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Carlos Lozano : La otra voz del conflicto armado en Colombia

Francisco

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ENTREVISTA A CARLOS LOZANO

por Ricardo Angoso

@ricardoangoso

rangoso@iniciativaradical.org

 ENTRADILLA:

 Carlos Lozano es el director del semanario Voz, la verdad del pueblo, órgano oficial del Partido Comunista Colombiano y, por lo general, bien informado acerca de lo que ocurre en el interior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y en torno a todo lo que discurre alrededor del proceso de paz entre dicha organización y el ejecutivo presidido por Juan Manuel Santos. Considerado un facilitador en las fases previas a las negociaciones, Lozano cree que la extrema derecha encarnada por el expresidente Alvaro Uribe es una férrea enemiga de la paz en Colombia.

 TITULARES:

 “Hay que buscar una paz justa para todos, tanto para las guerrillas como para el ejecutivo de Juan Manuel Santos”

 “Hay una parte del Establecimiento que se opone al proceso de paz en Colombia”

 “La historia de Colombia es una historia de la violencia ejercida desde el poder, desde el Estado como principal victimario”

 “Aquí la clase dominante colombiana ha sido muy mezquina porque aquí el conflicto está muy ligado al asunto de la tierra, al problema de los grandes latifundios, de la violencia ligada a la defensa para perpetuar la concentración de la tierra en manos de unos pocos”

 “En los acuerdos anteriores, no lo olvidemos, hubo una amnistía total. Por ejemplo, Antonio Navarro, que fue uno de los más importantes líderes del M-19, no pagó ni un día de cárcel, pese a que ahora es uno de los más críticos de todos los acuerdos que se han logrado en La Habana”

 “La paz no se puede reducir solo a la desmovilización de la guerrilla, es más, para mí, lo más importante del proceso de paz son los acuerdos sociales y políticos relativos a las causas que generaron el conflicto”

 “Creo que en esta ocasión las FARC han mostrado una voluntad política que no tenían en el pasado y estamos discutiendo ya asuntos de capital importancia que nunca antes se habían puesto sobre la mesa, como la dejación de armas”

 “Una guerrilla que lleva sesenta años de lucha, que nunca fue derrotada militarmente a pesar de los golpes duros recibidos en muchas ocasiones, no se puede pretender doblegarla de la noche a la mañana y sin una negociación. Eso no funciona así ni con las FARC ni con el mismo Ejército de Liberación Nacional”

 La Entrevista

 Ricardo Angoso: ¿Cuál ha sido el motivo por el que nuevamente se aplazó la firma definitiva de un acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ejecutivo que preside Juan Manuel Santos?

 Carlos Lozano: Había puntos muy importantes pendientes y que generaban grandes controversias, tales como el fin del conflicto y la implementación del mismo proceso una vez concluido, así como ver como se aplicaban los acuerdos alcanzados. No había tiempo suficiente para llegar a un gran acuerdo sobre  estos temas. Sin embargo, al haber fijado esa fecha del 23 de marzo, se generaron unas expectativas para el país y la sociedad en general de que se iba a alcanzar un acuerdo final y de que iba a llegar la paz en esa fecha. El gobierno se equivocó claramente queriendo acotar el proceso de paz a unos tiempos concretos.

 En ésta foto se observa a los principales protagonistas del conflicto armado de los últimos años en Colombia. Alvaro Uribe Vález , Juan Manuel Santos y Timochenco /centro)
 Pero también ocurre que el gobierno tiene muchas dificultades internas y la presión que tiene de la extrema derecha y de un sector del gobierno, contrarios a la solución política, le ponen en una situación muy difícil para llevar a buen término el proceso. Lo digo  porque aprobado el tema de víctimas el pasado  año volvieron a abrir el asunto para hacer unos  supuestos ajustes que finalmente eran cambios, debido a las presiones y corrientes de opinión que desde el Establecimiento le condicionaban al presidente Santos diciéndole que bajo las condiciones de ese acuerdo iba a ser muy difícil que le respaldaran en el asunto del plebiscito. Eso demoró dos meses el tomar el hilo de la discusión sobre las cuestiones pendientes porque hubo que volver al tema de las víctimas y solo hasta el mes de enero quedó aprobado en firme como ya lo está. E incluso todavía hay sectores, dentro del partido conservador y el uribismo, que siguen diciendo que este tema hay que replantearlo. Además, hay temas sobre la mesa que no eran tan sencillos y el gobierno creía que eso se resolvería rápido, cuando no era así.

 Desde que el gobierno comenzó a buscar los acuerdos con las FARC, en la parte secreta incluso de las negociaciones, se pensó que quien ponía las normas era quien estaba en el poder, es decir, el ejecutivo. Se pensaba que estaban haciendo algo bondadoso, humanitario, porque se encontraban frente a una supuesta guerrilla derrotada y que solamente el gobierno podía ofrecer a las FARC un acuerdo digno. El acuerdo digno, para este gobierno, era desmovilizarse y entregar las armas, ahí se quedaba todo. Eso fue una equivocación y el ejecutivo, en parte, sigue siendo presa de ese error porque no se logró nada el 23 de marzo en ninguna materia precisamente porque se pretendió que las FARC se sumara a decisiones tomadas por el gobierno, como el asunto de la refrendación de los acuerdos y el plebiscito. También hubo problemas en lo que se refiere a las zonas de ubicación y a las reformas en materia de orden público. 

 El gobierno tomaba decisiones unilaterales, que perdieron el sentido de bilateralidad propio en unas negociaciones políticas, y eso fundamentalmente derivó en que no se alcanzara un acuerdo en la fecha prevista. Los acuerdos deben ser entre las dos partes y no se deben tomar unilateralmente. Se dice que las FARC no quisieron, que no pusieron de su parte para alcanzar un acuerdo, como en el asunto de la dejación de armas, cuando ese tema ya había quedado definido en La Habana y fija en 60 días ese punto una vez alcanzado el acuerdo definitivo. Incluso, yo creo, que a partir de la nueva fecha fijada, el 6 de abril, se va a establecer una nueva hoja de ruta con una agenda, unas fechas definidas y unos plazos cerrados, en resumen unos tiempos y una fecha más o menos definitiva para resolver en un tiempo razonable un acuerdo final. Pero no nos debemos amarrar a una fecha cerrada, como pretende el presidente Santos, porque eso generará frustraciones y acabará abocando a nuevos fracasos ante la sociedad, debilitando definitivamente el proceso de paz. Eso de intentar ceñirse a una fecha cerrada le resta seriedad al proceso y le debilita, en términos de opinión pública, ante la sociedad.

