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Blog de Sucesos y Noticias

Pandemia y entorno económico-político áspero , abre asamblea de la SIP

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EP New York/ periodismo

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inauguró su 76 Asamblea General, que se desarrollará de forma virtual, con la defensa de la libertad de prensa en un año marcado por la pandemia y un entorno áspero en lo político y económico.

La asamblea fue inaugurada por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, quien rubricó la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta, ambas enfocadas en la libertad de prensa y la segunda específicamente referida al mundo digital.

el presidente de la SIP, Christopher Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, de Kingston (Jamaica), señaló que la Declaración de Chapultepec y el Índice de Chapultepec, que será presentado en esta asamblea, tienen el propósito de “servir como espejo a los gobiernos y ser un punto de referencia sobre la libertad de expresión”.

Agregó que este 2020 ha sido un tiempo de “introspección”, donde no han estado ajenas las discusiones sobre la “sostenibilidad de los medios de comunicación”, y en contexto en donde “muchas de las democracias se han debilitado”.

En lo que compete a Colombia la prensa colombiana ha tenido que enfrentar en los últimos meses los efectos económicos de la pandemia del coronavirus así como las agresiones físicas y las amenazas, denunció este miércoles la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En el informe sobre el país presentado en la 76 Asamblea General de la SIP que comenzó este miércoles en Miami, este organismo señala que “los medios no han sido inmunes a las consecuencias negativas de las medidas que el Gobierno tomó para enfrentar la pandemia”.

“El freno abrupto de la economía produjo un desplome en los ingresos por publicidad. La disparada del precio del dólar ha encarecido insumos como el papel. Todos los medios han sentido el rigor de la crisis en particular en ciudades pequeñas e intermedias” lo que hace que se corra el riesgo de “que crezcan los llamados desiertos informativos”.

Para contrarrestar esta situación, la Asociación de Medios de Información (AMI) promueve la adopción de una política pública que evite la desaparición masiva de medios, iniciativa que ha tenido acogida en el Ejecutivo y Legislativo, señaló la SIP.

El organismo destacó además el pacto firmado el pasado 1 de octubre con la Procuraduría General (Ministerio Público), la Defensoría del Pueblo y la Federación Nacional de Departamentos, para el fortalecimiento de los medios.

AGRESIONES A PERIODISTAS

Pero la pandemia no es la única circunstancia adversa a la que tienen que hacer frente los medios en Colombia, pues el informe recoge que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 33 violaciones a la libertad de prensa durante las protestas de septiembre pasado contra la violencia policial en Bogotá.

“Los ataques más frecuentes han sido 16 agresiones físicas, cinco obstrucciones, cuatro detenciones ilegales y tres amenazas. Se registraron 25 casos de agresiones con balas de goma y bombas aturdidoras causadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)”, señaló el informe.

La SIP agregó que tras las detenciones se denunció que policías “intimidaban a los comunicadores y les exigían borrar archivos de las memorias de sus dispositivos. Se registró un caso de violencia sexual contra una fotógrafa”.

Un caso más grave registrado en el informe fue la muerte a balazos, el pasado 13 de agosto, del comunicador indígena Abelardo Liz durante una operación del Ejército para desalojar a comunidades indígenas en Corinto, en el departamento del Cauca (suroeste).

LA JUSTICIA NO LLEGA

La prensa también ha tenido que hacer frente a decisiones judiciales adversas como la de un juzgado penal de Tumaco (suroeste) que en agosto concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias “Cherry”, implicado en el secuestro y asesinato en 2018 de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio.

La SIP también recopila otras acciones contra la libertad de prensa como la investigación de la revista Semana titulada “Carpetas secretas” que reveló seguimientos del Ejército a más de 130 personas, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas nacionales y corresponsales extranjeros, entre otros.

Una denuncia similar se hizo de la Alcaldía de Medellín por presuntos seguimientos en redes a periodistas a través de la empresa Selecta Consulting Group.

El informe incluye además amenazas a los periodistas Cipriano López, Lina María Peña, Yannis Moscote, Víctor Polo, Miguel Martínez, Víctor Rodríguez, Aristides Herrera y Leopoldo Díaz Granados, supuestamente por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que los declaró “objetivo militar” en el norte de Colombia y los conminó a irse del país con sus familias.

