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Blog de Sucesos y Noticias

Pandemia y entorno económico-político áspero , abre asamblea de la SIP

Francisco

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EP New York/ periodismo

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) inauguró su 76 Asamblea General, que se desarrollará de forma virtual, con la defensa de la libertad de prensa en un año marcado por la pandemia y un entorno áspero en lo político y económico.

La asamblea fue inaugurada por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen, quien rubricó la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta, ambas enfocadas en la libertad de prensa y la segunda específicamente referida al mundo digital.

el presidente de la SIP, Christopher Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, de Kingston (Jamaica), señaló que la Declaración de Chapultepec y el Índice de Chapultepec, que será presentado en esta asamblea, tienen el propósito de “servir como espejo a los gobiernos y ser un punto de referencia sobre la libertad de expresión”.

Agregó que este 2020 ha sido un tiempo de “introspección”, donde no han estado ajenas las discusiones sobre la “sostenibilidad de los medios de comunicación”, y en contexto en donde “muchas de las democracias se han debilitado”.

En lo que compete a Colombia la prensa colombiana ha tenido que enfrentar en los últimos meses los efectos económicos de la pandemia del coronavirus así como las agresiones físicas y las amenazas, denunció este miércoles la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En el informe sobre el país presentado en la 76 Asamblea General de la SIP que comenzó este miércoles en Miami, este organismo señala que “los medios no han sido inmunes a las consecuencias negativas de las medidas que el Gobierno tomó para enfrentar la pandemia”.

“El freno abrupto de la economía produjo un desplome en los ingresos por publicidad. La disparada del precio del dólar ha encarecido insumos como el papel. Todos los medios han sentido el rigor de la crisis en particular en ciudades pequeñas e intermedias” lo que hace que se corra el riesgo de “que crezcan los llamados desiertos informativos”.

Para contrarrestar esta situación, la Asociación de Medios de Información (AMI) promueve la adopción de una política pública que evite la desaparición masiva de medios, iniciativa que ha tenido acogida en el Ejecutivo y Legislativo, señaló la SIP.

El organismo destacó además el pacto firmado el pasado 1 de octubre con la Procuraduría General (Ministerio Público), la Defensoría del Pueblo y la Federación Nacional de Departamentos, para el fortalecimiento de los medios.

AGRESIONES A PERIODISTAS

Pero la pandemia no es la única circunstancia adversa a la que tienen que hacer frente los medios en Colombia, pues el informe recoge que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 33 violaciones a la libertad de prensa durante las protestas de septiembre pasado contra la violencia policial en Bogotá.

“Los ataques más frecuentes han sido 16 agresiones físicas, cinco obstrucciones, cuatro detenciones ilegales y tres amenazas. Se registraron 25 casos de agresiones con balas de goma y bombas aturdidoras causadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)”, señaló el informe.

La SIP agregó que tras las detenciones se denunció que policías “intimidaban a los comunicadores y les exigían borrar archivos de las memorias de sus dispositivos. Se registró un caso de violencia sexual contra una fotógrafa”.

Un caso más grave registrado en el informe fue la muerte a balazos, el pasado 13 de agosto, del comunicador indígena Abelardo Liz durante una operación del Ejército para desalojar a comunidades indígenas en Corinto, en el departamento del Cauca (suroeste).

LA JUSTICIA NO LLEGA

La prensa también ha tenido que hacer frente a decisiones judiciales adversas como la de un juzgado penal de Tumaco (suroeste) que en agosto concedió la libertad por vencimiento de términos a Gustavo Angulo Arboleda, alias “Cherry”, implicado en el secuestro y asesinato en 2018 de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio.

La SIP también recopila otras acciones contra la libertad de prensa como la investigación de la revista Semana titulada “Carpetas secretas” que reveló seguimientos del Ejército a más de 130 personas, incluidos defensores de derechos humanos, periodistas nacionales y corresponsales extranjeros, entre otros.

Una denuncia similar se hizo de la Alcaldía de Medellín por presuntos seguimientos en redes a periodistas a través de la empresa Selecta Consulting Group.

