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Colombia

Seguridad pública y cultivos de coca , han empeorado notablemente en Colombia: General Barrera

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ENTREVISTA AL GENERAL JAIME RUIZ BARRERA, MILITAR COLOMBIANO Y ANALISTA


“Uribe reconoció el error que supuso suprimir el Fuero Militar porque en la práctica suponía el fin de la jurisdicción penal militar, tal como sucedió finalmente”.

“Se ha producido una alianza entre algunos sectores del régimen venezolano y el narcotráfico, junto con las FARC, para producir, comercializar y exportar la cocaína hacia otros países del mundo”.

“El estado de la seguridad pública ha empeorado notablemente en Colombia”.

“Soy muy pesimista acerca de la posibilidad de un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional; son condiciones que no pueden ser asumidas por el gobierno colombiano”.

“Las FARC, evidentemente, incumplieron su parte, mientras que el gobierno gastó ingentes recursos en una implementación de los acuerdos de difícil cumplimiento, dejando una pésima herencia al nuevo gobierno del presidente Duque”.


por Ricardo Angoso

ricky.angoso@gmail.com

@ricardoangoso


El general Jaime Ruiz Barreras, con una larga experiencia en la milicia a sus espaldas, es el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en la Reserva (ACORE). Hombre de ideas claras y principios firmes, siempre ha tenido serias dudas acerca del procedimiento y la forma en que se negoció el proceso de paz en Colombia. En esta entrevista, realizada recientemente en Bogotá, analiza los últimos acontecimientos vividos en el país y las expectativas con respecto a las negociaciones con otros grupos terroristas, como el ELN. También examina el incremento de los cultivos ilícitos de coca.

Ricardo Angoso:¿Cómo ha quedado la Justicia Especial para la Paz (JEP) tras los últimos cambios legislativos que se efectuaron?

Jaime Ruiz Barrera: Desde el punto de vista institucional, la JEP ha sido motivo de preocupación permanente, por razón de la seguridad jurídica, para los miembros de la Fuerza Pública que se vieron implicados en hechos que sucedieron durante el conflicto armado en Colombia. En este momento, la JEP, que está basada en lo que fue la justicia transicional, es un instrumento que aceptamos y entendimos dentro del sistema penal y lo único que exigimos en su momento es que nos dieran un tratamiento especial y diferenciado para no caer en el mismo saco que los terroristas y ser puestos al mismo nivel que los integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo terrorista como todo el mundo sabe.

En estas condiciones, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, entendimos que era una fórmula aplicable y nuestra gran frustración vino cuando nos sentimos engañados por el gobierno, en el sentido que el Jefe de Estado, el presidente Juan Manuel Santos, nos había garantizado la seguridad jurídica y lo que ocurrió no fue así porque los magistrados que se eligieron para la JEP y que estaban destinados a juzgar a la Fuerza Pública eran poco fiables. El 50% de los designados procedían claramente de la extrema izquierda y el problema no eran sus ideas, sino que eran activistas radicales que profesaban esa ideología públicamente y con antecedentes claros de detractores de las Fuerzas Armadas, incluyendo aquí su participación en procesos como miembros de las fuerzas militares. Se generaron así una serie de conflictos que nosotros denunciamos en su momento y formulamos los reparos oportunamente, no siendo atendidos por el gobierno de entonces. Ese fue el gran engaño al que fuimos sometidos. Otro asunto que se nos trató de incluir fue el famoso artículo 28 del Estatuto de Roma, artículo no aceptado en muchas partes del mundo y que atentaba directamente contra nuestra carta política, la Constitución de la República. Sin embargo, lo descubrimos a tiempo ese asunto y conseguimos que se hicieran algunas modificaciones. Ese fue el gran engaño que sufrimos y el gran rechazo que manifestamos hacia algunos aspectos relativos a la JEP.

R.A.:¿Cree que usted que en Colombia se pueden dar situaciones parecidas a las de Argentinas y otros países, donde los militares han sido procesados, condenados y pagan cárceles?

