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Blog de Sucesos y Noticias

Policía hondureña vinculada con el asesinato del “Zar antidrogas”

Francisco

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El diario The New York Times reveló un informe en que vincula a los 25 miembros de la Policía Nacional, de diferentes rangos, en la muerte del zar antidrogas, Julián Arístides González y el asesor en seguridad Alfredo Landaverde.

June 05, 2016

LAS TRES PLAGAS DE HONDURAS: CORRUPCIÓN, POBREZA E INSEGURIDAD

por Ricardo Angoso

rangoso@iniciativaradical.org

@ricardoangoso

Honduras, un país de apenas 114.000 kilómetros cuadrados (algo más que Andalucía) y 8,7 millones de habitantes, es uno de los países que tiene ante sí una agenda social, política y económica realmente compleja y repleta de retos y desafíos. La corrupción es galopante, la pobreza, lacerante, y la inseguridad, insultante. Pero vayamos por partes y analicemos el origen de todos estos problemas que llevan sobre la mesa de este país desde hace décadas.

La corrupción, una pandemia nunca enfrentada por la clase política

El reciente descubrimiento de que la alta cúpula policial hondureña estaría, supuestamente, relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico, aparte de haber encubierto numerosos delitos, ha revelado a la mayor parte de los hondureños el alto grado de corrupción en que vive esta pequeña nación olvidada y desconocida. Los hondureños siempre habían desconfiado de sus fuerzas de seguridad, de los integrantes del cuerpo policial, pero hasta el punto de que las mismas podrían estar implicadas en numerosos crímenes nunca esclarecidos y de tener nexos -ni más ni menos- que con conocidos capos del narcotráfico, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia y que ha generado un sentimiento de repulsa e impotencia.

También se ha descubierto que la cúpula policial estaría detrás del asesinato del “zar antidrogas”, el general Julián Arístides González, hombre de confianza de la agencia antidrogas norteamericana (DEA) y muy comprometido en la lucha contra el narcotráfico en este país centroamericano. Al parecer, el crimen fue perpetrado por agentes de la policía y después, una vez asesinado el general, la escena del crimen fue alterada por un forense autorizado por la policía para desviar la atención acerca de los verdaderos responsables. Hace siete años que se cometió este magnicidio, que sacudió a toda Honduras, y ha tenido que pasar tanto tiempo para que estos hechos sean conocidos, en una revelación espectacular dada a conocer por el diario de Tegucigalpa El Heraldo.

Pero este caso es una gota en un mar dominado por la corrupción generalizada, el saqueo sistemático de las arcas públicas y la impunidad con que actúan los corruptos. Según el índice de percepción de la corrupción que publica todos los años la organización Transparencia Internacional, Honduras ocupa el puesto 112 sobre 167 países medidos, con 31 puntos, en el estudio publicado en el año 2015. Según informaban los medios hondureños, solamente en diez casos emblemáticos de corrupción, sobre los centenares que habrá documentados, se habrían perdido unos 150 millones de dólares, en un país donde hay graves carencias en la salud, la educación, las obras públicas y la seguridad.

Una buena parte de los grandes escándalos de corrupción conocidos en los últimos años ocurrieron durante los gobiernos de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) y Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y la mayoría de ellos están impunes, según informó en su momento el diario hondureño La Prensa. De todos los hechos reseñados e investigados, el que mayor repercusión ha tenido es el saqueo del Seguro Social durante la gestión de Mario Roberto Zelaya, que dejó a esa institución al borde del colapso financiero. Según el Ministerio Público hondureño, el latrocinio de los dineros del Instituto Hondureño del Seguro Social fue calculado en más de 2,500 millones de lempiras (113.896,296 dólares), que fueron sustraídos a través de empresas organizadas para perpetrar el desfalco.

En las últimas semanas también trascendió que el partido de gobierno, el nacional, recibió al menos 1.5 millones de lempiras (unos 45,558.10 dólares) en contribuciones provenientes del dinero del Seguro Social. En un país donde falta de todo en los hospitales y la gente se muere literalmente de hambre, por no hablar de la inexistente educación pública, este saqueo de los fondos del Estado es una auténtica plaga que mina el trabajo de la administración hondureña.