Amenazas recibieron también los periodistas Dubán García, Germán Arenas, Luis Eduardo Alegría, Julián Andrade y Jairo Figueroa, pero en un panfleto firmado por disidencias de las FARC en el sur del país.

Como hecho positivo destacó un fallo judicial que señaló al Estado como cómplice de la violencia contra la prensa, “en una decisión histórica y después de ocho años, tras la demanda de la periodista Claudia Julieta Duque Orrego y su familia, debido al secuestro, las amenazas y la tortura psicológica que sufrieron en 1999” cuando investigaba el asesinato del periodista de Jaime Garzón.

En otros casos ha reinado la impunidad, ya que el informe incluye cuatro casos de asesinatos de periodistas perpetrados en el 2000 que prescribieron en este semestre al cumplir los 20 años.

Son ellos los de María Elena Salinas, Jhon Jairo Restrepo, Carlos José Restrepo Rocha y Juan Camilo Restrepo Guerra, y añade tres más que prescribirán antes de finalizar este año.

Se trata de los homicidios de Alfredo Abad López, Guillermo León Agudelo y Gustavo Ruiz Cantillo, según la SIP.

 

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Agencias

Estado colombiano es culpable por desaparición de la UP: CIDH

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EP New York | Latinoamérica

Corte IDH condena a Colombia por exterminio de partido UP

BOGOTÁ — La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó el lunes al Estado colombiano por el “exterminio” del partido político Unión Patriótica, en el que más de 6.000 integrantes fueron víctimas de actos de violencia “sistemática” como desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, asesinatos o torturas a partir de 1984 y por más de dos décadas.

“Esos actos constituyeron una forma de exterminio sistemático contra el partido político UP, sus miembros y militantes, y contaron con la participación de agentes estatales, así como con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades”, indicó la Corte en el resumen oficial de su sentencia.

La Unión Patriótica se constituyó como organización política en 1985 tras un diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que abrió la puerta para que pudieran hacer política legalmente.

Sin embargo, añade la Corte, para contrarrestar el ascenso político de la Unión Patriótica surgió una alianza entre grupos paramilitares, sectores de la política tradicional, empresarios y la fuerza pública que derivó en actos de violencia.

Las FARC sólo dejaron las armas en 2016, tras un acuerdo de paz con el Estado que aún se está implementando en Colombia.

La Corte, con sede en la capital costarricense, concluyó que el Estado colombiano violó los derechos políticos, la libertad de pensamiento y expresión de los integrantes de la Unión Patriótica debido a que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos por pertenecer a dicho partido y expresar sus ideas políticas.

“Este es el día de la justicia para la UP, porque por primera vez un tribunal falla en el sentido en que el exterminio fue ocasionado por el Estado. Es un paso muy grande”, dijo a The Associated Press la senadora de la Unión Patriótica Aída Avella, quien sobrevivió a un atentado con una bazuca en 1996 y vivió en el exilio durante 17 años.

Avella lamentó que muchos de los familiares de los asesinados y desaparecidos murieron antes de ver la sentencia, luego de 29 años de iniciar la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Hay hijos que no resistieron la muerte de sus padres”, aseguró.

El presidente Gustavo Petro —primero de tendencia izquierdista en la historia de Colombia— aseguró en un mensaje de Twitter que su gobierno apoyará la justicia “contra la impunidad” y rechazó “un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio”.

En su sentencia, la Corte identificó que, de las más de 6.000 víctimas directas de la UP, 3.170 correspondieron a casos de ejecuciones extrajudiciales, 1.596 a desplazamientos forzados, 521 a desapariciones forzadas y 285 a víctimas de atentados o tentativas de homicidio. La Corte detalló que al menos siete niñas y cuatro niños fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o sobrevivieron a masacres contra integrantes de la Unión Patriótica.

“El genocidio de Colombia fue supremamente preparado, no había bala perdida, nos mataban y el Estado es el culpable”, señaló Avella. “Nos pusieron escoltas, supuestamente para protegernos, pero nos hacían seguimiento de dónde vivíamos, de nuestras familias. Era solo que pensara distinto para que fuera ‘enemigo interno’ y lo mataban”, agregó.