El informe incluye además amenazas a los periodistas Cipriano López, Lina María Peña, Yannis Moscote, Víctor Polo, Miguel Martínez, Víctor Rodríguez, Aristides Herrera y Leopoldo Díaz Granados, supuestamente por parte de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que los declaró “objetivo militar” en el norte de Colombia y los conminó a irse del país con sus familias.

Amenazas recibieron también los periodistas Dubán García, Germán Arenas, Luis Eduardo Alegría, Julián Andrade y Jairo Figueroa, pero en un panfleto firmado por disidencias de las FARC en el sur del país.

Como hecho positivo destacó un fallo judicial que señaló al Estado como cómplice de la violencia contra la prensa, “en una decisión histórica y después de ocho años, tras la demanda de la periodista Claudia Julieta Duque Orrego y su familia, debido al secuestro, las amenazas y la tortura psicológica que sufrieron en 1999” cuando investigaba el asesinato del periodista de Jaime Garzón.

En otros casos ha reinado la impunidad, ya que el informe incluye cuatro casos de asesinatos de periodistas perpetrados en el 2000 que prescribieron en este semestre al cumplir los 20 años.

Son ellos los de María Elena Salinas, Jhon Jairo Restrepo, Carlos José Restrepo Rocha y Juan Camilo Restrepo Guerra, y añade tres más que prescribirán antes de finalizar este año.

Se trata de los homicidios de Alfredo Abad López, Guillermo León Agudelo y Gustavo Ruiz Cantillo, según la SIP.

 

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Agencias

EE.UU. declara oficialmente al “cartel de los soles” como organización terrorista

Francisco

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EP FLORIDA NEWS |EE.UU. | Cartel de los soles | Venezuela

El Departamento de Estado de EE.UU. designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció este domingo que Estados Unidos designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, con efecto a partir del 24 de noviembre. Estados Unidos alega que el cartel venezolano está dirigido por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del Gobierno de Maduro.

“Ni Maduro ni sus allegados representan al Gobierno legítimo de Venezuela”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. “El Cartel de los Soles, junto con otras organizaciones terroristas extranjeras designadas, incluyendo el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”.

La designación se produce mientras Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe, incluyendo la llegada del portaaviones más grande del mundo este domingo, y en medio del aumento de las tensiones entre el presidente Donald Trump y Maduro.

En julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Cartel de los Soles, considerándolo una organización “terrorista internacional especialmente designada” y alegando que “proporcionó apoyo material al Tren de Aragua y al Cartel de Sinaloa”.

Según el Departamento del Tesoro, “el nombre del cartel se deriva de los soles que suelen aparecer en los uniformes de los funcionarios militares venezolanos”.

En agosto, la secretaria de Justicia Pam Bondi ofreció una recompensa de US$ 50 millones por información que condujera al arresto de Maduro para enfrentar cargos de narcotráfico en Estados Unidos. No ha presentado pruebas concluyentes sobre el supuesto papel del líder venezolano en el tráfico internacional de drogas. Caracas ha rechazado rotundamente las acusaciones.

“El Cartel de los Soles, como tal, no existe. Es una expresión periodística creada para referirse a la implicación de autoridades venezolanas en el narcotráfico”, dijo anteriormente a CNN Phil Gunson, investigador del International Crisis Group con sede en Caracas.

Sin embargo, esto no significa que no haya personal militar o funcionarios gubernamentales implicados en el narcotráfico. “Nada de esto sería posible sin la participación directa desde arriba”, dijo Gunson.

Trump dice que Venezuela “quiere dialogar” en medio de crecientes tensiones

Trump sugirió este domingo que designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera permite a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos la capacidad de atacar los bienes e infraestructura de Maduro dentro del país.

“Eso nos permite hacerlo, pero no hemos dicho que lo vayamos a hacer”, dijo Trump a los periodistas mientras salía de Florida para regresar a Washington. “Podríamos tener algunas conversaciones con Maduro, y veremos cómo resulta eso”.
“Quieren dialogar”, afirmó, sin dar más detalles.

