Agencias
La “paz total” de Petro y el sometimiento a la justicia. ¿Será posible?

Published
2 years agoon
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FranciscoEP New York | Latinoamérica | agencias
cómo Colombia sometería al narco a la justicia
BOGOTÁ — El presidente colombiano Gustavo Petro ambiciona someter a la justicia a las bandas criminales dedicadas en su mayoría al narcotráfico, en un intento por desescalar la violencia que aqueja a casi todo el país, ofreciéndoles pasar pocos años en la cárcel y una parte de los bienes que declaren a cambio de que entreguen las armas y se comprometan a no volver a delinquir.
La propuesta fue presentada el miércoles de la semana pasada al Congreso donde pronto iniciará su debate. Sin embargo, su aprobación será un reto porque Petro ya no cuenta con una mayoría oficialista tan cohesionada como meses atrás y deberá también sortear los cuestionamientos de la Fiscalía y la Procuraduría.
The Associated Press explica en qué consiste el proyecto de ley para las narco-bandas.
¿A QUIÉNES VA DIRIGIDA LA LEY?
El plan oficialista aspira a llevar ante la justicia a las organizaciones criminales dedicadas a economías ilícitas, especialmente al narcotráfico y la minería ilegal, y cuyo actuar violento afecta a la población civil tanto en las ciudades como en zonas rurales.
Uno de los grupos que podría beneficiarse de la eventual ley es el Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas del país. Sin embargo, será una comisión gubernamental la que calificará qué estructuras pueden entrar al proceso de sometimiento y luego dará su veredicto al presidente Petro, quien tendrá la última palabra.
El proyecto aclara que al someterse no hay un “reconocimiento político” del grupo. La diferencia es clave porque en Colombia hay otros grupos armados que, aunque pueden tener vínculos con el narcotráfico, tienen un fin político. Por ejemplo, las guerrillas de izquierda buscaban tomarse el poder por las armas.
El gobierno está inmerso en diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerada la última guerrilla activa en el país, luego de que el Estado lograra firmar en 2016 un acuerdo de paz con la extinta Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos integrantes accedieron a una justicia especial a cambio de contar la verdad y reconocer sus crímenes.
¿CÓMO SE SOMETERÍAN A LA JUSTICIA?
El proyecto da un plazo de dos años, contados a partir de la aprobación de la ley, para que las bandas y sus integrantes firmen un acta en la que se comprometan a someterse a la justicia. El presidente podrá prorrogar por un año más ese plazo.
Para poder acceder al tratamiento penal con beneficios deben manifestar su voluntad de desmantelar la estructura, suspender todo tipo de actividades ilícitas, entregar las armas, así como a todos los secuestrados y menores reclutados, y entregar un inventario de bienes adquiridos con negocios ilegales, que servirían para reparar a las víctimas.
¿QUÉ BENEFICIOS TENDRÍAN?
Quienes hayan cometido delitos como utilización ilegal de uniformes e insignias, porte ilegal de armas y concierto para delinquir (asociación ilícita de varias personas para cometer delitos) podrían acceder a un principio de oportunidad, una figura que permite que la Fiscalía suspenda o renuncie a la persecución penal.
En ese caso, un fiscal debe solicitar a un juez que aplique el principio de oportunidad. De ser aprobado, la persona quedaría en libertad si está preso o no iría a la cárcel, y se suspendería la persecución penal por cuatro años, tiempo en que debe participar en programas de justicia restaurativa y de reintegración a la vida civil. Una vez pase ese tiempo y verifiquen que no reincidió, el Estado renuncia a la persecución penal o, por el contrario, si cometió delitos, reactiva todos los procesos penales en su contra.
Sin embargo, no podrán acceder al principio de oportunidad quienes hayan participado de graves violaciones a los derechos humanos o sido jefes o cabecillas. En ese caso, el proyecto contempla penas de seis a ocho años de cárcel, de acuerdo al grado de responsabilidad individual. Además, de cuatro años, cuando ya estén fuera de la cárcel, en los programas de justicia restaurativa.
