EE.UU
Xavier Becerra , un procurador hecho a la medida de Trump
Published
7 years agoon
EP New York/ Inmigración
“Vamos a seguir respetando las familias de inmigrantes, como la mía, que trabajan duro para construir una California mejor”, declaró Becerra en una de las numerosas conferencias de prensa que ofrece en inglés y español, a veces dos en un mismo día, para criticar las políticas de Trump.
SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) Xavier Becerra pasó a ser tal vez el procurador general más influyente del país cuando fue nombrado para ese cargo en California y ha usado su puesto en lo que algunos llaman el “estado de la resistencia” a Donald Trump para bombardear al mandatario con decenas de acciones legales.
En el 2019 podría incluso intensificar su campaña, alentado por el abrumador respaldo de los votantes, una Cámara de Representantes demócrata y un gobernador más militante que asume el lunes.
Becerra inició el nuevo año encabezando el jueves una coalición de 17 procuradores generales estatales demócratas que apelaron el reciente dictamen de un juez federal conservador de Texas que declaró inconstitucional la ley de salud de Barack Obama.
La ley, que Becerra describió como “la columna vertebral de nuestro sistema de atención médica”, seguirá en vigor mientras el caso es analizado por el 5to Circuito de los tribunales de apelaciones de Nueva Orleáns.
En total, el primer procurador general hispano de California inició unas 70 acciones legales, incluidas 45 demandas, contra el gobierno de Trump, enfocadas mayormente en la inmigración y en temas del medio ambiente.
Becerra se ha apuntado importantes victorias, sobre todo en defensa del programa de Obama que protege de la deportación a los cientos de miles de jóvenes traídos al país de niños y que no tienen permiso de residencia, y de las leyes que ofrecen santuario a los inmigrantes sin papeles limitando la cooperación del estado con los agentes del servicio de inmigración.
Trump amenazó en una ocasión con retirar de California a todos los agentes de inmigración, afirmando que eso generaría un aumento en la delincuencia y un “caos como nunca se ha visto”.
Becerra, de 60 años, fue designado procurador general por el gobernador saliente Jerry Brown y en las elecciones de noviembre recibió casi dos tercios de los votos en su contienda con el republicano Steven Bailey, quien lo criticó por reaccionar “a cada tuit que viene de Washington” en lugar de enfocarse en reducir la delincuencia.
En California, un estado dominado por los demócratas, no obstante, su rival en las primarias demócratas, Dave Jones, lo criticó por no radicar más demandas contra Trump.
El portal de su campaña lo describe como hijo de inmigrantes, aunque su padre, Manuel, nació en Sacramento. Manuel, sin embargo, se crió en México. La madre de Becerra es mexicana y vino a Estados Unidos tras casarse con su padre.
Becerra afirma que su padre “fue más inmigrante que mi madre” porque hablaba español con los trabajadores que construían carreteras mientras que su madre hablaba inglés en su trabajo como obstetra especializada en embarazos de alto riesgo.
Menciona a sus padres cada vez que puede y a menudo luce el anillo de matrimonio de su padre.
Los amigos de Becerra atribuyen su éxito a sus padres.
“Trabajo duro, compromiso con la educación, gran integridad y carácter: Nunca se apartó de esos valores”, dijo el ex presidente del Partido Demócrata de California Art Torres, un legislador estatal de amplia trayectoria que dio a Becerra su primer trabajo en la política: el manejo de su campaña para el Senado estatal en Los Ángeles.
Becerra se radicó en Los Ángeles en 1986 y pronto aprendió a manejarse en la política hispana de la ciudad.
En pocos años llegó a ser subprocurador general y se quedó con una banca en la asamblea estatal luego de que su esposa le dijese que se “sacase la espina”.
De inmediato empezó una campaña en busca de una banca legislativa y fue elegido para el primero de 12 períodos. Se concentró mayormente en la inmigración y la salud. y llegó a presidir el bloque demócrata antes de que Brown lo nombrase en el 2016 para que reemplazase a Kamala Harris, quien había llegado al Senado nacional.
“Fue un ascenso meteórico realmente”, manifestó David Ayon, del Centro para el Estudio de Los Ángeles de la Universidad Loyola Marymount y analista de la firma de investigaciones de opiniones políticas Latino Decisions. Conoce a Becerra desde que cursaron estudios en la Universidad de Stanford.