Trump dejó algo claro: no cree que el Gobierno necesite autorización del Congreso para posibles acciones militares dentro de Venezuela. Al mismo tiempo, el presidente dijo que está a favor de mantener informados a los legisladores. “Nos gusta mantener informado al Congreso. Es decir, detenemos a los narcotraficantes y las drogas que entran en nuestro país… No tenemos que obtener su aprobación. Pero creo que informarles es bueno”, señaló.

Agencias

 

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Agencias

Acuerdo parcial entre demócratas y republicanos para apertura de gobierno en EE.UU.

Francisco

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EP NEW YORK | EE.UU.

Washington, – El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes un acuerdo auspiciado por los republicanos y respaldado por ocho demócratas para financiar temporalmente al Gobierno federal y permitir su reapertura, en una medida que ahora pasa a la Cámara de Representantes para poner fin al cierre más largo de la historia del país.

Luego de una jornada de ocho votaciones, el senado dio pasó al acuerdo de financiamiento provisional con 60 a favor y 40 en contra.

El acuerdo fue alcanzado en el día 41 de cierre de Gobierno, el más largo de la historia de Estados Unidos y pasa a manos de la Cámara de Representantes, la cual se espera que inicie sus sesiones a partir del miércoles.

Los ocho demócratas que se desmarcaron de su bloque y permitieron el avance del paquete fueron: Catherine Cortez Masto, Jacky Rosen, John Fetterman, Maggie Hassan, Jeanne Shaheen, Tim Kaine, Dick Durbin y el independiente Angus King.

La división demócrata fue calificada como “frustrante” por el senador de Arizona, Ruben Gallego, quien dijo que los afectados serán “24 millones de estadounidenses que potencialmente verán aumentar sus primas”. Por su parte, los republicanos celebraron los acuerdos. El conservador Lindsey Graham dijo a periodistas que “el presidente está a favor. Si el presidente está a favor, creo que se aprobará en la Cámara de Representantes. Creo que es un buen acuerdo para el país”.

Después de la votación, la atención estadounidense se girará hacia la Cámara de Representantes y su presidente, el republicano Mike Johnson, quien ya convocó a los miembros de la Cámara para que regresen a Washington antes del miércoles, luego de haber vuelto a sus distritos a mediados de septiembre. Este acuerdo no garantiza la extensión de subsidios a programas de salud como el Obamacare que vence a finales de este año.

Por su parte, los republicanos celebraron los acuerdos. El conservador Lindsey Graham dijo a periodistas que “el presidente está a favor. Si el presidente está a favor, creo que se aprobará en la Cámara de Representantes. Creo que es un buen acuerdo para el país”.

Después de la votación, la atención estadounidense se girará hacia la Cámara de Representantes y su presidente, el republicano Mike Johnson, quien ya convocó a los miembros de la Cámara para que regresen a Washington antes del miércoles, luego de haber vuelto a sus distritos a mediados de septiembre.

El compromiso bipartidista aprobado en el Senado combina tres medidas de financiación anual para distintas agencias con un proyecto de ley provisional que mantendría operativas al resto de las dependencias federales hasta el 30 de enero.

El acuerdo también revertiría más de 4.000 despidos que la Administración Trump había intentado ejecutar al inicio del cierre y prohibiría nuevos recortes hasta finales de enero, ofreciendo un respiro a una fuerza laboral federal afectada por decenas de miles de ceses este año.

Sin embargo, el texto no incluye la extensión de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), que expiran a fin de año y cuyo fin podría elevar los costos médicos para millones de estadounidenses.

Los demócratas habían presionado para incluir esa medida, pero los republicanos se negaron a discutir la política sanitaria antes de la reapertura del Gobierno.

