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Bogotá regresa a la normalidad pero la frustración entre la población sigue vigente

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EP New York/opinión

CALMA CHICA EN BOGOTA

por Ricardo Angoso

Tras una semana de infarto, con 13 víctimas mortales, decenas de heridos y numerosos destrozos en la ciudad, parece que la tranquilidad ha llegado a la capital colombiana. Pero es un espejismo, las espadas siguen en alto y la frustración entre la población sigue siendo la nota dominante. También el hastío hacia sus gobernantes, bien sea por su estilo represor o por su vena populista de cara a sacar tajada de las manifestaciones, está generalizado

Después de haber paralizado la economía colombiana durante casi un año, en una cuarentena fracasada que no consiguió detener la propagación de la pandemia del covid 19, el gobierno del presidente Iván Duque ha enfrentado una de las mayores protestas de la historia de Colombia en los últimos veinte años provocada por un caso de abuso policial, cuando un joven abogado fue asesinado de una forma infame a manos de unos uniformados.

Aparte de poner sobre la mesa la necesaria y tantas veces solicitada reforma de los cuerpos policiales colombianos, envueltos en numerosos desmanes y tropelías en los últimos tiempos, el caso tan solo fue la chispa que prendió las violentas protestas en las calles, tal como ha sucedido en otras revoluciones en otros países y latitudes, tales como Túnez, Egipto, Bielorrusia y Nicaragua, por citar tan solo algunos ejemplos.

La reacción de la ciudadanía, en la que algunos quieren ver mano foránea y agitación de la izquierda, revela, sin embargo, el grado de crispación y tensión social que se vive en Colombia desde que hace algo menos de un año cuando comenzaran las protestas contra el gobierno Duque, en un principio debido a las demandas por parte de los estudiantes de una mejora en el sistema de enseñanza y después aderezadas con otras reclamaciones sociales. Luego, las mismas  se vieron “anestesiadas” a raíz de la súbita aparición de la pandemia en febrero de este año y han vuelto a aparecer, como un fantasma de verano, otra vez en estos días quizá con mayor virulencia que antes.

La respuesta por parte del gobierno, pese a la magnitud de las protestas y la juventud de los participantes en las mismas, ha sido enviar más policías, militarizar la ciudad y anunciar medidas más restrictivas para evitar nuevas marchas. Sin querer justificar la violencia desproporcionada y los ataques a las fuerzas de seguridad por parte de algunos manifestantes, que incluso hirieron a varios agentes de la policía, el presidente Duque debería tener en cuenta y analizar en su justa medida que haber paralizado la economía del país durante casi un año entero condenó a la miseria, la pobreza y el hambre a millones de personas de los estratos sociales más vulnerables de la capital colombiana y otras ciudades del país.

SIN RESPUESTAS SOCIALES Y POLITICAS, EL MALESTAR SEGUIRA EN LAS CALLES COLOMBIANAS

Resulta absolutamente descorazonador  que el presidente Duque no haya entendido que su política de confinamiento total en una de las cuarentenas más largas y absurdas del mundo, solamente superadas en el tiempo por Argentina y Costa Rica, ha provocado altos costes sociales y económicos, con una disminución brutal en su calidad de vida, para más de la mitad de la población del país que se sustenta en la economía informal.

Si de veras ahora se quieren aplicar fórmulas correctoras que atemperen los costes sociales de una política errónea -pues no ha dado los resultados esperados y Colombia es hoy uno de los países con más afectados del mundo a causa del covid 19-, el presidente Duque debe tomar algunas medidas sociales y atender a los sectores más afectados por la cuarentena, tales como bajar los servicios básicos, flexibilizar el pago de arriendos y préstamos y eliminar o rebajar algunos impuestos impopulares, como el predial -algo así como la contribución urbana española-.

La gente está repleta de deudas, millones de trabajadores han perdido sus empleos, miles de empresas han cerrado, servicios como el agua, la luz y el internet han sido cortados sin miramientos por compañías desalmadas…Y suma y sigue. El paisaje colombiano después de la fallida batalla contra la pandemia es desolador y requiere una proyecto de ingeniería social basado en la innovación, el desarrollo de nuevas políticas más acordes con los más vulnerables y de la redefinición de un proyecto nacional caracterizado durante décadas por la lacerante desigualdad y la ausencia de oportunidades para los más pobres; no en vano, Colombia es uno de los cinco países del mundo más desiguales y es hora de rectificar el rumbo, presidente Duque.