J.R.B.:El instrumento como tal para justicia me parece válido, y no pongo objeciones al mismo, pero para mí el problema reside en quienes lo van a aplicar. El gran rechazo por parte de las institución armada, tiene más que ver con los responsables que finalmente ejecutarán la JEP que con la JEP en sí misma, esa nuestra posición oficial y así lo hemos explicado en las instancias en las que fuimos llamados. Nosotros, entonces, vimos que la JEP nos parecía como dar un salto al vacío y desde las reservas hubo una serie de contactos con algunas fuerzas políticas presentes en el legislativo colombiano, viendo que había una buena conexión y que compartíamos casi el mismo discurso. Así conseguimos que algunos impedimentos que nosotros teníamos con respecto a la JEP fueran recogidas y aceptadas por varios grupos políticos. Eso se aprobó en el Congreso y en estos momentos este asunto está inmerso en una revisión constitucional. Si estas sugerencias presentadas por nosotros son aceptadas por la Corte Constitucional, entonces se aplicarían de inmediato y significaría que el 50% de los magistrados de la JEP tendrían que dejar sus cargos. En esas condiciones, claro está, los miembros de la Fuerza Pública tendrían unas mejores condiciones y recuperarían la confianza en esa institución.

EXPECTATIVAS ANTE EL NUEVO GOBIERNO

R.A.:¿Qué expectativas tiene sobre el manejo de los asuntos militares con respecto al presidente Iván Duque, cree que cometerá errores parecidos a los Uribe cuando quitó el Fuero Militar?

J.R.B.:Efectivamente, fue así, como usted dice, y nosotros lo discutimos abiertamente con el presidente Uribe y él reconoció su error, pidiendo en su momento a su ministro de Defensa, Camilo Ospina, que viniera a Acore y diera sus explicaciones, porque Uribe también se sentía engañado. Uribe reconoció el error que supuso suprimir el Fuero Militar porque en la práctica suponía el fin de la jurisdicción penal militar, tal como sucedió finalmente. Ahora, sin embargo, el presidente Duque ha hablado de recuperar la justicia penal militar y recuperar ese Fuero Militar, asimismo considera que, al igual que muchos países democráticos del mundo, en Colombia debe ocurrir algo similar, en el sentido de recuperar ese trato especial a los miembros de la Fuerza Pública. Así lo ha prometido y esperemos que cumpla con esas promesas durante su mandato presidencial.

R.A.:¿Qué balance hace del presidente Santos aparte del proceso de paz?

J.R.B.:Sobre este tema tenemos suficiente información de lo que ha acontecido y tenemos distintas fuentes para analizar el asunto en profundidad que nos han confirmado el gran engaño de que, finalmente, lo que se anunció no es lo que es realmente se firmó. Las FARC, evidentemente, incumplieron su parte, mientras que el gobierno gastos ingentes recursos en una implementación de los acuerdos de difícil cumplimiento, dejando una pésima herencia al nuevo gobierno del presidente Duque. Fuentes muy serias y competentes con las que nos  hemos reunido últimamente, como las Naciones Unidas, coinciden con nosotros, en el sentido de que una buena parte de los acuerdos firmados en la práctica no han sido aplicados. Las Naciones Unidas, incluso, nos han constatado que muchos de los que abandonaron las armas se han unido a lo que ahora se llaman como “disidencias de las FARC”, abandonando las zonas de concentración previstas en los Acuerdos de Paz de La Habana, y están en las misma actividad criminal. Los acuerdos, en definitiva, no se han cumplido y no han funcionado como estaba previsto.

AUMENTO DE LA INSEGURIDAD EN LAS CALLES COLOMBIANAS

R.A.:¿No le parece que los acuerdos de paz tampoco han tenido traducción inmediata en una mejora de la seguridad pública?


