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Agencias

Negarán residencia y ciudadanía en EE.UU. a quienes usen recursos del Estado

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EP New York/agencias

WASHINGTON/En otro radical paso para contener la inmigración legal, el gobierno de Donald Trump negará la residencia a muchos extranjeros que se beneficien con el seguro médico Medicaid o reciban cupones de alimentos, subsidios para la vivienda y otras formas de asistencia pública.

Las leyes federales estipulan que las personas que busquen una “green card” (la “tarjeta verde” de residencia) o legalizar su status deben demostrar que no serán “una carga” para el gobierno, pero nuevas reglas agregan muchos más elementos descalificatorios para los solicitantes de la residencia.

Estas normas se aplican a los inmigrantes que han ingresado al país legalmente y que aspiran a obtener la residencia permanente. Son parte de una campaña que busca crear un sistema inmigratorio basado en las aptitudes profesionales del inmigrante y no en la reunificación familiar.

Funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración tendrán que tomar en cuenta ahora la asistencia pública junto con otros factores como la educación, el nivel de ingresos y la salud de la persona que solicita un status legal.

Las reglas entrarán en vigor a mediados de octubre. No se aplican a ciudadanos estadounidenses.

El director interino del Servicio de Ciudadanía e Inmigración Ken Cuccinelli dijo que las normas encajan dentro del mensaje del presidente republicano.

“Queremos que venga al país gente autosuficiente”, sostuvo Cuccinelli. “Esa es la base del sueño americano. Algo muy arraigado en nuestra historia, particularmente en nuestra historia de inmigración legal”.

Los inmigrantes representan un porcentaje muy bajo de los beneficiarios de la ayuda del estado. De hecho, muchos no pueden solicitarla por su status inmigratorio irregular.

Pero activistas temen que las reglas disuadan a los inmigrantes de pedir ayuda. Y consideran que se da demasiado margen a las autoridades para decidir si alguien podría verse obligado a pedir ayuda en el futuro, aumentando su capacidad de negar un status legal a los extranjeros.

Un promedio de 544.000 personas solicitan la residencia anualmente y unas 382.000 caerían dentro de alguna de las categorías que pueden generar dudas, según el gobierno.

Las pautas que se siguen desde 1999 consideran una “carga pública” a las personas que dependerán mayormente de ayuda económica, subsidios o asistencia para hospitalización a largo plazo.

Bajo las nuevas normas, el Departamento de Seguridad Nacional ha ampliado la definición de carga pública e incorporado a toda persona que probablemente se vea obligada a solicitar beneficios públicos por más de 12 meses en un período de 36 meses. Si alguien tiene dos beneficios, se cuentan como dos meses. Y se incluye ahora el Medicaid (seguro médico para pobres), los subsidios de las viviendas y los cupones alimenticios bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (o SNAP, según su abreviatura en inglés).

Luego de la publicación de los cambios proyectados, el Servicio de Seguridad Nacional recibió 266.000 comentarios públicos –más del triple de los que recibe normalmente un cambio de política– e hizo una serie de ajustes.

Por ejemplo, las mujeres que están embarazadas y reciben Medicaid o que necesitan asistencia pública no estarán sujetas a las nuevas normas durante el embarazo y en los 60 días posteriores al nacimiento del bebé.

El subsidio para personas de bajos recursos conocido como Medicare Part D no será considerado un beneficio público. Tampoco los beneficios que reciben los niños hasta los 21 años. Ni la ayuda para emergencias médicas, programas que ofrecen almuerzo escolar, adopciones u hogares temporales, préstamos estudiantiles e hipotecas, albergues para indicantes y ayuda para desastres.

Los solicitantes de la residencia deberán presentar la declaración de rentas de los últimos tres años y un historial de empleo. Si tienen un seguro médico privado, eso será un factor importante a su favor.

Las personas que sirven en las fuerzas armadas estarán exentas. Lo mismo que quienes piden asilo. Y las nuevas reglas no serán aplicadas en forma retroactiva.

El gobierno, no obstante, está restringiendo severamente el asilo y ha enviado de vuelta a México, para que esperen allí el procesamiento de sus solicitudes de asilo, a más de 30.000 personas, mayormente centroamericanas.

Según un análisis que hizo la Associated Press de la información del censo, los inmigrantes que no son ciudadanos apelan al Medicaid, los cupones alimenticios o ayuda económica en un porcentaje menor que el de los nativos de bajos recursos.

