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Santos dejó en manos de las Farc , miles de hectáreas para producir y traficar coca. Son “santuarios” desde donde opera la criminalidad: Alejandro Ordóñez

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ENTREVISTA A ALEJANDRO ORDOÑEZ

EX PROCURADOR GENERAL Y CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE COLOMBIA

Ya en la carrera hacia la presidencia de la República, el jurista, político y ex Procurador General de la República Alejandro Ordóñez se muestra optimista con respecto a su candidatura y a la capacidad que puede tener la misma para unir al centro y a la derecha en las próximas elecciones y derrotar al oficialismo. Hombre vehemente, sin pelos en la lengua y franco en su discurso, Ordóñez fustiga sin piedad al actual presidente, Juan Manuel Santos, considera ilegítimos los acuerdos con las FARC –porque el pueblo no los apoyó en el plebiscito convocado para refrendarlos- y critica con firmeza la política exterior de su país con respecto a Venezuela. En el actual estado de cosas que vive el país, cualquier escenario se podría aventurar en los próximos comicios y más vale no olvidar a Ordóñez de cara a futuras alianzas o coaliciones. Las cartas están echadas.

Por Ricardo Angoso

@ricardoangoso

ricky.angoso@gmail.com

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“Aspiro a ser el candidato de todo el centro derecha, incluído el Centro Democrático de Uribe”

 “Al frente del gobierno de Venezuela está una banda criminal”

 “Este gobierno dejó que quedaran en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) miles de hectáreas para que siguieran produciendo coca y traficar con las misma; muchas de esas zonas hoy son santuarios desde donde opera la criminalidad”

 “En Venezuela lo que prima es la barbarie, la violencia, la desaparición de las personas, los presos políticos, una auténtica dictadura al servicio de unos criminales que nunca dejaran el poder pacíficamente”

 “En Colombia desde que se legalizó la dosis personal ha habido un creciente aumento en el consumo y en la adicción; hoy en el país hay un millón y medio de adictos a las drogas, según informes oficiales”


 

Ricardo Angoso: ¿Se lanza solo al ruedo a la carrera por la presidencia?

Alejandro Ordóñez: Me lanzo por firmas, solo, pero con la intención de ser el candidato de una gran coalición que agrupe al centro y a la derecha, que sea, claro, la ganadora en las próximas elecciones sin ningún género de dudas.

R.A.: ¿Su candidatura excluye cualquier acuerdo o coalición con el Centro Democrático (CD) de Alvaro Uribe?

A.O.:No, para nada, eso no queda excluido, sino todo lo contrario: aspiro a ser el candidato que represente a toda esa gran coalición. Espero contar para dar esta batalla con el apoyo del CD, de las bases conservadoras, de las reservas militares, de las distintas confesiones religiosas y armar una gran coalición capaz de ganar las próximas elecciones.

R.A.:¿Cuáles son los ejes de su programa político?

A.O.:Hay varios ejes de mi programa político. En primer lugar, protección, fortalecimiento y defensa de la familia impulsando políticas públicas que permitan que pueda cumplir con su vocación educadora en la sociedad. Una democracia sin una familia fuerte, sin valores, en definitiva, es una democracia débil. Como segundo eje programático creo que tenemos que ser capaces de desmontar este Estado confiscatorio que tenemos en el país, ya que cada día que pasa se convierte en un obstáculo mayor para el progreso, para el empresario, para el emprendedor; no debemos olvidar que la mejor camino de hacer más rico y poderoso al Estado es haciendo en primer lugar rico al ciudadano. La terrible carga fiscal que tiene en estos momentos el ciudadano colombiano es insoportable. Vamos a reducir los impuestos, vamos a quitar tantas imposiciones fiscales para que aumenten las inversiones, para que se pueda crear más empleo y haya menos informalidad en el país. Con menos impuestos, se creará más riqueza y eso redundará en beneficios para todos. Esas dos ideas son fundamentales en mi programa: defensa de la familia y menores cargas fiscales.

LA DESASTROSA GESTIÓN DEL PRESIDENTE SANTOS

R.A.:¿Cómo califica la gestión realizada en estos años por el presidente Juan Manuel Santos?

A.O.:Santos le ha hecho mucho daño al país, a la credibilidad, a las instituciones, a la confianza en general. Por eso nos corresponde a nosotros dar un “timonazo” y recuperar la credibilidad, la confianza, y devolverle a la ciudadanía sus derechos. Tenemos que crear las condiciones para que la autoridad y las instituciones estén al servicio de la misma. Ese camino es necesario, hay que dar esa batalla. A nosotros nos corresponde liberar al primer secuestrado de este país que es la ciudadanía. Hay que recuperar la institucionalidad y ponerla de nuevo al servicio de la sociedad, debido a que en estos años se vulneró la misma e incluso no se respetaron muchos aspectos fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional.

