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Carlos Lozano : La otra voz del conflicto armado en Colombia

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ENTREVISTA A CARLOS LOZANO

por Ricardo Angoso

@ricardoangoso

rangoso@iniciativaradical.org

 ENTRADILLA:

 Carlos Lozano es el director del semanario Voz, la verdad del pueblo, órgano oficial del Partido Comunista Colombiano y, por lo general, bien informado acerca de lo que ocurre en el interior de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y en torno a todo lo que discurre alrededor del proceso de paz entre dicha organización y el ejecutivo presidido por Juan Manuel Santos. Considerado un facilitador en las fases previas a las negociaciones, Lozano cree que la extrema derecha encarnada por el expresidente Alvaro Uribe es una férrea enemiga de la paz en Colombia.

 TITULARES:

 “Hay que buscar una paz justa para todos, tanto para las guerrillas como para el ejecutivo de Juan Manuel Santos”

 “Hay una parte del Establecimiento que se opone al proceso de paz en Colombia”

 “La historia de Colombia es una historia de la violencia ejercida desde el poder, desde el Estado como principal victimario”

 “Aquí la clase dominante colombiana ha sido muy mezquina porque aquí el conflicto está muy ligado al asunto de la tierra, al problema de los grandes latifundios, de la violencia ligada a la defensa para perpetuar la concentración de la tierra en manos de unos pocos”

 “En los acuerdos anteriores, no lo olvidemos, hubo una amnistía total. Por ejemplo, Antonio Navarro, que fue uno de los más importantes líderes del M-19, no pagó ni un día de cárcel, pese a que ahora es uno de los más críticos de todos los acuerdos que se han logrado en La Habana”

 “La paz no se puede reducir solo a la desmovilización de la guerrilla, es más, para mí, lo más importante del proceso de paz son los acuerdos sociales y políticos relativos a las causas que generaron el conflicto”

 “Creo que en esta ocasión las FARC han mostrado una voluntad política que no tenían en el pasado y estamos discutiendo ya asuntos de capital importancia que nunca antes se habían puesto sobre la mesa, como la dejación de armas”

 “Una guerrilla que lleva sesenta años de lucha, que nunca fue derrotada militarmente a pesar de los golpes duros recibidos en muchas ocasiones, no se puede pretender doblegarla de la noche a la mañana y sin una negociación. Eso no funciona así ni con las FARC ni con el mismo Ejército de Liberación Nacional”

 La Entrevista

 Ricardo Angoso: ¿Cuál ha sido el motivo por el que nuevamente se aplazó la firma definitiva de un acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el ejecutivo que preside Juan Manuel Santos?

 Carlos Lozano: Había puntos muy importantes pendientes y que generaban grandes controversias, tales como el fin del conflicto y la implementación del mismo proceso una vez concluido, así como ver como se aplicaban los acuerdos alcanzados. No había tiempo suficiente para llegar a un gran acuerdo sobre  estos temas. Sin embargo, al haber fijado esa fecha del 23 de marzo, se generaron unas expectativas para el país y la sociedad en general de que se iba a alcanzar un acuerdo final y de que iba a llegar la paz en esa fecha. El gobierno se equivocó claramente queriendo acotar el proceso de paz a unos tiempos concretos.

 En ésta foto se observa a los principales protagonistas del conflicto armado de los últimos años en Colombia. Alvaro Uribe Vález , Juan Manuel Santos y Timochenco /centro)
 Pero también ocurre que el gobierno tiene muchas dificultades internas y la presión que tiene de la extrema derecha y de un sector del gobierno, contrarios a la solución política, le ponen en una situación muy difícil para llevar a buen término el proceso. Lo digo  porque aprobado el tema de víctimas el pasado  año volvieron a abrir el asunto para hacer unos  supuestos ajustes que finalmente eran cambios, debido a las presiones y corrientes de opinión que desde el Establecimiento le condicionaban al presidente Santos diciéndole que bajo las condiciones de ese acuerdo iba a ser muy difícil que le respaldaran en el asunto del plebiscito. Eso demoró dos meses el tomar el hilo de la discusión sobre las cuestiones pendientes porque hubo que volver al tema de las víctimas y solo hasta el mes de enero quedó aprobado en firme como ya lo está. E incluso todavía hay sectores, dentro del partido conservador y el uribismo, que siguen diciendo que este tema hay que replantearlo. Además, hay temas sobre la mesa que no eran tan sencillos y el gobierno creía que eso se resolvería rápido, cuando no era así.