Honduras, uno de los países más pobres del continente

En una información del diario La Prensa, el más importante de San Pedro Sula, se podía leer recientemente esta información:”De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), titulado “Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad”, la región aumentó su número de personas en nivel de pobreza e indigencia como no lo hacía desde 2011″. Y concluía la nota: “Honduras, por su parte, ocupa el puesto número uno entre los países con mayor porcentaje de población en condición de pobreza con 60%, seguido de Guatemala (54%), México (52.3%) y Bolivia (45%)”.

Por su parte, El Heraldo de Honduras, calculaba que de una población mayor a los 8 millones 500 mil habitantes vivían en la pobreza 5 millones 889 personas, una cifra realmente escalofriante y que revela la grave situación social que vive el país.Y el Banco Mundial, en uno de sus más recientes informes, presentaba, al referirse a este flagelo, un panorama nada halagüeño: “Honduras es un país de ingreso medio-bajo que se enfrenta a desafíos significativos, con cerca del 63 por ciento de la población viviendo en pobreza en 2014, según datos oficiales. En zonas rurales aproximadamente seis de cada 10 hogares viven en pobreza extrema o con menos de US$2.50 al día”.

Tampoco el país cuenta con mejores indicadores en lo que se refiere a la pobreza extrema, tal como también documentaba y aseguraba el Banco Mundial en otro informe que difiere en muy poco de los datos antes reseñados. Según este organismo financiero, en los pasados 14 años, Honduras mantiene el promedio de pobreza extrema más alto de la región centroamericana y Honduras promedia una tasa casi cercana al 42,6% de pobreza extrema (menos de 2,5 dólares al día) entre su población, es decir, uno de cada cinco de sus habitantes. Además, Honduras tiene el dudoso honor de tener el porcentaje más alto de pobreza extrema en toda América Central y casi en el continente.

Luego, ligado a la pobreza, está el problema de la desigualdad social, del reparto de la riqueza, donde ocupa el deshonroso primer puesto Honduras. Siguiendo con el relato que hace del país el Banco Mundial, hay que reseñar que de acuerdo a la base de datos de esa organización, Honduras lidera el ranking como el país con mayor índice de desigualdad en Latinoamérica solo debajo de algunos países de  África. Según esta prestigiosa entidad, basándose en datos de diciembre del 2015, los primeros cinco países en el ranking de la desigualdad son africanos, seguidos por cinco latinoamericanos en los cuales está Honduras (6) Colombia (7), Brasil (8), Guatemala (9), Panamá (10) y Chile (14). En términos del coeficiente Gini, la desigualdad en Honduras es del 53.7 en contraste, por ejemplo, con el 25,9% de Noruega, uno de los países en términos de igualdad social que es modelo mundial.

El desafío de recuperar la seguridad en las calles y vencer a la criminalidad

Aunque ya no carga con el sambenito de ser el país más peligroso del mundo, todavía la violencia y la criminalidad siguen muy presentes en las calles de Honduras. El respetado Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), señalaba que en 2015 se cometieron 5.108 homicidios, una tasa de 59,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este dato significaría, de hecho. una disminución cercana al 10% con respecto al año anterior (68 homicidios por cada 100.000 habitantes). Pero si lo comparamos con la tasa de 2011 (86,5), el descenso es aún más marcado y constituiría un éxito para la administración del actual presidente, Juan Orlando Hernández.

Pero tampoco  las cosas han mejorado tan rápidamente y la situación, en términos de seguridad pública, sigue siendo muy grave y constituye una amenaza para la estabilidad política, social y económica del país. El Consejo Ciudadano de México para la Seguridad Pública y Justicia Penal, en un informe publicado a principios de año donde se detallan las cincuenta ciudades más peligrosas del mundo, señala que San Pedro Sula es la segunda ciudad más peligrosa del mundo, con una tasa de homicidios de 111,03 por cada 100.000 habitantes, y a Tegucigalpa en el puesto número sexto con una tasa de 73,51 sobre la misma proporción de habitantes.

El problema radica en que el Estado ha perdido su autoridad y capacidad para poner fin a esta auténtica ola de violencia desbordada. Como señalaba en una nota editorial el diario El Heraldo, “es urgente que el Estado hondureño recupere el control que ha perdido ante la delincuencia criminal, ante la violencia. Y para eso, la herramienta más adecuada a utilizar es la represión de la delincuencia; o sea investigar, descubrir, capturar, enjuiciar y hacer que paguen por el mal hecho a la sociedad”. Concluyendo que, en el caso de Honduras, “lo primero que se debe hacer es limpiar la Policía Nacional y los demás “operadores” de justicia; todo esto antes de intentar siquiera la recuperación de la seguridad perdida para la gente honrada”. Como vemos, nuevamente, la corrupción aparece ligada claramente con la lucha contra la inseguridad pública y el crimen organizado.

