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Blog de Sucesos y Noticias

Policía hondureña vinculada con el asesinato del “Zar antidrogas”

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El diario The New York Times reveló un informe en que vincula a los 25 miembros de la Policía Nacional, de diferentes rangos, en la muerte del zar antidrogas, Julián Arístides González y el asesor en seguridad Alfredo Landaverde.

June 05, 2016

LAS TRES PLAGAS DE HONDURAS: CORRUPCIÓN, POBREZA E INSEGURIDAD

por Ricardo Angoso

rangoso@iniciativaradical.org

@ricardoangoso

Honduras, un país de apenas 114.000 kilómetros cuadrados (algo más que Andalucía) y 8,7 millones de habitantes, es uno de los países que tiene ante sí una agenda social, política y económica realmente compleja y repleta de retos y desafíos. La corrupción es galopante, la pobreza, lacerante, y la inseguridad, insultante. Pero vayamos por partes y analicemos el origen de todos estos problemas que llevan sobre la mesa de este país desde hace décadas.

La corrupción, una pandemia nunca enfrentada por la clase política

El reciente descubrimiento de que la alta cúpula policial hondureña estaría, supuestamente, relacionada con el crimen organizado y el narcotráfico, aparte de haber encubierto numerosos delitos, ha revelado a la mayor parte de los hondureños el alto grado de corrupción en que vive esta pequeña nación olvidada y desconocida. Los hondureños siempre habían desconfiado de sus fuerzas de seguridad, de los integrantes del cuerpo policial, pero hasta el punto de que las mismas podrían estar implicadas en numerosos crímenes nunca esclarecidos y de tener nexos -ni más ni menos- que con conocidos capos del narcotráfico, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia y que ha generado un sentimiento de repulsa e impotencia.

También se ha descubierto que la cúpula policial estaría detrás del asesinato del “zar antidrogas”, el general Julián Arístides González, hombre de confianza de la agencia antidrogas norteamericana (DEA) y muy comprometido en la lucha contra el narcotráfico en este país centroamericano. Al parecer, el crimen fue perpetrado por agentes de la policía y después, una vez asesinado el general, la escena del crimen fue alterada por un forense autorizado por la policía para desviar la atención acerca de los verdaderos responsables. Hace siete años que se cometió este magnicidio, que sacudió a toda Honduras, y ha tenido que pasar tanto tiempo para que estos hechos sean conocidos, en una revelación espectacular dada a conocer por el diario de Tegucigalpa El Heraldo.

Pero este caso es una gota en un mar dominado por la corrupción generalizada, el saqueo sistemático de las arcas públicas y la impunidad con que actúan los corruptos. Según el índice de percepción de la corrupción que publica todos los años la organización Transparencia Internacional, Honduras ocupa el puesto 112 sobre 167 países medidos, con 31 puntos, en el estudio publicado en el año 2015. Según informaban los medios hondureños, solamente en diez casos emblemáticos de corrupción, sobre los centenares que habrá documentados, se habrían perdido unos 150 millones de dólares, en un país donde hay graves carencias en la salud, la educación, las obras públicas y la seguridad.

Una buena parte de los grandes escándalos de corrupción conocidos en los últimos años ocurrieron durante los gobiernos de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) y Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y la mayoría de ellos están impunes, según informó en su momento el diario hondureño La Prensa. De todos los hechos reseñados e investigados, el que mayor repercusión ha tenido es el saqueo del Seguro Social durante la gestión de Mario Roberto Zelaya, que dejó a esa institución al borde del colapso financiero. Según el Ministerio Público hondureño, el latrocinio de los dineros del Instituto Hondureño del Seguro Social fue calculado en más de 2,500 millones de lempiras (113.896,296 dólares), que fueron sustraídos a través de empresas organizadas para perpetrar el desfalco.

En las últimas semanas también trascendió que el partido de gobierno, el nacional, recibió al menos 1.5 millones de lempiras (unos 45,558.10 dólares) en contribuciones provenientes del dinero del Seguro Social. En un país donde falta de todo en los hospitales y la gente se muere literalmente de hambre, por no hablar de la inexistente educación pública, este saqueo de los fondos del Estado es una auténtica plaga que mina el trabajo de la administración hondureña.

