EP New York. | Economía EE.UU.

Por Gustavo Lugo | agencias

Washington / La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que subir el techo de deuda estadounidense es “la única opción viable” para evitar una “catástrofe”, y que debe hacerse todo lo posible para eludir el impago.

“Bajo ninguna circunstancia debemos permitir un incumplimiento de pagos”, dijo Yellen en una rueda de prensa en el centro de convenciones Toki Messe de la ciudad japonesa de Niigata, donde se encuentra para participar en los próximos tres días en la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7.

En una comparecencia previa al inicio de las reuniones, Yellen abordó el debate sobre el techo de deuda en la primera economía mundial, un asunto que requiere de una “acción urgente” ante las proyecciones de que EE.UU. quede incapaz de satisfacer sus obligaciones bajo las circunstancias actuales para el próximo mes.

Una suspensión de pagos en el país norteamericano “produciría una catástrofe económica y financiera” que llevaría a la pérdida de miles de empleos, caída de ingresos familiares y deterioro de los créditos que tiraría por tierra los esfuerzos del país para reponerse del impacto de la pandemia y “minaría el liderazgo económico de Estados Unidos”, dijo la economista.

“No existe ninguna buena razón para generar una crisis creada por nosotros mismos”, señaló Yellen, que pidió al Congreso que “actúe rápido” para elevar o suspender el techo de deuda de nuevo, como ya ha hecho “en unas 80 ocasiones dese 1960”.

Preguntada sobre la posibilidad de adoptar otras medidas para solucionar la disyuntiva, Yellen se mostró consciente de que hay varias opciones frente a este tipo de situaciones, y subrayó que “lo único razonable es subir el techo de deuda”.

Pasar por esta situación de bloqueo varias veces durante sucesivos años es “tremendamente dañino”, añadió la secretaria del Tesoro, que abogó porque los congresistas lleguen a un acuerdo común que no pase por una decisión unilateral del presidente que pueda socavar sus políticas venideras.

EFE

EP New York  | Migración USA

Grandes cifras de migrantes en frontera sur de EEUU ante fin de Título 42

CIUDAD JUÁREZ, México — El gobierno estadounidense empezará el jueves a negar asilo a los migrantes que lleguen a la frontera sur del país y no hayan presentado primero una solicitud por internet o buscado primero protección en uno de los países por los pasaron, lo que representa un cambio fundamental en la política migratoria de Estados Unidos mientras se prepara para poner fin a restricciones implementadas durante la pandemia.

Los solicitantes de asilo se han estado presentando en grandes números en la frontera en anticipación al fin del uso de las restricciones del llamado Título 42, las cuales facultan al gobierno para expulsar rápidamente a los migrantes. Funcionarios federales advirtieron que se avecinan días complicados ya que el programa vinculado con la pandemia de COVID-19 expira esta semana.

La nueva regla anunciada el miércoles forma parte de nuevas medidas que tienen el objetivo de reducir los cruces fronterizos ilegales al tiempo que crean nuevas vías legales, como un plan para abrir 100 centros de migración regionales en todo el hemisferio occidental y otorgar permisos condicionales humanitarios a unos 30.000 migrantes procedentes de cuatro países para que ingresen a Estados Unidos. Funcionarios federales han detallado las medidas que han adoptado, como el incremento en el número de vuelos de deportación, mientras se preparan para lo que muchos esperan que sea un aumento sustancial de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos.

“Nuestro plan dará resultados, pero tomará tiempo para que esos resultados se reflejen”, advirtió el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Muchos inmigrantes, impulsados por el temor de que pronto sea más difícil permanecer en Estados Unidos, intentaban cruzar antes de que expire el Título 42 y entre en vigor la nueva norma al final del día jueves.

Bajo el amparo del Título 42, las autoridades fronterizas han enviado de regreso rápidamente a los migrantes: lo hicieron 2,8 millones de veces desde marzo de 2020. Pero después de que las restricciones expiren el jueves, los migrantes que sean detenidos cruzando ilegalmente la frontera tendrán prohibido regresar durante cinco años. Pueden enfrentar cargos penales si lo hacen.

