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Latinoamérica

La desigualdad en América Latina no se combate con golpes y disparos

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EP New York/ otros medios

Por:Jorge Ramos

En Venezuela, Nicaragua y Bolivia se protesta por falta de democracia; en Chile, Ecuador y Haití, por falta de oportunidades y mayor igualdad. Mientras tanto, entre la indiferencia y el aislacionismo trumpiano, Argentina regresa a la izquierda peronista-kirchnerista, México no ve la salida a la creciente espiral de la narcoviolencia y, por supuesto, hay otros países temblando.

En todo este aparente caos latinoamericano, destacan tres tendencias.

La desigualdad

América Latina es la región más desigual del mundo. Sus ricos y no tan ricos están muy separados de sus muchos pobres y no tan pobres. La triste lección es que la democracia es necesaria pero no suficiente. Desde la Colonia hasta nuestros días, las economías latinoamericanas han estado organizadas para el beneficio de unos pocos. Luego de décadas de dictaduras y gobiernos autoritarios, muchos países —además de elegir a sus líderes con votos— esperaban una época de bienestar económico para todos. No fue así.

Esto lo escuché de una joven manifestante chilena: “El pueblo pobre de Chile se levantó porque no aguanta más. Porque quiere agua. Porque nos quitaron los ríos. Porque nos tienen a los jóvenes vendiendo nuestra vida en las calles para pagar unas cuotas miserables. El pueblo de Chile despertó y despertó para no dormirse nunca más”.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, se disculpó. “Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas”, dijo por televisión nacional. Pero antes ya había sacado a los militares a las calles y levantado un toque de queda; era la primera vez que esto ocurría desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.

Las disculpas después de los tanques y los muertos no suelen ser muy efectivas. “Recurrir a militares para reestablecer el orden público es una medida delicada y de alto riesgo”, me dijo en una entrevista José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Vivanco refirió los ejemplos de Argentina, Chile y otros países donde el estamento militar ha estado asociado con dictaduras brutales.

Algo similar ocurrió en Ecuador, donde las protestas contra las medidas económicas tomadas por el presidente Lenín Moreno, tras aceptar un polémico préstamo del Fondo Monetario Internacional, fueron sangrientamente reprimidas. Las Naciones Unidas recibió “alegaciones de violaciones a los derechos humanos que habrían cometido fuerzas de seguridad del Estado”, mientras la Defensoría del Pueblo informó de una decena de muertos y más de mil heridos.

Cuando le pregunté por la represión al canciller ecuatoriano, José Valencia, contestó: “No es así, porque los muertos no fueron fruto de la acción de la policía sino accidentes en el marco de las manifestaciones […]. La policía reaccionó de una manera que, nosotros creemos, fue adecuada y proporcional”. Es difícil creer que los muertos y los heridos sean solo por accidentes. ¿Quién dio la orden de atacar a los manifestantes? ¿Quién disparó lo gases lacrimógenos? ¿Y los uniformados que atacaron a jóvenes con sus macanas y motocicletas? Eso no se hace contra gente que se queja de sus deplorables condiciones económicas.

La desigualdad no se vence a golpes y disparos.

Las protestas y las redes sociales

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, se quiso tomar el crédito de las protestas en otros países sudamericanos. “Estamos cumpliendo el plan, Foro de São Paulo”, dijo recientemente, refiriéndose a una supuesta acción concertada del grupo de partidos y organizaciones latinoamericanas que promueven ideas de izquierda. No hay pruebas de esta acción. Pero así fuera cierta, eso no explica la manifestación de más de un millón de personas en Santiago ni las marchas masivas en Haití.

Las manifestaciones son en realidad producto de los nuevos espacios creados por la democracia; en las dictaduras de Pinochet, de Videla en Argentina o en el México de 1968, ciudadanos fueron masacrados por protestar. Hoy ya no tienen miedo. Pero también las protestas se dan y se organizan gracias a las nuevas tecnologías —desde internet y las redes sociales hasta el uso omnipresente de los celulares— que logran burlar cualquier intento de control y censura oficial. Los cuadrados comunicados oficiales tienen que competir en Twitter, Instagram y Facebook con la fluidez de millones de videos, fotos y textos que los contradicen.