Becerra fue uno de los primeros de “una nueva generación de líderes latinos del sur de California con altos niveles de educación… jóvenes, llenos de energía, que parecían boy scouts”, expresó Ayon, coautor de “Power Shift: How Latinos in California transformed politics in America” (Traspaso del poder: Cómo los latinos de California transformaron la política en Estados Unidos”.
Don Thomas, quien conoce a Becerra desde el jardín de infantes, dice que el procurador general aprendió a controlarse y a mantener la calma jugando al golf en la escuela secundaria y que además es un gran jugador de póker. Becerra analizó las recomendaciones de golfistas famosos y practicaba con un juego de palos usados por los que pagó menos de 100 dólares.
“Dijo que iba a leer sobre el tema, a estudiarlo, y a practicar mucho”, manifestó Thomas. “Así se manejó siempre”.
Profesores y amigos a menudo pronunciaban mal su nombre, pero Becerra, a diferencia de su padre, dice que nunca enfrentó situaciones discriminatorias abiertas. Aunque no oculta su furia cuando recuerda una oportunidad hace casi 30 años en la que, en sus inicios en la política, dos mujeres le dijeron en una recepción de una cámara de comercio: “Nos caes muy bien, te insertas bien”.
Lori Kalani, copresidenta del estudio de abogados Cozen O’Connor, que representa a empresas que a menudo no ven con buenos ojos las estrictas políticas de defensa del medio ambiente y del consumidor de California, admite que Becerra aprende rápido y “es muy receptivo de las opiniones de la oposición”.
Detractores de ambos partidos dicen que al enfocarse tanto en Trump, Becerra descuida algunas de sus principales funciones, como la lucha contra el abuso de los opioides o la confiscación de armas a personas que ya no están autorizadas a tenerlas.
Becerra dice que se propone dedicarle más tiempo a cosas como los delitos financieros, al abuso de los mayores y el tráfico de personas y sexual. Pero creó nuevas dependencias para proteger el plan de salud de Obama, los derechos reproductivos de las mujeres y las leyes para proteger el medio ambiente.
La procuraduría general ha sido a menudo un trampolín para los políticos, incluidos Brown y Harris, y se especula que Becerra podría postularse a gobernador o senador en el futuro. Ya se postuló sin éxito a la alcaldía de Los Ángeles en el 2001, contempló buscar una banca en el Senado y fue mencionado como posible candidato a la vicepresidencia en el 2016.
“Creo que no tiene ningún apuro. Es muy centrado y metódico en todo lo que hace”, afirmó Torres. “Y no creo que haya nada fuera de su alcance cuando decida que llegó la hora de buscar otra cosa”. (DON THOMPSON-AP)
Tema relacionado: Juez de California falla a favor del TPS. Gran alivio para los inmigrantes
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Agencias
Corte Suprema de EE.UU. otorga poderes a Trump para anular ciudadanía por nacimiento

Published
2 weeks agoon
June 28, 2025By
FranciscoEP NEW YORK | CONSTITUCIÓN Y CIUDADANÍA
WASHINGTON — El panorama en tanto a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump con propósito de eliminar el derecho a la ciudadanía luce, temporalmente, a favor del mandatario después de una decisión por la Corte Suprema de EEUU este viernes 27 de junio.
En una decisión 6-3, el tribunal mayor de los Estados Unidos determinó que los tribunales menores han excedido autoridad con sus restricciones impuestas a nivel nacional ante la orden de Trump. Ellos dijeron que las retenciones deben limitarse para no permitir más alivio del necesario.
Sin embargo , la batalla jurídica sobre el intento del presidente estadounidense Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento está lejos de terminar, a pesar de la gran victoria del gobierno del republicano el viernes después de que la Corte Suprema limitó los mandamientos judiciales a nivel nacional.
Los defensores de los inmigrantes prometen luchar para asegurar que la ciudadanía por nacimiento siga siendo la ley, en un momento en que el presidente intenta eliminar más de un siglo de jurisprudencia.
El fallo del máximo tribunal devuelve a los tribunales inferiores los casos que impugnan la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, el destino final de la política del mandatario sigue siendo incierto.