 Desde que el gobierno comenzó a buscar los acuerdos con las FARC, en la parte secreta incluso de las negociaciones, se pensó que quien ponía las normas era quien estaba en el poder, es decir, el ejecutivo. Se pensaba que estaban haciendo algo bondadoso, humanitario, porque se encontraban frente a una supuesta guerrilla derrotada y que solamente el gobierno podía ofrecer a las FARC un acuerdo digno. El acuerdo digno, para este gobierno, era desmovilizarse y entregar las armas, ahí se quedaba todo. Eso fue una equivocación y el ejecutivo, en parte, sigue siendo presa de ese error porque no se logró nada el 23 de marzo en ninguna materia precisamente porque se pretendió que las FARC se sumara a decisiones tomadas por el gobierno, como el asunto de la refrendación de los acuerdos y el plebiscito. También hubo problemas en lo que se refiere a las zonas de ubicación y a las reformas en materia de orden público. 

 El gobierno tomaba decisiones unilaterales, que perdieron el sentido de bilateralidad propio en unas negociaciones políticas, y eso fundamentalmente derivó en que no se alcanzara un acuerdo en la fecha prevista. Los acuerdos deben ser entre las dos partes y no se deben tomar unilateralmente. Se dice que las FARC no quisieron, que no pusieron de su parte para alcanzar un acuerdo, como en el asunto de la dejación de armas, cuando ese tema ya había quedado definido en La Habana y fija en 60 días ese punto una vez alcanzado el acuerdo definitivo. Incluso, yo creo, que a partir de la nueva fecha fijada, el 6 de abril, se va a establecer una nueva hoja de ruta con una agenda, unas fechas definidas y unos plazos cerrados, en resumen unos tiempos y una fecha más o menos definitiva para resolver en un tiempo razonable un acuerdo final. Pero no nos debemos amarrar a una fecha cerrada, como pretende el presidente Santos, porque eso generará frustraciones y acabará abocando a nuevos fracasos ante la sociedad, debilitando definitivamente el proceso de paz. Eso de intentar ceñirse a una fecha cerrada le resta seriedad al proceso y le debilita, en términos de opinión pública, ante la sociedad.

 El presidente Santos, Sergio Jaramillo y Humberto de la Calle, del equipo negociador del Gobierno; (d) Timochenko, número uno de las FARC, Iván Márquez y Pablo Catatumbo, del equipo negociador de la guerrilla. Foto: Archivo SEMANA
 R.A.:¿No es demasiado tiempo cuatro años para encarar un proceso de estas características, habiendo tenido este largo periodo un coste alto en términos de erosión del presidente y de desilusión en una sociedad que esperaba resultados mucho antes?

 C.L.: Era difícil agilizarlo. Desde que se comenzó hace tres años y medio en Oslo, en la célebre reunión, para inaugurar la fase pública del proceso de paz, se vio que iba ser complicado, ya que las dos partes mostraron en sus discursos que tenían posiciones muy diferentes, casi antagónicas y con discrepancias muy fuertes. Estas diferencias iban a traducirse en un largo proceso de paz, como así ha sido, y en donde habría que tener paciencia y voluntad política por parte de las dos partes para mantenerse en las negociaciones. Todo eso era previsible. Me parece que el gobierno no lo entendió así y comenzó a jugar con el tiempo, las fechas y las decisiones, de carácter unilateral, claro. Y así fue como esa unilateralidad, por parte del gobierno, condujo a seguros fracasos que fueron debilitando el proceso. 

 Luego el presidente Santos, siendo quien conducía el proceso, tenía que haberlo defendido y mantener en alto la defensa del mismo, pero no lo hizo y se mostró débil haciendo concesiones a la extrema derecha contraria a la paz. Eso debilitó al proceso de la paz, aparte de que acontecimientos de fuera de la mesa, que nada tenían que ver con la naturaleza misma de la negociación, afectaron negativamente a la negociación política entre las partes. 

 Más tarde, el gobierno fracasó en que los miembros de la mesa de Unidad Nacional que le apoyaban no estuvieran claramente en favor del proceso y logrando un consenso por la paz, algo que incluso al día de hoy todavía no ha logrado. Y me refiero, por ejemplo, al Partido Conservador, que en estos momentos se debate sobre si estar o salirse de la Unidad Nacional porque no comparte el tema de la paz. El mismo vicepresidente, Germán Vargas Lleras, se ha mantenido al margen del proceso de paz, entretenido en su campaña electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales al frente de estas megaobras de infraestructuras que se están haciendo en el país y que le sirven como buena plataforma política. Estos elementos han contribuido a debilitar el proceso mismo, aparte de la campaña de la extrema derecha y de una parte del Establecimiento que han hecho fuerza para que el proceso no saliera y oponiéndose al presidente Santos. Estos sectores exigían un rápido acuerdo a cambio de la desmovilización y la entrega de las armas a las FARC a cambio de nada. Una guerrilla que lleva sesenta años de lucha, que nunca fue derrotada militarmente a pesar de los golpes duros recibidos en muchas ocasiones, no se puede pretender doblegarla de la noche a la mañana y sin una negociación. Eso no funciona así ni con las FARC ni con el mismo Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