Honduras, uno de los países más pobres del continente

En una información del diario La Prensa, el más importante de San Pedro Sula, se podía leer recientemente esta información:”De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), titulado “Desarrollo social inclusivo: una nueva generación de políticas para superar la pobreza y reducir la desigualdad”, la región aumentó su número de personas en nivel de pobreza e indigencia como no lo hacía desde 2011″. Y concluía la nota: “Honduras, por su parte, ocupa el puesto número uno entre los países con mayor porcentaje de población en condición de pobreza con 60%, seguido de Guatemala (54%), México (52.3%) y Bolivia (45%)”.

Por su parte, El Heraldo de Honduras, calculaba que de una población mayor a los 8 millones 500 mil habitantes vivían en la pobreza 5 millones 889 personas, una cifra realmente escalofriante y que revela la grave situación social que vive el país.Y el Banco Mundial, en uno de sus más recientes informes, presentaba, al referirse a este flagelo, un panorama nada halagüeño: “Honduras es un país de ingreso medio-bajo que se enfrenta a desafíos significativos, con cerca del 63 por ciento de la población viviendo en pobreza en 2014, según datos oficiales. En zonas rurales aproximadamente seis de cada 10 hogares viven en pobreza extrema o con menos de US$2.50 al día”.

Tampoco el país cuenta con mejores indicadores en lo que se refiere a la pobreza extrema, tal como también documentaba y aseguraba el Banco Mundial en otro informe que difiere en muy poco de los datos antes reseñados. Según este organismo financiero, en los pasados 14 años, Honduras mantiene el promedio de pobreza extrema más alto de la región centroamericana y Honduras promedia una tasa casi cercana al 42,6% de pobreza extrema (menos de 2,5 dólares al día) entre su población, es decir, uno de cada cinco de sus habitantes. Además, Honduras tiene el dudoso honor de tener el porcentaje más alto de pobreza extrema en toda América Central y casi en el continente.

Luego, ligado a la pobreza, está el problema de la desigualdad social, del reparto de la riqueza, donde ocupa el deshonroso primer puesto Honduras. Siguiendo con el relato que hace del país el Banco Mundial, hay que reseñar que de acuerdo a la base de datos de esa organización, Honduras lidera el ranking como el país con mayor índice de desigualdad en Latinoamérica solo debajo de algunos países de  África. Según esta prestigiosa entidad, basándose en datos de diciembre del 2015, los primeros cinco países en el ranking de la desigualdad son africanos, seguidos por cinco latinoamericanos en los cuales está Honduras (6) Colombia (7), Brasil (8), Guatemala (9), Panamá (10) y Chile (14). En términos del coeficiente Gini, la desigualdad en Honduras es del 53.7 en contraste, por ejemplo, con el 25,9% de Noruega, uno de los países en términos de igualdad social que es modelo mundial.

El desafío de recuperar la seguridad en las calles y vencer a la criminalidad

Aunque ya no carga con el sambenito de ser el país más peligroso del mundo, todavía la violencia y la criminalidad siguen muy presentes en las calles de Honduras. El respetado Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), señalaba que en 2015 se cometieron 5.108 homicidios, una tasa de 59,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este dato significaría, de hecho. una disminución cercana al 10% con respecto al año anterior (68 homicidios por cada 100.000 habitantes). Pero si lo comparamos con la tasa de 2011 (86,5), el descenso es aún más marcado y constituiría un éxito para la administración del actual presidente, Juan Orlando Hernández.

Pero tampoco  las cosas han mejorado tan rápidamente y la situación, en términos de seguridad pública, sigue siendo muy grave y constituye una amenaza para la estabilidad política, social y económica del país. El Consejo Ciudadano de México para la Seguridad Pública y Justicia Penal, en un informe publicado a principios de año donde se detallan las cincuenta ciudades más peligrosas del mundo, señala que San Pedro Sula es la segunda ciudad más peligrosa del mundo, con una tasa de homicidios de 111,03 por cada 100.000 habitantes, y a Tegucigalpa en el puesto número sexto con una tasa de 73,51 sobre la misma proporción de habitantes.

