EE.UU
Toma de talibanes en Afganistan cierra el capítulo ‘post 9/11’
EP New York/ Otros medios
El doloroso fin de la era después del 9/11
Las escenas desesperadas en el aeropuerto de Kabul le darán a Afganistán un lugar en la memoria de Estados Unidos como otro intento fallido de reconstruir una nación.
Una era que comenzó hace dos décadas con la conmoción de un par de aviones secuestrados que se impactaban contra dos rascacielos en Estados Unidos llegó a su fin esta semana con otro momento sobrecogedor: afganos desesperados asidos con todas sus fuerzas a aviones estadounidenses con la esperanza de escapar del caos de Kabul, la caída de algunos de ellos y el hallazgo de uno, sin vida, en el tren de aterrizaje.
Ha fracasado una inversión bipartidista colosal de fuerzas del gobierno, el Tesoro y la diplomacia de Estados Unidos con el propósito de derrotar a una ideología hostil decidida a crear el Emirato Islámico de Afganistán. Durante las gestiones de cuatro presidentes, dos republicanos y dos demócratas, más de 2400 estadounidenses perdieron la vida y se gastó más de un billón de dólares para lograr objetivos que fueron cambiando, muchos de los cuales demostraron ser inalcanzables.
Se cerró el telón de la era pos9/11 con la reconquista de los talibanes del control del país que sirvió como base para atacar a Estados Unidos, en una debacle que cierra el ciclo para Estados Unidos y dejará a Afganistán dolorosamente grabado en la memoria nacional.
Aunque una serie de errores e ilusiones, así como una ingenuidad (o arrogancia) estadounidense particular en cuanto a la posibilidad de reconfigurar el mundo a su imagen, condujeron a la repentina reconquista de los talibanes casi dos décadas después de su derrota, otro factor más fundamental también influyó. En vista de que China ha decidido hacer gala de su fuerza, cambiaron las prioridades del país. El poder relativo de Estados Unidos no es lo que solía ser hace 20 años.
La capacidad y propensión del país para asignar recursos a batallas en tierras lejanas han disminuido. Acabada la Guerra Fría, los estadounidenses no están muy dispuestos a embarcarse en el tipo de compromisos militares sin fin que cimentaron democracias en Alemania, Japón, Corea del Sur y otros Estados.
“En mi carácter de presidente, mi firme convicción es que debemos concentrarnos en las amenazas que enfrentamos hoy en día, en 2021, no en las de ayer”, dijo el presidente Joe Biden el lunes para defender su decisión de proceder con una rápida retirada militar.
“Los soldados estadounidenses no pueden ni deberían pelear y morir en una guerra que las mismas fuerzas afganas no están dispuestas a combatir”, afirmó Biden.
Sin embargo, si hay un elemento que ha impulsado la presidencia de Biden, es la defensa de democracias que se encuentran en un “punto de inflexión” ante la propagación de formas represivas de gobierno, así como reafirmar los valores estadounidenses.
“Estados Unidos está de regreso”, ha sido la consigna. Pero ahora la pregunta será para qué regresó. Una cumbre planeada para diciembre, concebida para reforzar a las democracias, parece mucho menos creíble ahora que existe la posibilidad de que las escuelas en Afganistán les cierren de nuevo las puertas a las niñas y los afganos que creen en la libertad están desesperados por huir.
9/11 , veinte años después del dolor
“Durante décadas, Afganistán ha sido víctima de las personas que querían hacerle un bien”, afirmó Lakhdar Brahimi, diplomático argelino que fungió como representante especial ante las Naciones Unidas de Afganistán e Irak. “Se llegó al punto en que ningún momento sería bueno para salir del país, así que este fue tan bueno (o malo) como cualquier otro”, opinó.
El caos generado en Kabul por el alboroto con que Estados Unidos y sus aliados intentaron evacuar a sus ciudadanos, así como a los afganos que les habían ayudado, ha provocado comparaciones inevitables con las escenas de desesperación vistas en Saigón en abril de 1975, cuando los soldados de Vietnam del Norte tomaron la ciudad. En ese entonces, como ahora, una guerrilla de insurgentes locales acabó con los planes de una superpotencia.
Pero no deberíamos exagerar la analogía. Las posturas en Estados Unidos con respecto a la guerra de Vietnam habían causado una amarga división. En cambio, la mayoría de los estadounidenses en la actualidad apoyan la salida de Afganistán. Sus prioridades son internas.