No estamos hablando de una revolución social o política, sino del establecimiento de unas  reglas de juego en la economía, la salud y la educación, de tal forma que se acuerde un nuevo pacto social que permita el acceso universal a esos tres pilares a todos los sectores de la población. Hace falta un sistema crediticio, controlado por el Estado, que permita el acceso de todos los ciudadanos al capital, de tal forma que se genere el emprendimiento, la creación de microempresas y la compra de viviendas dignas por parte de todos los ciudadanos sin exclusiones. La reforma de la salud, en manos de esos vampiros que responden al nombre de EPS, y del injusto sistema de educación, al que solamente acceden los más ricos, son otras dos reformas absolutamente  necesarias.

De no emprender el camino del cambio, desconociendo el malestar reinante y la crispación creciente, esta calma chicha de la que gozamos ahora, que es una falsa apariencia de paz, dará paso a más conflictos sociales y a la degeneración de las legítimas marchas ciudadanas a protestas violentas de impredecibles resultados, incluyendo entre los escenarios una no deseada confrontación civil que puede ser aprovechada por las expresiones más radicales de la sociedad civil en aras de sus espurios intereses. Es decir, en castellano castizo, se trataría de arrimar el ascua a su sardina  aprovechando la actual coyuntura favorable a sus ideas políticas y el caos reinante. O, en palabras del gran Lenin, “captar el momento oportuno para que triunfe la revolución”. Atentos, el momento es grave.

 

RICARDO ANGOSO GARCÍA

Coordinador del Foro Ideas para la Democracia:

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Agencias

Gran jurado de Manhattan imputa cargos contra Donald Trump por caso de actriz porno

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EP New York | política EE.UU. | agencias

por Gustavo Lugo

Donald Trump es acusado penalmente en NY

NUEVA YORK  — Donald Trump ha sido acusado por un jurado investigador de Manhattan, dijeron el jueves fiscales y sus abogados, lo que lo convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar un cargo penal y remece sus pretensiones de retomar la Casa Blanca el próximo año.

Los cargos se centran en los pagos realizados durante la campaña presidencial de 2016 para acallar las denuncias de un encuentro sexual extramatrimonial. Además, representan un desarrollo extraordinario después de años de investigaciones sobre los tratos comerciales, políticos y personales de Trump.

La acusación impulsa a una fiscalía de distrito local al corazón de una contienda presidencial y marca el comienzo de un proceso penal en una ciudad que el expresidente llamó su hogar durante décadas. Al llegar en un momento de profundas divisiones políticas, es probable que los cargos refuercen los puntos de vista tanto de quienes creen que ya era hora de que el exmandatario rindiera cuentas, como de aquellos que, como Trump, sienten que el republicano está siendo atacado con fines políticos por un fiscal demócrata.

Trump, quien ha negado haber cometido delito alguno y ha atacado la pesquisa en numerosas ocasiones, se refirió a los cargos formales como una “persecución política” y pronosticó que perjudicaría a los demócratas en 2024. En un comunicado en el que confirmaron los cargos, sus abogados Susan Necheles y Joseph Tacopina, afirmaron que Trump “no cometió ningún delito. Lucharemos vigorosamente contra este proceso político en los tribunales”.

Un portavoz de la fiscalía de distrito de Manhattan confirmó la acusación y dijo que los fiscales se habían comunicado con el equipo de defensa de Trump para concertar su entrega. Una persona familiarizada con el asunto, que no estaba autorizada a discutir un proceso que se encuentra bajo precinto, dijo que se esperaba que la entrega se hiciera la próxima semana. El fiscal de distrito Alvin Bragg salió de su oficina el jueves por la tarde sin hacer comentarios.

El caso se centra en acusaciones bien documentadas de un periodo de 2016 durante el cual el pasado de celebridad de Trump chocó con sus ambiciones políticas. Los fiscales examinaron el dinero pagado a la actriz porno Stormy Daniels y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal, de quienes temía que hicieran públicas las afirmaciones de que habían tenido encuentros sexuales extramatrimoniales con él.