 El presidente Santos, Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle, del equipo negociador del Gobierno; (d) Timochenko, número uno de las FARC, Iván Márquez y Pablo Catatumbo, del equipo negociador de la guerrilla. Foto: Archivo SEMANA
 R.A.:¿No es demasiado tiempo cuatro años para encarar un proceso de estas características, habiendo tenido este largo periodo un coste alto en términos de erosión del presidente y de desilusión en una sociedad que esperaba resultados mucho antes?

 C.L.: Era difícil agilizarlo. Desde que se comenzó hace tres años y medio en Oslo, en la célebre reunión, para inaugurar la fase pública del proceso de paz, se vio que iba ser complicado, ya que las dos partes mostraron en sus discursos que tenían posiciones muy diferentes, casi antagónicas y con discrepancias muy fuertes. Estas diferencias iban a traducirse en un largo proceso de paz, como así ha sido, y en donde habría que tener paciencia y voluntad política por parte de las dos partes para mantenerse en las negociaciones. Todo eso era previsible. Me parece que el gobierno no lo entendió así y comenzó a jugar con el tiempo, las fechas y las decisiones, de carácter unilateral, claro. Y así fue como esa unilateralidad, por parte del gobierno, condujo a seguros fracasos que fueron debilitando el proceso. 

 Luego el presidente Santos, siendo quien conducía el proceso, tenía que haberlo defendido y mantener en alto la defensa del mismo, pero no lo hizo y se mostró débil haciendo concesiones a la extrema derecha contraria a la paz. Eso debilitó al proceso de la paz, aparte de que acontecimientos de fuera de la mesa, que nada tenían que ver con la naturaleza misma de la negociación, afectaron negativamente a la negociación política entre las partes. 

 Más tarde, el gobierno fracasó en que los miembros de la mesa de Unidad Nacional que le apoyaban no estuvieran claramente en favor del proceso y logrando un consenso por la paz, algo que incluso al día de hoy todavía no ha logrado. Y me refiero, por ejemplo, al Partido Conservador, que en estos momentos se debate sobre si estar o salirse de la Unidad Nacional porque no comparte el tema de la paz. El mismo vicepresidente, Germán Vargas Lleras, se ha mantenido al margen del proceso de paz, entretenido en su campaña electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales al frente de estas megaobras de infraestructuras que se están haciendo en el país y que le sirven como buena plataforma política. Estos elementos han contribuido a debilitar el proceso mismo, aparte de la campaña de la extrema derecha y de una parte del Establecimiento que han hecho fuerza para que el proceso no saliera y oponiéndose al presidente Santos. Estos sectores exigían un rápido acuerdo a cambio de la desmovilización y la entrega de las armas a las FARC a cambio de nada. Una guerrilla que lleva sesenta años de lucha, que nunca fue derrotada militarmente a pesar de los golpes duros recibidos en muchas ocasiones, no se puede pretender doblegarla de la noche a la mañana y sin una negociación. Eso no funciona así ni con las FARC ni con el mismo Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

 Estamos ante un desafío histórico de primera que requiere una solución política con una paz digna para todos, tanto para las guerrillas como para el ejecutivo del presidente Santos. En definitiva, hay que buscar una paz digna y justa para el país. Aquí se trata de buscar una solución que ponga fin a este largo conflicto y la prueba de que estamos ad portas de terminar este proceso, algo que se ha reconocido desde el mismo poder, como el presidente Santos, es que en estos cuatros años se avanzó mucho. Cuatro años en comparación con otros procesos de paz no es mucho tiempo, es un proceso corto en comparación con otros del mundo y de América Latina. Aquí el problema es que algunos esperaban una paz exprés que no llegó pero sí va a llegar, se ha hecho un recorrido suficiente y necesario que va a sentar las bases para que los colombianos alcancen la paz que tanto anhelamos todos. Estamos en el buen camino, pese a los contratiempos, y tengo fe en que finalmente llegará la paz.

 Grupo paramilitar (AUC) autodensas unidas de Colombia
 R.A.:¿Usted piensa como el uribismo, en el sentido de que dicen que las FARC no tienen voluntad política de alcanzar un acuerdo y dejar las armas en aras de que se logre una auténtica paz?

 C.L.: No creo que ese sea el asunto. Creo que en esta ocasión las FARC han mostrado una voluntad política que no tenían en el pasado y estamos discutiendo ya asuntos de capital importancia que nunca antes se habían puesto sobre la mesa, como la dejación de armas. Y este es el tema más complejo para un grupo guerrillero, ya que las armas son las que garantizaron que el movimiento existiera, se hiciera fuerte en algunas regiones del país y se convirtiera en una amenaza para el Establecimiento colombiano. Entonces, poner hoy a las FARC a hablar sobre la dejación de las armas, que no es la entrega, entendida como el desprendimiento de las armas por parte de esta organización pero no como una señal de derrota ni nada parecido. Si estamos ya en ese punto, en que las FARC están dispuestas a dar ese paso y el país está reconociendo ese hecho, no me cabe la menor duda de que están demostrando su voluntad política y quieren llegar hasta el final del proceso de paz.

 Lo que ocurre es que las FARC lo quieren hacer sobre la base de cierto respeto y consideración en el sentido de que quieren que se acaten los acuerdos establecidos en La Habana y que tanto el gobierno de Santos como la guerrilla deben cumplir, respetando lo firmado y lo acordado hasta ahora. Estamos en un punto, creo, de no retorno.

 R.A.:Hay gente que tiene el temor de que esta va a ser una paz con impunidad y en donde las dos partes nunca serán juzgadas por los excesos cometidos, ¿usted qué piensa de este asunto de una paz sin justicia?

 C.L.: Yo creo que el acuerdo de víctimas y justicia es muy positivo para todos porque es la síntesis de lo que ha ocurrido en el país a lo largo del conflicto. Aquí se vivió un momento complejo al comienzo del proceso porque tanto el gobierno como las voces del establecimiento colombiano exigían a las FARC todo y le apostaban a que se rindiera. La guerrilla era la única que tenía que hacer el esfuerzo de reconocer sus culpas y pedir perdón a las víctimas, pero no se hablaban de más asuntos que tenían vital importancia en el proceso. No se hablaba, por ejemplo, del Estado colombiano, que ha sido el principal victimario, y no estoy hablando de este gobierno en concreto, sino del Estado histórico colombiano. La historia de Colombia es una historia de la violencia ejercida desde el poder, desde el Estado como principal victimario.