Como dijo Biden, se logró un objetivo estadounidense vital: en las últimas dos décadas el terrorismo islamista, en la forma de Al Qaeda, fue derrotado en buena medida. Pero el islam político adoptado por los talibanes ha conservado su atractivo como una alternativa a los modelos de gobierno laicos de Occidente.
Queda por verse si un talibán con destreza, afilado por la experiencia diplomática que puede haber enfriado algo del fervor extremista, cumplirá las promesas de evitar que Afganistán se convierta en un refugio terrorista de
El debate sobre si Estados Unidos debería haber conservado una presencia militar moderada suficiente para evitar que los talibanes tomaran el control y darles cierta esperanza a las mujeres y la clase media de Afganistán que ahora se sienten traicionados causará enojo por mucho tiempo.
Algo que parece no ser tema de debate, al menos por ahora, es el desastre que provocó la precipitada retirada estadounidense. Tan solo hace unos días, el presidente Ashraf Ghani, que ya ha huido, creyó que todavía tendría algunas semanas para negociar una transición organizada, según una persona que habló con él en ese entonces. De hecho, sin Estados Unidos, solo tenía un castillo de naipes.
Biden, quien desde hace tiempo veía con escepticismo el objetivo de la guerra estadounidense más larga de su historia, actuó convencido de que era “muy poco probable” que los talibanes “arrasaran con todo y se apropiaran de todo el país”, como dijo el mes pasado.
Sin duda, esas palabras pesarán sobre la presidencia de Biden, aunque haya motivos para culpar a ambas partes. También le pesarán las imágenes de Kabul en que se ve la embajada de Estados Unidos cerrada y las de las fuerzas de los talibanes cargadas de armas dentro de edificios de gobierno planeados para albergar una democracia creada por los estadounidenses.
“No tengo ni la menor duda de que será un lastre para Biden, aunque Trump no le haya dejado otra alternativa”, dijo Cameron Munter, quien fue embajador de Estados Unidos en Pakistán, en referencia al convenio que suscribió el gobierno de Trump con los talibanes en 2020, entre cuyas estipulaciones se encontraba la retirada de Estados Unidos este año.
Fue el difícil legado que heredó Biden. Pero, de cualquier forma, su gobierno tenía otras opciones para no terminar con esta salida apresurada.
“El punto desastroso es que el gobierno no haya tenido un plan”, señaló Stephen Heintz, presidente de una fundación que ha trabajado en el tema de Afganistán desde 2011. “Apenas y consultaron a la OTAN y planearon poco con el gobierno afgano. Se trata de un fracaso de inteligencia, de planeación, de logística y, a fin de cuentas, un fracaso político porque, sea lo que sea, el responsable es Biden”.
Otros le expresaron más apoyo al presidente. “Veinte años fue mucho tiempo para darles a los líderes afganos espacio para sembrar la semilla de una sociedad civil y, en vez de esto, solo sembraron semillas de corrupción e incompetencia”, le dijo a The New York Times Jake Auchincloss, representante por Massachusetts, demócrata e infante de marina retirado que pasó tiempo en Afganistán.
Tanto Biden como su predecesor respondían, de diferentes maneras, al estado de ánimo estadounidense que mira hacia el interior. Vigilar el mundo es un trabajo costoso, a menudo ingrato y abundan los problemas locales. La retirada militar de Afganistán reflejó con precisión un cambio de prioridades, incluso hacia la agudización de la rivalidad entre las grandes potencias y China.
Pero Estados Unidos en Afganistán equivale a una crónica de errores y evaluaciones erróneas que plantean preguntas cruciales para los responsables políticos estadounidenses.
Desde el momento en que Estados Unidos decidió declararle la guerra a Irak en 2003 con base en inteligencia dudosa —lo que implicó abrir un segundo frente y desviar atención y recursos de Afganistán—, fue en aumento la percepción de que el conflicto en Afganistán era una misión secundaria sin dirección.
La misión de derrotar al terrorismo experimentó una peligrosa transformación y se convirtió en una lucha por construir una nación. Por desgracia, crear una democracia era un objetivo muy ambicioso en un país que nunca había organizado un censo y en el que las lealtades tribales eran muy fuertes. Siempre fue muy improbable que pudiera evitarse el fraude electoral masivo o que millones de dólares en ayuda llegaran a su destino.
Las acciones que tenían el propósito de crear un ejército afgano creíble fueron un fiasco que costó 83.000 millones de dólares.
