EP NEW YORK. | PROTESTAS CONTRA ISRAEL

Por Gustsvo Lugo

A una semana de las protestas a favor de Palestina, la Universidad de Columbia, epicentro de la creciente disidencia estudiantil contra la guerra en Gaza, enfrentaban el jueves una fecha límite para levantar los campamentos mientras las protestas y los arrestos se intensificaban en todo el país, los manifestantes se mantiene firmes mientras el reloj sigue corriendo,

En Columbia, con más de 100 arrestos en los últimos días, el presidente de la escuela, Minouche Shafik, advirtió a los estudiantes que si las tiendas de campaña no se retiran antes del viernes “tendremos que considerar opciones alternativas” para despejar el área y restaurar la calma en el campus. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, arremetió el jueves contra los manifestantes de Columbia, quienes lo abuchearon durante su visita a la escuela un día antes. Johnson había criticado a los estudiantes y profesores que participaron en la protesta y pidió la dimisión de Shafik.

Ya suman mas de veinte campus que se han unido en todo el pais a las protestas, la chispa que prendio las protestas, se predujo la  semana pasada en la Universidad de Columbia cuando la presidenta de la institución, Nemat “Minouche” Shafik, testificó ante una comisión de la Cámara de Representantes sobre la respuesta de la universidad a las acusaciones de antisemitismo en el campus. Al mismo tiempo se inició en el campus una protesta propalestina. Tras su testimonio, Shafik solicitó en una carta hecha pública por la universidad que el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York desalojara a las personas que estaban acampando en el jardín sur del campus y que “infringían las normas y políticas de la universidad” y estaban invadiendo el campus.

Más de 100 personas fueron detenidas, según las fuerzas de seguridad.

Los campamentos fueron organizados por Columbia University Apartheid Divest (CUAD), una coalición estudiantil de más de 100 organizaciones, entre ellas Estudiantes por la Justicia en Palestina y Voz Judía por la Paz, para protestar contra lo que describen como la “continua inversión financiera de la universidad en empresas que se benefician del apartheid israelí, el genocidio y la ocupación militar de Palestina”, según dijeron en un comunicado de prensa.

Los manifestantes propalestinos de Columbia afirmaron que no se dispersarán hasta que la universidad acceda a cortar lazos con instituciones académicas israelíes y se comprometa a una “completa desinversión” de sus fondos de entidades relacionadas con Israel, entre otras demandas. Las autoridades de Columbia advirtieron a principios de esta semana que el campamento viola las normas de la escuela, pero no proporcionaron consecuencias disciplinarias específicas.

No obstante, la situación siguió agravándose y este miércoles el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, acudió a la universidad para intentar persuadir a los estudiantes de que detuvieran las protestas. Mientras pronunciaba su discurso, los jóvenes gritaban “No podemos oírte”. Ante esta presión, Johnson respondió: “Disfruten de su libertad de expresión”.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, publicó un mensaje de video en sus redes sociales, en el que condenó las acciones de estudiantes del país norteamericano y la falta de reacción adecuada por parte de las autoridades de las escuelas.

“Multitudes antisemitas han tomado las principales universidades. Piden la aniquilación de Israel. Atacan a estudiantes judíos”, afirmó. Además, calificó las manifestaciones de “horribles” y agregó que “recuerdan lo sucedido en las universidades alemanas en los años 30”.

Las manifestaciones y acalorados debates sobre la guerra de Israel en Gaza y la libre expresión han sacudido los campus de EE.UU. desde el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre, que dio inicio la campaña militar israelí en la Franja.

Las autoridades de estas prestigiosas e influyentes universidades tienen dificultades para calmar los ánimos en sus campus y en su mayoría han fracasado, y una de sus mayores preocupaciones son las próximas ceremonias de graduación.

Como ha sucedido en otras universidades, los manifestantes de NYU exigen que los administradores revelen y se despojen de “su financiación y donaciones recibidas de productores de armas y empresas con intereses en la ocupación israelí”.

Otros campamentos de protesta también se han erigido en la Universidad de California en Berkeley, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), la Universidad de Michigan, el Emerson College y Tufts.

EP New York. | Latinoamérica

Miles de opositores protestan en Colombia y Petro insiste en que buscan “derrocar” su gobierno

BOGOTÁ — Los opositores al gobierno del izquierdista Gustavo Petro volvieron a manifestarse el domingo y convocaron cerca de 250.000 personas en todo el país mientras coreaban incesantemente ”¡Fuera Petro!”, mostrando su desacuerdo con las reformas sociales que impulsa, su propuesta de hacer una constituyente y reclamando por problemas económicos y de seguridad.

El presidente señaló que las manifestaciones tuvieron por objetivo buscar “derrocar el gobierno del cambio” de parte de sectores que quieren que se “deshaga las reformas que van a favor del pueblo para mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usados como ganancias de particulares”. Por lo que insistió, desde su cuenta de X, en que sus partidarios deben “responder” en una manifestación el primero de mayo, día internacional de los trabajadores, en la que caminará junto a la gente y hablará en una tarima.

Las manifestaciones en contra y a favor del gobierno se han convertido en una constante en Colombia desde que subió al poder Petro en el 2022, convirtiéndose en el primer presidente de izquierda, en un país que siempre había sido gobernado por conservadores y moderados. La oposición reclama por sus políticas, mientras que Petro convoca a sus partidarios a defenderlas.

“Es una marcha donde está todo el mundo saliendo a decirle al presidente: ‘así no son las cosas, usted ganó las elecciones, pero sepa gobernar’”, dijo a The Associated Press Idelfonso Méndez, de 58 años.