El senador oficialista Iván Cepeda, uno de los autores del proyecto, explicó a The Associated Press que a diferencia de otras leyes que se aprobaron en el pasado, la nueva contempla una “dosificación de la pena de acuerdo a la responsabilidad que se pueda establecer sobre la comisión de los delitos y no al rango” dentro de la estructura armada, para evitar que un mando medio que puede ser responsable de graves crímenes pague menos pena que un dirigente máximo solo por su rango.
En caso de que las estructuras criminales hagan entrega anticipada de sus bienes y activos, podrían quedarse con el 6% de los mismos a manera de beneficio, siempre que eso no exceda los 10.000 salarios mínimos, lo que serían aproximadamente dos millones de dólares.
Juan David Bazzani, especialista en procesal penal y docente de la Universidad Externado, aseguró a la AP que ya existe un incentivo de quedarse con el 3% de los patrimonios ilegales en la extinción de dominio, permitida en Colombia sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito. Sin embargo, cuestiona qué pasará cuando esos bienes estén a nombre de testaferros y si luego de declararlos, los miembros rasos de las organizaciones podrán obtener el beneficio o solo lo harán los cabecillas.
¿CÓMO PERDERÍAN LOS BENEFICIOS?
Quienes retornen a las armas, se involucren en algún tipo de economía ilegal, sean condenados por delitos cometidos luego de que firmen el acta en el que se sometan a la justicia o no participen en programas para reparar a las víctimas y reintegrarse a la sociedad perderían los beneficios concedidos.
Michael Lee Weintraub, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, cuestiona si hay suficientes incentivos para que los miembros de las estructuras criminales abandonen y no reincidan en las actividades ilícitas.
“Para las personas que están dentro de la cárcel puede haber muchos beneficios, porque implicaría reducción de penas y seguramente libertad. Pero para los que están fuera, habría que competir desde el sector lícito con el tráfico de cocaína que es demasiado rentable con la política de drogas actual”, indicó Weintraub a AP.
CRÍTICAS AL PROYECTO
La procuradora general, Margarita Cabello Blanco, advirtió ante la prensa de que tal como está planteada la ley, protegería más “a los victimarios que a las víctimas”, dado que se les otorgan beneficios como un límite de cárcel sin que exista “una manifestación de voluntad del sujeto responsable sobre la verdad”.
Además, a su juicio, la norma sería tan amplia que permitiría que las bandas criminales y el equipo del gobierno pacten “cualquier cosa, como por ejemplo la no extradición… Ese es el mico (la trampa) que yo veo”, agregó Cabello.
En el proyecto de ley, no hay una referencia a los procesos de extradición. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró a la prensa esta semana que con el proyecto no se afectan “las reglas vigentes a las que el Estado colombiano se han comprometido sobre la extradición”.
El fiscal general, Francisco Barbosa, cuestionó que pueda haber “una suerte de indulto” cuando accedan al principio de oportunidad por el delito de concierto para delinquir. “Es decir, buscar que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento”, en referencia a los beneficios que recibieron los exguerrilleros de las FARC cuando dejaron las armas.
La antigua guerrilla es juzgada por un Tribunal de Paz y, en caso de que digan la verdad y acepten su responsabilidad, pueden acceder a sanciones que no implican cárcel.
Con información de AP
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EP NEW YORK | FLORIDA NEWS
ELECCIONES ECUADOR
Noboa gana la reelección en un Ecuador sacudido por la violencia En una campaña muy divisiva, el actual presidente prometió orden y Estado de derecho. Su oponente, Luisa González, de inmediato disputó los resultados.
El presidente de Ecuador, quien subió en las encuestas para asegurarse un mandato acortado en 2023, fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales con una ventaja decisiva el domingo en una contienda que mostró la fe de los votantes en sus promesas de abordar la crisis de seguridad con mano férrea.
