Agencias

Por qué el modelo “Bukele” no puede aplicarse a otros países de A.L.

Published

2 years ago

February 21, 2024

EP New York. | Latinoamérica | El Salvador

Por qué el modelo Bukele no va a funcionar en otros países de América Latina

Aunque todavía se están contando los votos, el presidente Nayib Bukele se adjudicó una victoria aplastante las elecciones y afirmó que ganó con más del 85 por ciento de los votos. Si esos resultados se mantienen cuando se anuncie el conteo oficial, ni siquiera los presidentes populistas más conocidos de América Latina, como el presidente venezolano Hugo Chávez o el boliviano Evo Morales, habrán estado cerca de ganar unas elecciones con esos márgenes.

El ascenso sin precedentes de Bukele se explica debido a un factor: el sorprendente descenso en la tasa de delincuencia de El Salvador. Desde que asumió la presidencia en 2019, la tasa de homicidios intencionales ha bajado del 38 por cada 100.000 ese año a 7,8 en 2022, muy por debajo del promedio en América Latina del 16,4 para el mismo año.

Las medidas enérgicas que Bukele ha encabezado para combatir el crimen organizado prácticamente han desmantelado a las pandillas que aterrorizaron a la población durante décadas. También ha cobrado un precio oneroso a los derechos humanos, las libertades civiles y la democracia de los salvadoreños. Desde marzo de 2022, cuando Bukele declaró un estado de excepción que dejó suspendidas algunas libertades civiles básicas, las fuerzas de seguridad han encarcelado aproximadamente a 75.000 personas. Uno de cada 45 adultos en el país está en prisión.

Ante esta situación, otros líderes de la región han debatido la posibilidad de adoptar muchas de las mismas medidas drásticas para combatir la violencia delictiva en su país. Sin embargo, aunque estuvieran dispuestos a hacer los mismos compromisos que ha hecho el gobierno de Bukele —calles más seguras empleando métodos diametralmente opuestos a la democracia— quizá no conseguirían los mismos resultados. Las condiciones que hicieron posible el éxito de Bukele y su notoriedad política son únicas de El Salvador y no son exportables.

En nuestro recorrido por las calles de la capital, San Salvador, en los días anteriores a las elecciones, vimos cómo las familias han regresado a los parques. Ahora, las personas pueden atravesar las fronteras entre distintos barrios que antes estaban controlados por pandillas y eran imposibles cruzar. El centro de la ciudad, que por años quedaba casi vacío al atardecer, ahora está activo hasta altas horas de la noche.

El problema es que El Salvador, que emprendió una transición hacia la democracia en la década de 1990, se ha desviado de esa ruta. Bukele tiene control en los poderes del gobierno. La nación de 6,4 millones de habitantes funciona como un Estado policial: no es inusual que soldados y policías retiren a los ciudadanos de las calles y los encarcelen de manera indefinida sin ninguna razón y sin darles acceso a un abogado. Hay noticias creíbles de que los reclusos han sido torturados. Varios críticos del gobierno comentaron que los han amenazado con presentar acusaciones en su contra, además de que se han empleado programas espía para monitorear a algunos periodistas. Incluso la votación del domingo pasado se encuentra bajo el microscopio porque el sistema de transmisión de los resultados de la votación preliminar dejó de funcionar de manera muy inusual.

Como politólogos, con experiencia en el estudio de la política latinoamericana, le hemos dado seguimiento al creciente grupo de seguidores de Bukele en la región. En el vecino Honduras, la presidenta de izquierda, Xiomara Castro, declaró una “la guerra a la extorsión” contra las pandillas a finales de 2022. Al igual que en El Salvador, Castro decretó un estado de excepción, pero, aunque la tasa de homicidios ha bajado, las pandillas todavía conservan mucho poder.

