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¿Se atreverá Maduro a detener y encarcelar a Guaidó?

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EP EUA/ agencias/opinión

Mientras Estados Unidos y los países que apoyan al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó , contaban los días en el poder de Nicolás Maduro y la dictadura , antes del 23f -día de la ayuda humanitaria a través de las fronteras de Colombia y Brasil -hoy, el panorama político toma un nuevo respiro hacia una salida diplomática a la crisis.

Las agresiones y asesinatos contra inermes indígenas de la frontera brasileña mas las quemas de los camiones con alimentos y medicinas y la repulsión con gases lacrimógenos y disparos de fusil contra la cadena humana de pacíficos venezolanos para entrar la ayuda a los más necesitados , no fueron suficientes ni para tomar una acción militar ni mucho menos para mover el sentimiento de la tiranía que se dedicó a bailar en Caracas.

Aunque la decisión de sacar a Maduro y a la dictadura del poder es irreversible para Guaidó y la oposición y algunos países de la región , la reunión del lunes del Grupo de Lima en Bogotá , dejó en evidencia que la estrategia “todas las opciones están abiertas” , es la última carta que decidirá el futuro de la democracia en Venezuela. 

Pero la pregunta que la opinión pública mundial y los analistas políticos y catedráticos se hacen es , cómo pretende regresar Guaidó a Caracas y si Maduro y el poder judicial harán efectiva la orden que emitieron para prohibir su salida de Venezuela. Hay diversos análisis e hipótesis que dan luces en el tema , aunque el propio Guaidó ha revelado a través de las redes sociales el siguiente paso para seguir la lucha contra la usurpación de poder de Maduro.

De acuerdo a un informe de Reuter , después que Guaidó mantuvo reuniones en Bogotá con líderes de la región y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se espera que regrese a sus actividades tras su abierto desafío al fallo del Tribunal Supremo de Justicia, que le prohibió a fines de enero cruzar las fronteras.

Ahora Maduro tendrá que decidir si causa un escándalo internacional intentando arrestar al opositor o si permite que Guaidó, jefe del Congreso dominado por la oposición, ignore las órdenes de instituciones vinculadas al gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), erosionando su autoridad.

Maduro dijo el opositor venezolano debe “respetar la ley” y que si regresa al país “tendrá que ver la cara de la justicia”, según una reciente entrevista con la cadena ABC.

“Es un gran problema para el gobierno manejar el tema Guaidó porque le creció políticamente demasiado”, dijo Luis Salamanca, politólogo y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela.

Guaidó invocó la Constitución para asumir el 23 de enero pasado la presidencia interina del país, declarando a Maduro un usurpador por haber sido reelegido en mayo del año pasado en una votación ampliamente boicoteada por la oposición y descrita por buenas partes de la comunidad internacional como una farsa.

Instituciones como la Fiscalía General, el Tribunal Supremo y la Contraloría, todas abiertamente aliadas con Maduro, abrieron investigaciones a Guaidó en las últimas semanas.

Pero ninguna de ellas ha buscado su arresto ni lo ha acusado formalmente. Hasta ahora, las autoridades han congelado sus cuentas bancarias y le han prohibido los viajes al extranjero.

El Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

“Desearía que vuelva”, dijo Martha Sánchez, una recepcionista de 65 años que confesó haber bajado de peso porque no le alcanza su salario equivalente a 10 dólares mensuales. “Ha demostrado ser un político con empuje y que nos ha dado esperanza”.

“ZONA INÉDITA”

Después de la reunión del Grupo de Lima, Guaidó dijo el lunes a reporteros en Bogotá que volvería a Venezuela esta semana, sin precisar detalles.

“Un preso no le sirve a nadie, un presidente exiliado tampoco, así que estamos en una zona inédita, en una zona que no habíamos estado nunca”, dijo en entrevista con el canal NTN24.

“Mi función y mi deber es estar en Caracas a pesar de los riesgos (…), y si eso pasa tenemos una ruta muy clara”, agregó sin abundar en el tema.