 Estamos ante un desafío histórico de primera que requiere una solución política con una paz digna para todos, tanto para las guerrillas como para el ejecutivo del presidente Santos. En definitiva, hay que buscar una paz digna y justa para el país. Aquí se trata de buscar una solución que ponga fin a este largo conflicto y la prueba de que estamos ad portas de terminar este proceso, algo que se ha reconocido desde el mismo poder, como el presidente Santos, es que en estos cuatros años se avanzó mucho. Cuatro años en comparación con otros procesos de paz no es mucho tiempo, es un proceso corto en comparación con otros del mundo y de América Latina. Aquí el problema es que algunos esperaban una paz exprés que no llegó pero sí va a llegar, se ha hecho un recorrido suficiente y necesario que va a sentar las bases para que los colombianos alcancen la paz que tanto anhelamos todos. Estamos en el buen camino, pese a los contratiempos, y tengo fe en que finalmente llegará la paz.

 Grupo paramilitar (AUC) autodensas unidas de Colombia
 R.A.:¿Usted piensa como el uribismo, en el sentido de que dicen que las FARC no tienen voluntad política de alcanzar un acuerdo y dejar las armas en aras de que se logre una auténtica paz?

 C.L.: No creo que ese sea el asunto. Creo que en esta ocasión las FARC han mostrado una voluntad política que no tenían en el pasado y estamos discutiendo ya asuntos de capital importancia que nunca antes se habían puesto sobre la mesa, como la dejación de armas. Y este es el tema más complejo para un grupo guerrillero, ya que las armas son las que garantizaron que el movimiento existiera, se hiciera fuerte en algunas regiones del país y se convirtiera en una amenaza para el Establecimiento colombiano. Entonces, poner hoy a las FARC a hablar sobre la dejación de las armas, que no es la entrega, entendida como el desprendimiento de las armas por parte de esta organización pero no como una señal de derrota ni nada parecido. Si estamos ya en ese punto, en que las FARC están dispuestas a dar ese paso y el país está reconociendo ese hecho, no me cabe la menor duda de que están demostrando su voluntad política y quieren llegar hasta el final del proceso de paz.

 Lo que ocurre es que las FARC lo quieren hacer sobre la base de cierto respeto y consideración en el sentido de que quieren que se acaten los acuerdos establecidos en La Habana y que tanto el gobierno de Santos como la guerrilla deben cumplir, respetando lo firmado y lo acordado hasta ahora. Estamos en un punto, creo, de no retorno.

 R.A.:Hay gente que tiene el temor de que esta va a ser una paz con impunidad y en donde las dos partes nunca serán juzgadas por los excesos cometidos, ¿usted qué piensa de este asunto de una paz sin justicia?

 C.L.: Yo creo que el acuerdo de víctimas y justicia es muy positivo para todos porque es la síntesis de lo que ha ocurrido en el país a lo largo del conflicto. Aquí se vivió un momento complejo al comienzo del proceso porque tanto el gobierno como las voces del establecimiento colombiano exigían a las FARC todo y le apostaban a que se rindiera. La guerrilla era la única que tenía que hacer el esfuerzo de reconocer sus culpas y pedir perdón a las víctimas, pero no se hablaban de más asuntos que tenían vital importancia en el proceso. No se hablaba, por ejemplo, del Estado colombiano, que ha sido el principal victimario, y no estoy hablando de este gobierno en concreto, sino del Estado histórico colombiano. La historia de Colombia es una historia de la violencia ejercida desde el poder, desde el Estado como principal victimario.

 Por esa razón, por esa violencia ejercida desde el Estado, el tema político es tan importante, el asunto de la democracia, de la reforma electoral y política, de las garantías que deben tener los colombianos para poder actuar en condiciones de igualdad y con derechos iguales en los procesos electorales de la vida política nacional sin el temor a ser asesinados como ocurrió con la Unión Patriótica (UP) y otros grupos de la izquierda que fueron exterminados en el pasado. Esa versión unilateral de que tan solo era la guerrilla la que tenía que dar la cara a las víctimas se cayó con el acuerdo de víctimas, algo que no gustó a algunos sectores del país. 

 Y es que no es solo el Estado el que tiene que dar la cara, también tienen que responder el Establecimiento y los partidos tradicionales, el liberal y el conservador, ya que hubo caciques regionales que participaron en la creación de los grupos paramilitares y fueron responsables claros de genocidios. No olvidemos que hay caciques de los dos grandes partidos que incluso están en la cárcel y no solo por la parapolítica, sino como responsables de graves violaciones de los derechos humanos. Todo este asunto se tiene que traducir en ese acuerdo de víctimas al que se llegó en su momento. Me parece, por tanto, que va a haber justicia, aunque hay que reconocer que pueden quedar algunas parcelas de impunidad. Creo que en función de un bien supremo, que es la paz, puede que algunos victimarios no paguen por los delitos cometidos, pero esos responsables están en las dos partes y no solo en la guerrilla. 