Más al sur, Ecuador se tambalea por su propio brote de violencia de las bandas. Cuando uno de nosotros fue de visita el año pasado, varias personas entrevistadas señalaron que les encantaría que “alguien como Bukele” llegara a poner orden. Incluso en Chile, que históricamente ha sido una democracia más sólida y un país más seguro que El Salvador, pero en donde la criminalidad va en aumento, Bukele cuenta con un porcentaje de aprobación del 78 por ciento.

No es ningún misterio por qué el modelo de medidas estrictas contra el crimen de Bukele es tan atractivo en América Latina. En 2021, según un grupo de investigación mexicano, en la región se encontraban 38 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. En un año típico, esta región en la que ahora vive solo el ocho por ciento de la población mundial, sufre alrededor de un tercio del número total de asesinatos.

Pero quienes copian las medidas de Bukele y aquellos que creen que su modelo puede replicarse en cualquier lugar no han considerado un punto clave: no es probable que las condiciones que le permitieron controlar a las pandillas en El Salvador se presenten en otras partes de América Latina.

Las pandillas de El Salvador son únicas y están lejos de ser como las organizaciones criminales más sólidas de la región. Durante décadas, unas cuantas pandillas se enfrentaron entre sí para conseguir el control de territorios y ganaron poder social y político. Pero, a diferencia de los cárteles en México, Colombia y Brasil, las pandillas de El Salvador no han sido actores importantes en el comercio global de drogas y habían estado más bien enfocadas en la extorsión. En comparación con estos otros grupos, contaban con finanzas limitadas y no tenían tanto armamento.

Bukele comenzó a desactivar a las pandillas mediante negociaciones con sus líderes, según algunos reportes periodísticos de investigación salvadoreños y una investigación criminal encabezada por un antiguo fiscal general (algo que el gobierno niega). Después, cuando Bukele comenzó a detener a sus soldados de a pie en redadas masivas que llevaron a muchas personas inocentes a las prisiones, las pandillas colapsaron.

La historia no sería tan sencilla en otras partes de América Latina, donde las organizaciones criminales tienen más dinero, tienen más conexiones internacionales y están mucho mejor armadas de lo que estaban las pandillas de El Salvador. Cuando otros gobiernos de la región han intentado acabar con los líderes de pandillas y cárteles, estos grupos no se han desmoronado. Han contraatacado, o bien han surgido nuevos grupos delictivos para llenar rápidamente el vacío, interesados en los enormes ingresos que ofrece el comercio de drogas. La guerra de Pablo Escobar contra el Estado en las décadas de 1980 y 1990 en Colombia, la reacción violenta de los cárteles a las acciones de las autoridades mexicanas desde mediados de la década de los 2000 y la respuesta violenta a las recientes medidas del gobierno de Ecuador contra las pandillas son solo unos cuantos ejemplos.

Además, El Salvador tenía fuerzas de seguridad más profesionales, que se comprometieron a acabar con las pandillas cuando Bukele las convocó, en comparación con algunos de sus vecinos. Un ejemplo es Honduras, donde, se ha reportado, la corrupción propiciada por las pandillas entre las fuerzas de seguridad es un problema muy profundo. Esta situación contribuyó al fracaso, desde un principio, de las acciones inspiradas en Bukele emprendidas por Castro. En otros países, como México, también se dice que los grupos delictivos han logrado cooptar a miembros de alto rango del ejército y la policía. En Venezuela, se ha informado que algunos funcionarios militares han tenido su propia operación de tráfico de drogas. Incluso si los mandatarios enviaran soldados y policías a realizar redadas masivas como las de Bukele, es posible que las fuerzas de seguridad no estén preparadas o tengan incentivos para socavar la misión.

Por último, Bukele enfrenta una oposición política muy disminuida, pues los dos partidos políticos tradicionales del país se han debilitado significativamente desde 2019 y, por lo tanto, no son capaces de contener las acciones del nuevo presidente para establecer control sobre las instituciones públicas. En muchos otros países de América Latina hay partidos políticos más sólidos o existen fuerzas de oposición que ayudarían a exigir una rendición de cuentas a un poder ejecutivo que pretendiera extender su control.