El problema radica en que el Estado ha perdido su autoridad y capacidad para poner fin a esta auténtica ola de violencia desbordada. Como señalaba en una nota editorial el diario El Heraldo, “es urgente que el Estado hondureño recupere el control que ha perdido ante la delincuencia criminal, ante la violencia. Y para eso, la herramienta más adecuada a utilizar es la represión de la delincuencia; o sea investigar, descubrir, capturar, enjuiciar y hacer que paguen por el mal hecho a la sociedad”. Concluyendo que, en el caso de Honduras, “lo primero que se debe hacer es limpiar la Policía Nacional y los demás “operadores” de justicia; todo esto antes de intentar siquiera la recuperación de la seguridad perdida para la gente honrada”. Como vemos, nuevamente, la corrupción aparece ligada claramente con la lucha contra la inseguridad pública y el crimen organizado.

Honduras padece el acoso y el flagelo de bandas organizadas que participan en la extorsión, el secuestro, el crimen organizado e incluso el narcotráfico. Bandas que operan sin ningún control y sin que el Estado hondureño, muy endeble porque la justicia y la propia policía no funcionan adecuadamente, pueda actuar efectivamente contra ellas. Además, de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, un estudio practicado por investigadores de la Universidad de Las Américas, Puebla, México, revela que de entre los 59 países del mundo evaluados las 10 naciones con más problemas de impunidad son Filipinas, México, Colombia, Turquía, Rusia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, República de Corea y Georgia. Es decir, Honduras, con un puntaje del 64,1%, es el sexto país del mundo en impunidad y solo superado en el continente por México, Colombia y Nicaragua.

Para concluir sobre este asunto tan fundamental como es la seguridad pública, me remito al ya reseñado anteriormente editorial de El Heraldo que señala muy oportunamente: “En otras palabras, solo una contundente voluntad política para convertir la Policía, la Fiscalía, los juzgados y las cárceles en efectivos instrumentos contra la delincuencia, es el único camino que puede permitir a la actual generación de hondureños recuperar la seguridad perdida. Pero si queremos que nuestros hijos y nietos no vivan los horrores que hoy sufrimos, se debe evitar que los jóvenes y niños que sobreviven en alto riesgo social, entren a formar parte de los ejércitos de la criminalidad”.

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Agencias

Gran jurado de Manhattan imputa cargos contra Donald Trump por caso de actriz porno

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EP New York | política EE.UU. | agencias

por Gustavo Lugo

Donald Trump es acusado penalmente en NY

NUEVA YORK  — Donald Trump ha sido acusado por un jurado investigador de Manhattan, dijeron el jueves fiscales y sus abogados, lo que lo convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar un cargo penal y remece sus pretensiones de retomar la Casa Blanca el próximo año.

Los cargos se centran en los pagos realizados durante la campaña presidencial de 2016 para acallar las denuncias de un encuentro sexual extramatrimonial. Además, representan un desarrollo extraordinario después de años de investigaciones sobre los tratos comerciales, políticos y personales de Trump.

La acusación impulsa a una fiscalía de distrito local al corazón de una contienda presidencial y marca el comienzo de un proceso penal en una ciudad que el expresidente llamó su hogar durante décadas. Al llegar en un momento de profundas divisiones políticas, es probable que los cargos refuercen los puntos de vista tanto de quienes creen que ya era hora de que el exmandatario rindiera cuentas, como de aquellos que, como Trump, sienten que el republicano está siendo atacado con fines políticos por un fiscal demócrata.

Trump, quien ha negado haber cometido delito alguno y ha atacado la pesquisa en numerosas ocasiones, se refirió a los cargos formales como una “persecución política” y pronosticó que perjudicaría a los demócratas en 2024. En un comunicado en el que confirmaron los cargos, sus abogados Susan Necheles y Joseph Tacopina, afirmaron que Trump “no cometió ningún delito. Lucharemos vigorosamente contra este proceso político en los tribunales”.

Un portavoz de la fiscalía de distrito de Manhattan confirmó la acusación y dijo que los fiscales se habían comunicado con el equipo de defensa de Trump para concertar su entrega. Una persona familiarizada con el asunto, que no estaba autorizada a discutir un proceso que se encuentra bajo precinto, dijo que se esperaba que la entrega se hiciera la próxima semana. El fiscal de distrito Alvin Bragg salió de su oficina el jueves por la tarde sin hacer comentarios.

