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Colombia

Seguridad pública y cultivos de coca , han empeorado notablemente en Colombia: General Barrera

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ENTREVISTA AL GENERAL JAIME RUIZ BARRERA, MILITAR COLOMBIANO Y ANALISTA


“Uribe reconoció el error que supuso suprimir el Fuero Militar porque en la práctica suponía el fin de la jurisdicción penal militar, tal como sucedió finalmente”.

“Se ha producido una alianza entre algunos sectores del régimen venezolano y el narcotráfico, junto con las FARC, para producir, comercializar y exportar la cocaína hacia otros países del mundo”.

“El estado de la seguridad pública ha empeorado notablemente en Colombia”.

“Soy muy pesimista acerca de la posibilidad de un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional; son condiciones que no pueden ser asumidas por el gobierno colombiano”.

“Las FARC, evidentemente, incumplieron su parte, mientras que el gobierno gastó ingentes recursos en una implementación de los acuerdos de difícil cumplimiento, dejando una pésima herencia al nuevo gobierno del presidente Duque”.


por Ricardo Angoso

ricky.angoso@gmail.com

@ricardoangoso


El general Jaime Ruiz Barreras, con una larga experiencia en la milicia a sus espaldas, es el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en la Reserva (ACORE). Hombre de ideas claras y principios firmes, siempre ha tenido serias dudas acerca del procedimiento y la forma en que se negoció el proceso de paz en Colombia. En esta entrevista, realizada recientemente en Bogotá, analiza los últimos acontecimientos vividos en el país y las expectativas con respecto a las negociaciones con otros grupos terroristas, como el ELN. También examina el incremento de los cultivos ilícitos de coca.

Ricardo Angoso:¿Cómo ha quedado la Justicia Especial para la Paz (JEP) tras los últimos cambios legislativos que se efectuaron?

Jaime Ruiz Barrera: Desde el punto de vista institucional, la JEP ha sido motivo de preocupación permanente, por razón de la seguridad jurídica, para los miembros de la Fuerza Pública que se vieron implicados en hechos que sucedieron durante el conflicto armado en Colombia. En este momento, la JEP, que está basada en lo que fue la justicia transicional, es un instrumento que aceptamos y entendimos dentro del sistema penal y lo único que exigimos en su momento es que nos dieran un tratamiento especial y diferenciado para no caer en el mismo saco que los terroristas y ser puestos al mismo nivel que los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo terrorista como todo el mundo sabe.

En estas condiciones, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, entendimos que era una fórmula aplicable y nuestra gran frustración vino cuando nos sentimos engañados por el gobierno, en el sentido que el Jefe de Estado, el presidente Juan Manuel Santos, nos había garantizado la seguridad jurídica y lo que ocurrió no fue así porque los magistrados que se eligieron para la JEP y que estaban destinados a juzgar a la Fuerza Pública eran poco fiables. El 50% de los designados procedían claramente de la extrema izquierda y el problema no eran sus ideas, sino que eran activistas radicales que profesaban esa ideología públicamente y con antecedentes claros de detractores de las Fuerzas Armadas, incluyendo aquí su participación en procesos como miembros de las fuerzas militares. Se generaron así una serie de conflictos que nosotros denunciamos en su momento y formulamos los reparos oportunamente, no siendo atendidos por el gobierno de entonces. Ese fue el gran engaño al que fuimos sometidos. Otro asunto que se nos trató de incluir fue el famoso artículo 28 del Estatuto de Roma, artículo no aceptado en muchas partes del mundo y que atentaba directamente contra nuestra carta política, la Constitución de la República. Sin embargo, lo descubrimos a tiempo ese asunto y conseguimos que se hicieran algunas modificaciones. Ese fue el gran engaño que sufrimos y el gran rechazo que manifestamos hacia algunos aspectos relativos a la JEP.

R.A.:¿Cree que usted que en Colombia se pueden dar situaciones parecidas a las de Argentinas y otros países, donde los militares han sido procesados, condenados y pagan cárceles?