Si otros Bukeles en potencia intentan copiar lo que él ha hecho, es más probable que solo imiten el lado sombrío del modelo de El Salvador y no sus logros.

Los gobiernos podrían verse sumidos en el caos si se multiplican los grupos delictivos o contraatacan con violencia. Además, en el proceso podrían quitarle espacios a la sociedad civil y a la prensa, reducir la transparencia del gobierno, llenar con más detenidos las prisiones, que ya están abarrotadas, y debilitar a los tribunales. Históricamente, los presidentes de América Latina que no tienen un compromiso absoluto con la democracia ya han dado algunos de estos pasos, o todos ellos, para su beneficio político de cualquier manera. Combatir el crimen es la excusa perfecta.

A pesar de su éxito en la reducción de la delincuencia, el modelo de Bukele tiene un costo muy importante. Los imitadores deben tener cuidado: seguir el modelo de El Salvador no solo no funcionará, sino que, en el camino, intentar hacerlo podría causarle daños perdurables a la democracia.

Publicado en New York Times

Agencias

EE.UU. declara oficialmente al “cartel de los soles” como organización terrorista

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5 days ago

November 17, 2025

Francisco

EP FLORIDA NEWS |EE.UU. | Cartel de los soles | Venezuela

El Departamento de Estado de EE.UU. designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció este domingo que Estados Unidos designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, con efecto a partir del 24 de noviembre. Estados Unidos alega que el cartel venezolano está dirigido por el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del Gobierno de Maduro.

“Ni Maduro ni sus allegados representan al Gobierno legítimo de Venezuela”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. “El Cartel de los Soles, junto con otras organizaciones terroristas extranjeras designadas, incluyendo el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, son responsables de violencia terrorista en todo el hemisferio, así como del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa”.

La designación se produce mientras Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el Caribe, incluyendo la llegada del portaaviones más grande del mundo este domingo, y en medio del aumento de las tensiones entre el presidente Donald Trump y Maduro.

En julio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al Cartel de los Soles, considerándolo una organización “terrorista internacional especialmente designada” y alegando que “proporcionó apoyo material al Tren de Aragua y al Cartel de Sinaloa”.

Según el Departamento del Tesoro, “el nombre del cartel se deriva de los soles que suelen aparecer en los uniformes de los funcionarios militares venezolanos”.

En agosto, la secretaria de Justicia Pam Bondi ofreció una recompensa de US$ 50 millones por información que condujera al arresto de Maduro para enfrentar cargos de narcotráfico en Estados Unidos. No ha presentado pruebas concluyentes sobre el supuesto papel del líder venezolano en el tráfico internacional de drogas. Caracas ha rechazado rotundamente las acusaciones.

“El Cartel de los Soles, como tal, no existe. Es una expresión periodística creada para referirse a la implicación de autoridades venezolanas en el narcotráfico”, dijo anteriormente a CNN Phil Gunson, investigador del International Crisis Group con sede en Caracas.

Sin embargo, esto no significa que no haya personal militar o funcionarios gubernamentales implicados en el narcotráfico. “Nada de esto sería posible sin la participación directa desde arriba”, dijo Gunson.

Trump dice que Venezuela “quiere dialogar” en medio de crecientes tensiones

Trump sugirió este domingo que designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera permite a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos la capacidad de atacar los bienes e infraestructura de Maduro dentro del país.

“Eso nos permite hacerlo, pero no hemos dicho que lo vayamos a hacer”, dijo Trump a los periodistas mientras salía de Florida para regresar a Washington. “Podríamos tener algunas conversaciones con Maduro, y veremos cómo resulta eso”.
“Quieren dialogar”, afirmó, sin dar más detalles.