Honduras padece el acoso y el flagelo de bandas organizadas que participan en la extorsión, el secuestro, el crimen organizado e incluso el narcotráfico. Bandas que operan sin ningún control y sin que el Estado hondureño, muy endeble porque la justicia y la propia policía no funcionan adecuadamente, pueda actuar efectivamente contra ellas. Además, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, un estudio practicado por investigadores de la Universidad de Las Américas, Puebla, México, revela que de entre los 59 países del mundo evaluados las 10 naciones con más problemas de impunidad son Filipinas, México, Colombia, Turquía, Rusia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, República de Corea y Georgia. Es decir, Honduras, con un puntaje del 64,1%, es el sexto país del mundo en impunidad y solo superado en el continente por México, Colombia y Nicaragua.

Para concluir sobre este asunto tan fundamental como es la seguridad pública, me remito al ya reseñado anteriormente editorial de El Heraldo que señala muy oportunamente: “En otras palabras, solo una contundente voluntad política para convertir la Policía, la Fiscalía, los juzgados y las cárceles en efectivos instrumentos contra la delincuencia, es el único camino que puede permitir a la actual generación de hondureños recuperar la seguridad perdida. Pero si queremos que nuestros hijos y nietos no vivan los horrores que hoy sufrimos, se debe evitar que los jóvenes y niños que sobreviven en alto riesgo social, entren a formar parte de los ejércitos de la criminalidad”.

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Agencias

De la Espriella y Rubio firman “los acuerdos de Barranquilla”

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS | COLOMBIA

Barranquilla (Colombia), – El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dieron este martes un nuevo impulso a la relación bilateral con la lucha contra el narcoterrorismo y la reconstrucción del país tras el terremoto del mes pasado como base.

La reunión se llevó a cabo en la ciudad caribeña de Barranquilla, sede alterna de la Presidencia colombiana, y supuso la primera visita de un alto cargo de la Administración del presidente Donald Trump tras la investidura de De la Espriella el pasado 7 de agosto.

La visita simboliza la renovada sintonía entre las dos capitales y su alineamiento en estos asuntos claves.

Rubio dijo en una declaración que este encuentro augura una “época dorada” entre su país y Colombia, una “nueva etapa de cooperación que no tiene precedente”.

El secretario de Estado se mostró a favor de “restaurar las relaciones naturales” entre EE.UU. y Colombia tras la “distancia” de los cuatro años del izquierdista Gustavo Petro en la presidencia colombiana, que calificó de “desastre” para el país suramericano.

Durante la jornada, Colombia y Estados Unidos firmaron dos memorandos de entendimiento en el que expresaron su voluntad de cooperar en el desarrollo de energía nuclear de uso estrictamente civil y en el procesamiento de minerales críticos y tierras raras.

Ambos memorandos son parte de una estrategia de la Administración Trump, enfocada en potenciar el “renacimiento” de la energía nuclear civil y asegurar las reservas de minerales críticos para Washington ante la fuerte competencia en este ámbito con China.

‘Acuerdos de Barranquilla’

Durante su comparecencia, el presidente colombiano anunció los “acuerdos de Barranquilla”, una hoja de ruta bilateral con la que busca, con el apoyo de Estados Unidos, reconstruir el país tras el terremoto del pasado 10 de agosto y recuperar la economía. “De esta reunión ha surgido una hoja de ruta que hemos denominado ‘los Acuerdos de Barranquilla’, alrededor de tres grandes temas que resultan de sustantiva importancia para nuestro país y el hemisferio: reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”, expresó De la Espriella.

Esta iniciativa, añadió el mandatario, supone la atención de “enormes desafíos en vivienda, hospitales, colegios, carreteras, puentes, servicios públicos y capacidad productiva” provocado por el sismo, que deja hasta el momento 331 muertos y 4.505 heridos.

Por esa razón le propuso a Rubio trabajar “en mecanismos de cooperación, inversión y financiación, incluyendo a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (de Estados Unidos), a otras agencias y al sector privado”.

