EE.UU
Otro caso de violencia policial en EE.UU. Tyre Nichols , nueva víctima de letal ataque

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2 years agoon
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FranciscoEP New York | EE.UU.
¿En qué casos se justifica que la policía emplee la fuerza letal?
Por : Adeel Hassan
La muerte de Tyre Nichols, un hombre negro de 29 años que falleció tras una detención violenta, está suscitando una atención renovada sobre el uso excesivo de la fuerza contra los ciudadanos, sobre todo los jóvenes negros.
Una investigación federal de derechos civiles en Estados Unidos sobre la muerte de Tyre Nichols, un hombre negro de 29 años que falleció tras una detención violenta por parte de agentes de la policía de Memphis, Tennessee, el 7 de enero, ha vuelto a atraer la atención sobre el uso excesivo de la fuerza contra las personas, muchas de quienes son jóvenes negros.
Desde la muerte de George Floyd en mayo de 2020, muchas ciudades y localidades han aprobado medidas para cambiar la forma de actuar de los oficiales de policía, entre ellas, leyes que obligan a la reducción de tensión, limitan el uso de la fuerza y prohíben las llaves de estrangulamiento. En Washington, la Ley de Justicia Policial se aprobó en la Cámara de Representantes, pero languideció en el Senado. Esta ley habría establecido una norma a nivel nacional sobre el uso de la fuerza por la policía y revisado la protección de la inmunidad calificada de los agentes.
En conjunto, siguen siendo la petición de mayor alcance en la historia del país para transformar la actuación policial. Pero la Corte Suprema señaló en dos fallos en octubre de 2021 que seguía a favor de la inmunidad calificada.
Esto es lo que sabemos sobre cuándo se justifica que los oficiales usen la fuerza letal.
¿En qué casos permite la ley usar la fuerza letal?
En 1989, la Corte Suprema creó un precedente que prevalece en la estrategia jurídica relacionada con esta cuestión, cuando encontró en Graham vs. Connor que al recurrir a la fuerza, la policía solo tiene que cumplir el criterio de lo que podría hacer un agente razonable.
“El cálculo de lo razonable debe tener en cuenta el hecho de que los agentes de policía a menudo se ven obligados a tomar decisiones en fracciones de segundo —en circunstancias tensas, inciertas y que evolucionan con rapidez— sobre la cantidad de fuerza necesaria en una situación concreta”, escribió William H. Rehnquist, presidente de la Corte Suprema, en la opinión mayoritaria.
Aunque esta norma de la “fracción de segundo” permite a los jueces y jurados cuestionar las decisiones de un agente, se les instruye para que no utilicen el beneficio de la retrospectiva. “La ‘razonabilidad’ de un determinado uso de la fuerza debe juzgarse desde la perspectiva de un agente razonable en el lugar de los hechos”, dice la sentencia.
En general, los agentes solo están autorizados a emplear la fuerza letal si creen razonablemente que una persona representa un peligro para la policía o el público. En 1985, la Corte Suprema dictaminó que no era legal que los agentes dispararan por la espalda a sospechosos que huían únicamente para impedir que eludieran la detención, y en sentencias posteriores se ha afirmado que el hecho de que un sospechoso vaya armado no da, como único criterio, derecho a un agente a disparar.
Entonces, ¿qué significa exactamente ‘razonable’ en ese caso?
Este concepto puede dividirse en dos componentes básicos, según Sharon Fairley, quien fue fiscala federal y dirigió la Oficina Civil de Rendición de Cuentas de la Policía de Chicago.
“La primera pregunta es: ¿era necesario el uso de la fuerza? Y la segunda pregunta: ¿La fuerza empleada fue proporcional a la amenaza?”, agregó.
El caso de Derek Chauvin, el policía blanco que fue condenado por dos cargos de asesinato, además de homicidio involuntario, por arrodillarse sobre Floyd, quien falleció en el encuentro, es un ejemplo.
“Según algunos de los testigos que subieron al estrado, el acto de tirarlo al suelo pudo considerarse razonable dadas las circunstancias”, dijo Fairley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. “Pero cuando Floyd dejó de ser una amenaza continua para el agente, fue entonces cuando dicho acto dejó de ser razonable”.