Trump dejó algo claro: no cree que el Gobierno necesite autorización del Congreso para posibles acciones militares dentro de Venezuela. Al mismo tiempo, el presidente dijo que está a favor de mantener informados a los legisladores. “Nos gusta mantener informado al Congreso. Es decir, detenemos a los narcotraficantes y las drogas que entran en nuestro país… No tenemos que obtener su aprobación. Pero creo que informarles es bueno”, señaló.

Agencias

Acuerdo parcial entre demócratas y republicanos para apertura de gobierno en EE.UU.

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2 weeks ago

November 11, 2025

Francisco

EP NEW YORK | EE.UU.

Washington, – El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes un acuerdo auspiciado por los republicanos y respaldado por ocho demócratas para financiar temporalmente al Gobierno federal y permitir su reapertura, en una medida que ahora pasa a la Cámara de Representantes para poner fin al cierre más largo de la historia del país.

Luego de una jornada de ocho votaciones, el senado dio pasó al acuerdo de financiamiento provisional con 60 a favor y 40 en contra.

El acuerdo fue alcanzado en el día 41 de cierre de Gobierno, el más largo de la historia de Estados Unidos y pasa a manos de la Cámara de Representantes, la cual se espera que inicie sus sesiones a partir del miércoles.

Los ocho demócratas que se desmarcaron de su bloque y permitieron el avance del paquete fueron: Catherine Cortez Masto, Jacky Rosen, John Fetterman, Maggie Hassan, Jeanne Shaheen, Tim Kaine, Dick Durbin y el independiente Angus King.

La división demócrata fue calificada como “frustrante” por el senador de Arizona, Ruben Gallego, quien dijo que los afectados serán “24 millones de estadounidenses que potencialmente verán aumentar sus primas”. Por su parte, los republicanos celebraron los acuerdos. El conservador Lindsey Graham dijo a periodistas que “el presidente está a favor. Si el presidente está a favor, creo que se aprobará en la Cámara de Representantes. Creo que es un buen acuerdo para el país”.

Después de la votación, la atención estadounidense se girará hacia la Cámara de Representantes y su presidente, el republicano Mike Johnson, quien ya convocó a los miembros de la Cámara para que regresen a Washington antes del miércoles, luego de haber vuelto a sus distritos a mediados de septiembre. Este acuerdo no garantiza la extensión de subsidios a programas de salud como el Obamacare que vence a finales de este año.

Por su parte, los republicanos celebraron los acuerdos. El conservador Lindsey Graham dijo a periodistas que “el presidente está a favor. Si el presidente está a favor, creo que se aprobará en la Cámara de Representantes. Creo que es un buen acuerdo para el país”.

El compromiso bipartidista aprobado en el Senado combina tres medidas de financiación anual para distintas agencias con un proyecto de ley provisional que mantendría operativas al resto de las dependencias federales hasta el 30 de enero.

El acuerdo también revertiría más de 4.000 despidos que la Administración Trump había intentado ejecutar al inicio del cierre y prohibiría nuevos recortes hasta finales de enero, ofreciendo un respiro a una fuerza laboral federal afectada por decenas de miles de ceses este año.

Sin embargo, el texto no incluye la extensión de los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare), que expiran a fin de año y cuyo fin podría elevar los costos médicos para millones de estadounidenses.

Los demócratas habían presionado para incluir esa medida, pero los republicanos se negaron a discutir la política sanitaria antes de la reapertura del Gobierno.

El cierre de Gobierno, el más largo de la historia, seguirá vigente al menos 48 horas más y por el momento ha causado miles de cancelaciones de vuelos, 1.3 millones de trabajadores federales afectados, así como la falta de pago del Programa de Asistencia Alimentaria Suplementaria (SNAP) que beneficia a 42 millones de estadounidenses. EFE

Agencias

EE.UU. incluye a Petro y sus aliados en la “lista clinton”

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4 weeks ago

October 25, 2025

Francisco

EP NEW YORK | FLORIDA NEWS | COLOMBIA

Según publica hoy el diario N.Y.T. , EE. UU. ha decidido incluir en la “lista clinton” a Gustavo Petro, presidente de Colombia a su familia y a Benedetti uno de los más cercanos políticos del mandatario colombiano.

