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Latinoamérica

Se agudiza crisis de Venezuela tras inexplicable apagón

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EP EUA/ CARACAS
 
La mayor parte del territorio venezolano permanecía el viernes sin electricidad luego de más de 24 horas en el apagón más prolongado que haya sufrido el país sudamericano, sumido en una crisis económica y un tenso clima político.

El presidente Nicolás Maduro ordenó el cierre de las escuelas y dependencias del gobierno y pidió a los comerciantes que no abran para facilitar el trabajo de las cuadrillas que tratan de restaurar el servicio.

“Admiro al pueblo venezolano que resiste con gallardía este nuevo ataque de los enemigos de la patria”, dijo Maduro en un breve mensaje que difundió en su cuenta de Twitter en el que no ofreció mayores comentarios sobre el apagón y solo agradeció las labores que están realizando los trabajadores del sector para restablecer el servicio.

Durante un recorrido en un vehículo militar descubierto por el oeste de la ciudad, el ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, dijo, en un vídeo que se difundió en Twitter que en el país “está todo en calma” a pesar de la “agresión criminal” que se ha generado contra el servicio eléctrico.

Horas después, el ministro anunció en la televisión estatal que el sistema defensivo territorial recibió instrucciones para “patrullaje intenso” para asegurar el orden intenso en el país.

El apagón afecta a 22 de los 23 estados del país, según reportes de medios locales. En algunas zonas del este, oeste y centro de Caracas, que permanecían sin luz desde la tarde del jueves, el servicio comenzó a restablecerse paulatinamente, según reportaron habitantes de esas áreas.

El gobernador del estado central de Miranda y dirigente del partido oficialista, Héctor Rodríguez, dijo la noche del viernes a la cadena local Unión Radio que las autoridades iniciaron pruebas intermitentes en el sistema eléctrico nacional, el cual fue colocado en modo manual, por lo que el servicio llegará progresivamente a los estados afectados. “En el transcurso de las próximas horas van a estar enviando (energía) para probar todo el sistema hasta que puedan recuperar la totalidad de la distribución”, agregó.

El gobierno atribuyó el apagón a una “guerra eléctrica” dirigida por Estados Unidos. El ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, dijo que extremistas de derecha empeñados en provocar caos, que recibían órdenes del senador republicano Marco Rubio, habían “perpetrado un sabotaje criminal brutal contra nuestro sistema de generación”, aunque no presentó pruebas de ello.

Rodríguez expresó la noche del viernes que la falla fue generada por un ataque al “sistema automatizado de control” en el complejo hidroeléctrico del Guri, que se encarga de las máquinas de generación eléctrica. El ministro dijo que el gobierno denunciará el hecho en instancias internacionales.

Rubio, impulsor de la posición del gobierno de Donald Trump contra Maduro, respondió con ironía a la acusación.

“Mis disculpas al pueblo de Venezuela”, tuiteó el republicano. “Debo haber cliqueado en el lugar equivocado del app ‘ataque electrónico’ que descargué de Apple. Culpa mía”.

Las calles de la capital venezolana permanecían el viernes casi desoladas con centenares de comercios cerrados y algunos vehículos y autobuses recorriendo las vías mientras decenas de personas caminaban por las calles.

El metro de Caracas, el principal medio de transporte de la capital, permaneció durante la jornada cerrado, lo que obligó a cientos de personas a lanzarse a la calles para tratar de llegar a sus trabajos y hogares.

En los pocos establecimientos comerciales que lograron abrir se concentraron algunas personas con pequeños paquetes de dinero en efectivo en sus manos haciendo fila para comprar pan, agua y medicamentos.

Entre los nerviosos compradores estaba Luisa Ruiz, una delgada ama de casa de tez morena. La mujer, de 57 años, relató que luego de recorrer en carro por varias horas toda la ciudad en busca de una medicina para su hermana que padece cáncer, recién la consiguió en una farmacia pero no pudo comprarla porque le exigían efectivo debido a que no había puntos de venta para tarjetas de crédito o débito por el apagón. “Tuve que ir a una panadería a cambiar unos dolaritos para conseguir algo de bolívares y comprar la medicina que es urgentísima”, agregó.

En la maternidad de la Clínica Ávila, en un barrio rico del este de Caracas, madres lloraban mientras enfermeras con velas monitoreaban los signos vitales de bebés prematuros en incubadoras cuando se apagaron los generadores de respaldo.

