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Enfoque Mundial

ENTREVISTA A JUAN CARLOS BLANCO, EL CANCILLER EN LA TORMENTA

Francisco

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MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE URUGUAY DURANTE EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE JUAN MARÍA BORDABERRY

por Ricardo Angoso

rangoso@iniciativaradical.org

 Juan Carlos Blanco fue el canciller del presidente Juan María Bordaberry durante lo que se conoció como el período cívico-militar que dio paso después a la dictadura militar (1973-1985). Blanco tuvo el dudoso honor de ser uno de los pocos civiles procesados, juzgados y condenados por hechos ocurrido en esa época, junto con el mismo Bordaberry, y en la actualidad cumple una condena de veinte años por un delito de desaparición que niega.

TITULARES:

“Bordaberry, pese a lo que se ha dicho, siempre trató de defender la legalidad de la autoridad civil frente a los militares”;

“Una gran responsabilidad de lo que aquí ocurrió la tienen los Tupamaros que, una vez fracasados en las urnas, llegaron a decir que “por aquí, por las urnas, no va la cosa”;

“Yo siempre fui muy claro y mantuve una línea de defensa de la constitucionalidad y de las instituciones representativas”;

“Guardo la esperanza de que algún día otra generación reflexione sobre todo lo que ocurrió en Uruguay y lo que hicieron con nosotros. Y se preguntará:¿qué fue lo que pasó en ese momento? Y se comprobarán las tropelías que se cometieron con nosotros”;

“Mi vida hasta el 15 de noviembre de 2035 es estar aquí, en la cárcel. Tengo 80 años y eso significa que me han condenado de por vida”;

“Se han vulnerado los acuerdos iniciales que teníamos en la transición democrática. El origen de estos procesos viene de no haber buscado la concordia y la tradición clásica de Uruguay”.

Ricardo Angoso:¿Fue usted el primer procesado en Uruguay por asuntos o delitos relativos a la dictadura militar?

Juan Carlos Blanco: Si, así fue. Pero no quiero hacer declaraciones y menos públicas, si puedo ayudarle en su trabajo, lo hago, pero sin publicaciones, ni mucho menos.

R.A.:¿Cómo llegó a la Cancillería de Uruguay en 1972?

J.C.B.:Me remito a lo que cuento en libro. Estuve trabajando en la Organización de Estados Americanos (OEA) y fui llamando por el presidente constitucional Jorge Pacheco Areco para trabajar en la cancillería uruguaya. Luego, en noviembre de 1972, el presidente Juan María Bordaberry me nombra canciller a los 36 años, en un hecho sin precedentes en la historia de Uruguay. Yo era un funcionario y llegue de una forma accidental al gobierno, nada de participar en golpes de Estado u otras historias.

R.A.:Realmente, ¿fue Bordaberry el artífice del golpe de Estado llevado a cabo por los militares?

J.C.B.: No, nada de eso. El gobierno constitucional de 1971 de Pacheco ya había encomendado antes a las Fuerzas Armadas luchar contra la subversión, considerando que para derrotarla era necesario emplear todos los medios. Entonces, cuando Bordaberry llega al poder ya estaban las Fuerzas Armadas tomando partido en la lucha contra el terrorismo. El gobierno legal llamó a las Fuerzas Armadas para que lucharan junto con la policía en la lucha contra el terrorismo; más adelante, los militares consideraron que se debían de hacer algunos cambios en las Leyes para luchar más efectivamente contra la subversión.

R.A.:¿También hubo problemas entre Bordaberry y los militares?

J.C.B.:Siempre hubo problemas. Se dice que Bordaberry llamaba  a los militares para dar un golpe de Estado y fue todo lo contrario. Los imitares trataban de ir ocupando espacios sobre los civiles y Bordaberry trataba de proteger estos espacios e instituciones. Bordaberry, pese a lo que se ha dicho, siempre trató de defender la legalidad de la autoridad civil frente a los militares. Se dieron situación de tensión, como era lógico. Nadie quería que los militares se hicieran totalmente con el poder.

R.A.:¿Más tarde se produjo la salida del gobierno de Bordaberry?