Pese a la cantidad de delitos y a que se han pronunciado más de 265 sentencias de condena en la justicia colombiana, la Corte determinó que las investigaciones no fueron efectivas y aún hay “altos índices de impunidad” debido a que la mayor parte de la violencia contra los militantes del partido de izquierda no ha sido investigada o los procesos están en etapas tempranas.

Avella considera que la justicia colombiana tiene elementos suficientes para adelantar las investigaciones que por años fueron dilatadas. Anteriores fiscales “habían abierto una sección especial para la UP y con sorpresa encontramos que muchos de los expedientes habían desaparecido en la Fiscalía, tuvimos que volver a llevarlos”, relató la congresista.

Entre las medidas de reparación a las víctimas, la Corte ordenó a Colombia iniciar, reabrir, continuar y concluir “en un plazo razonable” las investigaciones para determinar las responsabilidades penales. Además, buscar a las víctimas de desapariciones y establecer una comisión que se encargue de contrastar la identidad y parentesco de las víctimas.

El Estado también deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP y construir un monumento.

Con inf. de AP/EFE

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Agencias

Enfermeras de Nueva York llegan a preliminar acuerdo tras amenaza de huelga

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EP New York | New York

Por Gustavo Lugo

Enfermeras en huelga en Nueva York llegan a un acuerdo preliminar
NUEVA YORK — Dos hospitales de la ciudad de Nueva York alcanzaron un acuerdo preliminar de contrato con miles de enfermeras, lo que puso fin a una huelga de esta semana que afectó a la atención médica, según anunciaron responsables el jueves.

Las enfermeras, representadas por la Asociación de Enfermería del Estado de Nueva York (NYSNA, por sus siglas en inglés), iniciaron los paros el lunes de madrugada después de que las negociaciones con los gestores se estancaran en el Hospital Monte Sinaí, en Manhattan, y el Centro Médico Montefiore, en el Bronx. Cada uno tiene mil camas y 3.500 o más enfermeras sindicadas.

El personal de los dos hospitales volverían a trabajar desde el jueves por la mañana, señaló el sindicato.

El sindicato había recalcado que la falta de personal era una de sus principales preocupaciones y señaló que las enfermeras que soportaron el duro apogeo de la pandemia del coronavirus estaban demasiado sobrecargadas porque había demasiadas plazas sin cubrir. Las enfermeras dicen que han tenido que trabajar horas extra, gestionar el doble de pacientes de lo debido y saltarse comidas e incluso recesos para ir al baño.

Los pactos con los dos centros incluyen ratios concretos y vinculantes de personal, según el sindicato. El acuerdo con el Montefiore también incluía lo que la asociación describió como mejoras de salud de la comunidad y acuerdos sobre estudiantes de enfermería para reclutar a enfermeras locales del Bronx.

“Con nuestra unidad y arriesgándolo todo, ganamos ratios de personal seguros vinculantes tanto en el Montefiore como en el Monte Sinaí, donde las enfermeras fueron a la huelga por la atención a los pacientes”, afirmó en un comunicado la presidenta del sindicato, Nancy Hagans. “Hoy podemos regresar al trabajo con la cabeza alta, sabiendo que nuestra victoria supone una atención más segura para nuestros pacientes y más empleos sostenibles para nuestra profesión”.

Los hospitales, de propiedad privada y sin fines de lucro, dijeron que habían tenido que lidiar con una falta generalizada de personal de enfermería que se vio agravada por la pandemia.

“Nuestro equipo de negociación ha trabajado sin parar con la dirección del NYSNA para llegar a un acuerdo”, indicó el Montefiore en un comunicado. “Desde el principio, llegamos a la mesa comprometidos con negociar de buena fe y abordar los problemas que eran prioridades para nuestro personal de enfermería”.

El hospital dijo que se había centrado en garantizar que las enfermeras tenían “el mejor entorno de trabajo posible, con mejoras considerables de salarios y prestaciones” a través del acuerdo con el sindicato.

“Sabemos que esta huelga afectó a todo el mundo -no sólo a nuestras enfermeras- y estábamos comprometidos con alcanzar una resolución lo antes posible para minimizar las interferencias con la atención a los pacientes”, añadió el centro médico.