En general, los inmigrantes constituyen un porcentaje bajo de los recipientes de beneficios públicos. Por ejemplo, los inmigrantes que no son ciudadanos constituyen apenas un 6,5% de los receptores de Medicaid. Más del 87% de los participantes en el programa nacieron en Estados Unidos. Lo mismo ocurre con los cupones alimenticios. Solo el 8,8% de los receptores son inmigrantes.

“Sin haber hecho un solo cambio a las leyes aprobadas por el Congreso”, la nueva definición de “carga pública” hará que “a más estadounidenses se les niegue la oportunidad de vivir en Estados Unidos con sus esposos, hijos y padres”, se lamentó Ur Jaddou, ex consejero del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, que ahora dirige DHS Watch, un servicio de ayuda al inmigrante. “Estos no son cambios menores. Son cambios grandes, con enormes consecuencias para los ciudadanos estadounidenses”.

De ésta forma los funcionarios de migración podrán denegar la residencia permanente o la ciudadanía a aquellas personas que considera que tienen probabilidad de necesitar ayudas públicas en algún momento en el futuro.

(Con información de AFP–AP–Reuters)

Agencias

Petro rompe relaciones diplomáticas con Israel

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EP NEW YORK | LATINOAMÉRICA

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el miércoles que su país romperá relaciones diplomáticas con Israel debido a la guerra en Gaza. El mandatario hizo el anuncio en Bogotá, y calificó al gobierno israelí de “genocida”.

Petro se refirió a la medida en un discurso pronunciado en la capital colombiana ante una multitud entusiasta que se había congregado con motivo del Día Internacional de los Trabajadores.

“No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad”, dijo Petro. “Si muere Palestina muere la humanidad”.

​​Colombia es el segundo país sudamericano en romper relaciones con Israel después de Bolivia, que lo hizo en noviembre debido a los ataques en Gaza. El mismo día que el gobierno boliviano hizo su anuncio, Colombia y Chile comunicaron que iban a retirar a sus embajadores en Israel, y Honduras hizo lo mismo a los pocos días. Belice también suspendió las relaciones diplomáticas con Israel en noviembre.

El gobierno israelí criticó la decisión de Petro el miércoles.

“La historia recordará que Gustavo Petro eligió estar del lado de los monstruos más abominables conocidos por el hombre, quienes quemaron bebés, mataron niños, violaron mujeres y secuestraron civiles inocentes”, escribió en X el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Israel Katz. “Israel y Colombia siempre disfrutaron de una relación cercana. Ni siquiera un presidente antisemita y lleno de odio cambiará eso”.

Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia y crítico de las políticas antidrogas de Estados Unidos hacia su país, amenazó en marzo con suspender las relaciones con Israel si no acataba una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego inmediato en Gaza. Además, le pidió a otros países que hicieran lo mismo. En respuesta a esa amenaza, Katz escribió en X que era vergonzoso el “apoyo de Petro a los asesinos de Hamás”, quienes llevaron a cabo masacres y cometieron crímenes sexuales contra israelíes.

“Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos y no cederá a ninguna presión o amenaza”, añadió Katz.

En febrero, Petro suspendió la compra de armas israelíes por parte de Colombia, después de que las fuerzas israelíes abrieran fuego mientras una multitud se congregaba cerca de un convoy de camiones que transportaba ayuda necesaria a la ciudad de Gaza, en una escena caótica en la que decenas de personas resultaron muertas y heridas, según funcionarios sanitarios gazatíes y el ejército israelí.

Agencias. NYT

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Agencias

Protestas universitarias contra israel

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EP NEW YORK. | PROTESTAS CONTRA ISRAEL

Por Gustsvo Lugo

A una semana de las protestas a favor de Palestina, la Universidad de Columbia, epicentro de la creciente disidencia estudiantil contra la guerra en Gaza, enfrentaban el jueves una fecha límite para levantar los campamentos mientras las protestas y los arrestos se intensificaban en todo el país, los manifestantes se mantiene firmes mientras el reloj sigue corriendo,

En Columbia, con más de 100 arrestos en los últimos días, el presidente de la escuela, Minouche Shafik, advirtió a los estudiantes que si las tiendas de campaña no se retiran antes del viernes “tendremos que considerar opciones alternativas” para despejar el área y restaurar la calma en el campus. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, arremetió el jueves contra los manifestantes de Columbia, quienes lo abuchearon durante su visita a la escuela un día antes. Johnson había criticado a los estudiantes y profesores que participaron en la protesta y pidió la dimisión de Shafik.