Ya no se puede gobernar si se pierde la legitimidad y la credibilidad en las redes.

La tentación autoritaria

América Latina nunca ha dejado atrás su tentación autoritaria. Desde que Simón Bolívar fue declarado dictador de Perú y jugó con la idea de un presidente vitalicio para la Gran Colombia, otros han seguido sus pasos.

Hoy tenemos varios dictadores en América Latina. Nicolás Maduro en Venezuela y la dupla Daniel Ortega-Rosario Murillo en Nicaragua han falseado elecciones y violado ferozmente los derechos humanos para atornillarse un poquito más en el poder. Cuba es un ejemplo increíble de cómo se han normalizado sesenta años de represión brutal. De las dictaduras de Fidel y Raúl Castro se dio el dedazo para que las continuara Miguel Díaz-Canel. Y Evo Morales no entiende que no significa no. Eso es lo que le dijeron los bolivianos en el referéndum de 2016, prohibiéndole la reelección. Ya lleva casi 14 años en el poder y busca más. Pero las protestas no paran. El caudillismo y la mano dura nunca han sido la solución de los problemas que afligen a América Latina.

Se acabó la época del silencio y el acomodo. Los latinoamericanos han dejado de callar su descontento. Y ese enojo no se apaga con manguerazos de agua.

Lo nuevo en la reciente ola de protestas es la desaparición de la censura oficial y la aparición de nuevas tecnologías digitales para compartir el descontento y sumar fuerzas para protestar. Desafortunadamente, la respuesta de los gobiernos hasta ahora han sido la misma de siempre: reprimir.

Pero ya ni eso está funcionando. Se acaba el tiempo para escuchar. De nada sirve que en Chile se pida perdón si los soldados siguen en la calle y no se cambia la constitución. Las protestas en Ecuador pueden resurgir a la menor provocación. Se le puede terminar la larga luna de miel a Andrés Manuel López Obrador en México si no da resultados y siguen las matanzas. Bolivia se resiste a cinco años más de Evo. Y nuestros dictadorzuelos de turno en Venezuela, Nicaragua y Cuba han perdido el control del mensaje.

Primero se pierden las redes y luego las calles. El malestar y el enojo son un presagio. Pase lo que pase, las cosas ya no pueden seguir igual. (The New York Times)


Jorge Ramos es periodista, conductor de los programas Noticiero Univisión y Al punto, y autor del libro Stranger: El desafío de un inmigrante latino en la era de Trump.

Agencias

Sube a casi 2.000 el número de muertos por terremoto en Haiti

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EP New York/Haiti

Haití: Saldo de muertes por sismo se eleva a 1.941
LES CAYES, Haití (AP) — Las autoridades de Haití aumentaron el martes en más de 500 el número de muertos por el fuerte terremoto del fin de semana, después de que la tormenta tropical Grace forzara la suspensión temporal de las tareas de búsqueda y rescate, una demora que avivó la molestia y frustración de las miles de personas que se quedaron sin hogar.

Grace golpeó el suroccidente de Haití, que fue también la zona más afectada por el sismo del sábado, y los funcionarios advirtieron que en algunos lugares podrían caer hasta 38 centímetros (15 pulgadas) de lluvia antes de que la tormenta siga su camino. Lluvia intermitente caía en la ciudad de Les Cayes y en la capital Puerto Príncipe.

El martes, la Agencia de Protección Civil elevó a 1.941 el número de muertos y a 9.900 la cantidad de heridos, muchos de los cuales han tenido que esperar para recibir ayuda médica acostados al exterior bajo el sofocante calor.

La devastación se centra en la zona suroccidental del país, donde los servicios médicos están al límite de su capacidad y donde la gente ha perdido casas y seres queridos.

