ENTREVISTA A ALEJANDRO ORDOÑEZ

EX PROCURADOR GENERAL Y CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE COLOMBIA

Ya en la carrera hacia la presidencia de la República, el jurista, político y ex Procurador General de la República Alejandro Ordóñez se muestra optimista con respecto a su candidatura y a la capacidad que puede tener la misma para unir al centro y a la derecha en las próximas elecciones y derrotar al oficialismo. Hombre vehemente, sin pelos en la lengua y franco en su discurso, Ordóñez fustiga sin piedad al actual presidente, Juan Manuel Santos, considera ilegítimos los acuerdos con las FARC –porque el pueblo no los apoyó en el plebiscito convocado para refrendarlos- y critica con firmeza la política exterior de su país con respecto a Venezuela. En el actual estado de cosas que vive el país, cualquier escenario se podría aventurar en los próximos comicios y más vale no olvidar a Ordóñez de cara a futuras alianzas o coaliciones. Las cartas están echadas.

Por Ricardo Angoso

@ricardoangoso

ricky.angoso@gmail.com

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“Aspiro a ser el candidato de todo el centro derecha, incluído el Centro Democrático de Uribe”

 “Al frente del gobierno de Venezuela está una banda criminal”

 “Este gobierno dejó que quedaran en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) miles de hectáreas para que siguieran produciendo coca y traficar con las misma; muchas de esas zonas hoy son santuarios desde donde opera la criminalidad”

 “En Venezuela lo que prima es la barbarie, la violencia, la desaparición de las personas, los presos políticos, una auténtica dictadura al servicio de unos criminales que nunca dejaran el poder pacíficamente”

 “En Colombia desde que se legalizó la dosis personal ha habido un creciente aumento en el consumo y en la adicción; hoy en el país hay un millón y medio de adictos a las drogas, según informes oficiales”

Ricardo Angoso: ¿Se lanza solo al ruedo a la carrera por la presidencia?

Alejandro Ordóñez: Me lanzo por firmas, solo, pero con la intención de ser el candidato de una gran coalición que agrupe al centro y a la derecha, que sea, claro, la ganadora en las próximas elecciones sin ningún género de dudas.

R.A.: ¿Su candidatura excluye cualquier acuerdo o coalición con el Centro Democrático (CD) de Alvaro Uribe?

A.O.:No, para nada, eso no queda excluido, sino todo lo contrario: aspiro a ser el candidato que represente a toda esa gran coalición. Espero contar para dar esta batalla con el apoyo del CD, de las bases conservadoras, de las reservas militares, de las distintas confesiones religiosas y armar una gran coalición capaz de ganar las próximas elecciones.

R.A.:¿Cuáles son los ejes de su programa político?

A.O.:Hay varios ejes de mi programa político. En primer lugar, protección, fortalecimiento y defensa de la familia impulsando políticas públicas que permitan que pueda cumplir con su vocación educadora en la sociedad. Una democracia sin una familia fuerte, sin valores, en definitiva, es una democracia débil. Como segundo eje programático creo que tenemos que ser capaces de desmontar este Estado confiscatorio que tenemos en el país, ya que cada día que pasa se convierte en un obstáculo mayor para el progreso, para el empresario, para el emprendedor; no debemos olvidar que la mejor camino de hacer más rico y poderoso al Estado es haciendo en primer lugar rico al ciudadano. La terrible carga fiscal que tiene en estos momentos el ciudadano colombiano es insoportable. Vamos a reducir los impuestos, vamos a quitar tantas imposiciones fiscales para que aumenten las inversiones, para que se pueda crear más empleo y haya menos informalidad en el país. Con menos impuestos, se creará más riqueza y eso redundará en beneficios para todos. Esas dos ideas son fundamentales en mi programa: defensa de la familia y menores cargas fiscales.

LA DESASTROSA GESTIÓN DEL PRESIDENTE SANTOS

R.A.:¿Cómo califica la gestión realizada en estos años por el presidente Juan Manuel Santos?

A.O.:Santos le ha hecho mucho daño al país, a la credibilidad, a las instituciones, a la confianza en general. Por eso nos corresponde a nosotros dar un “timonazo” y recuperar la credibilidad, la confianza, y devolverle a la ciudadanía sus derechos. Tenemos que crear las condiciones para que la autoridad y las instituciones estén al servicio de la misma. Ese camino es necesario, hay que dar esa batalla. A nosotros nos corresponde liberar al primer secuestrado de este país que es la ciudadanía. Hay que recuperar la institucionalidad y ponerla de nuevo al servicio de la sociedad, debido a que en estos años se vulneró la misma e incluso no se respetaron muchos aspectos fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional.