El momento de la acusación pareció sorprender a los funcionarios de la campaña de Trump luego de los reportes noticiosos de que probablemente faltarían semanas para presentar cargos penales. El expresidente estaba en Mar-a-Lago, su propiedad en Florida, el jueves y había filmado una entrevista con un comentarista conservador.

Para un hombre cuya presidencia estuvo definida por saltarse las normas, la acusación abre camino a otro espectáculo nunca antes visto. Requerirá que un expresidente —y actual aspirante— luche simultáneamente por su libertad y su futuro político al mismo tiempo que se defiende de otras amenazas legales potencialmente más peligrosas, incluidas investigaciones sobre los intentos de él y de sus aliados de anular los resultados de las elecciones de 2020, así como sobre el resguardo de cientos de documentos confidenciales.

Hasta hace poco, Nueva York había sido vista como una candidata poco probable para ser el primer lugar para enjuiciar a Trump, quien continúa enfrentando investigaciones en Atlanta y Washington que también podrían resultar en cargos. A diferencia de esas investigaciones, el caso de Manhattan se refiere a la conducta de Trump antes de convertirse en presidente y no está relacionado con los intentos de anular una elección presidencial.

Mientras busca reafirmar el control del Partido Republicano y mantener a raya a una gran cantidad de exaliados que buscan la nominación presidencial o se opondrán a que él la obtenga, la acusación prepara el escenario para una imagen sin precedentes: un expresidente al que le toman sus huellas dactilares y una foto para su ficha policial, y luego enfrentar la lectura de cargos y posiblemente un juicio penal. Por razones de seguridad, se prevé que sea fichado en un proceso cuidadosamente coreografiado para evitar aglomeraciones dentro o fuera del juzgado.

Al presentar los cargos, el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg está asumiendo un caso inusual que había sido investigado por dos fiscales anteriores que se negaron a tomar el arriesgado paso político de buscar cargos en contra de Trump.

En las semanas previas a su acusación formal, Trump arremetió contra la investigación en redes sociales y llamó a sus simpatizantes a realizar protestas en su nombre, lo que obligó a reforzar la seguridad en las inmediaciones de la corte penal de Manhattan.

El destino de la investigación de los pagos para comprar el silencio de las dos mujeres parecía incierto hasta que a principios de marzo comenzó a circular la noticia de que Bragg había invitado a Trump a testificar ante el jurado investigador, un indicio de que la fiscalía estaba cerca de presentar cargos.

Los abogados de Trump rechazaron la invitación, pero un abogado muy allegado al expresidente testificó brevemente en un intento de socavar la credibilidad del exabogado de Trump, Michael Cohen.

El propio Trump había generado expectativas de que sería acusado pronto, al emitir una declaración a principios de mes en la que predijo un arresto inminente y llamó a sus seguidores a protestar. No repitió ese llamado en una nueva declaración el jueves, pero el Departamento de Policía de Nueva York les dijo a sus 36.000 oficiales que estuvieran completamente movilizados y listos para responder a cualquier posible protesta o disturbio.

Hacia el final de la campaña presidencial de 2016, Cohen le pagó a Daniels 130.000 dólares para que guardara silencio sobre lo que asegura se trató de un encuentro sexual con Trump 10 años atrás, luego de haberse conocido en un torneo de golf para celebridades.

La compañía de Trump, la Organización Trump, le reembolsó el monto a Cohen y también lo recompensó con bonos y pagos adicionales que fueron registrados internamente como gastos legales. A lo largo de varios meses, según Cohen, la compañía le pagó 420.000 dólares.

Antes de eso en 2016, Cohen también había hecho arreglos para que el editor del tabloide National Enquirer le pagara a la modelo de Playboy Karen McDougal 150.000 dólares para silenciar su historia de una aventura con Trump.

Los pagos a las mujeres tenían la intención de comprar su silencio, pero resultaron contraproducentes casi de inmediato cuando los detalles de los arreglos se filtraron a los medios de comunicación.

Los fiscales federales de Nueva York finalmente acusaron a Cohen en 2018 de violar las leyes federales de financiamiento de campañas, argumentando que los pagos equivalían a una ayuda inadmisible para la campaña presidencial de Trump. Cohen se declaró culpable de esos cargos y de cargos de evasión de impuestos no relacionados, y cumplió condena en una prisión federal.