J.R.B.:Muchas fuentes aseguran que incluso los delitos se han incrementado exponencialmente en muchas partes del país, como en el Cauca, Catacumbo, Aracua, Putumayo, el Chocó y el Valle, por poner solamente algunos ejemplos. La criminalidad aumentó espectacularmente en estos años y así me lo han hecho saber muchas fuentes. Y me consta.  El gobierno saliente, el de Santos, ha tratado de maquillar las cifras sobre la criminalidad en el país, pero la situación es muy preocupante y los delitos de todo tipo aumentaron en estos últimos años. Se requieren acciones inmediatas, tal como le hemos planteado al presidente Duque, y como primera medida, creo, se debe aumentar el pie de fuerza, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas en general porque si no se seguirá desbordando esta criminalidad hasta niveles insoportables para el país.

R.A.:¿Cree que en Colombia se debería separar la Policía Nacional de la estructura general de las Fuerzas Armadas?

J.R.B.:La experiencia nuestra, tras tantos años de conflictos, nos permite dar una respuesta clara y contundente: no. No se debe hacer esa separación por la que preguntas. Es más, muchos países y expertos internacionales que han venido hasta Colombia  han asegurado que la interacción entre nuestras militares y la Policía Nacional ha sido positiva para el país, ha sido la mejor de las soluciones ante los problemas que teníamos y que ha funcionado bien. Actuamos coordinadamente en equipo y en conjunto dando buenos resultados.

La Policía Nacional nuestra requiere capacidad para entrar en combate porque hace frente a bandas y grupos criminales muy potentes y bien organizados. Tenga en cuenta que la Policía Nacional, en el sentido tradicional que la entendemos como fuerza para actuar en áreas urbanas, no tendría esa capacidad necesaria para hacer frente a esos grupos ilegales y entrar en combate cuando la situación así lo requiera. Necesitamos fuerzas con alto nivel de operatividad y con medios efectivos para hacer frente a los desafíos que tenemos. Por fortuna, esa coordinación y unidad de mando se ha mantenido y ojalá siga así por mucho tiempo, pese a que las FARC en las negociaciones de La Habana intentaron buscar esa separación, aunque finalmente no lo lograron por suerte para todos los colombianos.

EL AUMENTO DE LOS CULTIVOS DE COCA

R.A.:¿A que se ha debido ese aumento en las hectáreas de cultivo de cocaína en todo el país?

J.R.B.:La gran demanda, obviamente, genera que los precios de este producto se disparen y cuando se disparan, el negocio mejora y aumenta. Luego las organizaciones como las FARC recurrieron a este negocio para obtener dividendos y el sistema lo han perfeccionado hasta construir toda una estructura criminal que, incluso, cuenta con la ayuda del exterior, como es el caso claro de Venezuela. Se ha producido una alianza entre algunos sectores del régimen venezolano y el narcotráfico, junto con las FARC, para producir, comercializar y exportar la cocaína hacia otros países del mundo. El caso venezolano es absolutamente oprobioso, ya que no solo participa en el comercio ilegal sino que también protege a los líderes de las FARC que están en el negocio ilícito del tráfico de drogas.

Este problema del narcotráfico, además, está muy ligado al aumento de la criminalidad y la inseguridad en muchas partes del país. Muchos líderes sociales han sido asesinados por tener intereses encontrados con los que mueven el negocio de la droga. Mientras no se controle el narcotráfico en el país, mientras no se erradique este flagelo, la criminalidad y la inseguridad pública seguirán siendo la tónica dominante en el país. Ese fenómeno creciente de los cultivos de coca es preocupante y vincula a miles de personas, algo que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno si de veras quiere atajar la criminalidad.

R.A.:¿Qué noticias tiene de las disidencias de las FARC?

