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Colombia

El “cuarto poder” de la justicia en Colombia

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EP New York/Punto de Vista

Cuando se habla de justicia a nivel de un Estado cuyo poder judicial emana de las cortes supremas y sobre las cuáles recae la responsabilidad de emitir los juicios  correspondientes a las faltas y fallas de los individuos e instituciones , se evalúan conceptos tan simples como la equiedad.

Pero en una definición sencilla de justicia  , de muchas que abundan en los diccionarios online describe que la justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado, estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad.

La justicia, en sentido formal, es el conjunto de normas codificadas aplicadas por jueces en donde el Estado imparte justicia cuando éstas son violadas, suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común.

Sobre estos postulados se entiende que un sòlo poder , como lo es , en este caso el judicial, es quien imparte justicia dentro del Estado , pero , paradógicamente , en Colombia hay un cuarto poder muy influyente (y que no es la prensa)  que nace de los acuerdos de la habana y la firma de la paz para enjuiciar los actores del conflicto armado que se gestaron en 50 años de guerra cuyos beneficiarios directos son los líderes guerrilleros de las Farc.

La Justicia Especial para la Paz (JEP) peyorativamente un mico , o mejor, despectivamente un arangután que creó y blindó el expresidente Santos , es hoy uno de los grandes dilemas a los que se enfrenta el presidente Iván Duque en un intento de esclarecer los oscuras movimientos y actividades de los guerrilleros comprometidos en el proceso de paz y el posconflicto. Siendo el narcotráfico la actividad delictiva más grave luego de la firma del convenio en el 2016.

Duque ha intentado por todos los medios , a través de los partidos políticos , el gremio empresarial y con la misma justicia de Paz y la justicia ordinaria, objetar 6 cambios en el proceso de paz y ha sido inútil tras el último dictamen de la corte constitucional que aboga por mantener intactos los acuerdos. En tal efecto, la paz , los convenios pactados en la Habana , y su “blindaje” ante la comunidad internacional  realizadas por Santos han dejado un cuarto poder judicial encarnado en la JEP , el cual seguirâ otorgando impunidad a los guerrilleros de las Farc que además de curules en el congreso y otras dávidas tendrán licencia especial para seguir impulsando políticas de odio y división.

New York Times , Duque , el proceso de paz y medios de comunicación

Con los artículos y editoriales del New York Times en favor de la paz en Colombia y en un inusual contra ataque hacia las fuerzas armadas tratando de encajar las muertes de líderes sociales y disidentes de las Farc , rastreando el fantasma de la parapolítica , el periódico neoyorquino ha entrado a dirimir en los asuntos internos del país con el claro propósito de interferir en las políticas de seguridad e inteligencia del actual presidente Ivân Duque y la influencia ha sido tan contundente que el gobierno ha decidido enviar al canciller Trujillo a conversar con el grupo editorial del NYT.

Pero independiente de la dura crítica del medio contra las reformas de Duque  a la JEP , la prensa en Colombia ha hecho el ridículo histórico con mas pena que gloria siendo permeable  ante las decisiones políticas del gobierno de Juan Manuel Santos. La prensa nacional sin valor informativo  ni ética periodística trata hoy de pescar en río revuelto luego de someter a la opinión pública a la polarización. Y los cambios radicales en sus plataformas informativas dan la razón de la inoperante acción investigativa en torno al tema de la paz y la guerra.

Y los cambios han llegado. Tres destacados medios anuncian con bombos y platillos la salida de presentadores y columnistas. La revista Semana clausuró la columna de Daniel Coronell un periodista que dedicó gran parte de su repertorio a atacar exclusivamente al expresidente Albaro Uribe. Igual sucede con RCN con la directora de noticias de este espacio Claudia Gurisatti , una polémica periodista que situó su canal en el raiting mas alto durante el proceso de paz. Es considerada el “talón de aquiles” de Uribe y el Centro Democrático. En el mismo orden y en la misma revista Semana , llega Viky Dávila , experimentada y ambivalente periodista recordada por el infidente suceso  “la comunidad del anillo” , sobre el homosexualismo en la policía.

Luego entonces , ¿cuál es el meollo de la “cosa política” que en materia de poder y justicia tiene en la mira a Santrich y a la Corte Suprema?

Hoy los colombianos no creen en nada y nadie ante la absolución del exguerrillero Santrich que con boleto de libertad descansa y textea desde la sede de su partido (Farc) con la misma cizaña y burla. Se mofa de la justicia y desafía la extradición con un fuero político respaldado por la comunidad internacional , la ONU y la injerencia de un medio tan importante como el NYT. Pero toda la trama que se ha centrado en la firma de la paz tiene nombre y apellido: El negocio comercial y financiero detrás de los acuerdos.