Entonces, ponemos en el foco de atención estos tres asuntos fundamentales: familia, impuestos y seguridad. Hoy la seguridad está en entredicho, los ciudadanos desconfían de casi todo. Tenemos inseguridad jurídica, tenemos inseguridad pública, tenemos inseguridad ciudadana…A la gente le da miedo salir a la calle y el bandido, el delincuente, no le tiene miedo a la autoridad. Y nosotros tenemos que revertir esa situación que no se puede sostener. El delincuente tiene que tener respeto y temer a la autoridad para que la gente pueda salir a las calles y ejercer sus derechos.

Incluso me atrevería a decir que la seguridad pública ha empeorado y ello se debe a que aumentaron mucho las miles de hectáreas dedicadas al cultivo de coca. Este gobierno dejó que quedaran en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) miles de hectáreas para que siguieran produciendo coca y traficar con las misma; muchas de esas zonas hoy son santuarios desde donde opera la criminalidad.

Se ha fortalecido el microtráfico, la delincuencia y el crimen organizado debido a estas erróneas políticas de este gobierno porque estas redes no solo se dedican al tráfico de drogas sino que también delinquen, cometiendo numerosos crímenes, extorsiones y secuestos. Esa lacra hay que enfrentarla con unas políticas preventivas, ciudadanas, jurídicas y policiales. El ciudadano tiene que organizarse en sus barios, en sus manzanas, para ayudar a la prevención de los delitos. Pero también el Estado debe fomentar esa responsabilidad del ciudadano para luchar y organizarse contra la actividad criminal. Se tienen que poner, por parte del Estado, los medios técnicos para garantizar la seguridad, pero también hay que ser buenos vecinos y trabajar entre todos para poner fin a esta situación. Igualmente hay que desmontar lo que yo denomino como un populismo judicial que con el pretexto de la protección al ciudadano se termina sacrificando a la víctima y protegiendo al victimario. El ciudadano tiene la sensación de que está abandonado  a su suerte, dejado a merced de los criminales por la propia institucionalidad.

R.A.:Usted es muy crítico con el proceso de paz, ¿qué se debería hacer a este respecto ya que no veo ninguna posibilidad de revertir los acuerdos?

A.O.: Aquí hay una gran deuda con la ciudadanía, con la voluntad popular, por el desconocimiento que se hizo de lo expresado en las urnas por el pueblo. Esa expresión de la ciudadanía ha deslegitimado este proceso. Los desarrollos y acuerdos que emanan del mismo son ilegítimos porque así lo expresó la ciudadanía a través de las urnas. Ya en esta situación la única salida que veo es ir a una constituyente para resolver esa ilegitimidad en la que está el proceso. Pero no debe ser una constituyente para que se haga lo que quieren los señores de las FARC o la izquierda, imponiendo en Colombia, tal como quieren, el “socialismo del siglo XXI”; no, eso no es.  Como esperamos ganar las elecciones, vamos a convocar esa constituyente para saldar esa deuda y así poder restablecer y organizar de una vez por todas nuestra institucionalidad.  Eso no se arregla con ajustes, como dicen algunos, sino con un rediseño a fondo y creo que el órgano adecuado para hacerlo es una constituyente.

EL DEBATE SOBRE EL ABORTO EN COLOMBIA

R.A.:¿Qué planteamiento tiene en su programa con respecto al aborto?

A.O.:Yo siempre defenderé la vida, desde su concepción hasta la muerte natural. No hay nada que deslegitime más a la institucionalidad que abandonar a los más débiles en una sociedad y el más débil, obviamente, es el que ni siquiera ha nacido. Un ordenamiento jurídico que se niega a proteger a los más débiles es ilegítimo, en mi opinión.

R.A.:¿En el caso del aborto se opone en todos los supuestos?

A.O.: Yo lo tengo claro: soy un defensor rotundo de la vida desde su concepción a su muerte natural. Creo que lo que tenemos que hacer es no tratar de imponer determinadas concepciones culturales a toda la sociedad en un país como el nuestro. Creo que hay asuntos como la eutanasia, el aborto y el matrimonio entre homosexuales que no pueden ser impuestos al país por seguir el juego de una cultura al uso que una sociedad tan tradicional como la nuestra no acepta. Luego está la objeción de conciencia; considero que a nadie, bien sean clínicas, centro de salud o médicos, se les puede imponer realizar abortos en contra de su conciencia. Es totalitario que se le quiera imponer a alguien algo que va en contra de su conciencia. Es un debate cultural, pero debe haber respeto a las creencias de los demás y se debe atender, como ya he dicho, la objeción de conciencia.

EL DEBATE SOBRE LA LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS

R.A.:¿Cree que se debería legalizar el consumo de algunas drogas, tal como se ha hecho en Uruguay?