J.R.B.:En una reunión con las Naciones Unidas hace un año se hablaba de entre 1.200 a 1.500 pero lo cierto es que esas “disidencias” de las FARC han ido creciendo y por ahora han ido conformando hasta unos 19 grupos y actúan por ahora desarticuladamente pero seguramente con la intención final de crear un mando unificado. Creo que si no se les ataca de frente y duramente, este problema irá a más y acabará convirtiéndose en una amenaza real a la seguridad del Estado.

R.A.:¿Qué perspectivas tiene con respecto al proceso de paz tan cuestionado por muchos?

J.R.B.:Este asunto lo hemos discutido mucho y abiertamente en la reserva activa y tenemos mucha información pero también preocupación. Hemos seguido las negociaciones entre el gobierno saliente y las FARC, llegando a la conclusión de que ha sido un total fracaso el tal proceso de paz. Las razones por las que ha fracasado son debidas, en primer lugar, porque las FARC  han venido actuando sin unidad de mando ni teniendo el control sobre sus fuerzas. Los que actuaron como negociadores son unos representantes que no tienen la autoridad para tomar decisiones sobre lo que se acuerde o, finalmente, se llegue a pactar. Cada cuadrilla o los frentes, como ellos se llaman, tiene sus propios intereses, cada uno dedicado a acciones ilegales específicas y diferenciadas con respecto a los otros, bien sea en el narcotráfico, en la actividad delictiva urbana o en la minería ilegal, dependiendo al “negocio” en el que estén metidos. Son grupos que actúan dispersamente y muchas veces fuera del control del mando.

R.A.:¿Qué pasará con el proceso en ciernes de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)?

J.R.B.:Con respecto al ELN, el presidente entrante Duque ya ha dicho que escuchará a la Iglesia Católica y a las Naciones Unidas, que ya escucharon y estuvieron en contacto con esta organización terrorista, para saber en qué punto está el asunto y que es lo quiere este grupo. Ambas instituciones llevan mucho tiempo en contacto con el ELN. Pero Duque ya advirtió que hay ponerle términos a esas negociaciones y un sistema de verificación de lo que se pueda acordar. Después, el ELN, a través de uno de sus voceros que responde con alias de “Pablito”, que dicho sea de paso es uno de los más radicales de esta organización, que no aceptan precondiciones previas. Con lo cual, mi conclusión es que será muy difícil llegar a acuerdos porque tienen posiciones muy radicales. Están amenazando claramente al presidente Duque de que está en la disyuntiva de paz o guerra, así de claro. Son impositivos y están poniendo al país ante un ultimátum que el presidente Duque creo que no lo puede aceptar, es decir, me muestro pesimista con respecto a un proceso de negociación con este grupo.


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Agencias

CIDH hace sugerencias sobre violencia en Colombia pero gobierno las rechaza

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EP New York/Colombia

Una de las principales sugerencias de la CIDH a Colombia fue la de “promover y reforzar” un “diálogo nacional genuino” de carácter regional que permita a “todos los sectores” ser escuchados, en particular los “más afectados por discriminación histórica, social y estructural en el país”.

Además de dialogar, la Comisión le propuso al Estado hacer lo necesario para “reforzar la confianza” ciudadana y evitar a toda costa la estigmatización hacia los manifestantes por parte de funcionarios.

La Comisión de la CIDH estuvo en “visita de trabajo” entre el 8 al 10 de junio, tiempo durante el cual recibió 302 testimonios y escuchó a mas de 500 personas, incluidos funcionarios, víctimas y organizaciones civiles.

Producto de la recolección de esos testimonios y entrevistas, la Comisión llegó a la conclusión de que “la respuesta del Estado” al estallido social “se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal”.

Aunque la CIDH citó varias cifras y balances de víctimas en las protestas tomadas de diferentes fuentes, los datos solos suministrados por la Fiscalía y otros despachos oficiales respecto de lo que ocurrió entre el 28 de abril y el 5 de mayo son espeluznantes.

Al menos 51 muertos, 21 de ellos en el marco del paro nacional, unos 1.113 civiles lesionados, de acuerdo a datos que entregó la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, además de 18 personas con lesiones oculares, según la Defensoría del Pueblo.