Daniel Noboa, de 37 años, derrotó a Luisa González, de 47, la elegida del expresidente Rafael Correa.
Ambos candidatos acusaron al otro de cometer infracciones electorales durante la temporada electoral y González, en un discurso desde la sede de su partido, Revolución Ciudadana, dijo que no reconocería los resultados de las elecciones.
“Quiero ser muy clara y enfática: la Revolución Ciudadana siempre ha reconocido una derrota en las últimas elecciones cuando así lo han demostrado las encuestas, el tracking y las estadísticas”, dijo González. “Hoy, no reconocemos los resultados”.
Noboa celebró su victoria desde la ciudad costera de Olón “Esta jornada ha sido histórica”, dijo. “No queda ninguna duda de quién es el ganador”.
El día antes de las elecciones, Noboa declaró el estado de emergencia en siete estados, la mayoría de ellos bastiones de González, lo que suscitó el temor de que estuviera tratando de reprimir el voto entre los partidarios de González. La medida restringe las actividades sociales y permite a la policía y al ejército entrar en los hogares sin permiso.
Noboa se ha posicionado como un presidente del orden público, pero hasta ahora ha logrado resultados mínimos en la lucha contra la persistente violencia del narcotráfico y el desempleo en el país.
En los últimos cinco años, Ecuador ha experimentado una explosión de violencia vinculada al narcotráfico. Un sistema judicial plagado de hacinamiento en las cárceles, corrupción y falta de financiación se ha convertido en un terreno fértil para las bandas carcelarias aliadas con poderosos cárteles internacionales de la droga.
Agencias
Agencias
Impacto en América Latina por cierre de USAID

Published
2 months agoon
March 1, 2025By
FranciscoEP NEW YORK | FLORIDA NEWS | LATINOAMÉRICA
La reciente decisión de la administración Trump de desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) pone en riesgo iniciativas esenciales en América Latina y el mundo según un informe de Associated Press. Países como Colombia, Brasil y Perú, que han dependido en gran medida de USAID para proyectos de asistencia humanitaria, conservación y erradicación de cultivos ilícitos, enfrentan desafíos significativos ante la retirada de este apoyo.
La decisión de cerrar USAID ha generado críticas generalizadas y preocupaciones sobre el impacto en la estabilidad y el desarrollo de la región. Líderes locales y organizaciones temen que la retirada de la ayuda debilite los esfuerzos en curso y ponga en peligro a las poblaciones vulnerables y al medio ambiente.
El impacto de USAID en América Latina
En Colombia, USAID ha sido fundamental en la provisión de ayuda humanitaria a más de 2.8 millones de venezolanos que han huido de la crisis económica en su país. Solo en 2024, la agencia transfirió aproximadamente 45 millones de dólares al Programa Mundial de Alimentos de la ONU para asistir a estos migrantes. La suspensión de esta asistencia podría agravar la situación de vulnerabilidad de esta población.
En Brasil, la iniciativa más destacada es la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad del Amazonas, que se centra en la conservación mediante la mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y otras comunidades forestales. Solo en 2024, USAID donó al país 22.6 millones.
La retirada de fondos amenaza proyectos que han sido cruciales para la protección de la selva amazónica y el sustento de sus habitantes.
Perú, el segundo mayor productor de cocaína del mundo después de Colombia, ha recibido apoyo de USAID desde la década de 1980 para programas de sustitución de cultivos, promoviendo alternativas como el café y el cacao. La eliminación de este financiamiento podría dificultar los esfuerzos para controlar la producción de coca y fortalecer economías lícitas en áreas rurales.
