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Enfoque Mundial

Entrevista Ramon Custodio/ Ricardo Angoso

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LA TRISTE REALIDAD DE HONDURAS

ENTREVISTA A RAMÓN CUSTODIO, EXDEFENSOR DEL PUEBLO DE HONDURAS (CONADEH)

Por: Ricardo Angoso

“La policía se prestó a todo tipo de manejos turbios y sucios, como  avalar el cobro de las extorsiones a empresarios que eran amenazados por bandas juveniles y también criminales”; “Pese a que la corrupción ha minado a nuestras instituciones, no es  menos cierto que hemos conseguido salvar en Honduras la libertad de pensamiento y expresión en este país. Somos una nación plenamente democrática”.

Ramón Custodio fue durante muchos años el Comisionado Nacional de los   Derechos Humanos (CONADEH) de Honduras -una suerte de institución  parecida al Defensor del Pueblo-, desde donde tuvo un papel determinante en la defensa de la democracia y las instituciones representativas durante la crisis política que padeció Honduras en el año 2009. En los años ochenta, durante uno de los periodos más controvertidos de su país, fue un activista muy conocido en defensa de los derechos humanos y también de los hondureños más desfavorecidos.

LA CORRUPCIÓN, ¿PRIMER PROBLEMA DE HONDURAS?

Ricardo Angoso:  Recientemente se han descubierto conexiones de la cúpula policial hondureña con el crimen organizado y con el narcotráfico, ¿qué impresión le produjo este suceso?

Ramón Custodio: Lo que estamos viendo confirma que las dudas y sospechas que teníamos, en el sentido de que la policía hondureña era un cuerpo corrompido, eran ciertas. Una corrupción que no solo afecta a la cúpula policial, sino también a los mandos intermedios y también a meros agentes. La corrupción no solo englobaba a la cúpula sino que funcionaba con el asentimiento de los cuadros medios y también bajos. Estos eran los verdaderos agentes de esta trama de corrupción organizada dentro de la policía. Esto ha ocurrido como consecuencia de que la Fuerza de Seguridad Pública, que eran parte de las Fuerzas Armadas hondureñas, llegó a ser tan corrupta como todas las policías que tuvimos en el pasado, agregando el hecho del carácter de represión política que tuvo en la década de los ochenta. El problema vino de una Ley Orgánica que otorgó a la Policía Nacional Civil (PNC) las competencias de asuntos  internos, lo que significaba, de hecho, que el propio delincuente se  investigase a sí mismo. Este error legislativo se trató de compensar creando una alianza de fuerzas políticas y de miembros de la sociedad civil a través de una entidad que se denominó Consejo Nacional de la Seguridad Interior. Pero realmente nunca llegó a funcionar porque  quien llegaba a responsable de la seguridad a nivel nacional percibía que ese organismo les restaba autoridad. Así fue posible, gracias a  esa búsqueda del poder absoluto, que decayera y se convirtiera en un ente infuncional el Consejo de Seguridad Interior y que tan solo tuviera algún momento de esplendor durante el gobierno provisional del año 2009.

   foto by/quienopina.com

La policía se prestó a todo tipo de manejos turbios y sucios, como avalar el cobro de las extorsiones a empresarios que eran amenazados por bandas juveniles y también criminales. Incluso se sospecha que algunos miembros de la policía han participados en ejecuciones (asesinatos) extrajudiciales; algunos agentes se convirtieron en sicarios o gavilleros al servicio del crimen organizado. Lo que que ahora estamos escuchando, en forma de denuncias, y de cómo fueron planificados algunos crímenes conocidos, como el del “zar antidrogas” Julián Arístides González, es que dentro de la policía había un cuerpo de sicariato que ejecutaba los crímenes. Incluso hubo un reparto de corredores para el paso de la droga por parte de algunos responsables policiales y políticos, la mafia estaba instalada dentro del Estado.

 EL NARCOTRÁFICO, OTRO FLAGELO

 R.A.: ¿Parece que el narcotráfico “contaminó” a todas las estructuras del Estado, incluyendo a la policía?

 R.C.: Definitivamente, el reparto de los corredores del tráfico de drogas por parte de dos altos responsables políticos de la seguridad en Honduras muestra a las claras que hay estructuras permanentes ligadas al narcotráfico y que actúan con toda impunidad.

 R.A.: ¿Qué opinión le merece esa idea que se abre paso de que para vencer el narcotráfico, hay que legalizar las drogas?

