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Santos dejó en manos de las Farc , miles de hectáreas para producir y traficar coca. Son “santuarios” desde donde opera la criminalidad: Alejandro Ordóñez

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ENTREVISTA A ALEJANDRO ORDOÑEZ

EX PROCURADOR GENERAL Y CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE COLOMBIA

Ya en la carrera hacia la presidencia de la República, el jurista, político y ex Procurador General de la República Alejandro Ordóñez se muestra optimista con respecto a su candidatura y a la capacidad que puede tener la misma para unir al centro y a la derecha en las próximas elecciones y derrotar al oficialismo. Hombre vehemente, sin pelos en la lengua y franco en su discurso, Ordóñez fustiga sin piedad al actual presidente, Juan Manuel Santos, considera ilegítimos los acuerdos con las FARC –porque el pueblo no los apoyó en el plebiscito convocado para refrendarlos- y critica con firmeza la política exterior de su país con respecto a Venezuela. En el actual estado de cosas que vive el país, cualquier escenario se podría aventurar en los próximos comicios y más vale no olvidar a Ordóñez de cara a futuras alianzas o coaliciones. Las cartas están echadas.

Por Ricardo Angoso

@ricardoangoso

ricky.angoso@gmail.com

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“Aspiro a ser el candidato de todo el centro derecha, incluído el Centro Democrático de Uribe”

 “Al frente del gobierno de Venezuela está una banda criminal”

 “Este gobierno dejó que quedaran en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) miles de hectáreas para que siguieran produciendo coca y traficar con las misma; muchas de esas zonas hoy son santuarios desde donde opera la criminalidad”

 “En Venezuela lo que prima es la barbarie, la violencia, la desaparición de las personas, los presos políticos, una auténtica dictadura al servicio de unos criminales que nunca dejaran el poder pacíficamente”

 “En Colombia desde que se legalizó la dosis personal ha habido un creciente aumento en el consumo y en la adicción; hoy en el país hay un millón y medio de adictos a las drogas, según informes oficiales”


 

Ricardo Angoso: ¿Se lanza solo al ruedo a la carrera por la presidencia?

Alejandro Ordóñez: Me lanzo por firmas, solo, pero con la intención de ser el candidato de una gran coalición que agrupe al centro y a la derecha, que sea, claro, la ganadora en las próximas elecciones sin ningún género de dudas.

R.A.: ¿Su candidatura excluye cualquier acuerdo o coalición con el Centro Democrático (CD) de Alvaro Uribe?

A.O.:No, para nada, eso no queda excluido, sino todo lo contrario: aspiro a ser el candidato que represente a toda esa gran coalición. Espero contar para dar esta batalla con el apoyo del CD, de las bases conservadoras, de las reservas militares, de las distintas confesiones religiosas y armar una gran coalición capaz de ganar las próximas elecciones.

R.A.:¿Cuáles son los ejes de su programa político?

A.O.:Hay varios ejes de mi programa político. En primer lugar, protección, fortalecimiento y defensa de la familia impulsando políticas públicas que permitan que pueda cumplir con su vocación educadora en la sociedad. Una democracia sin una familia fuerte, sin valores, en definitiva, es una democracia débil. Como segundo eje programático creo que tenemos que ser capaces de desmontar este Estado confiscatorio que tenemos en el país, ya que cada día que pasa se convierte en un obstáculo mayor para el progreso, para el empresario, para el emprendedor; no debemos olvidar que la mejor camino de hacer más rico y poderoso al Estado es haciendo en primer lugar rico al ciudadano. La terrible carga fiscal que tiene en estos momentos el ciudadano colombiano es insoportable. Vamos a reducir los impuestos, vamos a quitar tantas imposiciones fiscales para que aumenten las inversiones, para que se pueda crear más empleo y haya menos informalidad en el país. Con menos impuestos, se creará más riqueza y eso redundará en beneficios para todos. Esas dos ideas son fundamentales en mi programa: defensa de la familia y menores cargas fiscales.