J.R.B.:El instrumento como tal para justicia me parece válido, y no pongo objeciones al mismo, pero para mí el problema reside en quienes lo van a aplicar. El gran rechazo por parte de las institución armada, tiene más que ver con los responsables que finalmente ejecutarán la JEP que con la JEP en sí misma, esa nuestra posición oficial y así lo hemos explicado en las instancias en las que fuimos llamados. Nosotros, entonces, vimos que la JEP nos parecía como dar un salto al vacío y desde las reservas hubo una serie de contactos con algunas fuerzas políticas presentes en el legislativo colombiano, viendo que había una buena conexión y que compartíamos casi el mismo discurso. Así conseguimos que algunos impedimentos que nosotros teníamos con respecto a la JEP fueran recogidas y aceptadas por varios grupos políticos. Eso se aprobó en el Congreso y en estos momentos este asunto está inmerso en una revisión constitucional. Si estas sugerencias presentadas por nosotros son aceptadas por la Corte Constitucional, entonces se aplicarían de inmediato y significaría que el 50% de los magistrados de la JEP tendrían que dejar sus cargos. En esas condiciones, claro está, los miembros de la Fuerza Pública tendrían unas mejores condiciones y recuperarían la confianza en esa institución.

EXPECTATIVAS ANTE EL NUEVO GOBIERNO

R.A.:¿Qué expectativas tiene sobre el manejo de los asuntos militares con respecto al presidente Iván Duque, cree que cometerá errores parecidos a los Uribe cuando quitó el Fuero Militar?

J.R.B.:Efectivamente, fue así, como usted dice, y nosotros lo discutimos abiertamente con el presidente Uribe y él reconoció su error, pidiendo en su momento a su ministro de Defensa, Camilo Ospina, que viniera a Acore y diera sus explicaciones, porque Uribe también se sentía engañado. Uribe reconoció el error que supuso suprimir el Fuero Militar porque en la práctica suponía el fin de la jurisdicción penal militar, tal como sucedió finalmente. Ahora, sin embargo, el presidente Duque ha hablado de recuperar la justicia penal militar y recuperar ese Fuero Militar, asimismo considera que, al igual que muchos países democráticos del mundo, en Colombia debe ocurrir algo similar, en el sentido de recuperar ese trato especial a los miembros de la Fuerza Pública. Así lo ha prometido y esperemos que cumpla con esas promesas durante su mandato presidencial.

R.A.:¿Qué balance hace del presidente Santos aparte del proceso de paz?

J.R.B.:Sobre este tema tenemos suficiente información de lo que ha acontecido y tenemos distintas fuentes para analizar el asunto en profundidad que nos han confirmado el gran engaño de que, finalmente, lo que se anunció no es lo que es realmente se firmó. Las FARC, evidentemente, incumplieron su parte, mientras que el gobierno gastos ingentes recursos en una implementación de los acuerdos de difícil cumplimiento, dejando una pésima herencia al nuevo gobierno del presidente Duque. Fuentes muy serias y competentes con las que nos  hemos reunido últimamente, como las Naciones Unidas, coinciden con nosotros, en el sentido de que una buena parte de los acuerdos firmados en la práctica no han sido aplicados. Las Naciones Unidas, incluso, nos han constatado que muchos de los que abandonaron las armas se han unido a lo que ahora se llaman como “disidencias de las FARC”, abandonando las zonas de concentración previstas en los Acuerdos de Paz de La Habana, y están en las misma actividad criminal. Los acuerdos, en definitiva, no se han cumplido y no han funcionado como estaba previsto.

AUMENTO DE LA INSEGURIDAD EN LAS CALLES COLOMBIANAS

R.A.:¿No le parece que los acuerdos de paz tampoco han tenido traducción inmediata en una mejora de la seguridad pública?