“Intentamos crear un ejército afgano a imagen del Pentágono que, en el mundo real, es incapaz de operar sin nosotros”, se lamentó Vali R. Nasr, quien fungió como asesor en temas de política afgana entre 2009 y 2011. “No debería haber dependido de nuestro apoyo aéreo o en la capacidad que no tienen los afganos de darles mantenimiento a los helicópteros”.
Las reflexiones derivadas de este fracaso estadounidenses sin duda serán dolorosas. La tendencia a crear a imagen de Estados Unidos —en vez de adaptar los planes a ambiciones menores y más sencillas acordes a las necesidades y capacidades de los afganos— parece conllevar una lección más general para Estados Unidos en el mundo del siglo XXI.
Munter, el exembajador en Pakistán, dirigió el primer Equipo de Reconstrucción Provincial en Mosul, Irak, en 2006. Recordó que al llegar allí se encontró con que “no había ningún tipo de plan”.
Los funcionarios que distribuían la ayuda parecían más preocupados por la rapidez con la que podían hacerlo, que por el destino de la misma, “para poder convencer a la gente del Capitolio de que estábamos gastando el dinero que se nos había asignado”, dijo Munter.
La experiencia de Mosul, añadió, “parecía una versión en miniatura de lo que ocurrió a una escala mucho mayor en Afganistán”.
El elemento que tan a menudo parecía faltar en la política estadounidense, tanto en Irak como en Afganistán, era la capacidad de plantear una pregunta fundamental: ¿Qué es lo que sabemos sobre hacia donde vamos?
“Los estadounidenses han sido muy reacios a reconocer que no saben mucho sobre lo que estaba ocurriendo sobre el terreno, que pueden no saber lo que no saben y que han cometido errores por no saber lo suficiente”, dijo Brahimi.
Sin embargo, la ingenuidad estadounidense, si acaso eso fue, produjo muchos beneficios. Mohseni comparó los últimos 20 años con una “era de oro”, pues catapultó a Afganistán del siglo XII al siglo XXI. Las mujeres tuvieron acceso de nuevo a la educación. Surgió una clase media conectada con medios digitales. Se construyó infraestructura y tecnología para conectar a las personas con el mundo.
“Los afganos cambiaron para siempre”, dijo. “Para nosotros, el callejón sin salida fue bueno”.
La cuestión ahora es saber cuánto de todo eso intentarán revertir los talibanes, cambiados a su vez por la internet de la que dependen.
La amenaza más inmediata que suponen es sin duda para los afganos, y en particular para las mujeres afganas, más que para Estados Unidos. Todo parece posible, incluidas las represalias violentas y un éxodo masivo de refugiados.
“Esto es un golpe devastador para la credibilidad de Estados Unidos, que pone en tela de juicio nuestra sinceridad cuando decimos que creemos en los derechos humanos y en las mujeres”, dijo Heintz.
Cuando Richard C. Holbrooke fue el representante especial para Afganistán desde 2009 hasta su muerte en 2010, insistió en que todo su equipo leyera El americano tranquilo de Graham Greene.
En la novela, un bienintencionado e idealista oficial de inteligencia estadounidense, Alden Pyle, se enfrenta a las amargas realidades de la guerra colonial francesa en Vietnam mientras trata de llevar el cambio social y político a una sociedad compleja.
Greene, a través de su cínico periodista narrador, escribe: “Nunca conocí a un hombre que tuviera mejores motivos para todos los problemas que causó”.
Roger Cohen es el jefe de la oficina de París del Times. Fue columnista de Opinión de 2009 a 2020. Ha trabajado para el Times durante más de 30 años y ha sido corresponsal extranjero y editor extranjero. Criado en Sudáfrica y Gran Bretaña, es estadounidense naturalizado. @NYTimesCohen
Publucado en NYT
EP NEW YORK | CONSTITUCIÓN Y CIUDADANÍA
WASHINGTON — El panorama en tanto a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump con propósito de eliminar el derecho a la ciudadanía luce, temporalmente, a favor del mandatario después de una decisión por la Corte Suprema de EEUU este viernes 27 de junio.
En una decisión 6-3, el tribunal mayor de los Estados Unidos determinó que los tribunales menores han excedido autoridad con sus restricciones impuestas a nivel nacional ante la orden de Trump. Ellos dijeron que las retenciones deben limitarse para no permitir más alivio del necesario.