El caso se centra en acusaciones bien documentadas de un periodo de 2016 durante el cual el pasado de celebridad de Trump chocó con sus ambiciones políticas. Los fiscales examinaron el dinero pagado a la actriz porno Stormy Daniels y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal, de quienes temía que hicieran públicas las afirmaciones de que habían tenido encuentros sexuales extramatrimoniales con él.

El momento de la acusación pareció sorprender a los funcionarios de la campaña de Trump luego de los reportes noticiosos de que probablemente faltarían semanas para presentar cargos penales. El expresidente estaba en Mar-a-Lago, su propiedad en Florida, el jueves y había filmado una entrevista con un comentarista conservador.

Para un hombre cuya presidencia estuvo definida por saltarse las normas, la acusación abre camino a otro espectáculo nunca antes visto. Requerirá que un expresidente —y actual aspirante— luche simultáneamente por su libertad y su futuro político al mismo tiempo que se defiende de otras amenazas legales potencialmente más peligrosas, incluidas investigaciones sobre los intentos de él y de sus aliados de anular los resultados de las elecciones de 2020, así como sobre el resguardo de cientos de documentos confidenciales.

Hasta hace poco, Nueva York había sido vista como una candidata poco probable para ser el primer lugar para enjuiciar a Trump, quien continúa enfrentando investigaciones en Atlanta y Washington que también podrían resultar en cargos. A diferencia de esas investigaciones, el caso de Manhattan se refiere a la conducta de Trump antes de convertirse en presidente y no está relacionado con los intentos de anular una elección presidencial.

Mientras busca reafirmar el control del Partido Republicano y mantener a raya a una gran cantidad de exaliados que buscan la nominación presidencial o se opondrán a que él la obtenga, la acusación prepara el escenario para una imagen sin precedentes: un expresidente al que le toman sus huellas dactilares y una foto para su ficha policial, y luego enfrentar la lectura de cargos y posiblemente un juicio penal. Por razones de seguridad, se prevé que sea fichado en un proceso cuidadosamente coreografiado para evitar aglomeraciones dentro o fuera del juzgado.

Al presentar los cargos, el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg está asumiendo un caso inusual que había sido investigado por dos fiscales anteriores que se negaron a tomar el arriesgado paso político de buscar cargos en contra de Trump.

En las semanas previas a su acusación formal, Trump arremetió contra la investigación en redes sociales y llamó a sus simpatizantes a realizar protestas en su nombre, lo que obligó a reforzar la seguridad en las inmediaciones de la corte penal de Manhattan.

El destino de la investigación de los pagos para comprar el silencio de las dos mujeres parecía incierto hasta que a principios de marzo comenzó a circular la noticia de que Bragg había invitado a Trump a testificar ante el jurado investigador, un indicio de que la fiscalía estaba cerca de presentar cargos.

Los abogados de Trump rechazaron la invitación, pero un abogado muy allegado al expresidente testificó brevemente en un intento de socavar la credibilidad del exabogado de Trump, Michael Cohen.

El propio Trump había generado expectativas de que sería acusado pronto, al emitir una declaración a principios de mes en la que predijo un arresto inminente y llamó a sus seguidores a protestar. No repitió ese llamado en una nueva declaración el jueves, pero el Departamento de Policía de Nueva York les dijo a sus 36.000 oficiales que estuvieran completamente movilizados y listos para responder a cualquier posible protesta o disturbio.

Hacia el final de la campaña presidencial de 2016, Cohen le pagó a Daniels 130.000 dólares para que guardara silencio sobre lo que asegura se trató de un encuentro sexual con Trump 10 años atrás, luego de haberse conocido en un torneo de golf para celebridades.

La compañía de Trump, la Organización Trump, le reembolsó el monto a Cohen y también lo recompensó con bonos y pagos adicionales que fueron registrados internamente como gastos legales. A lo largo de varios meses, según Cohen, la compañía le pagó 420.000 dólares.

Antes de eso en 2016, Cohen también había hecho arreglos para que el editor del tabloide National Enquirer le pagara a la modelo de Playboy Karen McDougal 150.000 dólares para silenciar su historia de una aventura con Trump.

Los pagos a las mujeres tenían la intención de comprar su silencio, pero resultaron contraproducentes casi de inmediato cuando los detalles de los arreglos se filtraron a los medios de comunicación.