“Esto es horrible. No sé cómo haremos sin luz”, afirmó Zaida Rodríguez, una técnica cardiovascular de 40 años, mientras caminaba por una de las principales avenidas del este de Caracas junto a decenas de personas que intentaban llegar a pie a sus trabajos.

Tras un recorrido de más de cuatro kilómetros hasta la clínica privada donde trabaja, sus jefes le ordenaron que se retirara porque sólo trabajarían con el personal mínimo para ahorrar la electricidad del generador y utilizarla sólo para los casos más urgentes.

“¿Cómo es posible que en un país petrolero como éste no tengamos un sistema de emergencia para este tipo de cosas?”, indicó la mujer mientras se sostenía la cabeza con ambas manos. “Ahora no sé cómo me voy a regresar a mi casa porque no hay metro”, agregó.

Las redes sociales, habitualmente hiperactivas, estaban en silencio ya que buena parte del país quedó sin acceso a internet. La propia televisión estatal salió del aire.

Venezuela está en medio de una lucha política entre Maduro y el dirigente opositor Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional, quien se autoproclamó presidente interino y fue reconocido por medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos.

“¿Cómo se le dice a una madre que debe cocinar, a un enfermo que depende de una máquina, a un obrero que debe trabajar que estamos en un país potencia sin luz?”, publicó Guaidó en Twitter.

Desde una plaza del este de la ciudad y tras un recorrido por algunas calles, Guaidó responsabilizó al gobierno por el apagón y dijo en un video que difundió en su cuenta de Twitter que “solamente la corrupción, el desastre, es lo que ha causado esta situación.

Al llamar a sus seguidores a salir el sábado a marchar en todo el país contra Maduro, Guaidó sostuvo que “la solución de esto, y lo sabe toda Venezuela, es que cese la usurpación de los que mantienen en Miraflores (el palacio de gobierno) la corrupción, el desastre, la falta de comida, la falta de medicinas”.

Las autoridades suelen atribuir las fallas a acciones de sabotaje, pero especialistas y opositores sostienen que los frecuentes apagones se deben a problemas en la capacidad de generación, un deficiente mantenimiento de las instalaciones y mal manejo gerencial.

Si bien los apagones intermitentes son habituales Venezuela, nunca habían afectado simultáneamente a tantos estados y por tanto tiempo.

“Sabemos que estamos pasando por una crisis económica bastante fuerte, pero ¿cómo es posible que estemos más de 15 horas sin luz? Esto es insólito”, expresó Desiré Rendón,  una vendedora de 31 años, mientras observaba desde una esquina de Caracas a las personas que caminaban presurosas.

Rendón dijo que estaba muy preocupada por su familia, que habita a las afueras de Caracas, porque desde la tarde del jueves no ha logrado comunicarse con ellos debido a que el servicio de la mayoría de las empresas telefónicas también está suspendido como consecuencia del apagón.

Desde la puerta de su pequeño restaurante, que permanecía totalmente a oscuras, José Rodríguez, de 51 años, veía pasar a los transeúntes. “Lo que me queda es esperar que venga la luz. Hoy será un día perdido para mí”, expresó.

Las facturas de la energía para el hogar son excepcionalmente bajas, apenas unos dólares por mes, gracias a los subsidios del Estado.

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) dijo en su cuenta de Twitter que la falla es consecuencia de que “sabotearon la generación en Guri”, pero no ofreció detalles. El complejo hidroeléctrico del Guri, ubicado en el estado suroriental de Bolívar, suple más del 60% del consumo eléctrico del país.

“¿Cuál era la intención?”, se preguntó Rodríguez. “Someter al pueblo de Venezuela a varios días sin suministro de servicio eléctrico para agredir, para maltratar, para que se quedaran distintas áreas vitales” sin energía eléctrica.

La nación sufre una hiperinflación prevista en 10 millones por ciento este año, además de escasez de alimentos y medicamentos, y ha perdido aproximadamente el 10% de su población, que ha emigrado en los últimos años. Los problemas probablemente se agravarán con el impacto de las sanciones de Washington a la industria petrolera.

(Con información de AP)

Agencias

Por qué el modelo “Bukele” no puede aplicarse a otros países de A.L.