La mayoría de las políticas de uso de la fuerza de los departamentos de policía tienen explicaciones sobre cómo se evalúa la razonabilidad, y dan ejemplos de los factores que deben tenerse en cuenta, dijo. Suelen explicar en qué circunstancias está permitida la fuerza, por ejemplo, en respuesta a una amenaza contra un agente o a una resistencia activa. También especifican qué acciones no están permitidas a los agentes, como las llaves de estrangulamiento o los disparos contra vehículos en movimiento.
A los agentes se les enseñan conceptos jurídicos y los componentes específicos de la política del departamento, y la mayoría de los departamentos también incluyen algún tipo de formación basada en escenarios con demostraciones en vivo o videos.
“Los tribunales y los jurados pueden considerar si la conducta de un agente fue coherente o incoherente con su formación”, dijo Fairley.
¿De qué manera las imágenes de las cámaras corporales y los celulares han cambiado la actuación policial?
En otoño de 2014 se produjo un cambio radical, cuando un gran jurado de Ferguson, Misuri, decidió no acusar al agente Darren Wilson por el tiroteo en el que murió Michael Brown, un joven negro de 18 años. No había ninguna grabación del tiroteo y la familia de Brown pidió que todos los policías del país llevaran una cámara corporal.
Entonces, el gobierno de Barack Obama se comprometió a financiar programas de cámaras corporales en todo Estados Unidos. En aquel momento, solo unas pocas decenas de departamentos de policía utilizaban cámaras; en la actualidad, la cifra ronda los 10.000. Algunas investigaciones muestran una reducción estadísticamente significativa en el uso de la fuerza tras la incorporación de las cámaras corporales. Las cámaras también parecen reducir el número de quejas de los ciudadanos, quienes saben que sus acciones también están siendo grabadas.
En 2021, al menos 34 estados y el Distrito de Columbia habían aprobado leyes relativas a la divulgación pública de las grabaciones de las cámaras corporales, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. En Chicago, el video de la cámara del auto captó al oficial Jason Van Dyke disparando 16 veces a Laquan McDonald, un adolescente negro, en octubre de 2014. Los miembros del jurado vieron ese video en repetidas ocasiones y Van Dyke se convirtió en el primer agente de la policía en Chicago en ser condenado por asesinato en casi 50 años.
¿El uso de la fuerza está estandarizado en todos los cuerpos policiales de Estados Unidos?
No, no hay normas nacionales. Hay cerca de 18.000 departamentos de policía en el país, un 80 por ciento de los cuales tienen 50 agentes o menos y cada uno tiene su propia política.
¿Se llega a acusar a los agentes? ¿Y se les condena?
Las acusaciones contra agentes suelen ser poco frecuentes, pero los fiscales han acusado a agentes que fueron grabados usando fuerza letal en varias ciudades.
El agente que disparó y mató a Philando Castile, un hombre negro de 32 años que conducía con su novia y su hija en un suburbio de Minnesota en 2016, quedó absuelto por el delito de homicidio involuntario. El agente, que disparó cinco veces a quemarropa a Castile, quien murió en el asiento de su carro estacionado, dijo que disparó su arma por temor a que Castile pudiera haber estado tratando de alcanzar un arma, un temor que era equivocado.
En Mineápolis, Chauvin no pudo defender sus acciones cuando alegó que la asfixia de Floyd fue el resultado de una decisión tomada en una fracción de segundo, porque las imágenes de video y los relatos de los testigos demostraron que siguió arrodillado sobre Floyd durante más de nueve minutos.
¿Los prejuicios raciales tienen algo que ver?
Los numerosos detractores de la norma de la fracción de segundo citan una larga serie de tiroteos policiales contra personas negras. Sostienen que los prejuicios raciales implícitos llevan a los agentes a temer más el peligro potencial de las personas negras que el de las blancas en situaciones similares, y que eso los lleva a utilizar la fuerza letal de forma desproporcionada contra las personas negras. Como la norma depende de la percepción de peligro del agente de policía, los críticos afirman que esta conduce a disparidades raciales.
¿Cuáles son algunos de los cambios propuestos?