J.R.B.:Muchas fuentes aseguran que incluso los delitos se han incrementado exponencialmente en muchas partes del país, como en el Cauca, Catacumbo, Aracua, Putumayo, el Chocó y el Valle, por poner solamente algunos ejemplos. La criminalidad aumentó espectacularmente en estos años y así me lo han hecho saber muchas fuentes. Y me consta.  El gobierno saliente, el de Santos, ha tratado de maquillar las cifras sobre la criminalidad en el país, pero la situación es muy preocupante y los delitos de todo tipo aumentaron en estos últimos años. Se requieren acciones inmediatas, tal como le hemos planteado al presidente Duque, y como primera medida, creo, se debe aumentar el pie de fuerza, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas en general porque si no se seguirá desbordando esta criminalidad hasta niveles insoportables para el país.

R.A.:¿Cree que en Colombia se debería separar la Policía Nacional de la estructura general de las Fuerzas Armadas?

J.R.B.:La experiencia nuestra, tras tantos años de conflictos, nos permite dar una respuesta clara y contundente: no. No se debe hacer esa separación por la que preguntas. Es más, muchos países y expertos internacionales que han venido hasta Colombia  han asegurado que la interacción entre nuestras militares y la Policía Nacional ha sido positiva para el país, ha sido la mejor de las soluciones ante los problemas que teníamos y que ha funcionado bien. Actuamos coordinadamente en equipo y en conjunto dando buenos resultados.

La Policía Nacional nuestra requiere capacidad para entrar en combate porque hace frente a bandas y grupos criminales muy potentes y bien organizados. Tenga en cuenta que la Policía Nacional, en el sentido tradicional que la entendemos como fuerza para actuar en áreas urbanas, no tendría esa capacidad necesaria para hacer frente a esos grupos ilegales y entrar en combate cuando la situación así lo requiera. Necesitamos fuerzas con alto nivel de operatividad y con medios efectivos para hacer frente a los desafíos que tenemos. Por fortuna, esa coordinación y unidad de mando se ha mantenido y ojalá siga así por mucho tiempo, pese a que las FARC en las negociaciones de La Habana intentaron buscar esa separación, aunque finalmente no lo lograron por suerte para todos los colombianos.

EL AUMENTO DE LOS CULTIVOS DE COCA

R.A.:¿A que se ha debido ese aumento en las hectáreas de cultivo de cocaína en todo el país?

J.R.B.:La gran demanda, obviamente, genera que los precios de este producto se disparen y cuando se disparan, el negocio mejora y aumenta. Luego las organizaciones como las FARC recurrieron a este negocio para obtener dividendos y el sistema lo han perfeccionado hasta construir toda una estructura criminal que, incluso, cuenta con la ayuda del exterior, como es el caso claro de Venezuela. Se ha producido una alianza entre algunos sectores del régimen venezolano y el narcotráfico, junto con las FARC, para producir, comercializar y exportar la cocaína hacia otros países del mundo. El caso venezolano es absolutamente oprobioso, ya que no solo participa en el comercio ilegal sino que también protege a los líderes de las FARC que están en el negocio ilícito del tráfico de drogas.

Este problema del narcotráfico, además, está muy ligado al aumento de la criminalidad y la inseguridad en muchas partes del país. Muchos líderes sociales han sido asesinados por tener intereses encontrados con los que mueven el negocio de la droga. Mientras no se controle el narcotráfico en el país, mientras no se erradique este flagelo, la criminalidad y la inseguridad pública seguirán siendo la tónica dominante en el país. Ese fenómeno creciente de los cultivos de coca es preocupante y vincula a miles de personas, algo que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno si de veras quiere atajar la criminalidad.

R.A.:¿Qué noticias tiene de las disidencias de las FARC?