A.O.:En este asunto hay una campaña muy bien organizada por sectores financieros, ideológicos y políticos para que esta idea avance y tratar de legalizar el consumo de drogas desconociendo muchas veces el efecto que eso puede tener en la sociedad. Además, se justifica y se plantea este asunto debido a que la política prohibicionista supuestamente fracasó y entonces, dicen, no hay otra alternativa que la legalización de las drogas. Detrás de este tema hay poderosos intereses financieros que vendrían a ser los grandes beneficiados si se legalizan las drogas, como las fundaciones Ford y Open Society –fundada por el magnate George Soros- so pretexto de defender una supuestas sociedades abiertas. Esas grandes fortunas están detrás de esas campañas mediáticas y políticas, pero creo que  también detrás hay una agenda oculta para en un futuro controlar esos mercados que se derivarían de la legalización de la droga desconociendo los efectos sociales que este enfoque tendría, como antes he explicado.

Por ejemplo, en Colombia desde que se legalizó la dosis personal ha habido un creciente aumento en el consumo y en la adicción; hoy en el país hay un millón y medio de adictos a las drogas, según informes oficiales. Incluso la edad de consumo de drogas por primera vez se ha reducido de los doce años a los ocho. Luego el aumento de la inseguridad en el caso colombiano tiene mucho que ver con las 220.000 hectáreas de coca que tenemos y hemos tolerado que crezcan porque este gobierno lo autorizó, permitió y toleró a las FARC. Habíamos tenido bajo otros gobiernos grandes éxitos en esta materia, habiendo reducido las hectáreas de 190.000 a 40.000, pero bajo este gobierno otra vez el tema se ha descontrolado, tal como aseguran varias instancias internacionales. Las políticas de este gobierno avalando el tráfico que realizan las FARC, el final de las fumigaciones de glifosato y  luego acabando con las políticas prohibicionistas, amén de otros elementos, han dado estos resultados que ahora tenemos, que no son para nada optimistas. El asunto radica en que quien distribuye drogas en los colegios, escuelas y lugares públicos no solo trafica sino que también delinque y comete todo tipo de delitos.

LA CRISIS DE VENEZUELA

R.A.:¿Cómo examina la crisis de Venezuela y cómo cree que puede afectar a Colombia?

A.O.: En esta crisis convergen la crisis humanitaria y política. En la política, hay que reseñar que ha habido una acusada insolidaridad internacional, dramática y cruel. Luego está el drama humanitario de esa crisis política a la que me refería, que solo tiene una salida, en mi opinión,  emplear la presión sobre Caracas con el concierto internacional. Hacer falta pasar a la acción, a la contundencia, como en otras ocasiones, por ejemplo, han hecho los Estados Unidos. Y me refiero, por citar sólo un caso, a lo que se hizo con Noriega en Panamá. Nada cambiará a base de sanciones económicas y marchas populares, y tampoco se prevé que se vaya a fragmentar el ejército, que es parte del narcotráfico existente en Venezuela. Luego, como guinda final, tampoco existe la institucionalidad, al frente del país lo que hay es una banda criminal. Nada se puede esperar de las instituciones, de que haya una salida democrática, de que se respete el disenso, eso no lo hay ahora ni lo habrá en Venezuela mientras siga al frente la banda criminal ligada al narcotráfico que hoy gobierna el país. Allí lo que prima es la barbarie, la violencia, la desaparición de las personas, los presos políticos, una auténtica dictadura al servicio de unos criminales que nunca dejaran el poder pacíficamente.

En lo que respecta a Colombia, la política oficial de la cancillería colombiana ha sido de apoyo hasta que ahora se ha visto, desbordada por los acontecimientos que se viven, a cambiar de discurso con respecto al régimen de Maduro. Pero esa cancillería le apoyó, lo auspició, lo promovió y era tal el grado de confianza y simpatía que le nombró garante en el proceso de paz. Durante años duró esa política pese a las advertencias, las evidencias, las dramáticas protestas, el llamado, en definitiva del pueblo venezolano, a que se pusiera fin a esta brutal dictadura. El gobierno colombiano hizo caso omiso a ese clamor popular y prefirió mirar para otro lado, se deslegitimó ante la opinión pública internacional por una política que no atendía las demandas a la solidaridad con el pueblo venezolano. Ahora estamos viviendo esta desgracia humanitaria derivada de esa política y de la deriva del régimen venezolano. Estos refugiados que llegan muchos son colombianos que emigraron a Venezuela en la época de las vacas gordas, o sus hijos, que ahora regresan a su país en busca de una salida a la grave crisis que vive el país vecino. Colombia debe de darles ayuda, atenderles y socorrerles de la forma que sea precisa.

Pero, a medida que se consolida la tiranía, la dictadura sigue empleando la fuerza; creo que la única salida razonable que tiene la crisis es el uso de la fuerza para cambiar de régimen, no veo otro escenario. Hace falta una acción concertada internacional porque ya en Venezuela no existe la institucionalidad ni la legalidad, y estamos frente a una banda de criminales que se han hecho con en el poder. Este grupo criminal, como ya he dicho, sólo podrá ser sacado por la fuerza, no veo vías pacíficas por ahora ni condiciones para que se dé un cambio democrático si no es de esa forma.