Más de 30 estados han aprobado nuevas leyes —más de 140 en total— de supervisión y reforma policial, según un análisis realizado por el New York Times de datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Muchas de las leyes —que restringen el uso de la fuerza, revisan los sistemas disciplinarios, crean juntas civiles de revisión y exigen transparencia en los casos de mala conducta— otorgan a los estados mucha más influencia sobre las prácticas policiales que hasta ahora se dejaban en manos de los gobiernos locales. Algunos estados, como California, han cambiado incluso el criterio legal para determinar en qué casos los agentes pueden emplear la fuerza letal, pasando de “razonable” a “necesario”.
En muchos de los 18.000 departamentos de policía de Estados Unidos se han establecido políticas que prohíben o restringen el uso de la llave de estrangulamiento.
El año pasado, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley federal de gran alcance en materia de supervisión policial, que no fue aprobado por el Senado.
¿Qué opina la policía?
La presión a favor de la reforma ha empezado a reducir las protecciones que la policía había obtenido a lo largo del último medio siglo y algunos de sus defensores sostienen que las nuevas normas podrían violar el derecho de los agentes a defenderse.
Los sindicatos policiales afirman que la norma de la decisión en una fracción de segundos es esencial para mantener la seguridad de los agentes y del público.
En abril de 2021, un agente de Columbus, Ohio, disparó y mató a Ma’Khia Bryant, de 16 años, que, según un video grabado con una cámara corporal, empuñaba un cuchillo y había amenazado a dos niñas.
“Si un agente no actúa, hay muchas probabilidades de que una persona muera”, dijo Larry James, consejero general de la Orden Nacional de la Fraternidad de la Policía, en relación con ese evento.
“El agente tiene el deber de actuar para proteger la vida de otro ciudadano o la suya propia. Ese es el criterio por el que debe juzgarse a la policía, no el de quienes se dedican a criticar sus acciones después del hecho”, concluyó.
Los sindicatos policiales aseguran que el número de muertes a manos de la policía en Estados Unidos refleja un mayor nivel de violencia entre civiles alimentado por una mayor posesión de armas. Y afirman que los policías estadounidenses deben recurrir más a la violencia, en parte, porque se enfrentan más a ella.
En otros países ricos y desarrollados, no hay nada comparable a las casi 1000 personas que han muerto por disparos de la policía anualmente en los últimos años en Estados Unidos, según datos de The Washington Post, que también muestran que los agentes dispararon mortalmente a personas negras e hispanas en una proporción mucho mayor que a blancas.
Adeel Hassan es periodista y reportero de la sección Nacional. Es miembro fundador de Race/Related y mucho de su trabajo se enfoca en la discriminación y la identidad. Inició el Morning Briefing para NYT Now y fue su primer redactor. También ha sido editor en la sección Internacional. @adeelnyt
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Agencias
En riesgo miles de proyectos en el mundo por cierre de USAID

Published
2 months agoon
March 1, 2025By
FranciscoEP NEW YORK | FLORIDA NEWS
Washington | A partir del miércoles por la tarde, el Departamento de Estado en Washington envió una oleada de correos electrónicos a todo el mundo, los cuales llegaron a las bandejas de entrada de campos de refugiados, clínicas de tuberculosis, proyectos de vacunación contra la polio y miles de otras organizaciones que recibían financiación crucial de Estados Unidos para salvar vidas.
“Se da fin a esta adjudicación por conveniencia e interés del gobierno estadounidense”, comenzaban.
Las escuetas notas ponían fin a la financiación de unos 5800 proyectos que habían sido financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) , lo que indicó que había terminado el tumultuoso periodo en el que el gobierno de Trump dijo que estaba congelando proyectos para someterlos a una aparente revisión, y que se había terminado cualquier débil esperanza de que la ayuda estadounidense pudiera continuar.
Muchos eran proyectos que habían recibido una exención de la congelación porque el Departamento de Estado había identificado previamente su labor como esencial y salvadora de vidas.
“Morirá gente”, dijo Catherine Kyobutungi, directora ejecutiva del Centro Africano de Investigaciones sobre Población y Salud, “pero nunca lo sabremos, porque se han cortado incluso los programas para contar a los muertos”.
Entre los proyectos suprimidos figuran programas de tratamiento del VIH que habían servido a millones de personas, los principales programas de control de la malaria en los países africanos más afectados y los esfuerzos mundiales para erradicar la poliomielitis.
Estos son algunos de los proyectos que The New York Times ha confirmado que se han cancelado:
• Una subvención de 131 millones de dólares al programa de inmunización contra la polio de UNICEF, que pagaba la planificación, la logística y la entrega de vacunas a millones de niños.