Sin embargo , la batalla jurídica sobre el intento del presidente estadounidense Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento está lejos de terminar, a pesar de la gran victoria del gobierno del republicano el viernes después de que la Corte Suprema limitó los mandamientos judiciales a nivel nacional.
Los defensores de los inmigrantes prometen luchar para asegurar que la ciudadanía por nacimiento siga siendo la ley, en un momento en que el presidente intenta eliminar más de un siglo de jurisprudencia.
El fallo del máximo tribunal devuelve a los tribunales inferiores los casos que impugnan la orden ejecutiva de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, el destino final de la política del mandatario sigue siendo incierto.
Aquí presentamos un vistazo a la ciudadanía por nacimiento, el fallo de la Corte Suprema y lo que sucederá a continuación.
¿Qué significa la ciudadanía por nacimiento?
La ciudadanía por nacimiento convierte a cualquier persona nacida en Estados Unidos en ciudadano estadounidense, incluidos los niños nacidos de madres que están en el país sin autorización.
La práctica se remonta a poco después de la Guerra Civil, cuando el Congreso ratificó la 14ª Enmienda de la Constitución, en parte para asegurar que las personas negras —incluidas las que solían ser esclavos— tuvieran ciudadanía.
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”, establece la enmienda.
Treinta años después, Wong Kim Ark, un hombre nacido en Estados Unidos de padres chinos, fue rechazado al intentar reingresar al país después de viajar al extranjero. La demanda que interpuso llevó a la Corte Suprema a dictaminar explícitamente que la enmienda otorga la ciudadanía a cualquier persona nacida en territorio estadounidense, sin importar el estatus legal de sus padres.
Desde entonces se ha considerado parte intrínseca de la ley estadounidense, con sólo un puñado de excepciones, tales como los casos de hijos nacidos en Estados Unidos de diplomáticos extranjeros.
Trump ha dicho desde hace tiempo que quiere eliminar la ciudadanía por nacimiento.
La orden ejecutiva de Trump, firmada en enero, pretende negar la ciudadanía a los niños nacidos de personas que están viviendo en Estados Unidos ilegalmente o temporalmente. Forma parte de las medidas enérgicas contra la inmigración por parte del presidente, quien ha dicho que la ciudadanía por nacimiento es un “imán para la inmigración ilegal”.
Trump y sus simpatizantes se centran en una frase de la enmienda —”sujeta a su jurisdicción”—, diciendo que significa que Estados Unidos puede negar la ciudadanía a los bebés nacidos de mujeres que están en el país ilegalmente.
Varios jueces federales han dicho que eso no es cierto, y han emitido mandamientos judiciales a nivel nacional que impiden que su orden entre en vigor.
“He estado en el tribunal durante más de cuatro décadas. No puedo recordar otro caso en el que la pregunta presentada fuera tan clara como esta. Esta es una orden flagrantemente inconstitucional”, declaró el juez federal de distrito John Coughenour en una audiencia este año en su corte de Seattle.
En Greenbelt, Maryland, un suburbio de Washington, la jueza federal de distrito Deborah Boardman escribió: “la Corte Suprema ha rechazado rotundamente y ningún tribunal en el país ha respaldado nunca” la interpretación de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento.
¿Es constitucional la orden de Trump?
Los magistrados no lo dijeron
El fallo del máximo tribunal fue una gran victoria para el gobierno de Trump, en el sentido de que limitó la autoridad de un juez individual para emitir mandatos judiciales válidos a nivel nacional. El gobierno celebró el fallo, considerándolo un control monumental sobre los poderes de los jueces individuales de los tribunales de distrito, quienes, según los partidarios de Trump, quieren usurpar la autoridad del presidente con fallos que bloquean sus prioridades en torno a la inmigración y otros asuntos.
Pero la Corte Suprema no abordó los méritos de la propuesta de Trump para hacer cumplir su orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento.
“El gobierno de Trump tomó una decisión estratégica, que creo claramente dio sus frutos, de que iban a impugnar no las decisiones de los jueces sobre los méritos, sino sobre el alcance del alivio”, explicó Jessica Levinson, profesora de la Facultad de Derecho de Loyola.
La secretaria de Justicia Pam Bondi les dijo a periodistas en la Casa Blanca que el gobierno está “muy confiado” en que la Corte Suprema finalmente se pondrá de su lado en cuanto a los méritos del caso.