J.C.B.:Fue en el año 1976. Ese año tenía que haber habido elecciones. Bordaberry, entonces, disolvió el parlamento y aseguró que entregaría el gobierno al ciudadano que fuera electo para el cargo de presidente de la República. Tenía la idea y la voluntad de convocar elecciones. Luego Bordaberry presentó una propuesta para crear un régimen de corte corporativista, en lo que yo no estaba de acuerdo, y hubo un choque con algunos sectores. Así se llegó a una situación en la que se produjo la anomalía de que la institucionalidad no se respetó ni tampoco hubo elecciones. Llegados a ese punto, y en un momento de protagonismo de los militares, yo decidí renunciar y abandonar el cargo.

R.A.:¿Y que hizo desde 1976 hasta 1985, en que abandonan los militares el poder?

J.C.B.:No tuve responsabilidades políticas, aunque ocupe los últimos tres años un cargo en las Naciones Unidas para acompañar a la transición democrática y darle una visibilidad. Estuve en ese periodo pero no en posición de gobierno, sino como diplomático.

R.A.:¿Más tarde fue senador?

J.C.B.:Eso fue posteriormente, cuando se recuperó la normalidad y las instituciones recuperaron todo su vigor. Fui electo en las elecciones de 1990 y hasta el año 1995 ocupé esa responsabilidad.

R.A.:¿Cómo se volvieron abrir estas heridas que parecían dormidas en la historia de Uruguay, cómo fue que le procesaron?

J.C.B.:Sin lugar a dudas, fue un hecho sorprendente y contrario a lo que había sido la tradición uruguaya hasta nuestros tiempos. Nunca en nuestra historia se había llegado a este estado de cosas. Aquí nunca hubo ni vencidos ni vencedores, siempre se apeló a la concordia y a la reconciliación. Y hubo clemencia siempre para los vencidos.

R.A.:¿Y qué argumentaron en su contra para procesarle?

J.C.B.:En las dos causas que me llevaron a la condena, sin pruebas de ningún tipo, fueron asuntos de índole internacional. El primer caso fue una persona que se asiló en la embajada de Venezuela y fue secuestrada por agentes no identificados que después la hicieron desaparecer. Nunca se conoció quién la secuestro. Luego también se me acusó del asesinato de cuatro uruguayos en Buenos Aires. Nunca tuve ninguna conexión ni relación con esos delitos. Ni siquiera se llegó a demostrar mi responsabilidad en los mismos. Me acusan de haber sido coautor de estos crímenes. ¡Pero ni siquiera nadie habló de estos asuntos cuando yo estaba en la Cancillería! No tuve participación en ninguno de estos asuntos ni tome parte en actos represivos, ya que no era mi misión ni función. Ni remotamente tuve alguna relación con esos actos.

R.A.:¿Y había testigos en su contra?

J.C.B.:No hay testigos ni documentos, realmente no hay nada de nada que pueda avalar esta condena que sufro injustamente. Ya le he dicho que ni remotamente tuve alguna relación con ese asunto. Ni siquiera los militares nos consultaban acerca de esos asuntos, actuaban con total autonomía. Si lo hicieron, nadie me consultó ni me dijo nada en su momento.

R.A.:¿Su relación con Bordaberry fue buena?

J.C.B.:Luego que abandoné la Cancillería tuve menos relación con él. Estaba muy desencantado por el curso que habían tomado las cosas y por la forma en que los militares se habían entrometido en la vida del país. Buscó un modus vivendi con los militares en unas circunstancias difíciles. Pero, en mi caso, yo siempre fui muy claro y mantuve una línea de defensa de la constitucionalidad y de las instituciones representativas. Bordaberry, todo hay que decirlo, siempre me apoyó y me dejó que me desempeñara en mis funciones y atribuciones.

R.A.:¿Bordaberry también fue procesado?

J.C.B.:Bordaberry fue acusado de varios delitos, entre ellos el mismo del que yo fui acusado como coautor. Se trata de los cuatro crímenes de Buenos Aires a los que antes me referí. Pero también le acusaron de otras violaciones de Derechos Humanos. Se confundió, en estos casos, la responsabilidad política con la penal. Es un error que por responsabilidades políticas sean juzgados los responsables de ese periodo.

R.A.:¿Habló con Bordaberry cuando estuvo encarcelado?

J.C.B.:No, nunca traté con él. Creo que nos encontramos en algún juzgado por estos asuntos, pero nada más. Incluso yo estaba preso y él estaba en la casa arrestado. Tuvimos una relación normal, pero no tuvimos muchas ocasiones de volver a hablar.

R.A.:¿Y cómo puede evolucionar su causa, tiene esperanzas de salir?