LA DESASTROSA GESTIÓN DEL PRESIDENTE SANTOS

R.A.:¿Cómo califica la gestión realizada en estos años por el presidente Juan Manuel Santos?

A.O.:Santos le ha hecho mucho daño al país, a la credibilidad, a las instituciones, a la confianza en general. Por eso nos corresponde a nosotros dar un “timonazo” y recuperar la credibilidad, la confianza, y devolverle a la ciudadanía sus derechos. Tenemos que crear las condiciones para que la autoridad y las instituciones estén al servicio de la misma. Ese camino es necesario, hay que dar esa batalla. A nosotros nos corresponde liberar al primer secuestrado de este país que es la ciudadanía. Hay que recuperar la institucionalidad y ponerla de nuevo al servicio de la sociedad, debido a que en estos años se vulneró la misma e incluso no se respetaron muchos aspectos fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional.

Entonces, ponemos en el foco de atención estos tres asuntos fundamentales: familia, impuestos y seguridad. Hoy la seguridad está en entredicho, los ciudadanos desconfían de casi todo. Tenemos inseguridad jurídica, tenemos inseguridad pública, tenemos inseguridad ciudadana…A la gente le da miedo salir a la calle y el bandido, el delincuente, no le tiene miedo a la autoridad. Y nosotros tenemos que revertir esa situación que no se puede sostener. El delincuente tiene que tener respeto y temer a la autoridad para que la gente pueda salir a las calles y ejercer sus derechos.

Incluso me atrevería a decir que la seguridad pública ha empeorado y ello se debe a que aumentaron mucho las miles de hectáreas dedicadas al cultivo de coca. Este gobierno dejó que quedaran en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) miles de hectáreas para que siguieran produciendo coca y traficar con las misma; muchas de esas zonas hoy son santuarios desde donde opera la criminalidad.

Se ha fortalecido el microtráfico, la delincuencia y el crimen organizado debido a estas erróneas políticas de este gobierno porque estas redes no solo se dedican al tráfico de drogas sino que también delinquen, cometiendo numerosos crímenes, extorsiones y secuestos. Esa lacra hay que enfrentarla con unas políticas preventivas, ciudadanas, jurídicas y policiales. El ciudadano tiene que organizarse en sus barios, en sus manzanas, para ayudar a la prevención de los delitos. Pero también el Estado debe fomentar esa responsabilidad del ciudadano para luchar y organizarse contra la actividad criminal. Se tienen que poner, por parte del Estado, los medios técnicos para garantizar la seguridad, pero también hay que ser buenos vecinos y trabajar entre todos para poner fin a esta situación. Igualmente hay que desmontar lo que yo denomino como un populismo judicial que con el pretexto de la protección al ciudadano se termina sacrificando a la víctima y protegiendo al victimario. El ciudadano tiene la sensación de que está abandonado  a su suerte, dejado a merced de los criminales por la propia institucionalidad.

R.A.:Usted es muy crítico con el proceso de paz, ¿qué se debería hacer a este respecto ya que no veo ninguna posibilidad de revertir los acuerdos?

A.O.: Aquí hay una gran deuda con la ciudadanía, con la voluntad popular, por el desconocimiento que se hizo de lo expresado en las urnas por el pueblo. Esa expresión de la ciudadanía ha deslegitimado este proceso. Los desarrollos y acuerdos que emanan del mismo son ilegítimos porque así lo expresó la ciudadanía a través de las urnas. Ya en esta situación la única salida que veo es ir a una constituyente para resolver esa ilegitimidad en la que está el proceso. Pero no debe ser una constituyente para que se haga lo que quieren los señores de las FARC o la izquierda, imponiendo en Colombia, tal como quieren, el “socialismo del siglo XXI”; no, eso no es.  Como esperamos ganar las elecciones, vamos a convocar esa constituyente para saldar esa deuda y así poder restablecer y organizar de una vez por todas nuestra institucionalidad.  Eso no se arregla con ajustes, como dicen algunos, sino con un rediseño a fondo y creo que el órgano adecuado para hacerlo es una constituyente.