“La paz” en Colombia , entre comillas , sirvió para alejar el fantasma de la guerra y dar confianza a los grandes inversionistas que táxitamente apoyaron el proceso para obtener beneficios comerciales y desarrollar proyectos turísticos como Pymes de España en materia de la agricultura, el turismo, la construcción y las infraestructuras y la innovación , entre otros. Igual acontece con la Comunidad Europea y por supuesto un alto interés de compañías estadounidenses.

Por supuesto que ninguna propuesta de inversión extranjera es mala para Colombia , solo que en materia judicial  y moral , la firma de la paz , no corresponde con los crímenes y atrocidades cometidas por los guerrilleros de las Farc que a través de la JEP han quedado exentos de crímenes , violaciones y desapariciones que aún están en poder de los disidentes.

La paz de Colombia , de acuerdo a analistas internacionales,  es un negocio y como tal hay que proteger los intereses que giran a su alrededor, entre ellos, a los miembros de las Farc , que amenazan con volver a la guerra , de lo contrario , ¿que otro objetivo tendría el NYT para editar sobre la paz que no sea para proteger todos estos intereses?

 

Agencias

Duque ordena militarizar a Cali y el Valle por disturbios en Colombia

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EP New York/agencias

BOGOTÁ Colombia  — Ante una escalada de violencia durante las manifestaciones antigubernamentales en Cali, al suroeste de Colombia, el presidente Iván Duque ordenó el viernes “un despliegue de asistencia militar” después de que se registraron tres fallecidos y un número indeterminado de heridos.

“Este despliegue llevará casi a triplicar nuestra capacidad en menos de 24 horas en todo el departamento, asegurando la asistencia en puntos neurálgicos donde hemos visto actos de vandalismo, de violencia y terrorismo urbano de baja intensidad”, dijo el mandatario desde Cali, donde arribó entrada la noche.

El gobierno sostiene que las manifestaciones están “infiltradas” por grupos armados ilegales y Duque prometió demostrar dicho vínculo al desplegar “todas las capacidades de inteligencia”.

Horas antes, el fiscal general Francisco Barbosa dijo que uno de los fallecidos fue identificado como Fredy Bermúdez Ortiz, funcionario de la institución que en el momento de los hechos estaba en su tiempo de descanso y habría sido ajusticiado por civiles. “De acuerdo con la información recopilada hasta este momento (Bermúdez) disparó contra varias personas ocasionando la muerte de unos civiles… luego terminó muerto a manos de personas que se encontraban en el lugar de los hechos”, explicó Barbosa en una declaración oficial.

El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le pidió a Duque prohibir el uso de armas de fuego por parte de agentes del Estado y además advirtió que civiles estarían accionando armas contra los manifestantes. “Hemos corroborado videos de Cali que muestran a hombres armados vestidos de civil disparando ante la inacción de miembros de la Policía”, escribió el viernes en Twitter.

Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también señaló que hay “personas civiles disparando” en Cali, por lo que hizo un llamado a la no violencia a través de la misma red social. “Estamos en contacto con autoridades y urgimos a asegurar la vida e integridad de todas las personas”, indicó.

Los disturbios del viernes se extendieron a otras zonas del país cuando se conmemora un mes del inicio de las protestas más concurridas de las últimas décadas. Hasta el momento han dejado más de 40 fallecidos y 2.200 civiles y policías heridos.

En Madrid, un municipio aledaño a Bogotá, se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la policía antimotines cuando esta última intentó desbloquear una vía pública. “Ya estamos cansados de esta injusticia, de este gobierno corrupto, de esta desigualdad. No estamos pidiendo nada regalado, que nos den todo, solo una oportunidad”, dijo a la AP uno de los manifestantes que cubrió su rostro.

El gobierno y el Comité Nacional del Paro, que agrupa principalmente sindicatos, no han logrado establecer las bases que permitan la apertura de una negociación. Los manifestantes piden que el gobierno se comprometa a dar garantías para el ejercicio de la protesta social, mientras que el gobierno tiene como inamovible el cese de los bloqueos viales que interrumpen el abastecimiento de alimentos, medicinas y el libre tránsito de los ciudadanos y mercancías afectando la economía.