 Aquí tenemos ese problema y esa discusión, ya que algunos piensan que todos deben de responder y pagar por sus delitos. Si se cumpliera esa premisa, le aseguro, nunca habrá paz en Colombia. Decirle a los militares y a los guerrilleros que tienen que dejar las armas y que no pueden ejercer su derecho a actuar en política y tienen que ir a la cárcel será el peor de los caminos. Por eso, la Ley de Víctimas ejerce un derecho gradual y establece una justicia restaurativa, no punitiva, y sienta las bases para lo que es un auténtico proceso de paz. 

 En los acuerdos anteriores, no lo olvidemos, hubo una amnistía total. Por ejemplo, Antonio Navarro, que fue uno de los más importantes líderes del M-19, no pagó ni un día de cárcel, pese a que ahora es uno de los más críticos de todos los acuerdos que se han logrado en La Habana. Navarro todos los días critica algo, bien a la guerrilla o al gobierno, olvidando que fue victimario y nunca respondió por las tropelías cometidas. Navarro ahora se olvida, al igual que Petro, que nunca pagaron con la cárcel por los delitos que cometieron cuando estaban en el M-19. Así son los procesos de paz: en función de un bien supremo, como es la paz,   hay que asumir ciertos costes mínimos que permitan satisfacer a las víctimas para que haya verdad, justicia y reparación y, hay sobre todo, un compromiso de no repetición pero sobre la base de que se va a priorizar, como ya he dicho antes, la paz. Todo el proceso deber caminar en dirección de una paz justa. El acuerdo de víctimas es muy importante en este proceso y prevé una justicia que reconozca los delitos. Pero debe haber reparación y no repetición de lo que ocurrió. Luego, no olvidemos, el gobierno no quiere tocar el asunto del paramilitarismo, alegando que ese fenómeno no existe y que en Colombia lo que hay son unas bandas criminales, lo que no creo que sea cierto. 

 R.A.:¿El asunto del paramilitarismo no quedó resuelto con Uribe?

 C.L.:No quedó resuelto porque Uribe lo que hizo fue llevarse a unos capos del narcoparamilitarismo extraditándolos a los Estados Unidos, mientras a otros les aplicaron el máximo de la pena, que eran ocho años, pero no se buscó ningún mecanismo de verdad, reparación y no repetición, que es lo que estamos viendo en este proceso. Ahora, el poder acuñó un nuevo término bien raro que dice que los están cometiendo en la actualidad los crímenes son los postdesmovilizados, que es algo que yo no entiendo del todo. Pero la verdad, y todo hay que decirlo, es que quien comete esos crímenes son los brazos del viejo paramilitarismo.

 R.A.:Ultimamente ha habido varias denuncias de crímenes contra activistas sociales y de derechos humanos, ¿qué hay de todo ello?

 C.L.: Todo apunta al paramilitarismo, que sigue siendo una criatura del Estado porque estas bandas están actuando bajo las mismas características de las anteriores, es decir, que siguen ligadas a políticos, pagando favores a empresarios del campo y otros caciques regionales. Hoy lo que tenemos son distintas expresiones de todo este fenómeno del paramilitarismo que no han desaparecido todavía.

 R.A.:¿Cree que las condiciones de desigualdad social y económica que padece el país mejorarán con la firma de la paz para los más desfavorecidos?

 C.L.:Es un debate largo que hay e incluso en la izquierda. Hay sectores de la izquierda que pretenden que la paz llegue cuando todos los problemas del país estén resueltos, es decir, como decía el expresidente Alfonso López Miquelsen, es la aspiración de una revolución por contrato. Pretender que en una mesa de diálogo se resuelvan todos los problemas del país,  como sugieren algunos, es un deseo imposible, claro. Aspirar a que en una mesa de diálogo donde hay una guerrilla revolucionaria sentada con el señor Santos, que es un representante del Establecimiento y el neoliberalismo, se resuelvan todos los problemas del país y haya cambios y transformaciones profundas  no es posible. Por eso, nosotros a lo que aspiramos, y en eso coincidimos con las FARC, es que se pueda llegar a un acuerdo acerca de las causas que originaron el conflicto. 

 Aquí la clase dominante colombiana ha sido muy mezquina porque aquí el conflicto está muy ligado al asunto de la tierra, al problema de los grandes latifundios, de la violencia ligada a la defensa para perpetuar la concentración de la tierra en manos de unos pocos. Eso fue así en la década de los años cuarenta y eso sigue igual en la actualidad, pese a que ahora ya no son los latifundios sino también los grandes ganaderos, que tienen miles de hectáreas en sus manos dedicadas a la ganadería extensiva; las vacas más cómodas del mundo están en Colombia, un país que paradójicamente no tiene soberanía alimentaria. Mientras no se resuelvan esos problemas, esas causas que generaron el problema, va a ser difícil avanzar. Y yo no estoy hablando de quitar las tierras o las vacas a nadie, no, eso no puede ser y no habría lugar para la paz, pero sí se puede hacer como está planteado en la agenda y en el acuerdo que hizo el gobierno con la guerrilla, siempre que haya voluntad por parte del gobierno, que ha promulgado leyes agrarias que van en contra del espíritu acordado en La Habana. 