EL DEBATE SOBRE EL ABORTO EN COLOMBIA

R.A.:¿Qué planteamiento tiene en su programa con respecto al aborto?

A.O.:Yo siempre defenderé la vida, desde su concepción hasta la muerte natural. No hay nada que deslegitime más a la institucionalidad que abandonar a los más débiles en una sociedad y el más débil, obviamente, es el que ni siquiera ha nacido. Un ordenamiento jurídico que se niega a proteger a los más débiles es ilegítimo, en mi opinión.

R.A.:¿En el caso del aborto se opone en todos los supuestos?

A.O.: Yo lo tengo claro: soy un defensor rotundo de la vida desde su concepción a su muerte natural. Creo que lo que tenemos que hacer es no tratar de imponer determinadas concepciones culturales a toda la sociedad en un país como el nuestro. Creo que hay asuntos como la eutanasia, el aborto y el matrimonio entre homosexuales que no pueden ser impuestos al país por seguir el juego de una cultura al uso que una sociedad tan tradicional como la nuestra no acepta. Luego está la objeción de conciencia; considero que a nadie, bien sean clínicas, centro de salud o médicos, se les puede imponer realizar abortos en contra de su conciencia. Es totalitario que se le quiera imponer a alguien algo que va en contra de su conciencia. Es un debate cultural, pero debe haber respeto a las creencias de los demás y se debe atender, como ya he dicho, la objeción de conciencia.

EL DEBATE SOBRE LA LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS

R.A.:¿Cree que se debería legalizar el consumo de algunas drogas, tal como se ha hecho en Uruguay?

A.O.:En este asunto hay una campaña muy bien organizada por sectores financieros, ideológicos y políticos para que esta idea avance y tratar de legalizar el consumo de drogas desconociendo muchas veces el efecto que eso puede tener en la sociedad. Además, se justifica y se plantea este asunto debido a que la política prohibicionista supuestamente fracasó y entonces, dicen, no hay otra alternativa que la legalización de las drogas. Detrás de este tema hay poderosos intereses financieros que vendrían a ser los grandes beneficiados si se legalizan las drogas, como las fundaciones Ford y Open Society –fundada por el magnate George Soros- so pretexto de defender una supuestas sociedades abiertas. Esas grandes fortunas están detrás de esas campañas mediáticas y políticas, pero creo que  también detrás hay una agenda oculta para en un futuro controlar esos mercados que se derivarían de la legalización de la droga desconociendo los efectos sociales que este enfoque tendría, como antes he explicado.

Por ejemplo, en Colombia desde que se legalizó la dosis personal ha habido un creciente aumento en el consumo y en la adicción; hoy en el país hay un millón y medio de adictos a las drogas, según informes oficiales. Incluso la edad de consumo de drogas por primera vez se ha reducido de los doce años a los ocho. Luego el aumento de la inseguridad en el caso colombiano tiene mucho que ver con las 220.000 hectáreas de coca que tenemos y hemos tolerado que crezcan porque este gobierno lo autorizó, permitió y toleró a las FARC. Habíamos tenido bajo otros gobiernos grandes éxitos en esta materia, habiendo reducido las hectáreas de 190.000 a 40.000, pero bajo este gobierno otra vez el tema se ha descontrolado, tal como aseguran varias instancias internacionales. Las políticas de este gobierno avalando el tráfico que realizan las FARC, el final de las fumigaciones de glifosato y  luego acabando con las políticas prohibicionistas, amén de otros elementos, han dado estos resultados que ahora tenemos, que no son para nada optimistas. El asunto radica en que quien distribuye drogas en los colegios, escuelas y lugares públicos no solo trafica sino que también delinque y comete todo tipo de delitos.

LA CRISIS DE VENEZUELA

R.A.:¿Cómo examina la crisis de Venezuela y cómo cree que puede afectar a Colombia?