Agencias

En riesgo miles de proyectos en el mundo por cierre de USAID

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS

Washington | A partir del miércoles por la tarde, el Departamento de Estado en Washington envió una oleada de correos electrónicos a todo el mundo, los cuales llegaron a las bandejas de entrada de campos de refugiados, clínicas de tuberculosis, proyectos de vacunación contra la polio y miles de otras organizaciones que recibían financiación crucial de Estados Unidos para salvar vidas.

“Se da fin a esta adjudicación por conveniencia e interés del gobierno estadounidense”, comenzaban.
Las escuetas notas ponían fin a la financiación de unos 5800 proyectos que habían sido financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) , lo que indicó que había terminado el tumultuoso periodo en el que el gobierno de Trump dijo que estaba congelando proyectos para someterlos a una aparente revisión, y que se había terminado cualquier débil esperanza de que la ayuda estadounidense pudiera continuar.

Muchos eran proyectos que habían recibido una exención de la congelación porque el Departamento de Estado había identificado previamente su labor como esencial y salvadora de vidas.
“Morirá gente”, dijo Catherine Kyobutungi, directora ejecutiva del Centro Africano de Investigaciones sobre Población y Salud, “pero nunca lo sabremos, porque se han cortado incluso los programas para contar a los muertos”.

Entre los proyectos suprimidos figuran programas de tratamiento del VIH que habían servido a millones de personas, los principales programas de control de la malaria en los países africanos más afectados y los esfuerzos mundiales para erradicar la poliomielitis.

Estos son algunos de los proyectos que The New York Times ha confirmado que se han cancelado:

• Una subvención de 131 millones de dólares al programa de inmunización contra la polio de UNICEF, que pagaba la planificación, la logística y la entrega de vacunas a millones de niños.

• Un contrato de 90 millones de dólares con la empresa Chemonics para mosquiteros, pruebas y tratamientos contra la malaria que habrían protegido a 53 millones de personas.

• Un proyecto en la República Democrática del Congo que explota la única fuente de agua para 250.000 personas en campos de desplazados situados en el centro del violento conflicto al este del país.

• Todos los costos de funcionamiento y el 10 por ciento del presupuesto para medicamentos del Servicio Farmacéutico Mundial, el principal canal de suministro de medicamentos contra la tuberculosis, que el año pasado proporcionó tratamiento contra la tuberculosis a casi tres millones de personas, incluidos 300.000 niños.

• Proyectos de atención y tratamiento del VIH dirigidos por la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, que proporcionaban medicamentos vitales a 350.000 personas en Lesoto, Tanzania y Esuatini, incluidos 10.000 niños y 10.000 mujeres embarazadas que recibían atención para no transmitir el virus a sus bebés al nacer.

• Un proyecto en Uganda para rastrear los contactos de las personas con ébola, llevar a cabo la vigilancia y enterrar a quienes murieron a causa del virus.

• Un contrato para gestionar y distribuir en Kenia suministros médicos por valor de 34 millones de dólares, incluidos 2,5 millones de tratamientos mensuales contra el VIH, 750.000 pruebas del VIH, 500.000 tratamientos contra la malaria, 6,5 millones de pruebas de malaria y 315.000 mosquiteros antipalúdicos.

• Ochenta y siete refugios que atendieron a 33.000 mujeres víctimas de violación y violencia doméstica en Sudáfrica.

• Un proyecto dirigido por FHI 360 que apoyó los esfuerzos de los trabajadores de salud de la comunidad para ir puerta por puerta en busca de niños desnutridos en Yemen. Recientemente descubrió que uno de cada cinco niños tenía un peso críticamente inferior al normal debido a la guerra civil del país.

• Servicios de salud prenatales y postnatales para 3,9 millones de niños y 5,7 millones de mujeres en Nepal.

• Un proyecto dirigido por la organización Helen Keller Intl en seis países de África occidental que el año pasado proporcionó a más de 35 millones de personas medicamentos para prevenir y tratar enfermedades tropicales desatendidas, como el tracoma, la filariasis linfática, la esquistosomiasis y la oncocercosis.

• Un proyecto en Nigeria que proporciona a 5,6 millones de niños y 1,7 millones de mujeres tratamiento para la desnutrición grave y aguda. La interrupción supone que 77 centros de salud han dejado de tratar por completo a los niños con desnutrición aguda grave, lo que pone a 60.000 niños menores de 5 años en riesgo inmediato de muerte.

• Un proyecto en Sudán que gestiona las únicas clínicas de salud operativas en una de las mayores zonas de la región de Kordofán, lo que interrumpe todos los servicios de salud.

