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Belisario Betancur , un legado empañado por el dolor y la tragedia

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EP New York/ agencias

Conocido como el presidente que lidió con las dos tragedias más impactantes de la historia de Colombia , el desastre de Armero y la toma del Palacio de Justicia,  y el iniciador del primer proceso de paz , Belisario Betancur , falleció éste viernes en Bogotá a la edad de 95 años. El expresidente conservador había sido internado en una clínica por complicaciones renales. 

Belisario Betancur Cuartas , quien gobernó al país entre 1982 y 1986, en uno de los periodos más complejos de la historia de Colombia fue un destacado Poeta, intelectual, contertulio, humanista, filántropo, pero sobre todo político y líder del Partido Conservador , reseña la revista Semana de Bogotá.

Además de lidiar con los violentos hechos de una época marcada por los capos de la droga  , Betancur tuvo que afrontar la furia de la naturaleza. En la Semana Santa de 1983 un terremoto dejó casi destruida Popayán y otras poblaciones vecinas: hubo más de 300 muertos y más de 10.000 familias damnificadas. Una dura prueba para un Estado que no sabía nada de prevención ni atención de este tipo de desastres.

Toma del Palacio de Justicia

Luego , para noviembre de 1985 fue la peor semana en la vida de Betancur. El 6 de noviembre, un comando armado del M-19 se tomó el Palacio de Justicia en Bogotá para hacerle un juicio sumario por no haber cumplido lo acordado en el proceso de paz. Tanto la toma, como la retoma por parte de las Fuerzas Militares; junto a los 98 muertos y desaparecidos que dejó este hecho, lo persiguieron hasta su muerte, incluida la sombra de ir a juicio.

Armero: crónica de un desastre anunciado

Cuando Colombia apenas se reponía de las retaliaciones de los narcotraficantes en cabeza de Pablo Escobar , llega la tragedia anunciada de Armero. El 13 de noviembre de 1985, la erupción del Nevado del Ruíz borró Armero y dejó bajó tierra a más de 22.000 personas. Lo ocurrido es algo que el país conoce a profundidad.

A Betancur también se le recuerda porque fue el presidente que renunció a ser la sede del Mundial de Fútbol de 1986, porque el país no tenía la capacidad económica para realizarlo. También por extender el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la población. A pesar de los tiempos que le tocaron, Betancur trató de hacer un gobierno en favor de los pobres y cercano al pueblo, apunta la revista Semana.

son algunas de las muchas palabras que podrían definir a este hombre nacido en un humilde hogar campesino de Amagá (Antioquia).

La muerte del político fue confirmada por el mandatario Iván Duque, quien indicó en su cuenta de Twitter que el legado de Betancur en la política, en la historia y en la cultura es un “ejemplo para todas las generaciones futuras”.

Varios políticos y otras figuras de la vida colombiana expresaron a través de las redes sociales sus condolencias y dedicaron palabras de elogio y reconocimiento a quien fuera el artífice del proceso de paz con algunos grupos rebeldes.

“Todo honor y toda gloria al Presidente Belisario Betancur. Gran patriota, gran amigo y gran ejemplo de entereza, honestidad y humildad”, dijo en su cuenta de Twitter el exmandatario Juan Manuel Santos al lamentar el fallecimiento del político.

Betancur fue el primer colombiano de origen humilde en llegar a la presidencia de Colombia en 1982, un cargo ostentado exclusivamente hasta entonces por miembros de las élites colombianas.

El político, que era hijo de campesinos que vivían en pobreza extrema en el estado occidental de Antioquia, ascendió a la cima del poder casi cuatro décadas después de comenzar su carrera política en 1945, como militante del Partido Conservador. Con la ayuda de becas se graduó de abogado y economista, además se desempeñó como escritor, periodista y poeta.

Al expresidente le tocó gobernar en un espacio de tiempo considerado entre los más oscuros y violentos de la historia de Colombia.

Su llegada a la presidencia provocó una oleada de entusiasmo tras prometer que durante su mandato de cuatro años buscaría la paz con la guerrilla con el fin de librar a los colombianos de un conflicto armado que hasta la actualidad ha dejado más 250.000 muertos y millones de desplazados durante más de 50 años.

Su intento de hacer las paces con la guerrilla no se demoró. A apenas tomó posesión el 7 de agosto de 1982 llevó adelante esa iniciativa, desafiando incluso a los miembros de su propio partido.

El proceso de paz fue vigoroso y no tardó en rendir frutos. Al menos por un instante parecía que la paz finalmente llegaría a Colombia cuando logró en 1983 un acuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor y más antigua guerrilla del país.