 Por esa razón, por esa violencia ejercida desde el Estado, el tema político es tan importante, el asunto de la democracia, de la reforma electoral y política, de las garantías que deben tener los colombianos para poder actuar en condiciones de igualdad y con derechos iguales en los procesos electorales de la vida política nacional sin el temor a ser asesinados como ocurrió con la Unión Patriótica (UP) y otros grupos de la izquierda que fueron exterminados en el pasado. Esa versión unilateral de que tan solo era la guerrilla la que tenía que dar la cara a las víctimas se cayó con el acuerdo de víctimas, algo que no gustó a algunos sectores del país. 

 Y es que no es solo el Estado el que tiene que dar la cara, también tienen que responder el Establecimiento y los partidos tradicionales, el liberal y el conservador, ya que hubo caciques regionales que participaron en la creación de los grupos paramilitares y fueron responsables claros de genocidios. No olvidemos que hay caciques de los dos grandes partidos que incluso están en la cárcel y no solo por la parapolítica, sino como responsables de graves violaciones de los derechos humanos. Todo este asunto se tiene que traducir en ese acuerdo de víctimas al que se llegó en su momento. Me parece, por tanto, que va a haber justicia, aunque hay que reconocer que pueden quedar algunas parcelas de impunidad. Creo que en función de un bien supremo, que es la paz, puede que algunos victimarios no paguen por los delitos cometidos, pero esos responsables están en las dos partes y no solo en la guerrilla. 

 Aquí tenemos ese problema y esa discusión, ya que algunos piensan que todos deben de responder y pagar por sus delitos. Si se cumpliera esa premisa, le aseguro, nunca habrá paz en Colombia. Decirle a los militares y a los guerrilleros que tienen que dejar las armas y que no pueden ejercer su derecho a actuar en política y tienen que ir a la cárcel será el peor de los caminos. Por eso, la Ley de Víctimas ejerce un derecho gradual y establece una justicia restaurativa, no punitiva, y sienta las bases para lo que es un auténtico proceso de paz. 

 En los acuerdos anteriores, no lo olvidemos, hubo una amnistía total. Por ejemplo, Antonio Navarro, que fue uno de los más importantes líderes del M-19, no pagó ni un día de cárcel, pese a que ahora es uno de los más críticos de todos los acuerdos que se han logrado en La Habana. Navarro todos los días critica algo, bien a la guerrilla o al gobierno, olvidando que fue victimario y nunca respondió por las tropelías cometidas. Navarro ahora se olvida, al igual que Petro, que nunca pagaron con la cárcel por los delitos que cometieron cuando estaban en el M-19. Así son los procesos de paz: en función de un bien supremo, como es la paz,   hay que asumir ciertos costes mínimos que permitan satisfacer a las víctimas para que haya verdad, justicia y reparación y, hay sobre todo, un compromiso de no repetición pero sobre la base de que se va a priorizar, como ya he dicho antes, la paz. Todo el proceso deber caminar en dirección de una paz justa. El acuerdo de víctimas es muy importante en este proceso y prevé una justicia que reconozca los delitos. Pero debe haber reparación y no repetición de lo que ocurrió. Luego, no olvidemos, el gobierno no quiere tocar el asunto del paramilitarismo, alegando que ese fenómeno no existe y que en Colombia lo que hay son unas bandas criminales, lo que no creo que sea cierto. 

 R.A.:¿El asunto del paramilitarismo no quedó resuelto con Uribe?

 C.L.:No quedó resuelto porque Uribe lo que hizo fue llevarse a unos capos del narcoparamilitarismo extraditándolos a los Estados Unidos, mientras a otros les aplicaron el máximo de la pena, que eran ocho años, pero no se buscó ningún mecanismo de verdad, reparación y no repetición, que es lo que estamos viendo en este proceso. Ahora, el poder acuñó un nuevo término bien raro que dice que los están cometiendo en la actualidad los crímenes son los postdesmovilizados, que es algo que yo no entiendo del todo. Pero la verdad, y todo hay que decirlo, es que quien comete esos crímenes son los brazos del viejo paramilitarismo.

 R.A.:Ultimamente ha habido varias denuncias de crímenes contra activistas sociales y de derechos humanos, ¿qué hay de todo ello?

 C.L.: Todo apunta al paramilitarismo, que sigue siendo una criatura del Estado porque estas bandas están actuando bajo las mismas características de las anteriores, es decir, que siguen ligadas a políticos, pagando favores a empresarios del campo y otros caciques regionales. Hoy lo que tenemos son distintas expresiones de todo este fenómeno del paramilitarismo que no han desaparecido todavía.

 R.A.:¿Cree que las condiciones de desigualdad social y económica que padece el país mejorarán con la firma de la paz para los más desfavorecidos?

 C.L.:Es un debate largo que hay e incluso en la izquierda. Hay sectores de la izquierda que pretenden que la paz llegue cuando todos los problemas del país estén resueltos, es decir, como decía el expresidente Alfonso López Miquelsen, es la aspiración de una revolución por contrato. Pretender que en una mesa de diálogo se resuelvan todos los problemas del país,  como sugieren algunos, es un deseo imposible, claro. Aspirar a que en una mesa de diálogo donde hay una guerrilla revolucionaria sentada con el señor Santos, que es un representante del Establecimiento y el neoliberalismo, se resuelvan todos los problemas del país y haya cambios y transformaciones profundas  no es posible. Por eso, nosotros a lo que aspiramos, y en eso coincidimos con las FARC, es que se pueda llegar a un acuerdo acerca de las causas que originaron el conflicto. 

 Aquí la clase dominante colombiana ha sido muy mezquina porque aquí el conflicto está muy ligado al asunto de la tierra, al problema de los grandes latifundios, de la violencia ligada a la defensa para perpetuar la concentración de la tierra en manos de unos pocos. Eso fue así en la década de los años cuarenta y eso sigue igual en la actualidad, pese a que ahora ya no son los latifundios sino también los grandes ganaderos, que tienen miles de hectáreas en sus manos dedicadas a la ganadería extensiva; las vacas más cómodas del mundo están en Colombia, un país que paradójicamente no tiene soberanía alimentaria. Mientras no se resuelvan esos problemas, esas causas que generaron el problema, va a ser difícil avanzar. Y yo no estoy hablando de quitar las tierras o las vacas a nadie, no, eso no puede ser y no habría lugar para la paz, pero sí se puede hacer como está planteado en la agenda y en el acuerdo que hizo el gobierno con la guerrilla, siempre que haya voluntad por parte del gobierno, que ha promulgado leyes agrarias que van en contra del espíritu acordado en La Habana. 

