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Agencias

Nueva acusación contra Donald Trump. Esta vez por intentar anular elecciones de 2020

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EP New York. | EE.UU

Donald Trump es encausado por Departamento de Justicia por sus intentos de anular elección de 2020

WASHINGTON (AP) — Donald Trump fue acusado formalmente de delitos graves el martes por tratar de anular los resultados de las elecciones de 2020 en los días previos a la violenta revuelta de sus simpatizantes en el Capitolio federal, ya que el Departamento de Justicia está tomando medidas para que rinda cuentas por un intento sin precedentes de bloquear la transferencia pacífica del poder presidencial y por poner en riesgo a la democracia estadounidense.

El acta de acusación con cuatro cargos, el tercer caso penal en contra de Trump, revela nuevos detalles sobre un oscuro momento en la historia de Estados Unidos que ya ha sido objeto de minuciosas investigaciones federales y cautivadoras audiencias públicas. Describe una campaña de mentiras de varios meses en torno a los resultados electorales y asegura que, incluso cuando esas falsedades culminaron en una caótica insurrección en el Capitolio, Trump intentó sacar provecho a esos actos de violencia al señalarlos como una razón para demorar todavía más el conteo de votos colegiados que selló su derrota.

En un año de problemas legales en rápida sucesión para Trump, el caso penal presentado el martes fue particularmente impactante por las acusaciones de que un exmandatario arremetió contra la “función fundamental” de la democracia. Es la primera vez que el mandatario derrotado, quien encabeza los sondeos por la nominación presidencial republicana para el próximo año, enfrenta consecuencias legales por su intento desesperado, y eventualmente fallido, de aferrarse al poder, el cual culminó con el ataque al Capitolio.

“El ataque al Capitolio de nuestra nación el 6 de enero de 2021 fue un asalto sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense”, dijo el fiscal especial Jack Smith, cuya oficina dedicó meses a investigar a Trump. “Fue impulsado con mentiras, mentiras del acusado dirigidas a obstaculizar una función fundamental del gobierno federal de Estados Unidos: El proceso nacional de recolectar, escrutar y certificar los resultados de la elección presidencial”.

La campaña de Trump calificó los cargos de “falsos” y se preguntó por qué se tardaron dos años y medio en presentarlos.

Trump fue la única persona acusada en el acta del martes. Pero los fiscales se refirieron indirectamente a media docena de cómplices, incluidos abogados dentro y fuera del gobierno, que colaboraron con Trump para tratar de anular los resultados de la elección. Los indiciados también impulsaron planes de dudosa legalidad para enlistar a una serie de compromisarios falsos en siete estados que ganó el demócrata Joe Biden para que afirmaran falsamente que Trump había resultado victorioso.

Además, acusa a Trump y a sus aliados de tratar “de sacar provecho de la violencia y el caos” al pedir a los legisladores la tarde del 6 de enero que aplazaran la certificación de la victoria de Biden.

El acta menciona notas escritas a mano del exvicepresidente Mike Pence que se refieren a los incesantes acosos de Trump para que rechazara el conteo de votos colegiados. Pence, quien compite contra Trump por la nominación presidencial republicana, rechazó los acercamientos de una comisión de la Cámara de Representantes que investigó la insurrección, y trató de evitar testificar ante el fiscal especial. Compareció únicamente después de perder una batalla legal, y la fiscalía supo que Trump lo fustigó en alguna conversación por ser “demasiado honesto” para frenar la certificación.

Trump tiene programado comparecer el jueves ante la jueza federal Tanya Chutkan, el primer paso en el proceso legal que se desarrollará en un tribunal ubicado entre la Casa Blanca que alguna vez controló y el Capitolio en el que sus simpatizantes alguna vez irrumpieron. El expresidente y sus simpatizantes, e incluso algunos de sus rivales, ya han comenzado a restarle importancia a la nueva acusación, a la que califican como otro proceso judicial con motivaciones políticas.

Sin embargo, los cargos se derivan de una de las amenazas más graves a la democracia estadounidense en la historia moderna.

La acusación se enfoca en los turbulentos dos meses posteriores a los comicios de 2020 en los que Trump se rehusó a aceptar su derrota y difundió mentiras de que le robaron la victoria. El caos tuvo como resultado el ataque al Capitolio federal, cuando simpatizantes de Trump irrumpieron en el recinto, atacaron a policías e interrumpieron el conteo legislativo de votos colegiados.

En el periodo entre las elecciones y la revuelta, Trump exhortó a funcionarios electorales locales a revertir los resultados de las votaciones en sus estados, presionó a Pence para que suspendiera la certificación de votos del Colegio Electoral y afirmó falsamente que la elección le había sido robada, una noción que los jueces rechazaron en reiteradas ocasiones. Entre estas mentiras, según la fiscalía, había afirmaciones de que más de 10.000 votantes muertos habían sufragado en Georgia y que había decenas de miles de votos duplicados en Nevada. Cada uno de estos señalamientos ha sido desmentido por los tribunales o por funcionarios federales o estatales, según el acta.