Los fiscales federales de Nueva York finalmente acusaron a Cohen en 2018 de violar las leyes federales de financiamiento de campañas, argumentando que los pagos equivalían a una ayuda inadmisible para la campaña presidencial de Trump. Cohen se declaró culpable de esos cargos y de cargos de evasión de impuestos no relacionados, y cumplió condena en una prisión federal.

Trump fue implicado en documentos judiciales por tener conocimiento de los arreglos, pero los fiscales federales en ese momento se negaron a presentar cargos en su contra. El Departamento de Justicia tiene una política añeja de que es probable que sea inconstitucional enjuiciar a un presidente en ejercicio ante un tribunal federal.

Con ingormaciòn de AP | EFE

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Agencias

La “paz total” de Petro y el sometimiento a la justicia. ¿Será posible?

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EP New York | Latinoamérica | agencias

cómo Colombia sometería al narco a la justicia

BOGOTÁ — El presidente colombiano Gustavo Petro ambiciona someter a la justicia a las bandas criminales dedicadas en su mayoría al narcotráfico, en un intento por desescalar la violencia que aqueja a casi todo el país, ofreciéndoles pasar pocos años en la cárcel y una parte de los bienes que declaren a cambio de que entreguen las armas y se comprometan a no volver a delinquir.

La propuesta fue presentada el miércoles de la semana pasada al Congreso donde pronto iniciará su debate. Sin embargo, su aprobación será un reto porque Petro ya no cuenta con una mayoría oficialista tan cohesionada como meses atrás y deberá también sortear los cuestionamientos de la Fiscalía y la Procuraduría.

The Associated Press explica en qué consiste el proyecto de ley para las narco-bandas.

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDA LA LEY?

El plan oficialista aspira a llevar ante la justicia a las organizaciones criminales dedicadas a economías ilícitas, especialmente al narcotráfico y la minería ilegal, y cuyo actuar violento afecta a la población civil tanto en las ciudades como en zonas rurales.

Uno de los grupos que podría beneficiarse de la eventual ley es el Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas del país. Sin embargo, será una comisión gubernamental la que calificará qué estructuras pueden entrar al proceso de sometimiento y luego dará su veredicto al presidente Petro, quien tendrá la última palabra.

El proyecto aclara que al someterse no hay un “reconocimiento político” del grupo. La diferencia es clave porque en Colombia hay otros grupos armados que, aunque pueden tener vínculos con el narcotráfico, tienen un fin político. Por ejemplo, las guerrillas de izquierda buscaban tomarse el poder por las armas.

El gobierno está inmerso en diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerada la última guerrilla activa en el país, luego de que el Estado lograra firmar en 2016 un acuerdo de paz con la extinta Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos integrantes accedieron a una justicia especial a cambio de contar la verdad y reconocer sus crímenes.

¿CÓMO SE SOMETERÍAN A LA JUSTICIA?

El proyecto da un plazo de dos años, contados a partir de la aprobación de la ley, para que las bandas y sus integrantes firmen un acta en la que se comprometan a someterse a la justicia. El presidente podrá prorrogar por un año más ese plazo.

Para poder acceder al tratamiento penal con beneficios deben manifestar su voluntad de desmantelar la estructura, suspender todo tipo de actividades ilícitas, entregar las armas, así como a todos los secuestrados y menores reclutados, y entregar un inventario de bienes adquiridos con negocios ilegales, que servirían para reparar a las víctimas.

¿QUÉ BENEFICIOS TENDRÍAN?

Quienes hayan cometido delitos como utilización ilegal de uniformes e insignias, porte ilegal de armas y concierto para delinquir (asociación ilícita de varias personas para cometer delitos) podrían acceder a un principio de oportunidad, una figura que permite que la Fiscalía suspenda o renuncie a la persecución penal.

En ese caso, un fiscal debe solicitar a un juez que aplique el principio de oportunidad. De ser aprobado, la persona quedaría en libertad si está preso o no iría a la cárcel, y se suspendería la persecución penal por cuatro años, tiempo en que debe participar en programas de justicia restaurativa y de reintegración a la vida civil. Una vez pase ese tiempo y verifiquen que no reincidió, el Estado renuncia a la persecución penal o, por el contrario, si cometió delitos, reactiva todos los procesos penales en su contra.