Hay interrogantes e incertidumbre en torno a los próximos pasos. Los jueces devolvieron los casos que impugnan la política de ciudadanía por nacimiento a los tribunales inferiores, donde los jueces tendrán que decidir cómo adaptar sus mandamientos para cumplir con el nuevo fallo. La orden ejecutiva sigue bloqueada al menos por 30 días, lo que les da tiempo a los tribunales inferiores y a las partes interesadas para dilucidar los próximos pasos a seguir.
El fallo de la Corte Suprema deja abierta la posibilidad de que los grupos que impugnan la política aún puedan obtener remedio a nivel nacional a través de demandas colectivas, e intentar obtener la certificación de que se trata de una demanda colectiva a nivel nacional. Dentro de las horas posteriores al fallo, se habían presentado dos demandas colectivas en Maryland y Nueva Hampshire con las que se pretende bloquear la orden de Trump.
La ciudadanía por nacimiento ha sido una ley constitucional establecida durante más de un siglo”, manifestó Krish O’Mara Vignarajah, presidenta y directora general de Global Refuge, una organización sin fines de lucro que apoya a refugiados y migrantes. “Al negar a los tribunales inferiores la capacidad de hacer cumplir ese derecho de manera uniforme, la Corte ha invitado al caos, la desigualdad y el miedo”.
Agencias.
EP NEW YORK | EE.UU. VS IRÁN
Teherán, 22 jun (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este sábado en un comunicado citado en medios que sabe el lugar desde donde salieron los aviones estadounidenses que bombardearon anoche varias instalaciones nucleares en Irán y aseguró que el ataque estadounidense tendrá “duras repercusiones”.
La Guardia Revolucionaria calificó el ataque de esta madrugada de “un crimen sin precedentes que viola el derecho internacional” y consideró que Estados Unidos sigue “repitiendo errores del pasado, mostrando incompetencia estratégica e ignorancia de la realidad regional”, según el comunicado publicado en la agencia Tasnim, vinculada con este organismo iraní.
“En lugar de aprender de sus repetidos fracasos, Washington se colocó en la primera línea de la agresión al atacar directamente instalaciones pacíficas”, dice el comunicado, en el que aseguran que las fuerzas armadas iraníes “han identificado y monitoreado” las ubicaciones desde donde salieron los aviones que bombardearon.
Como respuesta, la Guardia Revolucionaria aseguró que la operación que ya desarrolla contra Israel en represalia por los ataques lanzados el 13 de julio y que ha supuesto lanzamientos diarios de misiles de uno y otro lado “continuará de manera precisa, decidida y feroz”.
Y además, contra Estados Unidos, en “legítima defensa”, va a usar “respuestas que escapan a la comprensión y a los cálculos ilusorios del frente agresor”, por lo que advirtió a Washington de “duras repercusiones”.
Estados Unidos entró este sábado de manera abrupta en la guerra de Israel contra Irán al bombardear las tres principales instalaciones del programa nuclear iraní, mientras que el presidente Donald Trump amenazó al régimen de Teherán con más ataques si “la paz no llega rápido”.
En un mensaje a la nación dos horas después, Trump instó a Teherán a no responder militarmente y optar por la paz. “Irán, el matón de Oriente Medio, ahora debe hacer la paz. Si no lo hacen, los futuros ataques serán mucho más grandes y más fáciles”.
El Ministerio de Exteriores iraní afirmó este domingo que Estados Unidos ha lanzado una “peligrosa guerra” contra Irán tras los ataques estadounidenses contra tres instalaciones nucleares del país.
Agencias
EP NEW YORK | FL NEWS | TPS
El 19 de mayo , la Corte Suprema permitió al gobierno de Donald Trump retirar, por el momento, la protección a casi 350.000 migrantes venezolanos a los que se había permitido permanecer en Estados Unidos sin riesgo de deportación en virtud de un programa conocido como Estatus de Protección Temporal.
La escueta orden de la corte no estaba firmada ni explicaba sus razones, algo habitual cuando los jueces se pronuncian sobre solicitudes de emergencia. No se incluyó el conteo de votos, aunque la jueza Ketanji Brown Jackson señaló que habría denegado la solicitud del gobierno.
Los jueces anunciaron que permitirían que el gobierno de Trump pusiera fin a las protecciones hasta que se apelara el caso, lo que potencialmente podría permitirle continuar con las deportaciones. Sin embargo, los jueces también aclararon que mantendrían la capacidad de los migrantes de presentar recursos legales en algunas instancias, como si el gobierno intentaba cancelar sus permisos de trabajo.