• Un contrato de 90 millones de dólares con la empresa Chemonics para mosquiteros, pruebas y tratamientos contra la malaria que habrían protegido a 53 millones de personas.
• Un proyecto en la República Democrática del Congo que explota la única fuente de agua para 250.000 personas en campos de desplazados situados en el centro del violento conflicto al este del país.
• Todos los costos de funcionamiento y el 10 por ciento del presupuesto para medicamentos del Servicio Farmacéutico Mundial, el principal canal de suministro de medicamentos contra la tuberculosis, que el año pasado proporcionó tratamiento contra la tuberculosis a casi tres millones de personas, incluidos 300.000 niños.
• Proyectos de atención y tratamiento del VIH dirigidos por la Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, que proporcionaban medicamentos vitales a 350.000 personas en Lesoto, Tanzania y Esuatini, incluidos 10.000 niños y 10.000 mujeres embarazadas que recibían atención para no transmitir el virus a sus bebés al nacer.
• Un proyecto en Uganda para rastrear los contactos de las personas con ébola, llevar a cabo la vigilancia y enterrar a quienes murieron a causa del virus.
• Un contrato para gestionar y distribuir en Kenia suministros médicos por valor de 34 millones de dólares, incluidos 2,5 millones de tratamientos mensuales contra el VIH, 750.000 pruebas del VIH, 500.000 tratamientos contra la malaria, 6,5 millones de pruebas de malaria y 315.000 mosquiteros antipalúdicos.
• Ochenta y siete refugios que atendieron a 33.000 mujeres víctimas de violación y violencia doméstica en Sudáfrica.
• Un proyecto dirigido por FHI 360 que apoyó los esfuerzos de los trabajadores de salud de la comunidad para ir puerta por puerta en busca de niños desnutridos en Yemen. Recientemente descubrió que uno de cada cinco niños tenía un peso críticamente inferior al normal debido a la guerra civil del país.
• Servicios de salud prenatales y postnatales para 3,9 millones de niños y 5,7 millones de mujeres en Nepal.
• Un proyecto dirigido por la organización Helen Keller Intl en seis países de África occidental que el año pasado proporcionó a más de 35 millones de personas medicamentos para prevenir y tratar enfermedades tropicales desatendidas, como el tracoma, la filariasis linfática, la esquistosomiasis y la oncocercosis.
• Un proyecto en Nigeria que proporciona a 5,6 millones de niños y 1,7 millones de mujeres tratamiento para la desnutrición grave y aguda. La interrupción supone que 77 centros de salud han dejado de tratar por completo a los niños con desnutrición aguda grave, lo que pone a 60.000 niños menores de 5 años en riesgo inmediato de muerte.
• Un proyecto en Sudán que gestiona las únicas clínicas de salud operativas en una de las mayores zonas de la región de Kordofán, lo que interrumpe todos los servicios de salud.
• Un proyecto que atiende a más de 144.000 personas en Bangladés y que proporciona alimentos a mujeres embarazadas desnutridas y vitamina A a los niños.
• Un programa dirigido por la agencia de ayuda PATH, denominado REACH Malaria, que protegió de la enfermedad a más de 20 millones de personas en 10 países de África. Proporcionaba medicamentos contra la malaria a los niños al comienzo de la estación de lluvias.
• Un proyecto dirigido por Plan International que proporcionó medicamentos y otros suministros médicos, atención a la salud, tratamiento de programas de desnutrición, así como agua y saneamiento a 115.000 desplazados o afectados por el conflicto del norte de Etiopía.
• Más de 80 millones de dólares para ONUSIDA, la agencia de las Naciones Unidas, que financió trabajos para ayudar a los países a mejorar el tratamiento del VIH, incluida la recopilación de datos y programas de vigilancia de la prestación de servicios.
• El programa de la Iniciativa Presidencial contra la Malaria, denominado Evolve, que se encargó del control de mosquitos en 21 países mediante métodos que incluyen el aerosol de insecticida en el interior de las viviendas (protegiendo a 12,5 millones de personas el año pasado) y el tratamiento de los lugares de reproducción para matar las larvas.
• Un proyecto que proporciona tratamiento contra el VIH y la tuberculosis a 46.000 personas en Uganda, dirigido por la Fundación Infantil del Baylor College of Medicine, Uganda.