El acuerdo de paz, empero, se truncó rápidamente luego de que los miembros de la Unión Patriótica –un incipiente partido encabezado por las FARC– acabaran siendo víctimas de actos de exterminio en los cuales fallecieron unos 4.000 de sus integrantes. Las muertes de activistas de izquierda, incluidos alcaldes y congresistas, durante esa ola de terror fueron atribuidas a militares y paramilitares de extrema derecha.

El Movimiento 19 de Abril (M-19), una guerrilla izquierdista de inspiración cubana y fundada por estudiantes universitarios, acusó a Betancur de “traición” por el fracaso del acuerdo de paz y el 6 de noviembre de 1985 asaltaron el Palacio de Justicia para exigir que se celebrase un juicio revolucionario en contra del mandatario en el cual magistrados del máximo tribunal actuarían como jueces.

Betancur dejó en manos de los militares retomar el control del Palacio en una fiera batalla con unos 50 guerrilleros.

El palacio fue incendiado y quedó en ruinas con un saldo de más de 100 muertos, incluidos los rebeldes, y 11 de los 24 magistrados de La Corte Suprema. Otras 11 personas, muchos de ellos trabajadores de la cafetería, desaparecieron. Años más tarde las autoridades descubrirían que algunos de los rebeldes y presuntos simpatizantes civiles fueron sacados vivos del edificio y posteriormente asesinados porque fueron testigos de tácticas de mano dura por parte de los militares cuando retomaron el edificio.

Las acciones de Betancur durante el asedio fueron cuestionadas, incluida su negativa a recibir una llamada telefónica del presidente de la Corte pidiendo negociaciones, así como por una orden del gobierno que obligó a las redes de televisión a interrumpir la cobertura del enfrentamiento y emitir un partido de fútbol.

Abatido por el rotundo fracaso de su iniciativa de paz y el sufrimiento generado por la erupción del Nevado del Ruiz, la mayor tragedia natural de la historia de Colombia, enfrentó que algunos pensaran que lo sucedido pudo atenuarse con una oportuna evacuación de la ciudad,

Betancur finalizó su gobierno el 7 de agosto de 1986 y su legado quedó empañado para siempre.

Durante años sostuvo que había perdido el control del asedio del palacio. El expresidente fue absuelto de irregularidades por una investigación del Congreso en ese momento.

El exgobernante se mantuvo al margen de la política, algo inusual entre los exmandatario colombianos, pero rompió su silencio en 2015, mostrando remordimiento por su acción cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos estaba negociando con las FARC otro acuerdo de paz.

“Si errores cometí, pido perdón”, dijo.

Tras el fin de su gobierno, Betancur se dedicó a las labores culturales, las cuales le valieron numerosos reconocimientos, entre las que se incluyen doctorados Honoris Causa en Humanidades de las universidades estadounidenses de Colorado y Georgetown.

El exmandatario donó su biblioteca de 22.000 ejemplares a la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín en donde se graduó de abogado y economista.

 

Agencias

Duque ordena militarizar a Cali y el Valle por disturbios en Colombia

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EP New York/agencias

BOGOTÁ Colombia  — Ante una escalada de violencia durante las manifestaciones antigubernamentales en Cali, al suroeste de Colombia, el presidente Iván Duque ordenó el viernes “un despliegue de asistencia militar” después de que se registraron tres fallecidos y un número indeterminado de heridos.

“Este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento, asegurando la asistencia en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y terrorismo urbano de baja intensidad”, dijo el mandatario desde Cali, donde arribó entrada la noche.

El gobierno sostiene que las manifestaciones están “infiltradas” por grupos armados ilegales y Duque prometió demostrar dicho vínculo al desplegar “todas las capacidades de inteligencia”.

Horas antes, el fiscal general Francisco Barbosa dijo que uno de los fallecidos fue identificado como Fredy Bermúdez Ortiz, funcionario de la institución que en el momento de los hechos estaba en su tiempo de descanso y habría sido ajusticiado por civiles. “De acuerdo con la información recopilada hasta este momento (Bermúdez) disparó contra varias personas ocasionando la muerte de unos civiles… luego terminó muerto a manos de personas que se encontraban en el lugar de los hechos”, explicó Barbosa en una declaración oficial.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le pidió a Duque prohibir el uso de armas de fuego por parte de agentes del Estado y además advirtió que civiles estarían accionando armas contra los manifestantes. “Hemos corroborado videos de Cali que muestran a hombres armados vestidos de civil disparando ante la inacción de miembros de la Policía”, escribió el viernes en Twitter.

Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también señaló que hay “personas civiles disparando” en Cali, por lo que hizo un llamado a la no violencia a través de la misma red social. “Estamos en contacto con autoridades y urgimos a asegurar la vida e integridad de todas las personas”, indicó.

Los disturbios del viernes se extendieron a otras zonas del país cuando se conmemora un mes del inicio de las protestas más concurridas de las últimas décadas. Hasta el momento han dejado más de 40 fallecidos y 2.200 civiles y policías heridos.

En Madrid, un municipio aledaño a Bogotá, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía antimotines cuando esta última intentó desbloquear una vía pública. “Ya estamos cansados de esta injusticia, de este gobierno corrupto, de esta desigualdad. No estamos pidiendo nada regalado, que nos den todo, solo una oportunidad”, dijo a la AP uno de los manifestantes que cubrió su rostro.

El gobierno y el Comité Nacional del Paro, que agrupa principalmente sindicatos, no han logrado establecer las bases que permitan la apertura de una negociación. Los manifestantes piden que el gobierno se comprometa a dar garantías para el ejercicio de la protesta social, mientras que el gobierno tiene como inamovible el cese de los bloqueos viales que interrumpen el abastecimiento de alimentos, medicinas y el libre tránsito de los ciudadanos y mercancías afectando la economía.

“Lo que vemos es una acción dilatoria del gobierno para firmar lo acordado, no entiende la complejidad del momento, lo hace que el responsable del paro sea el gobierno del presidente Duque que se niega a firmar el acuerdo de garantías y no nos ha dado una respuesta sobre en qué fecha se debe iniciar la negociación del pliego de peticiones”, dijo el jueves ante la prensa el sindicalista Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Las denuncias de violaciones de derechos humanos y excesos de la fuerza pública durante las protestas han llegado hasta la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el martes su “extrema preocupación por la pérdida de vidas durante las protestas”, así como por las denuncias de abusos sexuales cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública y decenas de desaparecidos.

El jueves el gobierno aceptó formalmente una visita de la CIDH para verificar la situación, que fue solicitada por el organismo desde el 7 de mayo. La vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez aclaró a la CIDH en una carta que la visita se hará después del 29 de junio, cuando está programada una audiencia sobre la situación de derechos humanos en el país.

Las manifestaciones —en su mayoría pacíficas— hicieron fracasar una reforma fiscal por la que inició el descontento social y luego una reforma a la salud que se discutía en el Congreso. Además, ha tenido consecuencias políticas inmediatas con la renuncia de tres altos funcionarios del gobierno: el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la canciller Claudia Blum y el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, quien era el encargado de mediar con los manifestantes.

“Hoy más que nunca debemos estar en las calles porque se cumple un mes del despertar social. Hoy es la reafirmación de que lo que está sucediendo va para largo: hasta que el Estado no haga presencia real, hasta que los policías que han venido masacrando paguen con todo el peso de la ley y no haya un reconocimiento de las víctimas”, dijo a The Associated Press Isaac García, líder social de Cúcuta, quien viajó hasta Bogotá para manifestarse.

La analista internacional y experta en protestas Sandra Borda explicó a la AP que actualmente hay una “crisis de representatividad” tanto del gobierno, que tiene un margen de maniobra limitado tras un mes de manifestaciones, como del Comité Nacional del Paro, que no representa a todos los sectores que se manifiestan en las calles.

“Estamos en un escenario que no creo que se vaya a resolver prontamente, porque el gobierno lo único que puede controlar con algún nivel de efectividad es la fuerza pública y por tanto sigue empeñado en tratar de resolver la situación con mano dura. Cuando la fuerza pública se extralimita se produce más indignación, más rabia y se le echa más leña al fuego de la manifestación”, aseguró Borda.

El gobierno mantiene a la fuerza pública desplegada en todo el país advirtiendo alteración en el orden público por “infiltración” de grupos armados en las manifestaciones. Según el Ministerio de Defensa, durante un mes de protesta ha atendido más 1.000 disturbios, capturado 1.061 personas e incautado 1.198 armas de fuego y 31.000 armas cortopunzantes.

Con información de AP

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Agencias

Colombianos reclaman cese de violencia policial en paro nacional

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EP EE.UU/ agencias

Bogotá , Colombia — “¡A parar para avanzar, viva el Paro Nacional!”. Con esta arenga miles de colombianos se manifestaban masivamente el miércoles durante la decimoquinta jornada de protestas nacionales en contra de las reformas del gobierno y los excesos de la fuerza pública en las manifestaciones.