 R.A.:¿Y qué más cambios tiene que haber?

 C.L.:Tiene que haber un cambio en la doctrina de seguridad nacional que imperó en Colombia durante años, ese anticomunismo feroz que viene de la guerra fría y ha permitido el genocidio de la UP. En definitiva, tiene que cambiar todo lo que ha ocurrido en los últimos años y que tiene que ver con la violencia que se ha ejercido desde el poder. Por eso, cuando  hablamos y nos referimos al paramilitarismo decimos que tiene que ver con que es una criatura creada por el Estado. Tuvieron distintos nombres y denominaciones, pero siempre fueron el mismo fenómeno de la violencia que se ejercía desde el Estado contra los más humildes. Por ejemplo, en los años ochenta se les llamó las Autodefensas de Colombia. Está demostrado hasta donde hubo la complicidad y la confabulación de parte de agentes del Estado en estos grupos y el propio expresidente Alvaro Uribe Vélez no es ajeno a estas bandas; fue el creador de las Convivir en Antioquía. Todo ese entramado ahora hay que desmontarlo en el proceso de paz, esos son los cambios que hay que hacer. Sumado todo ello al narcotráfico, que acabó siendo un factor y un combustible que alimentó el conflicto. Es un tema que no originó el conflicto, pues no existía en sus orígenes, sino que lo acabó atravesando y convirtiendo en un problema de todos, no en un problema que, como dice el gobierno de Santos, es solo de la guerrilla, sino también del Estado. El narcotráfico perneó al Estado y acabó eligiendo hasta presidentes, como Samper, y eligió hasta parlamentarios, como el señor Pablo Escobar, que acabó hasta de congresista.

 R.A.:Dicen los uribistas que las FARC se acabaron convirtiendo en una gran cartel de la droga, ¿es así?

 C.L.: Sí, es cierto, pero también hay parapolíticos y paramilitares, incluso dentro del uribismo, que también estuvieron implicados en el narcotráfico y participaron de ese negocio, o bien por la vía del Cartel de Calí o el de Medellín. El propio Uribe aparece en varias fotos al lado de famosos narcotraficantes. Pero los uribistas, armados de cinismo, sólo le atribuyen esta ligazón con el narcotráfico a las FARC. Y el debate que hay hoy en el país no es el de los carteles del narcotráfico sino el del peso de los herederos del tráfico de drogas en el país, que es lo que realmente habría que discutir, y el de los cultivos ilícitos, que tiene que ver con campesinos pobres que acudieron a esos cultivos que digo para poder simplemente sobrevivir. Es parte de la cadena de narcotráfico que tiene que resolverse con decisiones y apuestas sociales para reconducir el problema y no solo con la represión, como intenta el Estado. Sin embargo, los grandes carteles siguen operando y las Bacrim, las bandas criminales, siguen abriendo nuevas rutas para sacar la droga desde Colombia hasta el exterior. Eso no le llama la atención al gobierno, cuando esa fue la principal causa por la que Venezuela cerró la frontera con Colombia porque se había convertido en una vía libre para el paso de narcotraficantes hacia Venezuela.Todos estos problemas tienen que resolverse para llegar a un buen acuerdo de paz. 

 Es decir, y para resumir, si no quedan resueltos los problemas sociales y políticos en la mesa de negociaciones, impulsando desde el gobierno que los acuerdos se cumplan, va a ser muy difícil llegar a una verdadera paz. La paz no se puede reducir solo a la desmovilización de la guerrilla, es más, para mí, lo más importante del proceso de paz son los acuerdos sociales y políticos relativos a las causas que generaron el conflicto. Yo no estoy pretendiendo que cambien el modelo económico ni que el país vaya hacia una dictadura del proletariado, como dice Uribe, sino que tiene que haber una paz con democracia y justicia social, al menos en los factores originales que generaron el conflicto. Porque si no se hace así también será difícil para las FARC explicar que tras sesenta años de guerra supuestamente para intentar llegar al poder y resolver los problemas del país, dejando miles de muertos atrás, ahora entregan  las armas y que no se pudo hacer más, ¿con qué cara van a explicar a la gente que este país se sumió en una tragedia, en una guerra, para nada? 

 R.A.:¿Cuál es el escenario, que las FARC se conviertan en un partido político clásico participando en los distintos procesos electorales? ¿Y qué debe hacer la izquierda ante ese  previsible escenario?

 C.L.:Por supuesto, claro que sí, esa debe ser la meta. El objetivo final de este proceso es que quienes hicieron la política con armas argumentando que no tenían garantías para participar en la vida política, es que ahora actúen sin armas, aprovechando las nuevas condiciones que se acuerden en el proceso de paz. Es más, yo creo incluso debemos de adelantar desde la izquierda la idea de un movimiento unitario y amplio, que puede ser hasta el Frente Amplio en el que estamos trabajando. Tenemos que unirnos y ser capaces de abrir el espacio para que la guerrilla, ya desmovilizada y ya actuante en la vida política, pueda incorporarse a ese movimiento de izquierdas plural. 