 R.A.:¿Y qué más cambios tiene que haber?

 C.L.:Tiene que haber un cambio en la doctrina de seguridad nacional que imperó en Colombia durante años, ese anticomunismo feroz que viene de la guerra fría y ha permitido el genocidio de la UP. En definitiva, tiene que cambiar todo lo que ha ocurrido en los últimos años y que tiene que ver con la violencia que se ha ejercido desde el poder. Por eso, cuando  hablamos y nos referimos al paramilitarismo decimos que tiene que ver con que es una criatura creada por el Estado. Tuvieron distintos nombres y denominaciones, pero siempre fueron el mismo fenómeno de la violencia que se ejercía desde el Estado contra los más humildes. Por ejemplo, en los años ochenta se les llamó las Autodefensas de Colombia. Está demostrado hasta donde hubo la complicidad y la confabulación de parte de agentes del Estado en estos grupos y el propio expresidente Alvaro Uribe Vélez no es ajeno a estas bandas; fue el creador de las Convivir en Antioquía. Todo ese entramado ahora hay que desmontarlo en el proceso de paz, esos son los cambios que hay que hacer. Sumado todo ello al narcotráfico, que acabó siendo un factor y un combustible que alimentó el conflicto. Es un tema que no originó el conflicto, pues no existía en sus orígenes, sino que lo acabó atravesando y convirtiendo en un problema de todos, no en un problema que, como dice el gobierno de Santos, es solo de la guerrilla, sino también del Estado. El narcotráfico perneó al Estado y acabó eligiendo hasta presidentes, como Samper, y eligió hasta parlamentarios, como el señor Pablo Escobar, que acabó hasta de congresista.

 R.A.:Dicen los uribistas que las FARC se acabaron convirtiendo en una gran cartel de la droga, ¿es así?

 C.L.: Sí, es cierto, pero también hay parapolíticos y paramilitares, incluso dentro del uribismo, que también estuvieron implicados en el narcotráfico y participaron de ese negocio, o bien por la vía del Cartel de Calí o el de Medellín. El propio Uribe aparece en varias fotos al lado de famosos narcotraficantes. Pero los uribistas, armados de cinismo, sólo le atribuyen esta ligazón con el narcotráfico a las FARC. Y el debate que hay hoy en el país no es el de los carteles del narcotráfico sino el del peso de los herederos del tráfico de drogas en el país, que es lo que realmente habría que discutir, y el de los cultivos ilícitos, que tiene que ver con campesinos pobres que acudieron a esos cultivos que digo para poder simplemente sobrevivir. Es parte de la cadena de narcotráfico que tiene que resolverse con decisiones y apuestas sociales para reconducir el problema y no solo con la represión, como intenta el Estado. Sin embargo, los grandes carteles siguen operando y las Bacrim, las bandas criminales, siguen abriendo nuevas rutas para sacar la droga desde Colombia hasta el exterior. Eso no le llama la atención al gobierno, cuando esa fue la principal causa por la que Venezuela cerró la frontera con Colombia porque se había convertido en una vía libre para el paso de narcotraficantes hacia Venezuela.Todos estos problemas tienen que resolverse para llegar a un buen acuerdo de paz. 

 Es decir, y para resumir, si no quedan resueltos los problemas sociales y políticos en la mesa de negociaciones, impulsando desde el gobierno que los acuerdos se cumplan, va a ser muy difícil llegar a una verdadera paz. La paz no se puede reducir solo a la desmovilización de la guerrilla, es más, para mí, lo más importante del proceso de paz son los acuerdos sociales y políticos relativos a las causas que generaron el conflicto. Yo no estoy pretendiendo que cambien el modelo económico ni que el país vaya hacia una dictadura del proletariado, como dice Uribe, sino que tiene que haber una paz con democracia y justicia social, al menos en los factores originales que generaron el conflicto. Porque si no se hace así también será difícil para las FARC explicar que tras sesenta años de guerra supuestamente para intentar llegar al poder y resolver los problemas del país, dejando miles de muertos atrás, ahora entregan  las armas y que no se pudo hacer más, ¿con qué cara van a explicar a la gente que este país se sumió en una tragedia, en una guerra, para nada? 

 R.A.:¿Cuál es el escenario, que las FARC se conviertan en un partido político clásico participando en los distintos procesos electorales? ¿Y qué debe hacer la izquierda ante ese  previsible escenario?

 C.L.:Por supuesto, claro que sí, esa debe ser la meta. El objetivo final de este proceso es que quienes hicieron la política con armas argumentando que no tenían garantías para participar en la vida política, es que ahora actúen sin armas, aprovechando las nuevas condiciones que se acuerden en el proceso de paz. Es más, yo creo incluso debemos de adelantar desde la izquierda la idea de un movimiento unitario y amplio, que puede ser hasta el Frente Amplio en el que estamos trabajando. Tenemos que unirnos y ser capaces de abrir el espacio para que la guerrilla, ya desmovilizada y ya actuante en la vida política, pueda incorporarse a ese movimiento de izquierdas plural. 

 Algunos, en la izquierda, no creen que ese sea el debate, que la guerrilla debe quedar al margen, pero yo sí creo que deberían integrarse a esa gran fuerza de izquierda. Las FARC y el ELN no pueden convertirse en un ghetto político, sino que deben ser atraídos a una izquierda nueva, modernizada, no sectaria, donde no haya hegemonías de ninguna clase y donde todos los actores tengamos claras las reglas de juego y las respetemos, ese debe ser el escenario final de este proceso de paz. Yo creo que objetivo final del postconflicto debe ser que la izquierda pueda convertirse en una alternativa real en la sociedad colombiana porque de no ser así seguirán gobernando los mismos y el modelo de país tan desigual se legitimará. Y no cambiará par dar paso a un país más justo y democrático, sino que seguiremos tal como estamos. Hacer el esfuerzo de paz que estamos haciendo para que nada cambie y el país siga el mismo rumbo no puede ser, tiene que haber una posibilidad aunque sea en el mediano tiempo de que las cosas puedan cambiar. Si no es así, estamos mal y habremos fracasado en este proceso de paz.

 R.A.:Dice un representante de la derecha colombiana cercana a Uribe que las FARC solo quieren la impunidad y no pagar por sus delitos, ¿le parece cierto ese planteamiento?