J.C.B.:He agotado todas las vías, no hay esperanzas. Mi vida hasta el 15 de noviembre de 2035 es estar aquí, en la cárcel. Tengo 80 años y eso significa que me han condenado de por vida. Formalmente, me han condenado de por vida. No se respeta nada, ni las reglas básicas jurídicas. Han hecho la excepción para que incluso en un caso como el mío no me pueda beneficiar de la edad.

R.A.:¿No esperó alguna medida de gracia del presidente José Mujica, que había sido guerrillero y participado en la lucha armada?

J.C.B.:Mujica había dicho antes de llegar al gobierno que no quería que los viejos estuvieran presos pero luego se desdijo y no se concretó nada. Y aquí estamos, todavía presos y sin esperanza. No olvidemos que Mujica pertenecía a los Tupamaros y fueron ellos los que iniciaron el conflicto en Uruguay, cuando atacaron el orden constitucional y a un gobierno democrático.

Los Tupamaros arrancan con sus actividades terroristas en 1963, en pleno gobierno democrático. Teníamos un gobierno democrático votado por más del 90% de los ciudadanos. Eramos un país libre, con todas las libertades y derechos, y sin presos políticos. Ese es el contexto en que vivíamos y en el que los Tupamaros actúan. Uruguay no era una dictadura, entonces, y algunos prefirieron utilizar la vía armada para llegar al poder que las vías políticas. Aquí, además, no se dio la represión que se dio en otros lugares, como la Argentina y Chile.

Se creó una comisión de la verdad y la paz para determinar que había ocurrido con la represión y determinó que tan solo había habido en la dictadura 28 desaparecidos. Uno es terrible, pero no se llegó a la represión de otras partes. Solo uno es censurable, pero no es la magnitud de otros países. En doce años de dictadura militar solo hay 28 muertos, no es un genocidio, eso está claro. Seamos objetivos y veamos eso en perspectiva. En Uruguay ni hubo ni genocidio ni exterminio. No se puede comparar con lo que ocurrió en Argentina, donde hubo miles de muertos.

R.A.: ¿Considera como algunos que con ustedes ha habido una justicia asimétrica?

J.C.B.:Se han vulnerado los acuerdos iniciales que teníamos en la transición democrática. El origen de estos procesos viene de no haber buscado la concordia y la tradición clásica de Uruguay. Yo ya he terminado todos mis recursos y no veo salida. Pese a todo lo que han hecho, yo perdono, incluso a los que me han condenado y buscado la venganza. Creo que algún día llegará alguien y ponga fin a esta situación, alguien que en el futuro se pregunte por qué fuimos condenados. Yo busco la paz y la concordia, ofrezco mi mano y el perdón, que son patrimonio de todos los uruguayos. Luego, como católico, no le guardo rencor a nadie y nos les guardo rencor a mis enemigos.

Me han dado muy duro y me atribuyeron un poder que nunca tuve. Yo abandoné en 1976 y durante diez años no tuve ningún poder ni actividad. Me tengo que reír ante esta situación, no he querido perder el sentido del humor. Nunca he sido una persona agresiva ni violenta, es una paradoja, algo irreal, que yo esté pasando por esta situación. Estoy preso sin pruebas ni fundamentos.

El comienzo de este proceso fue muy difícil. Realicé mi defensa, pero fue inútil y nadie me escuchó. En algún momento alguien se preguntará algo y quizá ya no estemos aquí para luchar por nuestra inocencia; la mayor parte de mis amigos ya están muertos y yo ya tengo muchos años. La mayor parte de los actores de ese periodo han muerto. Pero guardo la esperanza de que algún día otra generación reflexione sobre todo lo que ocurrió en Uruguay y lo que hicieron con nosotros. Y se preguntará:¿qué fue lo que pasó en ese momento? Y se comprobarán las tropelías que se cometieron con nosotros.

Yo no tuve mando ni autoridad para cometer esos crímenes, pero incluso voy más allá y le aseguró que desde el gobierno no se dieron esas órdenes para cometer esos crímenes de los que nos acusan. No creo que ni Bordaberry diera esas órdenes a nadie. Hubo víctimas lamentables en una situación de violencia que se produjo por la irrupción del terrorismo en la vida política de Uruguay. Creo que la intervención de los militares tenía que haber durado menos tiempo, pero sin perder de vista que cuando los soldados salen a la calle a patrullar y restaurar el orden, la gente aplaudía y veía con satisfacción esa intervención. Una gran responsabilidad de lo que aquí ocurrió la tienen los Tupamaros que, una vez fracasados en las urnas, llegaron a decir que “por aquí, por las urnas, no va la cosa”. No sacaron ni un solo diputado y apelaron a las armas para tomar el poder.