Entonces, ponemos en el foco de atención estos tres asuntos fundamentales: familia, impuestos y seguridad. Hoy la seguridad está en entredicho, los ciudadanos desconfían de casi todo. Tenemos inseguridad jurídica, tenemos inseguridad pública, tenemos inseguridad ciudadana…A la gente le da miedo salir a la calle y el bandido, el delincuente, no le tiene miedo a la autoridad. Y nosotros tenemos que revertir esa situación que no se puede sostener. El delincuente tiene que tener respeto y temer a la autoridad para que la gente pueda salir a las calles y ejercer sus derechos.

Incluso me atrevería a decir que la seguridad pública ha empeorado y ello se debe a que aumentaron mucho las miles de hectáreas dedicadas al cultivo de coca. Este gobierno dejó que quedaran en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) miles de hectáreas para que siguieran produciendo coca y traficar con las misma; muchas de esas zonas hoy son santuarios desde donde opera la criminalidad.

Se ha fortalecido el microtráfico, la delincuencia y el crimen organizado debido a estas erróneas políticas de este gobierno porque estas redes no solo se dedican al tráfico de drogas sino que también delinquen, cometiendo numerosos crímenes, extorsiones y secuestos. Esa lacra hay que enfrentarla con unas políticas preventivas, ciudadanas, jurídicas y policiales. El ciudadano tiene que organizarse en sus barios, en sus manzanas, para ayudar a la prevención de los delitos. Pero también el Estado debe fomentar esa responsabilidad del ciudadano para luchar y organizarse contra la actividad criminal. Se tienen que poner, por parte del Estado, los medios técnicos para garantizar la seguridad, pero también hay que ser buenos vecinos y trabajar entre todos para poner fin a esta situación. Igualmente hay que desmontar lo que yo denomino como un populismo judicial que con el pretexto de la protección al ciudadano se termina sacrificando a la víctima y protegiendo al victimario. El ciudadano tiene la sensación de que está abandonado  a su suerte, dejado a merced de los criminales por la propia institucionalidad.

R.A.:Usted es muy crítico con el proceso de paz, ¿qué se debería hacer a este respecto ya que no veo ninguna posibilidad de revertir los acuerdos?

A.O.: Aquí hay una gran deuda con la ciudadanía, con la voluntad popular, por el desconocimiento que se hizo de lo expresado en las urnas por el pueblo. Esa expresión de la ciudadanía ha deslegitimado este proceso. Los desarrollos y acuerdos que emanan del mismo son ilegítimos porque así lo expresó la ciudadanía a través de las urnas. Ya en esta situación la única salida que veo es ir a una constituyente para resolver esa ilegitimidad en la que está el proceso. Pero no debe ser una constituyente para que se haga lo que quieren los señores de las FARC o la izquierda, imponiendo en Colombia, tal como quieren, el “socialismo del siglo XXI”; no, eso no es.  Como esperamos ganar las elecciones, vamos a convocar esa constituyente para saldar esa deuda y así poder restablecer y organizar de una vez por todas nuestra institucionalidad.  Eso no se arregla con ajustes, como dicen algunos, sino con un rediseño a fondo y creo que el órgano adecuado para hacerlo es una constituyente.

EL DEBATE SOBRE EL ABORTO EN COLOMBIA

R.A.:¿Qué planteamiento tiene en su programa con respecto al aborto?

A.O.:Yo siempre defenderé la vida, desde su concepción hasta la muerte natural. No hay nada que deslegitime más a la institucionalidad que abandonar a los más débiles en una sociedad y el más débil, obviamente, es el que ni siquiera ha nacido. Un ordenamiento jurídico que se niega a proteger a los más débiles es ilegítimo, en mi opinión.

R.A.:¿En el caso del aborto se opone en todos los supuestos?

A.O.: Yo lo tengo claro: soy un defensor rotundo de la vida desde su concepción a su muerte natural. Creo que lo que tenemos que hacer es no tratar de imponer determinadas concepciones culturales a toda la sociedad en un país como el nuestro. Creo que hay asuntos como la eutanasia, el aborto y el matrimonio entre homosexuales que no pueden ser impuestos al país por seguir el juego de una cultura al uso que una sociedad tan tradicional como la nuestra no acepta. Luego está la objeción de conciencia; considero que a nadie, bien sean clínicas, centro de salud o médicos, se les puede imponer realizar abortos en contra de su conciencia. Es totalitario que se le quiera imponer a alguien algo que va en contra de su conciencia. Es un debate cultural, pero debe haber respeto a las creencias de los demás y se debe atender, como ya he dicho, la objeción de conciencia.

EL DEBATE SOBRE LA LEGALIZACIÓN DE LAS DROGAS

R.A.:¿Cree que se debería legalizar el consumo de algunas drogas, tal como se ha hecho en Uruguay?