Trump fue implicado en documentos judiciales por tener conocimiento de los arreglos, pero los fiscales federales en ese momento se negaron a presentar cargos en su contra. El Departamento de Justicia tiene una política añeja de que es probable que sea inconstitucional enjuiciar a un presidente en ejercicio ante un tribunal federal.

Con ingormaciòn de AP | EFE

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Agencias

La “paz total” de Petro y el sometimiento a la justicia. ¿Será posible?

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EP New York | Latinoamérica | agencias

cómo Colombia sometería al narco a la justicia

BOGOTÁ — El presidente colombiano Gustavo Petro ambiciona someter a la justicia a las bandas criminales dedicadas en su mayoría al narcotráfico, en un intento por desescalar la violencia que aqueja a casi todo el país, ofreciéndoles pasar pocos años en la cárcel y una parte de los bienes que declaren a cambio de que entreguen las armas y se comprometan a no volver a delinquir.

La propuesta fue presentada el miércoles de la semana pasada al Congreso donde pronto iniciará su debate. Sin embargo, su aprobación será un reto porque Petro ya no cuenta con una mayoría oficialista tan cohesionada como meses atrás y deberá también sortear los cuestionamientos de la Fiscalía y la Procuraduría.

The Associated Press explica en qué consiste el proyecto de ley para las narco-bandas.

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDA LA LEY?

El plan oficialista aspira a llevar ante la justicia a las organizaciones criminales dedicadas a economías ilícitas, especialmente al narcotráfico y la minería ilegal, y cuyo actuar violento afecta a la población civil tanto en las ciudades como en zonas rurales.

Uno de los grupos que podría beneficiarse de la eventual ley es el Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas del país. Sin embargo, será una comisión gubernamental la que calificará qué estructuras pueden entrar al proceso de sometimiento y luego dará su veredicto al presidente Petro, quien tendrá la última palabra.

El proyecto aclara que al someterse no hay un “reconocimiento político” del grupo. La diferencia es clave porque en Colombia hay otros grupos armados que, aunque pueden tener vínculos con el narcotráfico, tienen un fin político. Por ejemplo, las guerrillas de izquierda buscaban tomarse el poder por las armas.

El gobierno está inmerso en diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerada la última guerrilla activa en el país, luego de que el Estado lograra firmar en 2016 un acuerdo de paz con la extinta Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos integrantes accedieron a una justicia especial a cambio de contar la verdad y reconocer sus crímenes.

¿CÓMO SE SOMETERÍAN A LA JUSTICIA?

El proyecto da un plazo de dos años, contados a partir de la aprobación de la ley, para que las bandas y sus integrantes firmen un acta en la que se comprometan a someterse a la justicia. El presidente podrá prorrogar por un año más ese plazo.

Para poder acceder al tratamiento penal con beneficios deben manifestar su voluntad de desmantelar la estructura, suspender todo tipo de actividades ilícitas, entregar las armas, así como a todos los secuestrados y menores reclutados, y entregar un inventario de bienes adquiridos con negocios ilegales, que servirían para reparar a las víctimas.

¿QUÉ BENEFICIOS TENDRÍAN?

Quienes hayan cometido delitos como utilización ilegal de uniformes e insignias, porte ilegal de armas y concierto para delinquir (asociación ilícita de varias personas para cometer delitos) podrían acceder a un principio de oportunidad, una figura que permite que la Fiscalía suspenda o renuncie a la persecución penal.

En ese caso, un fiscal debe solicitar a un juez que aplique el principio de oportunidad. De ser aprobado, la persona quedaría en libertad si está preso o no iría a la cárcel, y se suspendería la persecución penal por cuatro años, tiempo en que debe participar en programas de justicia restaurativa y de reintegración a la vida civil. Una vez pase ese tiempo y verifiquen que no reincidió, el Estado renuncia a la persecución penal o, por el contrario, si cometió delitos, reactiva todos los procesos penales en su contra.

Sin embargo, no podrán acceder al principio de oportunidad quienes hayan participado de graves violaciones a los derechos humanos o sido jefes o cabecillas. En ese caso, el proyecto contempla penas de seis a ocho años de cárcel, de acuerdo al grado de responsabilidad individual. Además, de cuatro años, cuando ya estén fuera de la cárcel, en los programas de justicia restaurativa.