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EP New York. | Latinoamérica | El Salvador

Por qué el modelo Bukele no va a funcionar en otros países de América Latina

Aunque todavía se están contando los votos, el presidente Nayib Bukele se adjudicó una victoria aplastante las elecciones y afirmó que ganó con más del 85 por ciento de los votos. Si esos resultados se mantienen cuando se anuncie el conteo oficial, ni siquiera los presidentes populistas más conocidos de América Latina, como el presidente venezolano Hugo Chávez o el boliviano Evo Morales, habrán estado cerca de ganar unas elecciones con esos márgenes.

El ascenso sin precedentes de Bukele se explica debido a un factor: el sorprendente descenso en la tasa de delincuencia de El Salvador. Desde que asumió la presidencia en 2019, la tasa de homicidios intencionales ha bajado del 38 por cada 100.000 ese año a 7,8 en 2022, muy por debajo del promedio en América Latina del 16,4 para el mismo año.

Las medidas enérgicas que Bukele ha encabezado para combatir el crimen organizado prácticamente han desmantelado a las pandillas que aterrorizaron a la población durante décadas. También ha cobrado un precio oneroso a los derechos humanos, las libertades civiles y la democracia de los salvadoreños. Desde marzo de 2022, cuando Bukele declaró un estado de excepción que dejó suspendidas algunas libertades civiles básicas, las fuerzas de seguridad han encarcelado aproximadamente a 75.000 personas. Uno de cada 45 adultos en el país está en prisión.

Ante esta situación, otros líderes de la región han debatido la posibilidad de adoptar muchas de las mismas medidas drásticas para combatir la violencia delictiva en su país. Sin embargo, aunque estuvieran dispuestos a hacer los mismos compromisos que ha hecho el gobierno de Bukele —calles más seguras empleando métodos diametralmente opuestos a la democracia— quizá no conseguirían los mismos resultados. Las condiciones que hicieron posible el éxito de Bukele y su notoriedad política son únicas de El Salvador y no son exportables.

En nuestro recorrido por las calles de la capital, San Salvador, en los días anteriores a las elecciones, vimos cómo las familias han regresado a los parques. Ahora, las personas pueden atravesar las fronteras entre distintos barrios que antes estaban controlados por pandillas y eran imposibles cruzar. El centro de la ciudad, que por años quedaba casi vacío al atardecer, ahora está activo hasta altas horas de la noche.

El problema es que El Salvador, que emprendió una transición hacia la democracia en la década de 1990, se ha desviado de esa ruta. Bukele tiene control en los poderes del gobierno. La nación de 6,4 millones de habitantes funciona como un Estado policial: no es inusual que soldados y policías retiren a los ciudadanos de las calles y los encarcelen de manera indefinida sin ninguna razón y sin darles acceso a un abogado. Hay noticias creíbles de que los reclusos han sido torturados. Varios críticos del gobierno comentaron que los han amenazado con presentar acusaciones en su contra, además de que se han empleado programas espía para monitorear a algunos periodistas. Incluso la votación del domingo pasado se encuentra bajo el microscopio porque el sistema de transmisión de los resultados de la votación preliminar dejó de funcionar de manera muy inusual.

Como politólogos, con experiencia en el estudio de la política latinoamericana, le hemos dado seguimiento al creciente grupo de seguidores de Bukele en la región. En el vecino Honduras, la presidenta de izquierda, Xiomara Castro, declaró una “la guerra a la extorsión” contra las pandillas a finales de 2022. Al igual que en El Salvador, Castro decretó un estado de excepción, pero, aunque la tasa de homicidios ha bajado, las pandillas todavía conservan mucho poder.

Más al sur, Ecuador se tambalea por su propio brote de violencia de las bandas. Cuando uno de nosotros fue de visita el año pasado, varias personas entrevistadas señalaron que les encantaría que “alguien como Bukele” llegara a poner orden. Incluso en Chile, que históricamente ha sido una democracia más sólida y un país más seguro que El Salvador, pero en donde la criminalidad va en aumento, Bukele cuenta con un porcentaje de aprobación del 78 por ciento.

No es ningún misterio por qué el modelo de medidas estrictas contra el crimen de Bukele es tan atractivo en América Latina. En 2021, según un grupo de investigación mexicano, en la región se encontraban 38 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. En un año típico, esta región en la que ahora vive solo el ocho por ciento de la población mundial, sufre alrededor de un tercio del número total de asesinatos.