 R.C.: Esa tesis se ha ido imponiendo en los últimos tiempos y está en boga incluso hoy. Pero yo, en mi opinión personal, me he opuesto a esa tesis. Sin embargo, viendo lo que ha pasado en el Uruguay del  presidente Múgica, en el sentido de que legalizó algunas drogas no dañinas, como la marihuana, creó que fue positivo ese hecho y consiguió luchar contra el crack, que golpeaba a los jóvenes más pobres.

 R.A.:¿No cree que sin una mayor implicación de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico no hay nada que hacer?

 R.C.: Mientras los Estados Unidos no pongan orden dentro de su casa, muy pocas esperanzas podemos tener los países en donde se efectúa el tránsito de la droga, que además pasamos de ser de tránsito a países consumidores, como ya está ocurriendo en Honduras. El narcotráfico, no o olvidemos, no solo paga con dinero, sino con drogas, y fomentan el mercado, el consumo interno de las drogas. Ya digo, mientras Estados Unidos siga siendo el país que más consume drogas del mundo, nosotros estamos condenados, como países de tránsito, a un calvario indescriptible. O se frena el consumo en Estados Unidos de alguna forma o no hay nada que hacer en la lucha contra el narcotráfico.

 R.A.:¿Qué haría para hacer frente a la corrupción ligada al narcotráfico?

 R.C.:Mientras la cocaína no tenga un sustituto del cual puedan vivir  en igual o mejor forma los cultivadores de coca en los países de origen de la misma, va a ser difícil encontrar un modelo económico que oferte salidas a estos campesinos que cultivan la droga y viven de ella. No ha habido ninguna respuesta a este tráfico que haya dado soluciones al problema. La droga ha encontrado nuevas rutas alternativas a las aéreas y ahora, por ejemplo en el caso de Honduras, la droga sale por la vía terrestre y marítima, a través del Pacífico y el Atlántico, hacia los Estados Unidos. Incluso se utilizan hasta  submarinos sin piloto que acaban llegando a su destino.  Pero no ha habido ningún país ni gobierno que sin la ayuda de los Estados Unidos pueda poner fin a este tráfico de drogas.

 LA INSEGURIDAD, OTRO AZOTE HONDUREÑO

 R.A.: ¿No cree que la imagen de Honduras está muy dañada por esta alarmante cifra de delitos y homicidios que se perpetran en el país?

 R.C.:San Pedro Sula, por ejemplo, en el 2012 fue la ciudad más violenta del mundo, pero desde ese año hasta ahora ha habido una política de seguridad pública en donde se está tratando de reducir la tasa de homicidios, que ya ha bajado algo tal como revelan las últimas estadísticas publicadas. Hemos pasado de 86,6 homicidios por cada 100.000 habitantes a 56, una bajada alta y considerable que revela una  mejora sustancial. El problema sigue siendo que la corrupción en la policía es muy alta e incluso algunos agentes han participado en matanzas ocurridas en Honduras.

 R.A.:¿Cuáles son las razones por las que se ha generado la inseguridad en Honduras?

 R.C.: Yo creo que hay varios factores. El primero de ellos es que es un dinero fácil para la gente que no tiene trabajo ni otras alternativas de obtener recursos. La gente se ha vuelto muy consumista y quiere tener todo tipo de objetos que la sociedad de consumo le  ofrece. Luego está la corrupción policial, que no afronta estas amenazas que están en la calle. Pero ya le digo que es una conjunción de factores que deberíamos analizar en detalle y que atienden a varios elementos.

 R.A.:¿No cree que este auge de la inseguridad también revela el fracaso de las últimas administraciones de Honduras?

 R.C.:Desgraciadamente, cada vez se mencionan a más familiares y gente cercana al núcleo de algunos presidentes como implicados en graves delitos, tales como el narcotráfico y el blanqueo del dinero  procedente del mismo. Hay hijos de presidentes capturados infraganti, como el hijo del presidente Pepe Lobo, detenido en Haití por tráfico de drogas. Y otro presidente, Rafael Leonardo Callejas, está detenido  y procesado en los Estados Unidos. También hay rumores de otros hijos de presidentes implicados en actividades ilícitas. La criminalidad ha llegado hasta las más esferas en Honduras.

 Ricardo Angoso : Por todas las vías: terrestre, aérea y marítima. El destino final es los Estados Unidos, como la emigración que siempre va de sur a norte.