El senador oficialista Iván Cepeda, uno de los autores del proyecto, explicó a The Associated Press que a diferencia de otras leyes que se aprobaron en el pasado, la nueva contempla una “dosificación de la pena de acuerdo a la responsabilidad que se pueda establecer sobre la comisión de los delitos y no al rango” dentro de la estructura armada, para evitar que un mando medio que puede ser responsable de graves crímenes pague menos pena que un dirigente máximo solo por su rango.

En caso de que las estructuras criminales hagan entrega anticipada de sus bienes y activos, podrían quedarse con el 6% de los mismos a manera de beneficio, siempre que eso no exceda los 10.000 salarios mínimos, lo que serían aproximadamente dos millones de dólares.

Juan David Bazzani, especialista en procesal penal y docente de la Universidad Externado, aseguró a la AP que ya existe un incentivo de quedarse con el 3% de los patrimonios ilegales en la extinción de dominio, permitida en Colombia sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito. Sin embargo, cuestiona qué pasará cuando esos bienes estén a nombre de testaferros y si luego de declararlos, los miembros rasos de las organizaciones podrán obtener el beneficio o solo lo harán los cabecillas.

¿CÓMO PERDERÍAN LOS BENEFICIOS?

Quienes retornen a las armas, se involucren en algún tipo de economía ilegal, sean condenados por delitos cometidos luego de que firmen el acta en el que se sometan a la justicia o no participen en programas para reparar a las víctimas y reintegrarse a la sociedad perderían los beneficios concedidos.

Michael Lee Weintraub, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, cuestiona si hay suficientes incentivos para que los miembros de las estructuras criminales abandonen y no reincidan en las actividades ilícitas.

“Para las personas que están dentro de la cárcel puede haber muchos beneficios, porque implicaría reducción de penas y seguramente libertad. Pero para los que están fuera, habría que competir desde el sector lícito con el tráfico de cocaína que es demasiado rentable con la política de drogas actual”, indicó Weintraub a AP.

CRÍTICAS AL PROYECTO

La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, advirtió ante la prensa de que tal como está planteada la ley, protegería más “a los victimarios que a las víctimas”, dado que se les otorgan beneficios como un límite de cárcel sin que exista “una manifestación de voluntad del sujeto responsable sobre la verdad”.

Además, a su juicio, la norma sería tan amplia que permitiría que las bandas criminales y el equipo del gobierno pacten “cualquier cosa, como por ejemplo la no extradición… Ese es el mico (la trampa) que yo veo”, agregó Cabello.

En el proyecto de ley, no hay una referencia a los procesos de extradición. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró a la prensa esta semana que con el proyecto no se afectan “las reglas vigentes a las que el Estado colombiano se han comprometido sobre la extradición”.

El fiscal general, Francisco Barbosa, cuestionó que pueda haber “una suerte de indulto” cuando accedan al principio de oportunidad por el delito de concierto para delinquir. “Es decir, buscar que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento”, en referencia a los beneficios que recibieron los exguerrilleros de las FARC cuando dejaron las armas.

La antigua guerrilla es juzgada por un Tribunal de Paz y, en caso de que digan la verdad y acepten su responsabilidad, pueden acceder a sanciones que no implican cárcel.

Con información de AP

 

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Agencias

Alcances del plan de paz de China en Ucrania

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EP New York/ Florida News| Política Internacional | agencias

Putin y Xi celebran la colaboración de sus países, a pesar de la guerra de Rusia en Ucrania

El presidente ruso, Vladimir Putin, le dio la bienvenida a Xi Jinping, el máximo dirigente chino, y mencionó brevemente el plan de paz de Pekín para Ucrania, sin dejar de subrayar la sólida cooperación entre Moscú y Pekín.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el máximo dirigente chino, Xi Jinping, iniciaron el lunes sus conversaciones en Moscú. Posaron uno al lado del otro demostrando una colaboración que no se ha visto afectada por la guerra que Rusia mantiene en Ucrania desde hace un año.

Aunque la guerra y las fricciones que ha evidenciado estuvieron presentes en la reunión, Xi y Putin no hicieron comentarios públicos al respecto, a pesar de las múltiples consecuencias registradas el año pasado como las sanciones occidentales a Rusia, la crisis energética en Europa y la devastación en Ucrania.