• Un proyecto que atiende a más de 144.000 personas en Bangladés y que proporciona alimentos a mujeres embarazadas desnutridas y vitamina A a los niños.

• Un programa dirigido por la agencia de ayuda PATH, denominado REACH Malaria, que protegió de la enfermedad a más de 20 millones de personas en 10 países de África. Proporcionaba medicamentos contra la malaria a los niños al comienzo de la estación de lluvias.

• Un proyecto dirigido por Plan International que proporcionó medicamentos y otros suministros médicos, atención a la salud, tratamiento de programas de desnutrición, así como agua y saneamiento a 115.000 desplazados o afectados por el conflicto del norte de Etiopía.

• Más de 80 millones de dólares para ONUSIDA, la agencia de las Naciones Unidas, que financió trabajos para ayudar a los países a mejorar el tratamiento del VIH, incluida la recopilación de datos y programas de vigilancia de la prestación de servicios.

• El programa de la Iniciativa Presidencial contra la Malaria, denominado Evolve, que se encargó del control de mosquitos en 21 países mediante métodos que incluyen el aerosol de insecticida en el interior de las viviendas (protegiendo a 12,5 millones de personas el año pasado) y el tratamiento de los lugares de reproducción para matar las larvas.

• Un proyecto que proporciona tratamiento contra el VIH y la tuberculosis a 46.000 personas en Uganda, dirigido por la Fundación Infantil del Baylor College of Medicine, Uganda.

• Smart4TB, el principal consorcio de investigación que trabaja en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis.

• Las Encuestas Demográficas y de Salud, un proyecto de recogida de datos en 90 países que fueron fuentes cruciales, y en ocasiones las únicas, de información sobre salud y mortalidad materno-infantil, nutrición, salud reproductiva e infecciones por VIH, entre otros muchos indicadores de salud. El proyecto fue también la base de presupuestos y planificación.

Publicado en N.YT.

Stephanie Nolen es reportera de salud global para el Times. 

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Agencias

No es tiempo de distraerse

Francisco

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EP NEW YORK  | EE.UU.

No te distraigas. No te agobies. No te paralices ni te dejes arrastrar por el caos que el presidente Trump y sus aliados están creando a propósito con el volumen y la velocidad de las órdenes ejecutivas; el esfuerzo por desmantelar el gobierno federal; los ataques performativos contra los migrantes, las personas trans y el concepto de diversidad; las exigencias de que otros países acepten a los estadounidenses como sus nuevos soberanos y la vertiginosa sensación de que la Casa Blanca podría hacer o decir cualquier cosa en cualquier momento. Todo ello pretende mantener a Estados Unidos en vilo para que el presidente Trump pueda avanzar a toda velocidad en su afán por conseguir el máximo poder ejecutivo, para que nadie pueda detener la agenda osada, mal concebida y a menudo ilegal que impulsa su gobierno. Por favor, no te desconectes.

Hay que seguirle la pista a las acciones de esta presidencia y, cuando traspasen los límites morales o legales, hay que cuestionarlas, con valentía y reflexión, con la confianza de que el sistema de controles y equilibrios de la nación estará a la altura de las circunstancias. Hay motivos de preocupación en ese frente, por supuesto. El Congreso, controlado por los republicanos, hasta ahora ha abdicado de su papel como rama coigualitaria del gobierno, desde permitir que sus leyes y directivas de gasto sean sistemáticamente desechadas hasta consentir temerosamente que el presidente llene su gabinete de personajes leales, erráticos y no cualificados. Gran parte de la sociedad civil —desde la comunidad empresarial hasta las universidades, pasando por una parte de los medios de comunicación corporativos— ha permanecido inquietantemente callada, incluso condescendiente.

Pero también hay signos alentadores. Los tribunales, el control más importante sobre un presidente que pretende ampliar sus poderes legalmente autorizados y eliminar cualquier barrera de protección, han resistido hasta ahora y han bloqueado varias iniciativas de Trump. Los estados también han tomado medidas, pues varios fiscales generales demócratas han iniciado demandas contra los intentos de Trump de congelar la financiación de subvenciones federales y terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y han prometido luchar contra el acceso del equipo de Elon Musk a los sistemas de pago federales que contienen información personal.

Los funcionarios estatales o locales también están defendiendo sus leyes frente a las redadas federales contra la migración y luchando contra la orden ejecutiva de Trump que prohíbe la atención médica de afirmación de género a los niños trans. Y las organizaciones periodísticas de mentalidad independiente han seguido informando de forma excelente sobre la inundación de excesos de estos primeros días, aportando información esencial al público.