A.O.:En este asunto hay una campaña muy bien organizada por sectores financieros, ideológicos y políticos para que esta idea avance y tratar de legalizar el consumo de drogas desconociendo muchas veces el efecto que eso puede tener en la sociedad. Además, se justifica y se plantea este asunto debido a que la política prohibicionista supuestamente fracasó y entonces, dicen, no hay otra alternativa que la legalización de las drogas. Detrás de este tema hay poderosos intereses financieros que vendrían a ser los grandes beneficiados si se legalizan las drogas, como las fundaciones Ford y Open Society –fundada por el magnate George Soros- so pretexto de defender una supuestas sociedades abiertas. Esas grandes fortunas están detrás de esas campañas mediáticas y políticas, pero creo que  también detrás hay una agenda oculta para en un futuro controlar esos mercados que se derivarían de la legalización de la droga desconociendo los efectos sociales que este enfoque tendría, como antes he explicado.

Por ejemplo, en Colombia desde que se legalizó la dosis personal ha habido un creciente aumento en el consumo y en la adicción; hoy en el país hay un millón y medio de adictos a las drogas, según informes oficiales. Incluso la edad de consumo de drogas por primera vez se ha reducido de los doce años a los ocho. Luego el aumento de la inseguridad en el caso colombiano tiene mucho que ver con las 220.000 hectáreas de coca que tenemos y hemos tolerado que crezcan porque este gobierno lo autorizó, permitió y toleró a las FARC. Habíamos tenido bajo otros gobiernos grandes éxitos en esta materia, habiendo reducido las hectáreas de 190.000 a 40.000, pero bajo este gobierno otra vez el tema se ha descontrolado, tal como aseguran varias instancias internacionales. Las políticas de este gobierno avalando el tráfico que realizan las FARC, el final de las fumigaciones de glifosato y  luego acabando con las políticas prohibicionistas, amén de otros elementos, han dado estos resultados que ahora tenemos, que no son para nada optimistas. El asunto radica en que quien distribuye drogas en los colegios, escuelas y lugares públicos no solo trafica sino que también delinque y comete todo tipo de delitos.

LA CRISIS DE VENEZUELA

R.A.:¿Cómo examina la crisis de Venezuela y cómo cree que puede afectar a Colombia?

A.O.: En esta crisis convergen la crisis humanitaria y política. En la política, hay que reseñar que ha habido una acusada insolidaridad internacional, dramática y cruel. Luego está el drama humanitario de esa crisis política a la que me refería, que solo tiene una salida, en mi opinión,  emplear la presión sobre Caracas con el concierto internacional. Hacer falta pasar a la acción, a la contundencia, como en otras ocasiones, por ejemplo, han hecho los Estados Unidos. Y me refiero, por citar sólo un caso, a lo que se hizo con Noriega en Panamá. Nada cambiará a base de sanciones económicas y marchas populares, y tampoco se prevé que se vaya a fragmentar el ejército, que es parte del narcotráfico existente en Venezuela. Luego, como guinda final, tampoco existe la institucionalidad, al frente del país lo que hay es una banda criminal. Nada se puede esperar de las instituciones, de que haya una salida democrática, de que se respete el disenso, eso no lo hay ahora ni lo habrá en Venezuela mientras siga al frente la banda criminal ligada al narcotráfico que hoy gobierna el país. Allí lo que prima es la barbarie, la violencia, la desaparición de las personas, los presos políticos, una auténtica dictadura al servicio de unos criminales que nunca dejaran el poder pacíficamente.

En lo que respecta a Colombia, la política oficial de la cancillería colombiana ha sido de apoyo hasta que ahora se ha visto, desbordada por los acontecimientos que se viven, a cambiar de discurso con respecto al régimen de Maduro. Pero esa cancillería le apoyó, lo auspició, lo promovió y era tal el grado de confianza y simpatía que le nombró garante en el proceso de paz. Durante años duró esa política pese a las advertencias, las evidencias, las dramáticas protestas, el llamado, en definitiva del pueblo venezolano, a que se pusiera fin a esta brutal dictadura. El gobierno colombiano hizo caso omiso a ese clamor popular y prefirió mirar para otro lado, se deslegitimó ante la opinión pública internacional por una política que no atendía las demandas a la solidaridad con el pueblo venezolano. Ahora estamos viviendo esta desgracia humanitaria derivada de esa política y de la deriva del régimen venezolano. Estos refugiados que llegan muchos son colombianos que emigraron a Venezuela en la época de las vacas gordas, o sus hijos, que ahora regresan a su país en busca de una salida a la grave crisis que vive el país vecino. Colombia debe de darles ayuda, atenderles y socorrerles de la forma que sea precisa.

Pero, a medida que se consolida la tiranía, la dictadura sigue empleando la fuerza; creo que la única salida razonable que tiene la crisis es el uso de la fuerza para cambiar de régimen, no veo otro escenario. Hace falta una acción concertada internacional porque ya en Venezuela no existe la institucionalidad ni la legalidad, y estamos frente a una banda de criminales que se han hecho con en el poder. Este grupo criminal, como ya he dicho, sólo podrá ser sacado por la fuerza, no veo vías pacíficas por ahora ni condiciones para que se dé un cambio democrático si no es de esa forma.