• Smart4TB, el principal consorcio de investigación que trabaja en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis.
• Las Encuestas Demográficas y de Salud, un proyecto de recogida de datos en 90 países que fueron fuentes cruciales, y en ocasiones las únicas, de información sobre salud y mortalidad materno-infantil, nutrición, salud reproductiva e infecciones por VIH, entre otros muchos indicadores de salud. El proyecto fue también la base de presupuestos y planificación.
Publicado en N.YT.
Stephanie Nolen es reportera de salud global para el Times.
EP NEW YORK | EE.UU.
No te distraigas. No te agobies. No te paralices ni te dejes arrastrar por el caos que el presidente Trump y sus aliados están creando a propósito con el volumen y la velocidad de las órdenes ejecutivas; el esfuerzo por desmantelar el gobierno federal; los ataques performativos contra los migrantes, las personas trans y el concepto de diversidad; las exigencias de que otros países acepten a los estadounidenses como sus nuevos soberanos y la vertiginosa sensación de que la Casa Blanca podría hacer o decir cualquier cosa en cualquier momento. Todo ello pretende mantener a Estados Unidos en vilo para que el presidente Trump pueda avanzar a toda velocidad en su afán por conseguir el máximo poder ejecutivo, para que nadie pueda detener la agenda osada, mal concebida y a menudo ilegal que impulsa su gobierno. Por favor, no te desconectes.
Hay que seguirle la pista a las acciones de esta presidencia y, cuando traspasen los límites morales o legales, hay que cuestionarlas, con valentía y reflexión, con la confianza de que el sistema de controles y equilibrios de la nación estará a la altura de las circunstancias. Hay motivos de preocupación en ese frente, por supuesto. El Congreso, controlado por los republicanos, hasta ahora ha abdicado de su papel como rama coigualitaria del gobierno, desde permitir que sus leyes y directivas de gasto sean sistemáticamente desechadas hasta consentir temerosamente que el presidente llene su gabinete de personajes leales, erráticos y no cualificados. Gran parte de la sociedad civil —desde la comunidad empresarial hasta las universidades, pasando por una parte de los medios de comunicación corporativos— ha permanecido inquietantemente callada, incluso condescendiente.
Pero también hay signos alentadores. Los tribunales, el control más importante sobre un presidente que pretende ampliar sus poderes legalmente autorizados y eliminar cualquier barrera de protección, han resistido hasta ahora y han bloqueado varias iniciativas de Trump. Los estados también han tomado medidas, pues varios fiscales generales demócratas han iniciado demandas contra los intentos de Trump de congelar la financiación de subvenciones federales y terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento, y han prometido luchar contra el acceso del equipo de Elon Musk a los sistemas de pago federales que contienen información personal.
Los funcionarios estatales o locales también están defendiendo sus leyes frente a las redadas federales contra la migración y luchando contra la orden ejecutiva de Trump que prohíbe la atención médica de afirmación de género a los niños trans. Y las organizaciones periodísticas de mentalidad independiente han seguido informando de forma excelente sobre la inundación de excesos de estos primeros días, aportando información esencial al público.
Nada de esto quiere decir que Trump no deba tener la oportunidad de gobernar. Setenta y siete millones de estadounidenses votaron para que Trump volviera a la Casa Blanca, y el Partido Republicano, ahora totalmente rehecho al servicio del movimiento MAGA, tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso. Las elecciones, se suele decir, tienen consecuencias. Pero ¿esta revisión inconstitucional del gobierno estadounidense —mucho más amplia, descuidada y cruel que todo aquello por lo que hizo campaña— es realmente lo que los votantes querían? ¿Poner en peligro el sistema estadounidense de controles y equilibrios, sus alianzas y su seguridad nacional? Porque, más allá de las bravatas, eso es lo que Trump, Musk y sus partidarios están haciendo.
Transcurridas tres semanas del segundo mandato de Trump, aquí ofrecemos un puñado de las cosas a las que los estadounidenses no pueden ignorar:
El dominio ejecutivo de Elon Musk.