La semana pasada, Guaidó atravesó el país en una caravana y entró a tierra colombiana por un paso clandestino en algún lugar de la porosa frontera de 2.200 kilómetros, con ayuda de militares venezolanos, según afirmó.

Se espera que regrese de la misma manera.

Detener o no a Guaidó y las consecuencias de esas opciones “va a subir aún más la temperatura al conflicto”, dijo Jesús Ollarves, profesor del posgrado de Derecho Internacional en la Universidad Católica Andrés Bello.

Maduro, quien ha descrito a Guaidó como un títere de Estados Unidos que busca derrocar su gobierno, enfrenta una presión internacional sin precedentes, incluyendo sanciones impuestas por Washington destinadas a paralizar la vital industria petrolera de la nación OPEP.

Si bien el índice de aprobación de Maduro oscila entre el 20 y el 30 por ciento, Guaidó ahora goza de una popularidad superior al 60 por ciento, según una encuesta reciente de la firma privada Datanálisis, sin precedentes para un líder de la oposición durante los 20 años del socialismo venezolano.

Pero el equipo de Guaidó también enfrenta un dilema después del esfuerzo realizado el fin de semana para lograr el paso de ayuda humanitaria al país.

Mientras las imágenes de las tropas venezolanas disparando gas lacrimógeno al convoy de ayuda desataron molestia o ira en buena parte del mundo, algunos simpatizantes de la oposición parecieron decepcionados de que la asistencia no pudiera entrar y que Maduro pudiera declararse victorioso.

El equipo de Guaidó ha ganado el control de cruciales activos fuera del país, incluida la refinadora Citgo, la filial en Estados Unidos de la estatal petrolera PDVSA, pero aún no controla las fuerzas armadas ni las operaciones de sus puertos o el Banco Central.

El gobierno de Maduro le ha permitido en gran medida llevar a cabo actividades políticas, como mítines y conferencias de prensa, pero parece poco dispuesto a encarcelarlo, incluso ahora que se ha mostrado en rebelión a restricciones legales.

Maduro “tiene mucho más que perder al detener a Guaidó que dejarlo entrar”, dijo el analista político Dimitris Pantoulas.

“La detención de Guaidó sería un acto que pondría al mundo de tomar decisiones urgentes y contundentes lo más pronto posible, y con los ojos todos puestos en Venezuela (…) estas acciones serían muy fuertes contra él (Maduro)”, explicó. (Con infirmación de Reuters)


Tema relacionado: “pronto terminará la larga pesadilla de Venezuela” , Mike Pence, Vicepresidente de EE.UU


 

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Yulia Navalnaya continuará con legado político de Navalny

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EP New York | enfoque mundial

Yulia Navalnaya incursiona en política para preservar el legado de Navalny

La esposa de Alexéi Navalny había evitado la atención mediática, pero la muerte del líder opositor más famoso de Rusia puede hacer que eso sea imposible. “No tengo derecho a rendirme”, dijo.

Era agosto de 2020, Yulia Navalnaya, la esposa del líder opositor más famoso de Rusia, daba grandes zancadas por los pasillos desgastados y sombríos de un hospital provincial ruso en busca de la habitación donde su esposo yacía en coma.

Alexéi Navalny había colapsado tras recibir lo que investigadores médicos alemanes después declararían como una dosis casi fatal de la neurotoxina novichok, y su esposa, a quien policías amenazantes le impedían moverse por el hospital, volteó hacia la cámara de un celular que tenía un integrante de su equipo.

Con voz tranquila en un momento impactante que luego se incluyó en >Navalny< un documental ganador del premio Oscar, Navalnaya dijo: “Exigimos la liberación inmediata de Alexéi, porque en este instante en este hospital hay más policías y agentes del gobierno que médicos”.