La paciencia se ha estado agotando en la nación más pobre del hemisferio occidental. Los haitianos ya batallaban con el coronavirus, la violencia de pandillas, la pobreza y el asesinato del presidente Jovenel Moïse cuando se registró el sismo.

Se seguían sacando cadáveres de los escombros, y el olor a muerte cubría intensamente un edificio de apartamentos de tres pisos que se vino abajo. Una sencilla sábana cubría el cuerpo de una niña de 3 años que los bomberos habían encontrado una hora antes.

El vecino Joseph Boyer, de 53 años, dijo que conocía a la familia de la niña

“La madre y el padre están en el hospital, pero los tres hijos murieron”, señaló. Los cuerpos de los otros dos hermanos fueron hallados antes.

Ilustrando la falta de presencia del gobierno, los bomberos voluntarios de la cercana ciudad de Cabo Haitiano habían dejado el cuerpo bajo la lluvia porque la policía tiene que estar presente antes de poder retirar el cadáver.

Otro vecino, James Luxama, repitió un rumor presente en muchos sitios de desastre cuando dijo que alguien enviaba mensajes de texto pidiendo ayuda desde los escombros. Pero Luxama, de 24 años, no había visto personalmente uno de dichos mensajes ni recibido uno.

Una multitud de hombres enfurecidos se reunió frente al edificio derrumbado, una señal de que la paciencia llegaba a su límite entre las personas que durante días han esperado que llegue ayuda del gobierno.

“Los fotógrafos pasan, la prensa, pero no tenemos lonas para nuestros techos”, dijo un hombre que se negó a dar su nombre.

El director de la Agencia de Protección Civil de Haití, Jerry Chandler, reconoció la situación. La evaluación del sismo tuvo que suspenderse por las fuertes lluvias, “y las personas se están poniendo agresivas”, dijo Chandler el martes.

Algunos niños quedaron huérfanos en el terremoto y algunos jóvenes empezaban a pasar hambre, dijo Carl-Henry Petit-Frère, un gerente de campo de Save the Children, que indicó en un comunicado que distribuía lo que podía a las personas que viven en las calles sin protección del viento y la lluvia.

“Veo a niños llorando en las calles, personas pidiéndonos comida, pero también nosotros tenemos poca comida”, dijo Petit-Frère y agregó que les advirtieron a los niños no entrar a las casas porque podrían derrumbarse. “Las organizaciones que están aquí hacen lo que pueden, pero necesitamos más provisiones. Alimentos, agua limpia y albergue es lo que más se necesita, y lo necesitamos pronto”.

 

Aproximadamente 20 soldados finalmente se presentaron para ayudar a los rescatistas en el edificio de apartamentos derrumbado.

Antes de eso, la única ayuda que había era de los voluntarios poco equipados.

“Lo único que tenemos son mazos y manos. Ese es el plan”, dijo el voluntario canadiense Randy Lodder, director de la Escuela Cristiana Adoración en Haití.

Sarah Charles, administradora adjunta de la Oficina de Asistencia Humanitaria de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), señaló que sus equipos de respuesta al desastre se vieron obligados a suspender las operaciones conforme llegaba la tormenta el lunes, pero que los miembros regresaron el martes para evaluar su impacto y seguían asistiendo.

“No prevemos que la cantidad de muertos relacionada con este terremoto estará cerca del terremoto de 2010, cuando más de 200.000 personas murieron”, dijo Charles a la prensa.

El nivel del daño tampoco fue tan severo como ese terremoto, agregó. “No es lo que actualmente vemos en el terreno”.

Las autoridades dijeron que el terremoto de magnitud 7,2 destruyó más de 7.000 casas y dañó casi 5.000, dejando a unas 30.000 familias sin hogar. Hospitales, escuelas, oficinas e iglesias también se derrumbaron o sufrieron graves daños.

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Los periodistas de Associated Press en Nueva York y Christopher Sherman en Ciudad de México contribuyeron a este despacho.