Tras esos datos, una de las recomendaciones del organismo fue pedirle al Estado “respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población”.

Frente a la violencia policiaca, la CIDH sugirió separar esa institución del Ministerio de Defensa, a fin de que se “consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos” y evitar “toda posibilidad de perspectivas militares”.

Respecto de los bloqueos de vías, el tema por el que se decantó el gobierno de Iván Duque frente a todo lo ocurrido en las semanas de protestas, la Comisión recomendó al Estado “abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas”.

Ante ese panorama y las cifras expuestas en su informe, la CIDH anunció la “instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad”.

Las respuestas de Bogotá no se hicieron esperar.

En un comunicado, Cancillería dijo que coincidía con “algunas de las observaciones” hechas por la Comisión, pero se apartó de la posibilidad de que se establezca el mecanismo de observación de derechos humanos al advertir que no es necesario, dado que el Estado posee una “institucionalidad” “robusta”, “sólida” y democrática.

Sobre la separación de la policía del ministerio de Defensa, Bogotá precisó que la Constitución establece que esa institución es “un cuerpo armado permanente de naturaleza civil”, lo cual ahuyenta, según la visión oficial, la preocupación del enfoque militar.

También rechazó la “sugerencia del presunto uso de la fuerza contra poblaciones específicas”, que fue explícita en el informe, sumado a la “estigmatización estructural” y criticó que algunas de las cifras citadas no hubiesen sido contrastadas, ni tuvieran fuentes.

“El gobierno difiere en que los bloqueos (llamados por la CIDH “cortes de ruta”), constituyan en general una forma legítima de manifestación y que sólo en casos concretos el Estado pueda actuar”, agregó en su respuesta del ministerio de Exteriores.

El presidente Duque también se manifestó al respecto, al sostener que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”, al reiterar que “los actos” de “vandalismo”, de “terrorismo urbano de baja intensidad” y los “bloqueos que atentan en contra de los derechos de los ciudadanos”. (ANSA).

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Agencias

Luto en la música colombiana: Falleció Álvaro Villalba, la otra mitad del dueto Silva y Villalba

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EP New York/Colombia

Bogotá _ Colombia/ Con su partida, en medio del olvido y la penuria económica, concluyó una de las páginas gloriosas del género andino de Colombia.

De complicaciones derivadas de una isquemia cerebral transitoria, falleció a los 89 años Álvaro Villalba, cantautor e intérprete del dueto Silva y Villalba , uno de los más reconocidos por varias generaciones de colombianos que crecieron escuchando sus canciones emitidas a través de la radio.

El maestro Villalba sufrió de varios achaques de salud en los últimos años, como Parkinson e hipertensión, que lo postraron en sus últimos años haciéndole abandonar la composición e interpretación de aires andinos.

Nacido en el año de 1932 , en Espinal Tolima, Villalba inició su carrera de joven con su compañero de estudios Elberto Guzmán. Con él desarrolló su talento como compositor y mejoró su técnica vocal, pero el salto hacia el reconocimiento ocurrió en 1967 cuando topó con Rodrigo Silva durante las fiestas de San Pedro en El Espinal .

Ambos comenzaron a ensayar juntos y un año después participaron en el concurso Orquídea de Plata Philips , en el que obtuvieron el primer lugar. Esta victoria musical, respaldada por un LP (Long-Play), los impulsó a consolidar una carrera sostenida de giras, éxitos radiales y conciertos en el país, así como en los Estados Unidos, México, España y Canadá

El equilibrio en el dueto consistió en que <span;>ambos supieron desplegar sus talentos en armonías vocales y arpegios de cuerdas que evocaban la belleza de la cordillera colombiana. El dueto Silva y Villalba publicó 50 discos que son la base del género andino en Colombia.