“Lo que vemos es una acción dilatoria del gobierno para firmar lo acordado, no entiende la complejidad del momento, lo hace que el responsable del paro sea el gobierno del presidente Duque que se niega a firmar el acuerdo de garantías y no nos ha dado una respuesta sobre en qué fecha se debe iniciar la negociación del pliego de peticiones”, dijo el jueves ante la prensa el sindicalista Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Las denuncias de violaciones de derechos humanos y excesos de la fuerza pública durante las protestas han llegado hasta la comunidad internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el martes su “extrema preocupación por la pérdida de vidas durante las protestas”, así como por las denuncias de abusos sexuales cometidos presuntamente por agentes de la fuerza pública y decenas de desaparecidos.

El jueves el gobierno aceptó formalmente una visita de la CIDH para verificar la situación, que fue solicitada por el organismo desde el 7 de mayo. La vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez aclaró a la CIDH en una carta que la visita se hará después del 29 de junio, cuando está programada una audiencia sobre la situación de derechos humanos en el país.

Las manifestaciones —en su mayoría pacíficas— hicieron fracasar una reforma fiscal por la que inició el descontento social y luego una reforma a la salud que se discutía en el Congreso. Además, ha tenido consecuencias políticas inmediatas con la renuncia de tres altos funcionarios del gobierno: el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, la canciller Claudia Blum y el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, quien era el encargado de mediar con los manifestantes.

“Hoy más que nunca debemos estar en las calles porque se cumple un mes del despertar social. Hoy es la reafirmación de que lo que está sucediendo va para largo: hasta que el Estado no haga presencia real, hasta que los policías que han venido masacrando paguen con todo el peso de la ley y no haya un reconocimiento de las víctimas”, dijo a The Associated Press Isaac García, líder social de Cúcuta, quien viajó hasta Bogotá para manifestarse.

La analista internacional y experta en protestas Sandra Borda explicó a la AP que actualmente hay una “crisis de representatividad” tanto del gobierno, que tiene un margen de maniobra limitado tras un mes de manifestaciones, como del Comité Nacional del Paro, que no representa a todos los sectores que se manifiestan en las calles.

“Estamos en un escenario que no creo que se vaya a resolver prontamente, porque el gobierno lo único que puede controlar con algún nivel de efectividad es la fuerza pública y por tanto sigue empeñado en tratar de resolver la situación con mano dura. Cuando la fuerza pública se extralimita se produce más indignación, más rabia y se le echa más leña al fuego de la manifestación”, aseguró Borda.

El gobierno mantiene a la fuerza pública desplegada en todo el país advirtiendo alteración en el orden público por “infiltración” de grupos armados en las manifestaciones. Según el Ministerio de Defensa, durante un mes de protesta ha atendido más 1.000 disturbios, capturado 1.061 personas e incautado 1.198 armas de fuego y 31.000 armas cortopunzantes.

Con información de AP

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Blog de Sucesos y Noticias

Colombia se debate entre la revolución social y la “revolución molecular disipada

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EP EE.UU/Opinión 

Por: Francisco Cardona/editor

Asistimos a uno de los escenarios violentos más previsibles de las ùltimas décadas en latinoamérica luego de la “tensa calma” del terremoto socialista del siglo XXI que remeció varios países desde que Chaves y Maduro lo implantaron en Venezuela.

Y decimos previsible porque el estallido social , esa “olla a presión” que se venía cocinando con explosivos ingredientes de narcotráfico , corrupción y la consiguiente polarización de izquierdistas y derechistas creó el caldo de cultivo que hoy alimenta el inconformismo generalizado de los pueblos en América Latina.

Venezuela , desde luego , ha sido el craso ejemplo de los gobiernos de derecha para legitimarse en el poder (entre buenos ó aceptables y malos ó pésimos) . El discurso político contra el régimen de Maduro , por ejemplo , tienen hoy a Colombia entre lo que comúnmente se llama una “revolución social” ó , en su defecto ,  una “revolución molecular disipada”.

¿Qué significa esto?

Ante todo , y sin ahondar en tecnicismos , definamos el primer concepto.

“Una revolución social es una transformación radical del conjunto de las relaciones e interacciones sociales cotidianas en una escala humana dentro de un espacio territorial etc., sea una ciudad, país. Dentro de la lógica de “los objetivos iguales a los métodos” la resistencia y liberación del día a día también es de por sí una revolución social, y esta última consiste en gran parte en lo primero, logrando así una evolución profunda de la vida humana”. PAUL GODMAN

Haciendo un paréntesis sobre el caso de Venezuela que es la matrix de este dilema , el socialismo que se implementó como una revolución política terminó siendo un gobierno opresor y la respuesta ha sido un intento de revolución social del pueblo venezolano por restablecer el Estado de Derecho. Es decir , elecciones libres con democracia participativa respetando los poderes del Estado.