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Agencias

Oposición y dictadura venezolana inician diálogos en México

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EP New York/México

Gobierno y oposición venezolana apuestan a diálogo en México
CIUDAD DE MÉXICO — El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana iniciarán el viernes en la capital mexicana una nueva etapa de diálogos con la que se busca destrabar años de confrontación, pero para muchos venezolanos no hay expectativas de que el proceso dé resultados.

En una calle de clase media del oeste de Caracas, Damaris Álvarez, coordinadora de una escuela de música estatal de 35 años, afirmó que dará seguimiento a las negociaciones entre el gobierno y la oposición, pero insistió en que su prioridad es “resolver el día a día”.

“Estamos en un campo que está lleno de minas, pero tú ves que la gente trata de ver cómo sobrevive”, dijo al hablar de las complicaciones que enfrenta a diario junto a su familia porque su salario, de unos cuatro dólares al mes, le resulta insuficiente para comprar los alimentos ante la desbordada hiperinflación. Al igual que muchos de sus vecinos, Álvarez vende galletas y pasteles para ganar algo más de dinero.

“Las encuestas demuestran que hay un profundo deseo de cambio, pero también hay un cansancio, no sólo por la lucha diaria por la supervivencia, sino también por la incapacidad de los políticos hasta ahora para hacer alguna diferencia en su vida diaria”, dijo Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del Wilson Center. “Creo que hay un gran escepticismo”.

Delegados de Maduro y de la oposición, que lidera Juan Guaidó, sostendrán el viernes un primer encuentro en la Ciudad de México en el que se espera que definan la metodología de trabajo y el cronograma para las próximas reuniones. Sobre los temas que se debatirán en el nuevo proceso de diálogo no se conocen mayores detalles. Al respecto Maduro sólo adelantó que la agenda incluye siete puntos.

En representación del gobierno venezolano participarán el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el gobernador del estado central de Miranda, Héctor Rodríguez, y el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del mandatario.

Por la oposición vendrán el exalcalde Gerardo Blyde al frente de la delegación, más otros miembros de las principales fuerzas opositoras, entre ellos Carlos Vecchio, representante de Guaidó en Estados Unidos; Tomás Guanipa, secretario general del partido Primero Justicia, y el dirigente socialcristiano Roberto Enríquez, quien estaba refugiado desde hace cuatro años en la residencia del embajador de Chile en Caracas y obtuvo un salvoconducto de parte del gobierno para salir de la sede diplomática y viajar a México.

Los diálogos se llevarán a cabo bajo la mediación del gobierno de Noruega, que hace dos años promovió una iniciativa similar que fracasó. Representantes de Rusia y Holanda también intervendrán en el proceso como acompañantes de las delegaciones del gobierno y la oposición, respectivamente.

Estados Unidos no participará directamente en las conversaciones, pero los analistas coinciden en que podría desempeñar un papel fundamental debido a que Maduro ha centrado sus exigencias para sentarse a dialogar en que Washington levante las sanciones que enfrentan su gobierno y más de medio centenar de funcionarios y allegados desde hace cuatro años.

El gobierno del presidente Joe Biden, que reconoce a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, se ha mostrado a favor de un diálogo que genere las condiciones que permitan elecciones democráticas y transparentes en la nación sudamericana. La Unión Europea es del mismo sentir.

El mes pasado Washington aceptó levantar una de las sanciones para permitir a las compañías no estadounidenses exportar a Venezuela gas licuado de petróleo, el cual se utiliza para cocinar. La decisión fue considerada un “gesto de buena fe” para promover el diálogo.

Al hablar de las exigencias que llevarán sus delegados a la mesa de negociaciones, Maduro dijo el fin de semana que pedirán el “levantamiento de todas las sanciones”, el “reconocimiento de las autoridades legítimas y constitucionales” y que la oposición “renuncie a la violencia”. Con respecto a la agenda que llevará la oposición, The Associated Press se enteró que sus delegados pedirán la definición de un cronograma electoral, un plan masivo de importación de vacunas contra el COVID-19 y “elecciones libres y transparentes”.