Ricardo Angoso es un recoocido escritor y periodista español que ha entrevistado presidentes , militares y altos personajes de la vida pública y privada . A través de sus diálogos y entrevistas y su indiscutible investigación , hemos conocido la historia que otros medios difícilmente pueden revelar y que en Enfoque Periodístico y en sus distintos blogs informativos miles de lectores han conocido la realidad de América Latina y el mundo en general

 @ricardoangoso

rangoso@iniciativaradical.org

EE.UU

Otro caso de violencia policial en EE.UU. Tyre Nichols , nueva víctima de letal ataque

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EP New York | EE.UU.

¿En qué casos se justifica que la policía emplee la fuerza letal?

Por : Adeel Hassan

La muerte de Tyre Nichols, un hombre negro de 29 años que falleció tras una detención violenta, está suscitando una atención renovada sobre el uso excesivo de la fuerza contra los ciudadanos, sobre todo los jóvenes negros.

Una investigación federal de derechos civiles en Estados Unidos sobre la muerte de Tyre Nichols, un hombre negro de 29 años que falleció tras una detención violenta por parte de agentes de la policía de Memphis, Tennessee, el 7 de enero, ha vuelto a atraer la atención sobre el uso excesivo de la fuerza contra las personas, muchas de quienes son jóvenes negros.

Desde la muerte de George Floyd en mayo de 2020, muchas ciudades y localidades han aprobado medidas para cambiar la forma de actuar de los oficiales de policía, entre ellas, leyes que obligan a la reducción de tensión, limitan el uso de la fuerza y prohíben las llaves de estrangulamiento. En Washington, la Ley de Justicia Policial se aprobó en la Cámara de Representantes, pero languideció en el Senado. Esta ley habría establecido una norma a nivel nacional sobre el uso de la fuerza por la policía y revisado la protección de la inmunidad calificada de los agentes.

En conjunto, siguen siendo la petición de mayor alcance en la historia del país para transformar la actuación policial. Pero la Corte Suprema señaló en dos fallos en octubre de 2021 que seguía a favor de la inmunidad calificada.

Esto es lo que sabemos sobre cuándo se justifica que los oficiales usen la fuerza letal.

¿En qué casos permite la ley usar la fuerza letal?

En 1989, la Corte Suprema creó un precedente que prevalece en la estrategia jurídica relacionada con esta cuestión, cuando encontró en Graham vs. Connor que al recurrir a la fuerza, la policía solo tiene que cumplir el criterio de lo que podría hacer un agente razonable.

“El cálculo de lo razonable debe tener en cuenta el hecho de que los agentes de policía a menudo se ven obligados a tomar decisiones en fracciones de segundo —en circunstancias tensas, inciertas y que evolucionan con rapidez— sobre la cantidad de fuerza necesaria en una situación concreta”, escribió William H. Rehnquist, presidente de la Corte Suprema, en la opinión mayoritaria.

Aunque esta norma de la “fracción de segundo” permite a los jueces y jurados cuestionar las decisiones de un agente, se les instruye para que no utilicen el beneficio de la retrospectiva. “La ‘razonabilidad’ de un determinado uso de la fuerza debe juzgarse desde la perspectiva de un agente razonable en el lugar de los hechos”, dice la sentencia.

En general, los agentes solo están autorizados a emplear la fuerza letal si creen razonablemente que una persona representa un peligro para la policía o el público. En 1985, la Corte Suprema dictaminó que no era legal que los agentes dispararan por la espalda a sospechosos que huían únicamente para impedir que eludieran la detención, y en sentencias posteriores se ha afirmado que el hecho de que un sospechoso vaya armado no da, como único criterio, derecho a un agente a disparar.

Entonces, ¿qué significa exactamente ‘razonable’ en ese caso?

Este concepto puede dividirse en dos componentes básicos, según Sharon Fairley, quien fue fiscala federal y dirigió la Oficina Civil de Rendición de Cuentas de la Policía de Chicago.

“La primera pregunta es: ¿era necesario el uso de la fuerza? Y la segunda pregunta: ¿La fuerza empleada fue proporcional a la amenaza?”, agregó.

El caso de Derek Chauvin, el policía blanco que fue condenado por dos cargos de asesinato, además de homicidio involuntario, por arrodillarse sobre Floyd, quien falleció en el encuentro, es un ejemplo.