Nada de esto quiere decir que Trump no deba tener la oportunidad de gobernar. Setenta y siete millones de estadounidenses votaron para que Trump volviera a la Casa Blanca, y el Partido Republicano, ahora totalmente rehecho al servicio del movimiento MAGA, tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso. Las elecciones, se suele decir, tienen consecuencias. Pero ¿esta revisión inconstitucional del gobierno estadounidense —mucho más amplia, descuidada y cruel que todo aquello por lo que hizo campaña— es realmente lo que los votantes querían? ¿Poner en peligro el sistema estadounidense de controles y equilibrios, sus alianzas y su seguridad nacional? Porque, más allá de las bravatas, eso es lo que Trump, Musk y sus partidarios están haciendo.

Transcurridas tres semanas del segundo mandato de Trump, aquí ofrecemos un puñado de las cosas a las que los estadounidenses no pueden ignorar:

El dominio ejecutivo de Elon Musk.

El problema no es que Musk no haya sido elegido, sino que está infringiendo la ley. Sin ser siquiera un funcionario a tiempo completo, está intentando cerrar o desmantelar unilateralmente agencias y departamentos federales enteros, ignorando los mandatos del Congreso, lo que está prohibido por la Constitución. Él y su equipo están detrás de las ofertas de indemnización anunciadas para millones de funcionarios —incluida toda la plantilla de la CIA— y han forzado de manera efectiva la salida de altos funcionarios a los que no tienen poder para despedir.

Ha emprendido la misión de arrasar los sistemas de pago confidenciales del gobierno con el regocijo de un anarquista, decidiendo por su cuenta qué aspectos del gasto federal son legítimos y sustituyendo cualquier esfuerzo por comprender las funciones gubernamentales que está debilitando por su instintiva adopción de teorías de la conspiración.

Tanto el presidente como Musk parecen disfrutar el hecho de que la mayoría de sus acciones sean evidentemente ilegales, con lo que desafían a los tribunales a intervenir y detenerlas, basándose en la teoría de que, para empezar, esas leyes están equivocadas. Al mismo tiempo, la persona que está dirigiendo este esfuerzo es el hombre más rico del mundo, quien sigue teniendo intereses en sus empresas privadas, que el gobierno federal regula y con las que hace negocios por un valor de miles de millones de dólares. Es un nivel de conflicto de intereses como no hemos visto en la era moderna.

El gobierno contra los funcionarios públicos (también conocidos como los enemigos de Trump). Además del despido de más de una decena de miembros de la fiscalía de Washington que habían trabajado en casos relacionados con los disturbios del 6 de enero de 2021, el gobierno de Trump empezó a recopilar los nombres de miles de miembros del FBI que ayudaron a investigar delitos relacionados con el ataque al Capitolio. Varios funcionarios de alto rango de la agencia ya han sido despedidos.

La medida ofreció un primer atisbo de cómo Trump y su nominado para dirigir el FBI, Kash Patel —quien publicó una lista literal de enemigos de los miembros del “Estado profundo del poder ejecutivo”— podrían utilizar las fuerzas de seguridad federales contra los oponentes políticos del presidente. En lo que quizá sea la advertencia más inquietante a quien se le ocurra cuestionarlo o desafiarlo, Trump despojó a varios de sus antiguos asesores de la protección de seguridad que se consideraba necesaria dadas las amenazas creíbles del gobierno iraní de asesinarlos por acciones que llevaron a cabo bajo su orden directa.

Los desplantes imperiales del presidente y los ataques a nuestros aliados. Trump ha pasado semanas sugiriendo evasivamente que Estados Unidos está a punto de apoderarse ilegalmente de territorios en tres continentes, dejando a su paso diversas olas de consternación. Luego están sus aranceles, planeados desde hace tiempo y aparentemente legales, aunque extremadamente desaconsejados.

Todas las amenazas e insultos le han valido a Trump algunas concesiones a corto plazo, pero es probable que ninguna de ellas fortalezca la economía de Estados Unidos ni le dé al país más seguridad en el escenario mundial. Pisotear alianzas centenarias perjudicará a los países afectados, pero también podría comprometer la seguridad nacional, elevar el precio de productos, alterar el comercio mundial y beneficiar a adversarios como China y Rusia, deseosos de llenar el vacío de unos Estados Unidos cada vez menos confiable.

La salud pública en peligro.

Robert F. Kennedy Jr., quien abiertamente es un escéptico de las vacunas, aún no ha sido confirmado como secretario de Salud y Servicios Humanos de Trump. Pero el gobierno ya está tomando medidas para debilitar y derribar las protecciones de la salud pública y mundial. El jueves, el Times informó que el gobierno planea reducir la plantilla de más de 10.000 estadounidenses de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) a solo unas 300 personas, y cancelar casi 800 adjudicaciones y contratos que la agencia administraba. El presidente —y mucho menos Musk— no puede cerrar una agencia federal sin el voto del Congreso.