 Algunos, en la izquierda, no creen que ese sea el debate, que la guerrilla debe quedar al margen, pero yo sí creo que deberían integrarse a esa gran fuerza de izquierda. Las FARC y el ELN no pueden convertirse en un ghetto político, sino que deben ser atraídos a una izquierda nueva, modernizada, no sectaria, donde no haya hegemonías de ninguna clase y donde todos los actores tengamos claras las reglas de juego y las respetemos, ese debe ser el escenario final de este proceso de paz. Yo creo que objetivo final del postconflicto debe ser que la izquierda pueda convertirse en una alternativa real en la sociedad colombiana porque de no ser así seguirán gobernando los mismos y el modelo de país tan desigual se legitimará. Y no cambiará par dar paso a un país más justo y democrático, sino que seguiremos tal como estamos. Hacer el esfuerzo de paz que estamos haciendo para que nada cambie y el país siga el mismo rumbo no puede ser, tiene que haber una posibilidad aunque sea en el mediano tiempo de que las cosas puedan cambiar. Si no es así, estamos mal y habremos fracasado en este proceso de paz.

 R.A.:Dice un representante de la derecha colombiana cercana a Uribe que las FARC solo quieren la impunidad y no pagar por sus delitos, ¿le parece cierto ese planteamiento?

 C.L.:No tiene ningún sentido. Tiene que haber una respuesta en el proceso al tema de asegurar la justicia, eso lo tengo claro y creo que casi todo el mundo lo ve así. Nadie puede pensar que la guerrilla va a hacer la paz para irse a la cárcel, esa idea es un disparate. Una guerrilla hace la paz para participar en la vida política. El acuerdo de víctimas hará posible que todo el mundo responda con verdad, justicia y reparación, pero no necesariamente con largas condenas de cárcel, pero sí van a tener que responder ante la historia, el país y las víctimas por los hechos que cometieron. Y no solamente la guerrilla, sino que el señor Uribe tendrá que responder, ya que bajo su gobierno, precisamente, no fueron unas monjas de la caridad. 

 Habrá que buscar caminos y las FARC se acabarán convirtiendo en un actor político, algo que me consta que ya están considerando sin pedir pista a nadie, ni siquiera a Marcha Patriótica. Pondrán en marcha un proyecto propio, con sus señas de identidad, quizá en coordinación con el ELN, en la perspectiva de que se conforme un proyecto unitario que se está considerando ahora y que seguro que cierta izquierda no aceptará. Pero, si realmente queremos cambiar el país por la vía política y sin armas, logrando una transformación democrática, tenemos que hacerla con un gran movimiento político no solo de la izquierda tradicional y democrática, sino contando con todos los sectores democráticos de Colombia que estén de acuerdo en unos cambios y unas reformas absolutamente necesarias y que el país requiere.

 SOBRE RICARDO ANGOSO

 Ricardo Angoso(izq) entrevista en Guatemala a Oscar Platero , militar y analista político (der)
Ricardo Angoso es un periodista español , analista de los problemas politicos y sociales a nivel mundial y ha entrevistado a politicos y militares comprometidos con los procesos democráticos de sus países. Es un amplio conocedor, además , de la realidad política europea. Ricardo lidera varias organizaciones no gubernamentales , destinadas a enrriquecer la democracia. Entre ellas, el foro “ideas para la democracia” con sedes en España y Colombia.

Agencias

Habrá efectos “catastróficos” en aeropuertos si gobierno activa tecnología 5G advierten aerolíneas

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EP New Yirk/agencias

Washington____ Las principales aerolíneas de EEUU pidieron este lunes al Gobierno estadounidense que bloquee la transmisión de señales 5G en un radio de 3,2 kilómetros (2 millas) alrededor de las pistas de aterrizaje de los aeropuertos, dos días antes de que se active esa tecnología.

Airlines for America, que representa a los principales transportistas de pasajeros y carga, advirtió de que, si eso no ocurre, el lanzamiento este miércoles 19 de las nuevas bandas de frecuencia 5G en Estados Unidos tendrá consecuencias “catastróficas” en las operaciones de las aerolíneas comerciales del país.

“El efecto dominó tanto en las operaciones de pasajeros como de cargamento, en nuestro personal y en la economía en general es simplemente incalculable”, indicó la asociación en una carta enviada a varios representantes del Gobierno federal.

“Para ser francos, el comercio de la nación se estancará”, agregó.

Las compañías advirtieron de que las nuevas bandas de frecuencia de 3,7 a 3,8 gigahercios (GHz), el llamado espectro de banda C, que brindará a las redes un mayor alcance geográfico y señales más rápidas, pueden provocar que muchos sistemas de seguridad de los aviones se vuelvan “inutilizables”.