R.A.:¿No le permiten salir ni un día al mes?

J.C.B.:Alguna vez, unas horas al mes. Pero hay que tomarse este asunto con mucha paciencia. Gracias a Dios soy una persona religiosa y tengo fe en que algún día todo pasará. También mi familia me apoya mucho y viene a visitarme con frecuencia. No me quiero dejar ganar por el odio. Uruguay nunca fue un país de odio, que es un valor incalculable. No somos un país de gente violenta o que odie. Nuestra moderación es una realidad. Estoy bien y apelo a la paciencia. Me han tratado como un monstruo y me hace gracia. Incluso uno de los crímenes de los que se me acusan era uno de mis mejores amigos, cómo puede ser posible. Dicen que soy coautor del asesinato de un amigo y claro que no es cierto.

Yo sufro por mi familia, que quizá se ha llevado la peor parte en esta historia, pero yo me encuentro tranquilo porque sé que soy inocente. Fuerza y paciencia son las dos claves a las que he apelado para sobrevivir en estas circunstancias tan adversas. Incluso charló y he tenido amigos carceleros, veo todo este estado de casos como algo surrealista. Llevo nueve años presos y ya me he familiarizado con la cárcel. Solo lo siento por mi familia, que padece estas circunstancias. Mis amigos ya han muerto. Lo que sientes aquí es que algunos que quizá deberían haber venido a verte no vinieron, mientras que te sorprende que, por ejemplo, te venga a ver un policía que te conoció en la cárcel cuando te vigilaba.

TEXTOS DEL LIBRO “EL CANCILLER EN LA TORMENTA”

“…he sido objeto de reiteradas denuncias y procedimientos en los que nunca hubo una sola prueba concreta que apoyara las acusaciones.
Durante un lapso de veintidós años he sido hostilizado sin tregua, moviéndose en mi contra todos los resortes del Estado más la consiguiente repercusión en los medios de comunicación. Mientras en los miles y miles de fojas de actuaciones en los tres Poderes y en las comisiones relacionadas con derechos humanos nada me involucra en ningún hecho criminal…”

“…Es la culminación de la ola de la izquierda cambiando la historia, la marea de la historia recientes incidiendo sobre la política del presente…”

“…mi prisión es mostrada como prueba de que hay una nueva actitud con respecto a los Derechos Humanos y los excesos de la dictadura son castigados. El hecho de que yo sea inocente es, a esos efectos, un detalle menor… A la manera de los sacrificios bárbaros, mi prisión sirve en alguna forma para aplacar en el terreno político a las fieras, dándoles algo, o alguien, para devorar…”

“…Sé sin asomo de duda que mi participación en ese tiempo turbado fue con la intención indeclinable de perseverar todo los posible de un Uruguay que se debatía en un conflicto sin precedentes y de encontrar en medio de la tormenta los caminos que nos llevaran hacia adelante conforme a nuestras tradiciones…”

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Agencias

En riesgo miles de proyectos en el mundo por cierre de USAID

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS

Washington | A partir del miércoles por la tarde, el Departamento de Estado en Washington envió una oleada de correos electrónicos a todo el mundo, los cuales llegaron a las bandejas de entrada de campos de refugiados, clínicas de tuberculosis, proyectos de vacunación contra la polio y miles de otras organizaciones que recibían financiación crucial de Estados Unidos para salvar vidas.

“Se da fin a esta adjudicación por conveniencia e interés del gobierno estadounidense”, comenzaban.
Las escuetas notas ponían fin a la financiación de unos 5800 proyectos que habían sido financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) , lo que indicó que había terminado el tumultuoso periodo en el que el gobierno de Trump dijo que estaba congelando proyectos para someterlos a una aparente revisión, y que se había terminado cualquier débil esperanza de que la ayuda estadounidense pudiera continuar.

Muchos eran proyectos que habían recibido una exención de la congelación porque el Departamento de Estado había identificado previamente su labor como esencial y salvadora de vidas.
“Morirá gente”, dijo Catherine Kyobutungi, directora ejecutiva del Centro Africano de Investigaciones sobre Población y Salud, “pero nunca lo sabremos, porque se han cortado incluso los programas para contar a los muertos”.