“Según algunos de los testigos que subieron al estrado, el acto de tirarlo al suelo pudo considerarse razonable dadas las circunstancias”, dijo Fairley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. “Pero cuando Floyd dejó de ser una amenaza continua para el agente, fue entonces cuando dicho acto dejó de ser razonable”.

La mayoría de las políticas de uso de la fuerza de los departamentos de policía tienen explicaciones sobre cómo se evalúa la razonabilidad, y dan ejemplos de los factores que deben tenerse en cuenta, dijo. Suelen explicar en qué circunstancias está permitida la fuerza, por ejemplo, en respuesta a una amenaza contra un agente o a una resistencia activa. También especifican qué acciones no están permitidas a los agentes, como las llaves de estrangulamiento o los disparos contra vehículos en movimiento.

A los agentes se les enseñan conceptos jurídicos y los componentes específicos de la política del departamento, y la mayoría de los departamentos también incluyen algún tipo de formación basada en escenarios con demostraciones en vivo o videos.

“Los tribunales y los jurados pueden considerar si la conducta de un agente fue coherente o incoherente con su formación”, dijo Fairley.

¿De qué manera las imágenes de las cámaras corporales y los celulares han cambiado la actuación policial?

En otoño de 2014 se produjo un cambio radical, cuando un gran jurado de Ferguson, Misuri, decidió no acusar al agente Darren Wilson por el tiroteo en el que murió Michael Brown, un joven negro de 18 años. No había ninguna grabación del tiroteo y la familia de Brown pidió que todos los policías del país llevaran una cámara corporal.

Entonces, el gobierno de Barack Obama se comprometió a financiar programas de cámaras corporales en todo Estados Unidos. En aquel momento, solo unas pocas decenas de departamentos de policía utilizaban cámaras; en la actualidad, la cifra ronda los 10.000. Algunas investigaciones muestran una reducción estadísticamente significativa en el uso de la fuerza tras la incorporación de las cámaras corporales. Las cámaras también parecen reducir el número de quejas de los ciudadanos, quienes saben que sus acciones también están siendo grabadas.

En 2021, al menos 34 estados y el Distrito de Columbia habían aprobado leyes relativas a la divulgación pública de las grabaciones de las cámaras corporales, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. En Chicago, el video de la cámara del auto captó al oficial Jason Van Dyke disparando 16 veces a Laquan McDonald, un adolescente negro, en octubre de 2014. Los miembros del jurado vieron ese video en repetidas ocasiones y Van Dyke se convirtió en el primer agente de la policía en Chicago en ser condenado por asesinato en casi 50 años.

¿El uso de la fuerza está estandarizado en todos los cuerpos policiales de Estados Unidos?

No, no hay normas nacionales. Hay cerca de 18.000 departamentos de policía en el país, un 80 por ciento de los cuales tienen 50 agentes o menos y cada uno tiene su propia política.

¿Se llega a acusar a los agentes? ¿Y se les condena?

Las acusaciones contra agentes suelen ser poco frecuentes, pero los fiscales han acusado a agentes que fueron grabados usando fuerza letal en varias ciudades.

El agente que disparó y mató a Philando Castile, un hombre negro de 32 años que conducía con su novia y su hija en un suburbio de Minnesota en 2016, quedó absuelto por el delito de homicidio involuntario. El agente, que disparó cinco veces a quemarropa a Castile, quien murió en el asiento de su carro estacionado, dijo que disparó su arma por temor a que Castile pudiera haber estado tratando de alcanzar un arma, un temor que era equivocado.

En Mineápolis, Chauvin no pudo defender sus acciones cuando alegó que la asfixia de Floyd fue el resultado de una decisión tomada en una fracción de segundo, porque las imágenes de video y los relatos de los testigos demostraron que siguió arrodillado sobre Floyd durante más de nueve minutos.

¿Los prejuicios raciales tienen algo que ver?

Los numerosos detractores de la norma de la fracción de segundo citan una larga serie de tiroteos policiales contra personas negras. Sostienen que los prejuicios raciales implícitos llevan a los agentes a temer más el peligro potencial de las personas negras que el de las blancas en situaciones similares, y que eso los lleva a utilizar la fuerza letal de forma desproporcionada contra las personas negras. Como la norma depende de la percepción de peligro del agente de policía, los críticos afirman que esta conduce a disparidades raciales.

¿Cuáles son algunos de los cambios propuestos?