A.O.: En esta crisis convergen la crisis humanitaria y política. En la política, hay que reseñar que ha habido una acusada insolidaridad internacional, dramática y cruel. Luego está el drama humanitario de esa crisis política a la que me refería, que solo tiene una salida, en mi opinión,  emplear la presión sobre Caracas con el concierto internacional. Hacer falta pasar a la acción, a la contundencia, como en otras ocasiones, por ejemplo, han hecho los Estados Unidos. Y me refiero, por citar sólo un caso, a lo que se hizo con Noriega en Panamá. Nada cambiará a base de sanciones económicas y marchas populares, y tampoco se prevé que se vaya a fragmentar el ejército, que es parte del narcotráfico existente en Venezuela. Luego, como guinda final, tampoco existe la institucionalidad, al frente del país lo que hay es una banda criminal. Nada se puede esperar de las instituciones, de que haya una salida democrática, de que se respete el disenso, eso no lo hay ahora ni lo habrá en Venezuela mientras siga al frente la banda criminal ligada al narcotráfico que hoy gobierna el país. Allí lo que prima es la barbarie, la violencia, la desaparición de las personas, los presos políticos, una auténtica dictadura al servicio de unos criminales que nunca dejaran el poder pacíficamente.

En lo que respecta a Colombia, la política oficial de la cancillería colombiana ha sido de apoyo hasta que ahora se ha visto, desbordada por los acontecimientos que se viven, a cambiar de discurso con respecto al régimen de Maduro. Pero esa cancillería le apoyó, lo auspició, lo promovió y era tal el grado de confianza y simpatía que le nombró garante en el proceso de paz. Durante años duró esa política pese a las advertencias, las evidencias, las dramáticas protestas, el llamado, en definitiva del pueblo venezolano, a que se pusiera fin a esta brutal dictadura. El gobierno colombiano hizo caso omiso a ese clamor popular y prefirió mirar para otro lado, se deslegitimó ante la opinión pública internacional por una política que no atendía las demandas a la solidaridad con el pueblo venezolano. Ahora estamos viviendo esta desgracia humanitaria derivada de esa política y de la deriva del régimen venezolano. Estos refugiados que llegan muchos son colombianos que emigraron a Venezuela en la época de las vacas gordas, o sus hijos, que ahora regresan a su país en busca de una salida a la grave crisis que vive el país vecino. Colombia debe de darles ayuda, atenderles y socorrerles de la forma que sea precisa.

Pero, a medida que se consolida la tiranía, la dictadura sigue empleando la fuerza; creo que la única salida razonable que tiene la crisis es el uso de la fuerza para cambiar de régimen, no veo otro escenario. Hace falta una acción concertada internacional porque ya en Venezuela no existe la institucionalidad ni la legalidad, y estamos frente a una banda de criminales que se han hecho con en el poder. Este grupo criminal, como ya he dicho, sólo podrá ser sacado por la fuerza, no veo vías pacíficas por ahora ni condiciones para que se dé un cambio democrático si no es de esa forma.

Agencias

Corte Suprema de EE.UU. pone fin a TPS para venezolanos

Francisco

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EP NEW YORK | FL NEWS | TPS

El 19 de mayo , la Corte Suprema permitió al gobierno de Donald Trump retirar, por el momento, la protección a casi 350.000 migrantes venezolanos a los que se había permitido permanecer en Estados Unidos sin riesgo de deportación en virtud de un programa conocido como Estatus de Protección Temporal.

La escueta orden de la corte no estaba firmada ni explicaba sus razones, algo habitual cuando los jueces se pronuncian sobre solicitudes de emergencia. No se incluyó el conteo de votos, aunque la jueza Ketanji Brown Jackson señaló que habría denegado la solicitud del gobierno.

Los jueces anunciaron que permitirían que el gobierno de Trump pusiera fin a las protecciones hasta que se apelara el caso, lo que potencialmente podría permitirle continuar con las deportaciones. Sin embargo, los jueces también aclararon que mantendrían la capacidad de los migrantes de presentar recursos legales en algunas instancias, como si el gobierno intentaba cancelar sus permisos de trabajo.