Aquí presentamos un vistazo a la ciudadanía por nacimiento, el fallo de la Corte Suprema y lo que sucederá a continuación.
¿Qué significa la ciudadanía por nacimiento?
La ciudadanía por nacimiento convierte a cualquier persona nacida en Estados Unidos en ciudadano estadounidense, incluidos los niños nacidos de madres que están en el país sin autorización.
La práctica se remonta a poco después de la Guerra Civil, cuando el Congreso ratificó la 14ª Enmienda de la Constitución, en parte para asegurar que las personas negras —incluidas las que solían ser esclavos— tuvieran ciudadanía.
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”, establece la enmienda.
Treinta años después, Wong Kim Ark, un hombre nacido en Estados Unidos de padres chinos, fue rechazado al intentar reingresar al país después de viajar al extranjero. La demanda que interpuso llevó a la Corte Suprema a dictaminar explícitamente que la enmienda otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus legal de sus padres.
Desde entonces se ha considerado parte intrínseca de la ley estadounidense, con sólo un puñado de excepciones, tales como los casos de hijos nacidos en Estados Unidos de diplomáticos extranjeros.
Trump ha dicho desde hace tiempo que quiere eliminar la ciudadanía por nacimiento.
La orden ejecutiva de Trump, firmada en enero, pretende negar la ciudadanía a los niños nacidos de personas que están viviendo en Estados Unidos ilegalmente o temporalmente. Forma parte de las medidas enérgicas contra la inmigración por parte del presidente, quien ha dicho que la ciudadanía por nacimiento es un “imán para la inmigración ilegal”.
Trump y sus simpatizantes se centran en una frase de la enmienda —”sujeta a su jurisdicción”—, diciendo que significa que Estados Unidos puede negar la ciudadanía a los bebés nacidos de mujeres que están en el país ilegalmente.
Varios jueces federales han dicho que eso no es cierto, y han emitido mandamientos judiciales a nivel nacional que impiden que su orden entre en vigor.
“He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No puedo recordar otro caso en el que la pregunta presentada fuera tan clara como esta. Esta es una orden flagrantemente inconstitucional”, declaró el juez federal de distrito John Coughenour en una audiencia este año en su corte de Seattle.
En Greenbelt, Maryland, un suburbio de Washington, la jueza federal de distrito Deborah Boardman escribió: “la Corte Suprema ha rechazado rotundamente y ningún tribunal en el país ha respaldado nunca” la interpretación de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento.
¿Es constitucional la orden de Trump?
Los magistrados no lo dijeron
El fallo del máximo tribunal fue una gran victoria para el gobierno de Trump, en el sentido de que limitó la autoridad de un juez individual para emitir mandatos judiciales válidos a nivel nacional. El gobierno celebró el fallo, considerándolo un control monumental sobre los poderes de los jueces individuales de los tribunales de distrito, quienes, según los partidarios de Trump, quieren usurpar la autoridad del presidente con fallos que bloquean sus prioridades en torno a la inmigración y otros asuntos.
Pero la Corte Suprema no abordó los méritos de la propuesta de Trump para hacer cumplir su orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento.
“El gobierno de Trump tomó una decisión estratégica, que creo claramente dio sus frutos, de que iban a impugnar no las decisiones de los jueces sobre los méritos, sino sobre el alcance del alivio”, explicó Jessica Levinson, profesora de la Facultad de Derecho de Loyola.
La secretaria de Justicia Pam Bondi les dijo a periodistas en la Casa Blanca que el gobierno está “muy confiado” en que la Corte Suprema finalmente se pondrá de su lado en cuanto a los méritos del caso.
Hay interrogantes e incertidumbre en torno a los próximos pasos. Los jueces devolvieron los casos que impugnan la política de ciudadanía por nacimiento a los tribunales inferiores, donde los jueces tendrán que decidir cómo adaptar sus mandamientos para cumplir con el nuevo fallo. La orden ejecutiva sigue bloqueada al menos por 30 días, lo que les da tiempo a los tribunales inferiores y a las partes interesadas para dilucidar los próximos pasos a seguir.