Recordada es su etapa de colaboración con el compositor Jorge Villamil, quien fue una pieza angular de la música colombiana entre las décadas del sesenta y el setenta. Esta alianza con Villamil condujo a que Silva y Villalba fueran considerados los sucesores de otro dueto histórico del cancionero colombiano, como el de Garzón y Collazos.

Los tiempos cambiaron y el panorama musical del país se movió a otros géneros, cuando Silva y Villalba se retiraron de la escena, con esporádicas apariciones en el festival de la música andina “Mono Núñez” en Ginebra, Valle o en conciertos en Ibagué, la capital musical de Colombia, en el marco del perenne Festival de la Música Colombiana.

Rodrigo Silva falleció en 2018 a causa de complicaciones de un cáncer que combatió por casi 20 años.

El maestro Villalba, como tantos otros músicos colombianos, tuvo que luchar contra el olvido y la pobreza en sus últimos años. De acuerdo con el reporte de sus allegados, su esposa interpuso una tutela ante Coomeva EPS para que le fuera asignado un cuidador a Villalba por sus quebrantos de salud.

El legado de Silva y Villalba, denominados como “Los Príncipes de la Canción”, al repertorio tradicional colombiano alcanza 500 canciones que han sido interpretadas por cientos de músicos en distintas adaptaciones y géneros : Espumas, Los Guaduales, Campesina Santandereana, Si pasas por San Gil, Soy Colombiano e incluso su versión del clásico Pueblito Viejo, son parte del patrimonio cultural del país.

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Agencias

Explosión de carro bomba dentro de base militar de Colombia deja 36 heridos

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EP New York/latinoamérica

BOGOTÁ — Un coche bomba explotó el martes dentro de una base militar ubicada en la localidad colombiana de Cúcuta, dejando 36 heridos, tres de ellos en condición grave, informaron las autoridades.

Durante una visita de emergencia a la base, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, señaló que la explosión fue un atentado terrorista contra soldados colombianos que pretendía causar heridas a la mayor cantidad posible de efectivos.

Molano señaló al Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo rebelde más grande que resta en Colombia, como probable responsable del ataque, aunque no proporcionó evidencia alguna para respaldar esa afirmación.

El funcionario añadió que miembros disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo que firmó un acuerdo de paz con el gobierno en 2016, podrían estar involucrados.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá escribió en su cuenta de Twitter que un pequeño grupo de militares estadounidenses se encontraba en la base cuando se produjo la explosión, pero que no sufrieron lesiones. Los soldados estadounidenses estaban allí para realizar ejercicios de entrenamiento, dijo la embajada.

Cúcuta se ubica en la frontera con Venezuela y es la capital del departamento de Norte de Santander, en donde varios grupos delictivos se disputan las rutas del trasiego de drogas y aprovechan la escasa vigilancia en la frontera para contrabandear armas y combustible.

El año pasado, un grupo de unos 40 instructores y asesores militares de la Primera Brigada de Asistencia de las Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos pasó un tiempo en la base que fue atacada el martes, donde ayudaron al ejército colombiano a planear operaciones antinarcóticos.

Videos difundidos en redes sociales muestran una columna de humo negro que salía de la base y posteriormente se escucha un fuerte estallido que destrozó ventanas y oficinas.

La explosión ocurrió en momentos en que las protestas en contra del gobierno parecen disminuir en Colombia. Los líderes de las manifestaciones anunciaron el martes que suspenderán las marchas que se han realizado durante siete semanas. Al menos 50 personas han muerto durante las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril en contra de la pobreza y la creciente desigualdad en el país.

Molano dijo que la explosión del martes se registró poco después de las 3 de la tarde, cuando hombres vestidos como soldados condujeron una camioneta blanca hacia la base.

En 2019, 21 personas murieron después de que estalló un coche bomba dentro de una academia de policía de Bogotá. El ataque fue obra del ELN y provocó que el gobierno suspendiera negociaciones de paz con el grupo. (Con inf de AP/CNN)

 

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