Entre los proyectos suprimidos figuran programas de tratamiento del VIH que habían servido a millones de personas, los principales programas de control de la malaria en los países africanos más afectados y los esfuerzos mundiales para erradicar la poliomielitis.

Estos son algunos de los proyectos que The New York Times ha confirmado que se han cancelado:

• Una subvención de 131 millones de dólares al programa de inmunización contra la polio de UNICEF, que pagaba la planificación, la logística y la entrega de vacunas a millones de niños.

• Un contrato de 90 millones de dólares con la empresa Chemonics para mosquiteros, pruebas y tratamientos contra la malaria que habrían protegido a 53 millones de personas.

• Un proyecto en la República Democrática del Congo que explota la única fuente de agua para 250.000 personas en campos de desplazados situados en el centro del violento conflicto al este del país.

• Todos los costos de funcionamiento y el 10 por ciento del presupuesto para medicamentos del Servicio Farmacéutico Mundial, el principal canal de suministro de medicamentos contra la tuberculosis, que el año pasado proporcionó tratamiento contra la tuberculosis a casi tres millones de personas, incluidos 300.000 niños.

• Proyectos de atención y tratamiento del VIH dirigidos por la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, que proporcionaban medicamentos vitales a 350.000 personas en Lesoto, Tanzania y Esuatini, incluidos 10.000 niños y 10.000 mujeres embarazadas que recibían atención para no transmitir el virus a sus bebés al nacer.

• Un proyecto en Uganda para rastrear los contactos de las personas con ébola, llevar a cabo la vigilancia y enterrar a quienes murieron a causa del virus.

• Un contrato para gestionar y distribuir en Kenia suministros médicos por valor de 34 millones de dólares, incluidos 2,5 millones de tratamientos mensuales contra el VIH, 750.000 pruebas del VIH, 500.000 tratamientos contra la malaria, 6,5 millones de pruebas de malaria y 315.000 mosquiteros antipalúdicos.

• Ochenta y siete refugios que atendieron a 33.000 mujeres víctimas de violación y violencia doméstica en Sudáfrica.

• Un proyecto dirigido por FHI 360 que apoyó los esfuerzos de los trabajadores de salud de la comunidad para ir puerta por puerta en busca de niños desnutridos en Yemen. Recientemente descubrió que uno de cada cinco niños tenía un peso críticamente inferior al normal debido a la guerra civil del país.

• Servicios de salud prenatales y postnatales para 3,9 millones de niños y 5,7 millones de mujeres en Nepal.

• Un proyecto dirigido por la organización Helen Keller Intl en seis países de África occidental que el año pasado proporcionó a más de 35 millones de personas medicamentos para prevenir y tratar enfermedades tropicales desatendidas, como el tracoma, la filariasis linfática, la esquistosomiasis y la oncocercosis.

• Un proyecto en Nigeria que proporciona a 5,6 millones de niños y 1,7 millones de mujeres tratamiento para la desnutrición grave y aguda. La interrupción supone que 77 centros de salud han dejado de tratar por completo a los niños con desnutrición aguda grave, lo que pone a 60.000 niños menores de 5 años en riesgo inmediato de muerte.

• Un proyecto en Sudán que gestiona las únicas clínicas de salud operativas en una de las mayores zonas de la región de Kordofán, lo que interrumpe todos los servicios de salud.

• Un proyecto que atiende a más de 144.000 personas en Bangladés y que proporciona alimentos a mujeres embarazadas desnutridas y vitamina A a los niños.

• Un programa dirigido por la agencia de ayuda PATH, denominado REACH Malaria, que protegió de la enfermedad a más de 20 millones de personas en 10 países de África. Proporcionaba medicamentos contra la malaria a los niños al comienzo de la estación de lluvias.

• Un proyecto dirigido por Plan International que proporcionó medicamentos y otros suministros médicos, atención a la salud, tratamiento de programas de desnutrición, así como agua y saneamiento a 115.000 desplazados o afectados por el conflicto del norte de Etiopía.

• Más de 80 millones de dólares para ONUSIDA, la agencia de las Naciones Unidas, que financió trabajos para ayudar a los países a mejorar el tratamiento del VIH, incluida la recopilación de datos y programas de vigilancia de la prestación de servicios.