El fallo de la Corte Suprema deja abierta la posibilidad de que los grupos que impugnan la política aún puedan obtener remedio a nivel nacional a través de demandas colectivas, e intentar obtener la certificación de que se trata de una demanda colectiva a nivel nacional. Dentro de las horas posteriores al fallo, se habían presentado dos demandas colectivas en Maryland y Nueva Hampshire con las que se pretende bloquear la orden de Trump.
La ciudadanía por nacimiento ha sido una ley constitucional establecida durante más de un siglo”, manifestó Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y directora general de Global Refuge, una organización sin fines de lucro que apoya a refugiados y migrantes. “Al negar a los tribunales inferiores la capacidad de hacer cumplir ese derecho de manera uniforme, la Corte ha invitado al caos, la desigualdad y el miedo”.
Agencias.
Agencias
EE.UU. ataca y destruye principales bases nucleares de Irán

Published
2 weeks agoon
June 22, 2025By
FranciscoEP NEW YORK | EE.UU. VS IRÁN
Teherán, 22 jun (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este sábado en un comunicado citado en medios que sabe el lugar desde donde salieron los aviones estadounidenses que bombardearon anoche varias instalaciones nucleares en Irán y aseguró que el ataque estadounidense tendrá “duras repercusiones”.
La Guardia Revolucionaria calificó el ataque de esta madrugada de “un crimen sin precedentes que viola el derecho internacional” y consideró que Estados Unidos sigue “repitiendo errores del pasado, mostrando incompetencia estratégica e ignorancia de la realidad regional”, según el comunicado publicado en la agencia Tasnim, vinculada con este organismo iraní.
“En lugar de aprender de sus repetidos fracasos, Washington se colocó en la primera línea de la agresión al atacar directamente instalaciones pacíficas”, dice el comunicado, en el que aseguran que las fuerzas armadas iraníes “han identificado y monitoreado” las ubicaciones desde donde salieron los aviones que bombardearon.
Como respuesta, la Guardia Revolucionaria aseguró que la operación que ya desarrolla contra Israel en represalia por los ataques lanzados el 13 de julio y que ha supuesto lanzamientos diarios de misiles de uno y otro lado “continuará de manera precisa, decidida y feroz”.
Y además, contra Estados Unidos, en “legítima defensa”, va a usar “respuestas que escapan a la comprensión y a los cálculos ilusorios del frente agresor”, por lo que advirtió a Washington de “duras repercusiones”.
Estados Unidos entró este sábado de manera abrupta en la guerra de Israel contra Irán al bombardear las tres principales instalaciones del programa nuclear iraní, mientras que el presidente Donald Trump amenazó al régimen de Teherán con más ataques si “la paz no llega rápido”.
En un mensaje a la nación dos horas después, Trump instó a Teherán a no responder militarmente y optar por la paz. “Irán, el matón de Oriente Medio, ahora debe hacer la paz. Si no lo hacen, los futuros ataques serán mucho más grandes y más fáciles”.
El Ministerio de Exteriores iraní afirmó este domingo que Estados Unidos ha lanzado una “peligrosa guerra” contra Irán tras los ataques estadounidenses contra tres instalaciones nucleares del país.
Agencias
Agencias
Corte Suprema de EE.UU. pone fin a TPS para venezolanos

Published
2 months agoon
May 20, 2025By
FranciscoEP NEW YORK | FL NEWS | TPS
El 19 de mayo , la Corte Suprema permitió al gobierno de Donald Trump retirar, por el momento, la protección a casi 350.000 migrantes venezolanos a los que se había permitido permanecer en Estados Unidos sin riesgo de deportación en virtud de un programa conocido como Estatus de Protección Temporal.
La escueta orden de la corte no estaba firmada ni explicaba sus razones, algo habitual cuando los jueces se pronuncian sobre solicitudes de emergencia. No se incluyó el conteo de votos, aunque la jueza Ketanji Brown Jackson señaló que habría denegado la solicitud del gobierno.
Los jueces anunciaron que permitirían que el gobierno de Trump pusiera fin a las protecciones hasta que se apelara el caso, lo que potencialmente podría permitirle continuar con las deportaciones. Sin embargo, los jueces también aclararon que mantendrían la capacidad de los migrantes de presentar recursos legales en algunas instancias, como si el gobierno intentaba cancelar sus permisos de trabajo.