Con 96,2% de su población en la pobreza, una inflación que en los primeros cinco meses del año alcanzó una tasa acumulada de 264,8%, y una contracción económica que se ha extendido siete años y que se prevé que este año sea de 10%, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, Venezuela enfrenta la peor crisis económica y social de su historia.

A diferencia de los procesos de diálogo que se desarrollaron entre el 2017 y 2018 y en el 2019, en esta oportunidad el gobierno de Maduro va en una condición de fortaleza frente a una oposición muy debilitada por las fracturas internas y la pérdida este año de la Asamblea Nacional, que era su último bastión.

“Hay unidad para enfrentar los procesos que vienen en la negociación”, afirmó Guaidó el jueves por la noche al desestimar las divisiones dentro la coalición opositora. En el acto en el este de la capital venezolana, dijo también que el objetivo de los diálogos en México es “la búsqueda de una solución a la crisis”.

“La oposición no tiene absolutamente nada que llevar a la mesa”, dijo el académico venezolano Félix Seijas, director de la firma de estudios de investigación estadística Delphos, al asegurar que los sectores adversos a Maduro no tienen mayor peso de negociación porque han perdido el poder de convocatoria en las calles.

Si bien el fracaso de los anteriores procesos de diálogo ha reducido las expectativas de que haya un gran avance en este proceso, algunos férreos críticos de Maduro como Elliott Abrams, quien fue enviado especial para los asuntos de Venezuela durante el gobierno de Donald Trump, reconocen que las condiciones para las negociaciones han mejorado.

Eso se debe a que, a diferencia de las conversaciones anteriores, el apoyo nacional e internacional a Guaidó se ha desvanecido, debilitando su capacidad para exigir la destitución de Maduro. Menos de 10 de las más de 60 naciones que alguna vez reconocieron el gobierno interino de Guaidó aún mantienen ese reconocimiento, según un informe del Wilson Center este mes.

“Hay más posibilidades de éxito si define el éxito como llegar a un acuerdo”, dijo Abrams, quien ahora es investigador principal de estudios de Oriente Medio en el Consejo de Relaciones Exteriores. “Pero si lo define como una mejora real en las condiciones de los derechos humanos, por ejemplo, la libertad de reunión o la libertad de prensa, entonces no estoy seguro de que haya progreso”.

La detención a mediados del mes pasado del dirigente Freddy Guevara, un estrecho colaborador de Guaidó que estaba participando en el proceso de acercamiento con el gobierno, puso en riesgo el nuevo proceso de diálogo. Pero finalmente la oposición decidió seguir adelante.

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Con informaciòn de AP

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Agencias

Pedro Castillo proclamado oficialmente presidente de Perú

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EP New York/agencias

LIMA — Pedro Castillo, profesor izquierdista de una escuela rural, ganó el lunes la presidencia de Perú tras el más prolongado conteo electoral en 40 años y por apenas 44.000 votos sobre la derechista Keiko Fujimori, quien recibió el apoyo de los empresarios y los medios de comunicación.

Las autoridades electorales proclamaron su triunfo un mes y medio después de los comicios del 6 de junio, luego de que se desecharan las acusaciones de fraude impulsadas por Fujimori. Tras el conteo del 100% de los sufragios, Castillo se ubicó primero con 50.126%, por encima de Fujimori, quien obtuvo 49.874%. El presidente electo asumirá el puesto el 28 de julio, en que se celebra el Bicentenario de Perú.

“Ha llegado el momento de llamar a todos los sectores de la sociedad para construir unidos, en este Bicentenario, un Perú inclusivo, un Perú justo, un Perú Libre. Sin discriminación y por los derechos y todos y todas”, dijo Castillo en su cuenta de Twitter.

Dirigió también su convocatoria a “los pueblos afro, costeños, andinos y amazónicos, a la clase trabajadora y sus gremios, a las comunidades nativas, campesinas y a toda la sociedad para hacer de esta patria hermosa. Hoy, hermanas y hermanos, inicia una nueva etapa en nuestra historia”.