En concreto, a las aerolíneas y los fabricantes de aviones como Airbus y American Boeing les preocupa que las nuevas señales 5G puedan interferir en los radioaltímetros de los aviones, que miden la distancia entre la aeronave y el suelo, así como los sistemas de datos que ayudan a los aviones a aterrizar.

Para hacer frente a esas preocupaciones, las compañías de telecomunicaciones AT&T y Verizon accedieron este mes a retrasar dos semanas el lanzamiento de las nuevas bandas de frecuencia 5G, hasta este miércoles 19 de enero.

El acuerdo del Departamento de Transporte de EEUU con esas compañías contempla la creación en hasta 50 aeropuertos de zonas donde se mitigará la interferencia de las señales 5G durante seis meses, pero las aerolíneas aseguraron en su carta que eso no impedirá que haya “restricciones en los vuelos”.

Las compañías, entre las que están American Airlines, United, Delta, JetBlue y Southwest, se quejaron de que en esa lista de aeropuertos no están los que tienen más tráfico del país, lo que puede provocar que se quede en tierra “la gran mayoría de los pasajeros y el cargamento”.

“En un día como ayer (en el que hubo un temporal de nieve en el este del país), más de 1,100 vuelos y 100,000 pasajeros quedarían afectados por cancelaciones, desvíos o retrasos”, alertaron.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció este domingo que calcula que una docena de tipos de avión, que representan el 45 % de la flota de Estados Unidos, podrán aterrizar cuando las condiciones de visibilidad sean malas una vez que se activen las señales 5G.

La agencia planea aprobar otros tipos de avión en los próximos días y calcula que eso permitirá operar a 48 de los 88 aeropuertos más afectados por la interferencia de las nuevas bandas 5G, pero reconoció que aún así puede haber alteraciones en los vuelos del país.

La carta de las aerolíneas, a la que se sumaron compañías de logística como FedEx y UPS, afirma que, pese a esas medidas de la FAA, “hay porciones enormes de la flota operativa que podrían tener que quedar en tierra de forma indefinida”.

“Además del caos que eso provocará a nivel nacional, esta falta de aviones de fuselaje ancho utilizables tiene el potencial de dejar varados a decenas de miles de estadounidenses en el extranjero”, alega la misiva.

Con inf de AFP

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Agencias

¿Quién es Indira Cato , la hija desconocida de García Marquez?

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EP New York/agencias

La hija de Gabriel García Márquez, hasta ahora desconocida
BOGOTÁ — Una parte de la vida íntima del escritor colombiano Gabriel García Márquez se guardó en secreto de acuerdo a su propia voluntad: tenía una hija llamada Indira Cato, según confirmaron el lunes a The Associated Press dos familiares del Nobel de Literatura.

Indira es una joven mexicana de 31 años, quien lleva el apellido de su madre, la escritora y periodista mexicana Susana Cato, reveló el domingo el periodista Gustavo Tatis Guerra en El Universal de Cartagena, el mismo diario en el que Gabo ejerció por primera vez el periodismo.

“Indira decidió llevar el apellido de su madre, con la dignidad de quien forja su destino a pulso. Jamás ha reclamado el apellido de García Márquez, a quien la vida no le alcanzó para reconocerla y darle su apellido”, escribió Tatis.

Hasta ahora era público que Gabo tenía solo dos hijos: Rodrigo y Gonzalo, producto de su matrimonio con Mercedes Barcha Pardo, quien falleció en México en agosto de 2020. La existencia de su hija Indira era conocida por la familia, donde se mantuvo la reserva incluso luego de la muerte del escritor en abril de 2014.

“Es una noticia que a nosotros como familia no nos toma de sorpresa”, dijo a la AP Shani García-Márquez, sobrina del escritor, en una llamada telefónica desde la ciudad caribeña de Santa Marta. “Siempre como familia hemos sido muy respetuosos de las decisiones, el conocimiento de nuestra prima data de hace muchos años. Nuestros padres de alguna manera siempre nos dijeron que la voluntad era la reserva y siempre se ha manejado”, agregó.

La familia García Márquez rehusó compartir el contacto de Indira Cato por cuestiones de privacidad y hasta ahora la AP no ha logrado contactar a Cato para conocer su versión.

Gabriel Eligio Torres García, sobrino de Gabo, comentó a la AP que Indira tiene 31 años y, según ha conocido, habría sido Susana Cato quien pidió que su hija no llevara el apellido de su padre para que tuviera una vida “tranquila”.

Torres agregó que la joven nunca ha viajado a Colombia ni la conoce personalmente, sin embargo, se comunica con ella por redes sociales. “Me entero de Indira casualmente por mis primos, Gonzalo y Rodrigo, en algún momento en reunión lo comentamos. Lo que sí sé, por comentarios, es que Gabo todo el tiempo estuvo ahí pendiente de Indira, siempre que llegaba a México la iba a ver”, añadió Torres.