Los fiscales dicen que Trump sabía que sus afirmaciones de que había ganado la elección eran falsas, “pero de igual forma el acusado las repitió y diseminó ampliamente, para hacer parecer que sus declaraciones que sabía que eran falsas parecieran legítimas, con el fin de crear un intenso ambiente nacional de desconfianza y molestia, y para socavar la confianza del público en la administración de la elección”.

La acusación era algo esperado desde que Trump dijo a mediados de julio que el Departamento de Justicia le había informado que era objeto de su investigación. Una comisión bipartidista de la Cámara de Representantes que pasó meses investigando lo sucedido antes del asalto al Capitolio también recomendó procesar judicialmente a Trump por diversos cargos, incluyendo ayudar a una insurrección y obstrucción de un procedimiento oficial.

El acta incluye cargos de conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstaculizar un procedimiento oficial y violar un estatuto posterior a la era de la reconstrucción de la guerra civil que criminaliza el conspirar para violar los derechos garantizados en la Constitución; en este caso: el derecho al voto.

La creciente lista de casos penales en contra de Trump se desarrolla en medio de la contienda rumbo a 2024. Una sentencia condenatoria en este, o en cualquier otro caso, no evitaría que Trump compitiera por la Casa Blanca o que gane la presidencia, aunque como mandatario, Trump en teoría podría designar a un secretario de Justicia que desestime los cargos o incluso otorgarse a sí mismo un indulto.

En Nueva York, fiscales estatales han acusado a Trump de falsificar registros contables relacionados con el pago para silenciar a una actriz porno que afirma que tuvo una relación extramarital con el empresario antes de los comicios de 2016. Ese juicio inicia a finales de marzo.

En Florida, el Departamento de Justicia ha presentado más de 30 cargos por delitos graves en contra de Trump por posesión ilícita de documentos confidenciales después de dejar la Casa Blanca y ocultarlos del gobierno. Dicho juicio está programado para finales de mayo.

Los fiscales de Georgia están investigando los intentos de Trump y sus aliados de revertir su derrota electoral ante Biden allí en 2020. Se espera que el fiscal de distrito del condado Fulton anuncie una decisión sobre si acusa al expresidente en cuestión de semanas.

Con información de AP |EFE

 

Agencias

Petro rompe relaciones diplomáticas con Israel

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EP NEW YORK | LATINOAMÉRICA

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el miércoles que su país romperá relaciones diplomáticas con Israel debido a la guerra en Gaza. El mandatario hizo el anuncio en Bogotá, y calificó al gobierno israelí de “genocida”.

Petro se refirió a la medida en un discurso pronunciado en la capital colombiana ante una multitud entusiasta que se había congregado con motivo del Día Internacional de los Trabajadores.

“No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad”, dijo Petro. “Si muere Palestina muere la humanidad”.

​​Colombia es el segundo país sudamericano en romper relaciones con Israel después de Bolivia, que lo hizo en noviembre debido a los ataques en Gaza. El mismo día que el gobierno boliviano hizo su anuncio, Colombia y Chile comunicaron que iban a retirar a sus embajadores en Israel, y Honduras hizo lo mismo a los pocos días. Belice también suspendió las relaciones diplomáticas con Israel en noviembre.

El gobierno israelí criticó la decisión de Petro el miércoles.

“La historia recordará que Gustavo Petro eligió estar del lado de los monstruos más abominables conocidos por el hombre, quienes quemaron bebés, mataron niños, violaron mujeres y secuestraron civiles inocentes”, escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz. “Israel y Colombia siempre disfrutaron de una relación cercana. Ni siquiera un presidente antisemita y lleno de odio cambiará eso”.

Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia y crítico de las políticas antidrogas de Estados Unidos hacia su país, amenazó en marzo con suspender las relaciones con Israel si no acataba una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego inmediato en Gaza. Además, le pidió a otros países que hicieran lo mismo. En respuesta a esa amenaza, Katz escribió en X que era vergonzoso el “apoyo de Petro a los asesinos de Hamás”, quienes llevaron a cabo masacres y cometieron crímenes sexuales contra israelíes.

“Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos y no cederá a ninguna presión o amenaza”, añadió Katz.

En febrero, Petro suspendió la compra de armas israelíes por parte de Colombia, después de que las fuerzas israelíes abrieran fuego mientras una multitud se congregaba cerca de un convoy de camiones que transportaba ayuda necesaria a la ciudad de Gaza, en una escena caótica en la que decenas de personas resultaron muertas y heridas, según funcionarios sanitarios gazatíes y el ejército israelí.