Empuñando un lápiz del tamaño de un bastón, símbolo de su partido marxista Perú Libre, popularizó una frase atractiva —“no más pobres en un país rico”— entre los empobrecidos del país con la mayor tasa global de mortalidad per cápita por coronavirus y segundo productor mundial de cobre.

Castillo promete usar los ingresos de la minería y los hidrocarburos para mejorar los servicios públicos, entre ellos la salud y la educación, luego de que la pandemia puso al descubierto su pésima calidad y dejó en la pobreza a unas 10 millones de personas, casi la tercera parte de los habitantes del país, haciendo retroceder los avances de una década.

“Los que no tienen carro al menos una bicicleta deben llegar a tener”, dijo Castillo, de 51 años, a The Associated Press a mediados de abril en su casa de adobe en Anguía, el tercer distrito más pobre de Perú, en una de las escasas entrevistas otorgadas a medios internacionales.

Desde mayo moderó sus primeras propuestas sobre nacionalizar multinacionales mineras y de gas natural. Su asesor económico, Pedro Francke, afirmó en julio que evalúan subir los impuestos a las ganancias debido a los altos precios del cobre, que superan los 10.000 dólares la tonelada.

Los historiadores dicen que es el primer campesino que llega a la presidencia en 200 años de independencia en un país que fue colonia de España de 1542 a 1821 y donde hasta ahora los indígenas reciben casi siempre lo peor de los deficientes servicios públicos, a pesar de que la nación se jactó de ser la estrella económica de América Latina en las primeras dos décadas del siglo XXI.

“No existen casos de una persona desvinculada con las élites profesionales, militares o económicas que llegue a la presidencia”, dijo Cecilia Méndez, historiadora peruana especializada en el papel del campesinado y profesora de la Universidad de California-Santa Bárbara, en declaraciones a Ideeleradio.

Castillo ganó con los empresarios en contra. Roque Benavides, empresario minero, dijo a la televisora Latina que los mensajes del presidente electo han sido erráticos, “un día diciendo una cosa y otro día otra cosa”. El premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, declaró que el presidente electo “representa la desaparición de la democracia y la libertad en el Perú”.

Militares jubilados enviaron una carta al jefe de las Fuerzas Armadas pidiéndole no respetar el triunfo del izquierdista, y Fujimori dijo horas antes que aceptará la victoria de Castillo, pero que es “ilegítima” porque ganó con “fraude”. No pudo probar dicha acusación, pero ésta frenó la designación luego que Fujimori pidiera anular miles de votos favorables al profesor, sobre todo en comunidades indígenas y pobres de los Andes que sufragaron de forma abrumadora por él.

“Invoco… a la señora Fujimori a que no pongamos… más obstáculos para sacar adelante al país”, le pidió Castillo poco después de ser declarado presidente electo frente a cientos de seguidores en su sede de campaña en el centro de Lima.

Estados Unidos, la Unión Europea y 14 misiones electorales determinaron que las elecciones fueron limpias. Washington consideró a los comicios un “modelo de democracia” para la región.

Steven Levitsky, politólogo de la Universidad de Harvard, dijo a radio Exitosa que Castillo llega “muy débil” y en algún sentido es “muy parecido” a Salvador Allende cuando accedió al poder en Chile en 1970, así como a Joao Goulart, quien llegó a la presidencia de Brasil en 1961. “Tiene casi todo el establishment de Lima en su contra”, indicó el experto en política latinoamericana.

Levitsky añadió que, si Castillo intenta cambiar la Constitución de Perú –promulgada en 1993 por el encarcelado expresidente Alberto Fujimori, padre de Keiko Fujimori, y defendida por empresarios y políticos de derecha– “sin construir un consenso, (sin) alianzas con partidos de centro, sería muy peligroso porque sería una justificación para un golpe” de Estado.

Castillo reafirmó el sábado que su gestión impulsará un cambio en la Constitución para “terminar con la histórica discriminación que sufren nuestros pueblos andinos, amazónicos, afrodescendientes y nuestras poblaciones vulnerables a la violencia machista, clasista y racista”.