 C.L.:No tiene ningún sentido. Tiene que haber una respuesta en el proceso al tema de asegurar la justicia, eso lo tengo claro y creo que casi todo el mundo lo ve así. Nadie puede pensar que la guerrilla va a hacer la paz para irse a la cárcel, esa idea es un disparate. Una guerrilla hace la paz para participar en la vida política. El acuerdo de víctimas hará posible que todo el mundo responda con verdad, justicia y reparación, pero no necesariamente con largas condenas de cárcel, pero sí van a tener que responder ante la historia, el país y las víctimas por los hechos que cometieron. Y no solamente la guerrilla, sino que el señor Uribe tendrá que responder, ya que bajo su gobierno, precisamente, no fueron unas monjas de la caridad. 

 Habrá que buscar caminos y las FARC se acabarán convirtiendo en un actor político, algo que me consta que ya están considerando sin pedir pista a nadie, ni siquiera a Marcha Patriótica. Pondrán en marcha un proyecto propio, con sus señas de identidad, quizá en coordinación con el ELN, en la perspectiva de que se conforme un proyecto unitario que se está considerando ahora y que seguro que cierta izquierda no aceptará. Pero, si realmente queremos cambiar el país por la vía política y sin armas, logrando una transformación democrática, tenemos que hacerla con un gran movimiento político no solo de la izquierda tradicional y democrática, sino contando con todos los sectores democráticos de Colombia que estén de acuerdo en unos cambios y unas reformas absolutamente necesarias y que el país requiere.

 SOBRE RICARDO ANGOSO

 Ricardo Angoso(izq) entrevista en Guatemala a Oscar Platero , militar y analista político (der)
Ricardo Angoso es un periodista español , analista de los problemas politicos y sociales a nivel mundial y ha entrevistado a politicos y militares comprometidos con los procesos democráticos de sus países. Es un amplio conocedor, además , de la realidad política europea. Ricardo lidera varias organizaciones no gubernamentales , destinadas a enrriquecer la democracia. Entre ellas, el foro “ideas para la democracia” con sedes en España y Colombia.

Agencias

En riesgo miles de proyectos en el mundo por cierre de USAID

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS

Washington | A partir del miércoles por la tarde, el Departamento de Estado en Washington envió una oleada de correos electrónicos a todo el mundo, los cuales llegaron a las bandejas de entrada de campos de refugiados, clínicas de tuberculosis, proyectos de vacunación contra la polio y miles de otras organizaciones que recibían financiación crucial de Estados Unidos para salvar vidas.

“Se da fin a esta adjudicación por conveniencia e interés del gobierno estadounidense”, comenzaban.
Las escuetas notas ponían fin a la financiación de unos 5800 proyectos que habían sido financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) , lo que indicó que había terminado el tumultuoso periodo en el que el gobierno de Trump dijo que estaba congelando proyectos para someterlos a una aparente revisión, y que se había terminado cualquier débil esperanza de que la ayuda estadounidense pudiera continuar.

Muchos eran proyectos que habían recibido una exención de la congelación porque el Departamento de Estado había identificado previamente su labor como esencial y salvadora de vidas.
“Morirá gente”, dijo Catherine Kyobutungi, directora ejecutiva del Centro Africano de Investigaciones sobre Población y Salud, “pero nunca lo sabremos, porque se han cortado incluso los programas para contar a los muertos”.

Entre los proyectos suprimidos figuran programas de tratamiento del VIH que habían servido a millones de personas, los principales programas de control de la malaria en los países africanos más afectados y los esfuerzos mundiales para erradicar la poliomielitis.

Estos son algunos de los proyectos que The New York Times ha confirmado que se han cancelado:

• Una subvención de 131 millones de dólares al programa de inmunización contra la polio de UNICEF, que pagaba la planificación, la logística y la entrega de vacunas a millones de niños.

• Un contrato de 90 millones de dólares con la empresa Chemonics para mosquiteros, pruebas y tratamientos contra la malaria que habrían protegido a 53 millones de personas.

• Un proyecto en la República Democrática del Congo que explota la única fuente de agua para 250.000 personas en campos de desplazados situados en el centro del violento conflicto al este del país.

• Todos los costos de funcionamiento y el 10 por ciento del presupuesto para medicamentos del Servicio Farmacéutico Mundial, el principal canal de suministro de medicamentos contra la tuberculosis, que el año pasado proporcionó tratamiento contra la tuberculosis a casi tres millones de personas, incluidos 300.000 niños.

• Proyectos de atención y tratamiento del VIH dirigidos por la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, que proporcionaban medicamentos vitales a 350.000 personas en Lesoto, Tanzania y Esuatini, incluidos 10.000 niños y 10.000 mujeres embarazadas que recibían atención para no transmitir el virus a sus bebés al nacer.

• Un proyecto en Uganda para rastrear los contactos de las personas con ébola, llevar a cabo la vigilancia y enterrar a quienes murieron a causa del virus.

• Un contrato para gestionar y distribuir en Kenia suministros médicos por valor de 34 millones de dólares, incluidos 2,5 millones de tratamientos mensuales contra el VIH, 750.000 pruebas del VIH, 500.000 tratamientos contra la malaria, 6,5 millones de pruebas de malaria y 315.000 mosquiteros antipalúdicos.

• Ochenta y siete refugios que atendieron a 33.000 mujeres víctimas de violación y violencia doméstica en Sudáfrica.

• Un proyecto dirigido por FHI 360 que apoyó los esfuerzos de los trabajadores de salud de la comunidad para ir puerta por puerta en busca de niños desnutridos en Yemen. Recientemente descubrió que uno de cada cinco niños tenía un peso críticamente inferior al normal debido a la guerra civil del país.

• Servicios de salud prenatales y postnatales para 3,9 millones de niños y 5,7 millones de mujeres en Nepal.

• Un proyecto dirigido por la organización Helen Keller Intl en seis países de África occidental que el año pasado proporcionó a más de 35 millones de personas medicamentos para prevenir y tratar enfermedades tropicales desatendidas, como el tracoma, la filariasis linfática, la esquistosomiasis y la oncocercosis.

• Un proyecto en Nigeria que proporciona a 5,6 millones de niños y 1,7 millones de mujeres tratamiento para la desnutrición grave y aguda. La interrupción supone que 77 centros de salud han dejado de tratar por completo a los niños con desnutrición aguda grave, lo que pone a 60.000 niños menores de 5 años en riesgo inmediato de muerte.