En este caso el término “opresor” es el punto equidistante de lo que pretendemos explicar sobre estas revoluciones.

Sobre la revolución molecular disipada según los filósofos franceses Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze y el psicoanalista Felix Guattari, este último autor de un libro llamado Revolución Molecular (1977) ,  plantean esta revolución como un sistema universal de lucha social y emancipación.

En otras palabras , según su representante en A.L. , Alexis López, un intelectual chileno, director de Radio y Televisión de Santiago, que ha basado su lectura de la realidad de la región en esta teoría, advierte que el modelo avanza por el hecho de que los gobiernos latinoamericanos son débiles y se sientan a negociar sin entender que lo hacen con terroristas.

López explicó que el nombre se debe, según el portal el Venezolano Colombiano, primero, porque es la lectura que se hace a la revolucionario que plantea la izquierda , tal como todos los que han ocurrido en la historia. Molecular, los actores son indistinguibles unos de otros , por lo que se hace casi imposible saber contra quién se lucha. No hay verticalidad, coordinación centralizada. y finalmente, es disipada porque los actores se coordinan para la acción, pero luego se disipan, lo que impide hacerles seguimiento.

Por supuesto no se puede comparar jamás la opresión del gobierno socialista Y ditactorial de Maduro con la opresión que se ha ejercido en los últimos dias contra las marchas en Colombia y menos tomando como base la teoría de la revolución molecular disipada.

Pero hay que ser claros que de una simple marcha pacífica al vandalismo hay un trecho punible que ha revasado la tesis de la revolución social que deja mal posicionado el estallido social que lideran los jóvenes , las organizaciones sindicales , líderes sociales y la misma oposición.

Ningún fin puede , en este caso , justificar los medios a pesar de los factores de violencia que ha vivido el país en más de 50 años.

La realidad es que la desigualdad , la corrupción , aún en tiempos de pandemia, más la pretendida reforma tributaria del presidente Duque , represaron la olla a presión que reventó en Colombia. El paro nacional que se ha producido este 12 de mayo en casi todas las ciudades del país tienen en jake al gobierno liderado por el Centro Democrático , principal fortín del influyente ex mandatario y Senador Alvaro Uribe , precursor , además, de la teoría de la revolución molecular disipada.

Creemos que Duque debe convocar a un diálogo nacional con todas las fuerzas políticas , sociales y económicas. La solución va más allá del simple otorgamiento de becas para universidades públicas.

El problema y la crisis es compleja y abarca desde una pronta solución y directriz a los acuerdos de paz , ser menos dependiente del uribismo y concentrarse en las necesidades vitales de los colombianos que elijieron a Duque precisamente para solucionar la grave crisis en la salud , la educación y el desempleo.

Pero en síntesis , más allá de favorecer la revolución social o la revolución molecular disipada , en el fondo de toda esta crisis , Duque no es el problema. El difícil camino que debe recorrer Colombia pasa por reformas sustanciales al Congreso , donde se concentra el mayor foco de corrupción y una  reforma a la justicia que se debate entre las Cortes del gobierno y la Justicia Especial de Paz (JEP) creada para juzgar los actores de la guerra.

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Agencias

Colombianos reclaman cese de violencia policial en paro nacional

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EP EE.UU/ agencias

Bogotá , Colombia — “¡A parar para avanzar, viva el Paro Nacional!”. Con esta arenga miles de colombianos se manifestaban masivamente el miércoles durante la decimoquinta jornada de protestas nacionales en contra de las reformas del gobierno y los excesos de la fuerza pública en las manifestaciones.

“Entre las prioridades que tenemos están las garantías a los derechos humanos, el desmonte del ESMAD (policía antimotines) y todo este trato guerrerista que se le ha dado a la protesta social, la atención de las agendas de los jóvenes en este país, la renta básica (subsidio) y que se retire la reforma a la salud”, dijo a The Associated Press Francia Márquez, líder social que protestaba en Cali, al suroeste del país y epicentro de movilizaciones masivas y focos de violencia.

El ministro de Defensa, Diego Molano, informó que la jornada fue pacífica y rechazó los bloqueos viales en 99 puntos del país y afectan el paso de alimentos, insumos médicos y gasolina. Sin embargo, entrada la noche se presentaron algunos disturbios en ciudades como Barranquilla, Popayán, Bucaramanga y Neiva, donde incineraron un bus de servicio público.