En un caso distinto, los jueces criticaron el viernes al gobierno de Trump por tratar de dar solo un día de notificación a un grupo diferente de migrantes venezolanos en Texas que había estado tratando de deportar con los poderes expansivos de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra del siglo XVIII. La gestión de Trump ha acusado a ese grupo de migrantes de ser miembros de la violenta banda Tren de Aragua.

La orden del lunes afecta a un grupo mucho más amplio de venezolanos que viven actualmente en Estados Unidos de forma legal bajo los términos de un programa de la era Biden.

La corte ha visto inundada con solicitudes derivadas del bombardeo de órdenes ejecutivas del presidente Trump, muchas de ellas buscando suspender o limitar fallos de tribunales que bloquean la agresiva agenda del gobierno, especialmente en materia de migración.

Ahilan Arulanantham, un abogado que representa a los migrantes que desafían al gobierno de Trump, calificó la decisión de la corte de “en verdad terrible”, especialmente porque fue anunciada “en una orden de dos párrafos sin ningún razonamiento”.

“Se trata de la mayor acción individual de privación de la condición de migrante a un grupo de no ciudadanos en la historia moderna de Estados Unidos”, dijo Arulanantham. “El impacto humanitario y económico de la decisión de la corte se sentirá de inmediato, y repercutirá por generaciones”.
<span;>Este caso comenzó en febrero, cuando Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, puso fin a una prórroga de 18 meses del Estatus de Protección Temporal que el gobierno de Joe Biden había concedido a los venezolanos. Las personas afectadas por el cambio presentaron una demanda, alegando que la medida violaba los procedimientos administrativos y estaba motivada por prejuicios raciales.

En marzo, el juez Edward M. Chen, del Tribunal Federal de Distrito de San Francisco, bloqueó los esfuerzos del gobierno por eliminar las protecciones mientras el caso avanzaba. Dijo que los demandantes habían demostrado que tenían probabilidades de éxito al demostrar que las acciones de Noem “no estaban autorizadas por la ley, eran arbitrarias y veleidosas, y estaban motivadas por una animadversión inconstitucional”.

Chen consideró que poner fin a la iniciativa causaría daños irreparables “a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia resultarían gravemente trastornados, costaría a Estados Unidos miles de millones en actividad económica y perjudicaría la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó la petición del gobierno de suspender el fallo de Chen.

El programa de Estatus de Protección Temporal, promulgado por el Congreso y convertido en ley por el presidente George H. W. Bush, permite a los migrantes de naciones que han sufrido desastres nacionales, conflictos armados u otras inestabilidades extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Trump ha intentado poner fin a las protecciones del programa, en un intento de cumplir su promesa electoral de deportar a millones de migrantes. Sus esfuerzos pretendían cancelar las protecciones para casi 350.000 personas a principios de abril, y para cientos de miles más a finales de este año.

En la solicitud de emergencia hecha por el gobierno, D. John Sauer, el procurador general, escribió que la ley por la que se creó el programa prohibía expresamente que los tribunales cuestionaran las decisiones del poder ejecutivo. Una disposición de la ley decía que no había “revisión judicial de ninguna determinación” relativa a “la designación o la terminación o prórroga de una designación de un Estado extranjero”.

Los abogados de los impugnadores respondieron que la ley que creó el programa limitaba estrictamente las terminaciones anticipadas de las protecciones, y añadieron que la acción de Noem no estaba autorizada por la ley. “En ninguna parte de la ley se concede a la secretaria autoridad para anular o rescindir una prórroga”, escribieron.
Añadieron que el planteamiento de Sauer “dejaría a los tribunales federales sin poder para detener incluso acciones flagrante e ilegalmente arbitrarias de las agencias, ya sea para restringir el Estatus de Protección Temporal o para ampliarlo”.