J.R.B.:En una reunión con las Naciones Unidas hace un año se hablaba de entre 1.200 a 1.500 pero lo cierto es que esas “disidencias” de las FARC han ido creciendo y por ahora han ido conformando hasta unos 19 grupos y actúan por ahora desarticuladamente pero seguramente con la intención final de crear un mando unificado. Creo que si no se les ataca de frente y duramente, este problema irá a más y acabará convirtiéndose en una amenaza real a la seguridad del Estado.

R.A.:¿Qué perspectivas tiene con respecto al proceso de paz tan cuestionado por muchos?

J.R.B.:Este asunto lo hemos discutido mucho y abiertamente en la reserva activa y tenemos mucha información pero también preocupación. Hemos seguido las negociaciones entre el gobierno saliente y las FARC, llegando a la conclusión de que ha sido un total fracaso el tal proceso de paz. Las razones por las que ha fracasado son debidas, en primer lugar, porque las FARC  han venido actuando sin unidad de mando ni teniendo el control sobre sus fuerzas. Los que actuaron como negociadores son unos representantes que no tienen la autoridad para tomar decisiones sobre lo que se acuerde o, finalmente, se llegue a pactar. Cada cuadrilla o los frentes, como ellos se llaman, tiene sus propios intereses, cada uno dedicado a acciones ilegales específicas y diferenciadas con respecto a los otros, bien sea en el narcotráfico, en la actividad delictiva urbana o en la minería ilegal, dependiendo al “negocio” en el que estén metidos. Son grupos que actúan dispersamente y muchas veces fuera del control del mando.

R.A.:¿Qué pasará con el proceso en ciernes de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)?

J.R.B.:Con respecto al ELN, el presidente entrante Duque ya ha dicho que escuchará a la Iglesia Católica y a las Naciones Unidas, que ya escucharon y estuvieron en contacto con esta organización terrorista, para saber en qué punto está el asunto y que es lo quiere este grupo. Ambas instituciones llevan mucho tiempo en contacto con el ELN. Pero Duque ya advirtió que hay ponerle términos a esas negociaciones y un sistema de verificación de lo que se pueda acordar. Después, el ELN, a través de uno de sus voceros que responde con alias de “Pablito”, que dicho sea de paso es uno de los más radicales de esta organización, que no aceptan precondiciones previas. Con lo cual, mi conclusión es que será muy difícil llegar a acuerdos porque tienen posiciones muy radicales. Están amenazando claramente al presidente Duque de que está en la disyuntiva de paz o guerra, así de claro. Son impositivos y están poniendo al país ante un ultimátum que el presidente Duque creo que no lo puede aceptar, es decir, me muestro pesimista con respecto a un proceso de negociación con este grupo.


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Agencias

Declaraciones de Petro sobre Fiscal comprometen democracia en Colombia

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EP New York | Colombia

Fuerte choque entre el Presidente de Colombia y la Fiscalía

BOGOTÁ — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, protagonizaron el viernes un nuevo enfrentamiento público, a raíz de los señalamientos que lanzó el Jefe de Estado contra un fiscal regional por supuestos vínculos con criminales.

El fiscal general reaccionó a las críticas contra el servidor judicial y la discusión con el presidente escaló. Petro se dirigió el viernes desde España a Barbosa: “El Fiscal olvida una cosa que la constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él”.

La declaración generó una rápida respuesta del titular de la Fiscalía, quien lo acusó a Petro de acercarse a un régimen dictatorial. “Lo que acaba de hacer Gustavo Petro es decir que no es el Presidente de la República sino un dictador en Colombia”, expresó Barbosa quien alegó que la afirmación afecta al Estado de derecho y es un irrespeto a la independencia de poderes en el país.

A ese cuestionamiento se sumó un pronunciamiento el viernes del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo, también rechazando la declaración del presidente Petro.

La Corte señaló al presidente Petro de estar haciendo una interpretación errada de la constitución política de Colombia y consideró que está desconociendo “la autonomía e independencia judicial que es cláusula fundacional de la democracia colombiana”.