En un caso distinto, los jueces criticaron el viernes al gobierno de Trump por tratar de dar solo un día de notificación a un grupo diferente de migrantes venezolanos en Texas que había estado tratando de deportar con los poderes expansivos de la Ley de Enemigos Extranjeros, una legislación de tiempos de guerra del siglo XVIII. La gestión de Trump ha acusado a ese grupo de migrantes de ser miembros de la violenta banda Tren de Aragua.
La orden del lunes afecta a un grupo mucho más amplio de venezolanos que viven actualmente en Estados Unidos de forma legal bajo los términos de un programa de la era Biden.
La corte ha visto inundada con solicitudes derivadas del bombardeo de órdenes ejecutivas del presidente Trump, muchas de ellas buscando suspender o limitar fallos de tribunales que bloquean la agresiva agenda del gobierno, especialmente en materia de migración.
Ahilan Arulanantham, un abogado que representa a los migrantes que desafían al gobierno de Trump, calificó la decisión de la corte de “en verdad terrible”, especialmente porque fue anunciada “en una orden de dos párrafos sin ningún razonamiento”.
“Se trata de la mayor acción individual de privación de la condición de migrante a un grupo de no ciudadanos en la historia moderna de Estados Unidos”, dijo Arulanantham. “El impacto humanitario y económico de la decisión de la corte se sentirá de inmediato, y repercutirá por generaciones”.
<span;>Este caso comenzó en febrero, cuando Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, puso fin a una prórroga de 18 meses del Estatus de Protección Temporal que el gobierno de Joe Biden había concedido a los venezolanos. Las personas afectadas por el cambio presentaron una demanda, alegando que la medida violaba los procedimientos administrativos y estaba motivada por prejuicios raciales.
En marzo, el juez Edward M. Chen, del Tribunal Federal de Distrito de San Francisco, bloqueó los esfuerzos del gobierno por eliminar las protecciones mientras el caso avanzaba. Dijo que los demandantes habían demostrado que tenían probabilidades de éxito al demostrar que las acciones de Noem “no estaban autorizadas por la ley, eran arbitrarias y veleidosas, y estaban motivadas por una animadversión inconstitucional”.
Chen consideró que poner fin a la iniciativa causaría daños irreparables “a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia resultarían gravemente trastornados, costaría a Estados Unidos miles de millones en actividad económica y perjudicaría la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó la petición del gobierno de suspender el fallo de Chen.
El programa de Estatus de Protección Temporal, promulgado por el Congreso y convertido en ley por el presidente George H. W. Bush, permite a los migrantes de naciones que han sufrido desastres nacionales, conflictos armados u otras inestabilidades extraordinarias vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Trump ha intentado poner fin a las protecciones del programa, en un intento de cumplir su promesa electoral de deportar a millones de migrantes. Sus esfuerzos pretendían cancelar las protecciones para casi 350.000 personas a principios de abril, y para cientos de miles más a finales de este año.
En la solicitud de emergencia hecha por el gobierno, D. John Sauer, el procurador general, escribió que la ley por la que se creó el programa prohibía expresamente que los tribunales cuestionaran las decisiones del poder ejecutivo. Una disposición de la ley decía que no había “revisión judicial de ninguna determinación” relativa a “la designación o la terminación o prórroga de una designación de un Estado extranjero”.
Los abogados de los impugnadores respondieron que la ley que creó el programa limitaba estrictamente las terminaciones anticipadas de las protecciones, y añadieron que la acción de Noem no estaba autorizada por la ley. “En ninguna parte de la ley se concede a la secretaria autoridad para anular o rescindir una prórroga”, escribieron.
Añadieron que el planteamiento de Sauer “dejaría a los tribunales federales sin poder para detener incluso acciones flagrante e ilegalmente arbitrarias de las agencias, ya sea para restringir el Estatus de Protección Temporal o para ampliarlo”.
La Corte Suprema ha recibido otras solicitudes de emergencia relacionadas con las políticas migratorias de Trump. En una de ellas, el gobierno pidió a los jueces que le permitieran seguir adelante con un plan para revocar las protecciones contra la deportación de migrantes de cuatro países en crisis, en virtud de un programa conocido como libertad condicional humanitaria.
En otra, la corte ordenó al gobierno que facilitara el regreso de Kilmar Armando Abrego Garcia, quien había sido enviado por error a El Salvador, donde aún permanece.
Agencias
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