• El programa de la Iniciativa Presidencial contra la Malaria, denominado Evolve, que se encargó del control de mosquitos en 21 países mediante métodos que incluyen el aerosol de insecticida en el interior de las viviendas (protegiendo a 12,5 millones de personas el año pasado) y el tratamiento de los lugares de reproducción para matar las larvas.

• Un proyecto que proporciona tratamiento contra el VIH y la tuberculosis a 46.000 personas en Uganda, dirigido por la Fundación Infantil del Baylor College of Medicine, Uganda.

• Smart4TB, el principal consorcio de investigación que trabaja en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis.

• Las Encuestas Demográficas y de Salud, un proyecto de recogida de datos en 90 países que fueron fuentes cruciales, y en ocasiones las únicas, de información sobre salud y mortalidad materno-infantil, nutrición, salud reproductiva e infecciones por VIH, entre otros muchos indicadores de salud. El proyecto fue también la base de presupuestos y planificación.

Publicado en N.YT.

Stephanie Nolen es reportera de salud global para el Times. 

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Agencias

No es tiempo de distraerse

Francisco

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EP NEW YORK  | EE.UU.

No te distraigas. No te agobies. No te paralices ni te dejes arrastrar por el caos que el presidente Trump y sus aliados están creando a propósito con el volumen y la velocidad de las órdenes ejecutivas; el esfuerzo por desmantelar el gobierno federal; los ataques performativos contra los migrantes, las personas trans y el concepto de diversidad; las exigencias de que otros países acepten a los estadounidenses como sus nuevos soberanos y la vertiginosa sensación de que la Casa Blanca podría hacer o decir cualquier cosa en cualquier momento. Todo ello pretende mantener a Estados Unidos en vilo para que el presidente Trump pueda avanzar a toda velocidad en su afán por conseguir el máximo poder ejecutivo, para que nadie pueda detener la agenda osada, mal concebida y a menudo ilegal que impulsa su gobierno. Por favor, no te desconectes.

Hay que seguirle la pista a las acciones de esta presidencia y, cuando traspasen los límites morales o legales, hay que cuestionarlas, con valentía y reflexión, con la confianza de que el sistema de controles y equilibrios de la nación estará a la altura de las circunstancias. Hay motivos de preocupación en ese frente, por supuesto. El Congreso, controlado por los republicanos, hasta ahora ha abdicado de su papel como rama coigualitaria del gobierno, desde permitir que sus leyes y directivas de gasto sean sistemáticamente desechadas hasta consentir temerosamente que el presidente llene su gabinete de personajes leales, erráticos y no cualificados. Gran parte de la sociedad civil —desde la comunidad empresarial hasta las universidades, pasando por una parte de los medios de comunicación corporativos— ha permanecido inquietantemente callada, incluso condescendiente.

Pero también hay signos alentadores. Los tribunales, el control más importante sobre un presidente que pretende ampliar sus poderes legalmente autorizados y eliminar cualquier barrera de protección, han resistido hasta ahora y han bloqueado varias iniciativas de Trump. Los estados también han tomado medidas, pues varios fiscales generales demócratas han iniciado demandas contra los intentos de Trump de congelar la financiación de subvenciones federales y terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y han prometido luchar contra el acceso del equipo de Elon Musk a los sistemas de pago federales que contienen información personal.

Los funcionarios estatales o locales también están defendiendo sus leyes frente a las redadas federales contra la migración y luchando contra la orden ejecutiva de Trump que prohíbe la atención médica de afirmación de género a los niños trans. Y las organizaciones periodísticas de mentalidad independiente han seguido informando de forma excelente sobre la inundación de excesos de estos primeros días, aportando información esencial al público.

Nada de esto quiere decir que Trump no deba tener la oportunidad de gobernar. Setenta y siete millones de estadounidenses votaron para que Trump volviera a la Casa Blanca, y el Partido Republicano, ahora totalmente rehecho al servicio del movimiento MAGA, tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso. Las elecciones, se suele decir, tienen consecuencias. Pero ¿esta revisión inconstitucional del gobierno estadounidense —mucho más amplia, descuidada y cruel que todo aquello por lo que hizo campaña— es realmente lo que los votantes querían? ¿Poner en peligro el sistema estadounidense de controles y equilibrios, sus alianzas y su seguridad nacional? Porque, más allá de las bravatas, eso es lo que Trump, Musk y sus partidarios están haciendo.

Transcurridas tres semanas del segundo mandato de Trump, aquí ofrecemos un puñado de las cosas a las que los estadounidenses no pueden ignorar:

El dominio ejecutivo de Elon Musk.