Ya suman mas de veinte campus que se han unido en todo el pais a las protestas, la chispa que prendio las protestas, se predujo la  semana pasada en la Universidad de Columbia cuando la presidenta de la institución, Nemat “Minouche” Shafik, testificó ante una comisión de la Cámara de Representantes sobre la respuesta de la universidad a las acusaciones de antisemitismo en el campus. Al mismo tiempo se inició en el campus una protesta propalestina. Tras su testimonio, Shafik solicitó en una carta hecha pública por la universidad que el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York desalojara a las personas que estaban acampando en el jardín sur del campus y que “infringían las normas y políticas de la universidad” y estaban invadiendo el campus.

Más de 100 personas fueron detenidas, según las fuerzas de seguridad.

Los campamentos fueron organizados por Columbia University Apartheid Divest (CUAD), una coalición estudiantil de más de 100 organizaciones, entre ellas Estudiantes por la Justicia en Palestina y Voz Judía por la Paz, para protestar contra lo que describen como la “continua inversión financiera de la universidad en empresas que se benefician del apartheid israelí, el genocidio y la ocupación militar de Palestina”, según dijeron en un comunicado de prensa.

Los manifestantes propalestinos de Columbia afirmaron que no se dispersarán hasta que la universidad acceda a cortar lazos con instituciones académicas israelíes y se comprometa a una “completa desinversión” de sus fondos de entidades relacionadas con Israel, entre otras demandas. Las autoridades de Columbia advirtieron a principios de esta semana que el campamento viola las normas de la escuela, pero no proporcionaron consecuencias disciplinarias específicas.

No obstante, la situación siguió agravándose y este miércoles el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, acudió a la universidad para intentar persuadir a los estudiantes de que detuvieran las protestas. Mientras pronunciaba su discurso, los jóvenes gritaban “No podemos oírte”. Ante esta presión, Johnson respondió: “Disfruten de su libertad de expresión”.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, publicó un mensaje de video en sus redes sociales, en el que condenó las acciones de estudiantes del país norteamericano y la falta de reacción adecuada por parte de las autoridades de las escuelas.

“Multitudes antisemitas han tomado las principales universidades. Piden la aniquilación de Israel. Atacan a estudiantes judíos”, afirmó. Además, calificó las manifestaciones de “horribles” y agregó que “recuerdan lo sucedido en las universidades alemanas en los años 30”.

Las manifestaciones y acalorados debates sobre la guerra de Israel en Gaza y la libre expresión han sacudido los campus de EE.UU. desde el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre, que dio inicio la campaña militar israelí en la Franja.

Las autoridades de estas prestigiosas e influyentes universidades tienen dificultades para calmar los ánimos en sus campus y en su mayoría han fracasado, y una de sus mayores preocupaciones son las próximas ceremonias de graduación.

Como ha sucedido en otras universidades, los manifestantes de NYU exigen que los administradores revelen y se despojen de “su financiación y donaciones recibidas de productores de armas y empresas con intereses en la ocupación israelí”.

Otros campamentos de protesta también se han erigido en la Universidad de California en Berkeley, el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), la Universidad de Michigan, el Emerson College y Tufts.

 

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Agencias

Miles de opositores marchan contra Petro en Colombia

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EP New York. | Latinoamérica

Miles de opositores protestan en Colombia y Petro insiste en que buscan “derrocar” su gobierno

BOGOTÁ — Los opositores al gobierno del izquierdista Gustavo Petro volvieron a manifestarse el domingo y convocaron cerca de 250.000 personas en todo el país mientras coreaban incesantemente ”¡Fuera Petro!”, mostrando su desacuerdo con las reformas sociales que impulsa, su propuesta de hacer una constituyente y reclamando por problemas económicos y de seguridad.

El presidente señaló que las manifestaciones tuvieron por objetivo buscar “derrocar el gobierno del cambio” de parte de sectores que quieren que se “deshaga las reformas que van a favor del pueblo para mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usados como ganancias de particulares”. Por lo que insistió, desde su cuenta de X, en que sus partidarios deben “responder” en una manifestación el primero de mayo, día internacional de los trabajadores, en la que caminará junto a la gente y hablará en una tarima.