De acuerdo a informes preliminares , El Departamento del Tesoro de Estados Unidos había anunciado que la sanción a Petro y a sus aliados se basaba en que el dirigente del partido (colombia humana) había permitido el fortalecimiento de grupos narcotraficantes en la producción de drogas desde en 2022 cuando llegó a la presidencia.

Pero , de acuerdo al nyt las sanciones económicas contra el presidente Gustavo Petro son producto de las críticas que el líder izquierdista hizo a las acciones militares del gobierno de Donald Trump en el Caribe.

Washington también dijo que sancionaba a la esposa de Petro, a un hijo y a un antiguo aliado político, quien ahora es ministro del Interior de Colombia , Armando Benedetti.

Este tipo de sanciones suelen reservarse a personas acusadas de delitos graves relacionados con el narcotráfico y de violaciones de los derechos humanos , cita el medio neoyorquino.

Petro, un líder político de izquierda, es uno de los pocos dirigentes de América Latina que han criticado abiertamente la decisión de Trump de bombardear barcos en los que viajan personas que, según el gobierno estadounidense, son narcotraficantes. Los bombardeos han causado la muerte de decenas de personas, y Petro ha dicho que entre ellas había colombianos y ha acusado a Estados Unidos de cometer asesinatos.

Trump ha respondido al calificar a Petro como “líder ilegal del narcotráfico” y dijo que le cortaría la ayuda a Colombia. Se destinaron unos 377 millones de dólares a Colombia en el año fiscal 2024, según el Servicio de Investigación del Congreso. Aproximadamente un tercio de ese dinero se destina a la aplicación de la ley y al control de estupefacientes.

El anuncio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense, conocida como OFAC, congela todos los activos estadounidenses en poder de las personas sancionadas y bloquea a los ciudadanos estadounidenses para que no hagan negocios con ellas.

El cultivo de coca, producto base de la cocaína, ha aumentado desde que Petro asumió el poder en 2022. También se elevó bajo el mandato de su predecesor, Iván Duque, conservador y aliado cercano de los republicanos en Washington.

El Departamento del Tesoro acusó a Petro de proporcionar “beneficios” a “organizaciones narcoterroristas” y señaló que Colombia estaba “incumpliendo de manera demostrable” sus responsabilidades en materia de control de drogas. El comunicado afirma que Petro se ha aliado con Nicolás Maduro, el autócrata de Venezuela.

Es de recordar que Petro, exmiembro de un grupo rebelde que se desmovilizó en 1990, conocido como M-19 , se dio a conocer en la política colombiana al exponer y denunciar los vínculos entre narcotraficantes y políticos de su país.

Durante mucho tiempo, Petro ha criticado el enfoque de Washington en la lucha contra las drogas en América Latina, y es partidario de una estrategia que se centre más en el desarrollo rural —dándoles a los campesinos que cultivan coca otras oportunidades— que en grandes acciones militares.

En sus discursos, suele responsabilizar parcialmente a los consumidores estadounidenses de cocaína de la violencia que el narcotráfico ha traído a su país. Y utiliza la misma palabra que Trump —“veneno”— para hablar de la cocaína.

Sus críticos de la derecha colombiana han dicho que su enfoque de las drogas es demasiado blando y ha permitido el crecimiento de la industria.

En respuesta al anuncio de sanciones del viernes, Petro dijo en X que su lucha de décadas contra las drogas solo le había traído el castigo de una sociedad a la que había intentado impedir que consumiera cocaína. “Toda una paradoja”, dijo. “Pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”.

Los otros sancionados son la esposa de Petro, Verónica Alcocer; uno de sus hijos, Nicolás Petro; y su ministro del Interior, Armando Benedetti.