A media tarde del viernes, Barbosa anunció que sacará a su familia del país por razones de seguridad. El funcionario dice que las declaraciones del presidente Gustavo Petro lo pusieron en riesgo.

“Yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que me pueda pasar a mí o a mi familia, o de que me puedan asesinar en Colombia luego de estas declaraciones”, dijo el fiscal, al considerar que “seguramente habrá consecuencias” si decide no obedecer al presidente Petro, que esta mañana dijo que era su jefe.

El presidente Petro respondió a través de un extenso mensaje en Twitter que el fiscal general lo está irrespetando y que él como Jefe del Estado tiene derecho a preguntar por investigaciones y denuncias que constituyen una violación del Derecho Internacional Humanitario.

Este nuevo episodio comenzó con un tuit del presidente Petro citando un artículo escrito por el periodista Gonzalo Guillén, en el que se menciona que el fiscal Daniel Hernández habría “encubierto” el homicidio de unas 200 personas a manos de la banda criminal “Clan del Golfo” en la costa norte de Colombia.

El artículo recoge que el fiscal Hernández habría recibido los listados de las personas que iban a ser ejecutadas y que el funcionario esperó a que ocurrieran esos homicidios y luego protegió a los asesinos. El presidente Petro pidió investigar esa información al considerarla “muy grave” y escribió un mensaje en Twitter acompañado de una fotografía en la que aparecía el funcionario judicial con su hijo de 13 años.

“El Presidente de la República fijó el trino y acompañó la publicación en la que está el hijo menor del fiscal Hernández”, denunció el Fiscal Barbosa, quien considera que de esa forma puso “una lápida sobre los funcionarios judiciales”. Además, responsabilizó al mandatario de lo que le pueda ocurrir al fiscal Hernández y a su familia.

Barbosa comentó, además, que el fiscal Hernández es una víctima de la masacre de la Rochela, cometida por paramilitares en 1989 y que “decirle a una víctima reconocida por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es un defensor de los paramilitares es una acusación gravísima”.

El fiscal Barbosa y el presidente Petro ya habían tenido otros desencuentros. El más recordado tiene que ver con las duras críticas que lanzó en su momento el jefe del ente acusador contra el plan de “paz total” del presidente Petro por los beneficios que se planteaban para los criminales.

Barbosa asumió el cargo en la Fiscalía en febrero de 2020. Fue elegido por la Corte Suprema de Justicia, uno de los altos tribunales constitucionales, de una terna que presentó el entonces presidente de Colombia, Iván Duque. Antes de ser fiscal general, había sido funcionario del gobierno de la época, de tendencia derechista.

El choque de poderes se dio un día después de que la justicia colombiana hubiera anulado la elección del presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, por doble militancia política. Barreras es considerado un alfil estratégico del gobierno de Gustavo Petro en el Legislativo y, si la decisión queda en firme después de apelaciones, en el transcurso de las próximas semanas tendría que dejar el cargo en el Congreso.

Con inf. de AP

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Agencias

Fonseca y la clave para cambiar la imagen de Colombia

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EP New York | Música | Entretenimiento

Fonseca ve en la música colombiana una forma de cambiar la imagen de su país

Miami (EFE).- El cantautor Fonseca señala que la música sirve para cambiar la imagen al mundo de su Colombia natal, en una entrevista con EFE con motivo del lanzamiento de su canción junto a Juan Luis Guerra “Si tú me quieres”, en la que hace un giro hacia un estilo más tropical.

“Creo que la música dice mucho de lo que es un país y su gente y en el caso de los colombianos se ha vuelto una bandera y un mensaje muy especial de lo que realmente somos”, señaló Fonseca, que está promocionando en Miami “Si tú me quieres”, avanzada de un nuevo disco del que no quiere dar muchas pistas y para el que no hay fechas.

“Al final del día siempre en Colombia hemos querido reivindicar el nombre de nuestro país por una historia que hemos tenido -la violencia- y la música ha sido una manera de mostrar la cara real, nuestras raíces y cultura”, sostuvo el artista de 43 años, ganador de 7 Latin Grammy y nominado a 3 Grammy.