Más de 30 estados han aprobado nuevas leyes —más de 140 en total— de supervisión y reforma policial, según un análisis realizado por el New York Times de datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Muchas de las leyes —que restringen el uso de la fuerza, revisan los sistemas disciplinarios, crean juntas civiles de revisión y exigen transparencia en los casos de mala conducta— otorgan a los estados mucha más influencia sobre las prácticas policiales que hasta ahora se dejaban en manos de los gobiernos locales. Algunos estados, como California, han cambiado incluso el criterio legal para determinar en qué casos los agentes pueden emplear la fuerza letal, pasando de “razonable” a “necesario”.

En muchos de los 18.000 departamentos de policía de Estados Unidos se han establecido políticas que prohíben o restringen el uso de la llave de estrangulamiento.

El año pasado, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley federal de gran alcance en materia de supervisión policial, que no fue aprobado por el Senado.

¿Qué opina la policía?

La presión a favor de la reforma ha empezado a reducir las protecciones que la policía había obtenido a lo largo del último medio siglo y algunos de sus defensores sostienen que las nuevas normas podrían violar el derecho de los agentes a defenderse.

Los sindicatos policiales afirman que la norma de la decisión en una fracción de segundos es esencial para mantener la seguridad de los agentes y del público.

En abril de 2021, un agente de Columbus, Ohio, disparó y mató a Ma’Khia Bryant, de 16 años, que, según un video grabado con una cámara corporal, empuñaba un cuchillo y había amenazado a dos niñas.

“Si un agente no actúa, hay muchas probabilidades de que una persona muera”, dijo Larry James, consejero general de la Orden Nacional de la Fraternidad de la Policía, en relación con ese evento.

“El agente tiene el deber de actuar para proteger la vida de otro ciudadano o la suya propia. Ese es el criterio por el que debe juzgarse a la policía, no el de quienes se dedican a criticar sus acciones después del hecho”, concluyó.

Los sindicatos policiales aseguran que el número de muertes a manos de la policía en Estados Unidos refleja un mayor nivel de violencia entre civiles alimentado por una mayor posesión de armas. Y afirman que los policías estadounidenses deben recurrir más a la violencia, en parte, porque se enfrentan más a ella.

En otros países ricos y desarrollados, no hay nada comparable a las casi 1000 personas que han muerto por disparos de la policía anualmente en los últimos años en Estados Unidos, según datos de The Washington Post, que también muestran que los agentes dispararon mortalmente a personas negras e hispanas en una proporción mucho mayor que a blancas.


Adeel Hassan es periodista y reportero de la sección Nacional. Es miembro fundador de Race/Related y mucho de su trabajo se enfoca en la discriminación y la identidad. Inició el Morning Briefing para NYT Now y fue su primer redactor. También ha sido editor en la sección Internacional. @adeelnyt

 

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Agencias

Empleos y futuro tecnológico en manos de multinacionales

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EP New York | Tecnología | agencias

Por Gustavo Lugo

Recortes rápidos y masivos de empleos en sector tecnológico

Tan solo en el último mes ha habido casi 50.000 recortes de empleos en el sector tecnológico. En los últimos años, empresas grandes y pequeñas del sector realizaron una oleada de contrataciones cuando la demanda de sus productos, software y servicios aumentó con millones de personas trabajando de manera remota.

Sin embargo, incluso con todos los despidos anunciados en semanas recientes, la mayoría de las empresas tecnológicas siguen siendo mucho más grandes que hace tres años.

A continuación, un vistazo a algunas de las compañías que han anunciado despidos hasta ahora.

Agosto de 2022 . La empresa matriz de la red social Snapchat anunció el despido del 20% de su personal. Snap ha aumentado su fuerza laboral a más de 5.600 empleados en años recientes y la empresa dijo en ese momento que aún después de despedir a más de 1.000 empleados, tendrá un plantel mayor que un año antes.

Robinhood: La empresa, cuya aplicación ayudó a atraer a una nueva generación de inversionistas al mercado, anunció el despido de alrededor del 23% de su personal, unas 780 personas. En una ola anterior despidió al 9% de su fuerza laboral.

Noviembre de 2022. Twitter: La red social despidió aproximadamente la mitad de sus 7.500 empleados tras ser adquirida por el multimillonario y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk.

Lyft: El servicio de transporte por aplicación móvil anunció el despido del 13% de su fuerza laboral, casi 700 empleados.

Meta: La empresa matriz de Facebook despidió a 11.000 personas, cerca del 13% de su plantilla.