Los migrantes llegaban constantemente el miércoles al río Bravo (o Grande), en Matamoros. Muchos se quitaban la ropa antes de entrar al río, aferrándose a bolsas de plástico en las que llevaban sus pertenencias. Vadeaban lentamente el río mientras llegaban más migrantes, algunos de ellos persignándose antes de seguir la fila a través de la frontera. Una familia puso a un bebé dentro de una maleta abierta. Un hombre la sostuvo por encima de su cabeza mientras que otro caminaba lentamente detrás de él como precaución. Otro niño cruzó sobre los hombros de un adulto. Del lado estadounidense, lograron subir la orilla, tomándose un momento para colocarse ropas secas antes de seguir su camino entre las hileras de alambre de púas.

En Ciudad Juárez, México, los migrantes siguieron llegando esta semana en pequeños grupos por tren o autobús, y partían a diario para entregarse a las autoridades estadounidenses.

Fran Tovar, un electricista de 30 años de edad procedente de Venezuela que dejó atrás a sus dos hijos para tratar de llegar a Estados Unidos, fue expulsado en su primer intento. Tratará nuevamente en 24 horas, con el objetivo de cruzar antes de que expire el uso del Título 42.

“Hay temor y angustia”, dijo Tovar, quien añadió que lleva más de tres meses en Juárez tratando de obtener una cita a través de una aplicación que Estados Unidos ha pedido a los migrantes que utilicen para presentarse en un punto de entrada fronterizo y solicitar la admisión.

La Patrulla Fronteriza detuvo a cerca de 10.000 personas el martes, una de las cifras más altas para un solo día, según un funcionario federal que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizado a tocar el tema de manera pública. Más de 27.000 personas se encontraban en custodia. La cifra de personas en custodia varían a medida que los migrantes son liberados o deportados, pero en marzo había 8.600 personas bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.

Miguel Meza, director de programas migratorios para Catholic Relief Services, el cual cuenta con 26 albergues para migrantes en todo México, calculó que el miércoles había alrededor de 55.000 migrantes en ciudades aledañas a la frontera con Estados Unidos. El espacio de albergues está “saturado”, señaló, y los migrantes se estaban extendiendo a zonas circunvecinas.

La medida anunciada el miércoles es una parte clave de la estrategia de Estados Unidos para acotar los cruces fronterizos que alcanzaron máximos históricos incluso con el Título 42 en vigor. Sin llegar a ser una prohibición total, la medida impone fuertes limitaciones al asilo para aquellos que crucen de manera ilegal y que no hayan buscado antes un acceso legal. También tiene un margen para excepciones y no se aplica a los niños que viajan sin compañía de un adulto. Se anunció por primera vez en febrero.

Un tribunal federal de apelaciones evitó que entraran en vigor medidas similares, pero más estrictas, que buscaba imponer el entonces presidente Donald Trump en 2019.

Grupos defensores de los derechos humanos señalaron que planean presentar una demanda.

“Esta medida causará un grave daño a las personas”, dijo la abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés) Katrina Eiland.

Señaló que, como resultado de ésta, los migrantes quedarían varados en el norte de México. Dijo que la regla se basaba en la idea de que los migrantes pueden recibir protección en otro país u obtener una cita por internet para solicitar asilo en Estados Unidos. Aseguró que existen serios problemas con esas dos opciones.

Funcionarios estadounidenses también dijeron que planeaban abrir centros regionales por todo el hemisferio, donde los migrantes puedan solicitar ir a Estados Unidos, Canadá o España. Se habían anunciado previamente dos centros en Guatemala y Colombia. De momento no está claro dónde se abrirían otros. Los funcionarios del gobierno estadounidense hablaron bajo condición de anonimato para discutir planes fronterizos que no han sido dados a conocer.

La mayoría de las personas que se dirigen a la frontera entre Estados Unidos y México huyen de la persecución o la pobreza en sus países de origen. Los migrantes y los grupos que trabajan con ellos señalaron el torbellino de rumores y desinformación de los traficantes que dificulta que los migrantes sepan qué hacer.

En Matamoros, Carmen Josefina Characo López dijo que llegó hace más de un mes y que había estado tratando de usar la aplicación del gobierno de Estados Unidos para programar una cita para solicitar asilo.

“Las que van llegando van escuchando los cuentos de los otros, y se van alarmando. ’Oye, ¿tú tienes cuatro meses? No, yo llegué. Yo voy a cruzar o tratar de cruzar. Y eso, lo que viene, el dilema”, comentó.