• Un proyecto en Sudán que gestiona las únicas clínicas de salud operativas en una de las mayores zonas de la región de Kordofán, lo que interrumpe todos los servicios de salud.

• Un proyecto que atiende a más de 144.000 personas en Bangladés y que proporciona alimentos a mujeres embarazadas desnutridas y vitamina A a los niños.

• Un programa dirigido por la agencia de ayuda PATH, denominado REACH Malaria, que protegió de la enfermedad a más de 20 millones de personas en 10 países de África. Proporcionaba medicamentos contra la malaria a los niños al comienzo de la estación de lluvias.

• Un proyecto dirigido por Plan International que proporcionó medicamentos y otros suministros médicos, atención a la salud, tratamiento de programas de desnutrición, así como agua y saneamiento a 115.000 desplazados o afectados por el conflicto del norte de Etiopía.

• Más de 80 millones de dólares para ONUSIDA, la agencia de las Naciones Unidas, que financió trabajos para ayudar a los países a mejorar el tratamiento del VIH, incluida la recopilación de datos y programas de vigilancia de la prestación de servicios.

• El programa de la Iniciativa Presidencial contra la Malaria, denominado Evolve, que se encargó del control de mosquitos en 21 países mediante métodos que incluyen el aerosol de insecticida en el interior de las viviendas (protegiendo a 12,5 millones de personas el año pasado) y el tratamiento de los lugares de reproducción para matar las larvas.

• Un proyecto que proporciona tratamiento contra el VIH y la tuberculosis a 46.000 personas en Uganda, dirigido por la Fundación Infantil del Baylor College of Medicine, Uganda.

• Smart4TB, el principal consorcio de investigación que trabaja en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis.

• Las Encuestas Demográficas y de Salud, un proyecto de recogida de datos en 90 países que fueron fuentes cruciales, y en ocasiones las únicas, de información sobre salud y mortalidad materno-infantil, nutrición, salud reproductiva e infecciones por VIH, entre otros muchos indicadores de salud. El proyecto fue también la base de presupuestos y planificación.

Publicado en N.YT.

Stephanie Nolen es reportera de salud global para el Times. 

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Agencias

No es tiempo de distraerse

Francisco

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EP NEW YORK  | EE.UU.

No te distraigas. No te agobies. No te paralices ni te dejes arrastrar por el caos que el presidente Trump y sus aliados están creando a propósito con el volumen y la velocidad de las órdenes ejecutivas; el esfuerzo por desmantelar el gobierno federal; los ataques performativos contra los migrantes, las personas trans y el concepto de diversidad; las exigencias de que otros países acepten a los estadounidenses como sus nuevos soberanos y la vertiginosa sensación de que la Casa Blanca podría hacer o decir cualquier cosa en cualquier momento. Todo ello pretende mantener a Estados Unidos en vilo para que el presidente Trump pueda avanzar a toda velocidad en su afán por conseguir el máximo poder ejecutivo, para que nadie pueda detener la agenda osada, mal concebida y a menudo ilegal que impulsa su gobierno. Por favor, no te desconectes.

Hay que seguirle la pista a las acciones de esta presidencia y, cuando traspasen los límites morales o legales, hay que cuestionarlas, con valentía y reflexión, con la confianza de que el sistema de controles y equilibrios de la nación estará a la altura de las circunstancias. Hay motivos de preocupación en ese frente, por supuesto. El Congreso, controlado por los republicanos, hasta ahora ha abdicado de su papel como rama coigualitaria del gobierno, desde permitir que sus leyes y directivas de gasto sean sistemáticamente desechadas hasta consentir temerosamente que el presidente llene su gabinete de personajes leales, erráticos y no cualificados. Gran parte de la sociedad civil —desde la comunidad empresarial hasta las universidades, pasando por una parte de los medios de comunicación corporativos— ha permanecido inquietantemente callada, incluso condescendiente.

Pero también hay signos alentadores. Los tribunales, el control más importante sobre un presidente que pretende ampliar sus poderes legalmente autorizados y eliminar cualquier barrera de protección, han resistido hasta ahora y han bloqueado varias iniciativas de Trump. Los estados también han tomado medidas, pues varios fiscales generales demócratas han iniciado demandas contra los intentos de Trump de congelar la financiación de subvenciones federales y terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y han prometido luchar contra el acceso del equipo de Elon Musk a los sistemas de pago federales que contienen información personal.

Los funcionarios estatales o locales también están defendiendo sus leyes frente a las redadas federales contra la migración y luchando contra la orden ejecutiva de Trump que prohíbe la atención médica de afirmación de género a los niños trans. Y las organizaciones periodísticas de mentalidad independiente han seguido informando de forma excelente sobre la inundación de excesos de estos primeros días, aportando información esencial al público.

Nada de esto quiere decir que Trump no deba tener la oportunidad de gobernar. Setenta y siete millones de estadounidenses votaron para que Trump volviera a la Casa Blanca, y el Partido Republicano, ahora totalmente rehecho al servicio del movimiento MAGA, tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso. Las elecciones, se suele decir, tienen consecuencias. Pero ¿esta revisión inconstitucional del gobierno estadounidense —mucho más amplia, descuidada y cruel que todo aquello por lo que hizo campaña— es realmente lo que los votantes querían? ¿Poner en peligro el sistema estadounidense de controles y equilibrios, sus alianzas y su seguridad nacional? Porque, más allá de las bravatas, eso es lo que Trump, Musk y sus partidarios están haciendo.

Transcurridas tres semanas del segundo mandato de Trump, aquí ofrecemos un puñado de las cosas a las que los estadounidenses no pueden ignorar:

El dominio ejecutivo de Elon Musk.

El problema no es que Musk no haya sido elegido, sino que está infringiendo la ley. Sin ser siquiera un funcionario a tiempo completo, está intentando cerrar o desmantelar unilateralmente agencias y departamentos federales enteros, ignorando los mandatos del Congreso, lo que está prohibido por la Constitución. Él y su equipo están detrás de las ofertas de indemnización anunciadas para millones de funcionarios —incluida toda la plantilla de la CIA— y han forzado de manera efectiva la salida de altos funcionarios a los que no tienen poder para despedir.

Ha emprendido la misión de arrasar los sistemas de pago confidenciales del gobierno con el regocijo de un anarquista, decidiendo por su cuenta qué aspectos del gasto federal son legítimos y sustituyendo cualquier esfuerzo por comprender las funciones gubernamentales que está debilitando por su instintiva adopción de teorías de la conspiración.