La Corte Suprema ha recibido otras solicitudes de emergencia relacionadas con las políticas migratorias de Trump. En una de ellas, el gobierno pidió a los jueces que le permitieran seguir adelante con un plan para revocar las protecciones contra la deportación de migrantes de cuatro países en crisis, en virtud de un programa conocido como libertad condicional humanitaria.

En otra, la corte ordenó al gobierno que facilitara el regreso de Kilmar Armando Abrego Garcia, quien había sido enviado por error a El Salvador, donde aún permanece.

Agencias

 

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Agencias

humildad y sencillez sobre el privilegio , legados de Mujica destaca la ONU

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS | LATINOAMÉRICA

Guterres recuerda a un Mujica que gobernó con humildad y sencillez sobre el privilegio

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, lamentó este martes la muerte del expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, de quien destacó su forma de gobernar “con humildad, eligiendo la sencillez sobre el privilegio”.

“Será recordado no solo por su firme compromiso con la justicia social, la igualdad y la solidaridad, sino también por la forma profundamente humana en que encarnó esos valores”, aseguró en un comunicado Guterres.

“Gobernó con humildad, eligiendo la sencillez sobre el privilegio, y nos recordó -con sus palabras y su ejemplo- que el poder debe ejercerse con responsabilidad y compasión”, añadió.

Guterres también destacó que como líder latinoamericano, “defendió el diálogo y el multilateralismo, encarnando los valores que están en el corazón de la Carta de las Naciones Unidas y aportando su autoridad moral a la causa de la paz y los derechos humanos”.

Mujica, que presidió Uruguay entre 2010 y 2015, falleció este martes a los 89 años en Montevideo, un año después de que le descubrieran un tumor maligno en el esófago.

EFE

 

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Agencias

Fin del “romance político” de Trump y Musk

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS| EE.UU.

La asociación entre el presidente de Estados Unidos y el hombre más rico del mundo está terminando. Hay un claro perdedor en la ruptura de este romance, y es Elon Musk.

Cayó en desgracia con tanta facilidad como ascendió. Como un Ícaro barato, se arriesgó demasiado, nunca entendió los riesgos y voló demasiado cerca del Sol. Envuelto en el halo de su superestrellato en las redes sociales, se cegó ante la realidad de su situación hasta que fue demasiado tarde.

Musk ya firmó varios contratos federales lucrativos y podría conseguir muchos más, pero abandona Washington con su reputación de genio en todos los frentes —una reputación en la que confiaba para aumentar la cotización de las acciones de su empresa y conseguir inversores para sus ideas ambiciosas— seriamente dañada. En su momento fue comparado con el superhéroe de Marvel Tony Stark, ahora es cada vez más impopular. Muchos de los que solían ser propietarios orgullosos de sus coches eléctricos Tesla los están vendiendo o pegando notas de disculpas en sus parachoques. Las ventas han caído.

Musk no es el primer empresario rico que se traslada a Washington: los millonarios de la >Gilded Age< o Edad Dorada, sombrero de copa en mano, se concentraban en ganar el favor del Senado, donde se hacían las leyes y se determinaban los aranceles. Con la economía en crisis, el >New Deal< y la llegada de una guerra mundial, la Casa Blanca empezó a desempeñar un papel mucho más importante en la dirección de la economía, y los hombres de negocios le prestaron más atención. Decenas de esos millonarios llegaron a la capital; otros se incorporaron al gabinete. Sin embargo, con independencia de cuándo o en qué puesto trabajaran, se regían por las normas de Washington, asumiendo responsabilidades bien definidas y limitadas y, en su mayor parte, permaneciendo fuera de la vista del público.

Musk rompió con esa tradición. Nadie iba a callarlo ni controlarlo. Estaba en la Casa Blanca con su hijo de 4 años a hombros, en el escenario de un mitin de la Conferencia de Acción Política Conservadora para promover su cruzada de reducción de costos con una motosierra. Él y sus ayudantes del Departamento de Eficiencia Gubernamental sembraron el caos en Washington al bloquear los sistemas informáticos de funcionarios, acceder a datos personales de ciudadanos privados e identificar a empleados públicos que consideraban prescindibles.