El problema no es que Musk no haya sido elegido, sino que está infringiendo la ley. Sin ser siquiera un funcionario a tiempo completo, está intentando cerrar o desmantelar unilateralmente agencias y departamentos federales enteros, ignorando los mandatos del Congreso, lo que está prohibido por la Constitución. Él y su equipo están detrás de las ofertas de indemnización anunciadas para millones de funcionarios —incluida toda la plantilla de la CIA— y han forzado de manera efectiva la salida de altos funcionarios a los que no tienen poder para despedir.
Ha emprendido la misión de arrasar los sistemas de pago confidenciales del gobierno con el regocijo de un anarquista, decidiendo por su cuenta qué aspectos del gasto federal son legítimos y sustituyendo cualquier esfuerzo por comprender las funciones gubernamentales que está debilitando por su instintiva adopción de teorías de la conspiración.
Tanto el presidente como Musk parecen disfrutar el hecho de que la mayoría de sus acciones sean evidentemente ilegales, con lo que desafían a los tribunales a intervenir y detenerlas, basándose en la teoría de que, para empezar, esas leyes están equivocadas. Al mismo tiempo, la persona que está dirigiendo este esfuerzo es el hombre más rico del mundo, quien sigue teniendo intereses en sus empresas privadas, que el gobierno federal regula y con las que hace negocios por un valor de miles de millones de dólares. Es un nivel de conflicto de intereses como no hemos visto en la era moderna.
El gobierno contra los funcionarios públicos (también conocidos como los enemigos de Trump). Además del despido de más de una decena de miembros de la fiscalía de Washington que habían trabajado en casos relacionados con los disturbios del 6 de enero de 2021, el gobierno de Trump empezó a recopilar los nombres de miles de miembros del FBI que ayudaron a investigar delitos relacionados con el ataque al Capitolio. Varios funcionarios de alto rango de la agencia ya han sido despedidos.
La medida ofreció un primer atisbo de cómo Trump y su nominado para dirigir el FBI, Kash Patel —quien publicó una lista literal de enemigos de los miembros del “Estado profundo del poder ejecutivo”— podrían utilizar las fuerzas de seguridad federales contra los oponentes políticos del presidente. En lo que quizá sea la advertencia más inquietante a quien se le ocurra cuestionarlo o desafiarlo, Trump despojó a varios de sus antiguos asesores de la protección de seguridad que se consideraba necesaria dadas las amenazas creíbles del gobierno iraní de asesinarlos por acciones que llevaron a cabo bajo su orden directa.
Los desplantes imperiales del presidente y los ataques a nuestros aliados. Trump ha pasado semanas sugiriendo evasivamente que Estados Unidos está a punto de apoderarse ilegalmente de territorios en tres continentes, dejando a su paso diversas olas de consternación. Luego están sus aranceles, planeados desde hace tiempo y aparentemente legales, aunque extremadamente desaconsejados.
Todas las amenazas e insultos le han valido a Trump algunas concesiones a corto plazo, pero es probable que ninguna de ellas fortalezca la economía de Estados Unidos ni le dé al país más seguridad en el escenario mundial. Pisotear alianzas centenarias perjudicará a los países afectados, pero también podría comprometer la seguridad nacional, elevar el precio de productos, alterar el comercio mundial y beneficiar a adversarios como China y Rusia, deseosos de llenar el vacío de unos Estados Unidos cada vez menos confiable.
La salud pública en peligro.
Robert F. Kennedy Jr., quien abiertamente es un escéptico de las vacunas, aún no ha sido confirmado como secretario de Salud y Servicios Humanos de Trump. Pero el gobierno ya está tomando medidas para debilitar y derribar las protecciones de la salud pública y mundial. El jueves, el Times informó que el gobierno planea reducir la plantilla de más de 10.000 estadounidenses de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) a solo unas 300 personas, y cancelar casi 800 adjudicaciones y contratos que la agencia administraba. El presidente —y mucho menos Musk— no puede cerrar una agencia federal sin el voto del Congreso.
Hacerlo también es ilegal de acuerdo a la Constitución. Más de la mitad del gasto de la USAID en 2023 se destinó a programas de salud que buscaban detener la propagación de enfermedades como la poliomielitis, el ébola, la tuberculosis, el VIH/sida y la malaria, o a la ayuda humanitaria para responder a emergencias y contribuir a estabilizar regiones asoladas por la guerra. Si te preocupa prevenir la próxima pandemia o las presiones de la migración mundial, USAID es una inversión que deberías desear que Estados Unidos haga.