Según los expertos, a Castillo no le será fácil lograr reescribir la Constitución porque necesitaría un fuerte respaldo en el Congreso unicameral, pero no cuenta con los votos suficientes para abrir la primera llave, la cual consiste en modificar un artículo de la actual carta magna para incluir que ésta puede ser cambiada mediante una Asamblea Constituyente.

Cientos de peruanos de diversas regiones acamparon desde hace más de un mes frente al Tribunal Electoral en Lima para esperar la proclamación de Castillo. Muchos vienen con su propio dinero y no pertenecen al partido del profesor, pero confían en él porque “no será como los otros políticos que no han cumplido sus promesas y no defienden a los pobres”, dijo Maruja Inquilla, activista ambiental que llegó desde un pueblo cercano al Titicaca, el lago mítico de los incas.

El presidente electo trabajó los últimos 25 años como maestro de primaria en su natal San Luis de Puña, una remota aldea de Cajamarca, región norteña donde en 1533 el último líder inca, Atahualpa, ofreció a cambio de su libertad dos cuartos repletos de plata y uno de oro a sus secuestradores españoles, que incumplieron el pacto y lo asesinaron.

“Cajamarca es el lugar donde se ha pagado el precio más caro por la libertad”, reflexionó Castillo en abril mientras recogía camotes de su huerta. Usaba sandalias de caucho y sombrero de ala ancha, como los campesinos de su comunidad donde el 40% de los niños padecen desnutrición crónica y más de la mitad apenas tiene educación primaria.

A diferencia de otros sindicalistas que antes de llegar a la presidencia fueron diputados, como Evo Morales en Bolivia o Luiz Inácio Lula da Silva, que se postuló tres veces antes de gobernar Brasil, Castillo alcanzó el máximo cargo en su primera apuesta, sin haber ejercido cargos públicos.

En 2017 lideró la mayor huelga de maestros en 30 años en busca de mejores sueldos y, aunque no logró mejoras sustanciales, se sentó a conversar con ministros, legisladores y burócratas. Así empezó a entender el mecanismo interno de las negociaciones con el poder.

En 20 años los peruanos fueron testigos que la experiencia previa o los títulos universitarios de sus cinco expresidentes no sirvieron para luchar contra la corrupción, el problema nacional que más preocupa después del coronavirus, según los sondeos. Todos los exmandatarios están siendo investigados por la fiscalía por posibles coimas ligadas a obras de infraestructura de la constructora Odebrecht u otras empresas.

Castillo recordó que el primer giro de su vida ocurrió una noche siendo niño, cuando su maestro persuadió a su padre para que le permitiera acabar su educación primaria en una escuela a dos horas de casa. Ambos adultos masticaban hojas de coca, costumbre andina para disminuir el cansancio.

“Pedro debe seguir estudiando”, declaró el maestro, según el presidente electo.

“Ha sufrido mucho en su niñez”, dijo después su esposa, la profesora Lilia Paredes, de 48 años, mientras lavaba los platos y las ollas en su casa junto a sus hijos Arnold, de 16 años y Alondra, de 9. A diferencia de los hijos de los presidentes de los últimos 40 años, que han estudiado en colegios privados y costosos, los hijos de Castillo asisten a la escuela pública.

Se acostumbró a largas caminatas. Llegaba al aula de clases “con mis llanques” (sandalias campesinas), con una alforja de lana en el hombro, un cuaderno y un almuerzo consistente en camotes o tamales que se enfriaban con las horas, dijo de sí mismo Castillo. “Era el alumno que venía de lejos”, recordó.

Agregó que su vida quedó marcada por el trabajo que realizó de niño junto a sus ocho hermanos, pero también por el recuerdo del trato de siervos sin tierra que recibieron sus padres analfabetos que vivían en los dominios del hacendado Juan Herrera en San Luis de Puña. Lloró cuando recordó que, si no pagaban el arriendo, el hacendado se quedaba con las mejores cosechas.

“Te quedabas mirando lo que habías sembrado, te agarrabas el estómago, y eso no lo voy a olvidar. Tampoco lo voy a perdonar”, dijo.

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