Agencias. NYT

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Agencias

Protestas universitarias contra israel

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EP NEW YORK. | PROTESTAS CONTRA ISRAEL

Por Gustsvo Lugo

A una semana de las protestas a favor de Palestina, la Universidad de Columbia, epicentro de la creciente disidencia estudiantil contra la guerra en Gaza, enfrentaban el jueves una fecha límite para levantar los campamentos mientras las protestas y los arrestos se intensificaban en todo el país, los manifestantes se mantiene firmes mientras el reloj sigue corriendo,

En Columbia, con más de 100 arrestos en los últimos días, el presidente de la escuela, Minouche Shafik, advirtió a los estudiantes que si las tiendas de campaña no se retiran antes del viernes “tendremos que considerar opciones alternativas” para despejar el área y restaurar la calma en el campus. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, arremetió el jueves contra los manifestantes de Columbia, quienes lo abuchearon durante su visita a la escuela un día antes. Johnson había criticado a los estudiantes y profesores que participaron en la protesta y pidió la dimisión de Shafik.

Ya suman mas de veinte campus que se han unido en todo el pais a las protestas, la chispa que prendio las protestas, se predujo la  semana pasada en la Universidad de Columbia cuando la presidenta de la institución, Nemat “Minouche” Shafik, testificó ante una comisión de la Cámara de Representantes sobre la respuesta de la universidad a las acusaciones de antisemitismo en el campus. Al mismo tiempo se inició en el campus una protesta propalestina. Tras su testimonio, Shafik solicitó en una carta hecha pública por la universidad que el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York desalojara a las personas que estaban acampando en el jardín sur del campus y que “infringían las normas y políticas de la universidad” y estaban invadiendo el campus.

Más de 100 personas fueron detenidas, según las fuerzas de seguridad.

Los campamentos fueron organizados por Columbia University Apartheid Divest (CUAD), una coalición estudiantil de más de 100 organizaciones, entre ellas Estudiantes por la Justicia en Palestina y Voz Judía por la Paz, para protestar contra lo que describen como la “continua inversión financiera de la universidad en empresas que se benefician del apartheid israelí, el genocidio y la ocupación militar de Palestina”, según dijeron en un comunicado de prensa.

Los manifestantes propalestinos de Columbia afirmaron que no se dispersarán hasta que la universidad acceda a cortar lazos con instituciones académicas israelíes y se comprometa a una “completa desinversión” de sus fondos de entidades relacionadas con Israel, entre otras demandas. Las autoridades de Columbia advirtieron a principios de esta semana que el campamento viola las normas de la escuela, pero no proporcionaron consecuencias disciplinarias específicas.

No obstante, la situación siguió agravándose y este miércoles el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, acudió a la universidad para intentar persuadir a los estudiantes de que detuvieran las protestas. Mientras pronunciaba su discurso, los jóvenes gritaban “No podemos oírte”. Ante esta presión, Johnson respondió: “Disfruten de su libertad de expresión”.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, publicó un mensaje de video en sus redes sociales, en el que condenó las acciones de estudiantes del país norteamericano y la falta de reacción adecuada por parte de las autoridades de las escuelas.

“Multitudes antisemitas han tomado las principales universidades. Piden la aniquilación de Israel. Atacan a estudiantes judíos”, afirmó. Además, calificó las manifestaciones de “horribles” y agregó que “recuerdan lo sucedido en las universidades alemanas en los años 30”.

Las manifestaciones y acalorados debates sobre la guerra de Israel en Gaza y la libre expresión han sacudido los campus de EE.UU. desde el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre, que dio inicio la campaña militar israelí en la Franja.

Las autoridades de estas prestigiosas e influyentes universidades tienen dificultades para calmar los ánimos en sus campus y en su mayoría han fracasado, y una de sus mayores preocupaciones son las próximas ceremonias de graduación.

Como ha sucedido en otras universidades, los manifestantes de NYU exigen que los administradores revelen y se despojen de “su financiación y donaciones recibidas de productores de armas y empresas con intereses en la ocupación israelí”.

Otros campamentos de protesta también se han erigido en la Universidad de California en Berkeley, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), la Universidad de Michigan, el Emerson College y Tufts.

 

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Agencias

Miles de opositores marchan contra Petro en Colombia

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EP New York. | Latinoamérica

Miles de opositores protestan en Colombia y Petro insiste en que buscan “derrocar” su gobierno

BOGOTÁ — Los opositores al gobierno del izquierdista Gustavo Petro volvieron a manifestarse el domingo y convocaron cerca de 250.000 personas en todo el país mientras coreaban incesantemente ”¡Fuera Petro!”, mostrando su desacuerdo con las reformas sociales que impulsa, su propuesta de hacer una constituyente y reclamando por problemas económicos y de seguridad.