“Entre las prioridades que tenemos están las garantías a los derechos humanos, el desmonte del ESMAD (policía antimotines) y todo este trato guerrerista que se le ha dado a la protesta social, la atención de las agendas de los jóvenes en este país, la renta básica (subsidio) y que se retire la reforma a la salud”, dijo a The Associated Press Francia Márquez, líder social que protestaba en Cali, al suroeste del país y epicentro de movilizaciones masivas y focos de violencia.

El ministro de Defensa, Diego Molano, informó que la jornada fue pacífica y rechazó los bloqueos viales en 99 puntos del país y afectan el paso de alimentos, insumos médicos y gasolina. Sin embargo, entrada la noche se presentaron algunos disturbios en ciudades como Barranquilla, Popayán, Bucaramanga y Neiva, donde incineraron un bus de servicio público.

La nueva jornada de protesta fue convocada por los principales sindicatos y movimientos sociales agrupados en el denominado Comité del Paro tras un fallido intento de diálogo con el presidente Iván Duque el 10 de mayo. Un día después, el gobierno propuso una mesa de negociación formal con los manifestantes con el acompañamiento de la Iglesia Católica y Naciones Unidas para la cual aún no hay fecha.

El descontento social creciente inició hace dos semanas en contra de una reforma tributaria que propuso el gobierno para financiar los programas estatales en medio de la crisis económica causada por la pandemia. Días después el presidente Duque aceptó retirarla, sin embargo, las protestas no cesaron, sino que tomaron fuerza y se mantienen ante una ola de denuncias de exceso de la fuerza pública y uso de armas contra la población.

“En estos días los actos de la policía han sido una completa violación de los derechos humanos contra los manifestantes que estamos protestando en paz en Bogotá y en ciudades como Cali y Medellín”, dijo a la AP el estudiante Cristian Ureña en Bogotá.

Las cifras oficiales dan cuenta de una afectación cada vez mayor. Según la Defensoría del Pueblo, entidad estatal de derechos humanos, se han reportado 41 civiles y un policía muertos durante las protestas, mientras que el Ministerio de Defensa contabiliza 33 fallecidos y más de mil heridos: 716 civiles y 849 miembros de la fuerza pública.

“Todas las órdenes operativas que se imparten siempre se enmarcan en la garantía de los Derechos Humanos y si se presentan violaciones por conductas individuales de la fuerza pública éstas se judicializan y se investigan… También se reclama que se hagan las investigaciones frente a las agresiones que se han presentado contra miembros de la fuerza pública”, dijo el presidente Duque el martes desde Cali en una declaración oficial.

Los hechos están en etapa de investigación. El fiscal general, Francisco Barbosa, explicó el miércoles ante el Congreso que han identificado 14 muertes relacionados con las protestas y hasta ahora han esclarecido cuatro casos de homicidios: tres de ellos “fueron cometidos por policías”. El presidente Duque explicó el martes que abrieron 65 acciones disciplinarias a miembros de la fuerza pública. De éstas, ocho son casos por presunto homicidio y 27 por abuso de autoridad. Sin embargo, la organización no gubernamental Temblores advierte 1.956 casos de violencia policial.

Las manifestaciones ocurren en al menos 25 departamentos de los 32 que tiene el país y recogen la inconformidad de sectores diversos de la sociedad como los estudiantes, sindicatos, trabajadores informales y comunidades étnicas que reclaman en primera medida garantías para protestar.

“Estamos con la flauta porque eso es lo que nos identifica: frente a la brutalidad policial respondemos con la música y la danza”, dijo a la AP Didier Chirimuscay, líder Misak del movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO), quien protestaba en el centro de Bogotá. “Marchamos contra el mal gobierno, retiraron la reforma (tributaria), pero el gobierno va a insistir para ponerla”, agregó.

En Pereira, al oeste del país, las movilizaciones giraron en torno a la memoria de Lucas Villa, el estudiante de Ciencias del Deporte que falleció tras recibir disparos en una marcha pacífica el 5 de mayo. Los manifestantes ondearon banderas de Colombia y levantaron rosas y carteles con la frase “Lucas vive”. Villa, de 37 años, se convirtió en un símbolo nacional de las víctimas de la violencia durante las protestas.

Ante la presión social, el presidente prometió que subsidiará las matrículas de los estudiantes de estratos más bajos de las universidades públicas durante el segundo semestre de 2021. El Ministerio de Educación calcula que la iniciativa costará 160 millones de dólares. Sin embargo, los estudiantes piden que la gratuidad de la educación universitaria se extienda a toda la población, se mantenga en el tiempo y finalmente se cumpla.

“Estamos en alerta y hemos pasado de inmediato un derecho de petición al gobierno nacional de Iván Duque y al Ministerio de Educación, porque en los pasados anuncios de matrícula cero han sido tramposos”, indicó el miércoles la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior en un comunicado.