Fonseca no da muchas pistas de cómo es ni cuándo saldrá a la luz el que será su décimo álbum en cerca de 20 años de carrera, aunque deja claro que supondrá un giro respecto a sus dos últimos trabajos, “Agustín” (2018) y “Viajante” (2022).

Sonido tropical y sabroso

“En esta oportunidad siento que quiero un sonido muy orgánico, muy tropical y muy sabroso, así es como veo el próximo álbum”, señaló el que fuera ganador de los Premios Billboard de la Música Latina al “Mejor Álbum Tropical” por el álbum “Corazón” (2005).

“Vengo de hacer dos discos en los que me fui a trabajar con distintos productores, distintos sonidos, muchas programaciones”, dice “muy orgulloso” de haberlo hecho.

Sin embargo, ahora quiere sacar un álbum “con percusiones grabadas en vivo, acordeón y guitarras acústicas, muy tocado en bloque”, como hizo en “Si tú me quieres”.

El cantautor de Bogotá, que a los 21 años sacó su primer trabajo de estudio, “Fonseca” (2002), subraya que “Si tú me quieres” supone culminar un auténtico sueño de muchos de trabajar con el dominicano Juan Luis Guerra.

“Es una colaboración que llevo buscando desde que tengo uso de razón, o me la llevo soñando desde que tengo uso de razón”, destacó sobre este trabajo sobre el que dice que hubo una perfecta armonía entre los dos artistas.

La canción llega después de su álbum “Viajante”, el noveno de su carrera, que logró cuatro nominaciones al Latin Grammy y una al Grammy, además de dar nombre a la gira “Viajante tour” que ya le llevó a presentarse en diversos países de Latinoamérica.

Gira por EE.UU.

La gira la retomará a partir de junio por Estados Unidos y le llevará a actuar en el Radio City Music Hall de Nueva York, el 9 de junio, y el Dade Arena de Miami el 19 de ese mismo mes.

Sobre el público latino de Estados Unidos dijo que es siempre muy interesante, porque acuden “gentes de muchos lugares al mismo concierto y personas que no han ido a sus países en mucho tiempo”. Son conciertos que los ha sentido “con una carga emocional importante”.

La gira lo llevará además en junio, a Barcelona, Sevilla y Madrid, en España, un país en el que comenzó a tocar en 2005 y en el que ha recorrido un proceso al “arrancar en ‘barcitos’ e ir creciendo en los escenarios”.

Fonseca cree que tras dos décadas de carrera le llega un reconocimiento que ya experimentó en 2015 con el tema “Entre mi vida y la tuya”, que le situó en el número 1 en los listados Billboard.

Su éxito en los escenarios lo atribuye a la honestidad que siempre ha caracterizado su trabajo.

La honestidad en su música

“La música que siempre he hecho ha sido de una manera honesta y siempre el filtro ha sido que mis canciones me muevan el alma y alguna fibra”, asegura.

De cara al futuro, destaca que la deseada colaboración con Juan Luis Guerra ha significado alcanzar un objetivo largamente deseado, pero que trabajar con el puertorriqueño Draco Rosa es otro de sus anhelos.

Tuvo también palabras de elogio para la música en español en general y más en particular para el trabajo de su máximo exponente actual, el boricua Bad Bunny, ya que, sostuvo, “la música latina no es ya un tema de moda hoy en día, sino que se ganó un lugar a nivel mundial”.

Publicado en EFE | música y Cultura

 

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Agencias

Estado colombiano es culpable por desaparición de la UP: CIDH

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EP New York | Latinoamérica

Corte IDH condena a Colombia por exterminio de partido UP

BOGOTÁ — La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó el lunes al Estado colombiano por el “exterminio” del partido político Unión Patriótica, en el que más de 6.000 integrantes fueron víctimas de actos de violencia “sistemática” como desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, asesinatos o torturas a partir de 1984 y por más de dos décadas.