Méndez, contador público, no suele salir a protestar. La última vez que lo hizo fue en 2008 en contra de los secuestros que perpetraba la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

“Nos hemos quedado callados mucho tiempo, pero ya no más. La democracia la veo en peligro, porque está buscando hacer una asamblea constituyente por fuera de la ley y quiere imponer las reformas a como dé lugar sin que lo apruebe el Legislativo”, explicó Méndez, quien sostenía un cartel con la frase “yo protejo a mi país”.

Petro planteó la posibilidad de llevar al país a un proceso para reformar la Constitución como una forma de lograr las transformaciones sociales que prometió en su campaña electoral y que el Congreso no ha aprobado. Sin embargo, no es claro el proceso en que se haría.

“El constituyente es el pueblo que se convoca a sí mismo a decidir sobre lo que no se ha podido resolver en décadas desde los poderes constituidos”, explicó Petro.

Las movilizaciones fueron pacíficas, según reportó el gobierno y la policía, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y Popayán. En la capital lucía llena la icónica Plaza de Bolívar —donde confluyen el Congreso, las cortes, la alcaldía y la catedral— que tiene una capacidad para 55.000 personas. Según Petro, en el país se movilizaron cerca de 250.000 personas.

“Ha sido la marcha más importante contra Gustavo Petro, no solo por la cantidad, sino por quiénes salieron. En otras ocasiones se veían personas solamente de derecha, en esta se movilizaron diferentes sectores políticos que perdieron el miedo a ser estigmatizados como de derecha”, indicó a la AP Carlos Andrés Arias Orjuela, consultor en comunicación política.

Para Arias, una marcha tan numerosa debería tener un impacto en la dirección del gobierno, sin embargo, no cree que en la práctica se vea reflejado. “Lo que va a hacer es que Gustavo Petro siga radicalizando su discurso, porque hace un mes y medio dejó de gobernar y está en campaña política”, agregó.

A inicio de abril, Petro sufrió una derrota en el Congreso, donde senadores archivaron la reforma a la salud, la más avanzada en trámite y también la más polémica. La propuesta planteaba reducir la intermediación de actores privados y dar al Estado un mayor control del dinero y del servicio de salud que el gobierno ha calificado de deficiente.

Sin embargo, el gobierno anunció decretos que modifican el sistema de salud en el mismo sentido que lo quería hacer la reforma y ordenó la intervención forzosa para administrar dos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) más grandes del país: Sanitas y Nueva EPS.

En la marcha, se distinguían trabajadores de las EPS intervenidas vestidos con camisetas blancas y sus logos, que advertían que la salud de 17 millones de sus afiliados estaba en riesgo.

“Vine a marchar por la salud, porque él (Petro) lo ha dicho, que va a acabar las EPS. Vine para que sepa que no queremos”, dijo a la AP Amanda Rojas, una ama de casa de 70 años, afiliada en Sanitas.

Los cambios al sistema de salud que rige en Colombia desde hace 30 años, han generado preocupación en el sector y más de 60 asociaciones se unieron a las protestas en lo que llamaron “La marcha de las batas blancas”.

“No negamos las falencias, la corrupción, la falta de recursos, pero una cosa es negar las falencias y otra cosa es decir que la solución que están planteando es la adecuada, ese es el problema”, aseguró a la AP Rubén Luna, presidente de la Sociedad Colombiana de Trasplantes y miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía, quien pide que se les incluya en la búsqueda de soluciones para el sistema de salud.

Para Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, se trata de las marchas más nutridas que la oposición ha logrado convocar y considera que el elemento que cambió el panorama fue la intervención a varias EPS por parte del gobierno.

“Lo que muestra esta marcha es que esto genera muchas inquietudes que el gobierno debería escuchar, porque es algo que muestra que está perdiendo el pulso de la calle”, concluyó.

Con información de AP

EP NEW YORK | Donald Trump

Gustavo Lugo

Donald Trump hizo historia este lunes al convertirse en el primer expresidente de Estados Unidos en ser juzgado bajo acusaciones penales.

Por decisión del juez Juan Mechan, que encabeza el juicio contra el exmandatario por un caso de dinero supuestamente obtenido de manera subrepticia, Trump no podrá presentar argumentos sobre la inmunidad presidencial ante la Corte Suprema, la próxima semana, y está obligado a asistir a la totalidad de su juicio en Nueva York, a menos que obtenga un permiso especial para faltar.

Trump, arremetio contra él juez a la salida del tribunal, y calificó todo el proceso como una “cacería de brujas política” en medio de la contienda electoral por la presidencia.

El expresidente de 77 años está siendo juzgado por un presunto pago que realizó a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels antes de las elecciones presidenciales de 2016 para que esta no revelara los detalles de un supuesto encuentro sexual entre ambos.

El exmandatario está acusado de 34 cargos que un jurado de 12 miembros deberá valorar en las próximas semanas. La audiencia de este lunes fue convocada para el proceso de elección de los miembros del jurado.

Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, asegura que tuvo relaciones sexuales con Trump en 2006 algo que él niega y que, a cambio de mantener ese encuentro en privado, recibió un pago antes de las elecciones presidenciales de 2016.

El juicio se centra en el presunto pago que Trump le hizo a su antiguo abogado personal, Michael Cohen. Este asegura que con ese dinero se le ordenó pagar a Daniels US$130.000.

Trump es el primer expresidente y candidato republicano en las elecciones de noviembre en enfrentar una acusación penal.

juan Merchan es el juez del caso, magistrado de origen colombiano que el año pasado se hizo cargo de un juicio por fraude fiscal contra la Organización Trump.

La defensa del expresidente podría argumentar que las acusaciones son “infundadas” y tienen una “motivación política”. Eso es lo que ha dicho Trump sobre los múltiples juicios a los que se enfrenta, sin aportar pruebas que respalden estas afirmaciones.

Se espera que el juicio se prolongue de seis a ocho semanas.