Al inicio, el presidente Donald Trump pareció respaldar todas las medidas de reducción de costos de su asesor poco ortodoxo y en las redes sociales declaró que él y su gabinete estaban “EXTREMADAMENTE FELICES CON ELON”. Pero entonces Musk violó la regla cardinal de Trumplandia al atreverse a criticar las políticas y los nombramientos del presidente, no solo una o dos veces, sino, notablemente, de manera consistente.

Usó su plataforma X para burlarse de un anuncio de la Casa Blanca según el cual Sam Altman, el directivo de inteligencia artificial más importante y su archienemigo, y otros iban a invertir 100.000 millones de dólares en centros de datos y en generar la electricidad necesaria para alimentar los programas de IA. Musk dijo en una entrevista que el Seguro Social era “el mayor esquema Ponzi de todos los tiempos”, ignorando el hecho de que el presidente se había comprometido a no recortar ese gasto. Incluso discrepó del triunfal anuncio del “Día de la Liberación” de Trump sobre nuevos y radicales aranceles.

Sus ataques y su falta de remordimiento al recortar de manera drástica el gasto federal y despedir a decenas de miles de empleados públicos erosionaron su popularidad. Enfureció a miembros del gabinete al criticarlos en público, desacatar su autoridad y al negarse a reconocer la cadena de mando de la Casa Blanca.

Su reinado llegó a su fin el Día de los Inocentes, cuando los 20 millones de dólares que donó para elegir a un republicano respaldado por Trump para un puesto vacante en la Corte Suprema de Wisconsin resultaron contraproducentes al animar a ir a las urnas a más demócratas que republicanos. Ya no era posible ignorar la realidad de que el hombre más rico del mundo se había convertido en un lastre político. Al día siguiente de la debacle de Wisconsin, Politico informó que el presidente había “comunicado a su círculo íntimo” que Musk “se retiraría en las próximas semanas de su cargo actual”. A mediados de abril, Trump sugirió el cada vez menor aprecio a Musk cuando sustituyó a su elección para comisionado en funciones del IRS por el candidato favorito del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El 22 de abril, Musk anunció que iba a reducir su trabajo en el gobierno para poder dedicar más tiempo a Tesla, que para entonces tenía tantos problemas que surgieron informes de que el consejo estaba considerando sustituirlo como director ejecutivo. (La empresa negó la afirmación). La realidad que golpeó las encuestas de Wisconsin golpeó aún más a su empresa automovilística: las ventas cayeron un 20 por ciento en el primer trimestre de 2025 en comparación con el año anterior; las ganancias cayeron un 70 por ciento. El llamativo y poco práctico Cybertruck que había ensalzado resultó ser un fracaso. Mientras tanto, Tesla está perdiendo con rapidez una parte del mercado frente al fabricante chino BYD y otros fabricantes establecidos de automóviles.

Eso no quiere decir que los demás intereses empresariales de Musk —en particular su empresa de lanzamiento de cohetes, SpaceX, y su unidad de satélites, Starlink— estén siendo afectados. SpaceX está a punto de ganar miles de millones de dólares con contratos gubernamentales. El gobierno de Trump ya ha despejado el camino para que Starlink pueda optar al estímulo gubernamental de 42.000 millones de dólares a la conexión de banda ancha rural e incluso ha animado a otros países deseosos de reducir los aranceles estadounidenses a hacer negocios con Starlink. Pero lo más probable es que tales ayudas se hubieran producido si Musk no se hubiera unido al gobierno de Trump.

La lección que hay que aprender aquí es que en el sistema de gobierno estadounidense no hay lugar para un copresidente no elegido. Aunque las elecciones suelen dar resultados que no esperamos ni deseamos, hace tiempo que demostramos estar mejor con un gobierno compuesto por cargos electos y nombramientos de alto nivel que han pasado por el proceso de confirmación exigido por la Constitución. Musk pensó que podía ser una excepción. Y esa fue su perdición.

Publicado en NYT

 

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