“Esos actos constituyeron una forma de exterminio sistemático contra el partido político UP, sus miembros y militantes, y contaron con la participación de agentes estatales, así como con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades”, indicó la Corte en el resumen oficial de su sentencia.

La Unión Patriótica se constituyó como organización política en 1985 tras un diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que abrió la puerta para que pudieran hacer política legalmente.

Sin embargo, añade la Corte, para contrarrestar el ascenso político de la Unión Patriótica surgió una alianza entre grupos paramilitares, sectores de la política tradicional, empresarios y la fuerza pública que derivó en actos de violencia.

Las FARC sólo dejaron las armas en 2016, tras un acuerdo de paz con el Estado que aún se está implementando en Colombia.

La Corte, con sede en la capital costarricense, concluyó que el Estado colombiano violó los derechos políticos, la libertad de pensamiento y expresión de los integrantes de la Unión Patriótica debido a que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos por pertenecer a dicho partido y expresar sus ideas políticas.

“Este es el día de la justicia para la UP, porque por primera vez un tribunal falla en el sentido en que el exterminio fue ocasionado por el Estado. Es un paso muy grande”, dijo a The Associated Press la senadora de la Unión Patriótica Aída Avella, quien sobrevivió a un atentado con una bazuca en 1996 y vivió en el exilio durante 17 años.

Avella lamentó que muchos de los familiares de los asesinados y desaparecidos murieron antes de ver la sentencia, luego de 29 años de iniciar la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Hay hijos que no resistieron la muerte de sus padres”, aseguró.

El presidente Gustavo Petro —primero de tendencia izquierdista en la historia de Colombia— aseguró en un mensaje de Twitter que su gobierno apoyará la justicia “contra la impunidad” y rechazó “un Estado asesino que no debe retornar más, una sociedad de privilegios que asesina antes que permitir el cambio”.

En su sentencia, la Corte identificó que, de las más de 6.000 víctimas directas de la UP, 3.170 correspondieron a casos de ejecuciones extrajudiciales, 1.596 a desplazamientos forzados, 521 a desapariciones forzadas y 285 a víctimas de atentados o tentativas de homicidio. La Corte detalló que al menos siete niñas y cuatro niños fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o sobrevivieron a masacres contra integrantes de la Unión Patriótica.

“El genocidio de Colombia fue supremamente preparado, no había bala perdida, nos mataban y el Estado es el culpable”, señaló Avella. “Nos pusieron escoltas, supuestamente para protegernos, pero nos hacían seguimiento de dónde vivíamos, de nuestras familias. Era solo que pensara distinto para que fuera ‘enemigo interno’ y lo mataban”, agregó.

Pese a la cantidad de delitos y a que se han pronunciado más de 265 sentencias de condena en la justicia colombiana, la Corte determinó que las investigaciones no fueron efectivas y aún hay “altos índices de impunidad” debido a que la mayor parte de la violencia contra los militantes del partido de izquierda no ha sido investigada o los procesos están en etapas tempranas.

Avella considera que la justicia colombiana tiene elementos suficientes para adelantar las investigaciones que por años fueron dilatadas. Anteriores fiscales “habían abierto una sección especial para la UP y con sorpresa encontramos que muchos de los expedientes habían desaparecido en la Fiscalía, tuvimos que volver a llevarlos”, relató la congresista.

Entre las medidas de reparación a las víctimas, la Corte ordenó a Colombia iniciar, reabrir, continuar y concluir “en un plazo razonable” las investigaciones para determinar las responsabilidades penales. Además, buscar a las víctimas de desapariciones y establecer una comisión que se encargue de contrastar la identidad y parentesco de las víctimas.

El Estado también deberá realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, establecer un día nacional en conmemoración de las víctimas de la UP y construir un monumento.

Con inf. de AP/EFE

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