Hubo otro suceso similar el lunes, cuando bajo circunstancias incluso más trágicas, Navalnaya habló ante una cámara tres días después de que el gobierno ruso anunció que su marido falleció en una brutal colonia penal de máxima seguridad en el Ártico. Su viuda culpó al presidente Vladimir Putin por la muerte y anunció que ella asumiría la causa de su esposo y exhortó a los rusos a unírsele.

En un discurso breve y pregrabado que fue publicado en redes sociales, Navalnaya dijo: “Al matar a Alexéi, Putin mató a mi mitad, la mitad de mi corazón y la mitad de mi alma. Pero me queda otra mitad y esta me dice que no tengo derecho a rendirme”.

Durante más de dos décadas, Navalnaya había evitado asumir cualquier papel político en público porque alegaba que su propósito en la vida era apoyar a su esposo y proteger a sus dos hijos. “Considero que mi labor es que nada cambie en nuestra familia, que los niños sean niños y el hogar sea un hogar”, dijo Navalnaya a la edición rusa de la revista Harper’s Bazaar en 2021, una de las pocas entrevistas que ha concedido.

Pero eso cambió el lunes.

Navalnaya enfrenta el gran reto de intentar que vuelva a funcionar el desmotivado movimiento de oposición desde el extranjero, ya que cientos de miles de sus simpatizantes han sido obligados a exiliarse por un Kremlin cada vez más represivo que ha respondido a cualquier crítica a su invasión a Ucrania, que inició hace dos años, con duras sentencias de cárcel. El movimiento político y la fundación de su esposo, que expusieron la corrupción en las altas esferas del poder, fueron declaradas como organizaciones extremistas en 2021 y se les prohibió operar en Rusia.

Aunque no desestiman las dificultades, sus amigos y asociados creen que Navalnaya, de 47 años, tiene una oportunidad de éxito gracias a lo que llaman su combinación de inteligencia, porte, determinación férrea, resiliencia, pragmatismo y carisma.

Su presencia es algo inusual en Rusia: una mujer destacada en un país donde las mujeres reconocidas en la política son poco comunes, a pesar de sus muchos logros en otros campos. Analistas afirman que, aparte de la amplia autoridad moral que ha adquirido tras la muerte de su marido, Navalnaya podría beneficiarse de una brecha generacional en Rusia, donde los rusos más jóvenes y postsoviéticos aceptan más la equidad de género.

Tan pronto como Navalnaya hizo su declaración el lunes, la maquinaria propagandística estatal rusa se puso en acción, por lo que trató de presentarla como una herramienta de las agencias de inteligencia de Occidente y alguien que frecuentaba complejos turísticos y fiestas de celebridades.

Navalnaya nació en Moscú en una familia de clase media; su madre trabajaba para un ministerio gubernamental y su padre era empleado de un instituto de investigación. Sus padres se divorciaron al poco tiempo y su padre murió cuando ella tenía 18 años. Navalnaya se graduó en Relaciones Internacionales y después trabajó brevemente en un banco antes de conocer a Navalny en 1998 y casarse con él en 2000. Ambos eran cristianos ortodoxos rusos.

Una hija, Daria, que ahora estudia en California, nació en 2001, y un hijo, Zakhar, nació en 2008, quien asiste a la escuela en Alemania, donde vive Navalnaya.

Aunque no era abiertamente política, Navalnaya siempre estuvo al lado de su esposo. Lo acompañó en manifestaciones y durante sus numerosos procesos judiciales y sentencias de prisión. Navalnaya estaba con él durante su campaña para alcalde de Moscú en 2013, y en 2017, cuando un ataque con un tinte químico verde casi lo deja ciego de un ojo.

En 2020, cuando Navalny fue envenenado, Navalnaya le exigió de manera pública a Putin que su marido fuera evacuado en ambulancia aérea a Alemania y, durante sus 18 días en coma, ella permaneció a su lado, habló con él y reprodujo sus canciones favoritas como “Perfect Day” de Duran Duran. Tras recuperar el conocimiento, Navalny escribió en redes sociales: “Yulia, me salvaste”.