Hacerlo también es ilegal de acuerdo a la Constitución. Más de la mitad del gasto de la USAID en 2023 se destinó a programas de salud que buscaban detener la propagación de enfermedades como la poliomielitis, el ébola, la tuberculosis, el VIH/sida y la malaria, o a la ayuda humanitaria para responder a emergencias y contribuir a estabilizar regiones asoladas por la guerra. Si te preocupa prevenir la próxima pandemia o las presiones de la migración mundial, USAID es una inversión que deberías desear que Estados Unidos haga.

El bombardeo del presidente contra los derechos civiles.

Trump ha emitido una avalancha de órdenes ejecutivas y pronunciamientos que hacen retroceder décadas de progreso en materia de derechos civiles y a menudo desafían abiertamente la Constitución. Ha puesto en el punto de mira especialmente a los estadounidenses trans y ha amenazado la financiación federal de las escuelas públicas que no se adhieran a la ideología de derecha sobre cómo se debe hablar sobre la historia y cuestiones raciales.

También, casi a diario, ha encontrado excusas para arremeter contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión e incluso llegó a culpar a la DEI del accidente aéreo del 29 de enero en Washington e insinuando enérgicamente que cualquier controlador aéreo que sea mujer o no sea blanco es inferior y se le ha dado trabajo por razones equivocadas. Y la nueva fiscal general, Pam Bondi, anunció el miércoles que las empresas privadas que decidan mantener sus propias políticas de diversidad e inclusión podrían ser objeto de “investigaciones criminales”.

Estados Unidos se enfrenta a una nueva realidad, y exige sabiduría, resistencia y valentía. Estados Unidos está dirigido por un presidente que parece dispuesto a pasar por encima de cualquier persona, ley, estatuto del Congreso o país que se interponga en su camino. Se deja llevar por los impulsos y no tiene interés por las normas, la historia o la realidad.

La forma en que los estadounidenses y el mundo traten a un presidente así determinará gran parte de los próximos cuatro años, y nos exigirá mucho a todos nosotros. Debemos estar a la altura del momento. Trump ganó las elecciones limpiamente, pero su posición es la de presidente, no la de rey o Dios emperador. Cada vez que el Congreso le permite sobrepasar su función constitucional, fomenta un comportamiento más antidemocrático y debilita la capacidad del poder legislativo para frenar una mayor erosión de las normas y valores que han contribuido a hacer de esta nación la más libre, rica y fuerte del mundo.

Publicado en NYT

 

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Agencias

Desafíos y perspectivas de Trump en su segundo período presidencial

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS

Trump firma órdenes para reformar la seguridad fronteriza, pero sus planes enfrentarán desafíos

WASHINGTON  — El presidente Donald Trump firmó el lunes órdenes ejecutivas para reforzar la seguridad en la frontera sur, las cuales comenzaron a surtir efecto horas después de su investidura, cumpliendo con su principal promesa política de endurecer las medidas de inmigración y marcando otro cambio drástico en la política de la Casa Blanca sobre este tema divisivo.

Algunas de las órdenes reviven políticas de su primer mandato que fueron revertidas por su predecesor, como obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México y terminar la construcción del muro fronterizo. Otras marcan nuevas estrategias radicales, como su propuesta de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, involucrar al ejército en labores de seguridad fronteriza y dar fin al uso de una aplicación implementada durante la era del presidente Joe Biden que facilitó el ingreso de casi un millón de migrantes al país.

La ejecución real de una agenda de inmigración tan amplia seguramente enfrentará desafíos jurídicos y logísticos. Y hasta el momento se han dado a conocer pocos detalles.

Pero en una muestra concreta de cómo ya se implementaban los cambios, los migrantes que tenían citas para ingresar a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One vieron cómo fueron canceladas pocos minutos después de que Trump asumió el cargo. Además, México acordó permitir que las personas que pidan asilo en Estados Unidos permanezcan al sur de la frontera estadounidense mientras se resuelven sus procesos en la corte.

“Declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Todo ingreso ilegal se detendrá de inmediato, y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, sostuvo Trump entre una fuerte ovación durante su discurso de investidura.

La aplicación CBP One desaparece

El sistema de lotería en línea otorgaba citas a 1.450 personas al día en ocho cruces fronterizos para ingresar con un permiso condicional, el cual Joe Biden utilizó más que cualquier otro presidente estadounidense. Era una pieza fundamental de la estrategia fronteriza del gobierno de Biden para crear nuevas vías de inmigración mientras se tomaban medidas enérgicas contra las personas que ingresaban ilegalmente.

Los partidarios dicen que puso orden a una frontera caótica. Los detractores afirman que fue un imán para que más personas vinieran. Para el mediodía del lunes, había desaparecido.

Algunos migrantes que hace unas semanas habían obtenido las codiciadas citas, se enteraron el lunes que habían sido canceladas. Entre ellas estaban Melanie Mendoza, de 21 años, y su novio. Ella dijo que dejaron Venezuela hace más de un año, gastando más de 4.000 dólares y viajando durante un mes, incluidos tres días caminando. Mendoza admitió no saber qué hacer ahora que se encuentran en la ciudad mexicana de Tijuana, al otro lado de la frontera de San Diego.