En vez de eso, los líderes hicieron todo lo posible por halagarse mutuamente y proyectar unidad en una serie de actos meticulosamente coreografiados. Xi es el líder mundial de más alto nivel que visita Rusia desde la invasión y se quedará tres días, mientras continúan las sangrientas batallas en el este de Ucrania. Además, su visita se produce solo tres días después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de detención contra el líder ruso por crímenes de guerra.

Las imágenes de la alianza, construida más con gestos simbólicos que con un tratado formal, ha avivado la ansiedad en Occidente ante la posibilidad de que China expanda su apoyo a Rusia más allá de la diplomacia o la economía —posiblemente con armas para que sean usadas en la guerra de Putin— y consolide un poderoso bloque opuesto a la OTAN y Estados Unidos.

“Querido amigo, bienvenido a Rusia”, le dijo Putin a Xi, después de que el líder chino fuera recibido con una alfombra roja y una banda militar.

Putin le dijo a su invitado que China era objeto de “envidia” porque su gobierno había construido un “sistema muy eficaz para desarrollar la economía y fortalecer el Estado”. Xi expresó su “profunda gratitud” a Putin y dijo estar “seguro de que el pueblo ruso seguirá apoyándolo firmemente”, según Xinhua, la agencia de prensa estatal china.

Los mandatarios se sentaron junto a una pequeña mesa, cerca de una chimenea, en un entorno mucho más íntimo que la larga mesa en la que Putin mantuvo tensas reuniones con líderes occidentales antes de que Rusia invadiera Ucrania.

Pero detrás de esta muestra de amistad hay un escenario geopolítico. China y Rusia se oponen a un orden mundial dominado por Estados Unidos y sus aliados, y eso parece pesar más que cualquier objeción que pueda tener Xi sobre la invasión de Ucrania.

El secretario de Estado, Antony J. Blinken, criticó la visita, afirmando que equivale a una “pantalla diplomática para que Rusia siga cometiendo” crímenes de guerra. El tribunal internacional acusó a Putin de ser responsable del secuestro y deportación de niños ucranianos, y las fuerzas rusas siguen atacando zonas civiles.

Según Blinken, el viaje “sugiere que China no siente la responsabilidad de hacer que el presidente rinda cuentas por las atrocidades cometidas en Ucrania”.

Putin, en un artículo publicado en el Diario del Pueblo, el principal periódico del gobernante Partido Comunista de China, estableció paralelismos entre las amenazas que, según él, pesan sobre Rusia por parte de Occidente —y que, en su opinión, lo impulsaron a invadir Ucrania— y las preocupaciones de Pekín en materia de seguridad en Asia.

Describió la cooperación entre Rusia y China como un contrapeso esencial a un Occidente que pretende dominar no solo Europa Oriental, sino también la región de Asia-Pacífico, y que pretende “contener el desarrollo de nuestros países”.

“Son las relaciones ruso-chinas las que hoy representan prácticamente la piedra angular de la estabilidad regional, incluso mundial”, escribió Putin.

Según un resumen chino de su reunión en el Kremlin, Xi le dijo a Putin: “La mayoría de los países apoyan la disminución de las tensiones, abogan por las negociaciones de paz y se oponen a echarle leña al fuego. Históricamente, los conflictos deben resolverse mediante el diálogo y las negociaciones”.

Las cautelosas declaraciones de Xi coinciden con la delicada posición que China ha adoptado en relación con la guerra: simpatiza con las quejas de Rusia contra la influencia occidental y la OTAN, al tiempo que aboga por el diálogo para poner fin a los combates. En consonancia con esa ambigüedad, Xi se ha referido a los combates en Ucrania como una “crisis” o un “conflicto”, pero no como una guerra o una invasión.

Al final del primer día de reuniones, no se evidenció algún progreso en el aspecto que más expectativas ha generado: saber si Xi podrá convencer a Putin para que inicie negociaciones de paz serias. Putin se limitó a afirmar que Rusia había “estudiado detenidamente” las propuestas de paz de China y que las tratará “con respeto”.