Navalnaya sobrevivió un intento de envenenamiento en Kaliningrado un par de meses antes que seguramente estaba dirigido a él, dijeron sus amigos, pero ella no siguió pensando en eso.

Navalnaya ha sido comparada con otras mujeres que han continuado las batallas políticas de sus maridos asesinados o encarcelados. Entre ellas se encuentran Corazón Aquino, cuyo esposo fue asesinado en 1983, cuando bajaba de un avión en Filipinas al regresar de su exilio; luego, derrotó al entonces presidente Ferdinand Marcos. También está Sviatlana Tsikhanouskaya, quien lideró la oposición en las elecciones presidenciales de 2020 en Bielorrusia, país vecino de Rusia, después de que su marido fuera encarcelado. Ella misma se vio obligada al exilio.

Al final, los analistas indican que una “persona normal” con autoridad moral podría tener éxito donde alguien dedicado a la política no podría.

“Ella quiere terminar la tarea que Alexéi trágicamente dejó incompleta: hacer que Rusia sea un país libre, democrático, pacífico y próspero”, dijo Sergei Guriev, un amigo de la familia y un destacado economista ruso que es director académico del Instituto de Estudios Políticos de París. “Ella también va a demostrarle a Putin que eliminar a Alexéi no acabará con su causa”.

Publicado en New York Times

 

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Agencias

Por qué el modelo “Bukele” no puede aplicarse a otros países de A.L.

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EP New York. | Latinoamérica | El Salvador

Por qué el modelo Bukele no va a funcionar en otros países de América Latina

Aunque todavía se están contando los votos, el presidente Nayib Bukele se adjudicó una victoria aplastante las elecciones y afirmó que ganó con más del 85 por ciento de los votos. Si esos resultados se mantienen cuando se anuncie el conteo oficial, ni siquiera los presidentes populistas más conocidos de América Latina, como el presidente venezolano Hugo Chávez o el boliviano Evo Morales, habrán estado cerca de ganar unas elecciones con esos márgenes.

El ascenso sin precedentes de Bukele se explica debido a un factor: el sorprendente descenso en la tasa de delincuencia de El Salvador. Desde que asumió la presidencia en 2019, la tasa de homicidios intencionales ha bajado del 38 por cada 100.000 ese año a 7,8 en 2022, muy por debajo del promedio en América Latina del 16,4 para el mismo año.

Las medidas enérgicas que Bukele ha encabezado para combatir el crimen organizado prácticamente han desmantelado a las pandillas que aterrorizaron a la población durante décadas. También ha cobrado un precio oneroso a los derechos humanos, las libertades civiles y la democracia de los salvadoreños. Desde marzo de 2022, cuando Bukele declaró un estado de excepción que dejó suspendidas algunas libertades civiles básicas, las fuerzas de seguridad han encarcelado aproximadamente a 75.000 personas. Uno de cada 45 adultos en el país está en prisión.

Ante esta situación, otros líderes de la región han debatido la posibilidad de adoptar muchas de las mismas medidas drásticas para combatir la violencia delictiva en su país. Sin embargo, aunque estuvieran dispuestos a hacer los mismos compromisos que ha hecho el gobierno de Bukele —calles más seguras empleando métodos diametralmente opuestos a la democracia— quizá no conseguirían los mismos resultados. Las condiciones que hicieron posible el éxito de Bukele y su notoriedad política son únicas de El Salvador y no son exportables.

En nuestro recorrido por las calles de la capital, San Salvador, en los días anteriores a las elecciones, vimos cómo las familias han regresado a los parques. Ahora, las personas pueden atravesar las fronteras entre distintos barrios que antes estaban controlados por pandillas y eran imposibles cruzar. El centro de la ciudad, que por años quedaba casi vacío al atardecer, ahora está activo hasta altas horas de la noche.