Sin embargo, no podrán acceder al principio de oportunidad quienes hayan participado de graves violaciones a los derechos humanos o sido jefes o cabecillas. En ese caso, el proyecto contempla penas de seis a ocho años de cárcel, de acuerdo al grado de responsabilidad individual. Además, de cuatro años, cuando ya estén fuera de la cárcel, en los programas de justicia restaurativa.

El senador oficialista Iván Cepeda, uno de los autores del proyecto, explicó a The Associated Press que a diferencia de otras leyes que se aprobaron en el pasado, la nueva contempla una “dosificación de la pena de acuerdo a la responsabilidad que se pueda establecer sobre la comisión de los delitos y no al rango” dentro de la estructura armada, para evitar que un mando medio que puede ser responsable de graves crímenes pague menos pena que un dirigente máximo solo por su rango.

En caso de que las estructuras criminales hagan entrega anticipada de sus bienes y activos, podrían quedarse con el 6% de los mismos a manera de beneficio, siempre que eso no exceda los 10.000 salarios mínimos, lo que serían aproximadamente dos millones de dólares.

Juan David Bazzani, especialista en procesal penal y docente de la Universidad Externado, aseguró a la AP que ya existe un incentivo de quedarse con el 3% de los patrimonios ilegales en la extinción de dominio, permitida en Colombia sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito. Sin embargo, cuestiona qué pasará cuando esos bienes estén a nombre de testaferros y si luego de declararlos, los miembros rasos de las organizaciones podrán obtener el beneficio o solo lo harán los cabecillas.

¿CÓMO PERDERÍAN LOS BENEFICIOS?

Quienes retornen a las armas, se involucren en algún tipo de economía ilegal, sean condenados por delitos cometidos luego de que firmen el acta en el que se sometan a la justicia o no participen en programas para reparar a las víctimas y reintegrarse a la sociedad perderían los beneficios concedidos.

Michael Lee Weintraub, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, cuestiona si hay suficientes incentivos para que los miembros de las estructuras criminales abandonen y no reincidan en las actividades ilícitas.

“Para las personas que están dentro de la cárcel puede haber muchos beneficios, porque implicaría reducción de penas y seguramente libertad. Pero para los que están fuera, habría que competir desde el sector lícito con el tráfico de cocaína que es demasiado rentable con la política de drogas actual”, indicó Weintraub a AP.

CRÍTICAS AL PROYECTO

La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, advirtió ante la prensa de que tal como está planteada la ley, protegería más “a los victimarios que a las víctimas”, dado que se les otorgan beneficios como un límite de cárcel sin que exista “una manifestación de voluntad del sujeto responsable sobre la verdad”.

Además, a su juicio, la norma sería tan amplia que permitiría que las bandas criminales y el equipo del gobierno pacten “cualquier cosa, como por ejemplo la no extradición… Ese es el mico (la trampa) que yo veo”, agregó Cabello.

En el proyecto de ley, no hay una referencia a los procesos de extradición. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró a la prensa esta semana que con el proyecto no se afectan “las reglas vigentes a las que el Estado colombiano se han comprometido sobre la extradición”.

El fiscal general, Francisco Barbosa, cuestionó que pueda haber “una suerte de indulto” cuando accedan al principio de oportunidad por el delito de concierto para delinquir. “Es decir, buscar que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento”, en referencia a los beneficios que recibieron los exguerrilleros de las FARC cuando dejaron las armas.

La antigua guerrilla es juzgada por un Tribunal de Paz y, en caso de que digan la verdad y acepten su responsabilidad, pueden acceder a sanciones que no implican cárcel.

Con información de AP

 

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Agencias

Alcances del plan de paz de China en Ucrania

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EP New York/ Florida News| Política Internacional | agencias

Putin y Xi celebran la colaboración de sus países, a pesar de la guerra de Rusia en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, le dio la bienvenida a Xi Jinping, el máximo dirigente chino, y mencionó brevemente el plan de paz de Pekín para Ucrania, sin dejar de subrayar la sólida cooperación entre Moscú y Pekín.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el máximo dirigente chino, Xi Jinping, iniciaron el lunes sus conversaciones en Moscú. Posaron uno al lado del otro demostrando una colaboración que no se ha visto afectada por la guerra que Rusia mantiene en Ucrania desde hace un año.