Tanto el presidente como Musk parecen disfrutar el hecho de que la mayoría de sus acciones sean evidentemente ilegales, con lo que desafían a los tribunales a intervenir y detenerlas, basándose en la teoría de que, para empezar, esas leyes están equivocadas. Al mismo tiempo, la persona que está dirigiendo este esfuerzo es el hombre más rico del mundo, quien sigue teniendo intereses en sus empresas privadas, que el gobierno federal regula y con las que hace negocios por un valor de miles de millones de dólares. Es un nivel de conflicto de intereses como no hemos visto en la era moderna.

El gobierno contra los funcionarios públicos (también conocidos como los enemigos de Trump). Además del despido de más de una decena de miembros de la fiscalía de Washington que habían trabajado en casos relacionados con los disturbios del 6 de enero de 2021, el gobierno de Trump empezó a recopilar los nombres de miles de miembros del FBI que ayudaron a investigar delitos relacionados con el ataque al Capitolio. Varios funcionarios de alto rango de la agencia ya han sido despedidos.

La medida ofreció un primer atisbo de cómo Trump y su nominado para dirigir el FBI, Kash Patel —quien publicó una lista literal de enemigos de los miembros del “Estado profundo del poder ejecutivo”— podrían utilizar las fuerzas de seguridad federales contra los oponentes políticos del presidente. En lo que quizá sea la advertencia más inquietante a quien se le ocurra cuestionarlo o desafiarlo, Trump despojó a varios de sus antiguos asesores de la protección de seguridad que se consideraba necesaria dadas las amenazas creíbles del gobierno iraní de asesinarlos por acciones que llevaron a cabo bajo su orden directa.

Los desplantes imperiales del presidente y los ataques a nuestros aliados. Trump ha pasado semanas sugiriendo evasivamente que Estados Unidos está a punto de apoderarse ilegalmente de territorios en tres continentes, dejando a su paso diversas olas de consternación. Luego están sus aranceles, planeados desde hace tiempo y aparentemente legales, aunque extremadamente desaconsejados.

Todas las amenazas e insultos le han valido a Trump algunas concesiones a corto plazo, pero es probable que ninguna de ellas fortalezca la economía de Estados Unidos ni le dé al país más seguridad en el escenario mundial. Pisotear alianzas centenarias perjudicará a los países afectados, pero también podría comprometer la seguridad nacional, elevar el precio de productos, alterar el comercio mundial y beneficiar a adversarios como China y Rusia, deseosos de llenar el vacío de unos Estados Unidos cada vez menos confiable.

La salud pública en peligro.

Robert F. Kennedy Jr., quien abiertamente es un escéptico de las vacunas, aún no ha sido confirmado como secretario de Salud y Servicios Humanos de Trump. Pero el gobierno ya está tomando medidas para debilitar y derribar las protecciones de la salud pública y mundial. El jueves, el Times informó que el gobierno planea reducir la plantilla de más de 10.000 estadounidenses de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) a solo unas 300 personas, y cancelar casi 800 adjudicaciones y contratos que la agencia administraba. El presidente —y mucho menos Musk— no puede cerrar una agencia federal sin el voto del Congreso.

Hacerlo también es ilegal de acuerdo a la Constitución. Más de la mitad del gasto de la USAID en 2023 se destinó a programas de salud que buscaban detener la propagación de enfermedades como la poliomielitis, el ébola, la tuberculosis, el VIH/sida y la malaria, o a la ayuda humanitaria para responder a emergencias y contribuir a estabilizar regiones asoladas por la guerra. Si te preocupa prevenir la próxima pandemia o las presiones de la migración mundial, USAID es una inversión que deberías desear que Estados Unidos haga.

El bombardeo del presidente contra los derechos civiles.

Trump ha emitido una avalancha de órdenes ejecutivas y pronunciamientos que hacen retroceder décadas de progreso en materia de derechos civiles y a menudo desafían abiertamente la Constitución. Ha puesto en el punto de mira especialmente a los estadounidenses trans y ha amenazado la financiación federal de las escuelas públicas que no se adhieran a la ideología de derecha sobre cómo se debe hablar sobre la historia y cuestiones raciales.

También, casi a diario, ha encontrado excusas para arremeter contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión e incluso llegó a culpar a la DEI del accidente aéreo del 29 de enero en Washington e insinuando enérgicamente que cualquier controlador aéreo que sea mujer o no sea blanco es inferior y se le ha dado trabajo por razones equivocadas. Y la nueva fiscal general, Pam Bondi, anunció el miércoles que las empresas privadas que decidan mantener sus propias políticas de diversidad e inclusión podrían ser objeto de “investigaciones criminales”.

Estados Unidos se enfrenta a una nueva realidad, y exige sabiduría, resistencia y valentía. Estados Unidos está dirigido por un presidente que parece dispuesto a pasar por encima de cualquier persona, ley, estatuto del Congreso o país que se interponga en su camino. Se deja llevar por los impulsos y no tiene interés por las normas, la historia o la realidad.

La forma en que los estadounidenses y el mundo traten a un presidente así determinará gran parte de los próximos cuatro años, y nos exigirá mucho a todos nosotros. Debemos estar a la altura del momento. Trump ganó las elecciones limpiamente, pero su posición es la de presidente, no la de rey o Dios emperador. Cada vez que el Congreso le permite sobrepasar su función constitucional, fomenta un comportamiento más antidemocrático y debilita la capacidad del poder legislativo para frenar una mayor erosión de las normas y valores que han contribuido a hacer de esta nación la más libre, rica y fuerte del mundo.

Publicado en NYT

 

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Agencias

Desafíos y perspectivas de Trump en su segundo período presidencial

Francisco

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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS

Trump firma órdenes para reformar la seguridad fronteriza, pero sus planes enfrentarán desafíos

WASHINGTON  — El presidente Donald Trump firmó el lunes órdenes ejecutivas para reforzar la seguridad en la frontera sur, las cuales comenzaron a surtir efecto horas después de su investidura, cumpliendo con su principal promesa política de endurecer las medidas de inmigración y marcando otro cambio drástico en la política de la Casa Blanca sobre este tema divisivo.

Algunas de las órdenes reviven políticas de su primer mandato que fueron revertidas por su predecesor, como obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México y terminar la construcción del muro fronterizo. Otras marcan nuevas estrategias radicales, como su propuesta de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, involucrar al ejército en labores de seguridad fronteriza y dar fin al uso de una aplicación implementada durante la era del presidente Joe Biden que facilitó el ingreso de casi un millón de migrantes al país.