En su crónica, Tatis Guerra cuenta que Gabo habría escogido el nombre de su hija en honor a Indira Gandhi, primera mujer que gobernó India, y quien lo llamó a felicitarlo en 1982 cuando ganó el Premio Nobel de Literatura por su obra “Cien años de soledad”, y luego conoció personalmente en la VII Cumbre de los Países No Alineados.

El periodista agrega que Gabo y Susana Cato trabajaron juntos en los guiones de la película “Con el amor no se juega”, 1991, y el cortometraje “El espejo de dos lunas”.

La hija de Gabo es una productora de cine mexicana, participó en el documental sobre migrantes “Llévate mis amores”, 2014, dirigido por Arturo González Villaseñor.

“Lleva una vida muy artística, como varios de la familia, eso nos da mucha alegría, que ella por nombre propio brille que es lo que todo artista quiere. Gracias a Dios lo ha podido hacer”, indicó Shani.

Tatis Guerra dijo a la AP que no hubo una razón específica para que la historia fuera publicada el domingo luego de años de investigación y de buscar una forma de contarla para “no herir la fibra íntima de la familia García Márquez, de Susana y su hija Indira Cato”. El periodista aseguró que la historia estuvo a punto de ser publicada en diciembre de 2021, sin embargo, “lo más curioso de todo es que sin saberlo, por esos aparentes azares salió el 16 de enero, un día antes del cumpleaños número 31 de Indira Cato”.

Por ASTRID SUÁREZ/AP

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Agencias

4 de enero fecha límite de vacunación en EE.UU

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EP New York/agencias

4 de enero 2022 , fecha límite de vacunación para más de 85 mill. de trabajadores de EE.UU

NUEVA YORK 4 NOV – La mayoría de los trabajadores estadounidenses tendrán que estar vacunados para el 4 de enero de 2022, según las reglas federales publicadas hoy por el gobierno de Joe Biden, que considera al Covid-19 como un riesgo ocupacional.

De esta manera, se requerirá que casi 85 millones de trabajadores estadounidenses reciban la vacuna contra el Covid-19 antes del 4 de enero. Sin embargo, algunos trabajadores quedarán exentos, pero tendrán que realizar pruebas semanales.

Cualquier empleador que no cumpla con los requisitos antes de esa fecha podría enfrentar multas de casi 14.000 dólares por cada empleado, precisó un alto funcionario de la Casa Blanca.

Por otro lado, los empleados que no quieran vacunarse serán responsables de cubrir el costo de sus propias pruebas semanales. Al mismo tiempo, los empleadores deberán proporcionar tiempo libre remunerado para que los trabajadores se vacunen y se recuperen de cualquier efecto secundario a partir del 5 de diciembre, el mismo día en que los empleados no vacunados tendrán que comenzar a usar máscaras en el lugar de trabajo.

Los requisitos, que cubrirán a poco más de 84 millones de trabajadores, siguen una orden ejecutiva anunciada por el presidente Biden en septiembre.

Según la orden, las empresas con al menos 100 empleados deben asegurarse de que sus trabajadores estén completamente vacunados o se sometan a pruebas semanales de Covid-19.

La Casa Blanca emitió una serie de mandatos para los trabajadores que forman parte del gobierno federal y para el sector de la atención médica para alentar la vacunación contra el Covid-19.

La medida fue adoptada después de que un aumento de infecciones por coronavirus, impulsados por la variante Delta, abrumara a los hospitales y provocara un aumento en las muertes durante el verano.

Las regulaciones están dirigidas a los trabajadores de la salud y las empresas con 100 o más empleados, que cubren dos tercios de la fuerza laboral del país.

“Esto es bueno para la economía”, afirmó un alto funcionario de la Casa Blanca a la hora de justificar el plan nacional. Además de las multas para las empresas que no cumplan con el mandato, los hospitales podrían perder el acceso a los dólares de los programas Medicare y Medicaid.

Las medidas forman parte del nuevo y agresivo plan del presidente Biden para tratar de sofocar una pandemia que ensombreció su presidencia y obstaculizó la economía, debido en particular al alto grado de personas que decidieron no vacunarse.

La fecha del 4 de enero es un guiño a los grupos de la industria que insistieron en que la administración espere hasta después de las vacaciones para imponer mandatos en medio de una escasez de trabajadores.

Desde que asumió el cargo, la administración de Biden había evitado imponer mandatos de vacunas a nivel nacional, centrándose en cambio en incentivos para empresas e individuos. Pero con la llegada de la variante delta, un aumento en los casos pediátricos y zonas del país que siguen dudando en recibir una inyección, la estrategia de Covid-19 de Biden cambió en las últimas semanas.

“Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando. Y su negativa nos ha costado a todos”, alegó Biden sobre los estadounidenses no vacunados el 9 de septiembre cuando anunció su plan para redactar la regla. (ANSA).

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