Otros hospitales privados de la ciudad llegaron a acuerdos con el sindicato conforme se acababa el plazo límite para la huelga. Los acuerdos incluían aumentos salariales que ascendían a un 19% en total durante tres años.

Una publicación en el sitio web del Monte Sinaí indicó que el hospital estaba satisfecho de haber alcanzado un acuerdo preliminar con el sindicato.

“Nuestro acuerdo propuesto es similar a los (alcanzados) entre el NYSNA y otros ocho hospitales de la Ciudad de Nueva York. Es justo y responsable, y pone a los pacientes en primer lugar”, indicó el Sistema de Salud Monte Sinaí.

El Monte Sinaí y el Montefiore dijeron antes de la huelga que habían ofrecido los mismos aumentos.

EFE|AP

 

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Agencias

Bolsonaristas asaltan el Congreso , el Supremo y palacio presidencial en Brasil

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EP New York | Latinoamérica | Agencias

Brasil busca castigar a los que atacaron edificios oficiales

RÍO DE JANEIRO — Las autoridades brasileñas recogían e investigaban el lunes después de que miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro asaltaran el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial y después causaran destrozos en las principales sedes de poder del país.

Los manifestantes reclamaban una intervención militar que reinstaurase al ultraderechista Bolsonaro en el poder o expulsara al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, recién instalado en el cargo, en escenas de caos y destrucción que recordaban a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

Alborotadores vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera nacional rompieron ventanas, derribaron muebles y arrojaron computadoras e impresoras al suelo. Agujerearon en cinco puntos un enorme cuadro de Emiliano Di Cavalcanti, volcaron la mesa con forma de U donde se reúnen los jueces del Supremo Tribunal Federal, arrancaron la puerta del despacho de un juez y vandalizaron una emblemática estatua ante la corte. Los interiores de los edificios monumentales quedaron en estado de ruina.

En una conferencia de prensa el domingo por la noche, el ministro brasileño de relaciones institucionales dijo que se inspeccionarían los edificios para buscar pruebas como huellas dactilares e imágenes para que la gente rindiera cuentas, y señaló que los alborotadores al parecer pretendían emprender acciones similares en todo el país. El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo que los actos equivalían a terrorismo y amenaza de golpe de Estado y que las autoridades habían empezado a identificar a las personas que pagaron los autobuses que llevaron a los inconformes a la capital.

“No tendrán éxito en destruir la democracia brasileña. Debemos decirlo con rotundidad, con toda la firmeza y convicción”, dijo Dino. “No aceptaremos la senda de la criminalidad para librar batallas políticas en Brasil. A un delincuente se le trata como delincuente”.

Por ahora han sido detenidas 300 personas, según dijo en Twitter la policía civil del distrito federal.

En los meses que siguieron a la derrota electoral de Bolsonaro el 30 de octubre, Brasil estuvo en vilo, receloso de cualquier vía que pudiera seguir el mandatario saliente para aferrarse al poder. Bolsonaro había avivado entre sus seguidores más fieles la creencia de que el sistema de voto electrónico era propenso al fraude, aunque nunca presentó ninguna prueba. Y su hijo, el legislador Eduardo Bolsonaro, celebró varias reuniones con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, Steve Bannon, viejo aliado de Trump, y su destacado asesor de campaña Jason Miller.

Los resultados de las elecciones brasileñas —las más ajustadas en tres décadas— fueron reconocidas con rapidez por políticos de todo el espectro político, incluidos algunos aliados de Bolsonaro, y docenas de gobiernos. Y Bolsonaro sorprendió casi a todo el mundo al desaparecer de la vista. No admitió la derrota ni denunció un fraude, aunque su partido y él solicitaron la anulación de millones de votos, una petición desestimada con prontitud.

Los brasileños utilizan el voto electrónico desde 1996. Expertos de seguridad electoral lo consideran un sistema menos seguro que las boletas marcadas a mano porque no dejan un registro en papel que pueda auditarse. Sin embargo, el sistema brasileño está vigilado de cerca por las autoridades y por observadores internacionales, que nunca han encontrado pruebas de manipulaciones para cometer fraude.