Pero quienes copian las medidas de Bukele y aquellos que creen que su modelo puede replicarse en cualquier lugar no han considerado un punto clave: no es probable que las condiciones que le permitieron controlar a las pandillas en El Salvador se presenten en otras partes de América Latina.

Las pandillas de El Salvador son únicas y están lejos de ser como las organizaciones criminales más sólidas de la región. Durante décadas, unas cuantas pandillas se enfrentaron entre sí para conseguir el control de territorios y ganaron poder social y político. Pero, a diferencia de los cárteles en México, Colombia y Brasil, las pandillas de El Salvador no han sido actores importantes en el comercio global de drogas y habían estado más bien enfocadas en la extorsión. En comparación con estos otros grupos, contaban con finanzas limitadas y no tenían tanto armamento.

Bukele comenzó a desactivar a las pandillas mediante negociaciones con sus líderes, según algunos reportes periodísticos de investigación salvadoreños y una investigación criminal encabezada por un antiguo fiscal general (algo que el gobierno niega). Después, cuando Bukele comenzó a detener a sus soldados de a pie en redadas masivas que llevaron a muchas personas inocentes a las prisiones, las pandillas colapsaron.

La historia no sería tan sencilla en otras partes de América Latina, donde las organizaciones criminales tienen más dinero, tienen más conexiones internacionales y están mucho mejor armadas de lo que estaban las pandillas de El Salvador. Cuando otros gobiernos de la región han intentado acabar con los líderes de pandillas y cárteles, estos grupos no se han desmoronado. Han contraatacado, o bien han surgido nuevos grupos delictivos para llenar rápidamente el vacío, interesados en los enormes ingresos que ofrece el comercio de drogas. La guerra de Pablo Escobar contra el Estado en las décadas de 1980 y 1990 en Colombia, la reacción violenta de los cárteles a las acciones de las autoridades mexicanas desde mediados de la década de los 2000 y la respuesta violenta a las recientes medidas del gobierno de Ecuador contra las pandillas son solo unos cuantos ejemplos.

Además, El Salvador tenía fuerzas de seguridad más profesionales, que se comprometieron a acabar con las pandillas cuando Bukele las convocó, en comparación con algunos de sus vecinos. Un ejemplo es Honduras, donde, se ha reportado, la corrupción propiciada por las pandillas entre las fuerzas de seguridad es un problema muy profundo. Esta situación contribuyó al fracaso, desde un principio, de las acciones inspiradas en Bukele emprendidas por Castro. En otros países, como México, también se dice que los grupos delictivos han logrado cooptar a miembros de alto rango del ejército y la policía. En Venezuela, se ha informado que algunos funcionarios militares han tenido su propia operación de tráfico de drogas. Incluso si los mandatarios enviaran soldados y policías a realizar redadas masivas como las de Bukele, es posible que las fuerzas de seguridad no estén preparadas o tengan incentivos para socavar la misión.

Por último, Bukele enfrenta una oposición política muy disminuida, pues los dos partidos políticos tradicionales del país se han debilitado significativamente desde 2019 y, por lo tanto, no son capaces de contener las acciones del nuevo presidente para establecer control sobre las instituciones públicas. En muchos otros países de América Latina hay partidos políticos más sólidos o existen fuerzas de oposición que ayudarían a exigir una rendición de cuentas a un poder ejecutivo que pretendiera extender su control.

Si otros Bukeles en potencia intentan copiar lo que él ha hecho, es más probable que solo imiten el lado sombrío del modelo de El Salvador y no sus logros.

Los gobiernos podrían verse sumidos en el caos si se multiplican los grupos delictivos o contraatacan con violencia. Además, en el proceso podrían quitarle espacios a la sociedad civil y a la prensa, reducir la transparencia del gobierno, llenar con más detenidos las prisiones, que ya están abarrotadas, y debilitar a los tribunales. Históricamente, los presidentes de América Latina que no tienen un compromiso absoluto con la democracia ya han dado algunos de estos pasos, o todos ellos, para su beneficio político de cualquier manera. Combatir el crimen es la excusa perfecta.