La nueva jornada de protesta fue convocada por los principales sindicatos y movimientos sociales agrupados en el denominado Comité del Paro tras un fallido intento de diálogo con el presidente Iván Duque el 10 de mayo. Un día después, el gobierno propuso una mesa de negociación formal con los manifestantes con el acompañamiento de la Iglesia Católica y Naciones Unidas para la cual aún no hay fecha.

El descontento social creciente inició hace dos semanas en contra de una reforma tributaria que propuso el gobierno para financiar los programas estatales en medio de la crisis económica causada por la pandemia. Días después el presidente Duque aceptó retirarla, sin embargo, las protestas no cesaron, sino que tomaron fuerza y se mantienen ante una ola de denuncias de exceso de la fuerza pública y uso de armas contra la población.

“En estos días los actos de la policía han sido una completa violación de los derechos humanos contra los manifestantes que estamos protestando en paz en Bogotá y en ciudades como Cali y Medellín”, dijo a la AP el estudiante Cristian Ureña en Bogotá.

Las cifras oficiales dan cuenta de una afectación cada vez mayor. Según la Defensoría del Pueblo, entidad estatal de derechos humanos, se han reportado 41 civiles y un policía muertos durante las protestas, mientras que el Ministerio de Defensa contabiliza 33 fallecidos y más de mil heridos: 716 civiles y 849 miembros de la fuerza pública.

“Todas las órdenes operativas que se imparten siempre se enmarcan en la garantía de los Derechos Humanos y si se presentan violaciones por conductas individuales de la fuerza pública éstas se judicializan y se investigan… También se reclama que se hagan las investigaciones frente a las agresiones que se han presentado contra miembros de la fuerza pública”, dijo el presidente Duque el martes desde Cali en una declaración oficial.

Los hechos están en etapa de investigación. El fiscal general, Francisco Barbosa, explicó el miércoles ante el Congreso que han identificado 14 muertes relacionados con las protestas y hasta ahora han esclarecido cuatro casos de homicidios: tres de ellos “fueron cometidos por policías”. El presidente Duque explicó el martes que abrieron 65 acciones disciplinarias a miembros de la fuerza pública. De éstas, ocho son casos por presunto homicidio y 27 por abuso de autoridad. Sin embargo, la organización no gubernamental Temblores advierte 1.956 casos de violencia policial.

Las manifestaciones ocurren en al menos 25 departamentos de los 32 que tiene el país y recogen la inconformidad de sectores diversos de la sociedad como los estudiantes, sindicatos, trabajadores informales y comunidades étnicas que reclaman en primera medida garantías para protestar.

“Estamos con la flauta porque eso es lo que nos identifica: frente a la brutalidad policial respondemos con la música y la danza”, dijo a la AP Didier Chirimuscay, líder Misak del movimiento de Autoridades Indígenas del Sur Occidente (AISO), quien protestaba en el centro de Bogotá. “Marchamos contra el mal gobierno, retiraron la reforma (tributaria), pero el gobierno va a insistir para ponerla”, agregó.

En Pereira, al oeste del país, las movilizaciones giraron en torno a la memoria de Lucas Villa, el estudiante de Ciencias del Deporte que falleció tras recibir disparos en una marcha pacífica el 5 de mayo. Los manifestantes ondearon banderas de Colombia y levantaron rosas y carteles con la frase “Lucas vive”. Villa, de 37 años, se convirtió en un símbolo nacional de las víctimas de la violencia durante las protestas.

Ante la presión social, el presidente prometió que subsidiará las matrículas de los estudiantes de estratos más bajos de las universidades públicas durante el segundo semestre de 2021. El Ministerio de Educación calcula que la iniciativa costará 160 millones de dólares. Sin embargo, los estudiantes piden que la gratuidad de la educación universitaria se extienda a toda la población, se mantenga en el tiempo y finalmente se cumpla.

“Estamos en alerta y hemos pasado de inmediato un derecho de petición al gobierno nacional de Iván Duque y al Ministerio de Educación, porque en los pasados anuncios de matrícula cero han sido tramposos”, indicó el miércoles la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior en un comunicado.

En paralelo a las manifestaciones, el presidente Duque se reunió con algunos líderes juveniles en Bogotá buscando acuerdos para desbloquear el país. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió al gobierno concertar con los manifestantes para detener las manifestaciones en medio del tercer pico de contagios y muertes por COVID-19.


https://youtu.be/MkWf1kTMZFI

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