Estos tres casos no son los únicos. En 2023, USAID envió apoyo a Haití (316 millones de dólares), Venezuela (205 mdd), Colombia (389 mdd), México (71 mdd), Honduras (144 mdd), Guatemala (178 mdd), República Dominicana (49 mdd), Chile (0.3 mdd), Bolivia (0.6 mdd), Panamá (0.9 mdd), Costa Rica (5 mdd), Cuba (9mdd) y Ecuador (46 mdd).
La decisión de cerrar USAID se enmarca en la política de la administración Trump de reducir el tamaño del gobierno federal y alinear la asistencia exterior con la agenda “America First”. Trump, en colaboración con Elon Musk, líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha argumentado que USAID es una organización ineficiente y “más allá de la reparación”, justificando así su clausura.
Sin embargo, expertos en derecho constitucional señalan que solo el Congreso tiene la autoridad para crear o desmantelar agencias federales y controlar el gasto, por lo que esta acción podría ser ilegal. A pesar de ello, el Congreso, controlado por los republicanos, no ha mostrado resistencia pública a esta decisión. Críticos de la medida advierten que, aunque pueda ser ilegal, las dinámicas políticas actuales podrían permitir el cierre no autorizado de la agencia de ayuda.
(Agencias)
Agencias
En riesgo miles de proyectos en el mundo por cierre de USAID

Published
2 months agoon
March 1, 2025By
FranciscoEP NEW YORK | FLORIDA NEWS
Washington | A partir del miércoles por la tarde, el Departamento de Estado en Washington envió una oleada de correos electrónicos a todo el mundo, los cuales llegaron a las bandejas de entrada de campos de refugiados, clínicas de tuberculosis, proyectos de vacunación contra la polio y miles de otras organizaciones que recibían financiación crucial de Estados Unidos para salvar vidas.
“Se da fin a esta adjudicación por conveniencia e interés del gobierno estadounidense”, comenzaban.
Las escuetas notas ponían fin a la financiación de unos 5800 proyectos que habían sido financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) , lo que indicó que había terminado el tumultuoso periodo en el que el gobierno de Trump dijo que estaba congelando proyectos para someterlos a una aparente revisión, y que se había terminado cualquier débil esperanza de que la ayuda estadounidense pudiera continuar.
Muchos eran proyectos que habían recibido una exención de la congelación porque el Departamento de Estado había identificado previamente su labor como esencial y salvadora de vidas.
“Morirá gente”, dijo Catherine Kyobutungi, directora ejecutiva del Centro Africano de Investigaciones sobre Población y Salud, “pero nunca lo sabremos, porque se han cortado incluso los programas para contar a los muertos”.
Entre los proyectos suprimidos figuran programas de tratamiento del VIH que habían servido a millones de personas, los principales programas de control de la malaria en los países africanos más afectados y los esfuerzos mundiales para erradicar la poliomielitis.
Estos son algunos de los proyectos que The New York Times ha confirmado que se han cancelado:
• Una subvención de 131 millones de dólares al programa de inmunización contra la polio de UNICEF, que pagaba la planificación, la logística y la entrega de vacunas a millones de niños.
• Un contrato de 90 millones de dólares con la empresa Chemonics para mosquiteros, pruebas y tratamientos contra la malaria que habrían protegido a 53 millones de personas.
• Un proyecto en la República Democrática del Congo que explota la única fuente de agua para 250.000 personas en campos de desplazados situados en el centro del violento conflicto al este del país.
• Todos los costos de funcionamiento y el 10 por ciento del presupuesto para medicamentos del Servicio Farmacéutico Mundial, el principal canal de suministro de medicamentos contra la tuberculosis, que el año pasado proporcionó tratamiento contra la tuberculosis a casi tres millones de personas, incluidos 300.000 niños.
• Proyectos de atención y tratamiento del VIH dirigidos por la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, que proporcionaban medicamentos vitales a 350.000 personas en Lesoto, Tanzania y Esuatini, incluidos 10.000 niños y 10.000 mujeres embarazadas que recibían atención para no transmitir el virus a sus bebés al nacer.