Además de los estragos causados por el terremoto, el nuevo Gobierno colombiano recibió el pasado 7 de agosto una economía con un déficit fiscal equivalente al 6,4 % del PIB en 2025 y una deuda pública que alcanzó un récord de 1.167 billones de pesos (unos 369.000 millones de dólares) al cierre del primer semestre, cifra equivalente al 60,5 % del producto interno bruto (PIB).

“Queremos traer inversión hacia los temas que tenemos de infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva. Colombia también hará su parte y haremos lo que tenemos que hacer frente a la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto, la seguridad jurídica y mejores condiciones para la inversión”, señaló De la Espriella.

Papel de Colombia en Venezuela

El presidente colombiano también prometió a Rubio que su Gobierno participará “responsablemente” en los esfuerzos para garantizar la estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza con Venezuela.

Esta es la primera declaración que hace el mandatario sobre Venezuela desde que asumió el cargo el pasado 7 de agosto, aunque en la campaña presidencial afirmó a EFE que un eventual Gobierno suyo no tendría ningún contacto con la Administración venezolana y todo lo relacionado con ese país se haría directamente con Estados Unidos.

“Colombia participará con los Estados Unidos responsablemente en los esfuerzos dirigidos a garantizar la estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza, en materia migratoria y de seguridad”, dijo De la Espriella este martes.

El mandatario precisó que para Colombia la realidad de Venezuela “no es un asunto distante”, al señalar que ambos países comparten una frontera de más de 2.000 kilómetros.

“Por supuesto, todo lo que pasa en Venezuela tiene consecuencias directas en Colombia en materia de seguridad, migración, narcotráfico, contrabando, organizaciones armadas y también energía”, concluyó el presidente.

AGENCIAS

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Agencias

De La Espriella toma posesión como presidente de Colombia en cantón militar de Cali

Francisco

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EP FLORIDA NEWS | posesión presidencial | Colombia

De la Espriella  promete recuperación del orden y lucha contra el crimen

El nuevo presidente de Colombia habla de “regeneración” y lucha contra el crimen. Discurso de posesión ante el batallón Pichincha de Cali.

El nuevo presidente colombiano, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, anunció este viernes megacárceles, lucha frontal contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales, fumigación a los cultivos ilícitos, fracking y protección a la fuerza pública, al advertir que su gobierno será de “regeneración”. “Le imparto desde aquí a las fuerzas militares y de policía la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales, sus integrantes, los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo que tienen dos caminos, someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública”, advirtió de la Espriella.

El Presidente habló desde el cantón militar Pichincha, en Cali, frente a los militares y luego de juramentarse en un acto político que se llevó a cabo en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. “Que no se equivoquen, El Tigre ha llegado y sabrán lo duro que muerde cuando se trata de defender al pueblo colombiano”, aseguró el mandatario.

De la Espriella sostuvo que “ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad” y, en ese orden, habló de la necesidad de dar inicio a un proceso de “regeneración”, una idea que en Colombia recuerda a un presidente conservador de finales del siglo XIX, que llevó al país al conservadurismo, la violencia política y la entrega a las creencias religiosas.

“Colombia reclama una regeneración moral en el ejercicio del poder, una regeneración institucional que devuelva fortaleza y autoridad al Estado, una regeneración administrativa que haga de la eficiencia y de la transparencia, de la transparencia, reglas inquebrantables del servicio público”, aseguró. El mensaje del mandatario se centró en el sentido de la “autoridad” y la “seguridad”, al sostener que “en mi gobierno se construirán megacárceles destinadas a recluir a quienes representan la mayor amenaza para la seguridad del pueblo”.

Al tiempo que les anunció a las tropas y a la Policía que su administración “los protegerá como se debe hacer con los héroes de Colombia” y les ofreció “todas las garantías jurídicas para que no sean perseguidos por cuenta del cumplimiento de su deber”. En ese punto, dirigió sus cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal creado en el acuerdo de paz con las extintas Farc en 2016 y donde se ha revelado, mediante testimonios, la participación de militares en asesinatos extrajudiciales, entre otros hechos.

“Respetaré el orden jurídico vigente sin que ello signifique renunciar al deber de revisar con absoluto rigor la naturaleza y los efectos de una jurisdicción que nació desconociendo la voluntad popular. La reconciliación no se edifica sobre el olvido ni sobre la absolución ilegítima de la violencia”, afirmó de la Espriella sobre la JEP. Frente a la lucha contra el narcotráfico, mencionó que implementará “la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana”.