Aunque la guerra y las fricciones que ha evidenciado estuvieron presentes en la reunión, Xi y Putin no hicieron comentarios públicos al respecto, a pesar de las múltiples consecuencias registradas el año pasado como las sanciones occidentales a Rusia, la crisis energética en Europa y la devastación en Ucrania.

En vez de eso, los líderes hicieron todo lo posible por halagarse mutuamente y proyectar unidad en una serie de actos meticulosamente coreografiados. Xi es el líder mundial de más alto nivel que visita Rusia desde la invasión y se quedará tres días, mientras continúan las sangrientas batallas en el este de Ucrania. Además, su visita se produce solo tres días después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de detención contra el líder ruso por crímenes de guerra.

Las imágenes de la alianza, construida más con gestos simbólicos que con un tratado formal, ha avivado la ansiedad en Occidente ante la posibilidad de que China expanda su apoyo a Rusia más allá de la diplomacia o la economía —posiblemente con armas para que sean usadas en la guerra de Putin— y consolide un poderoso bloque opuesto a la OTAN y Estados Unidos.

“Querido amigo, bienvenido a Rusia”, le dijo Putin a Xi, después de que el líder chino fuera recibido con una alfombra roja y una banda militar.

Putin le dijo a su invitado que China era objeto de “envidia” porque su gobierno había construido un “sistema muy eficaz para desarrollar la economía y fortalecer el Estado”. Xi expresó su “profunda gratitud” a Putin y dijo estar “seguro de que el pueblo ruso seguirá apoyándolo firmemente”, según Xinhua, la agencia de prensa estatal china.

Los mandatarios se sentaron junto a una pequeña mesa, cerca de una chimenea, en un entorno mucho más íntimo que la larga mesa en la que Putin mantuvo tensas reuniones con líderes occidentales antes de que Rusia invadiera Ucrania.

Pero detrás de esta muestra de amistad hay un escenario geopolítico. China y Rusia se oponen a un orden mundial dominado por Estados Unidos y sus aliados, y eso parece pesar más que cualquier objeción que pueda tener Xi sobre la invasión de Ucrania.

El secretario de Estado, Antony J. Blinken, criticó la visita, afirmando que equivale a una “pantalla diplomática para que Rusia siga cometiendo” crímenes de guerra. El tribunal internacional acusó a Putin de ser responsable del secuestro y deportación de niños ucranianos, y las fuerzas rusas siguen atacando zonas civiles.

Según Blinken, el viaje “sugiere que China no siente la responsabilidad de hacer que el presidente rinda cuentas por las atrocidades cometidas en Ucrania”.

Putin, en un artículo publicado en el Diario del Pueblo, el principal periódico del gobernante Partido Comunista de China, estableció paralelismos entre las amenazas que, según él, pesan sobre Rusia por parte de Occidente —y que, en su opinión, lo impulsaron a invadir Ucrania— y las preocupaciones de Pekín en materia de seguridad en Asia.

Describió la cooperación entre Rusia y China como un contrapeso esencial a un Occidente que pretende dominar no solo Europa Oriental, sino también la región de Asia-Pacífico, y que pretende “contener el desarrollo de nuestros países”.

“Son las relaciones ruso-chinas las que hoy representan prácticamente la piedra angular de la estabilidad regional, incluso mundial”, escribió Putin.

Según un resumen chino de su reunión en el Kremlin, Xi le dijo a Putin: “La mayoría de los países apoyan la disminución de las tensiones, abogan por las negociaciones de paz y se oponen a echarle leña al fuego. Históricamente, los conflictos deben resolverse mediante el diálogo y las negociaciones”.

Las cautelosas declaraciones de Xi coinciden con la delicada posición que China ha adoptado en relación con la guerra: simpatiza con las quejas de Rusia contra la influencia occidental y la OTAN, al tiempo que aboga por el diálogo para poner fin a los combates. En consonancia con esa ambigüedad, Xi se ha referido a los combates en Ucrania como una “crisis” o un “conflicto”, pero no como una guerra o una invasión.

Al final del primer día de reuniones, no se evidenció algún progreso en el aspecto que más expectativas ha generado: saber si Xi podrá convencer a Putin para que inicie negociaciones de paz serias. Putin se limitó a afirmar que Rusia había “estudiado detenidamente” las propuestas de paz de China y que las tratará “con respeto”.