Las manifestaciones en contra y a favor del gobierno se han convertido en una constante en Colombia desde que subió al poder Petro en el 2022, convirtiéndose en el primer presidente de izquierda, en un país que siempre había sido gobernado por conservadores y moderados. La oposición reclama por sus políticas, mientras que Petro convoca a sus partidarios a defenderlas.

“Es una marcha donde está todo el mundo saliendo a decirle al presidente: ‘así no son las cosas, usted ganó las elecciones, pero sepa gobernar’”, dijo a The Associated Press Idelfonso Méndez, de 58 años.

Méndez, contador público, no suele salir a protestar. La última vez que lo hizo fue en 2008 en contra de los secuestros que perpetraba la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

“Nos hemos quedado callados mucho tiempo, pero ya no más. La democracia la veo en peligro, porque está buscando hacer una asamblea constituyente por fuera de la ley y quiere imponer las reformas a como dé lugar sin que lo apruebe el Legislativo”, explicó Méndez, quien sostenía un cartel con la frase “yo protejo a mi país”.

Petro planteó la posibilidad de llevar al país a un proceso para reformar la Constitución como una forma de lograr las transformaciones sociales que prometió en su campaña electoral y que el Congreso no ha aprobado. Sin embargo, no es claro el proceso en que se haría.

“El constituyente es el pueblo que se convoca a sí mismo a decidir sobre lo que no se ha podido resolver en décadas desde los poderes constituidos”, explicó Petro.

Las movilizaciones fueron pacíficas, según reportó el gobierno y la policía, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y Popayán. En la capital lucía llena la icónica Plaza de Bolívar —donde confluyen el Congreso, las cortes, la alcaldía y la catedral— que tiene una capacidad para 55.000 personas. Según Petro, en el país se movilizaron cerca de 250.000 personas.

“Ha sido la marcha más importante contra Gustavo Petro, no solo por la cantidad, sino por quiénes salieron. En otras ocasiones se veían personas solamente de derecha, en esta se movilizaron diferentes sectores políticos que perdieron el miedo a ser estigmatizados como de derecha”, indicó a la AP Carlos Andrés Arias Orjuela, consultor en comunicación política.

Para Arias, una marcha tan numerosa debería tener un impacto en la dirección del gobierno, sin embargo, no cree que en la práctica se vea reflejado. “Lo que va a hacer es que Gustavo Petro siga radicalizando su discurso, porque hace un mes y medio dejó de gobernar y está en campaña política”, agregó.

A inicio de abril, Petro sufrió una derrota en el Congreso, donde senadores archivaron la reforma a la salud, la más avanzada en trámite y también la más polémica. La propuesta planteaba reducir la intermediación de actores privados y dar al Estado un mayor control del dinero y del servicio de salud que el gobierno ha calificado de deficiente.

Sin embargo, el gobierno anunció decretos que modifican el sistema de salud en el mismo sentido que lo quería hacer la reforma y ordenó la intervención forzosa para administrar dos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) más grandes del país: Sanitas y Nueva EPS.

En la marcha, se distinguían trabajadores de las EPS intervenidas vestidos con camisetas blancas y sus logos, que advertían que la salud de 17 millones de sus afiliados estaba en riesgo.

“Vine a marchar por la salud, porque él (Petro) lo ha dicho, que va a acabar las EPS. Vine para que sepa que no queremos”, dijo a la AP Amanda Rojas, una ama de casa de 70 años, afiliada en Sanitas.

Los cambios al sistema de salud que rige en Colombia desde hace 30 años, han generado preocupación en el sector y más de 60 asociaciones se unieron a las protestas en lo que llamaron “La marcha de las batas blancas”.

“No negamos las falencias, la corrupción, la falta de recursos, pero una cosa es negar las falencias y otra cosa es decir que la solución que están planteando es la adecuada, ese es el problema”, aseguró a la AP Rubén Luna, presidente de la Sociedad Colombiana de Trasplantes y miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía, quien pide que se les incluya en la búsqueda de soluciones para el sistema de salud.

Para Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, se trata de las marchas más nutridas que la oposición ha logrado convocar y considera que el elemento que cambió el panorama fue la intervención a varias EPS por parte del gobierno.

“Lo que muestra esta marcha es que esto genera muchas inquietudes que el gobierno debería escuchar, porque es algo que muestra que está perdiendo el pulso de la calle”, concluyó.

Con información de AP

 

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