Aun así, seguidores de Bolsonaro rechazaron los resultados. Cortaron carreteras y acamparon ante edificios militares, instando a las fuerzas armadas a intervenir. Las protestas fueron pacíficas en su gran mayoría, aunque las amenazas aisladas de terrorismo —como una bomba hallada en un camión de combustible camino del aeropuerto de Brasilia— aumentaron las preocupaciones de seguridad.

Dos días antes de la investidura de Lula el 1 de enero, Bolsonaro voló a Estados Unidos y se instaló de forma temporal en Orlando. Muchos brasileños expresaron su alivio porque, aunque declinara participar en la transición de poder, su ausencia permitiera que ocurriera sin incidentes. O así era, hasta el domingo.

“El bolsonarismo imita las mismas estrategias que el trumpismo. Nuestro 8 de enero, una manifestación sin precedentes en la política brasileña, está claramente copiado del 6 de enero en el Capitolio”, dijo Paulo Calmon, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Brasilia. “Los tristes episodios de hoy suponen un nuevo intento de desestabilizar la democracia y demuestran que el radicalismo populista y autoritario de la extrema derecha brasileña sigue activo al mando del expresidente Bolsonaro, el ‘Trump de Latinoamérica’”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, describió los disturbios como un “ataque a la democracia y al traspaso pacífico de poder en Brasil” en un tuit, y dijo que estaba deseando seguir trabajando con Lula.

En una conferencia de prensa desde el estado de Sao Paulo, Lula leyó un decreto recién firmado por el gobierno federal para asumir el control de la seguridad en el distrito federal. Los “fanáticos fascistas” y todos los que financiaran sus actividades deben ser castigados, señaló. El mandatario también acusó a Bolsonaro de instarles a la insurrección.

Bolsonaro rechazó la acusación del presidente el domingo por la noche. En un tuit afirmó que la protesta pacífica forma parte de la democracia, pero el vandalismo y la invasión de edificios públicos eran “excepciones a la norma”. No mencionó de forma específica las acciones de los manifestantes en Brasilia.

“Evidentemente, es el mentor intelectual de lo que está ocurriendo, de modo que no puede distanciarse de ello”, dijo Mario Sérgio Lima, analista político en Medley Advisors. “Estos grupos fueron creados por él, por el radicalismo que impuso a la política. Y no hay modo de deshacerlo (…) Parece que su grupo ya ha cruzado el Rubicón”.

A diferencia del ataque de 2021 en Estados Unidos, pocos funcionarios trabajaban en los principales edificios del gobierno en un domingo. Y los videos del suceso mostraban una presencia limitada de la policía militar capitalina. Eso hizo que muchos se preguntaran en Brasil si la policía había ignorado los numerosos signos de alarma, subestimado su capacidad o había sido cómplice de algún modo.

Un video mostraba un grupo de manifestantes que se abría paso a través de una barricada policial tras un escaso forcejeo, y apenas unos pocos agentes empleaban gas lacrimógeno. En otro se veía a agentes parados mientras los manifestantes asaltaban el Congreso, incluido uno que grababa imágenes con su celular.

“Este fue un grave error del gobierno del distrito federal. Era una tragedia anunciada”, dijo Thiago de Aragão, director de estrategia en la consultora política con sede en Brasilia Arko Advice. “Todo el mundo sabía que (los manifestantes) venían a Brasilia. Se esperaba que el gobierno del distrito federal preparase una respuesta para proteger la capital. No hicieron nada de eso”.

En su conferencia de prensa, Lula denunció “incompetencia o mala fe” por parte de la policía y prometió que algunos serían castigados.

El gobernador del distrito federal, Ibaneis Rocha, confirmó en Twitter que había destituido al jefe de seguridad pública de la capital, Anderson Torres. Medios locales informaron que Torres estaba en Orlando de vacaciones y que negaba haberse reunido allí con Bolsonaro.

“Dos años después del 6 de enero, el legado de Trump sigue envenenando nuestro hemisferio”, tuiteó el senador estadounidense Bob Menendez, que preside el comité de relaciones exteriores del Senado, y añadió que culpaba a Bolsonaro de incitar las acciones en Brasilia. “Proteger la democracia y exigir responsabilidades a actores malignos es esencial”.

AP noticias

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