El problema no es que Musk no haya sido elegido, sino que está infringiendo la ley. Sin ser siquiera un funcionario a tiempo completo, está intentando cerrar o desmantelar unilateralmente agencias y departamentos federales enteros, ignorando los mandatos del Congreso, lo que está prohibido por la Constitución. Él y su equipo están detrás de las ofertas de indemnización anunciadas para millones de funcionarios —incluida toda la plantilla de la CIA— y han forzado de manera efectiva la salida de altos funcionarios a los que no tienen poder para despedir.

Ha emprendido la misión de arrasar los sistemas de pago confidenciales del gobierno con el regocijo de un anarquista, decidiendo por su cuenta qué aspectos del gasto federal son legítimos y sustituyendo cualquier esfuerzo por comprender las funciones gubernamentales que está debilitando por su instintiva adopción de teorías de la conspiración.

Tanto el presidente como Musk parecen disfrutar el hecho de que la mayoría de sus acciones sean evidentemente ilegales, con lo que desafían a los tribunales a intervenir y detenerlas, basándose en la teoría de que, para empezar, esas leyes están equivocadas. Al mismo tiempo, la persona que está dirigiendo este esfuerzo es el hombre más rico del mundo, quien sigue teniendo intereses en sus empresas privadas, que el gobierno federal regula y con las que hace negocios por un valor de miles de millones de dólares. Es un nivel de conflicto de intereses como no hemos visto en la era moderna.

El gobierno contra los funcionarios públicos (también conocidos como los enemigos de Trump). Además del despido de más de una decena de miembros de la fiscalía de Washington que habían trabajado en casos relacionados con los disturbios del 6 de enero de 2021, el gobierno de Trump empezó a recopilar los nombres de miles de miembros del FBI que ayudaron a investigar delitos relacionados con el ataque al Capitolio. Varios funcionarios de alto rango de la agencia ya han sido despedidos.

La medida ofreció un primer atisbo de cómo Trump y su nominado para dirigir el FBI, Kash Patel —quien publicó una lista literal de enemigos de los miembros del “Estado profundo del poder ejecutivo”— podrían utilizar las fuerzas de seguridad federales contra los oponentes políticos del presidente. En lo que quizá sea la advertencia más inquietante a quien se le ocurra cuestionarlo o desafiarlo, Trump despojó a varios de sus antiguos asesores de la protección de seguridad que se consideraba necesaria dadas las amenazas creíbles del gobierno iraní de asesinarlos por acciones que llevaron a cabo bajo su orden directa.

Los desplantes imperiales del presidente y los ataques a nuestros aliados. Trump ha pasado semanas sugiriendo evasivamente que Estados Unidos está a punto de apoderarse ilegalmente de territorios en tres continentes, dejando a su paso diversas olas de consternación. Luego están sus aranceles, planeados desde hace tiempo y aparentemente legales, aunque extremadamente desaconsejados.

Todas las amenazas e insultos le han valido a Trump algunas concesiones a corto plazo, pero es probable que ninguna de ellas fortalezca la economía de Estados Unidos ni le dé al país más seguridad en el escenario mundial. Pisotear alianzas centenarias perjudicará a los países afectados, pero también podría comprometer la seguridad nacional, elevar el precio de productos, alterar el comercio mundial y beneficiar a adversarios como China y Rusia, deseosos de llenar el vacío de unos Estados Unidos cada vez menos confiable.

La salud pública en peligro.

Robert F. Kennedy Jr., quien abiertamente es un escéptico de las vacunas, aún no ha sido confirmado como secretario de Salud y Servicios Humanos de Trump. Pero el gobierno ya está tomando medidas para debilitar y derribar las protecciones de la salud pública y mundial. El jueves, el Times informó que el gobierno planea reducir la plantilla de más de 10.000 estadounidenses de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) a solo unas 300 personas, y cancelar casi 800 adjudicaciones y contratos que la agencia administraba. El presidente —y mucho menos Musk— no puede cerrar una agencia federal sin el voto del Congreso.

Hacerlo también es ilegal de acuerdo a la Constitución. Más de la mitad del gasto de la USAID en 2023 se destinó a programas de salud que buscaban detener la propagación de enfermedades como la poliomielitis, el ébola, la tuberculosis, el VIH/sida y la malaria, o a la ayuda humanitaria para responder a emergencias y contribuir a estabilizar regiones asoladas por la guerra. Si te preocupa prevenir la próxima pandemia o las presiones de la migración mundial, USAID es una inversión que deberías desear que Estados Unidos haga.