El bombardeo del presidente contra los derechos civiles.
Trump ha emitido una avalancha de órdenes ejecutivas y pronunciamientos que hacen retroceder décadas de progreso en materia de derechos civiles y a menudo desafían abiertamente la Constitución. Ha puesto en el punto de mira especialmente a los estadounidenses trans y ha amenazado la financiación federal de las escuelas públicas que no se adhieran a la ideología de derecha sobre cómo se debe hablar sobre la historia y cuestiones raciales.
También, casi a diario, ha encontrado excusas para arremeter contra las políticas de diversidad, equidad e inclusión e incluso llegó a culpar a la DEI del accidente aéreo del 29 de enero en Washington e insinuando enérgicamente que cualquier controlador aéreo que sea mujer o no sea blanco es inferior y se le ha dado trabajo por razones equivocadas. Y la nueva fiscal general, Pam Bondi, anunció el miércoles que las empresas privadas que decidan mantener sus propias políticas de diversidad e inclusión podrían ser objeto de “investigaciones criminales”.
Estados Unidos se enfrenta a una nueva realidad, y exige sabiduría, resistencia y valentía. Estados Unidos está dirigido por un presidente que parece dispuesto a pasar por encima de cualquier persona, ley, estatuto del Congreso o país que se interponga en su camino. Se deja llevar por los impulsos y no tiene interés por las normas, la historia o la realidad.
La forma en que los estadounidenses y el mundo traten a un presidente así determinará gran parte de los próximos cuatro años, y nos exigirá mucho a todos nosotros. Debemos estar a la altura del momento. Trump ganó las elecciones limpiamente, pero su posición es la de presidente, no la de rey o Dios emperador. Cada vez que el Congreso le permite sobrepasar su función constitucional, fomenta un comportamiento más antidemocrático y debilita la capacidad del poder legislativo para frenar una mayor erosión de las normas y valores que han contribuido a hacer de esta nación la más libre, rica y fuerte del mundo.
Publicado en NYT
Agencias
México y Canadá militarizan fronteras para evitar aranceles de EE.UU.

Published
2 months agoon
February 7, 2025By
FranciscoEP NEW YORK | INTERNACIONAL
Por Gustavo Lugo | agencias
Washington | Para evitar los aranceles estadounidenses, México acordó desplegar 10.000 soldados en su frontera norte. Analistas y exfuncionarios cuestionan que estos puedan detener el flujo de fentanilo con eficacia.
Esta semana, Trump y México negociaron otro acuerdo para enviar 10.000 miembros adicionales de la Guardia Nacional mexicana a la frontera para detener el flujo de migrantes y drogas, un arreglo para evitar una vez más los aranceles estadounidenses. Trump ha defendido el acuerdo como una victoria para Estados Unidos.
Pero los analistas y exdiplomáticos que mediaron en el primer despliegue de tropas en 2019 dudan de que los soldados adicionales tengan mucho efecto para frustrar el movimiento de migrantes o drogas, en particular el fentanilo.
En cambio, dicen, el despliegue acordado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, podría estar atendiendo a la afinidad de Trump para hacer tratos en lugar de ser parte de una campaña militar planeada a fondo.
El caso de Canadá
Trump ha hablado repetidamente del fentanilo como una importante amenaza para la salud pública de los estadounidenses y responsabiliza a México y Canadá de permitir la entrada de la droga en Estados Unidos. Pero el año pasado, menos del 1 por ciento del fentanilo que llegó a Estados Unidos procedía de Canadá.
En respuesta a la amenaza de aranceles del presidente Trump, Canadá presentó un plan de seguridad para combatir el tráfico del opioide, que también está matando a muchos canadienses.
El aplazamiento de último momento de los aplastantes aranceles estadounidenses a Canadá se produjo después de que el primer ministro Justin Trudeau revelara una serie de medidas destinadas a controlar el tráfico de fentanilo, una razón clave que el presidente Trump ha citado para querer imponer gravámenes.
El fentanilo ha inundado el suministro de drogas de Norteamérica durante la última década, matando a decenas de miles de personas en Canadá y Estados Unidos, y generando enormes ganancias para las organizaciones delictivas que utilizan conocimientos básicos de química, equipos improvisados y laboratorios caseros para producir millones de dosis.
Con información de NYT.


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