El cierre de Gobierno, el más largo de la historia, seguirá vigente al menos 48 horas más y por el momento ha causado miles de cancelaciones de vuelos, 1.3 millones de trabajadores federales afectados, así como la falta de pago del Programa de Asistencia Alimentaria Suplementaria (SNAP) que beneficia a 42 millones de estadounidenses. EFE

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Agencias

EE.UU. incluye a Petro y sus aliados en la “lista clinton”

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS | COLOMBIA

Según publica hoy el diario N.Y.T. , EE. UU.  ha decidido incluir en la “lista clinton” a Gustavo Petro, presidente de Colombia a su familia y a Benedetti uno de los más cercanos políticos del mandatario colombiano.

De acuerdo a informes preliminares , El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había anunciado que la sanción a Petro y a sus aliados se basaba en que el dirigente del partido (colombia humana)  había permitido el fortalecimiento de grupos narcotraficantes en la producción de drogas desde en 2022 cuando llegó a la presidencia.

Pero , de acuerdo al nyt las sanciones económicas contra el presidente  Gustavo Petro son producto de  las críticas que el líder izquierdista hizo a las acciones militares del gobierno de Donald Trump en el Caribe.

Washington también dijo que sancionaba a la esposa de Petro, a un hijo y a un antiguo aliado político, quien ahora es ministro del Interior de Colombia , Armando Benedetti.

Este tipo de sanciones suelen reservarse a personas acusadas de delitos graves relacionados con el narcotráfico y de violaciones de los derechos humanos , cita el medio neoyorquino.

Petro, un líder político de izquierda, es uno de los pocos dirigentes de América Latina que han criticado abiertamente la decisión de Trump de bombardear barcos en los que viajan personas que, según el gobierno estadounidense, son narcotraficantes. Los bombardeos han causado la muerte de decenas de personas, y Petro ha dicho que entre ellas había colombianos y ha acusado a Estados Unidos de cometer asesinatos.

Trump ha respondido al calificar a Petro como “líder ilegal del narcotráfico” y dijo que le cortaría la ayuda a Colombia. Se destinaron unos 377 millones de dólares a Colombia en el año fiscal 2024, según el Servicio de Investigación del Congreso. Aproximadamente un tercio de ese dinero se destina a la aplicación de la ley y al control de estupefacientes.

El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense, conocida como OFAC, congela todos los activos estadounidenses en poder de las personas sancionadas y bloquea a los ciudadanos estadounidenses para que no hagan negocios con ellas.

El cultivo de coca, producto base de la cocaína, ha aumentado desde que Petro asumió el poder en 2022. También se elevó bajo el mandato de su predecesor, Iván Duque, conservador y aliado cercano de los republicanos en Washington.

El Departamento del Tesoro acusó a Petro de proporcionar “beneficios” a “organizaciones narcoterroristas” y señaló que Colombia estaba “incumpliendo de manera demostrable” sus responsabilidades en materia de control de drogas. El comunicado afirma que Petro se ha aliado con Nicolás Maduro, el autócrata de Venezuela.

Es de recordar que Petro, exmiembro de un grupo rebelde que se desmovilizó en 1990, conocido como M-19 , se dio a conocer en la política colombiana al exponer y denunciar los vínculos entre narcotraficantes y políticos de su país.

Durante mucho tiempo, Petro ha criticado el enfoque de Washington en la lucha contra las drogas en América Latina, y es partidario de una estrategia que se centre más en el desarrollo rural —dándoles a los campesinos que cultivan coca otras oportunidades— que en grandes acciones militares.

En sus discursos, suele responsabilizar parcialmente a los consumidores estadounidenses de cocaína de la violencia que el narcotráfico ha traído a su país. Y utiliza la misma palabra que Trump —“veneno”— para hablar de la cocaína.

Sus críticos de la derecha colombiana han dicho que su enfoque de las drogas es demasiado blando y ha permitido el crecimiento de la industria.

En respuesta al anuncio de sanciones del viernes, Petro dijo en X que su lucha de décadas contra las drogas solo le había traído el castigo de una sociedad a la que había intentado impedir que consumiera cocaína. “Toda una paradoja”, dijo. “Pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”.

Los otros sancionados son la esposa de Petro, Verónica Alcocer; uno de sus hijos, Nicolás Petro; y su ministro del Interior, Armando Benedetti.

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