En un caso distinto, los jueces criticaron el viernes al gobierno de Trump por tratar de dar solo un día de notificación a un grupo diferente de migrantes venezolanos en Texas que había estado tratando de deportar con los poderes expansivos de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra del siglo XVIII. La gestión de Trump ha acusado a ese grupo de migrantes de ser miembros de la violenta banda Tren de Aragua.
La orden del lunes afecta a un grupo mucho más amplio de venezolanos que viven actualmente en Estados Unidos de forma legal bajo los términos de un programa de la era Biden.
La corte ha visto inundada con solicitudes derivadas del bombardeo de órdenes ejecutivas del presidente Trump, muchas de ellas buscando suspender o limitar fallos de tribunales que bloquean la agresiva agenda del gobierno, especialmente en materia de migración.
Ahilan Arulanantham, un abogado que representa a los migrantes que desafían al gobierno de Trump, calificó la decisión de la corte de “en verdad terrible”, especialmente porque fue anunciada “en una orden de dos párrafos sin ningún razonamiento”.
“Se trata de la mayor acción individual de privación de la condición de migrante a un grupo de no ciudadanos en la historia moderna de Estados Unidos”, dijo Arulanantham. “El impacto humanitario y económico de la decisión de la corte se sentirá de inmediato, y repercutirá por generaciones”.
<span;>Este caso comenzó en febrero, cuando Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, puso fin a una prórroga de 18 meses del Estatus de Protección Temporal que el gobierno de Joe Biden había concedido a los venezolanos. Las personas afectadas por el cambio presentaron una demanda, alegando que la medida violaba los procedimientos administrativos y estaba motivada por prejuicios raciales.
En marzo, el juez Edward M. Chen, del Tribunal Federal de Distrito de San Francisco, bloqueó los esfuerzos del gobierno por eliminar las protecciones mientras el caso avanzaba. Dijo que los demandantes habían demostrado que tenían probabilidades de éxito al demostrar que las acciones de Noem “no estaban autorizadas por la ley, eran arbitrarias y veleidosas, y estaban motivadas por una animadversión inconstitucional”.
Chen consideró que poner fin a la iniciativa causaría daños irreparables “a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia resultarían gravemente trastornados, costaría a Estados Unidos miles de millones en actividad económica y perjudicaría la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó la petición del gobierno de suspender el fallo de Chen.
El programa de Estatus de Protección Temporal, promulgado por el Congreso y convertido en ley por el presidente George H. W. Bush, permite a los migrantes de naciones que han sufrido desastres nacionales, conflictos armados u otras inestabilidades extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Trump ha intentado poner fin a las protecciones del programa, en un intento de cumplir su promesa electoral de deportar a millones de migrantes. Sus esfuerzos pretendían cancelar las protecciones para casi 350.000 personas a principios de abril, y para cientos de miles más a finales de este año.
En la solicitud de emergencia hecha por el gobierno, D. John Sauer, el procurador general, escribió que la ley por la que se creó el programa prohibía expresamente que los tribunales cuestionaran las decisiones del poder ejecutivo. Una disposición de la ley decía que no había “revisión judicial de ninguna determinación” relativa a “la designación o la terminación o prórroga de una designación de un Estado extranjero”.
Los abogados de los impugnadores respondieron que la ley que creó el programa limitaba estrictamente las terminaciones anticipadas de las protecciones, y añadieron que la acción de Noem no estaba autorizada por la ley. “En ninguna parte de la ley se concede a la secretaria autoridad para anular o rescindir una prórroga”, escribieron.
Añadieron que el planteamiento de Sauer “dejaría a los tribunales federales sin poder para detener incluso acciones flagrante e ilegalmente arbitrarias de las agencias, ya sea para restringir el Estatus de Protección Temporal o para ampliarlo”.
La Corte Suprema ha recibido otras solicitudes de emergencia relacionadas con las políticas migratorias de Trump. En una de ellas, el gobierno pidió a los jueces que le permitieran seguir adelante con un plan para revocar las protecciones contra la deportación de migrantes de cuatro países en crisis, en virtud de un programa conocido como libertad condicional humanitaria.
En otra, la corte ordenó al gobierno que facilitara el regreso de Kilmar Armando Abrego Garcia, quien había sido enviado por error a El Salvador, donde aún permanece.
Agencias


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