La erradicación de cultivos ilícitos mediante el uso de aspersión aérea fue condicionada por la Corte Constitucional, que exige una serie de requisitos que incluye la protección de la salud humana y del medioambiente. El mandatario entrante anunció además que implementará el fracking para elevar las reservas petroleras, un tema que genera debate político y que seguramente será asunto de disputa política con partidos de oposición y protectores del medio ambiente.

Aseguró que perseguirá a quienes cometieron delitos de corrupción, no solo mediante la denuncia ante los tribunales nacionales, sino que acudirá a la justicia internacional. Advirtió que erradicará la supuesta enseñanza en las aulas del país que no sea acorde con valores católicos y conservadores, al tiempo que habló de una “batalla cultural para recuperar el valor de la familia, la disciplina y la creencia en Dios”. “Prometo que trabajaré sin descanso para que al concluir este mandato Colombia pueda afirmar orgullosamente que la autoridad volvió a sentirse en cada rincón de la patria”, afirmó de la Espriella en su mensaje.

Con información de ANSA.

 

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Agencias

Campeonato internacional de natación en Ibagué

Francisco

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EP NEW YORK NEWS | DEPORTES|

Por : Gustavo Lugo | Ibagué

Ibagué celebró el Campeonato Panamericano de Natación PanAm Aquatics Swimming Championships 2026 desde el 8 al 12 de julio de 2026 en las Piscinas Olímpicas Hernando Arbeláez Jiménez ubicadas en la calle 42 de la ciudad musical de Colombia. El evento reunió a más de 500 deportistas.

El torneo consolidó a la ciudad como sede continental y fue organizado por la Federación Colombiana de Natación y la Alcaldía de Ibagué

El campeonato reunió a las principales delegaciones de natación del continente americano en uno de los eventos más importantes del calendario internacional de PanAm Aquatics, consolidando a Colombia e Ibagué como referentes para la organización de competencias acuáticas de alto nivel.

Durante cinco días de competencia, los mejores nadadores de América se dieron cita en el país para disputar un certamen de gran relevancia deportiva e internacional.

La delegación de Colombia tuvo un comienzo exitoso en el Panam Aquatics Swimming Championships Ibagué 2026 tras conquistar 16 medallas durante la primera jornada de competencias: cinco de oro, ocho de plata y tres de bronce. La gran figura del día fue Jasmin Pistelli Palomino, quien además de coronarse campeona panamericana en los 200 metros espalda (19 años y mayores), impuso un nuevo récord nacional con un tiempo de 2:12.80, superando la marca de Carolina Colorado (2:13.64), vigente desde 2012.

La primera medalla de oro para Colombia llegó gracias a Matías Ramírez Bonilla, quien se proclamó campeón panamericano en los 200 metros espalda de la categoría 16-18 años con un tiempo de 2:06.83, entregándole al país la primera presea dorada del campeonato.

El certamen reunió a las delegaciones nacionales de los siguientes países del continente americano: Colombia (país anfitrión), México, Chile, Argentina, Anguila (Territorio Británico de Ultramar. Es una pequeña y exclusiva isla caribeña ubicada al este de Puerto Rico), Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Bolivia, Costa Rica, Dominica.

Además de estas naciones, el evento continental contó con representantes de Brasil, Canadá y otras delegaciones de Centroamérica y el Caribe, completando el registro de los 31 países participantes. Al final del campeonato, la delegación local de Colombia se coronó campeona general, seguida muy de cerca por México y Chile en el medallero.

Con una entrada gratuita para todo el público, los asistentes disfrutaron de cinco días de competencia con los mejores exponentes de la natación panamericana y acompañaron a la Selección Colombia en su camino por dejar en alto los colores del país.

Colombia ganó un total de 85 medallas en el Panam Aquatics Swimming Championships disputado en Ibagué este me de julio de 2026. La delegación local finalizó en el primer puesto del medallero general con la siguiente distribución:
Oro: 31 medallas
Plata:35 medallas
Bronce:19 medallas

Las piscinas olímpicas Hernando Arbeláez Jiménez, ubicadas en la Unidad Deportiva de la Calle 42, se construyeron originalmente a finales de los años 70 para los Juegos Nacionales de 1970.

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