El problema es que El Salvador, que emprendió una transición hacia la democracia en la década de 1990, se ha desviado de esa ruta. Bukele tiene control en los poderes del gobierno. La nación de 6,4 millones de habitantes funciona como un Estado policial: no es inusual que soldados y policías retiren a los ciudadanos de las calles y los encarcelen de manera indefinida sin ninguna razón y sin darles acceso a un abogado. Hay noticias creíbles de que los reclusos han sido torturados. Varios críticos del gobierno comentaron que los han amenazado con presentar acusaciones en su contra, además de que se han empleado programas espía para monitorear a algunos periodistas. Incluso la votación del domingo pasado se encuentra bajo el microscopio porque el sistema de transmisión de los resultados de la votación preliminar dejó de funcionar de manera muy inusual.

Como politólogos, con experiencia en el estudio de la política latinoamericana, le hemos dado seguimiento al creciente grupo de seguidores de Bukele en la región. En el vecino Honduras, la presidenta de izquierda, Xiomara Castro, declaró una “la guerra a la extorsión” contra las pandillas a finales de 2022. Al igual que en El Salvador, Castro decretó un estado de excepción, pero, aunque la tasa de homicidios ha bajado, las pandillas todavía conservan mucho poder.

Más al sur, Ecuador se tambalea por su propio brote de violencia de las bandas. Cuando uno de nosotros fue de visita el año pasado, varias personas entrevistadas señalaron que les encantaría que “alguien como Bukele” llegara a poner orden. Incluso en Chile, que históricamente ha sido una democracia más sólida y un país más seguro que El Salvador, pero en donde la criminalidad va en aumento, Bukele cuenta con un porcentaje de aprobación del 78 por ciento.

No es ningún misterio por qué el modelo de medidas estrictas contra el crimen de Bukele es tan atractivo en América Latina. En 2021, según un grupo de investigación mexicano, en la región se encontraban 38 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. En un año típico, esta región en la que ahora vive solo el ocho por ciento de la población mundial, sufre alrededor de un tercio del número total de asesinatos.

Pero quienes copian las medidas de Bukele y aquellos que creen que su modelo puede replicarse en cualquier lugar no han considerado un punto clave: no es probable que las condiciones que le permitieron controlar a las pandillas en El Salvador se presenten en otras partes de América Latina.

Las pandillas de El Salvador son únicas y están lejos de ser como las organizaciones criminales más sólidas de la región. Durante décadas, unas cuantas pandillas se enfrentaron entre sí para conseguir el control de territorios y ganaron poder social y político. Pero, a diferencia de los cárteles en México, Colombia y Brasil, las pandillas de El Salvador no han sido actores importantes en el comercio global de drogas y habían estado más bien enfocadas en la extorsión. En comparación con estos otros grupos, contaban con finanzas limitadas y no tenían tanto armamento.

Bukele comenzó a desactivar a las pandillas mediante negociaciones con sus líderes, según algunos reportes periodísticos de investigación salvadoreños y una investigación criminal encabezada por un antiguo fiscal general (algo que el gobierno niega). Después, cuando Bukele comenzó a detener a sus soldados de a pie en redadas masivas que llevaron a muchas personas inocentes a las prisiones, las pandillas colapsaron.

La historia no sería tan sencilla en otras partes de América Latina, donde las organizaciones criminales tienen más dinero, tienen más conexiones internacionales y están mucho mejor armadas de lo que estaban las pandillas de El Salvador. Cuando otros gobiernos de la región han intentado acabar con los líderes de pandillas y cárteles, estos grupos no se han desmoronado. Han contraatacado, o bien han surgido nuevos grupos delictivos para llenar rápidamente el vacío, interesados en los enormes ingresos que ofrece el comercio de drogas. La guerra de Pablo Escobar contra el Estado en las décadas de 1980 y 1990 en Colombia, la reacción violenta de los cárteles a las acciones de las autoridades mexicanas desde mediados de la década de los 2000 y la respuesta violenta a las recientes medidas del gobierno de Ecuador contra las pandillas son solo unos cuantos ejemplos.