El bombardeo del presidente contra los derechos civiles.

Trump ha emitido una avalancha de órdenes ejecutivas y pronunciamientos que hacen retroceder décadas de progreso en materia de derechos civiles y a menudo desafían abiertamente la Constitución. Ha puesto en el punto de mira especialmente a los estadounidenses trans y ha amenazado la financiación federal de las escuelas públicas que no se adhieran a la ideología de derecha sobre cómo se debe hablar sobre la historia y cuestiones raciales.

También, casi a diario, ha encontrado excusas para arremeter contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión e incluso llegó a culpar a la DEI del accidente aéreo del 29 de enero en Washington e insinuando enérgicamente que cualquier controlador aéreo que sea mujer o no sea blanco es inferior y se le ha dado trabajo por razones equivocadas. Y la nueva fiscal general, Pam Bondi, anunció el miércoles que las empresas privadas que decidan mantener sus propias políticas de diversidad e inclusión podrían ser objeto de “investigaciones criminales”.

Estados Unidos se enfrenta a una nueva realidad, y exige sabiduría, resistencia y valentía. Estados Unidos está dirigido por un presidente que parece dispuesto a pasar por encima de cualquier persona, ley, estatuto del Congreso o país que se interponga en su camino. Se deja llevar por los impulsos y no tiene interés por las normas, la historia o la realidad.

La forma en que los estadounidenses y el mundo traten a un presidente así determinará gran parte de los próximos cuatro años, y nos exigirá mucho a todos nosotros. Debemos estar a la altura del momento. Trump ganó las elecciones limpiamente, pero su posición es la de presidente, no la de rey o Dios emperador. Cada vez que el Congreso le permite sobrepasar su función constitucional, fomenta un comportamiento más antidemocrático y debilita la capacidad del poder legislativo para frenar una mayor erosión de las normas y valores que han contribuido a hacer de esta nación la más libre, rica y fuerte del mundo.

Publicado en NYT

 

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Agencias

México y Canadá militarizan fronteras para evitar aranceles de EE.UU.

Francisco

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EP NEW YORK  | INTERNACIONAL

Por Gustavo Lugo | agencias

Washington | Para evitar los aranceles estadounidenses, México acordó desplegar 10.000 soldados en su frontera norte. Analistas y exfuncionarios cuestionan que estos puedan detener el flujo de fentanilo con eficacia.

Esta semana, Trump y México negociaron otro acuerdo para enviar 10.000 miembros adicionales de la Guardia Nacional mexicana a la frontera para detener el flujo de migrantes y drogas, un arreglo para evitar una vez más los aranceles estadounidenses. Trump ha defendido el acuerdo como una victoria para Estados Unidos.

Pero los analistas y exdiplomáticos que mediaron en el primer despliegue de tropas en 2019 dudan de que los soldados adicionales tengan mucho efecto para frustrar el movimiento de migrantes o drogas, en particular el fentanilo.

En cambio, dicen, el despliegue acordado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, podría estar atendiendo a la afinidad de Trump para hacer tratos en lugar de ser parte de una campaña militar planeada a fondo.

El caso de Canadá

Trump ha hablado repetidamente del fentanilo como una importante amenaza para la salud pública de los estadounidenses y responsabiliza a México y Canadá de permitir la entrada de la droga en Estados Unidos. Pero el año pasado, menos del 1 por ciento del fentanilo que llegó a Estados Unidos procedía de Canadá.

En respuesta a la amenaza de aranceles del presidente Trump, Canadá presentó un plan de seguridad para combatir el tráfico del opioide, que también está matando a muchos canadienses.

El aplazamiento de último momento de los aplastantes aranceles estadounidenses a Canadá se produjo después de que el primer ministro Justin Trudeau revelara una serie de medidas destinadas a controlar el tráfico de fentanilo, una razón clave que el presidente Trump ha citado para querer imponer gravámenes.

El fentanilo ha inundado el suministro de drogas de Norteamérica durante la última década, matando a decenas de miles de personas en Canadá y Estados Unidos, y generando enormes ganancias para las organizaciones delictivas que utilizan conocimientos básicos de química, equipos improvisados y laboratorios caseros para producir millones de dosis.

Con información de NYT.

 

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