Con información de AP

EP New York | Colombia

Fuerte choque entre el Presidente de Colombia y la Fiscalía

BOGOTÁ — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, protagonizaron el viernes un nuevo enfrentamiento público, a raíz de los señalamientos que lanzó el Jefe de Estado contra un fiscal regional por supuestos vínculos con criminales.

El fiscal general reaccionó a las críticas contra el servidor judicial y la discusión con el presidente escaló. Petro se dirigió el viernes desde España a Barbosa: “El Fiscal olvida una cosa que la constitución le ordena: yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él”.

La declaración generó una rápida respuesta del titular de la Fiscalía, quien lo acusó a Petro de acercarse a un régimen dictatorial. “Lo que acaba de hacer Gustavo Petro es decir que no es el Presidente de la República sino un dictador en Colombia”, expresó Barbosa quien alegó que la afirmación afecta al Estado de derecho y es un irrespeto a la independencia de poderes en el país.

A ese cuestionamiento se sumó un pronunciamiento el viernes del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo, también rechazando la declaración del presidente Petro.

La Corte señaló al presidente Petro de estar haciendo una interpretación errada de la constitución política de Colombia y consideró que está desconociendo “la autonomía e independencia judicial que es cláusula fundacional de la democracia colombiana”.

A media tarde del viernes, Barbosa anunció que sacará a su familia del país por razones de seguridad. El funcionario dice que las declaraciones del presidente Gustavo Petro lo pusieron en riesgo.

“Yo responsabilizo a Gustavo Petro de lo que me pueda pasar a mí o a mi familia, o de que me puedan asesinar en Colombia luego de estas declaraciones”, dijo el fiscal, al considerar que “seguramente habrá consecuencias” si decide no obedecer al presidente Petro, que esta mañana dijo que era su jefe.

El presidente Petro respondió a través de un extenso mensaje en Twitter que el fiscal general lo está irrespetando y que él como Jefe del Estado tiene derecho a preguntar por investigaciones y denuncias que constituyen una violación del Derecho Internacional Humanitario.

Este nuevo episodio comenzó con un tuit del presidente Petro citando un artículo escrito por el periodista Gonzalo Guillén, en el que se menciona que el fiscal Daniel Hernández habría “encubierto” el homicidio de unas 200 personas a manos de la banda criminal “Clan del Golfo” en la costa norte de Colombia.

El artículo recoge que el fiscal Hernández habría recibido los listados de las personas que iban a ser ejecutadas y que el funcionario esperó a que ocurrieran esos homicidios y luego protegió a los asesinos. El presidente Petro pidió investigar esa información al considerarla “muy grave” y escribió un mensaje en Twitter acompañado de una fotografía en la que aparecía el funcionario judicial con su hijo de 13 años.

“El Presidente de la República fijó el trino y acompañó la publicación en la que está el hijo menor del fiscal Hernández”, denunció el Fiscal Barbosa, quien considera que de esa forma puso “una lápida sobre los funcionarios judiciales”. Además, responsabilizó al mandatario de lo que le pueda ocurrir al fiscal Hernández y a su familia.

Barbosa comentó, además, que el fiscal Hernández es una víctima de la masacre de la Rochela, cometida por paramilitares en 1989 y que “decirle a una víctima reconocida por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es un defensor de los paramilitares es una acusación gravísima”.

El fiscal Barbosa y el presidente Petro ya habían tenido otros desencuentros. El más recordado tiene que ver con las duras críticas que lanzó en su momento el jefe del ente acusador contra el plan de “paz total” del presidente Petro por los beneficios que se planteaban para los criminales.

Barbosa asumió el cargo en la Fiscalía en febrero de 2020. Fue elegido por la Corte Suprema de Justicia, uno de los altos tribunales constitucionales, de una terna que presentó el entonces presidente de Colombia, Iván Duque. Antes de ser fiscal general, había sido funcionario del gobierno de la época, de tendencia derechista.

El choque de poderes se dio un día después de que la justicia colombiana hubiera anulado la elección del presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, por doble militancia política. Barreras es considerado un alfil estratégico del gobierno de Gustavo Petro en el Legislativo y, si la decisión queda en firme después de apelaciones, en el transcurso de las próximas semanas tendría que dejar el cargo en el Congreso.

Con inf. de AP