El presidente señaló que las manifestaciones tuvieron por objetivo buscar “derrocar el gobierno del cambio” de parte de sectores que quieren que se “deshaga las reformas que van a favor del pueblo para mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usados como ganancias de particulares”. Por lo que insistió, desde su cuenta de X, en que sus partidarios deben “responder” en una manifestación el primero de mayo, día internacional de los trabajadores, en la que caminará junto a la gente y hablará en una tarima.

Las manifestaciones en contra y a favor del gobierno se han convertido en una constante en Colombia desde que subió al poder Petro en el 2022, convirtiéndose en el primer presidente de izquierda, en un país que siempre había sido gobernado por conservadores y moderados. La oposición reclama por sus políticas, mientras que Petro convoca a sus partidarios a defenderlas.

“Es una marcha donde está todo el mundo saliendo a decirle al presidente: ‘así no son las cosas, usted ganó las elecciones, pero sepa gobernar’”, dijo a The Associated Press Idelfonso Méndez, de 58 años.

Méndez, contador público, no suele salir a protestar. La última vez que lo hizo fue en 2008 en contra de los secuestros que perpetraba la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

“Nos hemos quedado callados mucho tiempo, pero ya no más. La democracia la veo en peligro, porque está buscando hacer una asamblea constituyente por fuera de la ley y quiere imponer las reformas a como dé lugar sin que lo apruebe el Legislativo”, explicó Méndez, quien sostenía un cartel con la frase “yo protejo a mi país”.

Petro planteó la posibilidad de llevar al país a un proceso para reformar la Constitución como una forma de lograr las transformaciones sociales que prometió en su campaña electoral y que el Congreso no ha aprobado. Sin embargo, no es claro el proceso en que se haría.

“El constituyente es el pueblo que se convoca a sí mismo a decidir sobre lo que no se ha podido resolver en décadas desde los poderes constituidos”, explicó Petro.

Las movilizaciones fueron pacíficas, según reportó el gobierno y la policía, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y Popayán. En la capital lucía llena la icónica Plaza de Bolívar —donde confluyen el Congreso, las cortes, la alcaldía y la catedral— que tiene una capacidad para 55.000 personas. Según Petro, en el país se movilizaron cerca de 250.000 personas.

“Ha sido la marcha más importante contra Gustavo Petro, no solo por la cantidad, sino por quiénes salieron. En otras ocasiones se veían personas solamente de derecha, en esta se movilizaron diferentes sectores políticos que perdieron el miedo a ser estigmatizados como de derecha”, indicó a la AP Carlos Andrés Arias Orjuela, consultor en comunicación política.

Para Arias, una marcha tan numerosa debería tener un impacto en la dirección del gobierno, sin embargo, no cree que en la práctica se vea reflejado. “Lo que va a hacer es que Gustavo Petro siga radicalizando su discurso, porque hace un mes y medio dejó de gobernar y está en campaña política”, agregó.

A inicio de abril, Petro sufrió una derrota en el Congreso, donde senadores archivaron la reforma a la salud, la más avanzada en trámite y también la más polémica. La propuesta planteaba reducir la intermediación de actores privados y dar al Estado un mayor control del dinero y del servicio de salud que el gobierno ha calificado de deficiente.

Sin embargo, el gobierno anunció decretos que modifican el sistema de salud en el mismo sentido que lo quería hacer la reforma y ordenó la intervención forzosa para administrar dos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) más grandes del país: Sanitas y Nueva EPS.

En la marcha, se distinguían trabajadores de las EPS intervenidas vestidos con camisetas blancas y sus logos, que advertían que la salud de 17 millones de sus afiliados estaba en riesgo.

“Vine a marchar por la salud, porque él (Petro) lo ha dicho, que va a acabar las EPS. Vine para que sepa que no queremos”, dijo a la AP Amanda Rojas, una ama de casa de 70 años, afiliada en Sanitas.

Los cambios al sistema de salud que rige en Colombia desde hace 30 años, han generado preocupación en el sector y más de 60 asociaciones se unieron a las protestas en lo que llamaron “La marcha de las batas blancas”.

“No negamos las falencias, la corrupción, la falta de recursos, pero una cosa es negar las falencias y otra cosa es decir que la solución que están planteando es la adecuada, ese es el problema”, aseguró a la AP Rubén Luna, presidente de la Sociedad Colombiana de Trasplantes y miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía, quien pide que se les incluya en la búsqueda de soluciones para el sistema de salud.

Para Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, se trata de las marchas más nutridas que la oposición ha logrado convocar y considera que el elemento que cambió el panorama fue la intervención a varias EPS por parte del gobierno.

“Lo que muestra esta marcha es que esto genera muchas inquietudes que el gobierno debería escuchar, porque es algo que muestra que está perdiendo el pulso de la calle”, concluyó.

Con información de AP

 

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