A pesar de su éxito en la reducción de la delincuencia, el modelo de Bukele tiene un costo muy importante. Los imitadores deben tener cuidado: seguir el modelo de El Salvador no solo no funcionará, sino que, en el camino, intentar hacerlo podría causarle daños perdurables a la democracia.

Publicado en New York Times

 

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Latinoamérica

Más allá del secuestro del padre del futbolista Días , ELN y sus exigencias al gobierno de Petro

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EP New York | Latinoamérica | Colombia

BOGOTÁ — “Fueron jornadas bastante difíciles porque hubo mucha cabalgata, tocó caminar demasiado, subir y bajar muchas montañas buscando la manera de que me tuvieran seguro”, Lui Manuel Díaz.

Así recordó sus 12 días de secuestro el padre del futbolista Luis Díaz en su primera conferencia de prensa el viernes desde su casa familiar en Barrancas, un pequeño pueblo al noreste de Colombia donde fue secuestrado y al que regresó la víspera tras ser liberado por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional.

Las caminatas en la Serranía, una zona de cadenas montañosas donde por décadas han tenido presencia grupos armados, se extendieron hasta por 12 horas.

“Lo que sí sé es que estaba lejos de La Guajira (colombiana)… De eso sí estoy seguro, que estuve cerca, muy cerca a la frontera” con Venezuela, relató Luis Manuel Díaz Jiménez, padre del futbolista de la selección Colombia y del club inglés Liverpool.

Según Díaz Jiménez, la guerrilla no exigió dinero a su familia para liberarlo y en cautiverio le dijeron que “estuviera tranquilo que pues a mí no me iba a pasar nada, sabiendo ellos que yo era una persona muy humilde y querida en mi pueblo por la labor que hago”, dijo en referencia a la escuela de fútbol que lidera.

Pese a su secuestro, Díaz Jiménez dijo apoyar que los diálogos con la guerrilla continúen y abogó por la libertad de todos los secuestrados para que como él regresen al seno de su familia.

Tras su liberación, el jefe negociador del gobierno colombiano en la mesa de paz con el ELN consideró que la exigencia de dejar de secuestrar puede acelerar el proceso de diálogo, al tiempo en que descartó la suspensión de las conversaciones con la guerrilla.

“El hecho desafortunado del secuestro puede convertirse en un elemento positivo porque puede acelerar este proceso. Podemos llegar al fin del conflicto durante este gobierno, tenemos que tener en cuenta que la metodología que estamos abordando es: acuerdo hecho, acuerdo que se implementa”, aseguró el viernes Otty Patiño, jefe de la delegación de paz del gobierno a The Associated Press en una entrevista telefónica.

El gobierno del presidente Gustavo Petro, primero de izquierda en el poder, negocia con el ELN desde noviembre de 2022 y pactó un cese al fuego bilateral desde agosto de 2023. Se trata del sexto intento del Estado colombiano de alcanzar la paz desde 1964, cuando el grupo se alzó en armas bajo la inspiración de la revolución cubana.

El secuestro de Díaz Jiménez a manos de hombres armados en Barrancas, al noreste del país, dejó los diálogos con la guerrilla en una situación crítica y provocó que el gobierno exigiera la eliminación del secuestro como práctica.

Patiño detalló que tienen conocimiento de 24 denuncias de secuestros por parte del ELN desde el 3 de agosto, de las cuales 19 han sido establecidas como “posiblemente ciertas”, sin embargo, no saben con certeza cuántas personas fueron secuestradas con anterioridad y están en poder de la guerrilla.

El gobierno, según explicó Patiño, suponía que el fin del secuestro hacía parte del acuerdo del cese al fuego vigente en el que quedó expreso el respeto del Derecho Internacional Humanitario. El ELN, sin embargo, no lo interpretó de la misma manera.

Para el jefe negociador, abandonar el secuestro es “una exigencia nacional y urgente” que pasa a ser el primer punto a tratar en la mesa de negociación.

“La práctica del secuestro ha hundido procesos enteros, ha sido un elemento que ha generado odios inmensos contra otras organizaciones como las FARC, que no han podido levantar cabeza todavía de ese tema así hayan firmado el acuerdo de paz”, aseguró Patiño, cofundador de la extinta guerrilla M-19, la misma en la que militó Petro durante su juventud.