Enero de 2023. Amazon: La empresa de comercio digital anunció que debe eliminar 18.000 puestos de trabajo. Esa es una pequeña fracción de su plantel global de 1,5 millones de personas.

Salesforce: La empresa despidió al 10% de su fuerza laboral, alrededor de 8.000 empleados.

Coinbase: La plataforma de comercio con criptomonedas reducirá aproximadamente el 20% de su plantel, o unos 950 empleos, en una segunda ola de despidos en menos de un año.

Microsoft: La empresa de software informó que reducirá cerca de 10.000 empleos, casi el 5% de sus trabajadores.

Google: El gigante de los motores de búsqueda se convierte en el más reciente del sector en anunciar que debe realizar ajustes, con la eliminación de 12.000 empleos, el 6% de su nómina.

Spotify: El servicio de transmisión de música está recortando el 6% de su fuerza laboral global. La compañía no dio un número específico de empleos perdidos. En su informe anual más reciente, Spotify informó que tenía alrededor de 6.600 empleados, lo que implica que se estarán eliminando 400 puestos de trabajo.

AP News

 

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Agencias

Bolsonaristas asaltan el Congreso , el Supremo y palacio presidencial en Brasil

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EP New York | Latinoamérica | Agencias

Brasil busca castigar a los que atacaron edificios oficiales

RÍO DE JANEIRO — Las autoridades brasileñas recogían e investigaban el lunes después de que miles de partidarios del expresidente Jair Bolsonaro asaltaran el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial y después causaran destrozos en las principales sedes de poder del país.

Los manifestantes reclamaban una intervención militar que reinstaurase al ultraderechista Bolsonaro en el poder o expulsara al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, recién instalado en el cargo, en escenas de caos y destrucción que recordaban a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.

Alborotadores vestidos con los colores verde y amarillo de la bandera nacional rompieron ventanas, derribaron muebles y arrojaron computadoras e impresoras al suelo. Agujerearon en cinco puntos un enorme cuadro de Emiliano Di Cavalcanti, volcaron la mesa con forma de U donde se reúnen los jueces del Supremo Tribunal Federal, arrancaron la puerta del despacho de un juez y vandalizaron una emblemática estatua ante la corte. Los interiores de los edificios monumentales quedaron en estado de ruina.

En una conferencia de prensa el domingo por la noche, el ministro brasileño de relaciones institucionales dijo que se inspeccionarían los edificios para buscar pruebas como huellas dactilares e imágenes para que la gente rindiera cuentas, y señaló que los alborotadores al parecer pretendían emprender acciones similares en todo el país. El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo que los actos equivalían a terrorismo y amenaza de golpe de Estado y que las autoridades habían empezado a identificar a las personas que pagaron los autobuses que llevaron a los inconformes a la capital.

“No tendrán éxito en destruir la democracia brasileña. Debemos decirlo con rotundidad, con toda la firmeza y convicción”, dijo Dino. “No aceptaremos la senda de la criminalidad para librar batallas políticas en Brasil. A un delincuente se le trata como delincuente”.

Por ahora han sido detenidas 300 personas, según dijo en Twitter la policía civil del distrito federal.

En los meses que siguieron a la derrota electoral de Bolsonaro el 30 de octubre, Brasil estuvo en vilo, receloso de cualquier vía que pudiera seguir el mandatario saliente para aferrarse al poder. Bolsonaro había avivado entre sus seguidores más fieles la creencia de que el sistema de voto electrónico era propenso al fraude, aunque nunca presentó ninguna prueba. Y su hijo, el legislador Eduardo Bolsonaro, celebró varias reuniones con el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, Steve Bannon, viejo aliado de Trump, y su destacado asesor de campaña Jason Miller.

Los resultados de las elecciones brasileñas —las más ajustadas en tres décadas— fueron reconocidas con rapidez por políticos de todo el espectro político, incluidos algunos aliados de Bolsonaro, y docenas de gobiernos. Y Bolsonaro sorprendió casi a todo el mundo al desaparecer de la vista. No admitió la derrota ni denunció un fraude, aunque su partido y él solicitaron la anulación de millones de votos, una petición desestimada con prontitud.

Los brasileños utilizan el voto electrónico desde 1996. Expertos de seguridad electoral lo consideran un sistema menos seguro que las boletas marcadas a mano porque no dejan un registro en papel que pueda auditarse. Sin embargo, el sistema brasileño está vigilado de cerca por las autoridades y por observadores internacionales, que nunca han encontrado pruebas de manipulaciones para cometer fraude.