Un portavoz de la Casa Blanca, John F. Kirby, dijo: “Veremos de qué salen hablando de esta reunión”. Al calificar a la alianza Pekín-Moscú como un “matrimonio de conveniencia”, dijo que armar a Rusia iría en contra de las declaraciones públicas de Xi acerca de que China quiere la paz.

Para Putin, la visita de Xi también es una oportunidad para suavizar las tensiones suscitadas por los asesinatos de nueve ciudadanos chinos en una mina de oro en la República Centroafricana, un incidente que Xi ha condenado. Hay diversas afirmaciones sobre la identidad del grupo responsable de las muertes, pero algunos culpan a un grupo de mercenarios rusos.

Las conversaciones de Xi y Putin continuarán el martes, cuando se les unirán delegaciones más amplias de funcionarios gubernamentales. También planean dirigirse a los medios de comunicación y celebrar un banquete estatal al que asistirán los líderes empresariales rusos.

Ambos mandatarios se han reunido unas 40 veces desde que Xi se convirtió en líder nacional pero, aunque proyectan una relación más profunda que nunca, la guerra ha interrumpido sus relaciones, al tiempo que ha profundizado la dependencia rusa de China para el comercio y el apoyo diplomático.

La guerra ha sido una fuente de inestabilidad para Pekín, y ha perjudicado los lazos chinos con los países europeos. También ha magnificado las tensiones económicas y energéticas mundiales en un momento en que Xi quiere centrarse en la reconstrucción económica de China después de la pandemia.

En las últimas semanas, Xi ha tratado de reafirmar el papel global de China después de su aislamiento pandémico. Pekín se ha presentado como un potencial intermediario de la paz, organizando conversaciones que condujeron a un acuerdo significativo este mes entre Arabia Saudita e Irán y proponiendo un plan de 12 puntos que fue redactado en términos generales para poner fin a los enfrentamientos.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que agradecería la oportunidad de hablar con Xi, pero no está claro si los líderes tienen la intención de hablar.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Qin Gang, habló por teléfono la semana pasada con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, e instó a Ucrania y Rusia a negociar. “No importa cuán grandes sean las dificultades y los desafíos, no se le debe cerrar la puerta a una solución política”, le dijo Qin, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China.

Pero hay obstáculos enormes.

Putin, en su artículo del lunes, señaló que Rusia entablará conversaciones solo si retiene el control del territorio capturado en el este y el sur de Ucrania. El gobierno de Ucrania ha descartado ceder territorio a cambio de la paz.

“El primer y principal punto es la capitulación o retirada de las tropas de ocupación rusas”, dijo Oleksiy Danilov, jefe del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania, en un comunicado el lunes.

Ni las fuerzas rusas ni las ucranianas han mostrado una desaceleración en la lucha a lo largo del frente en expansión. Cientos de soldados mueren o resultan heridos diariamente en cada bando, según los analistas militares.

Incluso en el caso de que China desee desempeñar un papel para poner fin al derramamiento de sangre, es poco probable que Xi presione a Putin para evitar poner en peligro su asociación más amplia, según dicen muchos analistas. Xi considera que el vínculo de Pekín con Moscú es esencial para compensar el dominio global estadounidense.

“Los países occidentales liderados por Estados Unidos han implementado la contención, el cerco y la represión general de China”, declaró en un discurso este mes.

William Klein, un exdiplomático estadounidense radicado en Pekín, dijo que la visita a Moscú “demuestra claramente que China ve a Rusia como un socio estratégico indispensable”.

“Independientemente de lo que China pueda pensar sobre la guerra, ve a Rusia como una clave para crear un contrapeso a la presión de Estados Unidos”, dijo Klein, que ahora es socio consultor de FGS Global. “No debería haber ninguna expectativa de que China recalibrará sus intereses fundamentales debido a esta guerra”.

La pérdida del apoyo de Rusia podría dejar a China peligrosamente expuesta, según han argumentado los expertos en política exterior china, incluso después de la invasión de Putin.

El mes pasado, Yang Jiemian, un experto en política exterior de Shanghái, escribió en un análisis que si “Rusia se debilita constantemente hasta el punto en que no puede, no quiere o no se atreve a luchar contra Estados Unidos y Occidente, eso haría que China enfrente circunstancias estratégicas muy desfavorables”.

Publicado en The New York Times

 

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