En Colombia el secuestro ha dejado huella en la sociedad. Millones de colombianos salieron a manifestarse en 2008 contra los secuestros que cometían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En ese entonces circulaban imágenes de secuestrados encadenados y encerrados con alambres de púas en medio de la selva. Las FARC firmaron en 2016 un histórico acuerdo de paz con el Estado y ahora rinden cuentas por el secuestro y otros delitos ante un tribunal de paz.

Patiño aseguró que la delegación gubernamental supo que el ELN tenía secuestrado a Díaz Jiménez antes de que la guerrilla lo admitiera y sólo asumieron su responsabilidad después de que el gobierno los señalara como los autores, dando inicio al proceso de liberación.

El ELN no permitió la liberación de Díaz Jiménez hasta tanto se retiraran las tropas del Ejército de la Serranía del Perijá, donde lo mantuvieron cautivo en la frontera con Venezuela. Según Patiño, el ELN no llevó al padre del futbolista hasta Venezuela, sino que lo mantuvo en territorio colombiano.

“La fuerza pública hizo un despliegue muy rápido para copar la zona y los tuvieron permanentemente en jaque. Por supuesto, actuaron prudentemente para que la presión no fuese a generar un desenlace trágico”, indicó Patiño.

El jefe negociador del gobierno descartó suspender la mesa de negociación con el ELN tras el secuestro y liberación de Díaz Jiménez.

“Sería un acto de suma irresponsabilidad nuestra abandonar la mesa. Por el contrario, hay que mirar la mesa como un instrumento para exigir el fin del secuestro y ser voceros de ese clamor nacional”, apuntó.

Con información de AP .

 

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Agencias

Elecciones regionales de Colombia. ¿Derrotado el petrismo?

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EP New York | Colombia | elecciones  regionales

Agencias

Bogotá—– conclusiones de los resultados de las elecciones regionales celebradas en Colombia (y cómo queda el presidente Petro)

Galán le dijo a Petro: “Bogotá se respeta”

Las elecciones regionales de este domingo 29 de octubre pusieron de manifiesto una verdad histórica en Colombia: este es, ante todo, un país fragmentado.

Ningún partido, político o movimiento se puede considerar gran vencedor o gran perdedor de las elecciones que eligieron 1.102 alcaldías y 32 gobernaciones: hubo, en realidad, un poco de todo y las variables de cada elección respondieron a dinámicas locales más que nacionales.

En general los colombianos, preocupados por la seguridad y la economía familiar, según las encuestas, optaron por opciones que aspiran a la estabilidad, a lo conocido, a resolver sus líos diarios más que a cambiar de fondo al país.

Algunos tomaron eso como un voto de castigo al presidente, Gustavo Petro, pero la cosa es más compleja: el petrismo tuvo una derrota simbólica en Bogotá, pero es un movimiento sin mucha experiencia ni proyección nacional a nivel local y regional.

Petro ha recibido un llamado de atención de parte de los colombianos, aunque mantiene entre un 30% y un 40% de aprobación en las encuestas.

Lo cierto es que, como suelen decir los politólogos colombianos, unas elecciones regionales no se pueden leer con los ojos de las elecciones presidenciales: lo local no es lo nacional.

Y este año no fue la excepción.

En la alcaldía de Bogotá, por ejemplo, barrió un viejo conocido de la centroizquierda, Carlos Fernando Galán, que combina propuestas nuevas con un tímido continuismo de Claudia López, la saliente alcaldesa con quien perdió hace cuatro años. Galán es hijo del asesinado dirigente liberal Luis Carlos Galán.

En Medellín ganó un exalcalde, Federico Gutiérrez, lo que significó, de alguna manera, la vuelta al poder del uribismo. En Barranquilla ganó el oficialismo, en Cali ganó la oposición y en Bucaramanga un viejo poder con cara de nuevo, de bukelista.

En las gobernaciones, mientras tanto, los poderes tradicionales ligados al empresariado de cada región, los famosos “clanes políticos“, demostraron que están lejos de perder su influencia.

Y así, cada elección fue un mundo. Además porque este año se añadió una nueva variable: participaron 35 partidos distintos, un récord histórico en un país que hace 30 años solo sabía de dos partidos.

Dicho lo anterior, estas elecciones arrojan algunas conclusiones sobre el momento político que vive Colombia. Y acá resumimos cuatro.