México accede a recibir de nuevo a migrantes

El gobierno de Trump restablece su política de “Permanecer en México”, la cual obligó en su primer mandato a 70.000 solicitantes de asilo a esperar allí a que llegara la fecha de audiencia en las cortes migratorias de Estados Unidos.

México, un país crucial para cualquier plan estadounidense para limitar la inmigración ilegal, indicó el lunes que está dispuesto a recibir a quienes solicitan asilo en Estados Unidos al tiempo que enfatizó que debería haber una aplicación en línea que les permita programar citas en la frontera estadounidense.

Algunos activistas dicen que la política puso a los migrantes en un riesgo extremo en el norte de México.
“Esto es un déjà vu del peor tipo”, dijo Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y directora general de Global Refuge. Señaló que políticas como “Permanecer en México” han “exacerbado las condiciones en la frontera, a la vez que hacen poco para abordar las razones por las que los migrantes dejan sus hogares en primer lugar.

El derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento

Cualquier persona nacida en Estados Unidos se convierte automáticamente en ciudadano estadounidense, incluidos los niños nacidos de alguien que esté en el país ilegalmente o con una visa de turista o estudiante.

Es un derecho consagrado en la 14ta Enmienda, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y que garantizó la ciudadanía para todos, incluidas las personas negras.

La medida seguramente enfrentará significativas impugnaciones legales. Se refirió a ese concepto como“ridículo” mientras firmaba la orden ejecutiva en el Despacho Oval. “Tenemos muy buenos fundamentos. La gente ha querido hacer esto durante décadas”, dijo Trump.

Migrantes temen deportaciones a gran escala.

Trump tomó medidas para cumplir con su promesa de deportar a por lo menos 11 millones de personas que viven en el país sin autorización legal. Revirtió varias órdenes de Biden en materia de inmigración, incluida una que limitaba las prioridades de deportación a personas que cometieron delitos graves, sean consideradas una amenaza a la seguridad nacional o fueron detenidas en la frontera. Retorna a la política de su primer mandato de que todos los que están sin autorización en el país son una prioridad.

Tom Homan, el “zar fronterizo” de Trump, ha dicho en repetidas ocasiones que el gobierno irá primero tras los criminales, pero no dudará en arrestar a otros.

Rocío, una madre soltera de 43 años originaria de México que vive en el sur de Florida, dijo que está preocupada por su hijo de 13 años. Su padre fue deportado cuando el niño era un bebé, y él teme que ahora le pueda pasar lo mismo a ella. Rocío, quien pidió ser identificada únicamente por su primer nombre por miedo a ser detenida, indicó que le preocupa conducir sin licencia pero necesita trabajar para sobrevivir.

Mayor participación militar en la seguridad fronteriza y Cárteles como organizaciones terroristas extranjeras

El gobierno de Trump designó a los cárteles criminales como organizaciones terroristas extranjeras, y apunta específicamente a la pandilla venezolana Tren de Aragua y a la MS-13, y expulsar a sus miembros de Estados Unidos.

MS-13 es una pandilla transnacional que se originó en Los Ángeles y desde entonces ha ganado influencia en gran parte de Centroamérica. Tren de Aragua era una pandilla callejera nacida en Venezuela, pero se ha convertido en una amenaza incluso en suelo estadounidense

Suspensión de permisos para refugiados

Trump también suspendió el reasentamiento de refugiados durante cuatro meses, dijo el funcionario. Durante décadas, el programa ha permitido que cientos de miles de personas que huyen de la guerra y la persecución en todo el mundo lleguen a Estados Unidos.

Trump suspendió de manera similar el programa de refugiados al comienzo de su primer mandato, y luego de reinstaurarlo, redujo los números de refugiados que serían admitidos en el país. En el gobierno de Biden, el programa se reconstruyó hasta el punto de que el año pasado se reasentaron unos 100.000 refugiados

Trump ordenará al gobierno, con la ayuda del Departamento de Defensa, que “termine” la construcción del muro fronterizo y enviará a elementos de las fuerzas armadas a la frontera, dijo un funcionario del gobierno entrante.

El funcionario no dijo a cuántos elementos tenía planeado desplegar Trump, recalcando que la cifra será decisión del secretario de Defensa, o que labores desempeñarán en la frontera.

Enviar soldados a la frontera es una estrategia que Trump ha utilizado antes, al igual que Biden.

Iniciativas de género y diversidad, equidad e inclusión

Establecer definiciones de sexo biológico para los trabajadores del gobierno federal y como parte de las directrices modificadas del Título IX para las escuelas.

Eliminar las protecciones para las personas transgénero en las prisiones federales.

Eliminar las protecciones para los migrantes transgénero que se hallan bajo custodia estadounidense.

Con información de AP

 

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