En paralelo a las manifestaciones, el presidente Duque se reunió con algunos líderes juveniles en Bogotá buscando acuerdos para desbloquear el país. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió al gobierno concertar con los manifestantes para detener las manifestaciones en medio del tercer pico de contagios y muertes por COVID-19.


https://youtu.be/MkWf1kTMZFI

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Agencias

Renuncia Carrasquilla pero protestas continúan en Colombia

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La renuncia del ministro de Hacienda no aplaca las protestas que ya dejan 19 muertos en Colombia

Bogotá,  (EFE).- La renuncia del ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, marcó este lunes la sexta jornada de protestas contra la ya retirada reforma tributaria del Gobierno, en las que, según la Defensoría del Pueblo, han muerto al menos 19 personas y unas 800 personas han resultado heridas.

Carrasquilla, que estaba en el cargo desde el 7 de agosto de 2018 cuando comenzó el mandato del presidente Iván Duque, se convirtió en el villano de la actual crisis por la dureza del fracasado proyecto de reforma fiscal, que fue la chispa que encendió el fuego de las manifestaciones la semana pasada.

Esa iniciativa golpeaba en especial a la clase media y a la baja mediante la ampliación de la base tributaria y el cobro del IVA del 19 % a los servicios públicos.

Para reemplazarlo, Duque nombró como nuevo titular de Hacienda al hasta hoy ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, un economista y académico que también acompaña al presidente desde el inicio de su Gobierno.

Las movilizaciones sociales que comenzaron en noviembre de 2019 en protesta contra la política económica de Duque resurgieron con fuerza la semana pasada después de un paréntesis de más de un año por la pandemia de covid-19 que empobreció a miles de familias colombianas, y el detonante fue el controvertido proyecto de reforma tributaria.

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

Según el informe de la Defensoría, 19 personas han muerto durante las manifestaciones, 18 civiles y un policía, y actualmente está evaluando y clasificando 140 denuncias que incluyen información sobre fallecidos, desaparecidos, abuso policial y lesionados.

Sin embargo, organizaciones sociales han divulgado informes según los cuales el número de víctimas es incluso mayor que el de la Defensoría.

La ONG Temblores, que documenta violencia policial, informó que desde el 28 de abril hasta hoy contabiliza “26 personas víctimas de violencia homicida por parte de la Policía”.

Además reportó “142 víctimas violencia física”, 761 detenciones arbitrarias, 17 víctimas de “agresión en sus ojos”, nueve víctimas de violencia sexual y “56 denuncias por desapariciones en el contexto de la movilización”.

CRISIS EN CALI

Desde que comenzaron las manifestaciones, la situación más difícil se vive en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y principal ciudad del suroeste de Colombia, donde hay incertidumbre por cuenta de la violencia policial, los disturbios y los bloqueos, que están provocando desabastecimiento de alimentos y combustibles.

Uno de los momentos más difíciles de la jornada se vivió en un sector conocido como La Luna, en el sur de la ciudad, donde los manifestantes protagonizaron una batalla campal contra miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.

La difícil situación fue grabada un fotógrafo conocido como Jahfrann, que en un en vivo de Instagram se conectó con personalidades latinoamericanas como el cantante puertorriqueño Residente y el conferencista mexicano Daniel Habif para mostrarles lo que estaba ocurriendo en La Luna.

Las manifestaciones también han dejado decenas de comercios destruidos y tienen paralizada la vida de Cali.

Las imágenes de largas filas para abastecer combustible y los estantes de alimentos vacíos en algunas plazas de mercado y tiendas tienen en vilo a las autoridades, que buscan una solución a un problema que aún no es crítico pero que crece velozmente.

Incluso la Aeronáutica Civil de Colombia restringió este lunes temporalmente las operaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a Cali, por las manifestaciones que constituyen la peor crisis del Gobierno de Duque.

PROTESTAS EN OTRAS CIUDADES

Los colombianos también salieron a protestar en otras ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Manizales, en jornadas en las que hubo nuevos disturbios.

En la capital colombiana, centenares de personas se congregaron frente al condominio donde tiene su residencia privada el presidente Duque para expresar su inconformismo con el Gobierno.

Aparte de Cali, hubo violencia en Barranquilla, capital del departamento caribeño del Atlántico, donde ocurrieron saqueos a supermercados y enfrentamientos con la fuerza pública.

Los sindicatos y organizaciones sociales convocantes de la protesta volvieron a llamar a una nueva jornada de “paro nacional” que tendrá lugar el próximo miércoles 5 de mayo.


Con inf. de Agencia EFE/DW noticias

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