1. Petro no ha puesto las bases del petrismo

En las generales de 2022, Petro hizo historia al convertirse en el primer presidente de izquierda en el país. Además, en el Congreso, su movimiento, el Pacto Histórico, fue la fuerza mayoritaria.

Sin embargo, en estas regionales el PH pasó de agache: no ganó ni apoyó al vencedor de ninguna de las ciudades grandes, mantuvo el poder en solo dos gobernaciones (Nariño y Magdalena) y no será mayoría en ninguna de las asambleas departamentales o concejos municipales.

El PH, que no es un partido sino una coalición, llegó dividido a estas elecciones y no presentó candidatos fuertes en las alcaldías más sonadas del país.

Su candidato en Bogotá, el exsenador y libretista Gustavo Bolívar , perdió la puja por el segundo puesto ante un sofisticado tecnócrata de centroderecha sin recorrido político, Juan Daniel Oviedo.

Petro prometió a los colombianos acabar con la pobreza, la desigualdad y la violencia. Para eso, necesita sentar las bases de un partido robusto, formal y eficiente que tenga presencia en todo el sistema político colombiano.

Ese cometido sigue pendiente.

2. Bogotá, el bastión del progresismo, elige lo seguro

A pesar de tener cierto apego por el progresismo, Bogotá siempre ha sido un electorado indefinible.

De hecho, es usual que la capital esté presidida por un político opuesto a quien está en la presidencia. Ocurre ahora con Claudia López y posiblemente será así con Galán.

El alcalde electo ganó en la tercera oportunidad que se presentaba, y lo hizo con el apoyo de votantes de todas las corrientes y partidos nuevos así como con los vinculados a la vieja política.

Galán representa una conjunción de posturas que prometen eficiencia, seguridad y sentido común sin mucha ideología. Además, se apoya en el legado de su padre, un político asesinado por los narcos que prometía modernizar el liberalismo.

Su partido, el Nuevo Liberalismo, tuvo un pésimo resultado en las legislativas y presidenciales del año pasado, pero ahora arrasó en la alcaldía de Bogotá. Una prueba más de que regionales y presidenciales son mundos diferentes.

3. El antipetrismo es variopinto

Aunque Petro recibió un llamado de atención, su oposición tampoco se puede declarar la gran vencedora de estas elecciones.

La mayoría de los candidatos que ganaron se mostraron críticos con el presidente, pero la diversidad entre ellos hace difícil pensar que son parte de un mismo movimiento.

Y es que durante las campañas la postura sobre Petro no fue la principal variable: jugaron más las obras de infraestructura, los problemas de seguridad, el acceso a la educación y la salud, y las lógicas clientelares locales.

Todos los alcaldes de las grandes ciudades serán ahora opositores a Petro: en Bogotá ganó la centroizquierda tradicional, en Medellín venció la derecha uribista y en Cali y Barranquilla ganaron las centroderechas empresariales.

Pero eso no quiere decir que todos son parte de un mismo frente que amenaza la gobernabilidad de Petro.

La relación Bogotá-nación siempre ha sido difícil. Lo fue con Claudia López. Lo será con Galán.

4. Los barones regionales y los partidos tradicionales están vigentes

En las regionales de hace cuatro años los resultados mostraron una tendencia nacional: la mayoría de los elegidos eran figuras nuevas, alejadas de los partidos tradicionales que han gobernado el país por décadas.

Este año, sin embargo, la tendencia es la inversa: en la mayoría de alcaldías y gobernaciones ganaron políticos asociados a estructuras de partido tradicionales, con fuertes vínculos a las empresas y una manera utilitarista, más que ideológica, de hacer política.

Cada región de Colombia tiene su propio poder económico y político. Usualmente son familias, o grupos de familias, con negocios que han desarrollado una filial política.

Petro se acercó a muchas de ellas para ganar la presidencia, y ahora las tendrá de nuevo en el poder, motivo por el cual algunos analistas vaticinan una mejor ejecución de los recursos: pudo haber recibido un golpe, dicen, pero también puedo haber ganado eficiencia.

Por la accidentalidad de su geografía y por el desarrollo desigual y excluyente de sus regiones, Colombia siempre ha sido un país de poderes locales. Estas elecciones lo demostraron una vez más.

BBC.

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