrota frente a Violeta Chamorro en las elecciones de 1990 dejó una cicatriz en la psique de Ortega. Regresar al poder se volvió su única ambición. Después del fracaso electoral, muchos de nosotros quisimos modernizar el movimiento sandinista. Ortega no aceptó nada de eso. Consideró nuestros intentos de democratizar el partido como una amenaza a su control. A quienes no estuvimos de acuerdo con él nos acusó de venderle el alma a Estados Unidos, y se rodeó de aduladores. Su esposa se puso de su lado aun después de que su hija acusó a Ortega, su padrastro, de haber abusado sexualmente de ella a la edad de 11 años, un escándalo que habría sido el fin de la carrera de otro político.

De hecho, Murillo, a quien se le ha caracterizado como una Lady Macbeth tropical, renovó la imagen de Ortega con astucia luego de que este perdió dos elecciones más. Sus ideas New Age aparecieron en símbolos de amor y paz y pancartas pintadas con colores psicodélicos. De manera muy conveniente, Ortega y su esposa se metamorfosearon en católicos devotos tras décadas de ateísmo revolucionario. Para tener a la Iglesia católica más de su lado, su némesis en la década de 1980, Ortega accedió a respaldar una prohibición total al aborto. También firmó en 1999 un pacto con el presidente Arnoldo Alemán, quien luego fue declarado culpable de corrupción, para llenar puestos de gobierno con cantidades iguales de partidarios. A cambio, el Partido Liberal Constitucionalista de Alemán accedió a reducir el porcentaje de votos necesarios para ganar la presidencia.

Funcionó. En 2006, Ortega ganó con tan solo el 38 por ciento de los votos. En cuanto asumió el cargo, comenzó a desmantelar instituciones estatales ya de por sí debilitadas. Obtuvo el apoyo del sector privado al permitirle tener voz y voto en las decisiones económicas a cambio de que aceptara sus políticas. Modificó la Constitución, la cual prohibía expresamente la reelección, para que se permitiera una cantidad indefinida de reelecciones. Luego, en 2016, en la campaña para su tercer periodo, Ortega eligió a su esposa para la vicepresidencia.

Ortega y Murillo parecían haber asegurado su poder hasta abril de 2018, cuando un grupo de esbirros sandinistas reprimió con violencia una pequeña manifestación en contra de una reforma que iba a reducir las pensiones de seguridad social. Varias protestas pacíficas arrasaron todo el país. Ortega y Murillo reaccionaron con furia y combatieron la revuelta con balas: 328 personas fueron asesinadas, 2000 lesionadas y 100.000 exiliadas, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paramilitares armados deambularon por las calles matando a diestra y siniestra, y los hospitales tenían la orden de negar la asistencia médica a los manifestantes heridos. Los doctores que desobedecieron fueron despedidos. El régimen impuso un estado de emergencia de facto y suspendió los derechos constitucionales. Se prohibieron las manifestaciones públicas de cualquier índole. Nuestras ciudades fueron militarizadas. Ortega y Murillo justificaron estas acciones con una gran mentira: el levantamiento era un golpe de Estado planeado y financiado por Estados Unidos.

Las siguientes elecciones de Nicaragua están programadas para el 7 de noviembre. A finales de la primavera, los dos principales grupos de oposición acordaron elegir a un candidato bajo el cobijo de Alianza Ciudadana. Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Chamorro, tuvo un sólido respaldo en las encuestas. Poco después de que anunció su intención de contender por la presidencia, le impusieron un arresto domiciliario. El gobierno parece haber fabricado un caso de lavado de dinero con la noción equivocada de que eso iba a legitimar su arresto. Le siguieron más detenciones: otros cinco candidatos a la presidencia, periodistas, un banquero, un representante del sector privado, dos contadores que trabajaban para la fundación de Cristiana Chamorro y hasta su hermano, todos ellos acusados bajo leyes nuevas y de una ambigüedad conveniente que en esencia hacen que cualquier tipo de oposición a la pareja en el poder sea un delito de traición. Ortega insistió en que todos los detenidos eran parte de una inmensa conspiración apoyada por Estados Unidos para derrocarlo.

Ahora, los nicaragüenses nos encontramos sin ningún recurso, ninguna ley, ninguna policía que nos proteja. Una ley que le permite al Estado encarcelar hasta por 90 días a las personas que estén bajo investigación ha remplazado el habeas corpus. La mayoría de los presos no ha podido ver a sus abogados ni a sus familiares. Ni siquiera estamos seguros de dónde los tienen detenidos. Por las noches, muchos nicaragüenses se van a la cama con el temor de que su puerta sea la siguiente que derribe la policía.

Soy poeta, soy escritora. Soy una crítica manifiesta de Ortega. Tuiteo, doy entrevistas. Con Somoza, me juzgaron por traición. Tuve que exiliarme. ¿Ahora enfrentaré la cárcel o de nuevo el exilio?

¿Por quién irán después?

Gioconda Belli es una poeta y novelista nicaragüense. Fue presidenta del centro nicaragüense de PEN International.

Publicado en NYT.

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