La ejecución real de una agenda de inmigración tan amplia seguramente enfrentará desafíos jurídicos y logísticos. Y hasta el momento se han dado a conocer pocos detalles.

Pero en una muestra concreta de cómo ya se implementaban los cambios, los migrantes que tenían citas para ingresar a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One vieron cómo fueron canceladas pocos minutos después de que Trump asumió el cargo. Además, México acordó permitir que las personas que pidan asilo en Estados Unidos permanezcan al sur de la frontera estadounidense mientras se resuelven sus procesos en la corte.

“Declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Todo ingreso ilegal se detendrá de inmediato, y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”, sostuvo Trump entre una fuerte ovación durante su discurso de investidura.

La aplicación CBP One desaparece

El sistema de lotería en línea otorgaba citas a 1.450 personas al día en ocho cruces fronterizos para ingresar con un permiso condicional, el cual Joe Biden utilizó más que cualquier otro presidente estadounidense. Era una pieza fundamental de la estrategia fronteriza del gobierno de Biden para crear nuevas vías de inmigración mientras se tomaban medidas enérgicas contra las personas que ingresaban ilegalmente.

Los partidarios dicen que puso orden a una frontera caótica. Los detractores afirman que fue un imán para que más personas vinieran. Para el mediodía del lunes, había desaparecido.

Algunos migrantes que hace unas semanas habían obtenido las codiciadas citas, se enteraron el lunes que habían sido canceladas. Entre ellas estaban Melanie Mendoza, de 21 años, y su novio. Ella dijo que dejaron Venezuela hace más de un año, gastando más de 4.000 dólares y viajando durante un mes, incluidos tres días caminando. Mendoza admitió no saber qué hacer ahora que se encuentran en la ciudad mexicana de Tijuana, al otro lado de la frontera de San Diego.

México accede a recibir de nuevo a migrantes

El gobierno de Trump restablece su política de “Permanecer en México”, la cual obligó en su primer mandato a 70.000 solicitantes de asilo a esperar allí a que llegara la fecha de audiencia en las cortes migratorias de Estados Unidos.

México, un país crucial para cualquier plan estadounidense para limitar la inmigración ilegal, indicó el lunes que está dispuesto a recibir a quienes solicitan asilo en Estados Unidos al tiempo que enfatizó que debería haber una aplicación en línea que les permita programar citas en la frontera estadounidense.

Algunos activistas dicen que la política puso a los migrantes en un riesgo extremo en el norte de México.
“Esto es un déjà vu del peor tipo”, dijo Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y directora general de Global Refuge. Señaló que políticas como “Permanecer en México” han “exacerbado las condiciones en la frontera, a la vez que hacen poco para abordar las razones por las que los migrantes dejan sus hogares en primer lugar.

El derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento

Cualquier persona nacida en Estados Unidos se convierte automáticamente en ciudadano estadounidense, incluidos los niños nacidos de alguien que esté en el país ilegalmente o con una visa de turista o estudiante.

Es un derecho consagrado en la 14ta Enmienda, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil y que garantizó la ciudadanía para todos, incluidas las personas negras.

La medida seguramente enfrentará significativas impugnaciones legales. Se refirió a ese concepto como“ridículo” mientras firmaba la orden ejecutiva en el Despacho Oval. “Tenemos muy buenos fundamentos. La gente ha querido hacer esto durante décadas”, dijo Trump.

Migrantes temen deportaciones a gran escala.

Trump tomó medidas para cumplir con su promesa de deportar a por lo menos 11 millones de personas que viven en el país sin autorización legal. Revirtió varias órdenes de Biden en materia de inmigración, incluida una que limitaba las prioridades de deportación a personas que cometieron delitos graves, sean consideradas una amenaza a la seguridad nacional o fueron detenidas en la frontera. Retorna a la política de su primer mandato de que todos los que están sin autorización en el país son una prioridad.

Tom Homan, el “zar fronterizo” de Trump, ha dicho en repetidas ocasiones que el gobierno irá primero tras los criminales, pero no dudará en arrestar a otros.

Rocío, una madre soltera de 43 años originaria de México que vive en el sur de Florida, dijo que está preocupada por su hijo de 13 años. Su padre fue deportado cuando el niño era un bebé, y él teme que ahora le pueda pasar lo mismo a ella. Rocío, quien pidió ser identificada únicamente por su primer nombre por miedo a ser detenida, indicó que le preocupa conducir sin licencia pero necesita trabajar para sobrevivir.

Mayor participación militar en la seguridad fronteriza y Cárteles como organizaciones terroristas extranjeras

El gobierno de Trump designó a los cárteles criminales como organizaciones terroristas extranjeras, y apunta específicamente a la pandilla venezolana Tren de Aragua y a la MS-13, y expulsar a sus miembros de Estados Unidos.

MS-13 es una pandilla transnacional que se originó en Los Ángeles y desde entonces ha ganado influencia en gran parte de Centroamérica. Tren de Aragua era una pandilla callejera nacida en Venezuela, pero se ha convertido en una amenaza incluso en suelo estadounidense

Suspensión de permisos para refugiados

Trump también suspendió el reasentamiento de refugiados durante cuatro meses, dijo el funcionario. Durante décadas, el programa ha permitido que cientos de miles de personas que huyen de la guerra y la persecución en todo el mundo lleguen a Estados Unidos.

Trump suspendió de manera similar el programa de refugiados al comienzo de su primer mandato, y luego de reinstaurarlo, redujo los números de refugiados que serían admitidos en el país. En el gobierno de Biden, el programa se reconstruyó hasta el punto de que el año pasado se reasentaron unos 100.000 refugiados

Trump ordenará al gobierno, con la ayuda del Departamento de Defensa, que “termine” la construcción del muro fronterizo y enviará a elementos de las fuerzas armadas a la frontera, dijo un funcionario del gobierno entrante.

El funcionario no dijo a cuántos elementos tenía planeado desplegar Trump, recalcando que la cifra será decisión del secretario de Defensa, o que labores desempeñarán en la frontera.

Enviar soldados a la frontera es una estrategia que Trump ha utilizado antes, al igual que Biden.

Iniciativas de género y diversidad, equidad e inclusión

Establecer definiciones de sexo biológico para los trabajadores del gobierno federal y como parte de las directrices modificadas del Título IX para las escuelas.

Eliminar las protecciones para las personas transgénero en las prisiones federales.

Eliminar las protecciones para los migrantes transgénero que se hallan bajo custodia estadounidense.

Con información de AP

 

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