Aun así, seguidores de Bolsonaro rechazaron los resultados. Cortaron carreteras y acamparon ante edificios militares, instando a las fuerzas armadas a intervenir. Las protestas fueron pacíficas en su gran mayoría, aunque las amenazas aisladas de terrorismo —como una bomba hallada en un camión de combustible camino del aeropuerto de Brasilia— aumentaron las preocupaciones de seguridad.

Dos días antes de la investidura de Lula el 1 de enero, Bolsonaro voló a Estados Unidos y se instaló de forma temporal en Orlando. Muchos brasileños expresaron su alivio porque, aunque declinara participar en la transición de poder, su ausencia permitiera que ocurriera sin incidentes. O así era, hasta el domingo.

“El bolsonarismo imita las mismas estrategias que el trumpismo. Nuestro 8 de enero, una manifestación sin precedentes en la política brasileña, está claramente copiado del 6 de enero en el Capitolio”, dijo Paulo Calmon, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Brasilia. “Los tristes episodios de hoy suponen un nuevo intento de desestabilizar la democracia y demuestran que el radicalismo populista y autoritario de la extrema derecha brasileña sigue activo al mando del expresidente Bolsonaro, el ‘Trump de Latinoamérica’”.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, describió los disturbios como un “ataque a la democracia y al traspaso pacífico de poder en Brasil” en un tuit, y dijo que estaba deseando seguir trabajando con Lula.

En una conferencia de prensa desde el estado de Sao Paulo, Lula leyó un decreto recién firmado por el gobierno federal para asumir el control de la seguridad en el distrito federal. Los “fanáticos fascistas” y todos los que financiaran sus actividades deben ser castigados, señaló. El mandatario también acusó a Bolsonaro de instarles a la insurrección.

Bolsonaro rechazó la acusación del presidente el domingo por la noche. En un tuit afirmó que la protesta pacífica forma parte de la democracia, pero el vandalismo y la invasión de edificios públicos eran “excepciones a la norma”. No mencionó de forma específica las acciones de los manifestantes en Brasilia.

“Evidentemente, es el mentor intelectual de lo que está ocurriendo, de modo que no puede distanciarse de ello”, dijo Mario Sérgio Lima, analista político en Medley Advisors. “Estos grupos fueron creados por él, por el radicalismo que impuso a la política. Y no hay modo de deshacerlo (…) Parece que su grupo ya ha cruzado el Rubicón”.

A diferencia del ataque de 2021 en Estados Unidos, pocos funcionarios trabajaban en los principales edificios del gobierno en un domingo. Y los videos del suceso mostraban una presencia limitada de la policía militar capitalina. Eso hizo que muchos se preguntaran en Brasil si la policía había ignorado los numerosos signos de alarma, subestimado su capacidad o había sido cómplice de algún modo.

Un video mostraba un grupo de manifestantes que se abría paso a través de una barricada policial tras un escaso forcejeo, y apenas unos pocos agentes empleaban gas lacrimógeno. En otro se veía a agentes parados mientras los manifestantes asaltaban el Congreso, incluido uno que grababa imágenes con su celular.

“Este fue un grave error del gobierno del distrito federal. Era una tragedia anunciada”, dijo Thiago de Aragão, director de estrategia en la consultora política con sede en Brasilia Arko Advice. “Todo el mundo sabía que (los manifestantes) venían a Brasilia. Se esperaba que el gobierno del distrito federal preparase una respuesta para proteger la capital. No hicieron nada de eso”.

En su conferencia de prensa, Lula denunció “incompetencia o mala fe” por parte de la policía y prometió que algunos serían castigados.

El gobernador del distrito federal, Ibaneis Rocha, confirmó en Twitter que había destituido al jefe de seguridad pública de la capital, Anderson Torres. Medios locales informaron que Torres estaba en Orlando de vacaciones y que negaba haberse reunido allí con Bolsonaro.

“Dos años después del 6 de enero, el legado de Trump sigue envenenando nuestro hemisferio”, tuiteó el senador estadounidense Bob Menendez, que preside el comité de relaciones exteriores del Senado, y añadió que culpaba a Bolsonaro de incitar las acciones en Brasilia. “Proteger la democracia y exigir responsabilidades a actores malignos es esencial”.

AP noticias

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