• Un proyecto en Uganda para rastrear los contactos de las personas con ébola, llevar a cabo la vigilancia y enterrar a quienes murieron a causa del virus.
• Un contrato para gestionar y distribuir en Kenia suministros médicos por valor de 34 millones de dólares, incluidos 2,5 millones de tratamientos mensuales contra el VIH, 750.000 pruebas del VIH, 500.000 tratamientos contra la malaria, 6,5 millones de pruebas de malaria y 315.000 mosquiteros antipalúdicos.
• Ochenta y siete refugios que atendieron a 33.000 mujeres víctimas de violación y violencia doméstica en Sudáfrica.
• Un proyecto dirigido por FHI 360 que apoyó los esfuerzos de los trabajadores de salud de la comunidad para ir puerta por puerta en busca de niños desnutridos en Yemen. Recientemente descubrió que uno de cada cinco niños tenía un peso críticamente inferior al normal debido a la guerra civil del país.
• Servicios de salud prenatales y postnatales para 3,9 millones de niños y 5,7 millones de mujeres en Nepal.
• Un proyecto dirigido por la organización Helen Keller Intl en seis países de África occidental que el año pasado proporcionó a más de 35 millones de personas medicamentos para prevenir y tratar enfermedades tropicales desatendidas, como el tracoma, la filariasis linfática, la esquistosomiasis y la oncocercosis.
• Un proyecto en Nigeria que proporciona a 5,6 millones de niños y 1,7 millones de mujeres tratamiento para la desnutrición grave y aguda. La interrupción supone que 77 centros de salud han dejado de tratar por completo a los niños con desnutrición aguda grave, lo que pone a 60.000 niños menores de 5 años en riesgo inmediato de muerte.
• Un proyecto en Sudán que gestiona las únicas clínicas de salud operativas en una de las mayores zonas de la región de Kordofán, lo que interrumpe todos los servicios de salud.
• Un proyecto que atiende a más de 144.000 personas en Bangladés y que proporciona alimentos a mujeres embarazadas desnutridas y vitamina A a los niños.
• Un programa dirigido por la agencia de ayuda PATH, denominado REACH Malaria, que protegió de la enfermedad a más de 20 millones de personas en 10 países de África. Proporcionaba medicamentos contra la malaria a los niños al comienzo de la estación de lluvias.
• Un proyecto dirigido por Plan International que proporcionó medicamentos y otros suministros médicos, atención a la salud, tratamiento de programas de desnutrición, así como agua y saneamiento a 115.000 desplazados o afectados por el conflicto del norte de Etiopía.
• Más de 80 millones de dólares para ONUSIDA, la agencia de las Naciones Unidas, que financió trabajos para ayudar a los países a mejorar el tratamiento del VIH, incluida la recopilación de datos y programas de vigilancia de la prestación de servicios.
• El programa de la Iniciativa Presidencial contra la Malaria, denominado Evolve, que se encargó del control de mosquitos en 21 países mediante métodos que incluyen el aerosol de insecticida en el interior de las viviendas (protegiendo a 12,5 millones de personas el año pasado) y el tratamiento de los lugares de reproducción para matar las larvas.
• Un proyecto que proporciona tratamiento contra el VIH y la tuberculosis a 46.000 personas en Uganda, dirigido por la Fundación Infantil del Baylor College of Medicine, Uganda.
• Smart4TB, el principal consorcio de investigación que trabaja en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis.
• Las Encuestas Demográficas y de Salud, un proyecto de recogida de datos en 90 países que fueron fuentes cruciales, y en ocasiones las únicas, de información sobre salud y mortalidad materno-infantil, nutrición, salud reproductiva e infecciones por VIH, entre otros muchos indicadores de salud. El proyecto fue también la base de presupuestos y planificación.
Publicado en N.YT.
Stephanie Nolen es reportera de salud global para el Times.


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