Además, El Salvador tenía fuerzas de seguridad más profesionales, que se comprometieron a acabar con las pandillas cuando Bukele las convocó, en comparación con algunos de sus vecinos. Un ejemplo es Honduras, donde, se ha reportado, la corrupción propiciada por las pandillas entre las fuerzas de seguridad es un problema muy profundo. Esta situación contribuyó al fracaso, desde un principio, de las acciones inspiradas en Bukele emprendidas por Castro. En otros países, como México, también se dice que los grupos delictivos han logrado cooptar a miembros de alto rango del ejército y la policía. En Venezuela, se ha informado que algunos funcionarios militares han tenido su propia operación de tráfico de drogas. Incluso si los mandatarios enviaran soldados y policías a realizar redadas masivas como las de Bukele, es posible que las fuerzas de seguridad no estén preparadas o tengan incentivos para socavar la misión.

Por último, Bukele enfrenta una oposición política muy disminuida, pues los dos partidos políticos tradicionales del país se han debilitado significativamente desde 2019 y, por lo tanto, no son capaces de contener las acciones del nuevo presidente para establecer control sobre las instituciones públicas. En muchos otros países de América Latina hay partidos políticos más sólidos o existen fuerzas de oposición que ayudarían a exigir una rendición de cuentas a un poder ejecutivo que pretendiera extender su control.

Si otros Bukeles en potencia intentan copiar lo que él ha hecho, es más probable que solo imiten el lado sombrío del modelo de El Salvador y no sus logros.

Los gobiernos podrían verse sumidos en el caos si se multiplican los grupos delictivos o contraatacan con violencia. Además, en el proceso podrían quitarle espacios a la sociedad civil y a la prensa, reducir la transparencia del gobierno, llenar con más detenidos las prisiones, que ya están abarrotadas, y debilitar a los tribunales. Históricamente, los presidentes de América Latina que no tienen un compromiso absoluto con la democracia ya han dado algunos de estos pasos, o todos ellos, para su beneficio político de cualquier manera. Combatir el crimen es la excusa perfecta.

A pesar de su éxito en la reducción de la delincuencia, el modelo de Bukele tiene un costo muy importante. Los imitadores deben tener cuidado: seguir el modelo de El Salvador no solo no funcionará, sino que, en el camino, intentar hacerlo podría causarle daños perdurables a la democracia.

Publicado en New York Times

 

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Agencias

Kremlin confirma muerte de líder opositor ruso Alexei Navalny

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EP New York | Política Mundial

MOSCOW, 16 de febrero  – El líder de la oposición más destacado de Rusia Alexei Navalny colapsó y murió el viernes después de un paseo en la colonia criminal ártica “Polar Wolf” donde estaba sirviendo a una larga duración de la cárcel, el Servicio penitenciario ruso dijo.

Navalny, un ex abogado de 47 años, se hizo un lugar de prominent hace más de una década con blogs sobre lo que dijo que era una gran corrupción y opulencia entre los “crooks y ladrones” de la élite de Rusia.

El Servicio Penitenciario Federal del Distrito Autónoma de Yamalo-Nenets dijo en un comunicado que Navalny se sintió mal después de un paseo en la colonia penal de IK-3 en Kharp, a unos 1.900 km (1.200 millas) al noreste de Moscú hacia el Círculo Ártico.

Él perdió la conciencia casi de inmediato, dijo. “Todas las medidas de reanificación necesarias se llevaron a cabo, que no dieron resultados positivos”, dijo el servicio penitenciario, añadiendo que se estaban estableciendo causas de muerte.

El Kremlin dijo que el presidente Vladimir Putin fue informado de la muerte, que trajo un torrente de indignación del oeste, algunos diciendo que el líder ruso tenía responsabilidad.

Los partidarios de Navalny dijeron que no podían confirmar que estaba muerto, pero que si lo era entonces creían que había sido asesinado.

Con información de Reuters

 

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