Un portavoz de la Casa Blanca, John F. Kirby, dijo: “Veremos de qué salen hablando de esta reunión”. Al calificar a la alianza Pekín-Moscú como un “matrimonio de conveniencia”, dijo que armar a Rusia iría en contra de las declaraciones públicas de Xi acerca de que China quiere la paz.

Para Putin, la visita de Xi también es una oportunidad para suavizar las tensiones suscitadas por los asesinatos de nueve ciudadanos chinos en una mina de oro en la República Centroafricana, un incidente que Xi ha condenado. Hay diversas afirmaciones sobre la identidad del grupo responsable de las muertes, pero algunos culpan a un grupo de mercenarios rusos.

Las conversaciones de Xi y Putin continuarán el martes, cuando se les unirán delegaciones más amplias de funcionarios gubernamentales. También planean dirigirse a los medios de comunicación y celebrar un banquete estatal al que asistirán los líderes empresariales rusos.

Ambos mandatarios se han reunido unas 40 veces desde que Xi se convirtió en líder nacional pero, aunque proyectan una relación más profunda que nunca, la guerra ha interrumpido sus relaciones, al tiempo que ha profundizado la dependencia rusa de China para el comercio y el apoyo diplomático.

La guerra ha sido una fuente de inestabilidad para Pekín, y ha perjudicado los lazos chinos con los países europeos. También ha magnificado las tensiones económicas y energéticas mundiales en un momento en que Xi quiere centrarse en la reconstrucción económica de China después de la pandemia.

En las últimas semanas, Xi ha tratado de reafirmar el papel global de China después de su aislamiento pandémico. Pekín se ha presentado como un potencial intermediario de la paz, organizando conversaciones que condujeron a un acuerdo significativo este mes entre Arabia Saudita e Irán y proponiendo un plan de 12 puntos que fue redactado en términos generales para poner fin a los enfrentamientos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que agradecería la oportunidad de hablar con Xi, pero no está claro si los líderes tienen la intención de hablar.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, habló por teléfono la semana pasada con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, e instó a Ucrania y Rusia a negociar. “No importa cuán grandes sean las dificultades y los desafíos, no se le debe cerrar la puerta a una solución política”, le dijo Qin, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Pero hay obstáculos enormes.

Putin, en su artículo del lunes, señaló que Rusia entablará conversaciones solo si retiene el control del territorio capturado en el este y el sur de Ucrania. El gobierno de Ucrania ha descartado ceder territorio a cambio de la paz.

“El primer y principal punto es la capitulación o retirada de las tropas de ocupación rusas”, dijo Oleksiy Danilov, jefe del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, en un comunicado el lunes.

Ni las fuerzas rusas ni las ucranianas han mostrado una desaceleración en la lucha a lo largo del frente en expansión. Cientos de soldados mueren o resultan heridos diariamente en cada bando, según los analistas militares.

Incluso en el caso de que China desee desempeñar un papel para poner fin al derramamiento de sangre, es poco probable que Xi presione a Putin para evitar poner en peligro su asociación más amplia, según dicen muchos analistas. Xi considera que el vínculo de Pekín con Moscú es esencial para compensar el dominio global estadounidense.

“Los países occidentales liderados por Estados Unidos han implementado la contención, el cerco y la represión general de China”, declaró en un discurso este mes.

William Klein, un exdiplomático estadounidense radicado en Pekín, dijo que la visita a Moscú “demuestra claramente que China ve a Rusia como un socio estratégico indispensable”.

“Independientemente de lo que China pueda pensar sobre la guerra, ve a Rusia como una clave para crear un contrapeso a la presión de Estados Unidos”, dijo Klein, que ahora es socio consultor de FGS Global. “No debería haber ninguna expectativa de que China recalibrará sus intereses fundamentales debido a esta guerra”.

La pérdida del apoyo de Rusia podría dejar a China peligrosamente expuesta, según han argumentado los expertos en política exterior china, incluso después de la invasión de Putin.

El mes pasado, Yang Jiemian, un experto en política exterior de Shanghái, escribió en un análisis que si “Rusia se debilita constantemente hasta el punto en que no puede, no quiere o no se atreve a luchar contra Estados Unidos y Occidente, eso haría que China enfrente circunstancias estratégicas muy desfavorables”.

Publicado en The New York Times

 

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